CSJ - SL1886-2023

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR Magistrado ponente SL1886-2023 Radicación n.°95592 Acta 25 Bogotá, D. C., doce (12) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por CLÍNICA SAN FRANCISCO DE ASÍS S.A.S., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de noviembre de 2021, en el proceso que instauró ANA PAOLA RIOS CABRA contra la recurrente.

I. ANTECEDENTES Ana Paola Ríos Cabra llamó a juicio a Clínica San Francisco de Asís S.A.S., con el fin de que se declare: i) la existencia de una relación laboral entre el 2 de septiembre de 2016 y finales de febrero de 2017, ii) que durante ese interregno de tiempo no fueron realizados los aportes a la seguridad social, iii) que no fueron pagados los conceptos de

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 95592 cesantías, intereses de cesantía, primas de servicios, vacaciones y auxilio de transporte y, iv) que se declare que fue despedida sin justa causa. En consecuencia, solicitó el pago de aportes a la seguridad social, salarios, cesantías, intereses de cesantías, primas de servicios, vacaciones, auxilio de transporte y demás emolumentos que resultaren probados, indemnización moratoria, indemnización por despido sin justa causa, indemnización por la no consignación de cesantías, intereses e indexación.

Fundamentó sus peticiones, en lo que interesa al recurso extraordinario, en que fue contratada laboralmente por la empresa demandada desde el 2 de septiembre de 2016 hasta finales de febrero de 2017, que el salario mensual devengado era de $5.140.800; que durante la ejecución de la relación laboral, no se realizó el pago de los aportes correspondientes a la seguridad social, como tampoco fueron pagadas las cesantías, intereses de cesantías, auxilio de transporte, vacaciones y primas de servicios. Manifestó en apoyo de sus pretensiones en lo que interesa al recurso de casación, que la labor desempeñada fue de médico general, que dicho oficio debía desarrollarse de manera personal, que la actividad debía prestarse en las instalaciones de la empresa demandada, utilizando los instrumentos requeridos y facilitados por el empleador, que las funciones desempeñadas estaban destinadas a cumplir el objeto social de la empresa, que debía asistir a reuniones

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 95592 obligatorias fuera del horario laboral, e incluso altas horas de la noche. Señaló además que el empleador le imponía reglamentos y el no cumplimiento de las órdenes le implicaba ser sancionada, agregó que fue despedida sin justa causa. Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos aceptó la prestación del servicio por el tiempo señalado y aclaró que el vínculo obedeció a un contrato de prestación de servicios de carácter civil, que la labor debía ejecutarse de manera personal, y en las instalaciones de la empresa. Negó los

restantes hechos. En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de trabajo, inexistencia de la obligación reclamada y buena fe.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Bogotá al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo de 3 de septiembre de 2019 (fl. 170), decidió declarar probadas las excepciones de inexistencia de la obligación reclamada y buena fe propuestas por la demandada. Absolvió de las pretensiones de la demanda.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo de 30 de noviembre de

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 95592 2021, al resolver el recurso de apelación presentado por la demandante decidió revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarar la existencia de un contrato de trabajo entre Ana Paola Ríos Cabra y la Clínica San Francisco de Asís, el cual tuvo una duración entre el 2 de septiembre de 2016 y el 28 de febrero de 2017. En consecuencia, se condenó por los siguientes conceptos: Auxilio de cesantías $3.256.690. Intereses sobre auxilio de cesantía $99.740,31. Por concepto de sanción por no pago oportuno de los intereses sobre el auxilio de cesantía $99.740,31. Por concepto de primas de servicios $1.628.345. Por concepto de vacaciones $1.937.144. Por concepto de indemnización moratoria $264.156

correspondiente a un día de salario por cada día de retardo desde el 1 de marzo de 2017 día siguiente a la fecha del finiquito y hasta cuando el pago de lo adeudado se verifique efectivamente. Por concepto de sanción por la no consignación de las cesantías $2.876.722. Por concepto de indemnización por despido sin justa causa $5.283.120. Por concepto de rembolso de aportes a salud, pensión y riesgos $718.734,75, $509.048 y $31.300 respectivamente. En igual suma, por las diferencias en el ingreso base de cotización. Absolvió a la demandada de las restantes pretensiones.

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 95592 En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como problema jurídico a resolver «si se configuran los elementos del contrato de trabajo o por el contrario, la demandada logró desvirtuar la presunción legal del contrato de trabajo establecida en el artículo 24 del CST, demostrando que no existió entre las partes una relación laboral dentro de los extremos temporales solicitados en la demanda». Señaló el juez de apelaciones que para que se configure la existencia de un contrato de trabajo se requiere la presencia indiscutible de los elementos que lo integran, los cuales corresponden a la prestación personal del servicio, la subordinación del trabajador respecto al empleador y el salario como retribución del servicio. Consideró el juez de segunda instancia que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del CST a la persona que exige la existencia de un contrato de trabajo solo le basta con probar la prestación o la actividad personal para

que se presuma su existencia. Con apoyo en precedente de la Sala de Casación Laboral (CSJ SL 11977 de 2017) y en consideración al período en que se prestó el servicio por parte de la demandante, tuvo en cuenta el ad quem las documentales contentivas del contrato de prestación de servicios, en el cual se consignó que estos se prestarían como médico general, lo que conllevó a juicio del Tribunal, tener como acreditado que existe la prestación personal del servicio. De este modo, advirtió que se invierte

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 95592 la carga de la prueba y la entidad encartada debe desvirtuarla, citó como fundamento de lo anterior lo contemplado en el artículo 167 del C.G.P., la sentencia CC

C-086-2016, T-694-2010 y CSJ SL 2171-2019.

Precisó además el ad quem que, de conformidad con lo sostenido en CSJ SL3345-2021 y su referencia a la Recomendación 198 de la OIT, debe analizarse el «haz de indicios que sin ser exhaustivo permite examinar de modo panorámico la relación fáctica laboral y determinar con mediana certeza si entre las partes existió una relación laboral encubierta». Aplicó el juez de segunda instancia lo dicho en sentencia CSJ SL1439-2021 según la cual se enmarcan varios indicios, los cuales se enuncian a continuación: el control y supervisión de otra persona, la exclusividad, la disponibilidad del trabajador, la concesión de vacaciones, la aplicación de sanciones disciplinarias, la continuidad en el trabajo, el cumplimiento de una jornada u horario de trabajo,

la realización del trabajo en los locales o lugares definidos por el legislador, el suministro de herramientas o materiales, el hecho de que exista un solo beneficiario de los servicios, el desempeño de un cargo en la estructura empresarial, la terminación libre del contrato y la integración en la organización de la empresa. Con dicho precedente y al analizar de las pruebas recaudadas concluyó entonces el Tribunal que la Clínica San Francisco no logró derruir la presunción legal de que la

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 95592 prestación del servicio fue subordinada, pues el testimonio recabado y a cargo de la parte demandada da cuenta que Ana Paola Ríos Cabra debía prestar sus servicios por turnos de acuerdo a la disponibilidad de los médicos y que en los eventos en los que no pudiera asistir debía informarlo con anterioridad, así como también debía cubrir a los médicos que no tuvieran disponibilidad para trabajar. Por otro lado, se probó con los testimonios el sistema de turnos de la demandante el cual iniciaba de 7 am a 1pm y de 1pm a 7 pm, los cuales, así fueran convenidos, señaló que dicho hecho no desvirtúa la subordinación. Destacó además lo dicho en los testimonios de Nicky Díaz y María Enoice Cifuentes, quienes son compañeras de trabajo de la demandante y quienes manifestaron que existía un coordinador médico cuyo cargo era ejercido por el Dr. Lazzo a quien se debía informar o comunicar los eventos en los que no se podía asistir a cumplir los turnos, así como también los remplazos que debían surtirse con otro médico

de la misma entidad. Advierte que, las declaraciones de la pasiva no tienen la suficiente solidez y contundencia necesaria para descartar la subordinación laboral. El Tribunal en aplicación del haz de indicios realizó las siguientes referencias: ▪ La prestación del servicio según el control y supervisión de otra persona aconteció con la función desplegada por David Esteban Lazo.

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 95592 ▪ La continuidad en el trabajo se cumplió con la extensión de la prestación de servicios hasta el mes de febrero de 2017. ▪ Cargo en la estructura empresarial, lo cual se cumplió teniendo en cuenta que la demandante prestaba el servicio ▪ Locales definidos por el beneficiario, así como el suministro de herramientas y materiales, lo cual se corroboró con los tres testigos de la demandante quienes manifestaron que el servicio se prestaba en la institución, con los elementos y herramientas que se suministraban. Explicó el juez de segunda instancia que de las documentales anexadas a folios 86 a 124 se acreditan los honorarios pagados a la actora y, que, si bien las partes aclararon que ello dependía de los turnos realizados, la remuneración pactada se confirmó con los testigos. Finalmente, teniendo probados los extremos de la relación laboral y el salario liquidó las acreencias laborales señaladas. En relación con la condena por concepto de indemnización moratoria el juez de apelaciones señaló que tendría en cuenta que la demanda se presentó dentro de los 24 meses de finalizada la relación de trabajo y que se tendría

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 95592 un salario mensual de $7.924.680. Citó la Sentencia CC C781-2003.

Señaló el Tribunal que : «no existe ninguna razón para entender que el actuar de la demandada estuvo revestido de buena fe, no siendo suficiente argüir que se tuvo el pleno convencimiento que entre las partes se pactó un contrato de prestación de servicios, cuando los mismos medios de convicción vertidos en el proceso daban cuentan, sin mayores discusiones, que la dadora de laborío quiso utilizar de forma indebida la vinculación de ia actora a través de la citada forma de vinculación, ocultando que en verdad ia relación rigió bajo ios elementos constitutivos propios del contrato de trabajo, pues así se vislumbra de la actividad personal que desarrolló la actora a favor de la llamada a juicio, que concuerda con su objeto social, realizándose bajo su estricta subordinación y poderío, sin que fungiera como un contratista independiente y autónomo, por lo que mal haría esta Sala exonerar a ia enjuiciada de las sanciones».

Respecto de la condena por concepto indemnización moratoria por la no consignación del auxilio de cesantía, citó la sentencia CSJ SL40272-2016 y condenó por la suma referida.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 95592

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia

acusada, en cuanto revocó la absolutoria de primer grado, para que, en sede de instancia, confirme la providencia del juez de primer grado. Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, por razones metodológicas se analizarán de manera conjunta el cargos segundo y tercero por compartir argumentos y elenco normativo.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia impugnada de violar directamente por aplicación indebida del artículo 24 del C.S. del T., en relación los artículos 22, 23, 55, 127, 158, 186, 249, 306, 340 del Código Sustantivo del Trabajo; 3, 25, 53 y 83 de la C.N.; 1502, 1503 y 1603; 164 y 167 del C.G. del P; 60 y 61 del C.P.T y de la S.S.

Adujo como errores de hechos los siguientes:

1. Dar por demostrado sin estarlo, que la entidad demandada no logró desvirtuar la presunción legal consagrada en el artículo 24 del C.S.T.

2. Dar por acreditado siendo contrario, que la Clínica San Francisco de Asís, no demostró que la actora en su condición de contratista no estuvo subordinada.

3. No dar por acreditado, contra el clamor probatorio, que la actividad profesional de la contratista, en cumplimiento del convenio de prestación de servicios profesionales, se reguló por instrucciones, coordinación, supervisión y consenso de turnos.

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 95592

4. No dar por demostrado, contrario a la realidad probatoria, que

la actora ofreció disponibilidad, no generando efectos sancionatorios o llamados de atención sus ausencias.

5. Dar por demostrado, no estándolo, que la coordinación, vigilancia y el control del convenio de prestación de servicios profesionales, trascendió a la subordinación propia de una relación laboral.

6. Dar por demostrado, siendo contraevidente, que la actora no podía ausentarse del “lugar de trabajo” sino hasta finalizar el turno”.

7. Dar por demostrado, no estándolo, que el convenio de prestación de servicios profesionales tuvo vocación de continuidad por ejecutarse entre el 5 de septiembre de 2016 hasta el 28 de febrero de 2017, derivando en un contrato de trabajo.

8. Dar por demostrado, no estándolo, que por la demandante ejecutar el convenio de prestación de servicios en el domicilio de la entidad y utilizar herramientas, medios y equipos de la contratante, se presume un contrato de trabajo.

9. Dar por demostrado, contra la evidencia probatoria, que el reconocimiento económico a la actora por los turnos prestados, revela un pacto bilateral de salario “por unidad de tiempo”.

Relacionó como pruebas erróneamente valoradas:

“CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES”.

(fls 22 a 24 expediente digital), “Comunicación Terminación Convenio de Prestación de Servicios”. (fl. 61expediente digital), “CUENTA DE COBRO O DOCUMENTO EQUIVALENTE”. (fls. 97, 102, 110, 117, 124 y 132 expediente digital), “DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA”. (fls. 98, 103, 111,

118, 125 y 133 expediente digital), “DECLARACIÓN DIRIGIDA A LA CLINICA SAN FRANCISCO DE ASÍS SAS. (fls. 99, 104, 112, 119, 126 y 134 expediente digital), “DISPONIBILIDAD MENSUAL Y PRELIQUIDACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS INDEPENDIENTES”. (fls. 105, 106, 113, 120, 127, 138, 135, 136 y 177 expediente digital), “COMPROBANTE DE EGRESO”. (fls. 109, 123 y 131 expediente digital), 9ª “NOTA DEBITO A CXP”. (fl. 116 expediente digital), CIOSAD CTA CTE PRESTAMO SFA CONTRATISTA DICIEMBRE PARTE 4 RIOS CABRA ANA PAOLA”. (fl. 122 expediente digital),

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 95592 Testimonios de NICKY DÍAZ, ENOICE CIFUENTES y DAVID ESTEBAN LAZZO VALENZUELA. (Audiencias virtuales, celebradas los días 10 de octubre y 3 diciembre de 2019). Y como pruebas dejadas de apreciar: “FORMATOS DE DISPONIBILIDAD” (fls. 26, 27, 28, 29, 30, 105, 106, 113, 120, 127, 128, 135, 136 y 137 expediente digital). Consideró la recurrente que sí fue desvirtuada la presunción legal contemplada en el artículo 24 del CST, pues se apreció desacertadamente el Convenio de Prestación de

Servicios Profesionales, visible a folios (16 a 18) y dejó de valorar los Formatos de Disponibilidad, obrantes a fls. 26, 27, 28, 29, 30, 105, 106, 113, 120, 127, 128, 135, 136 y 137 del expediente virtual), documentales que demuestran que la demandante de manera libre, voluntaria y exenta de apremios, ofreció su disponibilidad de tiempo. Advirtió que la demandante estaba sujeta a una disponibilidad que como lógica consecuencia de la prestación de servicios profesionales de médica general, se tradujo en la programación consensuada con el coordinador médico de los turnos y del cubrimiento con otros doctores, de la previa informada inasistencia, todo en cumplimiento de la instrucción, coordinación y supervisión, propio del contrato civil suscrito, determinado por la autonomía e independencia de la contratista demandante, de tal manera que se elimina el mínimo vestigio de la relación laboral subordinada, concluida por el juez de apelaciones. Frente al tema, citó lo señalado en la sentencia CSJ SL13020-2017.

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 95592 Aseguró la censura, que la concomitancia de los indicios y los hechos refleja una realidad opuesta a la recreada en la sentencia impugnada De igual modo aseveró el recurso que darle vocación de continuidad al vínculo constituye también un error pues de la cláusula octava: terminación del convenio de prestación de servicios profesionales, se presume un contrato de trabajo inexistente. Y, de la prueba testimonial, (testimonio de la

señora María Enoice Cifuentes Sánchez), se le da crédito y se pone de presente que no coincide el período en que se prestaron los servicios de médico en la clínica, con la prestación de servicios de la demandante, lo cual se traduce en una inconsistencia temporo – espacial. Relató la recurrente lo dicho en el testimonio del señor David Esteban Lazzo Valenzuela, quien, a las preguntas de la Juez, así respondió: 1ª. “¿Los servicios que ella prestaba de qué forma eran, con contrato de trabajo, cumplía órdenes, de manera autónoma, cómo desarrollaba ese servicio?. Respuesta: La doctora prestaba sus servicios bajo un contrato de prestación de servicios, ella se desempeñaba a través de horas de trabajo, de acuerdo a su disponibilidad, desempeñaba las horas que ella consideraba pertinentes. 2ª. “Para desarrollar ese servicio y según la disponibilidad, ¿cómo era llamada a prestar ese servicio?, ¿había un horario, cronograma, qué 12 horario? Respuesta: “No se le imponían horarios. Ella estaba generalmente en horas de la mañana, de acuerdo a su disponibilidad, a veces estaba en horas de la tarde o de la noche, de acuerdo a disponibilidad de la doctora, pero no era una imposición, la doctora de acuerdo a la disponibilidad de la clínica se le ofrecían las horas que se pudieran y la doctora aceptaba esas horas”. 3ª. “¿Cómo se le comunicaba a la doctora estas horas para que aceptara?

Respuesta: “La doctora siempre estaba en las mañanas, pero yo generalmente le ofrecía las horas de manera personal, que había un servicio en horas de la tarde o la noche y la doctora aceptaba

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 95592 si podía o no”. 4ª. “¿Y en las horas de la mañana debía estar todos los días?, ¿tenía que cumplir un horario?, ¿cómo lo organizaban? Respuesta: “Generalmente nosotros organizábamos eso de acuerdo a la disponibilidad de los médicos, generalmente de lunes a viernes y la disponibilidad de los fines de semana. Generalmente como en todas las clínicas, hay un horario de turnos entre médicos, para no dejar las clínicas descubiertas, pero no es que la doctora tuviera que cumplir un horario.” 5ª. “¿Ella por ejemplo podía decir no puedo asistir un martes? Respuesta: “Ella me informaba con anterioridad, porque debo tener los servicios cubiertos, según normatividad del Ministerio. Ella me avisaba con anterioridad y yo cubría este turno con un médico que tuviera disponibilidad”. 6ª. “¿El hecho de no poder asistir, implicaba alguna sanción, algún llamado de atención cuando se le pedía asistir a alguno de los turnos? Respuesta: “Ninguno de esos, señora Juez”. 7ª. “¿A ella se le impartían órdenes por parte suya o de otra persona de la clínica? Respuesta: “Ninguna, ella se regía de acuerdo a su ejercicio profesional como médico de acuerdo a la normativa del Ministerio en cualquier clínica”. 8ª. “¿Usted alguna vez le llamó la atención a la doctora Paola por llegar tarde a algún turno? Respuesta: “Nunca”. Alegó la censura respecto de la coincidencia de los testimonios de la señora Nicky Díaz y del señor David

Esteban Lazzo Valenzuela, y la autodeterminación de la demandante en la prestación de los servicios, relacionados a las ausencias y reemplazos que: La señora NICKY DÍAZ, al preguntársele. 1ª. “¿La doctora Paola podía cambiar turnos? Respuesta: “Ella lo hacía, pero con los mismos compañeros del hospital”. 2ª. “¿Qué trámite hacían?

Respuesta: “Los cambios de turno, los hacían entre ellos, ellos hacían otra fecha y así mismo tenían que pasarlo a 13 coordinación para que aprobaran eso. 3ª. “¿Negaban esos cambios de turno? Respuesta: “No, siempre y cuando hubiera quien cubriera, porque no se podía quedar el servicio solo”. 4ª. “¿Usted sabe si la doctora Paola hizo un viaje y cambió turnos?

Respuesta: “Sí, ella fue a viajar y cambio turnos con varios médicos”. Al señor DAVID ESTEBAN LAZZO VALENZUELA. 1ª. “¿Usted sabe si tuvo alguna ausencia o viaje? Respuesta: “Si. La doctora me dijo las fechas del viaje con anterioridad y yo organicé a otro médico. Ella también organizó con otros compañeros algunos de sus turnos y se ausentó. 2ª. “¿Era posible eso, que ella organizara con los compañeros y le informara a usted?

Respuesta: “Sí, me informaba para saber que estuviera el servicio cubierto con algún médico y ya no había ningún problema.”

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 95592 En tal contexto probatorio para la recurrente es indiscutible que se confirmó la ausencia de niveles de

subordinación, equivocadamente advertidos en el análisis fáctico y probatorio del juez de apelaciones y se soslayan los contratos de prestación de servicios y lo consignado en los mismos.

VII. RÉPLICA En relación con el primer cargo, la opositora señaló los siguientes defectos de técnica: 1) equivocación en la modalidad escogida puesto que al escoger la vía directa se supone estar de acuerdo con las conclusiones fácticas y probatorias del juez de segunda instancia. Y, ii) además que la aplicación indebida procede por la vía directa y excepcionalmente por la vía indirecta (CSJ SL5985-2014), adicionalmente, en los casos en que se aplica la norma correcta, no es procedente (CSJ SL84223-2022).

Advirtió además que no se logró derribar las razones fácticas en que se soporta la decisión, puesto que se encuentra aplicando las normas conducentes y se parte de la premisa inequívoca de la existencia de un contrato realidad, lo cual se acreditó con la prestación personal del servicio, demostrando que se realizó bajo la continuada subordinación y dependencia. Hizo énfasis en que los errores facticos enunciados por el censor deben ser evidentes para que prospere su

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 95592 pretensión, y, como quiera ello no acontece en el sub lite, mal puede bajo dicha considerativa propugnar por que salga avante su demanda.

VIII. CONSIDERACIONES Las glosas de técnica que señala la réplica no impiden el estudio de la acusación, puesto que si bien se advierte

que la recurrente escogió la vía directa, todos sus reparos y argumentación se encausan por la vía indirecta, luego en un ejercicio de flexibilización del recurso, tal imprecisión no impide el estudio del recurso y, en consecuencia, entiende la Sala que se alude a la violación indirecta de las normas denunciadas, bajo la modalidad de aplicación indebida. Ahora bien, de otra parte la Corte ya ha señalado que al optarse en la acusación por la senda indirecta, el submotivo de trasgresión de la ley sustantiva que se ha venido aceptando, corresponde a la «aplicación indebida», dado que cuando tiene ocurrencia un yerro fáctico, tal situación conduce normalmente a que el fallador de alzada aplique la norma sobre supuestos de hecho alterados y, en algunos casos, de contera deje de aplicar «infracción directa» el o los preceptos legales que en verdad corresponden para la solución del conflicto bajo estudio, lo cual permite que excepcionalmente se acepte la postulación de este último submotivo dentro de una acusación por la vía de los hechos.

(CSJ SL4261-2022).

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 95592 Pues bien, el Tribunal fundamenta su decisión en el examen efectuado respecto de los elementos del contrato de trabajo. Hace énfasis en que se requiere la presencia indiscutible de la actividad personal del servicio, la subordinación del trabajador respecto al empleador y el salario como retribución del servicio. Aplica además lo dispuesto en el artículo 24 del CST y advierte que probada la actividad personal se invierte la

carga de la prueba y, en el caso concreto, no fue desvirtuada la subordinación por parte de la empresa demandada. El Tribunal siguiendo el contenido de la Recomendación 198 de la OIT encuentra probado que la demandante prestaba el servicio conforme la actividad misional de la empresa, actividad que se ejecutaba supeditada a un horario o turnos establecidos, en las instalaciones de la entidad demandada, con el uso de los instrumentos proporcionados por esta y la vigilancia de su función por parte de un coordinador médico. Para tales conclusiones se apoya en los testimonios de Nicky Díaz y María Enoice Cifuentes, quienes son compañeras de trabajo de la demandante. La censura radica su inconformidad en que con las pruebas denunciadas sí se desvirtuó la presunción contemplada en el artículo 24 del CST. Específicamente destaca que del convenio de prestación de servicios profesionales celebrado con la demandante resulta evidente que de manera libre, voluntaria y exenta de apremios la actora ofreció su disponibilidad de tiempo.

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 95592 Asegura además, que los turnos establecidos fueron estipulados de manera consensuada y el convenio fue ejecutado con autonomía e independencia del contratista. Considera que se dio aval a una presunción inexistente. Advierte de la inconsistencia en el dicho de la testigo María Enoice Cifuentes Sánchez, pues se desprende de su relato que no prestó servicios en el mismo interregno de tiempo que la demandante. Pues bien, en el contexto que antecede la Sala procede al análisis de las pruebas calificadas denunciadas. Convenio De Prestación De Servicios Profesionales. (Fls 22

A 24 Expediente Digital). Se desprende de dicha documental que el objeto del convenio fue la prestación de servicios profesionales como médico general y, en su parágrafo se establece que la profesional tendrá disponibilidad al tiempo que se solicite la prestación de sus servicios. Entre las funciones asignadas, se encontraban la presentación de informes, porte de carnet. En su cláusula décima se establece que no se podrá ceder ni subcontratar con persona natural o jurídica alguna, sin autorización expresa. También consta en su cláusula 8 que el convenio finalizaría como consecuencia del incumplimiento de las

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 95592 obligaciones por una de las partes, cuando no se encuentre en disponibilidad de continuar prestando sus servicios a la institución (por parte del profesional). Por parte de la empresa cuando por necesidades institucionales y en cumplimiento de los contratos vigentes ya no se requieran sus servicios, dicha condición puede ser transitoria o permanente, por acuerdo de las partes y por las demás causales previstas en las normas legales. Comunicación terminación convenio de prestación de servicios. (fl. 61expediente digital) Da cuenta de que el 28 de febrero de 2017 al encontrarse la clínica en proceso de reorganización administrativa, se le indicó a la demandante que en virtud de la cláusula 8 su contrato finalizaría. Cuenta de cobro o documento equivalente”. (Fls. 97, 102, 110, 117, 124 Y 132 expediente digital), documento equivalente a factura”. (fls. 98, 103, 111, 118, 125 y 133 expediente digital),

declaración dirigida a la clínica San Francisco de Asís SAS (fls. 99, 104, 112, 119, 126 y 134 expediente digital), disponibilidad mensual y preliquidación de prestadores de servicios independientes”. (fls. 105, 106, 113, 120, 127, 138, 135, 136 y 177 expediente digital), comprobante de egreso”. (fls. 109, 123 y 131 expediente digital), 9ª “nota debito a cxp”. (fl. 116 expediente digital), CIOSAD cta cte préstamo sfa contratista diciembre parte 4 Ríos Cabra Ana Paola”. (fl. 122 expediente digital) En los documentos relacionados consta lo facturado por la Dra. Ríos Cabra, las cuentas de cobro, la disponibilidad mensual y la relación de una serie de horas en que se prestó el servicio. Además de una nota de préstamo a contratistas.

SCLAJPT-10 V.00 19

Radicación n.° 95592 Ahora bien, de los documentos relacionados observa la Sala que ninguno logra desvirtuar las conclusiones a las que llegó el juez de segundo grado, por las razones que se exponen a continuación: A juicio de la Corte con las documentales relacionadas no se logra establecer que la demandante ejecutó su actividad con total autonomía e independencia. Como tampoco permite llegar a una conclusión distinta de la señalada por el Tribunal, en cuanto a la supervisión, ejecución del contrato e inclusive, lo relativo a los suministros de los implementos de trabajo, hechos que tuvo el juez de segunda instancia en cuenta para determinar que el trabajo se ejecutó bajo la subordinación de la clínica demandada.

Adicional a lo expuesto, debe tenerse en cuenta que se alega un consenso en la estipulación de los turnos, como hecho que exonera el concepto de la subordinación, no obstante, ninguna de las documentales da cuenta de ese acuerdo entre las partes. No se evidencia acta o consignación de reuniones en las que pueda advertirse el consenso que se alega o que el tiempo en que se prestó el servicio obedeció al acuer