CSJ - SL1893-2023

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Magistrado ponente SL1893-2023 Radicación n.° 95728 Acta 27 Bogotá D.C., primero (1°) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por EMILIANO OBREGÓN AROBIO, EUSTINIO TORRES, LICÍMACO MANTILLA ALEGRÍA, EDUARDO MARÍN QUIÑONES y ELMER SOLÍS CUERO, contra la sentencia proferida el 30 de junio de 2022 por la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en el proceso que instauraron contra INGENIO

PICHICHÍ S.A.

Reconózcasele personería al abogado Rigoberto Echeverri Bueno, identificado con la TP n.° 36240 y la CC n.° 10.235.549, como apoderado judicial de la demandada.

I. ANTECEDENTES Accionaron los demandantes contra Ingenio Pichichí S.A., para que se declarara que entre ellos y la pasiva, se

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Radicación n.° 95728 ejecutaron sendos contratos de trabajo; en consecuencia, que se condenara a la mencionada sociedad a pagarles las cesantías y sus intereses; las primas; las vacaciones; el auxilio de transporte; las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social; la indemnización por despido injusto, así como las moratorias por falta de cancelación de prestaciones sociales (art. 65 CST,) por la omisión del pago de los aportes

a la seguridad social (parágrafo del art. 29 L. 789/02) y la del precepto 99 de la Ley 50 de 1990; 500 salarios mínimos mensuales a título de perjuicios morales y, la indexación de las condenas. Fundamentaron sus peticiones, en que trabajaron para la demandada como afiliados de la cooperativa de trabajo asociado Progresemos, la cual los envió en misión para prestar el servicio de corte de caña en los predios de la empresa accionada, labor que fue ejecutada personalmente y bajo la continua subordinación de aquella, así: Accionante Inicio Final Emiliano Obregón 22/11/2005 29/02/2012 Eustinio Torres 22/11/2005 29/02/2012 Licímaco Mantilla 22/11/2005 29/02/2012 Eduardo Marín 1/12/2005 31/12/2011 Elmer Solís 1/1/2011 29/02/2012 Señalaron que la jornada laboral era de lunes a domingo, incluyendo los festivos, de 6 a.m. a 3 p.m., sin descanso; que no les cancelaron las acreencias reclamadas; que el pago de sus salarios fue inferior al de los trabajadores de planta, quienes además se beneficiaban de la convención colectiva; que cuando trabajaron para las cooperativas, les descontaban el 8,33% para el pago de la compensación

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Radicación n.° 95728 semestral y anual, más el 1% para los intereses sobre esta última; el 4,16% con cargo al descanso de cada año y; que el

salario promedio devengado por ellos en los últimos 12 meses, fueron los siguientes: Accionante Salario Emiliano Obregón $1.053.666,66 Eustinio Torres $983.416,66 Licímaco Mantilla $791.583,33 Eduardo Marín $974.250,00 Elmer Solís $1.274.250,00 Expusieron que la demandada realizaba informes de sus actividades, como los días laborados, los cortes por el número y cantidad de tajos, la especificación de si era quemada o verde, el pesaje, la tarifa por toneladas, y las fincas en las que desarrollaban la labor; que esa información era enviada por la pasiva a la cooperativa para que manufacturara las respectivas planillas de pago, y una vez realizado esto, Ingenio Pichichí S.A., le depositaba el dinero a aquella. Narraron que la enjuiciada condicionó su entrada al trabajo a que se afiliaran a la cooperativa, y que siempre manifestaron su descontento por no estar vinculados directamente con aquella; que las asociaciones no eran propietarias de las herramientas de trabajo, ni de los vehículos que los transportaban hasta los cultivos de caña, y que nunca realizaron labores autogestionarias; que el precio del corte de caña lo imponía la demandada. Añadieron que se les adeuda la cotización a pensión y su reajuste; que Ingenio Pichichí S.A. pagó a las señoras Amparo López Espejo y Licenia Galindo Jiménez para que adelantaran la

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Radicación n.° 95728 disolución y liquidación de las cooperativas de trabajo asociadas atrás mencionadas.

Finalmente, expresaron que renunciaron a la cooperativa, pero no de manera voluntaria, sino para ser contratados por Pichichí Corte S.A. empresa del ingenio, por lo que se configuró un despido indirecto; y que la enjuiciada les causó perjuicios morales al mantenerlos en un trabajo ilegal en contra de su voluntad. Al dar respuesta a la demanda, la accionada se opuso a todas las pretensiones. Negó los hechos, con el argumento de que no sostuvo con los demandantes contratos de trabajo, y por tanto, no tenía la obligación de pagarles salarios ni prestaciones sociales, pues eran asociados de la cooperativa de trabajo. Añadió que ella no era dueña de ninguna CTA, ni tenía facultades para ordenar su liquidación, y que sus relaciones con estas fueron netamente de carácter comercial y legal, razón por la cual pidió que se tuviera como confesión la afirmación de los accionantes «de haber celebrado contratos u ofertas mercantiles de prestación de servicios entre mi representada y las entidades que los actores mencionan en la demanda» y, aclaró, que no es la misma sociedad Pichichí Corte S.A. Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva; inexistencia de la obligación; principio de legalidad y estabilidad jurídica; ilegitimidad sustantiva de ella; prescripción; pago; compensación y buena fe.

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buga, mediante sentencia del 20 de noviembre de 2019, absolvió a

la pasiva de todas las pretensiones y condenó en costas a los demandantes.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, a través de sentencia del 30 de junio de 2022, al resolver el recurso de apelación interpuesto por los demandantes, confirmó la providencia de primer grado y condenó en costas a los recurrentes.

Planteó como problema jurídico determinar si existió un verdadero contrato de trabajo entre los demandantes y el Ingenio Pichichí, «en razón a que entre ésta y la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROGRESEMOS CTA, llamada a juicio, existió tercerización laboral, con la que se burlaron los derechos laborales de los accionantes». Precisó que al proceso se allegaron pruebas tales como: (i) aportes a seguridad social; (ii) acuerdos entre el gremio de corteros de caña con las empresas de la región; (iii) ofertas mercantiles de la CTA Progresemos para la realización de corte de caña y sus aceptaciones por parte del Ingenio Pichichí; (iv) documentación correspondiente a la vinculación de los demandantes a la cooperativa; (v) contrato y comprobantes de pago a la abogada Amparo López; y (vi) los testimonios de la jurista mencionada, William Calvo Acevedo y José Cobo Saavedra.

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Radicación n.° 95728 Reseñó que de las pruebas mencionadas no se podía extraer con claridad que los servicios prestados por los actores como corteros de caña, fueron prestados de forma

dependiente y en favor directo de la demandada, […] cuando sí, que los mismos fueron para entidades diferentes a la encartada; empresas que según la documental, contaron en su momento con constitución legal propia del régimen cooperativo y societario; con operatividad autónoma, logrando la vinculación de los actores a través de convenios asociativos de trabajo que no se demostró hubiesen sido obtenidos con coacción o con la presencia de algún vicio del consentimiento o de apremio frente a los accionantes. También quedó probado, que a INGENIO PICHICHÍ S.A., se presentaron varias ofertas mercantiles para cumplir la labor atinente al objeto social de las empresas oferentes, sin que se allegara prueba que desnaturalice su legalidad, pues no se evidencia objeto o causa ilícita, como tampoco ninguna alteración en su contenido, que soporte las acusaciones de la activa, referidas a una tercerización; por el contrario, se patentiza un negocio jurídico válido entre varias empresas con ánimo de lucro; en el que las cooperativas de trabajo asociado contaban con su personal directivo, así como sedes propias dónde (sic) ejercer su actividad, designando cabos de corte que se entendían en el campo con sus afiliados; la toma de decisiones y el pago de las obligaciones que el régimen de compensaciones y laboral respectivamente les imponía, no encontrando la Sala indicio de intermediación laboral que desdibuje sus labores como entidades cooperativas. Argumentó que al revisarse lo concerniente a la subordinación, ese elemento tampoco se presentó entre las partes, tal como se desprendía de los testimonios mencionados, y luego explicó:

Nótese cómo en la demanda se afirma que los servicios de los actores fueron prestados para INGENIO PICHICHÍ S.A., indicando incluso, que personas que no se dedicaban a labores en el campo eran quienes les impartían órdenes; concretamente se menciona a unos señores como los encargados de asignar los tajos de corte a los actores e impartir las órdenes en el lote o terreno de corte; no obstante, dicha versión se derrumbó con la versión clara y detallada del señor WILLIAM CALVO y con lo dicho por el testigo JOSÉ LUBÍN COBO, quienes dieron cuenta, de manera coherente, del cargo desempeñado y las funciones del

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Radicación n.° 95728 mismo, desmintiendo con suficiente claridad, el dicho de los actores en tal sentido. En efecto, los accionantes expresaron en el escrito inicial que las órdenes eran impartidas, entre otros, en el campo por el señor CALVO, diciendo que éste hacía parte de las personas que les asignaban el tajo a cortar y sus funciones, e impartía órdenes en el campo; pero resulta que el citado indicó que nunca dio órdenes o instrucciones a los corteros de caña, pues sus labores no comprendían dicha función, dado que las mismas eran de tipo administrativo y no propiamente en el campo, por lo que no coincidía con los corteros en el campo; el mencionado testigo, igualmente señaló con propiedad el movimiento del personal y las labores que desempeñaban al interior de la empresa demandada y su relación con las cooperativas, así como el desempeño de éstas en cumplimiento de la oferta comercial en

virtud de la cual tenían relación con INGENIO PICHICHÍ S.A. A lo anterior se suma; en cuanto a la prestación de servicios personales como corteros de caña de los demandantes; que la misma no se encuentra propiamente determinada en el tiempo indicado por los actores en la demanda, así como tampoco que dicha labor fue continuada en el tiempo, en relación a la actividad agroindustrial de la empresa demandada, pues todos los demandantes fueron trabajadores de cosecha, actividad o tarea que no requieren trabajo continuo o durante todo el tiempo; además, si bien quedó demostrado que la empresa demandada tenía contratos civiles o comerciales con las cooperativas en las que prestaban servicios los demandantes; no hay prueba que permita afirmar que cada uno de los actores en este juicio sí trabajó o prestó servicios en virtud a dicho contrato entre PICHICHÍ S.A y la CTA, así como tampoco se demostró que las cooperativas no tuvieran otros contratos por cumplir con ingenios de la región, por lo que su actividad comercial era exclusiva frente a PICHICHÍ S.A.; además, en las certificaciones emanadas de las diferentes cooperativas que se aportaron al plenario, no se consigna el lugar en el que sus asociados prestaron los servicios de corte manual de caña que se sabe realizaron; no se probó si la prestación de servicios supuestamente a favor de la demandada, se efectuó de manera continua, pues recuérdese que la labor desarrollada fue la propia del corte de caña, lo que supone periodos o estaciones temporales según la cosecha. Por último, transcribió el artículo 6 del Decreto 4588 de 2006 y la sentencia CSJ SL4479-2020, para concluir que la

empresa demandada hizo uso de una facultad legal, «sin incurrir en tercerización, al no ejercer poder subordinante de

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Radicación n.° 95728 cara a la actividad de corte que desarrollaron los demandantes».

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por los demandantes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretenden que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado y conceda las pretensiones.

Con tal propósito formulan cinco cargos, que replicados, se estudian de manera conjunta, debido a que comparten análogos argumentos, y persiguen la misma finalidad.

VI. CARGO PRIMERO Acusan la sentencia de violar por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, los siguientes artículos: 4, 5, 13, 14, 16, 19, 23, 24, 25, 37, 46, 54, 55, 64, 65, 127, 144, 193 y 259 del C.S.T.; 1 de la Ley 52 de 1952; 60, 61 y 145 del C.P.L.; 3, 59, 61, 62, 63, 64, de la Ley 79 de 1988; 1, 5 y 6 del decreto 468 de 1990; 5, 8, 17, 18 del Decreto 4588 de 2006; Articulo 63 de la Ley 1429 de 2010, 2 y 3 del Decreto 2025 de 2011, en relación con los artículos 53 de la CP; 1, 2, 77 y 99 de

la Ley 50 de 1990. Además, le enrostran al proveído acusado, los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que los servicios como corteros de caña de azúcar fueron para entidades diferentes a la convocada a juicio. Esto es para la CTA.

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2. Dar por demostrado sin estarlo, que conforme a la ABUNDANTE PRUEBA DOCUMENTAL la CTA contó en su momento con Constitución legal propia del régimen cooperativo, logrando la vinculación de los actores a través de convenios asociativos.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que quedó probado con la abundante prueba documental, que frente al Ingenio demandado se prestaron varias ofertas mercantiles para cumplir la labor atinente al objeto social de la CTA, y que no se evidencia objeto o causa ilícita, no observando la sala un solo indicio de intermediación laboral.

4. No dar por demostrado, estándolo, que en efecto los demandantes recibieron órdenes impartidas en el campo por los señores cabos pagados por la demandada y que actuaron a nombre del INGENIO.

5. Dar por demostrado, sin estarlo, que en cuanto a la prestación de servicios personales como corteros de Caña de cada uno de los demandantes, las mismas no se encuentran propiamente determinadas en el tiempo indicado por los actores en su demanda, así como tampoco que dicha labor siempre se hubiera prestado en relación a la actividad agroindustrial de la empresa demandada, por lo que no existe certeza que

permita determinar, que en efecto los demandantes sirvieron como corteros en los términos y bajo las condiciones que expresaron en el escrito genitor.

6. No dar por demostrado, estándolo, que fue el INGENIO quien ordenó la disolución y liquidación de la CTA y por ello pagó la suma de $159.000.000 MILLONES DE PESOS a las señoras

AMPARO LÓPEZ ESPEJO y LICENIA GALINDO.

7. No dar por demostrado, estándolo, que la CTA no fue autónoma e independiente, que siempre fue ayudada por el

INGENIO.

Como pruebas indebidamente apreciadas relacionan las siguientes: 1.- Las de folios 35 a 55 exhiben periodos y cotizaciones a favor de los demandantes, por cuenta de la empleadora la CTA PROGRESEMOS. 2.- Las ACTAS DE ACUERDOS y VERIFICACIÓN DE ACUERDOS el Tribunal no especificó en donde se hallan, pero están en los folios 59 al 68 del cuaderno 1 y en el cuaderno de pruebas 8 de folios 1 al 112. 3.- Las copias de diferentes ofertas mercantiles y aceptaciones demandada que allegó las demandadas, ofertas realizadas con la CTA PROGRESEMOS; así como otros documentos que dan cuenta de la relación comercial suscitada entre el INGENIO

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Radicación n.° 95728 PICHICHI y varias empresas por los años 2006 a 2011; todos ellos, con el fin de realizar corte manual y siembra de caña, en predios propios de INGENIO PICHICHÍ S.A., o de terceros, en los

sitios y de acuerdo con la programación que el último dispusiera. El Tribunal no indicó los legajos en donde se encuentran pero se hallan en los folios 226, 234, 239, 246, 191, 193, 199, 205, 206 y V, 215, 217 y V, 225, 233 entre otros. 4.- Las de los cuadernos de pruebas, el Tribunal no indició los legajos en donde se encuentran pero aparecen en los folios 70 y vuelto, 78 y vuelto, 79 y vuelto, 80 y vuelto, 81 y vuelto, que dijo el Tribunal, se exhibe documentación correspondiente a los demandantes y su vínculo con la CTA llamada a juicio; se observan copias de acuerdos de trabajo asociado, así como liquidación de compensaciones y de prestaciones sociales, nóminas semanales y renuncias; ninguno de ellos relacionado con INGENIO PICHICHÍ S.A. 5.- En los cuadernos de pruebas se exhibe documentación correspondiente a los demandantes y su vínculo con la CTA llamada a juicio; se observan copias de acuerdos de trabajo asociado, así como liquidación de compensaciones y de prestaciones sociales, nóminas semanales y renuncias; ninguno de ellos relacionado con INGENIO PICHICHÍ S.A. El Tribunal no indició los legajos pero se hallan en los cuadernos 4, 5, 6 y 7. 6.- Las de folios 205, 215, 225, 233 entre otras, que aunque el Tribunal no indicó los folios, dijo: “También figuran en los mencionados expedientes, copias de facturas presentadas por ésta al INGENIO PICHICHÍ S.A., por concepto de corte de caña;

recibos de pago de facturación”. 7.- La de folios 183 al 188 a pesar que el Tribunal no ubicó la corresponde al contrato de servicios celebrado entre INGENIO PICHICHÍ y las LIQUIDADORAS con el objeto de disolver y liquidar la CTA. 8Las de folios 163 al 182 aunque el tribunal no los indicó. Apreció mal la contestación de la demanda a pesar que dijo el Tribunal, que el INGENIO en su defensa, dijo: “que los accionantes, como corteros de caña, prestaron el servicio en virtud de un contrato civil o comercial que suscribieron con la CTA referida, para el corte manual de caña de azúcar”. Y como dejada de valorar relacionan el certificado de existencia y representación legal de la pasiva, «al dejar de valorar el objeto social». En la demostración, aducen que el Tribunal se equivocó en la apreciación de las ofertas mercantiles, en donde se indicaba que las labores eran de corte de caña, riego,

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Radicación n.° 95728 siembra, limpieza, arreglo de prados, árboles, fumigación de malezas, guardavías, labores circunscritas a las actividades del objeto social de la demandada, tal como se aprecia en el certificado de Cámara de Comercio. Exponen que en sus historias laborales se detalla cuándo iniciaron y el momento en que se afiliaron a la CTA para el corte de caña y labores varias, «pues todo estaba relacionado con las ofertas mercantiles, realizando labores de intermediación laboral». De allí, concluyen que lo que se

encuentra probado en el proceso es que prestaron sus servicios personales «por intermedio de la CTA la cual el INGENIO contrató mediante ofertas para realizar las actividades del objeto social, resultado ser el INGENIO el verdadero empleador y no la CTA que sólo fingió como intermediaria». Adicionan que el juez de la apelación se equivocó al negar la intermediación, pues con las ofertas mercantiles quedó demostrado que tanto la dotación, las herramientas de trabajo y el transporte, eran proporcionados por la pasiva; que el capital provenía del ingenio, por lo que las cooperativas no eran independientes financieramente; que la accionada podía i) exigir o prohibir el ingreso de socios a las cooperativas, ii) tener acceso a los antecedentes judiciales y disciplinarios de los miembros de estas, y iii) realizar pagos a terceros. Indican que el colegiado tampoco apreció los documentos que militan a folios 238, 243, 254 y 255, pues estos revelan que la accionada se comprometió a: i) entregar

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Radicación n.° 95728 $420.000 a cada asociado por mera liberalidad; ii) donar la suma de $27.000.000 con destino al fondo de solidaridad; y iii) permitir que los miembros de las cooperativas usaran el servicio de transporte. Afirman que el ad quem apreció erradamente el contrato de prestación de servicios que obra a folios 183 a 188, puesto que este acredita que fue la enjuiciada la que disolvió y liquidó la cooperativa, por lo cual les pagó a las profesionales encargadas de ello la suma de $159.000.000, y razona que,

si hubiesen sido empresas legales autogestionarias, no tendrían por qué haber sido declaradas disueltas y liquidadas por la demandada. Esgrimen que desde la misma contestación de la demanda se extrae que las labores realizadas eran propias del giro ordinario del ingenio demandado. Concluyen que las cooperativas suministraron personal a la pasiva para labores del giro ordinario de su negocio, lo cual está limitado a las empresas de servicios temporales.

VII. CARGO SEGUNDO Acusan la providencia del ad quem de ser violatoria de la ley sustancial, en la modalidad de infracción directa del artículo 24 del CST (subrogado por el 2 de la Ley 50 de 1990), que conllevó a la falta de aplicación del 4, 5, 59 de la Ley 79 de 1988; 1, 5 y 6 del Decreto 468 de 1990; 5, 8, 17 y 18 del Decreto 4588 de 2006; 63 de la Ley 1429 de 2010; 2 y 3 del Decreto 2025 de 2011, en relación con el 53 de la CP; 22, 23,

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Radicación n.° 95728 24, 34, 35, 36, 65, 249, 253 y 306 del CST; 1, 2 y 99 de la Ley 50 de 1990; y Ley 1233 de 2008. En su demostración exponen que, al encontrar probado el Tribunal que ellos realizaron las actividades propias del giro ordinario de la enjuiciada, entonces por virtud del artículo 24 del CST era Ingenio Pichichí S.A., y no ellos, quien

debía asumir la carga de la prueba. Subrayan que la persona que realiza la actividad no debe demostrar la subordinación, pues esta se presume con arreglo a aquel precepto, sino que es la convocada a juicio la encargada de probar la autonomía e independencia de los accionantes, y de desvirtuar los extremos temporales. Dice que, en todo caso, las fechas de inicio y terminación de los contratos de trabajo sí se probaron con las historias laborales.

VIII. CARGO TERCERO Acusan el fallo del Tribunal de ser violatorio «de la ley sustancial por infracción directa» del artículo 17 del «Decreto 4588» en relación con el 24, 35 del CST; 4, 5 y 59 de la Ley 79 de 1988; 1, 5 y 6 del Decreto 468 de 1990; 5, 8, 17 y 18 del Decreto 4588 de 2006; 63 de la Ley 1429 de 2010; 2 y 3 del Decreto 2025 de 2011, en relación con el 53 de la CP; 22, 35, 36, 65, 127, 249, 253, 254 y 306 del CST y; 1, 2 y 99 de la Ley 50 de 1990.

Insisten en que, conforme al artículo 8 del Decreto 4588 de 2006, las cooperativas de trabajo asociado deben ostentar

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Radicación n.° 95728 la condición de propietarias, poseedoras o tenedoras de los medios de producción, y que según el 16 y 17 les está prohibida la intermediación laboral, la cual está permitida solamente para las empresas de servicios temporales.

Citan la providencia CC T-962-2008 mediante la cual se reiteró la prohibición de las cooperativas de trabajo de ejecutar labores de intermediación laboral, y añaden que el Tribunal debió concluir que existió un contrato de trabajo entre ellos y la accionada, pues las asociaciones actuaron como simples intermediarias de Ingenio Pichichí S.A.

IX. CARGO CUARTO Le recriminan al Tribunal haber transgredido «la ley sustancial por infracción directa» del artículo 77 de la Ley 50 de 1990, en relación con las normas relacionadas en el cargo anterior.

Argumentan que, conforme al precepto citado, las empresas de servicios temporales pueden enviar trabajadores en misión hasta por un año, de acuerdo a la necesidad, pero no más, porque al cabo de ese tiempo los trabajadores pasan a serlo del beneficiario. Por lo tanto, estiman que el colegiado infringió la ley «al tolerar la intermediación laboral de las actividades propias del

INGENIO».

Destacan que realizaron las actividades propias del ingenio en sus largos extremos temporales de 2005 a 2012, los cuales no fueron desvirtuados por la demandada que

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Radicación n.° 95728 celebró ofertas mercantiles en ese lapso con la cooperativa de trabajo asociado.

X. CARGO QUINTO Denuncian la infracción directa del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, en relación con el 24 del CST, y las normas reseñadas en los cargos tercero y cuarto.

Recalcan que el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 prohíbe a las cooperativas actuar como empresas de servicios

temporales, y que el beneficiario de la intermediación no puede contratar los servicios de aquellas para realizar actividades del giro ordinario de su empresa.

Concluyen: El tribunal en su sentencia, tuvo por probado que hubo un una relación contractual continua, es decir desde el 2005 al 29 de febrero de 2012 y que a pesar de ello, infringe la aplicación del Art. 63 de la Ley 1429 de 2010, pues llegada esta norma, el INGENIO PICHICHÍ S.A. continúo (sic) la contratación con CTAs, desarrollando las actividades propias de su objeto social como era el corte de caña, limpieza, siembra, labores inherentes al corte y otras más (multiplicidad de actividades recordó el Tribunal), el Tribunal ignoró la ley en mención, sobre la prohibición contenida, que si la hubiese aplicado, habría concluido en que existió una tercerización o intermediación, la cual es propia de la E.S.T. que se violó esa prohibición en contravía del Art. 53 de la C.P. y que por ello, se dieron los elementos constitutivos del contrato de trabajo plasmados en los Arts. 23 y 24 del C.S.T.

XI. RÉPLICA En relación con el ataque inicial, Ingenio Pichichí S.A. indica que el primer cargo no ataca el verdadero pilar de la sentencia, es decir, que no se encontró probada la intermediación laboral.

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Radicación n.° 95728 Precisa que la función de corte de caña no hace parte del objeto social del ingenio por no decirlo así el certificado de Cámara de Comercio, y de todas formas, si así lo dijera,

resultaría intrascendente, dado que el artículo 2 del Decreto 2025 de 2011, que era el que establecía la prohibición para las empresas de contratar procesos o actividades misionales permanentes, fue declarado nulo por el Consejo de Estado, mediante la sentencia del 19 de febrero de 2018. Acota que las historias laborales de los actores nada aportan para demostrar que el verdadero empleador era el ingenio. Advierte que los beneficios acordados en la oferta mercantil no demuestran subordinación alguna, sino que se trató de concesiones que tuvo que hacer para poder desbloquear la planta de producción que estuvo cerrada por casi dos meses, como consecuencia de los bloqueos de las instalaciones por los corteros en el año 2008, además, que los $420.000 entregados a la CTA por cada asociado, fue por mera liberalidad. Dice que no se pudo infringir el artículo 24 del CST, comoquiera que el fundamento de su decisión fue que no se acreditó la prestación del servicio para el ingenio sino para un tercero, por lo que no es aplicable la norma en cita. Esgrime que el Tribunal nunca consideró que la CTA hubiera actuado como una empresa de servicios temporales, por el contrario, estimó que las labores desempeñadas por los actores lo fueron como trabajadores asociados a la cooperativa y que habían contratado lícitamente con el ingenio la realización de un proceso productivo.

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Radicación n.° 95728 Por último, afirma que el corte de caña es un proceso parcial o subproceso que corresponde a las diferentes etapas de la cadena productiva del ingenio, luego le era lícito

contratar para su ejecución a las cooperativas, por lo tanto, no resultaba aplicable el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, por lo que el Tribunal no lo infringió de manera directa, como se denuncia.

XII. CONSIDERACIONES Inicialmente importa aclarar que aun cuando el primer cargo mezcla aspectos fácticos y jurídicos, lo cierto es que tal desafuero queda remediado al examinarlo en conjunto con los embates restantes.

Dicho esto, le corresponde a la Sala determinar si se equivocó el Tribunal al considerar que el servicio que prestaron los demandantes lo ejecutaron directamente a las cooperativas de trabajo asociado, o si, por el contrario, su fuerza de trabajo fue empleada al servicio de Ingenio Pichichí S.A., y de allí devino una relación de trabajo o no. Pues bien, el Tribunal concluyó que los actores no lograron demostrar la prestación personal del servicio a favor de Ingenio Pichichí S.A., respecto de quien reclamaban la calidad de empleador, mucho menos los extremos temporales. De hecho, fue justamente esa la tesis que enarboló la pasiva al contestar la demanda, pues insistió en que celebró contratos u ofertas mercantiles con dichas entidades, y que fue para estas que los actores prestaron sus servicios.

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Radicación n.° 95728 La hipótesis fáctica, así descrita, se encuadra en el artículo 34 del CST, que reza: ARTICULO 34. CONTRATISTAS INDEPENDIENTES. <Artículo modificado por el artículo 3o. del Decreto 2351 de 1965. El nuevo texto es el siguiente:>

1o) Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos {empleadores} y no representantes ni intermediarios, las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficios de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores. 2o) El beneficiario del trabajo o dueño de la obra, también será solidariamente responsable, en las condiciones fijadas en el inciso anterior, de las obligaciones de los subcontratistas frente