CSJ - SL1894-2023

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Magistrado ponente SL1894-2023 Radicación n.° 82898 Acta 27 Bogotá D.C., primero (1º) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

(COLPENSIONES), contra la sentencia proferida el 9 de agosto de 2018 por la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso que le sigue MARÍA EUGENIA GÓMEZ ARANGO.

I. ANTECEDENTES Accionó la demandante contra Colpensiones, para procurar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes generada por el deceso de John Jairo Gómez Morales, más la indexación y los intereses moratorios.

En sustento de sus pretensiones manifestó que estuvo casada con el causante por más de 28 años, con quien convivió hasta su muerte, ocurrida el 15 de junio de 2011;

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Radicación n.° 82898 que su cónyuge cotizó al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, desde el 15 de febrero de 1978 hasta el 31 de diciembre de 2002, y que dejó de hacerlo por haber abonado el tiempo requerido para la pensión de vejez, quedando pendiente el cumplimiento de la edad; que la pasiva le negó la pensión de sobrevivientes mediante la Resolución GNR 369695 del 26 de diciembre de 2013, por no contar el de

cujus con al menos 50 semanas en los tres años anteriores a su muerte. Colpensiones se opuso a las pretensiones de la accionante. En cuanto a los hechos, solo admitió haber negado la prestación deprecada, pero adujo que no desconoció el precedente jurisprudencial. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación por ausencia de los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes; buena fe; improcedencia de los intereses de mora; prescripción e imposibilidad de indexación de las condenas y de imponer costas.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 24 de febrero de 2017, resolvió: PRIMERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, a reconocer y pagar pensión de sobrevivencia a la señora MARÍA EUGENIA GÓMEZ ARANGO de C.C. 42'965.679, como consecuencia de la muerte de su cónyuge, el señor JOHN JAIRO GÓMEZ MORALES, pensión que deberá reconocer a partir del 15 de junio del año 2011, a razón de $991.352, y como consecuencia de ello, a reconocer por concepto de RETROACTIVO pensional desde la fecha referida y hasta el mes de febrero de 2017, la suma de $83'837.172, y la obligación de continuar reconociendo, a partir del 01 de marzo

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Radicación n.° 82898 de 2017, por concepto de mesada pensional la suma de

$1'256.861, sin perjuicio de los reajustes de ley, reconociendo además, las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada anualidad conforme a la parte motiva de esta sentencia. Adicionalmente deberá reconocer intereses moratorios, en los términos del art. 141 de la L. 100/1993, a partir del 27 de junio de 2013 y sobre las mesadas pensionales, generadas desde el 15 de junio de 2011, hasta el momento del pago efectivo de las aquí establecidas en esta sentencia.

SEGUNDO: Absuélvase a la entidad de los demás cargos formulados en la demanda.

TERCERO: CONDENASE en costas a la entidad demandada y a favor de la parte actora fijando como agencias en derecho la suma de $5.901.376.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver el grado jurisdiccional de consulta concedido en favor de Colpensiones, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, a través de proveído del 9 de agosto de 2018, decidió: PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida por el Juez Noveno Laboral del Circuito de Medellín, pero única y exclusivamente por las razones de esta providencia, y con las siguientes modificaciones al numeral primero:  El valor de la mesada inicial es de $1.016.878.  El valor del retroactivo actualizado desde el 15 de junio de 2011 hasta el 31 de agosto de 2018, es de $116.631.004.  La entidad continuará reconociendo una mesada pensional a partir del 1° de septiembre de 2018 a la señora María Eugenia

Gómez Arango, equivalente a $1.341.953 mensuales, con los incrementos anuales de ley. Serán 14 mesadas anuales. El cálculo del retroactivo y el valor de cada mesada anual aparecen en el escrito adjunto al acta de esta providencia.

SEGUNDO: Se revoca la condena a intereses moratorios, para en su lugar condenar a Colpensiones a reconocer y pagar la indexación de las mesadas adeudadas que integran el retroactivo, en los términos que a continuación se señalan […] TERCERO: Colpensiones, al momento de pagar el retroactivo, descontará el valor de las cotizaciones en salud correspondientes a cada mesada, para remitirlos al Sistema General de Salud.

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CUARTO: No se causan costas en esta instancia.

Sostuvo, que no hubo discusión sobre los siguientes aspectos: i) que John Jairo Gómez Morales falleció el 15 de junio de 2011; ii) que la norma vigente para esta fecha era el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 y; iii) que Colpensiones negó el reconocimiento de la asignación porque aquel no había aportado cincuenta semanas en el últimos tres años anterior a su muerte. Además, encontró probado que el afiliado cotizó 1.198,71 semanas en toda su vida laboral, esto es, entre el 15 de febrero de 1978 y el 31 de diciembre de 2002, y que, en efecto, dentro de los tres años anteriores a su muerte no realizó aportes. Señaló que no podía acoger el argumento del a quo para

condenar a pagar la pensión, ya que, si bien el causante inicialmente era beneficiario del régimen de transición, y que tenía más de 750 semanas cotizadas a la fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, lo cierto es que los 60 años de edad solo los cumpliría el 10 de septiembre de 2018, es decir, por fuera del límite establecido en la reforma constitucional (31 de diciembre de 2014). Con base en esa premisa, estimó que la modificación normativa superior implicó su exclusión de la transición, «[…] y por esa razón mal puede concluirse que hubiese cotizado el número de semanas mínimo requerido para la pensión de vejez en tiempo anterior a su fallecimiento, porque en su caso, este no es el consagrado en el artículo 12 del Decreto 758 de

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Radicación n.° 82898 90», sino que las semanas que requería para la pensión de vejez eran 1.200, y cotizó 1.198,71. Enseguida dijo que analizaría el asunto a partir de la condición más beneficiosa. Para ello, identificó que el afiliado fallecido cotizó 832,29 septenarios antes del 1º de abril de 1994, de modo que para el momento del tránsito legislativo superaba con creces los 300 exigidos en el Acuerdo 049 de 1990 para financiar la pensión de sobrevivientes. Después de explicar que se apartaba del precedente de la Corte, expuso: En segundo lugar, en criterio de esta Sala, resulta absolutamente desproporcionado y contrario con todos los derechos fundamentales de la seguridad social, del mínimo vital, y vida en

condiciones dignas, negar el reconocimiento de la prestación a la demandante teniendo en cuenta que su cónyuge cotizó 1.198,71 semanas, de manera que tampoco podría afirmarse en este proceso la afectación a la sostenibilidad financiera del sistema, en la medida en que superó de forma absoluta el requisito de 50 semanas que exigía la Ley 797. Es que sería contrario a cualquier sentido lógico y a cualquier principio de proporcionalidad que si el legislador exige y determina que una pensión de sobrevivientes se causa tan solo con 50 semanas, en este caso se le negara la prestación a una persona que cotizó 1.198 semanas dejando causada o faltándole 1,25 semanas para el requisito de la pensión de vejez. Son estas las razones que llevan a la Sala a concluir, atendiendo al precedente que estamos analizando, que el causante sí dejó los requisitos, sí dejó causada la pensión de sobrevivientes para su esposa María Eugenia […] Puntualizó que del acervo probatorio quedó claro que la demandante acreditó la convivencia con el causante hasta el momento de su muerte, y por un periodo que superó los veintiocho años, transcurridos desde 1982 hasta 2011.

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Radicación n.° 82898 En cuanto al monto de la pensión, clarificó que la tasa que se debía aplicar, es la regulada en el artículo 48 de la Ley 100 de 1993, de manera que, como en este caso el afiliado acreditó 1.198 semanas, la de reemplazo sería la del 71%, lo

que arrojó como mesada inicial la suma de $1.016.878. Observó que, pese a que dicha suma es superior a la fijada en la sentencia de primer nivel, […] aun así deberá modificarse, porque el juez de instancia aplicó el modelo de liquidación definido en el parágrafo del artículo 12 de la Ley 797 del 2003, que, como bien sabemos, consiste en hallar el valor de la pensión de vejez y a esa suma sacarle el 80%. Pero como esta Sala ha concluido que el causante no dejó acreditados los requisitos de dicho parágrafo, siendo coherente entonces con la decisión que aquí se adopta de conceder la pensión con condición más beneficiosa, y con el Decreto 758 de 1990, mal haría la Sala en dejar el valor de mesada pensional correspondiente a un parágrafo que, hemos concluido, no se aplica, y esa es entonces la razón que lleva a la Sala a concluir que los cálculos deben hacerse a partir del valor de la mesada inicial que aquí hemos encontrado: $1.016.878 para el año 2011. Avaló que la condena se hiciera a razón de 14 mesadas al año, pues el derecho se causó el 15 de junio de 2011, antes del límite establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005, que fue el 31 de julio de 2011, en los términos del parágrafo transitorio 6º del artículo 1 de la mencionada normatividad. Respaldó la decisión relacionada con la prescripción, ya que la prestación fue reclamada en abril de 2013, lo que hizo suspender el trámite administrativo hasta diciembre de esa

anualidad, y la demanda se presentó el 12 de diciembre de

2014. Por último, sostuvo que los intereses moratorios no eran procedentes, pues la entidad actuó conforme a la normatividad vigente al momento del deceso del causante, esto es, la Ley 797 de 2003.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case la providencia recurrida, para que, en sede de instancia, la revoque, y en su lugar la absuelva de todas las pretensiones de la demanda.

Subsidiariamente, solicita que se case parcialmente la sentencia […] en cuanto determinó el valor de la primera mesada pensional aplicando el inciso segundo del artículo 48 de la Ley 100 de 1993, con una tasa de remplazo del 71%; y en sede de instancia MODIFIQUE la sentencia de primera instancia condenando a COLPENSIONES a pagar la pensión […], aplicando una tasa de reemplazo del 65% del IBL. Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que replicados extemporáneamente (f.° 35), se resuelven en conjunto, atendiendo a que están soportados en similar elenco normativo, y se fundan en argumentos que se complementan.

VI. CARGO PRIMERO Por la vía directa, denuncia la interpretación errónea del canon 53 de la Constitución Política, en relación con el 48 de

la Ley 270 de 1996 y 272 de la Ley 100 de 1993; y la aplicación indebida del 1° del Decreto 758 de 1990, en cuanto aprobó el 6 y el 25 del Acuerdo 049 de 1990; 12 de la Ley 797 de 2003 y 46 de la Ley 100 en su versión original, lo

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Radicación n.° 82898 que produjo la vulneración del 48 de la CP, 13 de la Ley 797 de 2003 y; 48, 50 y 142 de la ley de Seguridad Social Integral. Indica que, haciendo suyos los argumentos de la Corte Constitucional, el ad quem interpretó de manera errónea el principio de la condición más beneficiosa, ya que dicho postulado solo permite la aplicación de la ley inmediatamente anterior, y no escoger, «de todas las normas que han tenido vigencia durante la relación jurídica de la seguridad social, la que se acomode a la situación particular de quien pretende acceder a una prestación». Agrega que el colegiado no tenía por qué seguir las motivaciones de ese alto Tribunal, ya que no fueron proferidas en ejercicio del control constitucional. Asegura que el fallador plural se equivocó al liquidar la mesada pensional de conformidad con el artículo 48 de la Ley 100 de 1993, y al ordenar el pago de las mesadas adicionales de junio y diciembre.

VII. CARGO SEGUNDO Por la senda del derecho, denuncia la aplicación indebida del mismo cuerpo normativo señalado en el embate anterior, con excepción del artículo 48 de la Ley 270 de 1996.

Arguye que, en el evento de que se tuviera como correcta

la interpretación del Tribunal sobre el principio de la condición más beneficiosa, en todo caso aquel erró al aplicarla a un caso que no cumplía los requisitos establecidos en la sentencia CC SU-005-2008, los que describe de inmediato. Sostiene que el colegiado no verificó

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Radicación n.° 82898 si el causante se encontraba en circunstancias en las cuales no le era posible cotizar las semanas faltantes. Concluye que no era procedente liquidar la mesada pensional de conformidad con el artículo 48 de la Ley 100 de 1993, ni ordenar el pago de las adicionales de junio y diciembre; reitera los argumentos ya esgrimidos en el ataque anterior.

VIII. CARGO TERCERO Acusa la sentencia de violar, por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida, el precepto 48 de la Ley 100 de 1993, en relación con el 1° del Decreto 758 de 1990, en cuanto aprobó el 6 y el 25 del Acuerdo 049 de 1990.

Presenta este cargo como subsidiario de los anteriores, y para demostrarlo, precisa que la transgresión normativa se produjo al desconocer el juez de alzada, «[…] que existe norma especial para los casos en los que se concede una pensión de sobrevivientes por haberse cumplido las condiciones establecidas por el Instituto de Seguros Sociales en sus acuerdos, de manera específica el Acuerdo 049 de 1990». Concluye que la tasa de remplazo que debió utilizarse era la del 65% y no del 71%.

IX. CONSIDERACIONES Ninguna discusión se cierne en torno a que, i) la

demandante convivió por más de veintiocho años con el señor John Jairo Gómez Morales, de los cuales cinco fueron antes de su muerte, y que dependía económicamente de él; ii) este

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Radicación n.° 82898 aportó un total de 1.198,7 semanas entre el 15 de febrero de 1978 y el 31 de diciembre de 2002, de las cuales 832 fueron antes del 1º de abril de 1994; iii) el causante falleció el 15 de junio de 2011 y; iv) que en los últimos tres años anteriores a su deceso no realizó ninguna cotización. El problema jurídico planteado se centra en definir si erró el Tribunal al otorgar la pensión de sobrevivientes con los lineamientos del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año. Con fundamento en el principio de legalidad, se sabe que la norma aplicable es la que se encuentre en vigor para la fecha del deceso del causante. Así lo ha sostenido en incontables ocasiones esta Sala de la Corte, como en la sentencia CSJ SL3769-2018, en la que se reiteraron las SL9762-2016, SL9763-2016, SL9764-2016, SL15612-2016, SL15617-2016, SL1689-2017, SL1090-2017 y SL21472017, entre otras tantas. En el caso sometido a estudio, como quiera que el óbito se produjo el 15 de junio de 2011, la disposición rectora es el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, por lo tanto, debía

acreditarse que el afiliado sufragó 50 semanas dentro de los tres años anteriores al fallecimiento, es decir, entre el 15 de junio de 2008 y el mismo día y mes de 2011. Sin embargo, en ese interregno aquel no efectuó siquiera una sola cotización, razón por la cual, desde la aplicación estricta del precepto señalado, es dable concluir que no dejó causada la pensión de sobrevivientes.

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Radicación n.° 82898 De otro lado, y contrario a lo que sostuvo el Tribunal, las aspiraciones de la parte actora tampoco encuentran respaldo si se analiza el asunto a partir del principio de la condición más beneficiosa, puesto que el fallecimiento del asegurado se produjo más de tres años después de la entrada en vigencia de la ley 797 de 2003, límite máximo señalado por la jurisprudencia para la legítima invocación de dicho postulado. Así lo ha enseñado esta Sala de la Corte, en forma reiterada y pacífica, como en la sentencia CSJ SL1884-2020, en la que expuso: Sin perder de vista lo precedente, y una vez analizada la exposición de motivos de la Ley 797 de 2003, brota espontánea una primera conclusión: el legislador jamás pretendió perpetuar las disposiciones de la Ley 100 de 1993 que regulan la pensión de sobrevivientes, y si bien con la condición más beneficiosa debe respetarse o mejor resguardarse los hechos denominados por la doctrina foránea «intertemporales» que se generan con personas que tienen una situación jurídica concreta, ello no puede llevar a mantener, per secula seculorum, la protección de «“derechos”

que no son derechos”», en contra posición de la nueva ley que ha sido proferida honrando la Constitución Política. De suerte que, a falta de normatividad expresa, el principio de la condición más beneficiosa emerge como un puente de amparo construido temporalmente para que transiten, entre la anterior y la nueva ley, aquellas personas que, itérese, tienen una situación jurídica concreta, con el único objetivo de que, en la medida que lo recorren, paulatinamente vayan construyendo los «niveles» de cotización que la normativa actual exige. Pero ¿cuál es el tiempo de permanencia de esa «zona de paso» entre la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003? Bueno, para la Corte lo es de tres años, tiempo este que la nueva normativa (Ley 797 de 2003) dispuso como necesario para que los afiliados al sistema de pensiones reúnan la densidad de semanas de cotización-50y una vez verificada la contingencia de la muerte los causahabientes puedan acceder a la prestación correspondiente. Con ese fin, se obtiene un punto de equilibrio y se conserva razonablemente por un lapso determinadotres años-, los «derechos en curso de adquisición», respetándose así, para determinadas personas, las semanas mínimas establecidas en la

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Radicación n.° 82898 Ley 100 de 1993, «con miras a la obtención de un derecho en materia de pensiones, cuya efectividad se subordina al cumplimiento ulterior de una condición», cual es, la muerte. Entonces, algo debe quedar muy claro. Solo es posible que la Ley 797 de 2003 difiera sus efectos jurídicos hasta el 29 de enero de

2006, exclusivamente para las personas con una expectativa legítima. Con estribo en ello se garantiza y protege, de forma interina pero suficiente, la cobertura al sistema general de seguridad social frente a la contingencia de la muerte, bajo la égida de la condición más beneficiosa. Después de allí no sería viable su aplicación, pues este principio no puede convertirse en un obstáculo de cambio normativo y de adecuación de los preceptos a una realidad social y económica diferente, toda vez que es de la esencia del sistema el ser dinámico, jamás estático. Expresado en otro giro, durante dicho periodo (29 de enero de 2003 – 29 de enero de 2006), el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 continúa produciendo sus efectos con venero en el principio de la condición más beneficiosa para las personas con expectativa legítima, ulterior a ese día opera, en estrictez, el relevo normativo y cesan los efectos de este postulado constitucional. No puede la Corte pasar por alto que esta franja de tres años, a más de tornarse razonable y proporcional favorece, a quienes tenían dicha situación concreta al momento del tránsito legislativo. Es inocultable que si las expectativas legítimas no pueden ser modificadas de manera abrupta o arbitraria, de ahí la razón de ser de la condición más beneficiosa, tampoco pueden permanecer inalterables como si fuesen unos derechos adquiridos. Dicho en breve: no se le puede otorgar el mismo tratamiento y protección a las expectativas legítimas que a los derechos consolidados. Con tal óptica, es de verse que si los regímenes de transición tienen duración limitada y cuantificable en el tiempo, y que, para

algún sector, es posible que el legislador modifique los regímenes de transición con posterioridad a su consagración «porque éstos no pueden ser concebidos como normas pétreas», caben las siguientes preguntas ¿cómo entender que el principio de la condición más beneficiosa sí permanezca en vigor sin límite alguno en el tiempo? Si un régimen de transición no es permanente, ¿bajo qué argumento puede sostenerse que el uso de la condición más beneficiosa sí lo sea? si precisamente, como se explicó, los derechos adquiridos son diferentes a las expectativas legitimas. No hay argumentos que, prima facie, lo justifique. No se pierda de vista que ha transcurrido más de 13 años desde cuando acaeció el cambio normativo, 29 de enero de 2003, es decir, lapso de tiempo que incluso superó el término del régimen de transición dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005, para las pensiones por vejez. Por tanto ¿se justifica mantener con vida lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, más allá del tercer año de vigencia de la Ley 797 de 2003, so pretexto de

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Radicación n.° 82898 emplear la condición más beneficiosa, cuando, se repite esta ley dispuso un margen de tres años para satisfacer la densidad de semanas de cotización? De suyo, también se cumple con lo asentado por la Sala respecto a la deliberada voluntad del legislador en la reforma introducida al sistema pensional con la Ley 797 de 2003, que propende por asegurar un equilibrio financiero, de manera que los niveles de

protección que hoy se ofrezcan, se puedan mantener a largo plazo. Desde la perspectiva anterior, si la condición más beneficiosa tiene cabida por vía de excepción y su aplicación es restrictiva, no es dable emplearla con un carácter indefinido. Tampoco es factible, en virtud del principio de inescindibilidad de la ley, alterar la normativa que se ha de aplicar en virtud del principio examinado Una reflexión insoslayable, el fallecimiento del afiliado es un supuesto ineludible de la causación del derecho a la pensión de sobrevivientes, no es un requisito de exigibilidad. Ello explica que no basta satisfacer la densidad de cotizaciones en cualquier tiempo para entender consolidado el derecho, sino que los dos elementos deben acontecer dentro del ámbito temporal que establece la ley. Este planteamiento permite entender la justificación de la condición más beneficiosa y su permanencia efímera. El anterior criterio se reiteró en la sentencia CSJ SL1742-2021, así: De otra parte, la Sala ha estimado que no fue la intención del legislador perpetuar las disposiciones de la Ley 100 de 1993 en lo atinente a la regulación de la pensión de sobrevivientes, por tal razón estableció reglas claras sobre hasta dónde difiere sus efectos jurídicos la Ley 797 de 2003, y en tal sentido, señaló el 26 de enero de 2006, es decir hasta esa fecha el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 continuó produciendo efectos para ese propósito

(CSJ SL2577-2020).

En ese contexto, si la condición más beneficiosa para acceder a la pensión de sobrevivientes opera con todo vigor

en ese lapso de tres años, esto es del 29 de enero de 2003 al mismo día y mes de 2006, eso significa que en el caso bajo estudio no procede su aplicación, por cuanto el causante falleció el 15 de junio de 2011, es decir, por fuera del marco temporal al que se hizo referencia, por ende, se equivocó el

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Radicación n.° 82898 juez de apelaciones al acceder a las pretensiones de la demanda, bajo la égida del mencionado principio. Desnudado el error del Tribunal, los cargos salen avante. No habrá lugar a costas, dada la prosperidad de las acusaciones.

X. SENTENCIA DE INSTANCIA En orden a resolver el grado jurisdiccional de consulta surtido a favor de Colpensiones, se tiene que el a quo consideró, inicialmente, que a la luz de la Ley 797 de 2003, vigente a la fecha del fallecimiento del afiliado, no se causó la prestación de supervivencia, toda vez que aquel no cotizó 50 semanas en sus últimos tres años de vida.

Seguidamente, analizó el asunto a partir del parágrafo 1º del artículo 12 ibidem, y concluyó que el número mínimo de semanas de que trata dicha norma, […] es el fijado en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, con las modificaciones que hayan sido introducidas por la Ley 797 de

2003. Sin embargo, ello no será así siempre y cuando que el afiliado no sea beneficiario del régimen de transición pensional del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues en tal caso, y en tratándose de un afiliado al Seguro Social, por razón de los

beneficios de ese régimen, se le debe aplicar en materia de densidad de cotizaciones el régimen para el cual se encontraba afiliado para el 1° de abril de 1994, que lo es el Acuerdo 049 del 90, en particular su artículo 12 por así disponerlo el señalado artículo 36 de la Ley 100 del 93. Con base en lo anotado, tuvo en cuenta que el finado era beneficiario de la transición, porque al 1° de abril de 1994 contaba con 832 semanas cotizadas, que representaban 16,19 años de aportes, y por supuesto, también tenía 750 semanas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de

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2005. De ahí coligió que, en principio, dicho régimen se extendía hasta el 31 de diciembre de 2014, de cara a acceder a la pensión de vejez. Y explicó: Si nació en 1958, ello nos indica que, entonces, los 60 años de edad los cumplía en el año 2018; luego, en principio, desde la perspectiva del Acto Legislativo 01 de 2005, ha de entenderse que el afiliado, señor Gómez Morales, perdería, en el evento de estar vivo, o había perdido a hoy, aquel régimen de transición, como consecuencia del presupuesto de la edad, y entonces se obligaba, acorde con los parámetros del Acto Legislativo 01 de 2005, a que, una vez entrada en vigencia, aquel hubiese continuado cotizando para poder acceder a la pensión de vejez a la luz del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, que demandaba entonces, para el momento

de cumplir la edad, 1.300 semanas, o sea, para el 2018. Sin embargo, no puede desconocer el despacho que en el caso en particular, aquí estamos no solamente frente al fenómeno de una mera expectativa por parte del asegurado Gómez Morales para el momento del Acto Legislativo 01 de 2005, sino frente a una expectativa legítima de acceder al derecho pensional […] en la medida que para cuando se expide el Acto Legislativo 01 de 2005, este había dejado de cotizar y se había relajado porque ya tenía la densidad de semanas al ser beneficiario del régimen de transición regulado por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 […]. Seguidamente, con apoyo en la jurisprudencia de esta Corte, sostuvo que el mínimo establecido en el tiempo anterior al fallecimiento del asegurado, era 1.000 semanas en el régimen de prima media. Ahora, en orden a resolver la consulta anunciada en precedencia, se tiene que el parágrafo 1° del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 12 de la Ley 797 de 2003, establece: PARÁGRAFO 1°. Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2 de este artículo tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, en los términos de esta ley.

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Radicación n.° 82898 El monto de la pensión para aquellos beneficiarios que a partir de la vigencia de la Ley, cumplan con los requisitos establecidos en este parágrafo será del 80% del monto que le hubiera correspondido en una pensión de vejez. Así, fuerza indicar que el fallador de primer grado acertó al comprender que, para los beneficiarios del régimen de transición a quienes les cobijara el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, el número mínimo de semanas requerido en tiempo anterior al fallecimiento del afiliado no es otro que el contemplado en el artículo 12 de dicho acuerdo, es decir, de 1.000 semanas en cualquier tiempo, o 500 en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad (CSJ SL, 31 ago. 2010, rad. 42628,

CSJ SL6629-2015, CSJ SL227-2019, CSJ SL1588-2019).

En este contexto, la historia laboral de Colpensiones (f.° 59 a 65), demuestra que John Jairo Gómez Morales era beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto, por tener más de 15 años de servicio al 1° de abril de 1994 y, que cotizó un total de 1.180,78 semanas hasta el 31 de marzo de 2001, con lo cual satisfizo con suficiencia, la exigencia prevista en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990. De esta manera, al cumplir el causante con lo establecido por el parágrafo 1° del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, fuerza concluir, que se generó el derecho a la

pensión de sobrevivientes a favor de los beneficiarios del fallecido. En este punto huelga precisar que la anterior conclusión no se altera, por el hecho de que el afiliado

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Radicación n.° 82898 cumpliera la edad pensional después del 31 de diciembre de 2014 –fecha que el Acto Legislativo 01 de 2005 estipuló como límite temporal máximo del régimen de transición–, toda vez que su muerte, tuvo el efecto jurídico de habilitar la edad pensional. Así lo precisó esta Corporación en la sentencia CSJ SL, 17 abr. 2012, rad. 42488, reiterada en SL13645-2014, al examinar una pensión de sobrevivientes con fundamento en la misma preceptiva. En esa oportunidad señaló: Primeramente cabe anotar, que el Tribunal en ningún momento desconoció lo regulado por el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, como tampoco que la causante no tenía cotizadas 26 semanas en el año inm