CSJ - SL18623-2016

GERARDO BOTERO ZULUAGA Magistrado ponente SL18623-2016 Radicación n.° 45760 Acta No. 46 Bogotá, D.C., seis (06) de diciembre de dos mil dieciséis (2016). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por GILBERTO TORRES SAAVEDRA, contra la sentencia proferida el 10 de diciembre de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso ordinario que instauró el recurrente contra

PAZMIÑO Y CIA S. EN C. y OTROS.

I. ANTECEDENTES El citado accionante llamó a juicio a la sociedad PAZMIÑO Y CIA S. EN C. y solidariamente contra los socios

GIOVANNA PAZMIÑO LÓPEZ, DIANA MARCELA PAZMIÑO

1 Radicación n.° 45760 LÓPEZ, ADOLFO PAZMIÑO LÓPEZ y SENIDE LÓPEZ OROZCO, con el fin de que se declare que el trabajador dio por terminada la relación laboral con justa causa imputable al empleador, así como que devengaba un salario mensual de $7.101.335, y como consecuencia de lo anterior, se le pague las siguientes sumas y conceptos: cesantía $2.485.467, interés a la cesantía $104.389, prima legal $2.485.467, vacaciones $1.834.510, salarios de la segunda quincena del mes de febrero de 2005 $1.181.501, salario de la segunda quincena del mes de abril de 2005 $2.000.000, salario de 6 días del mes de mayo de 2005 $800.000,

comisiones del 1 al 30 de abril y 1 al 6 de mayo de 2005 $4.000.000, indemnización por despido injusto $213.040.050, indemnización moratoria $55.390.413, y aportes para pensión $7.704.948. Subsidiariamente, solicitó la pensión de vejez a cargo de los demandados, en cuantía inicial de $5.326.001, lo que resulte extra o ultra petita, y las costas. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que laboró para la empresa demandada, mediante un contrato de trabajo a término fijo de tres años, que tuvo vigencia del 1° de noviembre de 2004 hasta el 6 de mayo 2005; que el cargo desempeñado fue el de gerente de mercadeo y ventas a nivel nacional con sede en Cali; que el salario básico mensual con que fue contratado ascendió a la suma de $4.000.000,oo, más una comisión de 2.5% que posteriormente se ajustó a 3%, a partir del 1 de enero de 2005, ello frente al valor neto recaudado de las ventas realizadas en todo el País; que el 1 de marzo de 2005 la 2 Radicación n.° 45760 empresa le informó que la suma de $4.000.000, sería integral y que las comisiones quedarían en 2.7% sobre el recaudo en efectivo y canje, cláusula que resulta ineficaz; que desde ese momento se le dejó de cancelar prestaciones sociales, los socios mayoritarios comenzaron a intervenir el área comercial, que le propiciaron malos tratos, amenazas, amedrentamientos y hostigamiento, e incluso se le pidió

que renunciara, anomalías que hizo conocer del entonces Ministerio de la Protección Social. Continuó diciendo, que el 29 de abril de 2005 se le prohibió el manejo del mercado de la radio; que su equipo de ventas empezó a recibir instrucciones y políticas pero de otras personas; que le fueron pedidas explicaciones sobre sus inconformidades y le fue ofrecida la suma $40.000.000 para que renunciara; y que ante la situación que estaba ocurriendo, el 6 de mayo de 2005 presentó renuncia motivada al cargo, por todas la presiones recibidas, además que se le adeudaba salarios y comisiones de algunas quincenas, junto con las prestaciones sociales y demás acreencias reclamadas; que la empresa actuó de mala fe; que como la empleadora no le reportó al ISS los salarios y comisiones que realmente devengó, debe asumir igualmente el pago de la pensión de vejez por las diferencias; y que el 24 de junio de 2005, se le canceló la cantidad de $10.000.000, sin que se hubiera discriminado los conceptos que se pagaban, a más que dicho valor no cubre lo pretendido a través de este proceso judicial. 3 Radicación n.° 45760 La sociedad convocada al proceso PAZMIÑO Y CIA S. EN C. y los socios demandados solidariamente GIOVANNA PAZMIÑO LÓPEZ, DIANA MARCELA PAZMIÑO LÓPEZ y SENIDE LÓPEZ OROZCO, ésta última actuando en nombre propio y en representación de su menor hijo ADOLFO PAZMIÑO LÓPEZ, dieron respuesta a la demanda inicial por separado pero a través del mismo apoderado, quienes se

opusieron a todas las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitieron la relación laboral entre el actor y la empresa demandada, el cargo desempeñado, el salario inicial pactado, y el pago de la suma de $10.000.000 como liquidación final. De los demás supuestos fácticos, manifestaron que unos no eran tales sino afirmaciones o apreciaciones subjetivas de la parte actora, carentes de razón o sentido que no se comparten, que otros no le constaban, y que los restantes no eran ciertos. No propusieron excepción alguna. Llamaron en garantía al Instituto de Seguros Sociales. En su defensa, argumentaron que el demandante inició labores con la empresa accionada a partir del 17 de noviembre de 2004, devengando un salario de $2.266.667 mensuales y una facturación por ventas de $1.138.704, que nunca tuvo salario integral pues fue el trabajador quien elevó una solitud en este sentido y la demandada no lo aceptó; que el incumplimiento de metas trazadas por la gerencia de ventas, obligó a la compañía a replantear sus políticas en dicha área como un ejercicio normal de administración; que luego de habérsele brindado plena confianza, el accionante fue desleal para con su empleador, 4 Radicación n.° 45760 y presentó a título personal una renuncia voluntaria sin fundamento, poniendo fin al vínculo laboral; y que al actor no se le adeuda ninguna suma de dinero, por cuanto todas las obligaciones laborales quedaron satisfechas, es así que se le canceló la suma de $10.000.000, como liquidación

final de salarios, prestaciones sociales y facturación de ventas. En escrito separado, la parte demandada presentó demanda de reconvención contra el promotor del proceso, a fin de que reintegrara los valores recibidos así: $2.266.667 por concepto de salarios sin prestación de servicios entre el 1 y el 17 de noviembre de 2004, $1.138.704 a título de facturación por ventas que no había efectuado, los salarios comprendidos del 10 al 15 de mayo sin precisar año ni cuantía, prestaciones sociales del tiempo en que no se laboró, lo que resulte extra o ultra petita, y las costas. Lo anterior con fundamento, en que el actor se encontraba vinculado con la cadena radial RCN con contrato de exclusividad hasta el 23 de noviembre de 2004, y solo comenzó a prestar servicios para la compañía demandada desde el 17 de noviembre de 2004, y en consecuencia los salarios que éste cobro del tiempo que antecede a esa última data, no se causaron y procede su devolución, además que es un acto de deslealtad para con la demandada. El demandante contestó la demanda de reconvención, se opuso las pretensiones incoadas y frente a los hechos admitió que tuvo una vinculación laboral con exclusividad 5 Radicación n.° 45760 con RCN en la ciudad de Cali, pero aclaró que se le había informado que su contrato no sería renovado y se le autorizó para que buscara un nuevo trabajo y se pudiera ir antes de la fecha de vencimiento, como en efecto ocurrió, y por ello, se produjo la vinculación con la empresa

demandada, cuyas condiciones salariales quedaron pactadas en el contrato de trabajo que firmó y comenzó a desarrollarse a partir del 1° de noviembre de 2004, teniendo derecho a los salarios y prestaciones sociales que ahora la empresa pretende desconocer. Formuló las excepciones de inexistencia de las obligaciones demandadas, cobro de lo no debido, falta de título y causa de la empresa demandante en reconvención, prescripción y la genérica. En la primera audiencia de trámite, el Juez de conocimiento que lo fue el Doce Laboral del Circuito de Cali, no accedió a la solicitud de llamamiento en garantía o integración del contradictorio con el Instituto de Seguros Sociales.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión de Cali, mediante sentencia calendada 30 de junio de 2009, declaró que entre el demandante y la empresa demandada PAZMIÑO Y CIA S. EN C., existió una relación laboral regida por un contrato de trabajo a término fijo de tres años, cuyos extremos temporales se desarrollaron del 2 de noviembre de 2004 al 6 de mayo de 2005, siendo la causa de terminación la renuncia del

6 Radicación n.° 45760 trabajador (numeral primero). Como consecuencia de lo anterior, condenó a la citada empresa y a sus socios personas naturales demandadas, a pagar al actor la suma de $685.413,50 por concepto de diferencia en el pago de prestaciones sociales, valor que deberá indexarse al momento de su cancelación (numeral segundo). Absolvió a la parte demandada de las demás súplicas (numeral

tercero); declaró probadas las excepciones de inexistencia de las obligaciones demandadas y cobro de lo no debido, formuladas por el demandado en reconvención (numeral cuarto); absolvió al actor de las pretensiones formuladas en su contra, por la empresa demandante en reconvención (numeral quinto). Costas a cargo de los demandados en la demanda principal (numeral sexto). Para arribar a esa determinación, el a quo luego de establecer que las partes no pactaron ningún salario integral, y que el actor devengaba un básico más comisiones, sin que se haya logrado demostrar todos los recaudos por ventas para poder verificar lo cancelado por comisiones, procedió a realizar su propia liquidación conforme a los extremos temporales fijados, con una salario promedio de $6.256.402,20, incluyendo la cesantía, intereses a la cesantía, primas de servicios, vacaciones, saldo pendiente del salario de la segunda quincena de febrero de 2005, el salario de la segunda quincena del mes de abril de 2005, los 6 días de salario de mayo de 2005, para un total de $10.685.413,50, y como al accionante se le canceló por liquidación final de prestaciones sociales la suma de $10.000.000,oo, resultaba un saldo a favor del 7 Radicación n.° 45760 trabajador por valor de $685.413,50 que será objeto de condena. En cuanto a los aportes a la seguridad social, estimó que se hicieron de acuerdo al salario promedio devengado, y respecto a la indemnización moratoria encontró que la empresa demandada había pagado lo que creyó deber según su liquidación, y por ello actuó con

lealtad y honestidad. Por último, en el punto de la terminación del contrato de trabajo por hechos atribuibles al empleador, consideró que las causales invocadas por el trabajador no tienen ningún sustento legal y probatorio, y en consecuencia no hay lugar a reconocer ninguna indemnización.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Apeló el demandante y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, mediante sentencia del 10 de diciembre de 2009, confirmó íntegramente el fallo de primer grado. Sin costas en la alzada.

El Tribunal advirtió, que el apelante solicitó en forma genérica que se condene al empleador demandado a cancelarle al actor, la totalidad de las pretensiones formuladas, pero en verdad solo sustentó dos puntos en concreto, que serán a los cuales se limitará el estudio de la segunda instancia, esto es, que «(i) el plenario contiene el sustento probatorio suficiente para que se determine la existencia de un despido indirecto y, (ii) no existe prueba en el plenario que indique a qué conceptos corresponde el pago por $10'000.000 realizado por la 8 Radicación n.° 45760 demandada entonces "como viene el Juzgado a hacer una liquidación a su manera de que ese pago corresponde a prestaciones sociales...y que ahora se predique que solamente se le debe una suma pírrica al actor, cuando palmariamente se observa que mes a mes al demandante se le deben salarios, comisiones e indemnizaciones que el Juzgado no observó". Adujo, que en relación al primer punto relativo al despido indirecto, que de acuerdo con lo adoctrinado por la

Sala en la sentencia de la CSJ SL, 6 abril de 2001, rad. 13648, para su configuración se debe tener en cuenta tres requisitos: «(i) que sea el trabajador quien en un acto de voluntad manifieste su intención de dimitir la relación, (ii) que dentro de ese acto exponga con claridad la motivación que, ajustada a una o varias de las causales contempladas en el literal b) del artículo 7o del Decreto 2351 de 1965, lo llevó a tomar tal determinación y, (iii) cumplir con la carga probatoria impuesta demostrando efectivamente que el empleador incurrió en las conductas imputadas». Arguyó que para el caso concreto, se observa que el vínculo laboral finalizó por decisión unilateral del demandante trabajador, tal como lo prueba la carta de renuncia del 10 de mayo de 2005 (fls. 122 a 126), en la que invocó como motivo o causa de la decisión «...situación de presión, hostigamiento, maltrato psicológico y verbal en forma sistemática..." que originó el empleador con su conducta y que se ajustan -en su criterioa los numerales 1, 2, 4, 5, 6, y 7 de la normatividad citada». Expuso que revisada la extensa motivación de la citada carta de renuncia, se pueden resumir los 6 numerales imputados a la empresa demandada, en tres 9 Radicación n.° 45760 puntos: «a.- El numeral 2o que corresponde a los malos tratos y las amenazas graves que tuvo el empleador para con el trabajador desde aproximadamente febrero de 2005, b.- El numeral 5o en la medida en

que el empleador, según la narrativa, ocasionó perjuicios maliciosamente en la prestación del servicio del trabajador, c.- Por último, el numeral 6o referente al incumplimiento sistemático de las obligaciones de empleador, pues se encontraba moroso de pagos causados con más de 60 días de antelación». Expresó que al descender al material probatorio allegado al plenario, no se logró acreditar el despido indirecto del actor, por razón de que «De folios 90 a 121, 199 a 216 y 133 a 149 se observa una gran cantidad de comunicación cruzada entre el demandante y el presidente de la empresa, fechada casi en su totalidad entre el 2 y el 6 de mayo. Se sustrae de dicho material probatorio que la relación entre los citados sujetos, específicamente durante dicho periodo, fue intensa y ajena a un trato normal entre empleador y trabajador. Prueba incontrovertible de ello es que solo durante el día 6 de mayo de 2005 el empleador remitió en total 6 memorandos al trabajador (folios 143 a 148) mientras que éste, a su vez, le dirigió en total 9 comunicados al primero (folios 111a 121), situación que evidencia una recíproca discordia entre las partes», que sin embargo, de los memorandos suscritos por el presidente de la compañía, no es posible determinar de parte suya el maltrato psicológico, hostigamiento o presión sistemática que alega el accionante, ni tampoco los perjuicios maliciosos en contra de su prestación del servicio; que el contenido de la mayoría de tales comunicados son requerimientos de control y un llamado de atención, elementos propios de las facultades del empleador, además

que tienen sustento en una motivación que nunca el actor dijo que fuera falsa, y además tampoco se encuentra por 10 Radicación n.° 45760 fuera de los parámetros permisibles, e incluso pertenece por completo al plano laboral, y salvo unas muy leves e irrelevantes excepciones invade el plano personal. Infirió que las únicas pruebas que reposan en el expediente, que señalan la existencia de las conductas aludidas por parte del empleador, tienen origen en las propias manifestaciones del trabajador que constan en los oficios que envió a la presidencia de la compañía y al entonces Ministerio de la Protección Social a título de denuncia (folios 85 a 87), así como en la declaración que él rindió en la diligencia administrativa de conciliación ante dicho Ministerio (folios 155 y 155A), aseveraciones que fueron reiteradas en el interrogatorio de parte que el actor absolvió (folios 506 a 510). Que de los testimonios que se recibieron en el proceso y del interrogatorio de parte del representante legal de la accionada, no se encuentran indicios que permitan entrever que el empleador incurrió en las dos primeras causales imputadas. Señaló que frente al tercer punto de los mencionados, que atañe al incumplimiento de obligaciones por parte del empleador, se tiene que «dejó el empleador de cotizar a salud únicamente por el periodo de febrero de 2005 (folios 127, 130, 131 y 149) pagándolo tardíamente en mayo de ese año. También incumplió con el pago de las segundas quincenas de febrero y abril de 2005, los 6 días laborados en mayo del mismo año y, las comisiones del 1o de abril

al 6 de mayo de 2005, como se verifica de la liquidación final pagada por la demandada en donde reconoció y pagó dichos saldos pendientes (folio 248). Al rompe se evidencia que el incumplimiento de la cotización a salud por febrero de 2005 no cabe dentro del calificativo sistemático pues para ello se requiere que ocurra, como mínimo, más de una vez. 11 Radicación n.° 45760 También se descartan de las consideraciones los 6 días de salario de mayo y las comisiones: los primeros porque al momento de su retiro no se había siquiera causado la obligación de pago de los mismos razón por la cual -que es apenas lógica-, fueron cancelados el siguiente mes con la totalidad de la liquidación al igual que las comisiones que se cancelan siempre con posterioridad, es decir, al momento de su recaudo». Afirmó que resta analizar si el incumplimiento parcial en el pago de la segunda quincena de febrero y total de la segunda quincena de abril se constituye en un «incumplimiento sistemático» a la luz de la citada causal, y al respecto sostuvo que «de febrero de 2005 se debe decir que el total mensual causado a favor del trabajador, sumados básico más comisiones, ascendió a la suma de $6'526.042 (folios 33 y 34). Sobre dicho importe la demandada canceló cumplidamente $5'344.541 (folios 36, 44, 45 y 46) quedando un saldo pendiente de tan solo $1’181.501 (folio 34) que representa menos del 18% del total, por lo cual ello no se puede interpretar como un incumplimiento determinante del calificativo

sistemático. Y tampoco lo es la segunda quincena de abril, la cual se hizo pagadera solo desde el 30 de abril de 2005 y, teniendo en cuenta que el actor renunció el 6 de mayo de ese mismo año, se obtiene que el empleador si incumplió pero solo por el nimio plazo de 6 días puesto que -se reiteraa la terminación de la relación laboral se pagaron esas sumas», y en tales condiciones aunque si hubo cierto incumplimiento de parte de la demandada, el mismo no se puede calificar como sistemático o dirigido a perjudicar al trabajador o inducirlo a su renuncia, y por ello, esa última causal no se puede tampoco tener como probada 12 Radicación n.° 45760 Remató diciendo, que por lo antes estudiado, se confirmará la decisión del a quo de absolver de la indemnización por despido indirecto. De otro lado, en lo que tiene que ver con el segundo aspecto, de que según el apelante no se encuentra en el plenario debidamente probada la cancelación de salarios y prestaciones sociales pendientes a favor del demandante, y que el juez de primer grado se equivocó al acomodar a su manera esos rubros dentro del pago que hizo la accionada por $10.000.000,oo; el Tribunal manifestó que no le asistía razón a dicho apelante, ya que el a quo no acomodó su criterio, por el contrario «hace mención específica a los documentos de folio 248 a 250 donde efectivamente reposa la liquidación discriminada que dio lugar al pago de la aludida suma. Lo que sí hizo fue realizar su propia liquidación de conformidad con las pretensiones

de la demandada, para determinar si le fueron cancelados correctamente los conceptos deprecados, operación que resultó incluso en un saldo pendiente favorable al actor», pero «Toda vez que el apoderado no objetó en sí los valores resultantes de la liquidación realizada por la a quo, no hay lugar a pronunciarse sobre los mismos y, sin lugar a mayores consideraciones, procederá el Tribunal a confirmar la sentencia apelada».

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

13 Radicación n.° 45760

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte CASE la sentencia del Tribunal, para que, en sede de instancia, revoque la decisión del a quo en cuanto a su numeral tercero que dispuso absolver a la parte demandada de las demás pretensiones incoadas, y se modifique el numeral segundo que impartió condena únicamente por la suma de $685.413,50 por concepto de diferencia en el pago de prestaciones sociales que deberá indexarse, para en su lugar, condenar a los demandados a las súplicas en la forma solicitada en la demanda inicial y/o lo que resulte liquidado en el proceso, confirmando el fallo en lo demás, proveyendo sobre costas como corresponda.

Con tal propósito formuló un cargo, por la causal primera de casación laboral, que no fue replicado, y que a continuación se estudiará.

VI. CARGO ÚNICO Acusó la sentencia del Tribunal de violar por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, el

artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el D.L. 2351 de 1965 artículo 7, literal b), numerales 2, 5, 6 y 8; las normas del mismo estatuto artículos 55, 57 numerales 4 y 5, 64 modificado por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002 inc. 3°, 65 modificado artículo 29 de esta última ley, 134, 138, 139, 140, 149, 249, 253 (subrogado 14 Radicación n.° 45760 por el D.L. 2351 art. 17) y 306; la Ley 100 de 1993; artículos 14 del D.L. 2351 de 1965 y 1° de la Ley 995 de 2005, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, 177, 252, 253, 254, 268, 269 y 279 del Código de Procedimiento Civil. Dijo que la anterior transgresión de la ley tuvo origen en la comisión de dos yerros fácticos, consistentes en no haber dado por demostrado, estándolo, que el empleador demandado no actuó de buena fe en la ejecución del contrato de trabajo celebrado con el demandante, el cual se desarrolló del 1 de noviembre de 2004 hasta el 6 de mayo de 2005, a quien no le pagó la remuneración pactada en las condiciones y períodos convenidos, ni guardó absoluto respeto a la dignidad humana de dicho trabajador, habiéndole retenido sumas por salarios y prestaciones sociales que no canceló. Manifestó que los errores de hecho que anteceden,

tuvieron ocurrencia por la errónea apreciación de las pruebas obrantes a folios 33, 34, 44, 45, 46, 127, 130, 131, 149 y 248 a 250; y la falta de valoración de las pruebas visibles a folios 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244 y 245, alusivas al ingreso base de cotización con que se registró la autoliquidación mensual de aportes con destino al ISS y a la EPS SANITAS, para los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2005, así como las probanzas de folios 255, 256, 257, 259, 261, 265, 274 y 277, que corresponden a los comprobantes de egreso de los 15 Radicación n.° 45760 pagos efectuados al actor por concepto de salarios básicos y comisiones, y la documental de folio 212 del expediente. Para la sustentación, la censura adujo que en lo que atañe al despido indirecto, de los tres motivos que sintetizó el Tribunal como aquellos invocados por el demandante para dar por terminado el contrato de trabajo por causas imputables al empleador, era suficiente por tener acreditado en el plenario el último, esto es, el referente al incumplimiento sistemático de las obligaciones del empleador, ya que se encontraba moroso por más de 60 días, lo cual por si solo justifica dicha finalización del vínculo, y a este aspecto puntual limitó su reproche. Sostuvo que en el contrato que celebraron las partes a término fijo de tres años (folios 17 a 23), aparecía el cargo

del actor de gerente de ventas y mercadeo, con una remuneración inicial de $4.000.000 como fija, más un porcentaje del 2.5.% para los meses de noviembre y diciembre de 2004 y del 3% para el año 2005, sobre el valor de los recaudos netos correspondiente a comisiones por ventas a nivel nacional. Que en los hechos 17 a 26 de la demanda inicial, se indicó que la empresa accionada no le había cancelado al actor todos los salarios y comisiones debidas, sin que entre las partes se llegara a configurar un salario integral. Arguyó que no existiendo controversia en relación a los extremos temporales de la relación laboral ni del salario devengado, que: 16 Radicación n.° 45760 corresponde determinar con toda precisión las sumas registradas por el empleador como devengadas por el trabajador durante el tiempo que duró la relación de trabajo (1° de Noviembre de 2004 al 6 de Mayo de 2005) y la verificación de su pago al actor conforme a los comprobantes presentados por la parte demandada y debidamente suscritos por el actor. Para esto nos valemos de los documentos aportados por el patrono y los cuales no fueron apreciados por el Ad quem: Los folios 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245, registran el monto salarial mensual o ingreso base de cotización en la autoliquidación mensual de aportes al I.S.S. y a la E.P.S. SANITAS. Y los folios 255, 256, 257, 259, 261, 265, 274 y 277 contentivos de los comprobantes de egreso de los

pagos efectuados al actor. Los folios 257 y 261 corresponden a los meses de noviembre y diciembre de 2004 por concepto de comisiones para determinar el valor del salario devengado en esos meses, ya que no aparecen aportes a la seguridad social y por tanto el monto del salario registrado como ingreso base de cotización (…). A reglón seguido, extrajo de las documentales mencionadas los valores por «SUMA FIJA» y «COMISIONES» que asegura devengó el actor, al igual que lo pagado por aportes a la seguridad social, para los años 2004 y 2005, que totaliza la cantidad de $35.781.676, para confrontarlo con los salarios recibidos por el demandante según los comprobantes, que en su decir ascienden al valor de $17.904.572, existiendo por tanto una diferencia entre estos dos conceptos por la suma de $17.877.105, menos el abono que dijo era parcial de la liquidación de salarios y comisiones que practicó el empleador en cuantía de $10.000.000 (folio 212), arroja un saldo a favor del promotor del proceso por $7.877.105 que asegura no se le ha cancelado. Esgrimió que los juzgadores de instancia no llevaron a cabo esas operaciones aritméticas, que se extraen de las 17 Radicación n.° 45760 pruebas que aportó la propia empresa demandada, y que el actor sufrió «los retardos en el pago de sus salarios, hasta el punto que el último abono lo recibió solamente hasta el día 24 de junio del año 2005, es decir 49 días después de haber concluido la relación de trabajo como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones

patronales (fl. 212)». Indicó, que no existe prueba de las cotizaciones a la seguridad social para los meses de noviembre y diciembre de 2004, lo cual estableció el ad quem, quien apreció equivocadamente la certificación expedida por la E.P.S. SANITAS (folio 130), en la que se le informa al trabajador la suspensión de su vinculación a causa del no pago oportuno del mes de marzo de 2005. Que del mismo modo, la liquidación final sufragada al demandante por la empresa (folio 248), no tiene respaldo probatorio en los comprobantes de pago, y en tales condiciones no puede servir como aceptación del trabajador que libere al empleador del cumplimiento de sus obligaciones. Que lo anterior también acredita la mala fe de la empresa convocada al proceso, al intentar con dicha liquidación justificar la moratoria, por el no pago de salarios, además de la política de hostigamiento y malos tratos finalmente indujo al actor a finalizar el vínculo laboral. Por último expresó, que si por solo salarios se le adeuda al promotor del proceso $7.877.105, sin contar con las prestaciones sociales, se configura el incumplimiento reiterado de obligaciones por parte del empleador, así como perjuicios morales y materiales causados al trabajador por 18 Radicación n.° 45760 la conducta patronal, y por ende, no era dable que se absolviera de la indemnización por despido indirecto y de la moratoria.

VII. CONSIDERACIONES Conforme a lo normado en el artículo 7° de la Ley 16 de 1969, que modificó el 23 de la Ley 16 de 1968, el error

de hecho para que se configure es indispensable que venga acompañado de las razones que lo demuestran, y a más de esto, como lo ha dicho la Corte, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta. Vista la motivación de la sentencia impugnada, el Tribunal limitó el estudio del recurso de apelación interpuesto por el demandante contra el fallo de primer grado, a dos aspectos puntuales que para el caso en estudio están ligados entre sí, el primero referente al despido indirecto del demandante y el segundo en cuanto al pago de salarios y prestaciones sociales que involucra el tema de si la parte demandada actuó de buena fe en el cumplimiento de tales obligaciones. En este orden se abordará el estudio de la acusación. 1.- Despido indirecto: El Tribunal determinó que el actor no logró demostrar el despido indirecto, que gira en torno a tres puntos: «a.- El numeral 2o que corresponde a los malos tratos y las amenazas graves que tuvo el empleador para con el trabajador desde aproximadamente 19 Radicación n.° 45760 febrero de 2005, b.- El numeral 5o en la medida en que el empleador, según la narrativa, ocasionó perjuicios maliciosamente en la prestación del servicio del trabajador, c.- Por último, el numeral 6o referente al incumplimiento sistemático de las obligaciones de empleador, pues se encontraba moroso de pagos causados con más de 60 días de antelación». La censura no reprochó las razones del fallador de alzada, que lo llevaron a considerar que las pruebas no acreditan los dos primeros puntos, con fundamento en que

aquellas no determinan que la empresa demandada haya ejercido en contra del trabajador demandante un maltrato psicológico, hostigamiento o algún tipo de presión, ni tampoco dejan entrever que la empleadora en forma malintencionada le ocasionara perjuicios en la prestación del servicio, por lo que dichas conclusiones permanecen incólumes. El recurrente en cuanto a la súplica q