CSJ - SL1889-2024

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ Magistrado ponente SL1889-2024 Radicación n.° 95542 Acta 22 Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticuatro (2024). La Corte decide el recurso de casación que ORJ CONSTRUCCIONES S.A.S. interpuso contra la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué profirió el 21 de junio de 2022, en el proceso ordinario laboral que MARÍA ADONAI SÁNCHEZ RINCÓN, JOSE ÁNGEL OSPINA, JHON JAIRO SÁNCHEZ, en nombre propio y en representación de J.J.J.J., JONNATAN SÁNCHEZ, en nombre propio y en representación de E.E.E.E., FREINER SÁNCHEZ, HÉCTOR

FABIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ, YEISON FABIÁN, YERI LUCERO, CAMILA FERNANDA, YÉSICA NATALIA SÁNCHEZ RINCÓN, en nombre propio y en representación

de D.D.D.D. y J.J.J.J., JEISSON JULIÁN GÓMEZ

RAMÍREZ, YINETH PAOLA PACHECO CASTRO,

BERNARDINA RINCÓN DE SÁNCHEZ, ÁNGELA PATRICIA

CASTELLANOS LÓPEZ y YULY MARCELLA RIVERA

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Radicación n.° 95542 ZAMUDIO promueven contra la recurrente,

PROYECTAMOS Y EDIFICAMOS S.A.S., LA SAMARIA

GRANDE S.A.S. y MOISÉS GARCÍA CRUZ.

I. ANTECEDENTES Los accionantes solicitaron que se declare que entre José Fernando Sánchez Rincón y Moisés García Cruz existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 12 de enero de 2017 hasta el 11 de marzo del mismo año, fecha en que el trabajador falleció a causa de un accidente laboral «que ocurrió por culpa» imputable al empleador y a las empresas beneficiarias del servicio y dueñas de la obra ORJ

Construcciones S.A.S., Proyectamos y Edificamos S.A.S. y La Samaria Grande S.A.S. En consecuencia, requirieron que se condene solidariamente a las demandadas al pago de perjuicios morales en favor de todos los demandantes, y del lucro cesante consolidado y futuro respecto a la madre del causante, María Adonai Sánchez Rincón, junto con la indexación, lo que se demuestre ultra y extra petita y las costas procesales. En respaldo de sus aspiraciones, señalaron que José Fernando Sánchez Rincón suscribió contrato de trabajo a término indefinido con Moisés García Cruz, subcontratista de la obra «Fortalezza II Parque Residencial, lote 10 torre A» de la ciudad de Ibagué, en virtud del cual desempeñó el

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Radicación n.° 95542 cargo de «ayudante de obra» con una remuneración mensual de $737.717. Manifestaron que dicha relación laboral se prolongó desde el 12 de enero de 2017 hasta el 11 de marzo de ese mismo año, fecha en la cual el trabajador falleció al caer del piso 9.° de la construcción, accidente que –afirmanes

atribuible al empleador y a los dueños de la obra, toda vez que «no tenían creado, implementado y desarrollados los programas de seguridad industrial y salud ocupacional», tampoco dotaron al trabajador de elementos de seguridad industrial y omitieron implementar medidas requeridas para desempeñar trabajos en alturas. Agregaron que por medio de acta de 13 de marzo de 2017, el Ministerio del Trabajo suspendió las actividades de la obra por un término de 10 días para que se aplicaran los correctivos necesarios a fin de garantizar la seguridad de los trabajadores, y que si bien estos fueron implementados, lo cierto es que ello ocurrió con posterioridad al accidente (PDF cuaderno de primera instancia, f.° 141 a 178). Al dar respuesta a la demanda, La Samaria Grande S.A.S. se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó el accidente de trabajo y, respecto a los demás, manifestó que no eran ciertos o que no le constaban. Explicó que el trabajador no prestó sus servicios en esa empresa; que no tuvo ningún vínculo laboral con este; que el dueño y beneficiario de la obra era ORJ Construcciones S.A.S., y que el accidente ocurrió por el

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Radicación n.° 95542 actuar del trabajador, quien bajó un bulto de cemento por las escaleras de manera «inadecuada, imprudente, con exceso de confianza, falta de talla, peso [y] fuerza». Adujo que no es procedente acceder al pago de la indemnización reclamada, toda vez que: (i) la ARL a la cual estaba afiliado el trabajador reconoció pensión de

sobrevivientes a su madre, y (ii) los demás demandantes no están legitimados para solicitar el reconocimiento de perjuicios, en la medida que el orden hereditario previsto en las normas civiles los excluye ante el derecho que eventualmente le asiste a la progenitora del causante. En su defensa, propuso las excepciones de cobro de lo no debido, prescripción, culpa exclusiva de la víctima, inexistencia de la relación laboral, solidaridad y dependencia económica (PDF cuaderno de primera instancia, f.° 271 a 284). Al contestar la demanda, Proyectamos y Edificamos S.A.S. se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, admitió el de la suspensión de la obra por alto riesgo y, respecto a los demás, refirió que no eran ciertos o que no le constaban. Adujo que el causante no trabajó en esa empresa, que ORJ Construcciones S.A.S. era el dueño de la construcción y reiteró los argumentos que La Samaria Grande S.A.S. planteó acerca de la improcedencia del reconocimiento de la indemnización plena de perjuicios.

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Radicación n.° 95542 En su defensa, propuso las excepciones de cobro de lo no debido, prescripción, culpa exclusiva de la víctima, inexistencia de la relación laboral, solidaridad y dependencia económica (PDF cuaderno de primera instancia, f.° 299 a 315). Al dar respuesta a la demanda, ORJ Construcciones S.A.S. se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos,

aceptó el cargo que desempeñaba el trabajador, el salario que devengaba, el desarrollo de la obra, el accidente de trabajo y la suspensión de actividades que ordenó el Ministerio del Trabajo. Respecto a los demás, refirió que no eran ciertos o que no le constaban. Señaló que Moisés García Cruz era el verdadero empleador de Sánchez Rincón y que, en todo caso, realizó una investigación interna en la cual concluyó que el accidente ocurrió por culpa de la víctima, toda vez que omitió utilizar los elementos que tenía a su disposición para el transporte de cargas pesadas, tales como pluma, torre grúa, línea de vida y arnés, pese a que recibió capacitaciones acerca de los protocolos de seguridad industrial, trabajo en alturas, dotación e implementos necesarios para desempeñar la labor. En su defensa, propuso las excepciones de cobro de lo no debido, prescripción, culpa exclusiva de la víctima, inexistencia de las obligaciones demandadas, la relación

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Radicación n.° 95542 laboral, solidaridad y dependencia económica (PDF cuaderno de primera instancia, f.° 364 a 380). Por medio de auto de 22 de septiembre de 2021, el juez de conocimiento tuvo por no contestada la demanda respecto a Moisés García Cruz (PDF cuaderno de primera instancia, f.° 552).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Por medio de sentencia de 28 de enero de 2022, el Juez Tercero Laboral del Circuito de Ibagué decidió (PDF

primera instancia, f.° 754 a 756): Primero: Declarar que entre José Fernando Sánchez Rincón (…) y (…) Moisés García Cruz, como empleador, existió un contrato de trabajo a término indefinido entre el 12 de enero al 11 de marzo de 2017, en virtud del cual desempeñó el cargo de ayudante de construcción, con una asignación básica mensual de $820.000, el cual finalizó por muerte del trabajador.

Segundo: Declarar que (…) José Fernando Sánchez Rincón (…) sufrió un accidente de trabajo el día 11 de marzo de 2017, que le ocasionó la muerte.

Tercero: Declarar la existencia de culpa suficientemente comprobada del empleador Moisés García Cruz en la ocurrencia del accidente de trabajo que ocasionó el fallecimiento (…).

Cuarto: Condenar a (…) Moisés García Cruz y solidariamente a la Sociedad ORJ Construcciones S.A.S., a pagar únicamente a favor de María Adonai Sánchez Rincón, la suma de $90.191.788, por concepto de lucro cesante pasado y futuro, y absolver de este perjuicio respecto de los demás accionantes.

Quinto: Condenar al señor Moisés García Cruz y solidariamente a la Sociedad ORJ Construcciones S.A.S., a pagar a los actores por concepto de perjuicios morales, los siguientes valores:

María Adonai Sánchez Rincón Mamá 100 SMMLV José Ángel Ospina Padrastro 35 SMMLV Jhon Jairo Sánchez Hermano 50 SMMLV

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Radicación n.° 95542

Jonnatan Sánchez Hermano 50 SMMLV Freiner Sánchez Hermano 50 SMMLV Héctor Fabio González Sánchez Hermano 50 SMMLV Yeison Fabián Sánchez Rincón Hermano 50 SMMLV Yeri Lucero Sánchez Rincón Hermana 50 SMMLV Camila Fernanda Sánchez Rincón Hermana 50 SMMLV Yesica Natalia Sánchez Rincón Hermana 50 SMMLV Bernardina Rincón de Sánchez Abuela 35 SMMLV Ángela Patricia Castellanos López Cuñada 15 SMMLV Yuly Marcela Rivera Zamudio Cuñada 15 SMLMV Sexto: Absolver a los demandados indicados en el numeral anterior, de las demás pretensiones incoadas en su contra por los demandantes (…).

Séptimo: Absolver a las sociedades demandadas La Samaria Grande S.A.S., y Proyectamos y Edificamos S.A.S., de todas las pretensiones endilgadas en su contra (…).

Octavo: Declarar prósperas las excepciones de inexistencia de la relación laboral e inexistencia de solidaridad, propuestas por La Samaria Grande SAS y Proyectamos y Edificamos SAS. Se declaran no probadas las excepciones de cobro de lo no debido, inexistencia de las obligaciones demandadas, inexistencia de la relación laboral, culpa exclusiva de la víctima, inexistencia de la dependencia económica y prescripción, elevadas por ORJ

Construcciones S.A.S.

Noveno: Condenar en costas a los demandantes en favor de las

demandadas La Samaria Grande S.A.S y Proyectamos y Edificamos S.A.S. (…).

Décimo: Condenar en costas a los demandados indicados en el

numeral segundo (…) en favor de los demandantes.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de ORJ Construcciones S.A.S., a través de sentencia de 21 de junio de 2022 la Sala Laboral del

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué resolvió (PDF cuaderno segunda instancia, f.° 19 a 55). PRIMERO.- REVOCAR parcialmente el numeral 5º (…) en el sentido de absolver al señor Moisés García Cruz y solidariamente a la sociedad ORJ CONSTRUCCIONES S.A.S. de

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Radicación n.° 95542 la condena impuesta por concepto de perjuicios morales en favor de los demandantes Freiner Sánchez, Yeri Lucero Sánchez Rincón, Bernardina Rincón de Sánchez, Ángela Patricia Castellanos López y Yuly Marcela Rivera Zamudio (…).

SEGUNDO: En todo lo demás se confirma la sentencia recurrida.

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.

En lo que interesa al recurso de casación, el Tribunal señaló que no se discute que entre José Fernando Sánchez Rincón y Moisés García existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 12 de enero hasta el 11 de marzo de 2017, fecha en que el trabajador falleció a causa de un accidente de trabajo que ocurrió en la obra denominada «Forteza II», propiedad de ORJ Construcciones S.A.S. Así, precisó que el problema jurídico a resolver consistía en determinar si existió culpa suficientemente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o, si por el contrario, se derivó de la culpa

exclusiva de la víctima. Asimismo, refirió que de comprobarse la culpa patronal, correspondía establecer si procede el pago de perjuicios morales respecto a algunos de los demandantes, y si la prestación que la ARL reconoció a la progenitora del causante subrogó el pago de la indemnización plena de perjuicios que se reclama. Al respecto, el Tribunal indicó que de acuerdo con lo establecido en el artículo 216 del Código Sustantivo del

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Radicación n.° 95542 Trabajo, el empleador está obligado a indemnizar los perjuicios ocasionados al trabajador cuando existe culpa suficientemente comprobada de su parte en el accidente de trabajo o enfermedad profesional (CSJ SL1207-2018, CSJ

SL6497-2015 y SL7459-2017).

En ese orden, precisó que para que ello proceda al trabajador le corresponde acreditar: (i) la culpa «leve» del empleador, esto es, aquella falta de diligencia o cuidado que un buen padre de familia emplea ordinariamente en la administración de sus negocios; (ii) el daño «originado en una actividad relacionada con el trabajo»; (iii) que la «afectación a la integridad o salud del trabajador fue consecuencia de la negligencia en el acatamiento de los deberes de seguridad y protección del trabajador» conforme los artículos 56, 57, 348 del Código Sustantivo del Trabajo, 21 y 56 del Decreto 1295 de 1994 (CSJ SL1938-2018 y CSJ SL2349-2018), y (iv) el nexo causal entre «el hecho dañoso y la prestación del servicio», que le incumbe desvirtuar al

empleador. En cuanto a la culpa exclusiva de la víctima, el ad quem refirió que la jurisprudencia de esta Sala «la ha entendido como la decisión de exponerse voluntariamente al riesgo acompañada de la conducta negligente, indebida y reprochable que lo consumó» y, por esa razón, constituye un eximente de responsabilidad del empleador. En apoyo, citó las sentencias CSJ SL2336-2020 y CSJ SL5354-2021.

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Radicación n.° 95542 En tal perspectiva, el Tribunal valoró los interrogatorios de parte de Yeison Fabián Sánchez -único que presenció los hechos-, Héctor Fabio González Sánchez y Jonnatan Sánchez, todos hermanos del causante y también trabajadores de la obra, de las cuales concluyó que el accidente de trabajo «obedeció a la ausencia de implementos de seguridad que debía ofrecer el empleador, tales como, las barandas de protección de las escaleras, y las líneas de vida para que el trabajador se hubiera podido anclar». Al respecto, refirió que Jonnatan Sánchez fue preciso y espontáneo al señalar que la funcionaria de la Fiscalía General de la Nación que atendió el accidente refirió que las escaleras en las que aquel ocurrió eran «muy inseguras porque no tienen protección por ninguno de los dos lados», manifestación que, a juicio del Colegiado de instancia, coincidía con las declaraciones de Yeison Fabián Sánchez y Héctor Fabio González Sánchez, y de los testigos y compañeros de trabajo Daniel Báquiro Martínez y Leonardo

García Ríos, quienes refirieron que el accidente se habría evitado si José Fernando Sánchez hubiese bajado el material con precaución y las escaleras tuvieran barandas. En cuanto a este último aspecto, el Tribunal señaló que si bien aquellos testigos cuestionaron la forma en que José Fernando movió los bultos, lo cierto es que refirieron que el transporte de material al interior de las escaleras no estaba prohibido, por ser una práctica normal en esta clase de trabajos, «incluso con conocimiento de los encargados de la obra y su vigilancia».

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Radicación n.° 95542 Por otra parte, el ad quem adujo que si bien ORJ Construcciones S.A.S. aportó unas fotografías para demostrar que contaba con torre grúa y pluma para el movimiento del material, lo cierto es que «se desconoce la fecha en que se tomaron» y, en todo caso, los hermanos del trabajador «fueron enfáticos en sostener que, para el momento de los hechos, solo contaban con torre grúa». Expuso que el testigo Yonhivany Quintero Díaz, quien estuvo a cargo del sistema ocupacional y de seguridad industrial -SISOde ORJ Construcciones S.A.S., refirió dos falencias de seguridad en las escaleras en las que ocurrió el accidente. La primera, relacionada con la ausencia de barandas y, la segunda, asociada a la «falta de línea de vida» pues, aunque la construcción contaba con este elemento, aquella estaba en la fachada de la obra, esto es, lejos de las escaleras donde ocurrió el accidente. Asimismo, el Tribunal destacó que en visita realizada

el 13 de marzo de 2017, la Inspectora Territorial de Tolima del Ministerio del Trabajo advirtió esas y otras falencias, tales como: -Falta de iluminación. -Riesgo eléctrico – cableado suelto, mal acomodado, roto, sin protección, obstaculizando el paso, mal asegurado. -Riesgo de caída elementos y de alturas: No hay señalización, demarcación, aseguramiento de zonas de peligro y trabajo seguro. -Suministro de elementos estructurales de apoyo y aseguramiento pasivos y activos.

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Radicación n.° 95542 -Se verificó que no se realiza la charla de los cinco minutos al inicio de las actividades, falta de verificación de los protocolos de seguridad y del paso a paso. -El orden y aseo es deficiente, se encuentran escombros, elementos que obstaculizan el tránsito, riesgo de caída de elementos no asegurados. -Riesgo por vectores debido al estancamiento de aguas en varios espacios. -Se evidenció un deficiente o falta de suministro de botiquines, extintores, camillas para la atención de contingencias. -No existe ni está constituida la brigada de emergencias. Refirió que en el concepto emitido con ocasión a la investigación del accidente que efectuó la Administradora de Riesgos Laborales -ARLSura, sugirió al empleador implementar un sistema de barandas en las escaleras internas, desde el segundo piso hasta el último nivel construido, conforme a los estándares de resistencia dispuestos en la Resolución n.° 1409 de 2012.

Destacó que la inspección que aportó ORJ Construcciones S.A.S. da cuenta de que el accidente ocurrió por: (i) factores personales, tales como falta de conocimiento, talla, peso, altura, fuerza y aplicación de procedimientos inadecuados para el descenso de cargas por escaleras; (ii) condiciones de ambiente de trabajo -pisos y peldaños peligrosos, y (iii) espacios libres inadecuados, sin medidas de protección para movimientos de personas u objetos y diseños inadecuados de barandas y escaleras. De lo anterior, el Tribunal advirtió que el empleador omitió el cumplimiento de medidas de protección adecuadas para la ejecución de las labores de manera segura por parte de sus trabajadores.

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Radicación n.° 95542 Por otra parte, el ad quem señaló que aunque los demandados aducen que el trabajador desatendió los lineamientos de seguridad impartidos, ello no está probado, como tampoco que recibiera llamados de atención al respecto, y que pese a que los testigos Jorge Enrique Perilla Soto y Juan José Reyes mencionan dichos hechos, lo cierto es que no trabajaron de manera directa con el causante. Además, el Tribunal expuso que, en efecto, Héctor Fabio fue quien ordenó a José Fernando Sánchez bajar el material; sin embargo, esa sola circunstancia era insuficiente para atribuirle responsabilidad a este último, toda vez que las declaraciones dan cuenta de la «ausencia de personal encargado de suministrar la charla inicial de los 5 minutos y de brindar las directrices frente a las labores que debían ejercer tal labor», lo que permite concluir que

«dicho hermano [del demandante], quien también era trabajador, actuaba en representación del empleador, máxime ante la ausencia de otro líder, o de Paola Meneses, la encargada de salud ocupacional y seguridad industrialSISOde Moisés García». De igual modo, destacó que si el empleador quería que el trabajador utilizara el arnés y la respectiva línea de vida, debió ponerlas a disposición de aquel; no obstante, (...) según las declaraciones rendidas en el plenario lo que se advierte es que el trabajador sí hizo uso del arnés para sacar los bultos de cemento de la canasta de la torre de grúa, pues ahí si podía anclarse, opción que no tenía al bajar las escaleras, por manera, que no fue el trabajador el que omitió sus deberes u

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Radicación n.° 95542 obligaciones de protección personal, sino la empresa, quién no se las suministró. Así, el ad quem concluyó que el empleador no cumplió con las obligaciones de prevención de accidentes, pues no adecuó la construcción con los elementos necesarios para brindar seguridad y protección a sus trabajadores, tales como las barandas en las escaleras y líneas de vida, ni realizó una supervisión eficiente de tales actividades, irregularidades atribuibles al empleador, «sin que por ningún lado se avizore la culpa exclusiva de la víctima que alega la recurrente, la que, en todo caso, no se probó». Por otra parte, en cuanto a los perjuicios morales, el Colegiado de instancia manifestó que si bien Freiner Sánchez, Yeri Lucero Sánchez Rincón y Bernardina Rincón

de Sánchez demostraron su grado de parentesco con el causante, lo cierto es que las pruebas analizadas dieron cuenta de la «poca relación» que tenían con aquel, lo que impedía establecer «la afectación emocional que su muerte les ocasionó»; y respecto a Ángela Patricia Castellanos López y Yuly Marcela Rivera Zamudio, destacó que no demostraron «un sentimiento o relación más allá de ese vínculo de cuñados». Por tanto, el Tribunal revocó los perjuicios morales que el juez de primera instancia impuso a favor de los demandantes mencionados. Por último, el ad quem señaló que la prestación reconocida por la ARL a la progenitora del causante no

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Radicación n.° 95542 subrogó el pago de la indemnización plena de perjuicios que se reclama, porque tienen fuentes diferentes, dado que la primera se deriva de «la responsabilidad subjetiva del empleador cuyo carácter es indemnizatorio, mientras que el pago realizado por la ARL es de carácter objetivo y prestacional».

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso extraordinario lo interpuso ORJ Construcciones S.A.S., lo concedió el Tribunal y lo admitió

la Corte Suprema de Justicia.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La recurrente pretende que la Corte case la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, revoque el fallo del a quo y la absuelva de las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito, por la causal primera de casación formula dos cargos, los cuales no fueron objeto de réplica.

VI. CARGO PRIMERO

Por la vía directa, acusa la aplicación indebida de los artículos 56 numerales 1.° y 2.°, 57, 216, 348 del Código Sustantivo del Trabajo, 21 literal c) del Decreto 1295 de 1994, 12 literal b) de la Ley 6.ª de 1945 y 16 de la Resolución 1409 de 2012, lo que conllevó la infracción directa de los artículos 34 del Código Sustantivo del

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Radicación n.° 95542 Trabajo, 84 de la Ley 9.ª de 1979 y 188 a 191 de la Resolución n.° 2400 de 1979. En la demostración del cargo, refiere que el Tribunal aplicó indebidamente el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, toda vez que dicha disposición establece la procedencia de la indemnización plena de perjuicios, siempre que se demuestre que existió culpa suficientemente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo, circunstancia esta última que no se acreditó en el sub lite. Refiere que lo anterior conllevó la falta de aplicación del artículo 34 ibidem, según el cual, si bien el beneficiario del trabajo o dueño de la obra responde solidariamente por el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de los trabajadores, lo cierto es que no puede desconocerse «que el contratista asume todos los riesgos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva» y que, en este caso, se demostró con «las pruebas (…) allegadas al proceso», que el trabajador estaba afiliado al «sistema de

aseguramiento», contaba con la capacitación y permiso para laborar en alturas, y se configuró la excepción de «culpa exclusiva de la víctima». Aduce que el parágrafo del artículo 84 de la Ley 9.ª de 1979 prevé que son los trabajadores independientes quienes están obligados a adoptar todas las medidas preventivas destinadas a controlar adecuadamente los riesgos a que puedan estar expuestos su propia salud o la

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Radicación n.° 95542 de terceros, razón por la cual, insiste, se estructuró la culpa exclusiva de la víctima, toda vez que el trabajador «no observó las medidas de seguridad existentes y camino (sic) de forma incorrecta y no utilizó el equipo de seguridad existente», tal como, afirma, lo expusieron los demandantes en su interrogatorio de parte. Por tanto, refiere que no era posible aplicar el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo «por ausencia de existencia de culpa suficiente[mente] comprobada» del empleador. Por otra parte, señala que el ad quem erró al considerar que está obligado a responder por el accidente de trabajo debido a la falta de implementación de baranda en las escaleras, toda vez que en una edificación en construcción tal sistema sería una «trampa mortal», pues de acuerdo con el artículo 16 de la Resolución n.° 1409 de 2012 la resistencia de aquella es de 90.8 kg., mientras que el peso del trabajador era de 60 kg. y el del bulto de cemento 50 kg. que, sumados con la fuerza cinética de la caída, podía superar los 130 kg., de modo que la

implementación de tal medida era ineficaz para evitar el accidente, máxime cuando dicha resolución refiere que la altura de esta debe ser de 1 metro, lo que constituiría una «palanca negativa» de la caída. Aduce que por esa razón no era aplicable dicha disposición, sino el artículo 188 de la Resolución 2400 de 1979, según el cual cuando no sea posible controlar el

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Radicación n.° 95542 riesgo de caída libre por medios estructurales, los trabajadores deben utilizar arnés de seguridad. Conforme lo anterior, concluye que de haber analizado tales preceptos el Tribunal habría establecido que no existió culpa suficientemente comprobada de su parte en el accidente.

VII. CONSIDERACIONES La Corte estima oportuno destacar que en la acusación la censura plantea discusiones de índole fáctico, respecto a que: (i) demostró que no existió culpa suficientemente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo; (ii) acreditó que el trabajador estaba afiliado al «sistema de aseguramiento», contaba con capacitación y permiso para trabajar en alturas, y (iii) probó que el causante no acató las medidas de seguridad establecidas en la empresa, ni utilizó el equipo de seguridad suministrado y «caminó de forma incorrecta».

Y dichos argumentos no podían plantearse por la senda directa escogida, precisamente porque cuando el ataque se dirige por esta vía, la censura debe allanarse a las inferencias y deducciones fácticas contenidas en el fallo impugnado y mantener la controversia en un plano

estrictamente jurídico. En consecuencia, la Sala se abstendrá de realizar algún pronunciamiento respecto de esos cuestionamientos.

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Radicación n.° 95542 Ahora, pese a tal imprecisión técnica, la Corte extrae un claro cuestionamiento jurídico, según el cual el ad quem erró al considerar que la implementación de barandas en las escaleras constituía la medida eficaz para evitar el accidente laboral; ello por cuanto -aducepor disposición legal, dicho control únicamente es aplicable a actividades que requieran una resistencia que no supere los 90.8 kg., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, literal d), de la Resolución n.° 1409 de 2012. Al respecto, la Corte advierte que dicha normativa establece una resistencia estructural de la baranda de «Mínimo 200 libras (90,8 kg) de carga puntual en el punto medio del travesaño superior de la baranda aplicada en cualquier dirección» (resaltado fuera del texto), lo que significa que tal medida de referencia es la mínima que debe implementarse cuando a ello hay lugar, pero no la única y menos la máxima como parece entenderlo la censura. Recuérdese que si bien el sistema general de riesgos laborales está estructurado bajo unos estándares mínimos, lo cierto es que estos deben adecuarse a las necesidades específicas de las labores que se desarrollen, tal como lo establece el artículo 3.° de la Resolución 1111 de 2017, que en lo pertinente señala: Los Estándares Mínimos son el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento para todas las

empresas o entidades señaladas en el campo de aplicación, pero en su implementación se ajusta, adecúa, armoniza a cada empresa o entidad de manera particular conforme al número de trabajadores, actividad económica, labor u oficios que

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Radicación n.° 95542 desarrollen las empresas o entidades obligadas a cumplir dichos estándares. De ahí que no sea de recibo el argumento que plantea la censura, toda vez que si el entorno laboral en el que ocurrió el accidente de trabajo eventualmente requería la implementación de un sistema de baranda con una resistencia estructural superior a la señalada en la norma, debía adecuarse a la necesidad específica. Ahora, si bien la recurrente refiere que el sistema de barandas no era el elemento de seguridad adecuado para evitar la caída, pues conforme al artículo 188 de la Resolución n.° 2400 de 1979, el elemento de seguridad para controlar el riesgo de caída libre era el arnés, lo cual, afirma, implementó, lo cierto es que para establecer cuál de estas herramientas de protección era la que debía implementarse, era necesario que previamente el empleador llevara a cabo un procedimiento de jerarquización de controles, en el que se establecieran las medidas de control y prevención necesarias para minimizar tal riesgo. Al respecto, adviértase que el artículo 24 del Decreto 1443 de 2014 en el cual se acogen las directrices de la Organización Internacional del Trabajo -ILO-OSH 2001-, establece que dicho procedimiento lógico supone que la implementación de las medidas de prevención y control deben adoptarse con base en el análisis de pertinencia,

teniendo en cuenta un esquema de jerarquización.

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Radicación n.° 95542 Sin embargo, no se advierte que el recurrente planteara una discusión en tal sentido por la vía indirecta, a efectos de demostrar que implementó el proceso de jerarquización de controles; que de acuerdo a este no existían otros controles previos que tuvieran la virtualidad de evitar la materialización del riesgo; que por tal razón el medio de control que debía emplearse era el arnés –control en la persona; que suministró tal elemento y que, pese a ello, el trabajador decidió no utilizarlo. Por último, se advierte que los argumentos jurídicos que plantea la censura respecto a que (i) «el contratista asume todos los riesgos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva» y que, (ii) de acuerdo con el parágrafo del artículo 84 de la Ley 9.