CSJ - SL1886-2022

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Magistrado ponente SL1886-2022 Radicación n.° 75938 Acta 017 Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidós (2022). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MARCELA GONZÁLEZ ALFONSO, contra la sentencia proferida el 24 de mayo de 2016 por la Sala Laboral de Oralidad del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso que le sigue a la SOCIEDAD

FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

(FIDUAGRARIA S.A.), en calidad de administradora del

PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DEL

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (ISS).

I. ANTECEDENTES Marcela González Alfonso demandó a Fiduagraria S.A. para procurar que se declare la existencia de un contrato de trabajo con el Instituto de Seguros Sociales, del 3 de marzo de 2008 al 30 de junio de 2012, y de manera subsidiaria, que

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Radicación n.° 75938 el extremo inicial sea «el que se pruebe en el proceso». En consecuencia, que se condene al pago de cesantías y la indemnización moratoria por el no pago de las mismas, vacaciones legales y extralegales; primas de navidad, técnica para profesional no médico, y extralegal de servicios, intereses de cesantías, devolución de aportes a la seguridad social integral, nivelación salarial con los profesionales universitarios grado 27, y la indexación. En sustento de sus pretensiones afirmó que estuvo

vinculada al ISS del 3 de marzo de 2008 al 30 de junio de 2012 por medio de sucesivos contratos de prestación de servicios, «cumpliendo funciones propias de una Profesional Universitaria (Licenciada en Química), en el Departamento de Historia Laboral y Nómina de pensionados», cargo que también existía en la planta de personal; que las labores las realizaba en forma permanente, y bajo continua subordinación, ya que recibía órdenes de los superiores, cumplía horarios, y realizaba las labores con los elementos suministrados por el ISS; que el último salario devengado fue de $1.842.345, suma inferior a la que recibían quienes figuraban con el mismo cargo en la planta; que la accionada nunca pagó las prestaciones sociales. El ISS en liquidación, al contestar la demanda, se opuso a las pretensiones, argumentando que no se configuraron los elementos de una relación laboral. En cuanto a los hechos, dijo que no le constaban, o que no eran ciertos. Presentó las excepciones de fondo de prescripción, inexistencia de la aplicación de la primacía de la realidad,

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Radicación n.° 75938 autonomía de profesión u oficio, inexistencia del derecho y de la obligación, pago, ausencia del vínculo de carácter laboral, cobro de lo no debido, «relación contractual con la parte actora no era de naturaleza laboral», compensación, buena fe, inexistencia del contrato de trabajo, y no agotamiento en debida forma de la reclamación administrativa.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Bogotá,

mediante sentencia del 13 de abril de 2016, decidió: PRIMERO: DECLARAR que entre el ISS ya hoy liquidado y la demandante MARCELA GONZÁLEZ ALFONSO existió un contrato de trabajo en virtud del principio de la primacía de la realidad, por el periodo comprendido entre el 3 de marzo de 2008 al 30 de junio de 2012, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la FIDUAGRARIA S.A. en calidad de vocera y administradora del PAR ISS LIQUIDADO a reconocer y pagar a favor de la demandante MARCELA GONZÁLEZ ALFONSO

los siguientes conceptos:

Cesantías: $6.920.810,83

Intereses sobre las cesantías (art. 62 CCT): $459.652,40

Vacaciones: $2.138.216,78

Prima de servicios (art. 50 CCT): $4.886.560,38

Indemnización moratoria: $50.848.722,00

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones invocadas en la demanda, conforme a la parte motiva.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral de Oralidad del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá resolvió el recurso de apelación presentado por las partes, y el grado jurisdiccional de consulta surtido en favor de la demandada, y a través de

proveído del 24 de mayo de 2016, resolvió:

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Radicación n.° 75938

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 13 de abril de 2016, proferida por el Juzgado 22 Laboral del

Circuito de Bogotá por las razones expuestas y en consecuencia se DECLARAR (sic) que entre el ISS hoy liquidado y la demandante MARCELA GONZÁLEZ ALFONSO existió un contrato de trabajo por el periodo comprendido entre el 3 de marzo de 2008 y el 30 de noviembre de 2008, de conformidad con lo expuesto.

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de prescripción por las razones expuestas.

TERCERO: ABSOLVER a la demandada de todas y cada una de las súplicas formuladas por la señora MARCELA GONZÁLEZ ALFONSO relacionadas con las pretensiones condenatorias, por las razones expuestas.

Para soportar su decisión, y en orden a definir la naturaleza de la relación, acudió al artículo 1° del Decreto 416 de 1997, que en su literal a), numeral 13 dispone que los servidores profesionales y secretarías ejecutivas del Instituto, de los despachos del presidente, secretario general o seccional, vicepresidente, gerente, y director, corresponden a la clasificación de empleados públicos. Adujo que del material probatorio se desprendía que la actora, cuando tuvo su vinculación inicial al ISS (con extremos temporales del 3 de marzo al 30 de noviembre de 2008), cursaba el pregrado de Licenciatura Química, razón por la cual ese contrato tenía una diferenciación en referencia a los demás, en la casilla del objeto, donde se señaló que era de prestación de servicios, «y en las posteriores, se deja la anotación licenciada química, situación que obedeció a que la actora obtuvo el título profesional el

31/10/2008»; de ahí que, entre el 1° de diciembre de 2008 y el 30 de junio de 2012, «la gestora suscribió los diferentes contratos de prestación de servicios como profesional en licenciatura química».

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Radicación n.° 75938 Recordó que la contratación se dio para «coadyuvar, colaborar y brindar información requerida y necesaria a la vicepresidencia de pensiones, gerencia seccional, área de pensiones», y que al revisar las normas que regulan a los servidores del ISS, en especial el Decreto 416 de 1997, se desprendía que el cargo de la demandante, entre el 1° de diciembre de 2008 y el 30 de junio de 2012, era de aquellos desempeñados por empleados públicos, en atención a lo dispuesto en el numeral 13 de la citada norma, «condiciones que se acreditan en este caso, pues la demandante, de un lado, era licenciada en química, es decir, era profesional, y de otro, prestaba sus servicios a la vicepresidencia de pensiones, gerencia seccional, área de pensiones», y por lo tanto, sobre ese periodo, la discusión debía surtirse en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Después, puntualizó que frente al tiempo comprendido entre el 3 de marzo y el 30 de noviembre de 2008, sí ostentó la calidad de trabajadora oficial, pues al no acreditar el título de licenciada química, se encontraba dentro del grupo previsto en el literal b), del artículo 1 del Decreto 416 de 1997

y Acuerdo 145 del mismo año, por lo que se habilitaba el estudio de las pruebas allegadas para verificar si la relación era de carácter laboral o de prestación de servicios. Resaltó que las funciones asignadas correspondían a «controlar la entrada y salida de expedientes, cargar y descargar expediente en el sistema, adjuntar y foliar los documentos, efectuar búsqueda de expedientes y/o copia de los mínimos, verificación y archivo de expedientes, entre otros», lo que fue corroborado con las declaraciones rendidas

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Radicación n.° 75938 por Gladys Sotelo, y Marcela Moreno López, testigos que fueron compañeras de trabajo de la actora, quienes también señalaron que la accionante tenía jefe inmediato, recibía órdenes, debía cumplir horarios, realizaba las funciones en las instalaciones de la entidad y con los elementos suministrados por esta, situaciones que acreditaban los elementos constitutivos del contrato de trabajo. Por último, declaró probada la prescripción, pues el extremo final del periodo que era posible estudiar por la jurisdicción ordinaria laboral era el 31 de noviembre de 2008, y la reclamación administrativa fue presentada el 26 de febrero de 2013, es decir, más de 3 años después.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case parcialmente la sentencia recurrida, «en cuanto MODIFICÓ los extremos de la relación laboral […] y en cuanto absolvió de la totalidad de las

pretensiones de la demanda», para que, en sede de instancia: CONFIRME el fallo de primer grado en cuanto reconoció la existencia de un contrato de trabajo por el lapso comprendido entre el 3 de marzo de 2008 y el 30 de junio de 2012. MODIFIQUE la condena impuesta por indemnización moratoria, para que la otorgue hasta la fecha en que efectivamente le sean pagadas a la demandante las prestaciones sociales reconocidas. REVOQUE la absolución por primas de navidad de orden legal. REVOQUE la absolución por reconocimiento de los valores pagados por la demandante al sistema de seguridad social, en la

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Radicación n.° 75938 cuota parte que le correspondía asumir a la entidad demandada como verdadera empleadora. Con tal propósito formula cuatro cargos, por la causal primera de casación, replicados oportunamente por la pasiva, que se resuelven conjuntamente por acusar similar elenco normativo, y perseguir el mismo fin.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la providencia del ad quem, por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del artículo 1° del Acuerdo 145 de 1997, aprobado por el Decreto 416 de ese mismo año, en relación con los siguientes preceptos: 1, 5, 11, 12, y 17 de la Ley 6ª de 1945; 1, 2, 3, 11, 12, 13, 19, 37, 40, 47, 50 y 51 del Decreto 2127 de 1945; 1 del Decreto 797 de 1947; 11 de la Ley 4ª de 1966; 5 y 8 del Decreto 3135 de

1968; 5 y 40 del Decreto 1045 de 1978; 3, 467, 468, y 469 CST; y 38 del Decreto 2351 de 1965. Precisa que el Tribunal no tuvo en cuenta que la primera de las normas enlistadas hace referencia a los servidores profesionales de los despachos del presidente, secretario general o seccional, vicepresidente, gerente, y director, «sin que se extienda a todos los profesionales de las dependencias correspondientes». Y explica: No es lo mismo desempeñarse como profesional en el despacho del Vicepresidente de la entidad, que como profesional de una dependencia de la Vicepresidencia del Instituto, y precisamente el Tribunal confunde esas dos situaciones. La norma referida, al regular un supuesto de excepción (cargos a desempeñar por empleados públicos) debe aplicarse únicamente a los casos que taxativamente ella relaciona. Ello significa que la alusión normativa a «servidores profesionales de los despachos» no puede comprender a un servidor profesional de cualquiera

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Radicación n.° 75938 área de las dependencias respectivas, sino exclusivamente a los adscritos a los despachos del presidente, Secretario General o Seccional, Vicepresidente, Gerente y Director

VII. CARGO SEGUNDO Acusa el mismo elenco normativo que en el cargo anterior, por la senda de puro derecho, pero en la modalidad de aplicación indebida. Para demostrarlo, también expone idénticos argumentos.

VIII. CARGO TERCERO Lo acusa igual que el primero, pero agrega los artículos 5 del Decreto 3135 de 1968 y, 3, 4, y 5 del Decreto 1848 de

1969. Básicamente, llega a las mismas conclusiones que en los cargos anteriores, y añade que las relaciones legales y reglamentarias son una forma excepcional de vinculación de los servidores de las empresas industriales y comerciales del Estado, tal como se desprende de los artículos citados en el párrafo anterior, los cuales corresponden a quienes desempeñan funciones de dirección y confianza, que estatutariamente se hubiesen establecido. Aduce que la jurisprudencia y la doctrina han explicado que para la clasificación de un servidor público como trabajador oficial o empleado público se deben consultar dos criterios (el orgánico y el funcional), que atienden en su orden a la naturaleza jurídica de la entidad pública y a las funciones inherentes al cargo. Cita las sentencias CSJ SL, 19 jul. 2011, rad. 41337, y SL, 12 jun. 2012, rad. 38601, y

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Radicación n.° 75938 concluye que la transgresión normativa denunciada se produjo cuando el Tribunal concluyó que ella era empleada pública, apoyado exclusivamente en el cargo que desempeñó como profesional adscrita a la Vicepresidencia de Pensiones, sin advertir que las funciones de ese cargo no están descritas en el Acuerdo 145 de 1997, aprobado por el Decreto 416 del mismo año, así como tampoco en los estatutos de la entidad. Por lo tanto, se le debió reconocer su calidad de trabajadora oficial, que es la regla general para quienes laboran en este tipo de entidades públicas.

IX. CARGO CUARTO Lo presenta igual que el anterior, pero incluye en la

proposición jurídica el artículo 275 de la Ley 100 de 1993, y para su demostración, acude también a idénticos argumentos.

X. RÉPLICA La demandada expresa que los cargos contienen deficiencias técnicas, ya que, se plantea la interpretación errónea o la aplicación indebida de un elenco normativo, pero en la demostración, no se explica en qué forma ocurren esas violaciones.

Estima que existe una imprecisión en el argumento de la casación, en la medida que desconoce que la norma reconoce como empleados públicos a quienes prestaron sus servicios a las vicepresidencias y gerencias nacionales del ISS, como lo acepta la censura, pero pretendiendo hacer una distinción que no fue realizada por el legislador,

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Radicación n.° 75938 desconociendo así los principios de interpretación normativa de los artículos 27, 28 y 31 del CC. Argumenta que el recurso de casación contraría la decisión del Consejo de Estado del 28 de octubre de 1999, expediente 15954, sobre la legalidad de la clasificación de los servidores públicos en el ISS, por lo que considera que las objeciones del recurrente ya han sido resueltas por la mencionada corporación.

XI. CONSIDERACIONES Los reproches de orden técnico formulados por la opositora, relativos a que la acusación resultaba ininteligible al no describir en qué forma se incurrió en la violación directa de las disposiciones acusadas, no se ajusta a la realidad, porque la recurrente expuso con claridad los argumentos que consideró suficientes para desestimar las conclusiones del

Tribunal. Dicho esto, el problema jurídico planteado a la corporación consiste en dilucidar si acertó el juez de alzada al concluir que la demandante ostentaba la calidad de empleada pública, por el hecho de ser profesional y prestar sus servicios a la vicepresidencia de pensiones, gerencia seccional, o si, por el contrario, era necesario verificar las funciones cumplidas para poder llegar a esa conclusión. Para resolver, recuerda la Sala que el artículo 1.º del Decreto 416 de 1997 incluyó como empleados públicos a los profesionales, así:

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Radicación n.° 75938 Artículo 1°. Los servidores del Instituto de Seguros Sociales se clasifican en empleados públicos y trabajadores oficiales. a) Son Empleados Públicos, las personas que ocupan los siguientes cargos en la planta de personal del ISS: […]

13. Los Servidores Profesionales y Secretarias Ejecutivas del Instituto de los despachos del Presidente, Secretario General o

Seccional, Vicepresidente, Gerente y Director […]. La vigencia de la mencionada distinción se justificó en la sentencia CE SS, 28 oct. 1999, rad. 1999-15954-01, porque: Los Servidores Profesionales y Secretarias Ejecutivas del Instituto de los Despachos del Presidente, Secretario General o Seccional, Vicepresidente, Gerente y Director, forman parte de los niveles profesional y administrativo, respectivamente, desempeñan funciones que de un lado implican el ejercicio de actividades que requieren del manejo de determinadas profesiones y, de otro desarrollan labores complementarias de las

tareas propias de los niveles superiores, amén de la supervisión de un pequeño grupo de trabajo, pues, obsérvese que están adscritos a los cargos de mayor categoría dentro de la Institución, dependen indubitablemente de ellos, necesitan ejecutar sus labores en perfecta armonía, ceñirse de manera inmediata a las órdenes de los superiores quienes deben tener plena seguridad en los mismos, por lo que se infiere que deben corresponder al grupo de empleados públicos. En adición, de acuerdo con lo señalado por esta Corte, para que se pueda concebir la calidad de empleados públicos de los servidores profesionales del ISS, es necesario que el cargo que desempeñen se encuentre «adscrito a los despachos del Presidente, Secretario General o Seccional, Vicepresidente, Gerente y Director del ISS, presten sus servicios en forma directa a los titulares de dichos despachos y que sus actividades estén inmersas en las excepciones previstas en el inciso 2º, artículo 5º del artículo 3135 de 1968»

(CSJ SL4345-2020, CSJ SL2264-2021).

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Radicación n.° 75938 La diferencia se justifica porque al pertenecer a los niveles directivo y asesor de la entidad, el servidor tiene entre sus funciones la adopción de directrices generales, de manera que para su desempeño exigen una especial confianza. Por oposición a lo anterior, los profesionales adscritos a otros niveles no pueden incluirse dentro del catálogo de actividades exceptuadas del régimen de los trabajadores oficiales (CSJ SL4345-2020, SL5545-2019,

SL2584-2019 y SL2264-2021).

Se sigue de lo expuesto que, atendiendo a la naturaleza de empresa industrial y comercial del ISS, los criterios predominantes para distinguir entre empleados públicos y trabajadores oficiales son, el orgánico como regla general, mientras que el criterio funcional es determinante a la hora de examinar «elementos relacionados con el tipo de actividad que se debía cumplir en cada caso». De esta forma tendrán la calidad de empleados públicos quienes ejerzan funciones que impliquen decisiones u orientaciones generales. Dicho lo anterior, encuentra la Corte que el juez de apelaciones cometió el error jurídico endilgado, ya que desconoció que los estatutos de las empresas industriales y comerciales del Estado, «[…] precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos» (artículo 5º Decreto 3135 de 1968 inciso 2º). En efecto, de esa previsión se desprende que no todos los trabajadores del ISS estaban catalogados como trabajadores oficiales y, en ese sentido, el ad quem debió detenerse en auscultar las funciones

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Radicación n.° 75938 ejecutadas por la accionante, para determinar la naturaleza jurídica del empleo (criterio funcional). Y es que el artículo 5.º del Decreto 3135 de 1968 debe ser leído junto con el Decreto 416 de 1997, en concordancia con el Acuerdo 76 del 27 de diciembre de 1994 aprobado por el Decreto 337 del 20 de febrero de 1995 -vigente hasta la expedición del Decreto 2012 de 2012-, que modificó la

estructura anterior del ISS y adoptó otra nueva a nivel nacional, seccional, zonal y local. Este último, en lo que concierne al tema en estudio, consagró: Artículo 1°. El artículo 1° del Acuerdo número 62 de 1994 quedará así: Conformación. La estructura interna del Instituto de Seguros Sociales se configura por unidades estratégicas de negocios, con base en niveles de Operación Nacional, Seccional, Zonal y Local, orientada a la satisfacción del cliente y al funcionamiento descentralizado de sus unidades operativas. […] Artículo 3°. El artículo 5° del Acuerdo 62 de 1994 quedará así: Estructura específica de los niveles. La estructura específica de las distintas dependencias y unidades organizacionales del Instituto de Seguros Sociales en sus Niveles Nacional, Seccional, Zonal y Local, se determina con base en las siguientes reglas: En la estructura interna del Nivel Nacional, las unidades o dependencias del nivel directivo se denominan Presidencia, Secretaría General, Vicepresidencias y Gerencias. Las de Asesoría se denominan Direcciones y Unidades. Las ejecutivas son Departamentos, Coordinaciones y Secciones. Artículo 4°. El artículo 7°del Acuerdo 62 de 1994 quedará así: Estructura Interna. El Instituto de Seguros Sociales en sus Niveles Nacional, Seccional y Zonal, tendrá la siguiente estructura interna:

NIVEL NACIONAL

1. Consejo Directivo

1.1 Revisoría Fiscal

2. Presidencia

2.1 Dirección Jurídica Nacional

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Radicación n.° 75938 En suma, el error de juicio del ad quem consistió, a no

dudarlo, en considerar que era suficiente con que la demandante fuera profesional e hiciera parte de una vicepresidencia o de una gerencia, para atribuirle la calidad de empleada pública, siendo que necesariamente debía ocuparse de verificar si las funciones desplegadas por aquella realmente encuadraban dentro de las que deben ser realizadas por empleados públicos. Por todo lo anterior, los cargos están llamados a prosperar. Sin costas en casación, por haber salido avante el recurso extraordinario.

XII. SENTENCIA DE INSTANCIA En sede de instancia, la Corte abordará cada uno de los puntos de apelación propuestos por las partes, además del grado jurisdiccional de consulta surtido en favor de la accionada, iniciando por el propuesto por esta última.

1. Recurso y consulta en favor de la accionada 1.1 De la existencia de la relación laboral subordinada El juez de primer grado concluyó que entre las partes existió una relación laboral del 3 de marzo de 2008 al 30 de junio de 2012, y bajo esta delimitación temporal, la Sala procederá a verificar los elementos del contrato de trabajo

(art. 2 D. 2127/45), para lo cual es pertinente destacar que, a folios 7 a 17, se constata que entre las partes se

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Radicación n.° 75938 suscribieron los siguientes contratos de prestación de servicios: n.° de contrato Inicio finalización 5000000687 25 feb. 2008 30 nov. 2008 6000101821 1 dic. 2008 28 feb. 2009 5000012157 2 mar. 2009 31 may. 2009

5000014243 1 jun. 2009 31 ag. 2009 Adición 5000014243 1 sep. 2009 15 oct. 2009 5000016800 16 oct. 2009 30 abr. 2010 Adición 5000016800 1 may. 2010 30 jun. 2010 5000017880 1 jul. 2010 30 nov. 2010 5000021451 1 dic. 2010 31 mar. 2011 5000023133 1 abr. 2011 31 oct. 2011 5000025261 1 nov. 2011 30 jun. 2012 Lo anterior hace que se presuma el contrato de trabajo por virtud del artículo 20 del citado Decreto 2127 de 1945, pues se demuestra que la actora prestó sus servicios personales a la demandada. Dicha presunción no quedó desvirtuada con las pruebas del proceso, ya que lo que sostuvo la accionada de forma reiterada fue que la relación estaba regulada por contratos regulados por la Ley 80 de 1993, y contrario a ello, con las pruebas allegadas lo que se logró determinar fue que siempre fue subordinada. En efecto, a folios 121 a 134, lo que se avizora es que a la accionante se le asignaban turnos para prestar sus servicios en las instalaciones del instituto, con la intención de dividirse la asistencia en las fechas de navidad y fines de semana. Además, a folios 136 a 137 se constató que le entregaban las herramientas para el cumplimiento de sus labores, tales como computadores, silla, fax, teléfono, y archivador.

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Radicación n.° 75938

Aunado a lo anterior, con los testimonios de las señoras Gladys Otelo y Marcela Moreno López, se pudo corroborar lo anterior, así como también que la actora estaba sometida a las directrices emanadas del ISS, referentes a horarios y tareas impuestas por los superiores, hecho que en el sector oficial es indicativo de subordinación (art. 1º L. 6/45). Para la Sala, los anteriores supuestos conducen a colegir que la relación laboral fue claramente subordinada y no regida por la autonomía e independencia que aducía el ISS, lo que se constata con mayor razón ante lo prolongado del vínculo contractual, que perduró por más de 4 años, lo que sin lugar a dudas rompe el carácter excepcional de la contratación por servicios prevista en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que se concibe como una herramienta para atender demandas ocasionales de servicios que «[…] no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados», y que además tiene que celebrarse «[…] por el término estrictamente indispensable», lo que evidentemente aquí no sucedió, y es una constatación que lleva a colegir que la demandada contravino los principios constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales con el Estado, que por regla general procura que las funciones permanentes se realicen con el personal de planta (CSJ SL981-2019). En ese orden, el a quo no pudo equivocarse al declarar que la relación de las partes fue de índole subordinada, ante la carencia de pruebas que desvirtúen la referida presunción legal del artículo 20 del Decreto 2127 de 1945.

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Radicación n.° 75938 1.2 De los extremos temporales La demandada enfatizó en que eran tales las inconsistencias en la solicitud de declaratoria del contrato de trabajo, que la parte actora solicitó que se declarara que el extremo inicial fue el 3 de marzo de 2008 –y de ese mismo modo lo resolvió el juez primario-, cuando del contrato de prestación de servicios se desprende que el inicio fue el 25 de febrero de ese año. Pues bien, sobre este punto basta señalar que si se atiende lo esgrimido por la apelante, su situación se haría más gravosa, ya que la condena incluiría unos días adicionales a los reconocidos por el a quo, y en aplicación al principio de no reformatio in pejus, lo fallado sobre este punto necesariamente debe quedar incólume. En todo caso, lo que se advierte es que el juzgador de primer grado respetó el principio de congruencia, en atención a que desde el libelo introductorio se solicitó que se declarara como fecha de inicio de la relación el 3 de marzo de 2008, sin que aplicara la facultad extra o ultra petita consignada en el artículo 50 del CPTSS. 1.3 De la calidad de trabajador oficial o de empleado público. Al resolver el recurso extraordinario se explicó de manera clara que, para verificar la calidad ostentada por la actora, era necesario constatar en qué consistían sus funciones.

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Radicación n.° 75938 En el asunto concreto, de acuerdo con los contratos de prestación de servicios (f.º 7 a 17), la demandante estuvo

vinculada -a excepción del primer contrato-, como licenciada en química, para desempeñar labores de:

1. ELABORAR, PROCESAR Y DAR RESPUESTA A LOS

PETICIONARIOS DE LAS DIFERENTES NOVEDADES QUE

AFECTAN LA NÓMINA DE PENSIONADOS EN FORMA VERBAL

O ESCRITA. 2. COADYUVAR Y BRINDAR LA INFORMACIÓN

REQUERIDA Y NECESARIA A LA VICEPRESIDENCIA DE

PENSIONES – GERENCIA SECCIONAL – ÁREA DE PENSIONES,

PARA DAR PRONTA Y CUMPLIDA RESPUESTA A LOS

REQUERIMIENTOS IMPETRADOS POR PETICIONARIOS O

ENTIDADES PÚBLICAS. 3. RECIBIR Y/O ELABORAR LAS

NOVEDADES DE INGRESO MANUAL DE LOS EXPEDIENTES

DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL PENSIONADO, PARA

LA INCLUSIÓN A NÓMINA MENSUAL. 4. INCLUSIÓN

INDIVIDUAL Y MASIVA DE TODAS LAS NOVEDADES DE NO

VALORES Y DE VALORES (ACTIVIDADES, EMBARGOS, HIJOS

ESTUDIANTES, REINTEGROS –CARGUE Y PAGOS-, PAGOS A

HEREDEROS, NOVEDADES DE TERCEROS, INCREMENTOS

ANTERIORES LEY 100 Y SENTENCIAS POR INCREMENTOS,

CAMBIO DOCUMENTO, DATOS BÁSICOS, NOTAS DÉBITO,

NOTAS CRÉDITO, VALORES GIRADOS DESPUÉS DE

FALLECIMIENTO, LAS DEMÁS) QUE LLEGUEN

MENSUALMENTE AL GRUPO DE NÓMINA Y QUE SEAN

ASIGNADAS PARA EL PROCESO MENSUAL. 5. INFORMAR A

LOS CAP DE LAS NOVEDADES QUE HAN SIDO PROCESADAS

EN CADA MES DE NÓMINA, PARA INFORMAR AL USUARIO

CUANDO ASISTA AL CAP PARA VERIFICAR EL ESTADO DE SU

SOLICITUD. 6. ANEXAR A LOS EXPEDIENTES LOS SOPORTES

DE LAS NOVEDADES DE VALORES, EFECTUADAS EN CADA

PROCESO MENSUAL DE NÓMINA. 7. APOYAR LA REVISIÓN DE

LOS CASOS DE OBSERVACIÓN ENVIADOS POR EL NIVEL

NACIONAL Y CON LA CORRECCIÓN DE LOS MISMOS. 8.

MANEJAR Y ADMINISTRAR ADECUADAMENTE LAS CLAVES

DE USUARIO PERSONAL E INTRANSFERIBLES, ASIGNADOS

PARA LAS DIFERENTES APLICACIONES DE NÓMINA Y

CONSULTA (AFE). 9. APOYAR LA ATENCIÓN AL USUARIO EN

LOS TEMAS DE NOVEDADES Y CERTIFICACIONES DE

NÓMINA. 10. APOYAR EN LA GENERACIÓN MENSUAL DE LA

NÓMINA DE EMBARGOS Y RETRO EPS PARA LA TESORERÍA.

11. REVISIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS SOLICITUDES POR

NOVEDADES DE LA LEY 445. 12. DE REQUERIRSE, PRESTAR

APOYO AL ÁREA DE HISTORIA LABORAL EN LA CORRECCIÓN

DE HISTORIAS LABORALES OFICIALES Y EMISIÓN DE

HISTORIAS LABORALES INFORMATIVAS, Y OTRAS

ACTIVIDADES PROPIAS DEL ÁREA. 13. CUMPLIR CON LOS

DESPLAZAMIENTOS PROGRAMADOS POR LA

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Radicación n.° 75938

VICEPRESIDENCIA DE PENSIONES – GERENCIA SECCIONAL A

LAS DIFERENTES SECCIONALES DEL PAÍS CUANDO EL

NEGOCIO DE PENSIONES LO REQUIERA SIEMPRE Y CUANDO

SE RELACIONES CON LAS OBLIGACIONES OBJETO DEL

CONTRATO. 14. MANEJAR ADECUADAMENTE LOS

ELEMENTOS QUE UTILICE PARA EL DESARROLLO DE SUS

ACTIVIDADES. 15. MANTENER LA DEBIDA RESERVA Y

DISCRECIÓN DE LOS ASUNTOS QUE CONOZCA EN RAZÓN DE

SUS ACTIVIDADES. 16. CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LOS

INFORMES DE ACTIVIDADES ANTE EL INTERVENTOR DEL

CONTRATO. 17. CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES

DESCRITAS EN LOS NUMERALES ANTERIORES, DE

CONFORMIDAD CON LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA POR

EL SEGURO SOCIAL – VICEPRESIDENCIA DE PENSIONES –

GERENCIA SECCIONAL. LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE LE

SEAN ASIGNADAS EN EL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL POR

NECESIDAD DEL SERVICIO.

De tales documentos no se extrae que la actora desempeñara labores en los despachos del presidente, secretario general o seccional, vicepresidente, gerente y director, que son las propias de los empleados públicos de acuerdo con la clasificación aludida en casación; y si bien contaba con una formación profesional, sus funciones eran ante todo de apoyo, sin que tuviera a c