CSJ - SL1895-2023

Li República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casaclia Laboral Sala de Descenledlia N. 3 DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ Magistrado ponente SL1895-2023 Radicación n.°93374 Acta 25 Bogotá, D. C., veintiséis (26) de julio de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por SANDRA CONSTANZA ALVARADO VERA, contra la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2020, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC, en el proceso que instauró contra GENERAL MOTORS

COLMOTORES SA.

I. ANTECEDENTES Sandra Constanza Alvarado Vera, llamó a juicio a General Motors Colmotores SA, para que fuera condenada al reconocimiento y pago de «la totalidad» de salarios, factores salariales, cesantía y sus intereses, vacaciones, primas y bonificaciones, que se le adeudan desde el 2 de abril de 2007

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Radicación n.°93374 hasta el 26 de julio de 2016. También pretendió condena por las indemnizaciones con ocasión al despido injusto y falta de consignación «a tiempo en un fondo de cesantías»; la sanción moratoria del art. 65 del CST, los aportes a la seguridad social y las costas el proceso. Indicó en sustento de las pretensiones, que se vinculó con la demandada el 2 de abril de 2007, a través de contrato de trabajo a término indefinido, que finalizó el 26 de julio de

2016, sin justa causa y por decisión de la empleadora; que desempeñó el cargo de «SUPERVISOR GMS 86 PLAN DE SUGERENCIAS»; que el último salario devengado fue de $10.270.205; que se le adeuda lo pretendido en el escrito inaugural (fs.°3 a 10 cdno. principal). General Motors Colmotores SA, se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, admitió la existencia del vínculo laboral, los extremos temporales, el cargo y el último salario señalado por la demandante. De los demás, indicó que no eran ciertos. En su defensa, manifestó que pactó con la actora el pago de un salario integral y que cumplió con todos los conceptos a que tenía derecho, por tanto, lo pretendido «durante los periodos de suspensión del contrato», no tenía ningún asidero. Sostuvo que la actora solicitó una licencia no remunerada, del «1 de enero de 2018 (sic) y hasta cuando la misma estuvo vigente 1 de enero de 2012 (dado que la trabajadora, cumplido el tercer año solicitó una extensión adicional que fue concedida por la empresa)»; afirmó que la 2

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S Radicación n.°93374 suspensión del contrato, supone la interrupción de la prestación del servicio, sin que se extinga el convenio entre las partes. Reiteró la existencia del pacto de salario integral, que fue lo que la accionante devengó desde 2013, hasta cuando finalizó el vinculo. Propuso como excepciones, las de inexistencia de las obligaciones y cobro de lo no debido por ausencia de causa,

enriquecimiento sin causa, pago, compensación, buena fe y prescripción (fs.°110 a 114 vto cdno. principal).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá DC, mediante fallo de 15 de noviembre de 2018 (cd f.°207 cdno. principal), dispuso: Primero: Condenar a la entidad demandada General Motors Colmotores SA, [...] a reconocer y pagar a la demandante Sandra Constanza Alvarado Vera, [...] los siguientes conceptos, a razón de cesantías correspondientes al ario 2007, la suma de $2.332.000; por razón de vacaciones de los arios 2013, 2014, 2015, 2016 (sic) y la fracción del 2016, $17.915.802; en razón a la indemnización moratoria por un día de salario equivalente a $77.733 diarios, a partir del 27 de julio de 2016 y hasta por 24 meses.

Segundo: Absolver a la entidad demandada General Motors Colmotores [...] de las demás pretensiones incoadas en su contra por la demandante Sandra Constanza Alvarado Vera [...], de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

Tercero: Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción respecto de los intereses a las cesantías, primas causadas durante los arios 2007 y las vacaciones causadas durante los arios 2007 (sic) y 2012, y declarar probada la excepción de inexistencia de la obligación respecto a las peticiones de la demanda, salvo la de las vacaciones.

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Cuarto: Condenar en costas a la parte accionada, dentro de las que deberá incluirse por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC, al desatar los recursos de apelación interpuestos por las partes, con sentencia de 30 de noviembre de 2020 (fs.°205 a 236 cdno. principal), revocó la de primer grado, en su lugar absolvió. Se abstuvo de imponer condena en costas. Indicó que lo argüido acerca de las súplicas correspondientes del «1 de enero de 2008 a 31 de diciembre de 2011», no constituían «razones válidas para infirmarla sin entrar a estudiar las consideraciones que tuvo en cuenta para ello», por tratarse de razonamientos que no fueron planteados en el escrito genitor y muy diferentes a los estimados por el a quo. Afirmó que la acción judicial se instauró para obtener reconocimiento y pago de salarios, y reajuste de la cesantía e intereses, vacaciones, primas y bonificaciones, sanción por no consignación de cesantías a un fondo, aportes a seguridad social de toda la relación de trabajo, la «totalidad» de la indemnización por despido, sustentado «en la simple y única tesis de que la empleadora los adeuda sobre la totalidad del 4

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Radicación n.°93374 salario efectivamente devengado en toda la relación de trabajo»; que el juez unipersonal estimó que del «1 de enero

de 2008 al 31 de diciembre de 2011», hubo suspensión del contrato de trabajo por solicitud expresa y exclusiva de la trabajadora. En ese orden, estimó que las disquisiciones de la actora en la alzada, [...] no solo no corresponden a los supuestos de hecho con los que se pretendió acceder a la pretensión en la demanda primigenia, sino que constituyen una pretensión totalmente y diferente a las peticionadas, por lo tanto, constituyen hechos nuevos que no fueron controvertidos en la primera instancia, y en consideración a ello no pueden ser tenidos en cuenta en esta segunda instancia, por lo que resulta oportuno recordarle al impugnante que, i) los medios de impugnación no se instituyeron para sopesar los yerros de las partes, sino para cuestionar las decisiones que en ejercicio de la facultad de administrar justicia adopte el juez, en aquello que se le sea desfavorable a alguna de ellas, siempre y cuando se base en los presupuestos lácticos y jurídicos que se le plantearon para adoptar la decisión; y, ii) el principio de congruencia de la sentencia, en virtud del cual el juez no puede salirse de los hechos objeto de debate, por esa razón resultan inoportunos sus planteamientos, ya que si bien el juez haciendo uso de la facultad oficiosa que solo a él compete, en aplicación del principio ultra y extra petita puede reconocer derechos diferentes o emolumentos superiores a los reclamados, para ello debe apoyarse en los presupuestos fácticos que sustentan la acción, máxime cuando la aplicación facultativa de este principio se encuentra reservada única y exclusivamente al juez de primera instancia.

Con tal afirmación, descartó prosperidad en la apelación dirigida al reconocimiento de la prima de servicios, cesantías e intereses con la sanción por no consignación a una administradora de fondos del «1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2011». 5

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Radicación n.°93374 En cuanto al salario integral, acudió a lo señalado en el art. 18 de la Ley 50 de 1990, que subrogó el art. 132 del CST, reglamentado por el art. 1 del Decreto 1174 de 1991, e hizo énfasis en los giros de la jurisprudencia de esta Corporación, en punto a que el pacto de salario integral debe constar por escrito. Trajo a colación las sentencias CSJ SL, 18 sep. 1998, rad. 10837, las que identificó «40259 de 2011, 37592 de 2012, 4235 de 2014, 4594-2016» y la CSJ SL2804-2020, para aseverar que de acuerdo con los postulados legales y superiores que rigen y orientan la ejecución de las relaciones laborales, de primacía de la realidad, buena fe y lealtad, le correspondía «como director del proceso establecer la verdad real de la relación jurídica que sostuvieron las partes en litigio». Tras explicar tales postulados, sostuvo que el criterio jurisprudencial «que venía exponiendo la tesis de que la validez de salario integral no queda circunscrita a la acreditación de la formalidad o ritualidad de pacto expreso escrito», es armónico con los principios que orientan las

relaciones de trabajo, atendiendo «las situaciones particulares del caso las que permiten establecerlo con acierto jurídico», por ser función del juez establecer la verdad real de los hechos y preservar el equilibrio de las partes intervinientes en la relación jurídica de trabajo. En ese orden, estimó que pese a la ausencia de pacto expreso escrito de salario integral, estaba acreditado «hasta 6

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Radicación n.°93374 la saciedad como lo deja en evidencia la prueba documental, no desconocida ni tachada de falsa, y la propia versión de la accionante al absolver interrogatorio de parte», que desde el inicio de la actividad laboral con la empleadora y hasta la finalización del vínculo, la demandante [...] siempre tuvo conocimiento de que la retribución del servicio lo fue bajo esa modalidad salarial, sin recibir los demás derechos que derivan de la percepción de un estipendio ordinario, y durante ese lapso que perduró por espacio de más de cinco arios, no mostró reparo u objeción de ninguna naturaleza, precisamente porque el monto que a ese título se le reconoció fue superior al mínimo previsto en la ley sustantiva del trabajo para que ese pacto sea válido; situación de pleno conocimiento de la empleada, pues pese a que indica en su jurada que siempre fue nivel 6 aduciendo que este jamás se remunera bajo la modalidad integral, acepta que desde su reincorporación se desempeñó en ese nivel al ponérsele en conocimiento los documentos, en donde consta que el salario era superior al equivalente del mínimo integral que regula el ordenamiento sustantivo del trabajo. De la falta de pago de la cesantía, indicó que su

liquidación definitiva como de las demás prestaciones causadas a la fecha de cambio a salario integral, perdieron o vigencia pues con el reconocimiento de esa modalidad salarial surge el pago anticipado de esos conceptos; por esa razón la inobservancia de ese requisito no implica su ineficacia», ya que lo que surge para el empleado es el derecho de exigir los valores que por prestaciones le correspondan, a la data en que empieza el reconocimiento de salario integral, de suerte que si no lo hace dentro del término que dispone el ordenamiento sustantivo y procesal del trabajo, puede configurar la prescripción. Insiste en que la variación de la remuneración y su modificación al no constar por escrito, no le quitaba eficacia 7

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Radicación n.°93374 al rubro cancelado bajo la modalidad integral pues, de admitirse, se desconocerían «los postulados legales y Superiores que orientan las relaciones de trabajo enunciados, lo que apareja como consecuencia ante la evidencia del salario integral retributivo del servicio, la no causación de prestaciones en que insiste el impugnante de la activa». En ese orden, dio razón a la demandada cuando apeló la condena por vacaciones, al constatar que se hicieron a la actora pagos periódicos durante ese interregno acorde con lo devengado (fs.°133 a 137), prueba que no fue desconocida ni tachada de falsa, por lo que revocó esa decisión. Igual suerte corrió la condena impuesta por la cesantía de 2007, ya que la demandante al absolver interrogatorio de parte minuto 20:30/43 cd 1, confesó que en febrero de 2008

le consignaron en Colfondos ese concepto, lo que significaba «sin asomo de duda» que correspondió a ese rubro del ario inmediatamente anterior, es decir, las de 2007 como lo exige el art. 99 de la Ley 50 de 1990. Ante la falta de condena por una prestación laboral, revocó la sanción moratoria.

W. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la casación de la sentencia del ad quem, para que en sede de instancia, se confirme las condenas impuestas por el a quo; revoque la absolución de las demás pretensiones y adicionalmente se condene al pago de la cesantía y sus intereses causadas, a partir del 1 de enero de 2008 «hasta la terminación del contrato de trabajo»; la indemnización por falta de consignación de la cesantía a una administradora de fondos, las vacaciones por todo el vínculo laboral, las primas de servicios, bonificaciones, aportes a seguridad social y la reliquidación de la indemnización por despido injusto.

Con tal propósito, formula dos cargos por la causal primera de casación, replicados por la demandada. Se estudiarán de manera conjunta a pesar de dirigirse por sendas distintas, debido a su unidad de designio y por complementarse entre sí.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia por la vía indirecta, por la aplicación indebida de los arts. 1, 21, 24, 25, 34, 64, 65 del CST

(modificado por el art. 29 de la Ley 789 de 2002), 67, 132, modificado por el 18 de la Ley 50 de 1990; arts. 186, 189, 249, 253, 306, 488 del canon sustancial laboral; art. 1 de la Ley 995 de 2005; art. 99 de la Ley 50 de 1990; arts. 13, 251 48, 53 de la CN; arts. 176, 244, 281de1 CGP; art. 61 y 151 del CPTSS. 9

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Radicación n.°93374 Como errores de hecho, endilga los siguientes: 1.- Dar por demostrado, sin estarlo, que la remuneración pagada por la accionada a la demandante, correspondió a salario integral. 2.- Dar por demostrado, sin estarlo, que hubo acuerdo entre la empresa y la trabajadora para dar vigor al salario integral. 3.- Dar por demostrado, sin estarlo, que la actora aceptó tácitamente el salario integral. 4.- No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que el contrato de trabajo escrito, expresamente señaló salario ordinario y régimen prestacional, para esa relación laboral. 5.- No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que conforme al contrato de trabajo suscrito con la trabajadora, la demandada se comprometió a que toda variación en la remuneración salarial, se haría constar por escrito. 6.- Dar por demostrado, sin estarlo, que la demanda, no hizo referencia a las razones y hechos, que soportaron el recurso de apelación y que en consecuencia, constituyen "hechos nuevos";

principio de congruencia. 7.- No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que los argumentos y razones del recurso de apelación, tienen relación directa con los hechos controvertidos en la primera instancia y planteados en la demanda. 8.- No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que la contestación de la demanda, introdujo el tema del salario integral y en general el intento de justificación del no pago de las prestaciones sociales a la actora. 9.- No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que la accionada actuó de mala fe, en tanto que sin razón válida, no pagó las prestaciones sociales a la actora, ni consignó las cesantías al fondo administrador correspondiente. Enlista como pruebas erróneamente apreciadas: 1.- Contrato de trabajo escrito (fis. 115 a 121). 2.- Documental relacionada con los pagos periodos (fls. 133 a 137). 3.- Demanda, como pieza procesal (fl.3 a 10). 10

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Radicación n.°93374 4.- Contestación de la demanda, como pieza procesal (fls. 110114) 5.- Recurso de apelación, como pieza procesal CD minuto 53, audiencia de fallo. 6.- interrogatorio de parte, del cual el Tribunal dedujo confesión CD minuto 22, audiencia de pruebas. A fin de acreditar los tres primeros errores de hecho, asevera que no es prueba de la existencia del salario integral el «mero calificativo» que le otorgue una de las partes al sistema de remuneración; que no hay elemento probatorio en el expediente, que permita inferir acuerdo entre la

demandante y la accionada, para modificar la modalidad de remuneración y pasar del sistema de salario ordinario, con pago de prestaciones sociales y consignación de cesantías anual, a la remuneración integral. Advierte que las consideraciones del ad quem conllevan un error «garrafal y grave», al dar por demostrado el pacto del salario integral a partir de nóminas y otros documentos sin firma (fs.°133 a 135), creados por la propia demandada sin participación de la accionante, que no tienen valor probatorio. Endilga equivocación al deducirse la existencia del salario integral, «por el solo hecho de haber calificado la accionada la remuneración pagada a la demandante en cualquier documento, bien sea nomina, circular, sin participación de la trabajadora». Sostiene que al absolver interrogatorio de parte no confesó, dado que no basta admitir que la llamada a juicio calificó el pago, 11

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Radicación n.°93374 [...] como salario integral, pues ello no sirve de estribo o soporte para tener por demostrada la existencia del acuerdo o pacto escrito sobre el salario integral, que la propia accionada dice se pactó. Constituye requisito o condición sine qua non, que permite afirmar la existencia del salario integral, como modalidad de remuneración, el pacto escrito, el cual brilla por su ausencia dentro del proceso. En el interrogatorio de parte, la actora no reconoció la existencia de texto formal alguno; al contrario, señaló que había sido asaltada en su buena fe, en tanto que cuando regreso (sic) de la licencia, la demandada, unilateralmente omitió pagar las prestaciones sociales y demás

emolumentos; motivo por el cual, la accionada ha pretendido soportar y respaldar su comportamiento reprochable, en elementos que no constituyen fundamento probatorio del salario integral. Asevera que un acuerdo tácito no es prueba de haberse convenido el salario integral, ni tampoco el hecho de que la trabajadora guardara silencio. Memora un aparte de la sentencia CSJ SL1035-2016, para sostener que el trabajador no está en condición de rechazar de plano toda la conducta patronal, pues podría perder el empleo, de modo que el silencio tampoco puede asimilarse a una aceptación tácita. En punto a los yerros cuarto y quinto, estima que a pesar de que el Tribunal analizó el contrato de trabajo de folios 115 a 121, se equivocó en su valoración, pues de las cláusulas allí contenidas brota que es «un contrato con prestaciones sociales», contrario a las reglas del salario integral; que adicionalmente, en dicho convenio se dispuso que cualquier variación en la remuneración y demás modificaciones, se harían constar por escrito. En lo que atañe a los errores de hecho sexto, séptimo y octavo, referente a los «"hechos nuevos"», expone que al 12 SCLAOPT-10 V.00 lo Radicación n.°93374 revisar el recurso de apelación, es evidente la equivocación en su valoración, [...] pues allí, solo se manifestó la inconformidad sobre el tratamiento de la exclusividad y la consecuencia sobre el servicio prestado en Brasil -tema de conflicto, propuesto en la contestación de la demanda (f1.112)- que habilitó para hacer

referencia al mismo, en el recurso de apelación. Los otros tópicos tratados en el recurso de apelación propuesto[s] por la actora, fueron: la necesidad de tener en cuenta la totalidad del tiempo laborado, la inexistencia del salario integral, la valoración del contrato de trabajo, porque allí, se establece que toda variación salarial debía constar por escrito, que la omisión en la consignación anual del auxilio de cesantías, implica la indemnización correspondiente y el pago de la totalidad de las prestaciones sociales, en tanto nunca fue pactado salario integral. En consecuencia, el Tribunal erró, pues toda la temática tratada en el recurso de apelación, efectivamente fue propuesta en la demandada (sic) y en la contestación de la demanda, motivo por el cual no existió la incongruencia que coligió el Tribunal. El noveno error, lo hace consistir en que a pesar de que se trasgredió la norma que dispone que el salario integral debe pactarse por escrito y, que unilateralmente, a partir de enero de 2012 se omitió el pago de las prestaciones sociales, el colegiado «no dedujo la malaf e patronal», lo que «constituye error colosal y grosero, pues esa omisión inexplicable, implicaba que el Tribunal debió dar por demostrada la malaf e patronal». Destaca que la aseveración que hizo la demandada al «hecho cuarto» del escrito inaugural y que mantuvo durante todo el proceso, está huérfana de sustento probatorio.

VII. RÉPLICA La opositora arguye que el alcance de la impugnación

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incluye aspectos que no fueron incluidos en el recurso de apelación y, que tampoco hicieron parte de las condenas proferidas por el a quo como, por ejemplo, cuando pide el pago de las vacaciones por todo el tiempo laborado y la reliquidación de la indemnización por despido. También destaca que no se cuestiona lo relativo a que para el Tribunal, los periodos de vacaciones fueron pagados y se liquidaron adecuadamente, punto que no tiene relación con la discusión de la existencia de un acuerdo de salario integral; que igual suerte corre el pago de la cesantía. Asevera que la demostración del cargo se asemeja a un alegato de las instancias, pues el debate acerca de la solemnidad de una prueba, debe dirigirse por la senda directa. Insiste en que se dejó libre de ataque aspectos relevantes de la sentencia.

VIII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia por el sendero directo, por la interpretación errónea de los arts. 132 del CST, modificado por el 18 de la Ley 50 de 1990, en relación con los arts. 1, 21, 24, 25, 34, 64,6 5 (modificado por el art. 29 de la Ley 789 de 2002), 67, 186, 189, 249, 253, 306, 488 del mismo estatuto; 1 de la Ley 995 de 2005, 99 de la Ley 50 de 1990; 131 25, 48, 53 de la CN.

No discute «ninguna de las conclusiones _tácticas» del Tribunal y afirma que el desacierto jurídico estuvo en que a pesar de que el art. 132 del CST, modificado por el 18 de la

Ley 50 de 1990, dispone que el pacto sobre salario integral 14

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AA Radicación n.°93374 debe constar por escrito, el colegiado estimó que bastaba que el trabajador conociera que se le estaban desconociendo las prestaciones sociales y que al no protestar, constituía una aceptación tácita de la existencia de salario integral, lo que era suficiente para consolidar la voluntad unilateral de la empresa. Expone que al calificarse un acto o prueba como ad solemnitatem, la ley impone una formalidad para su validez; lo que significa que la consecuencia de ese incumplimiento, es la inexistencia o ineficacia del acto; que se requiere demostrar el pacto escrito del acuerdo, pues la norma acusada es clara y por lo mismo, no admite interpretaciones. Se apoya en los pronunciamientos CSJ SL848-2021, CSJ SL3574-2019 y CSJ SL2804-2020 y reitera que el sentenciador desconoció la formalidad de la prueba cpTss. dispuesta por el art. 61 del

IX. RÉPLICA Dice que la discusión sobre si la existencia del salario integral solo puede acreditarse por escrito y no por otro medio probatorio, debió ser propuesta por la vía indirecta, de modo que no es admisible la acusación por la modalidad de interpretación errónea; que se dejó libre de ataque lo atinente a la prescripción que para el Tribunal pudo configurarse, respecto de los valores que por prestaciones sociales le pudieran corresponder desde que se dio el cambio de la remuneración ordinaria a salario integral.

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Radicación n.°93374 Asevera que nadie puede desconocer sus propios actos y que es desleal y reprochable que la actora olvidara la modalidad salarial, quien confesó la suspensión temporal del contrato de trabajo e incurrió en contradicciones al absolver interrogatorio de parte; en punto a la sentencia CSJ SL28042020, dice que no fue unánime y que en ese caso los pagos se aportaron al proceso por la demandada, mientras que acá lo hizo la demandante.

X. CONSIDERACIONES Conforme lo compendiado en los antecedentes y lo planteado por la censura, la Sala debe resolver, primeramente, si el Tribunal erró al discurrir que las partes acordaron un salario integral y que, en tal virtud, la accionada no estaba obligada a pagar prestaciones sociales.

En un segundo plano, debe dilucidar si también se equivocó al colegir que conforme la sustentación del recurso de apelación, la demandante trajo hechos nuevos por corresponder a pretensiones diferentes a las formuladas en la demanda inicial, y por ello, se abstuvo de analizar lo pretendido en relación al periodo del 1 de enero de 2008 a 31 de diciembre de 2011. El primer cuestionamiento que se endilga al colegiado, es que al interpretar erróneamente el art. 132 del CST, concluyó existente un pacto de salario integral entre las partes, pese a que no constaba por escrito en el expediente, pues en su criterio, las partes así lo convinieron, por desprenderse de los documentos aportados al plenario. 16 SCLAPT-10 V.00RRaaddiiccaacciióónn n.°93374

La postura del Tribunal se ciñó a la doctrina sentada en las sentencias CSJ SL, 9 ag. 2011, rad. 40259; CSJ SL, 28 feb. 2012, rad. 37592 y CSJ 5L4235-2014, donde se admitió como válido que el pacto de salario integral estuviese «plasmado en cualquier escrito que no dej[ara] duda de que esa fue la voluntad de los contratantes, incluso por iniciativa del empleador, siempre que medi[ara] la aceptación, tácita inclusive, del trabajador», así como en lo señalado en el fallo CSJ SL4594-2016, que aceptó que el juez formara el convencimiento de ese hecho, entre otros, con «la conducta asumida por las mismas [partes] durante la ejecución del contrato de trabajo». Sin embargo, tales criterios fueron rectificados en la sentencia CSJ 5L2804-2020, en la que se analizó el principio de libertad de formas y sus excepciones, las características y finalidades de los actos solemnes y su prueba, y bajo el argumento de que a pesar de que, conforme al art. 37 del CST, por regla general el derecho laboral se rige por los principios de consensualismo y libertad, por excepción, el legislador previó «el cumplimiento de una forma específica para la formación del acto [jurídico] o su prueba», razón por la cual al tenor del art. 167 del CGP y 61 del CPTSS, existe libertad probatoria, salvo «cuando la ley exija unaf ormalidad ad substantiam actus o ad solemnitatem». En dicha providencia se acotó que el pacto de duración a término fijo de los contratos de trabajo, de acuerdo con el

art. 46 CST, el periodo de prueba previsto en el art. 77 ibidem y el salario integral señalado en el art. 132 del mismo canon 17

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Radicación n.°93374 normativo, por expresa orden legal deben celebrarse por escrito, y que para su existencia es «indispensable que la forma preordenada por el legislador se cumpla», por tanto no es admisible la aportación de otro medio de prueba distinto al acto mismo para su acreditación, so pena de que se considere «inexistente». De modo que si la ley exige el cumplimiento de un requerimiento específico, para la creación del acto o su prueba, en este caso, la celebración escrita, es claro que se equivocó el Tribunal al acudir a otros parámetros para sustentar su decisión, puesto que en el sub examine la exigencia del acuerdo de salario integral, no puede suplirse a través del silencio, o el comportamiento del trabajador, o por «conductas inductivas» o, por documentos ajenos al convenio firmado, por ser necesario que no quede ningún margen de duda de la voluntad del subordinado en este tipo de acuerdos. De ahí que se haya sentado en el fallo citado, que los actos formales que se presenten en el derecho del trabajo como «el acuerdo de salario integral 1...]» «no solo deben constar por escrito para su existencia (formalidad ad substantiam actus o ad solemnitatem) sino que su prueba no puede suplirse por un medio distinto al acto de constitución (formalidad ad probationem)». Desde la anterior perspectiva, la censura acredita los yerros fácticos y jurídicos que le endilgó al juzgador de

segundo nivel, en cuanto dio por acreditado la existencia del 18

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Radicación n.°93374 pacto de salario integral, sin mediar escrito que así lo demostrara y, por ello, la sentencia debe ser casada en este puntual aspecto. Ahora bien, en cuanto al segundo cuestionamiento que se le achaca al sentenciador, se desciende a las piezas procesales acusadas y de su contenido se colige lo siguiente: En la demanda inicial, la actora expuso que entre las partes se dio una relación laboral que inició el 2 de abril de 2007 y finalizó sin justa causa por la demandada el 26 de julio de 2016; que se le adeudan factores salariales por todo el lapso mencionado, prestaciones sociales, intereses a la cesantía y vacaciones «sobre la totalidad de los salarios efectivamente pagados desde el 2 de abril de 2007 al 26 de julio de 2016». También sobre los aportes y las indemnizaciones por despido injusto, falta de pago de salarios y prestaciones y también por falta de consignación de la cesantía. La accionada al contestar, en los hechos y fundamentos de la defensa aludió a la suspensión del contrato de trabajo, por solicitud que hiciera la demandante de una licencia no remunerada desde el 1 de enero de 2008 hasta el 1 de enero de 2012. El juez de primer grado, estimó que hubo suspensión del contrato en el lapso reseñado, por tanto, lo descartó al resolver el caso. 19

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En el recurso de apelación que propuso la accionante contra lo expuesto por el a quo, en lo pertinente manifestó: [...] en lo que no estamos de acuerdo es en la forma como se analiza el contrato a término indefinido, en cuanto a la cláusula primera donde se habla de exclusividad donde la [señora] Sandra Constanza Alvarado trabajó exclusivamente para la demandada General Motors Colmotores SA, n