CSJ - SL1877-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL1877-2023 Radicación n.° 93375 Acta 23 Bogotá, D. C., diez (10) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por RICARDO ALFONZO SILVA REYES, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el once (11) de junio de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que le instauró a

DRUMMOND LTD junto con JAIME DE JESÚS SANTOYA

TROYA, EDWIN EVELIO CENTENO TAPIA y JAIMES JOSÉ

MENDOZA VILLALOBOS.

I. ANTECEDENTES Ricardo Alfonzo Silva Reyes junto con los otros demandantes llamaron a juicio a Drummond Ltd., con el fin de que se declarara que fue despedido sin justa causa y en consecuencia se le condenara a reintegrarlo al cargo que

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Radicación n.° 93375 desempeñaba o a uno de igual o superior categoría, cancelarle todos los derechos legales y extralegales dejados de percibir debidamente indexados, la indemnización de perjuicios prevista en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, los intereses moratorios; que se le concediera todo aquello a lo que tuviera derecho acorde a las facultades ultra y extra petita del juez, además de las costas procesales. Fundamentaron sus peticiones, básicamente, en que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, Extractiva, Petroquímica, Agrocombustible y EnergéticaSintramienergética es una organización de industria a la que se afilió; que celebró contrato de trabajo con la demandada el 3 de junio de 2004; para desempeñar el cargo de «operario vías férreas en el proyecto minero de Drummond-Puerto, Santa Marta»; que el 25 de ese mismo mes pero del 2015, ocupaba la posición de secretario general de la subdirectiva en Ciénaga y era delegado oficial a nivel nacional de aquel. Informó que, esta Corporación en sentencia CSJ SL17414-2014 notificada por edicto fijado el 22 de julio de dicho año quedando ejecutoriada el 29 siguiente, declaró la ilegalidad de la huelga promovida en la empresa accionada entre el 23 de julio y el 13 de septiembre de 2013; que como consecuencia de dicha decisión judicial se le dio por finalizado el vínculo el 25 de junio de 2015, sin que se hubiese adelantado ningún procedimiento ante el Ministerio de Trabajo.

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Radicación n.° 93375 Aseguró que, entre la llamada a juicio y Sintramienergética se celebró un CCT; que en su artículo 6º se dispuso un trámite obligatorio para cuando se le imputara a un funcionario la comisión de una justa causa que diera lugar a la terminación de su nexo el que no fue adelantado por la accionada violándole su derecho al debido proceso. Indicó que al momento de la resolución de la vinculación devengaba como salario $3.801.263,33; que tenía compañera permanente y un hijo menor de edad; que

la conducta de la enjuiciada le generó perjuicios materiales y morales (f.°1-35 primera instancia, cuaderno principal, expediente digital). Drummond Ltd., se opuso a las pretensiones en cuanto a los hechos precisó que la providencia CSJ SL7414-2014, fue dictada el 5 de noviembre de dicho año, notificada por edicto el 22 de enero de 2015 y que la organización sindical solicitó su aclaración lo que fue negado por auto del 25 de abril de esa anualidad y notificada el 26 de mayo siguiente; que la finalización del contrato de trabajo se fundamentó en su participación en la huelga que fue declarada ilegal, lo que configuraba una justa causa; que se le respetó y garantizó el debido proceso; se hizo la citación a descargos permitiéndole defenderse; que con sus servidores se pactó salario por hora y que el del demandante ascendía a $11.054; respecto de los demás, dijo que no le constaban, que no se trataban de tales o que no eran ciertos.

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Radicación n.° 93375 En su defensa propuso las excepciones de fondo de cobro de lo no debido, improcedencia del reintegro, pago, compensación y la genérica (f.°406-415 ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado 33 Laboral del Circuito de Bogotá, por decisión del 30 de octubre de 2020 resolvió (f.°517 audiencia, f.° 520 acta ib): PRIMERO: DECLARAR que Drummond Ltd. despidió a los demandantes RICARDO ALFONSO SILVA REYES, […] sin justa

causa probada, por las razones expuestas.

SEGUNDO: CONDENAR a DRUMMOND LTD. a reconocer y pagar, en favor de a RICARDO ALFONSO SILVA REYES, […] la indemnización por despido sin justa causa de que trata el artículo 51 de la CCT firmada entre Sintramienergética y Drummond Ltd. en concordancia con el art.8 del Decreto 2351 de 1965 modificado por el art 6 de la Ley 50 de 1990.

TERCERO: ABSOLVER a la demandada de las demás pretensiones incoadas en su contra, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presenté providencia

[…]

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al conocer los recursos de apelación propuestos por ambas partes la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 11 de junio de 2021, determinó (f.°16-50 segunda instancia, apelación, expediente digital): PRIMERO: REVOCAR el numeral primero, de la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Tres (33°) Laboral del Circuito

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Radicación n.° 93375 de esta ciudad en audiencia pública celebrada el día 30 de octubre de 2020, dentro del proceso ordinario laboral de la referencia, en el sentido de DECLARAR que la terminación. del vínculo laboral entre RICARDO ALFONSO SILVA REYES, […] obedeció a una justa causa SEGUNDO. REVOCAR el numeral segundo, de la sentencia proferida, en el sentido de ABSOLVER a la demandada,

DRUMMOND LTD. del reconocimiento y pago de la indemnización por despido sin justa causa a los señores,

RICARDO ALFONSO SILVA REYES […].

TERCERO: CONFIRMAR la sentencia apelada en lo demás.

En lo que interesa al recurso extraordinario, consideró como fundamento de su decisión, que el problema jurídico era: […] determinar si se configuran los presupuestos para fulminar el reintegro por ineficacia en el acto de terminación del contrato de trabajo, ante la ausencia de realización del procedimiento convencional; o por el contrario era viable declarar que el contrato suscrito entre las partes feneció por justa causa y consecuencia de ello, se debía ordenar el pago de la indemnización a cargo de Drummond Ltd.; finalmente, deberá estudiarse si es factible imponer condena por perjuicios causados a los demandantes e integrantes de su núcleo familiar. Tales planteamientos los abordó así: i) De la relación laboral. Dijo que, no era objeto de controversia que el accionante estuvo vinculado mediante un nexo laboral a término indefinido para desempeñar el cargo de operario de línea férrea entre el 3 de junio de 2004 y el 25 de igual mes, pero de 2015; que devengó un salario promedio de $3.801.263,33; que esta Corporación por proveído CSJ SL7414-2014, confirmó:

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Radicación n.° 93375 La sentencia emitida el 19 de febrero de 2014, por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, dentro del proceso especial de calificación de la

suspensión o paro colectivo de trabajo, promovido por la sociedad

DRUMMOND LTD. en contra del SINDICATO NACIONAL DE

TRABAJADORES DE L A INDUSTRIA MINERA, PETROQUÍMICA, AGROCOMBUSTIBLE Y ENERGÉTICA SINTRAMIÉNERGETICA. ii) De la desvinculación de los trabajadores después de la declaratoria de ilegalidad del cese de actividades. Hizo referencia al numeral 2º del artículo 450 del CST, al canon 1º del Decreto 2164 de 1959, al precepto 2º de la Ley 1210 de 2008 y señaló que la competencia para declarar la legalidad o ilegalidad de una huelga recaía en el Tribunal Superior del Distrito donde hayan tenido ocurrencia los hechos y, la apelación la conocía esta Sala de la Corte y no el Ministerio del Trabajo. Explicó que, una vez se estableciera la «ilegalidad», el empleador quedaba facultado para despedir a los trabajadores que hubiesen participado en el cese; siempre y cuando se observaran los procedimientos determinados en los reglamentos internos de trabajo o en este caso en la CCT, lo que tenía como finalidad garantizar el debido proceso en el tramite disciplinario lo que soportó en el fallo CSJ SL154672015, el que transcribió extensamente. Aclaró que, la intervención de la autoridad administrativa era indispensable pero únicamente con la finalidad que verificara que no se desvinculen de sus puestos « de trabajo a personas que involuntariamente dejaron de prestar sus servicios, por el cese de actividades y en segundo

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Radicación n.° 93375 lugar, cuando se ha declarado que el cese de actividades es legal hizo alusión al proveído CC SU598-2019, para concluir » que tanto esta Corporación como la Corte Constitucional, sostienen que: […] toda actuación, adelantada por un empleador con el ánimo de indagar sobre la participación de un trabajador en el cese de actividades, debe garantizar el debido proceso, informando que este principio se debía aplicar, individualizando al trabajador y determinando su participación en la huelga, sin dejar de lado, las facultades del empleador para terminar los contratos de trabajo de los trabajadores que fueron parte activa en este hecho y hayan persistido en el cese de actividades. iii) Del debido proceso. Se refirió a la sentencia CSJ SL2352-2020 e indicó que acorde a la misma debía evaluar si en el presente asunto «se llevó a cabo el proceso disciplinario, con el cumplimiento del debido proceso». iv) De la convención colectiva de trabajo. Acudió a la CCT suscrita entre la llamada a juicio y Sintramienergética que reposaba a folios 122 y siguientes del expediente; transcribió su artículo 6º, con referencia en el cual adujo que, aquella a pesar de estar autorizada legalmente para dar por terminado los contratos de trabajo, debía acatar el procedimiento disciplinario previsto en el acuerdo extralegal, encontrando respecto del petente que: A Ricardo Silva le fue enviada citación a diligencia de descargos de fecha 3 de junio de 2015, para rendir los mismos el 12 de junio, sin embargo, el demandante no se hizo presente y justificó

su no comparecencia a la diligencia por problemas médicos,

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Radicación n.° 93375 conforme lo dejó registrado en el acta de fecha 16 de junio de 2015 y por ello, se reprogramó la diligencia para el 24 de junio (fl. 166, 167 y 437). Frente a lo que, expuso: la empresa DRUMMOND LTD., no solo envío las citaciones para rendir descargos a los demandantes, sino que, en cada documento remitido, se informó a los trabajadores, sobre los hechos, videos, documentos y declaraciones que se le iban a poner de presente en la diligencia para acreditar la participación en el cese de actividades. […] en los enunciados escritos, también se les informó a los ex trabajadores que tenían derecho a comparecer con un representante del sindicato de trabajadores al cual se encontraban afiliados. En el caso del señor Ricardo Silva, la diligencia de descargos fue reprogramada, dada la incapacidad médica que tenía el demandante para asistir en la fecha programada, garantizando con este actuar el debido proceso al trabajador, de acuerdo a lo contemplado en la Convención Colectiva. Llegado el día y hora señalados para efectuar la correspondiente diligencia de descargos y conforme a las documentales allegadas al plenario, se constata que uno a uno manifestaron que: - Ricardo Silva Reyes, indicó que no había participado en forma activa en la huelga; "yo fui a Radio Galeón y estaba el señor Raimundo Plata, sostuvimos una conversación donde no sucedió nada de lo que está diciendo él aquí en este reporte..."-, cuando se le indagó por la sentencia emitida por la Corte Suprema de

Justicia, el ex trabajador señaló que "me limitaré a responder las preguntas de los hechos que están relacionados a la citación de descargos del 3 de junio de 2015", guardando silencio frente a este interrogante; en cuanto a la marcha celebrada el 28 de agosto de 2013, indicó que esta había sido "convocada por la Central Unitaria de Trabajadores en apoyo a las madres comunitarias, y que en esa marcha .participaron muchas organizaciones sindicales, y yo fui pero en los tres segundos que demora el video no estoy lanzando arengas ni mensajes desproporcionados en contra de la Compañía", respecto al informé rendido por el supervisor William López dijo que "no eran las 6 de la mañana, eran pasadas las 7 de la mañana segundo, no le he dicho al señor William López que no ingrese a la empresa, tercero. Recursos Humanos en ningún momento le informaba a la empresa, antes por el contrario, la organización sindical le informaba que trabajadores de rol diario se programaban para el plan de contingencia..", que "en ningún momento le dije al señor William López que debía esperar yo le informaba para que él

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Radicación n.° 93375 entrara o que él iba a entrar cuando yo le informara porque como ustedes muy bien conocen, el ingreso a la compañía no estaba en manos de la organización sindical sino en manos de la empresa contratista que se encarga de la vigilancia se rehusó a contestar la pregunta, referente a la afectación de planes de sostenimiento y contingencia por impedir el ingreso del señor William López; concluyendo, que el video exhibido era corto y no se le veía

lanzando arengas ni mensajes desproporcionados y que tampoco se podía verificar si el señor López había dicho la verdad. De lo previo, coligió que la empresa respetó el debido proceso al reclamante, pues en la citación a descargos se dejó constancia de los hechos y las pruebas que iban a ser analizadas, se otorgó tiempo para que aquel lo revisara y se le permitió que expusieran y aclararan las conductas que se le endilgaban, razón por la cual «al haberse cumplido con el procedimiento convencional, tal y como lo señaló el a quo, no es viable declarar ineficaz la terminación del vínculo laboral y por tanto tampoco, ordenar el reintegro de los trabajadores como lo pretende el recurrente en la alzada». v) De la indemnización por terminación del contrato sin justa causa. Advirtió que, la discusión en primera instancia se centró en la ineficacia del despido y, en el reintegro de los trabajadores por habérseles desconocido su derecho al debido proceso y que como el juez de primer grado concluyó que el finiquito contractual fue sin justa causa, en armonía con el recurso de apelación propuesto por la accionada, adquiría competencia para pronunciarse sobre la indemnización que aquel generaba.

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Radicación n.° 93375 Acudió a las providencias CSJ SL, 15 feb. 2011, rad. 39394 y CSJ SL8002-2014, en las que se advirtió que, el despido no era en sí mismo una sanción disciplinaria; se refirió al artículo 6º de la CCT, que estableció el

procedimiento que debía seguir la enjuiciada para dar por terminado un contrato de trabajo para luego acudir a i) la declaración rendida por el representante legal de la empresa; ii) el testimonio de Edgar Muñoz (dirigente sindical), iii) las afirmaciones de Ricardo Barros, gerente de relaciones laborales, Lina Cortabarria, consultora del área de transporte, Ángel Herrera Tovar (líder sindical), de los que advirtió «[Daban] cuenta de la citación y realización de descargos a los demandantes, en los que, se les puso de presente los videos, declaraciones de terceros y demás documentos que fueron Objeto de reproche en la citación a descargos»; que adicionalmente «las cartas de desvinculación […] señalaron en forma individual los hechos endilgados para finiquitar el vínculo contractual» y, puntualmente al reclamante se le indicó: Aunque usted no admitió expresamente los hechos de su participación en la diligencia de descargos, y exigió las pruebas de los hechos que se le citaron en la notificación a descargos, hechos y pruebas que fueron puestos en su conocimiento durante la audiencia y que además fueron ampliamente debatidos en el proceso judicial, y conocidos por usted, se demostró su participación activa en los hechos que declararon la huelga ilegal, máxime cuando en la sentencia del 5 de noviembre de 2014 de la. H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, número de Radicación 64820, en su parte considerativa numeral 2:4 analizó que . hubo una extralimitación en el ejercicio del derecho a la huelga cuando se efecto los planes de

sostenimiento y contingencia al impedir el acceso de trabajadores al Puerto.

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Radicación n.° 93375 Resaltó que revisó la referida providencia (f.°109), en la que se dejó constancia que el petente fue la «persona encargada de impedir el acceso a los trabajadores designados para el plan de contingencia, pruebas que fueron analizadas y valoradas en su oportunidad por el Tribunal de Valledupar y la Corte Suprema» determinando que: Y en aras de dar respuesta a los reparos formulados por la parte pasiva, sobre la posición del a quo, quien concluyó que el despido de los trabajadores lo fue sin justa causa, ha de resaltarse que de la carta de terminación ya analizada, es claro advertir que la empleadora puso en conocimiento de los demandantes, los motivos o razones concretas que le llevaron a finalizar el vínculo contractual, las cuales dan cuenta de la participación de los actores en el cese de actividades, declarado ilegal por la H. Corte Suprema de Justicia, declaratoria de antemano que faculta al empleador para iniciar el trámite de desvinculación de la empresa, previo el correspondiente proceso disciplinario convencional, situación, que ya fue analizada y en la que se concluyó que el mismo fue cumplido a cabalidad, por lo que, al haberse realizado el trámite disciplinario, por parte de Drummond, la terminación del contrato en forma alguna equivale a un despido injusto y así lo ha dejado sentado, la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, entre otras en las sentencia con Rad. 39394 del 15 de febrero de 2011 y SL-8002 del 18 de junio de

2014. […] Por manera que, no resulta de recibo la consideración del Juzgado, en cuanto indicó que en el proceso no se acreditó la justa causa del finiquito contractual, respecto de las razones dadas en la carta de terminación del vínculo, porque como se destaca en la alzada, el procedimiento, del trabajo se encuentra regido por el principio de la libertad probatoria, de suerte que el empleador puede acudir a cualquier medio de convicción para acreditar las justas causas que dieron lugar a la terminación, y en este caso, se valió de varios medios probatorios en su debida oportunidad y que al no ser discutidos en el presente trámite en forma directa, como tampoco fueron reclamados ni discutidos en la demanda y la respectiva contestación de la misma, ni durante el trámite del proceso, dado que este se encaminó a zanjar la controversia atinente a la aplicación de la normativa convencional, mal podría mantenerse la condena impuesta por el a quo. vi) Del reconocimiento de perjuicios

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Radicación n.° 93375 Aludió al fallo CSJ SL3206-2020, señalando que podían reclamarse en materia laboral como consecuencia de la terminación de la relación contractual, pero que advirtió que ello no operaba por el «despido» ya que este constituía «una vicisitud contractual que no tiene la virtualidad de afectar el patrimonio moral del trabajador sino cuando el acto del despido esté asociado con conductas del empleador que generen un verdadero menoscabo del patrimonio moral del trabajador que debe ser indemnizado», en otras palabras, explicó que el resarcimiento peticionado no se originaba por

«la simple terminación del vínculo laboral» y que por el contrario «debe estar ligada a circunstancias graves que causen un real daño de índole moral como lo sería la imputación injustificada de conductas delictivas, contrarias a la moral o la ética que afecten la honra o el buen nombre, etc», circunstancia que no se observaban en el sub examine en la medida en que: no se acredita que los demandantes hayan sufrido un menoscabo moral, aun cuando ello era carga probatoria del convocante en los términos del artículo 167 del CGP que a la letra dispone: "Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto únicamente por Ricardo Alfonzo Silva Reyes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

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Radicación n.° 93375 Pretende se case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia: […] confirme los ordinales primero, segundo, cuarto y quinto, y revoque el ordinal tercero de la sentencia de primera instancia […], y como consecuencia, condene a la DRUMMOND LTD., al reintegro pedido y pago de las indemnizaciones conforme a las pretensiones de la demanda, para así garantizarle […] sus derechos a la tutela judicial efectiva y la prevalencia de sus derechos sustanciales en relación con el deber de respetar y aplicar no solo las normas y leyes colombianas, sino también el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y la efectividad

de sus derechos ciertos e indiscutibles. Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que fueron objeto de réplica por parte de la Drummond Ltd. y que se proceden a estudiar a continuación en forma conjunta por soportarse en similar elenco normativo, ofrecer argumentos afines y buscar igual propósito (f.°21 recurso extraordinario, demanda de casación, expediente digital).

VI. CARGO PRIMERO Acusa al fallo fustigado de violar la ley sustancial por la vía directa en la modalidad de infracción directa de: […] los artículos 2° del Decreto Reglamentario 2164 de 1959; artículo 1º de las Resoluciones 1064 y 1091 de 1959 y 5° de la Resolución 342 de 1977 expedidas por el Ministerio de Trabajo; artículos 4° y 7° literal d) de la ley 319 de 1996, aprobatoria del “Protocolo de San Salvador”, adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos; 26 de la Ley 17 de 1972, aprobatoria de esta Convención; artículo 27 de la Ley 32 de 1985, aprobatoria de la Convención de Viena; Preámbulo de la Constitución Política y sus artículos 1,° 2°, 4°, 9°, 25, 29, 53, 93, 228 y 230; artículo 16 de la Ley 446 de 1998; en relación con el artículo 7° de la ley 1149 de 2007, debido a los flagrantes y manifiestos errores juris in judicando.

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Radicación n.° 93375

Aduce que, el operado judicial no aplicó las normas que exigen el acatamiento del debido proceso ante el despido de los trabajadores que hubiese participado en una huelga declarada ilegal y por tanto, no hizo el control de convencionalidad previsto en el artículo 27 de la Ley 32 de 1985, transgrediendo las demás normas enunciadas en la proposición jurídica, no acatando su deber de dar prelación « al derecho sustancial internacional que reconoce los derechos humanos, sobre el derecho interno, máxime cuando como director del proceso, debía asumir la posición de adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales, violados ante semejante injusticia». Plantea como subtítulo el de «Infracción directa - De la falta de agotamiento del debido proceso administrativo especial previo ante el Ministerio de Trabajo, para despedir a quienes participaron activamente en huelga declarada ilegal» Asegura que, acorde al Decreto Reglamentario 2164 de 1959 y las Resoluciones 1064, 1091 de 1959 y la 342 de 1977, así como el precedente vertido en la sentencia CC SU036 de 1999 el Ministerio de Trabajo debe calificar que participó activamente en «la huelga declarada ilegal» y, que sobre dicho asunto el ad quem guardó silencio inadvirtiendo que la llamada a juicio no presentó ante dicha autoridad administrativa «la lista con los nombres de quienes consideraba que habían participado en la huelga declarada ilegal por la Corte Suprema de Justicia, para así agotar el citado procedimiento previo e imparcial obligatorio, donde se debía constatar la participación activa de los demandantes en

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Radicación n.° 93375 la citada huelga» sin que dicho trámite pudiera ser suplido por la citación a descargos en aplicación del artículo 6º del CCT como equivocadamente lo entendió el operador judicial. Insiste en que, para que el despido efectuado por la llamada a juicio sea ajustado a derecho era necesario que esta hubiese agotado el procedimiento antes descrito ante la autoridad administrativa señalada y que como ello no se acató se le violó derecho al debido proceso pues tenía que ser esta la que determinara previamente su participación activa o no en la huelga que fue declarada ilegal. Transcribe ampliamente el proveído CC T009-00 para insistir en los argumentos atrás señalados y describir las etapas que deben surtirse para el proceso que echa de menos, coligiendo que: El Tribunal inaplicó las normas citadas que le garantizaban a los trabajadores despedidos sus derecho fundamentales al debido proceso administrativo ante el Ministerio de Trabajo, para establecer si habían o no participado activamente en la huelga declarada ilegal por la Corte Suprema de Justicia, a efectos de que verificado tal proceder inicial, poder tener certeza la DRUMMOND, si podía legalmente y con justa causa, despedir a los que cuya conducta fuese calificada de activa, quedando a salvo los que actuaron pasivamente, cosa que llevaba conforme a la línea jurisprudencial citada a determinar que se configuró un despido injusto por el no agotamiento de dicho procedimiento previo, constituyendo una vulneración del derecho al debido proceso de los trabajadores y, en consecuencia, justificando ello

el derecho al reintegro pedido por injusto. Plantea otro subtítulo que denomina «El Tribunal infringió directamente las normas citadas y con ello, omitió aplicar el Control de Convencionalidad consagrado en la Convención de Viena y el Sistema Interamericano de Derechos

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Radicación n.° 93375 Humanos», cita diferentes casos analizados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para alegar que, el administrador de justicia se olvidó que todos los jueces tienen la obligación de ejercer el control de convencionalidad entre las disposiciones que aplican a los asuntos sometidos a su conocimiento y las previstas en la Convención Americana sobre Derecho Humanos. Asegura que, lo previo llevó a que el colegiado infringiera directamente ese instrumento en la medida en que: […] como representante del Estado colombiano, al tenor del artículo 25 de la Carta Política, le correspondía darle esa especial protección a los trabajadores demandantes, garantizándoles sus derechos a la estabilidad laboral reforzada de miembros de un sindicato cobijados por el derecho al procedimiento previo administrativo e imparcial ante el Ministerio de Trabajo, para constatar su participación activa en la huelga declarada ilegal por la Corte Suprema de Justicia, y la garantía de la ineficacia de sus despidos basados en la participación en la citada huelga, y de permanecer en el empleo hasta tanto no hubiese un pronunciamiento de un tercero imparcial, mediante Acto Administrativo en firme, y por ello no poder ser despedidos con fundamento en la sola responsabilidad objetiva y decisión unilateral sin justa causa del empleador […].

Dice que la Corte Constitucional ha concedido diferentes acciones de tutela en casos como el presente como por ejemplo en la providencia CC T10-2011 y ofrece diferentes argumentos para exponer cómo el Tribunal infringió diferentes normas internacionales y el principio de progresividad y no regresividad (f.°21-41 recurso extraordinario, demanda de casación, expediente digital).

VII. CARGO SEGUNDO

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Radicación n.° 93375 Le endilga al fallo recurrido la transgresión de la ley sustancial por la senda directa en la modalidad de interpretación errónea de: los artículos 450 num. 2° del C. S. del T., y 1 del Decreto 2164 de 1959, que condujo a la falta de aplicación de las resoluciones 1064 y 1091 de 1959 y 5 de la Resolución 342 de 1977 expedidas por el Ministerio de Trabajo, y los artículos 4° y 7° literal d) de la ley 319 de 1996, aprobatoria del “Protocolo de San Salvador”, adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos; 26 de la Ley 17 de 1972, aprobatoria de esta Convención; artículo 27 de la ley 32 de 1985, aprobatoria de la Convención de Viena; Preámbulo de la Constitución Política y sus artículos 1° 2°, 4°, 9°, 25, 29, 53, 93, 228 y 230; artículo 16 de la Ley 446 de 1998; en relación con el artículo 7° de la ley 1149 de 2007, y sentencias SU – 036 de 1999, T-068 de 2000, T-009 de 2000, T-937 de 2006,

T-107 de 2011 y SU – 432 de 2015, y SL15467-2015 de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, debido a los flagrantes y manifiestos errores juris in judicando Transcribe los preceptos 450 del CST y 1º del Decreto 2164 de 1959, para aducir que el ad quem se equivocó cuando estimó que «luego de la declaratoria de ilegalidad de la huelga, el procedimiento para determinar el grado de participación de los trabajadores que se quieran despedir por estar involucrados en ella, se sigue “con observancia de los procedimientos establecidos, en reglamentos internos de trabajo, o como en el sub examine, en la Convención Colectiva de Trabajo”» y que era suficiente que, se adelantara el trámite del acuerdo extralegal en los casos de terminaciones con justa causa, es decir que, permitió que, el empleador fuera juez y parte con «la citación a descargos y la celebración de la correspondiente diligencia para escucharlos a fin de que estos expongan o aclararan los hechos que se endilgaban como participantes del cese de actividades » lo que desconoce los lineamientos previstos en la sentencia CC SU036 de 1999,

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Radicación n.° 93375 en el sentido de que debe ser el Ministerio del Trabajo el tercero imparcial y por tanto, quien tras la presentación de la lista con los nombres de las personas que se pretenden despedir la viabilidad de este, sin que el debido proceso que exige el ordenamiento jurídico se pueda dar por satisfecho con la citación a d