CSJ - SL1878-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL1878-2023 Radicación n.° 95507 Acta 23 Bogotá, D. C., diez (10) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MARÍA LUCÍA QUICENO contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el dos (2) de mayo de dos mil veintidós (2022), en el proceso ordinario laboral que instauraron contra la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES.

I. ANTECEDENTES María Lucía Quiceno llamó a juicio a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, para que se declarara que era beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, por el fallecimiento de su hijo José Orlando Rodríguez Quiceno, el 3 de octubre de 1997. En consecuencia, se

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Radicación n.° 95507 condenara a pagar las mesadas correspondientes, junto con los intereses moratorios e indexación de tales rubros, además de lo probado ultra y extra petita y, las costas. Como soporte de sus pretensiones, relató que era madre de José Orlando Rodríguez Quiceno, quien falleció el 3 de octubre de 1997; que siempre compartieron la misma residencia y este veló por su sostenimiento, era soltero, sin descendientes ni compañera permanente, así como dependía económicamente de aquél. Que el 29 de agosto de 2019 pidió

el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente pero la accionada negó la prestación a través de Resolución 277236 de octubre 7 del mismo año, con el argumento de que el causante no reunió los requisitos del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 pues no contaba con las 26 semanas del año anterior a su deceso, «omitiendo 0.87 décimas debidamente reportadas en la historia laboral del mismo, totalizando así 25.87 semanas cotizadas durante el año inmediatamente anterior a su muerte», cuando conforme la jurisprudencia de esta Sala es posible aproximarlas a 26 semanas por falta de tan sólo 0.5 décimas para la unidad siguiente (f.° 1 a 5, del cuaderno digital primera instancia). La llamada a juicio se opuso a las pretensiones. Aceptó la solicitud de la prestación y el contenido de la Resolución 277236 de octubre 07 de 2019. Respecto de los demás dijo no le constaban. En su defensa, expresó que no es cierto que la demandante se encontraba en las circunstancias objetivas de la dependencia económica respeto del de cujus, pues ésta percibía ingresos. Propuso como excepciones las de 2

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Radicación n.° 95507 «inexistencia de reconocer pensión de sobreviviente por no cumplir con los requisitos que exige la ley», buena fe imposibilidad de condena en costas y la genérica (f.° 40 a 47 y 86 a 92, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo del 10 de junio de 2021 (f.° 218 a

221, ib.) resolvió: Primero: Se DECLARA que a la señora María Lucía Quiceno, […] le asiste al reconocimiento y pago de la Pensión de Sobrevivientes causada con ocasión del fallecimiento de su hijo José Orlando Rodríguez Quiceno, […]. Prestación económica que se causó el 3 de octubre de 1997.

Segundo: Se DECLARA probada la Excepción de “Buena Fe” propuesta por Colpensiones. Y las demás excepciones propuestas quedan implícitamente resueltas con lo indicado en la parte motiva.

Tercero: Se CONDENA a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones a pagar a favor de la demandante María Lucía Quiceno, […] la Pensión de Sobrevivientes causada con ocasión del fallecimiento de su hijo José Orlando Rodríguez Quiceno, en cuantía de un (1) salario mínimo mensual legal vigente a partir del 3 de octubre de 1997, en el número de catorce (14) mesadas anuales cuyo retroactivo pensional causado entre el 3 de octubre de 1997 y el 31 de Mayo de 2021, incluyendo las mesadas adicionales correspondientes, asciende a la suma de ciento sesenta y seis millones ochocientos noventa y siete mil ciento sesenta y dos pesos con 00/100 ($166.897.162,oo), suma que junto a las mesadas pensionales que se sigan causando, deberá ser indexada por Colpensiones al momento de realizar el pago de la obligación.

A partir de 1º de junio de 2021 la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones le continuará pagando a la demandante, una mesada pensional de sobrevivientes en cuantía

equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente para cada anualidad, sin perjuicio de los incrementos legales futuros y del pago de las mesadas adicionales correspondientes. 3

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Cuarto: Se AUTORIZA a Colpensiones a que del retroactivo pensional que deba pagar a la demandante en su momento, realice los descuentos legales correspondientes al sistema de seguridad social en salud.

Quinto: Se ABSUELVE a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones de las demás pretensiones de la demanda.

Sexto: Se CONDENA en COSTAS a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones a favor de María Lucía Quiceno, […]. Y se fijan como agencias en derecho, la suma equivalente al 5% del valor de la condena en concreto (negrillas y mayúsculas del texto original).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al conocer la apelación de las partes y en grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones, con decisión del 2 de mayo de 2022 (f.° 5 a 12, cuaderno digital segunda instancia), decidió: PRIMERO: REVOCAR la Sentencia proferida por el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín, el 10 de junio de 2021, dentro del Proceso Ordinario Laboral promovido por la Señora MARÍA LUCÍA QUICENO en contra de COLPENSIONES, en cuanto accedió a las pretensiones de la demanda, para en su

lugar ABSOLVER de las mismas, conforme a lo expuesto en la parte motiva de ésta decisión.

SEGUNDO: Costas Procesales de Primera y de Segunda Instancia a cargo de la parte demandante, vencida en el Proceso y en el Recurso. Liquídense las de primera por la Secretaría del Juzgado de Origen. Las Agencias en Derecho en esta Instancia: 1 SMLMV

(negrillas y mayúsculas del texto original). El juez de apelación delimitó como problema jurídico a establecer, si el hijo fallecido de la demandante dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes; y en caso positivo, 4

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Radicación n.° 95507 si se presentó o no dependencia económica de parte de ésta última respecto del causante al momento de su muerte del mismo, esto es, si demostró en el proceso su calidad de beneficiaria. Mencionó que la disposición que regulaba el sub examine era la que estaba vigente al instante del fallecimiento del afiliado, el 3 de octubre de 1997, que era la Ley 100 de 1993 original, la cual exigía 26 ciclos cotizados al RPMPD en la anualidad previa al deceso. Verificó la calidad de madre del afiliado conforme el registro civil de nacimiento de este último (f.° 10), luego dijo debía analizarse si el de cujus dejó el número mínimo de semanas cotizadas exigido por la ley y si la accionante dependía económicamente de su hijo fallecido. Encontró que, José Orlando Rodríguez Quiceno contribuyó del 1º de mayo de 1995 al 31 agosto de 1997 en

total 59,57 semanas cotizadas, de las cuales «25,87» lo fueron en el año inmediatamente anterior a su fallecimiento ocurrido el 3 se octubre de 1997 (f.° 15), las que debían aproximarse al número entero siguiente, esto es 26, pues en los eventos en que la fracción de semanas de cotización supera el 0.5, por razones de equidad y de justicia, es procedente hacer tal aproximación, conforme lo dispuesto en la sentencia CSJ SL2767-2015 reiterada en las decisiones que identificó como «38617/12, 40463/11, 39196/10, 26728/06 y 18991/02». 5

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Radicación n.° 95507 En virtud de lo anterior, consideró acertada la aproximación que realizó el a quo en 26 semanas, mínimo exigido para dejar causada la prestación reclamada. Se ocupó al requisito de la dependencia económica alegada por la accionante, para lo que recordó que al tenor de lo consagrado en las sentencias CC C111-2006, CC T-1982009, CSJ SL400-2013, CSJ SL816-2013, CSJ SL28002014, CSJ SL3630-2014, CSJ SL6690-2014, CSJ SL66902014 y CSJ SL14923-2014, no podía exigirse que la sujeción financiera total del padre o la madre respecto del descendiente, sino que era preciso analizar las circunstancias particulares del caso con miras a establecer si la ayuda del hijo, aun cuando fuera parcial, era determinante para llevar una vida en condiciones dignas.

Verificó que fueron allegadas al proceso las siguientes pruebas documentales: i) registros civiles de nacimiento y defunción del señor José Orlando Rodríguez Quiceno (f.º 10 y 11); ii) declaración extra juicio rendida por la demandante ante la Notaría Diecinueve del Círculo de Medellín, en la que expuso que siempre convivió con su hijo, compartiendo de manera continua y permanente hasta la fecha de fallecimiento de este último, que estuvo soltero, no procreó descendientes ni los adoptó, le respondía económicamente por ella y demás gastos de la casa y, que la actora no devengaba un salario, subsidio ni pensión (f.º 13); iii) reporte de Colpensiones de las semanas cotizadas por el causante (f.º 16 a 17); iv) Resolución No. 277236 de octubre 07 de 2019, 6

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Radicación n.° 95507 expedida por la accionada en la que le negó la prestación a la actora (f.º 18 a 22).

También de: v) la investigación administrativa adelantada por la sociedad «Cosinte Ltda», en la que aparecía la declaración de la aquí accionante, que determinó los aportes que le hacía el de cujus y cuales necesidades cubría con ellos; se hace alusión a las declaraciones de Rosalba Orozco, quien se dijo allí aseguró conocer a la actora y a su descendiente José Orlando durante 10 años, quienes vivían juntos, dependiendo la primera económicamente del segundo, pero que hacía mucho tiempo la solicitante no vive en el sector; Luz Emil Araque Correa, residente del barrio Robledo de Medellín, expresó que la accionante dependía de

su descendiente José Orlando hasta el día que falleció; y Gloria Cecilia Rendón, manifestó que la madre siempre vivió con su hijo, subordinada en gran parte económicamente de él. Sin embargo en dicha investigación noaparecía la firma de tales testigos (f.º 6 de la Carpeta de la investigación administrativa). Se refirió al interrogatorio de la parte demandante y los testimonios de Luis Alfonso Mejía y Luz María Salgar para considerar que no se acreditó la dependencia económica de la demandante con el descendiente y precisó: Si bien en la investigación administrativa adelantada por la Sociedad “COSINTE LTDA”, la aquí demandante detalló el valor de los aportes realizados por su hijo Orlando de Jesús y los conceptos a los cuales aplicaba tales ayudas, concluyéndose en tal investigación que de acuerdo a la información verificada, cotejo de documentación, entrevistas y trabajo de campo, se logró confirmar que la señora María Lucía Quiceno dependió 7

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Radicación n.° 95507 económicamente de su hijo José Orlando Rodríguez Quiceno, ya que en esa época ella trabajaba de manera informal y era el causante la única persona que cubría las necesidades del hogar; lo cierto es que en primer lugar, en dicha investigación sólo aparece la firma de la aquí demandante, no así la firma de las testigos, sin que tampoco aparezca que a las mismas se les haya preguntado sobre la razón de sus dichos; y en segundo lugar, ello tampoco resultó probado en el proceso, puesto que los testigos traídos por ella -por lo demás, diferentes a los aludidos en la

investigación administrativa antes referidaindicaron que los gastos de la misma y el causante al momento de la muerte de éste, eran asumidos por ambos, sin que quedara establecido en qué proporción lo hacían, a efectos de aclarar si cada uno aportaba lo que correspondía a sus propios gastos, o si en verdad el hijo ayudaba a subvenir los de su madre. Adicional a ello, se trata de testigos de oídas, pues se limitaron a informar que lo que relataron fue en razón a lo que la actora les comentaba, sin indicar que en algún momento hubieran presenciado tales ayudas. Y finalmente, tal como lo resaltó el señor apoderado de la parte demandada en el recurso de apelación, efectivamente la actora en el interrogatorio de parte que rindió en el proceso, expresó que vino a solicitar judicialmente el derecho pensional al cabo de 22 años, por cuanto ya no tiene la misma capacidad de suplir sus propias necesidades y con la finalidad de mejorar la calidad de vida, lo cual genera dudas a esta Sala sobre la realidad de las ayudas que según ella le proporcionaba su hijo al momento de la muerte de éste último.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por María Lucía Quiceno, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende: […] la CASACIÓN TOTAL del fallo recurrido, para que en sede de INSTANCIA se sirva REVOCARLA en cuanto ABSOLVIÓ a la entidad demandada al considerar que la recurrente no probó el elemento de subordinación económica, y se MODIFIQUE, respecto a la no imposición de los intereses moratorios.

Con tal propósito, formula un cargo por la causal 8

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Radicación n.° 95507 primera de casación, el cual fue objeto de réplica por la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la providencia confutada de violar indirectamente en la modalidad de: […] interpretación errónea del art. 47 de Ley 100/93 en su versión original, modificado por el art. 13 de Ley 797 de 2003, al no dar por demostrado, estándolo, que la pensión de sobrevivientes, era agible a derecho al hoy recurrente, y en relación con los artículos 167 (carga de la prueba), 176 (apreciación de la prueba); 191

(requisitos de la confesión), 196 (indivisibilidad de la confesión y divisibilidad de la declaración de parte; 243 (distintas clase de documentos); 244 (documento auténtico); 262 del C.G.P, (documentos declarativos emanados de terceros); artículos 61 del C.P.TSS; 29 (debido proceso); 48 (seguridad social) de la C.N. Como errores de hecho, señala:

1-. DAR POR DEMOSTRADO, SIN ESTARLO, QUE LA

RECURRENTE NO DEPENDÍA ECONÓMICAMENTE DE SU HIJO

FALLECIDO, CUANDO LA PRUEBA REVELA

INEQUIVOCAMENTE LA SUBORDINACIÓN ECONÓMICA.

2-. DAR POR DEMOSTRADO, SIN ESTARLO QUE LA

RECURRENTE PERCIBÍA UN INGRESO PERMANENTE QUE LA TORNABA AUTOSUFICIENTE FRENTE AL APORTE ECONÓMICO QUE EN VIDA LE HACÍA SU HIJO, CUANDO SU TRABAJO ERA

INFORMAL Y CON SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD.

3-. NO DAR POR DEMOSTRADO, ESTÁNDOLO QUE LOS

INGRESOS DE LA DEMANDANTE COMO TRABAJADORA

INFORMAL ERA VARIABLES.

4.- NO DAR POR DEMOSTRADO QUE LOS INGRESOS

VARIABLES Y NO PERMANENTES DE LA RECURRENTE

PRODUCTO DE SU TRABAJO INFORMAL (VENTA DE

REVISTAS), NO LE PERMITÍAN TENER UNA VIDA EN

CONDICIONES DIGNAS Y POR ELLO EL APORTE DE SU HIJO

FALLECIDO ERA SUSTANCIAL.

5. DAR POR DEMOSTRADO SIN ESTARLO QUE LA

RECURRENTE NO DEPENDIÓ DE SU HIJO FALLECIDO POR EL

HECHO QUE EN EL INTERROGATORIO DE PARTE

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MANIFESTARA QUE DEMANDÓ DESPUÉS DE 22 AÑOS YA QUE

SU SITUACIÓN ECONÓMICA VARIÓ.

6. NO DAR POR DEMOSTRADO, ESTÁNDOLO QUE

COLPENSIONES AL NEGAR EL DERECHO A LA PENSIÓN DE

SOBREVIVIENTE LO HIZO FUE PORQUE EL AFILIADO

FALLECIDO NO DEJÓ CAUSADO EL DERECHO; NO POR NO

ACREDITARSE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA.

7. NO DAR POR DEMOSTRADO, ESTANDOLO, QUE LA CAUSA

PETENDI DEL ESCRITO INAUGURAL Y LA MISMA

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, SE SOPORTÓ EN LA RAZÓN

QUE TUVO COLPENSIONES PARA NEGAR EL DERECHO, QUE

NO FUE OTRO LA CARENCIA DEL RECORD DE SEMANAS (26)

EXIGIDOS POR LA VERSIÓN ORIGINARIA DEL ART. 46 DE LA

LEY 100 DE 1993, NO LA SUBORDINACIÓN ECONÓMICA

(mayúsculas del original). Enlistó como pruebas mal apreciadas: el interrogatorio de parte que absolvió, la investigación administrativa de la sociedad «cosinte ltda», la demanda y su contestación. Y como no valoradas la Certificación No. 052702020 expedida por la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de Colpensiones. Respecto de la Resolución n.° 277236 del 7 de octubre de 2019 la denunció en las dos modalidades enunciadas. Aclara que para fines de la acusación, no se cuestiona que el descendiente dejó causada la pensión de sobrevivientes. Explica que los anteriores yerros se cometieron por la falta de valoración de la Resolución n.° 277236 de 7 de octubre de 2019 a través de la cual Colpensiones negó la pensión de sobrevivientes que pidió pero reconoció su calidad de beneficiaria de aquella cuando dispuso: «Finalmente se le hace saber a la peticionaria que puede solicitar la 10

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Radicación n.° 95507 indemnización sustitutiva de sobrevivientes conforme al artículo 49 de la Ley 100 de 1993», norma que reprodujo, que no solicitó, porque decidió acudir a la jurisdicción para el pago de su prestación, cimentó su dicho en lo considerado en la sentencia CSJ SL772-2022. Además, en dicho acto administrativo no controvirtió «el elemento de subordinación

económica, se insiste no controvertido» por la accionada. Luego de realizar precisiones respecto de la dependencia económica, reproducir la declaración de parte y la sentencia CC C111-2006, que declaró inexequible apartes del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 793 de 2003, sostiene que no se configuró confesión en el interrogatorio porque sus afirmaciones no comportan hechos que la perjudiquen pues: […] el hecho de reclamar la pensión luego de varios años por su eventual variación del status social o económico, no es un requisito de ley para su reclamación y reconocimiento. En puridad de verdad el giro gramatical o semántico de sus palabras, no acusan un perjuicio en su contra, simplemente es producto de una manifestación espontánea que revela el desconocimiento que tenía del derecho en ciernes. Indica que el ad quem presenta error en la valoración de dicha prueba, porque le dio una «interpretación gramatical que no consulta el sentido natural y obvio de sus palabras, expresiones, frases que forman la oración y dan significado a su respuesta» y revela la subordinación económica alegada, la que acompañan las afirmaciones de los testigos escuchados en el proceso. 11

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Radicación n.° 95507 Aclara que la declaración extrajuicio allegada al trámite que «inquietó» al Tribunal, no revela contradicción con lo manifestado en su interrogatorio de parte, pues el hecho que en la primera se afirma no percibía salario y en la segunda sí, no genera duda o contradicción insalvable, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido de la muerte del causante y

cuando fueron generadas las pruebas referidas, donde explicó que los ingresos eran del salario mínimo por su labor como vendedora de revistas, lo que en modo alguno desmiente la subordinación económica deprecada, toda vez que no debe ser total y absoluta, los que además no eran consistentes y permanentes y, en virtud de aquello, no le permitían garantizar el mínimo vital cualitativo. Respecto de la investigación administrativa que adelantó la sociedad «Consitnte Ltda» asegura que fue suscrita por el responsable de quien la realizó, contrariando lo establecido en los artículos 244 y 262 del CGP, además de haber sido tenida en cuenta para la expedición de la Resolución n.° SUB 277236 de 2019, la que demuestra dependencia económica con el de cujus. Se ocupa de la demanda para resaltar que en ella se precisó que por ser beneficiaria de la indemnización sustitutiva, lo es también para acceder a la pensión de sobrevivientes reclamada, como lo estableció el acto administrativo expedido por la accionada, criterio que acompaña esta Sala, transcribe apartes de la sentencia CSJ SL772-2022, situación reconocida en la contestación de la misma cuando en las razones de derecho afirmó: 12

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Radicación n.° 95507 En el presente proceso se logra avizorar que el señor ORLANDO RODRÍGUEZ QUICENO, tanto en su historia laboral y soportada esto con las resoluciones SUB 277236 de octubre 07 de 2019, no deja acreditados las semanas mínimas requeridas para dejar causado el derecho a la pensión de sobreviviente a su madre, la

señora MARÍA LUCÍA QUICENO.

Reitera que la calidad de beneficiaria de la prestación fue reconocida por la accionada mediante la Resolución n.° SUB 277236 de 7 de octubre de 2019, por lo que el Tribunal debió haber analizado únicamente, si el causante había dejado o no las semanas suficientes para el nacimiento de la pensión de sobrevivientes y no en la dependencia económica, máxime cuando no existe ningún tercero alegando un mejor derecho. Añadió que dicho entendimiento se acompasa a lo que se observa en el certificado de no conciliación de Colpensiones que indica: En el presente proceso se logra avizorar que el señor JOSÉ ORLANDO RODRÍGUEZ QUICENO tanto en su historia laboral y soportado esto con las resoluciones SUB 277236 de octubre 07 de 2019, no deja acreditados las semanas mínimas requeridas para dejar causado el derecho a la pensión de sobreviviente a su cónyuge la señora LILIA DEL SOCORRO ISAZA (sic). Luego de referirse a las declaraciones de Luis Alfonso Mejía y Luz María Salgar, coligió que no pueden catalogarse de testigos de oídas, pues fueron vecinos para al momento en que falleció el descendiente, además de ser coherentes y espontáneos cuando afirmaron que sabían del aporte sustancial que le hacía en vida el causante, incluso le llegaron a prestar dinero como lo señala el segundo enunciado. Razona que el Tribunal de no haber incurrido en los errores enunciados, habría confirmado parcialmente la 13

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Radicación n.° 95507 sentencia de primer grado, en cuanto al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a su favor, y modificarla, en cuanto a la no imposición de los intereses moratorios, los que fueron objeto del recurso vertical (f.º 5 a 30, cuaderno digital de la Corte).

VII. RÉPLICA Colpensiones afirma que el juez de alzada obró atendiendo lo establecido en la jurisprudencia de esta Sala, así como lo acreditado en las pruebas allegadas al proceso que no pudieron demostrar la subordinación alegada por la recurrente con el afiliado, al tenor de lo dispuesto en el artículo 61 del CPTSS, máxime cuando no se acreditó cómo las condiciones de vida que mantenía la reclamante variaron al momento del deceso de su descendiente y «sobrevivió sin el reconocimiento de la mesada y las supuestas ayudas que este le prohijaba durante 22 años».

Solicita no sea casada la sentencia impugnada, ya que goza de una presunción de acierto y legalidad que no logró derrumbar la censora en los términos advertidos en precedencia (f.° 1 a 4, del cuaderno digital del recurso extraordinario de casación denominado «oposición Colpensiones»).

VIII. CONSIDERACIONES Inicia la Sala por advertir que a pesar del rigor propio de la casación, en casos puntuales como el presente, donde se

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Radicación n.° 95507 invoca el derecho fundamental a la seguridad social, en conexión con las normas sustanciales referidas, esta

Corporación ha flexibilizado la técnica del recurso extraordinario. Sobre el particular, en sentencia CSJ SL911-2016, se consideró que: El recurso extraordinario de casación ha mantenido su vigencia en el ordenamiento por su evidente utilidad en la unificación en el alcance de las normas jurídicas, y con él se corrigen los eventuales desafueros en la valoración probatoria. La Corte en el desarrollo histórico que le precede a dicho instrumento, le ha venido otorgando un verdadero espacio que ha permitido adecuarse a cada uno de los estadios del Derecho, pues ha sido necesario sintonizarlo, no solo desde la ley, sino desde la jurisprudencia, consiguiendo la superación de conceptos como el de la proposición jurídica completa y la posibilidad de la integración de las acusaciones, además de escollos como las deficiencias en el alcance de la impugnación de la demanda, entre otros, bajo el derrotero de que es viable que en algunos eventos pueda entenderse el querer del recurrente, eliminando el exceso de ritual manifiesto. En amparo de lo expuesto, esta Sala procederá al estudio del cargo advirtiendo que el objeto fundamental del debate, tal y como lo identificó la replicante, sí es una discusión estrictamente fáctica excluyendo tanto los aspectos jurídicos como procesales enunciados por la recurrente. Ello por cuanto las deficiencias argumentativas no comprometen el estudio de la acusación, ya que la Corte ha salvado la «desarmonía entre la naturaleza de los argumentos planteados y la vía a través de la cual se cuestiona la legalidad del fallo», analizando el cargo de acuerdo a su crítica esencial,

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Radicación n.° 95507 excluyendo del control de legalidad los razonamientos que no son acordes con el sendero escogido (CSJ SL3155-2022). Así, se plantea por la Corte para su estudio como problema jurídico: determinar si erró el Tribunal al revocar la sentencia de primer grado, por no encontrar acreditada la dependencia económica de la recurrente, respecto de su hijo fallecido. Sobre los siguientes supuestos, no existe discusión por encontrarse probado: i) que María Lucía Quiceno es la madre de José Orlando Rodríguez Quiceno, ii) que éste falleció el 3 de octubre de 1997. Los argumentos expuestos por el ad quem para revocar la decisión de primer grado fue que la recurrente no acreditó la dependencia económica de su hijo fallecido porque: i) en la investigación administrativa adelantada por la sociedad Cosinte Ltda., aparece suscrita por la actora pero no de los declarantes además, tampoco se observó que a las mismas se les haya preguntado sobre la razón de sus dichos; ii) los testigos afirmaron que los gastos de la accionante eran sufragados tanto por aquella como por el causante, sin que se estableciera en qué proporción lo hacían, además de ser de oídas, pues «se limitaron a informar que lo que relataron fue en razón a lo que la actora les comentaba, sin indicar que en algún momento hubieran presenciado tales ayudas»; iii) del interrogatorio de parte evidenció que solicitó judicialmente el derecho pensional luego de 22 años, por cuanto ya no tiene la misma capacidad de suplir sus propias necesidades y con

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Radicación n.° 95507 la finalidad de mejorar la calidad de vida, «lo cual genera dudas a esta Sala sobre la realidad de las ayudas que según ella le proporcionaba su hijo al momento de la muerte de éste último». La Sala encuentra necesario recordar que si bien debe existir una relación de sujeción de los padres en relación con la ayuda pecuniaria del hijo, cuando se esté evaluando la dependencia económica, tal situación no excluye que los progenitores reclamantes puedan percibir rentas o ingresos adicionales, siempre que éstos no sean suficientes para garantizar su independencia económica, es decir, que esas rentas no alcancen a cubrir los costos de su propia vida (CSJ

SL400-2013, CSJ SL816-2013, CSJ SL2800-2014, CSJ

SL3630-2014, CSJ SL6690-2014, CSJ SL14923-2014 y CSJ

SL965-2023). Sobre el punto, esto es, cuando el o los padres del fallecido perciban una pensión, recibir una renta o ser propietario de un bien inmueble, esta Corporación ha explicado que dicha situación tampoco los convierte a priori, en autosuficientes para efectos de determinar la dependencia económica. Se insiste en que, habrá de valorarse cada caso en particular para establecer si aun percibiendo el beneficio pensional, el padre o la madre del causante se encontraba subordinado a la ayuda que recibía de su hijo o hija para su subsistencia (CSJ SL2800-2014, CSJ SL3137-2021 y CSJ SL965-2023).

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Radicación n.° 95507 Del mismo modo, ha estimado la jurisprudencia del trabajo que la carga de la prueba de la subordinación económica corresponde a los padres-demandantes y, al demandado, le asiste el deber de desvirtuar esa sujeción material mediante el aporte de los medios de convicción que acrediten la autosuficiencia económica de los padres para solventar sus necesidades básicas (CSJ SL, 24 noviembre 2009, radicado 36026 y CSJ SL964-2023). Es de resaltar, que la dependencia económica como elemento que define el derecho reclamado por los padres de un afilado fallecido, debe ser aplicada desde una dimensión amplia y no restringida, analizando el aporte brindado por el causante para mantener un nivel de vida, o una vida en condiciones dignas. Con este horizonte se pasará a examinar, el primero de los elementos de convicción denunciados, esto es con el interrogatorio de parte de la accionante, acusado como erróneamente apreciado, el cual si bien en principio no constituye prueba calificada per se, adquiere esta connotación, cuando de éste se deriva confesión (CSJ SL1233-2023), aspecto que se controvierte en esta etapa, dado que el ad quem infirió tal consecuencia del mismo. Fijado lo anterior, a fin de examinar lo dicho por la actora, para mayor claridad se transcribe, el contenido de este de la siguiente manera: 18

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Radicación n.° 95507 PREGUNTA No.14. En la demanda se menciona que el señor José

Orlando se encargaba de unos gastos, ¿nos puede decir cuales eran esos gastos?

CONTESTÓ: Específicamente nosotros aportábamos igual para el arriendo, no decía él se encarga de esto sino se compraba se pagaba el arriendo, igual se pagaba los gastos cuando íbamos a mercar igual. Solamente cuando eso yo tenía a mi mamá a cargo y entonces esos gasticos extras que yo le quería dar a mi mamá las daba yo, pero de resto era porque se ganaba un mínimo y había que pagar el arriendo y todo y entonces era entre los dos cuando yo podía ayudarle y estaba trabajando.

PREGUNTA No.15. ¿Desde octubre de 1997 hasta la fecha como ha hecho para proveerse económicamente y tener lo necesario para vivir?

CONTESTÓ: Hasta que pude trabajar me defendía porque yo vendía cosas de revistas, por eso fue que me toco venirme para Amagá porque no podía cubrir mis gastos y los del arriendo, y entonces me vine para acá para donde un familiar.

PREGUNTA No.16. Si su hijo José Orlando falleció e