CSJ - SL1897-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL1897-2023 Radicación n.° 88252 Acta 026 Bogotá, D. C., veinticinco (25) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, contra la sentencia proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 13 de marzo de 2019, en el proceso que instauró ORLANDO ÁLVAREZ QUINTERO contra ASESORES EN DERECHO SAS como mandataria con representación de PANFLOTA de

la COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE LA FLOTA

MERCANTE; la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE

FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR SA – PORVENIR SA; la FIDUCIARIA LA PREVISORA SA como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO

PANFLOTA y, la NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO.

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Radicación n.° 88252 Se reconoce personería para actuar a los abogados Juan Francisco Hernández Roa y Humberto Alvarado Niño, titulares de las cédulas de ciudadanía 19.248.144 y 79.733.541 así como de las tarjetas profesionales 35.277 y 143.273 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos de los poderes otorgados por la, AFP Porvenir SA y la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público,

respectivamente.

I. ANTECEDENTES Orlando Álvarez Quintero accionó contra las demandadas, para procurar que Asesores en Derecho SAS en su calidad de mandataria con representación de la Compañía de la Flota Mercante SA, Panflota, le expidiera el título pensional o cálculo actuarial por el tiempo que laboró en la Flota Mercante, y con base en ello, la Fiduciaria la Previsora SA reconociera y pagara a la Administradora de Fondos y Pensiones y Cesantías Porvenir SA dicho título, con el fin de que esta última lo tuviera en cuenta para reconocerle la pensión de vejez a partir del 20 de julio de 2017, con su respectiva reliquidación y los incrementos anuales; los perjuicios morales y materiales, así como los intereses moratorios respecto de las evocadas sumas.

De forma secundaria peticionó que se declarara la responsabilidad subsidiaria de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia como administradora del Fondo Nacional del Café, matriz y controlante de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante SA, a pagarle a Porvenir SA

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Radicación n.° 88252 el título o cálculo actuarial a lugar, o en su defecto, finalmente, que dicha condena fuera impuesta a la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En sustento de sus pretensiones sostuvo que mediante el Decreto 2078 de 1940 se creó el Fondo Nacional del Café, y se autorizó suscribir un contrato entre el Gobierno y la Federación Nacional de Cafeteros para manejar esa cuenta;

que en 1944 esta última organizó una marina mercante, en la que se autorizaron USD$9.000.000 en acciones, con dineros del Fondo Nacional del Café, los cuales tenían carácter parafiscal. Precisó que en el mismo año se fundó la Flota Mercante Grancolombiana SA., con participación accionaria de un 45% de la Federación Nacional de Cafeteros, pero que en 1954 pasó a ser de un 80,07%; que la Flota Mercante fue fundada con capital público que pertenecía al Fondo Nacional del Café, cuyo titular era el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y sus recursos eran administrados por la Federación, con base en el contrato que suscribió con el Gobierno Nacional el 12 de julio de 2006. Mencionó que la Flota tenía la obligación de pagar las pensiones de jubilación y efectuar los aprovisionamientos de capital, necesarios para realizar los aportes al Sistema de Seguridad Social, pero nunca se subrogó ni sustituyó este deber, y cambió su nombre al de Compañía de Inversiones de la Flota Mercante SA.

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Radicación n.° 88252 Agregó que los trabajadores de mar de la empresa fueron inscritos al Instituto de Seguros Sociales el 2 de agosto de 1990; que el 17 de diciembre de 1992 se aprobó cubrir el déficit del Fondo Nacional del Café con las utilidades retenidas de la Flota Mercante Grancolombiana SA., y con posterioridad, se estableció que la Nación respondería por las prestaciones insolutas de la CIFM SA., hasta el 28 de agosto

de 2012, fecha en la cual se liquidó esta sociedad, y que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como matriz y controlante de la anterior, suministraría los recursos para el pago de las pensiones y los bonos, conforme a la sentencia

CC SU-1023-2001.

Acotó que durante el proceso liquidatorio de la Flota, la Superintendencia de Sociedades ordenó a la Previsora SA., como vocera y administradora del patrimonio autónomo Panflota, que atendiera los asuntos relacionados con extrabajadores, mandato que continuó en la persona jurídica Asesores en Derecho SAS. Adujo que los extrabajadores de la FMG SA y el sindicato Unimar instauraron acciones de tutela para que los primeros fueran incluidos en el cálculo actuarial, derecho que fue amparado, por lo que se les ordenó acudir a la jurisdicción ordinaria dentro de los cuatro meses siguientes para dicho reconocimiento. Comentó que, al momento de la radicación de la demanda, tenía 61 años de edad; que se casó con la señora Olga Maritza Moncayo quien a dicha data contaba con 55; que laboró para la Flota Mercante Grancolombiana SA, luego,

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Radicación n.° 88252 CIFM SA, mediante contrato de trabajo a término indefinido, vigente entre el 6 de septiembre de 1977 y el 10 de julio de 1990 cuando renunció, alcanzando un tiempo total de 666.57 semanas, en el cual no se efectuaron los aportes a pensión; que ostentó como último cargo el de Primer Ingeniero; que actualmente se encuentra cotizando ante la

AFP Porvenir SA y que al reclamar la elaboración del cálculo actuarial ante las accionadas para el respectivo traslado a su administradora, unas despacharon desfavorablemente la solicitud y las otras guardaron silencio por lo que se le han generado perjuicios. Narró que, en anterioridad a dicha vinculación, trabajó para la Armada Nacional de Colombia desde el 8 de enero de 1974 hasta el 1 de junio de 1977, causando un total de 177.28 septenarios. Informó de igual manera, que a la presentación de la acción ha cotizado en Porvenir SA, 780 semanas, a las cuales debe sumársele lo trabajado en la Armada Nacional y la Flota Mercante. La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia al dar respuesta a la demanda se opuso a las pretensiones dado que «el actor nunca fue trabajador de la Entidad Gremial que represento», por lo cual manifestó que solo era cierto lo relacionado con las actuaciones administrativas de las entidades sin constarle los hechos relacionados con la situación particular del actor.

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Radicación n.° 88252 En su defensa propuso las excepciones que denominó ausencia de responsabilidad subsidiaria en cabeza de la Federación, inexistencia de la obligación, buena fe, falta de legitimación en la causa y prescripción. Por su parte, Porvenir SA aseguró que únicamente le constaba lo relacionado con la afiliación del actor en su administradora desde el 8 de julio de 1996, pero que no era cierta la existencia del derecho pensional, comoquiera que desconocía los tiempos laborados por este en la Armada

Nacional de Colombia o si se efectuaron cotizaciones por aquella, así como los relacionados con la Flota Mercante, por lo que, para reconocer el derecho que se reclamaba debía determinarse, a partir del litigio, lo pertinente y en virtud de dicha decisión, proceder a la reclamación ante la fiduciaria, del título pensional o cálculo actuarial que llegara a ordenarse. Conforme a lo anterior, se opuso a las pretensiones de reconocimiento pensional por parte de su administradora al no contar el afiliado con el tiempo necesario de aportes, sin allanarse ni obstaculizar las demás invocadas en la demanda. En sustento de lo anterior, edificó su oposición mediante las excepciones de, falta de causa en las pretensiones de la demanda, buena fe de AFP Porvenir SA, prescripción; ausencia de responsabilidad atribuible a la pasiva, de prueba efectiva del daño e inexistencia de este.

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Radicación n.° 88252 Asesores en Derecho SAS, se opuso a lo pretendido. Dijo que era mandataria con representación «con cargo al Patrimonio Autónomo Panflota» y al respecto, relató la situación administrativa que llevó a su participación. En cuanto a los hechos afirmó que no le constaban y reconoció como cierto lo concerniente a la edad del actor, su último cargo en la Flota Mercante, la afiliación de este con la AFP Porvenir SA, la reclamación que radicó en sus dependencias, así como la respuesta negativa de esta. En su defensa propuso las excepciones que tituló «inexistencia de la obligación pues durante casi toda la

existencia de la CIFM cerrada, el I.S.S. no había asumido los riesgos I.V.M», imposibilidad jurídica y legal para reconocer el cálculo actuarial y/o bono pensional del demandante, prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación y oposición a la condena en costas y los presuntos perjuicios. A su turno, la Previsora SA, además de oponerse a lo pretendido, admitió que, conforme a la sentencia CC SU1023-2001, se le ordenó a la Federación Nacional de Cafeteros que suministrara los recursos para el pago de las pensiones y los bonos, sin que se pudiera considerar que dicha fiduciaria en calidad de vocera y administradora del patrimonio, fuera de remanentes, habida cuenta de que la situación objeto de análisis «SE ENCUENTRA POR FUERA DE

LAS OBLIGACIONES DEL PATRIMONIO AUTONOMO (sic)».

Señaló que era cierto únicamente lo relacionado con la situación administrativa de la Flota Mercante dado que no le

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Radicación n.° 88252 constaban los demás hechos. Formuló las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, imposibilidad de realizar pagos diferentes a los establecidos en la fiducia mercantil e inexistencia de la obligación. La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expresó que eran ciertos los relacionados con las órdenes impartidas respecto de la Flota Mercante y no le constaban los demás. Propuso como defensa las que nombró, indebida vinculación del Ministerio de Hacienda, inexistencia de la

obligación de la entidad respecto de las pretensiones invocadas, «falta de legitimación en la causa respecto de la parte pasiva» y buena fe.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante

fallo del 13 de septiembre de 2018, resolvió: En PRIMER lugar: CONDENAR a ASESORES EN DERECHO, como mandataria con representación del patrimonio autónomo Panflota, a expedir la actuación administrativa y/o legal correspondiente, reconociendo el valor de tiempos de servicios y el título pensional que ha sido objeto de liquidación a título indicativo por parte de este despacho en la suma de $925.792.309 de acuerdo (a) liquidación elaborada por el mismo y que hará parte del acta que se eleva de la celebración de la presente audiencia por el tiempo laborado por el demandante Orlando Álvarez Quintero, cedula 3.002.006, tiempos desde el 06 de septiembre de 1977 y hasta el 10 de julio de 1990.

En SEGUNDO lugar: CONDENAR a la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., como vocera y administradora del patrimonio autónomo Panflota, a reconocer el título pensional a favor del señor demandante, por el tiempo laborado por la Flota Mercante Grancolombiana entre el 6 de septiembre de 1977 y hasta el 10

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Radicación n.° 88252 de julio de 1990 para que sea consignado a órdenes de Porvenir,

a efectos de tener en cuenta estos tiempos dentro de la historia laboral y/o ahorro de cuenta individual del demandante.

En TERCER lugar: CONDENAR de manera subsidiaria a la Federación Nacional de Cafeteros, como administrador del Fondo Nacional del Café a pagar y hacer efectivo el título pensional que se debe consignar a favor de Porvenir con cargo a la cuenta de ahorro individual del demandante por los tiempos de servicios anteriormente referenciados.

En CUARTO lugar: ABSOLVER a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público de todas las suplicas de la demanda.

En QUINTO lugar: ABSOLVER a Porvenir de las mismas, a excepción de lo que tiene que ver con la recepción del título pensional correspondiente al tiempo de servicios del demandante

Orlando Álvarez Quintero.

En SEXTO lugar: DECLARAR no probadas las excepciones formuladas por los demandados cuya condena se ha impuesto en los primeros numerales de esta decisión.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 13 de marzo de 2019, al resolver los recursos de apelación presentados por el demandante, la Federación Nacional de Cafeteros,

Asesores en Derecho SAS y la Fiduciaria Previsora SA, decidió: PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE el ordinal PRIMERO del fallo de primera instancia, en cuanto a que se debe ORDENAR a la AFP PORVENIR S.A. (sic) y NO a la demandada ASESORES EN DERECHO S.A.S. (sic), a realizar el cálculo actuarial de los

aportes a pensión del señor ORLANDO ALVAREZ QUINTERO por el periodo comprendido del 6 de septiembre de 1977 al 10 de julio de 1990, con observancia del Decreto 1887 de 1994.

SEGUNDO: PRECISAR el ordinal TERCERO de la sentencia apelada, en cuanto a que la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS como responsable subsidiaria deberá proveer las sumas necesarias para que FIDUPREVISORA cumpla con la orden aquí impartida, en el evento que tales dineros se agoten o

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Radicación n.° 88252 resulten insuficientes para atender dicha obligación.

TERCERO: DECLARAR de oficio PROBADA LA EXCEPCION DE PETICION ANTES DE TIEMPO, respecto de la solicitud de reconocimiento del derecho pensional, con las precisiones expuestas por la Sala.

CUARTO: CONFIRMAR en lo demás el fallo proferido por el Juez

Doce Laboral del Circuito de Bogotá. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como problema jurídico y en virtud del principio de consonancia, determinar (i) los extremos temporales de la relación laboral del actor con la extinta compañía de inversiones de la Flota Mercante SA, (ii) si la falta de afiliación y cotización de aportes al ISS al no ser de carácter obligatorio para el tiempo en que se presentó por la falta de cobertura, configura o no un incumplimiento por parte del empleador y, (iii) si procede condenar por responsabilidad subsidiaria a la matriz respecto de las obligaciones que adquirió la

subordinada. Fundamentó su decisión en que a partir del contrato de trabajo suscrito entre el actor y la flota, dicho vinculo inició el 6 de septiembre de 1977 y finalizó el 10 de julio de 1990, cuando la última le informó que desde la evocada data quedaba retirado de la empresa, así como de las allegadas en distintos folios, no se evidenció suspensión o licencia no remunerada durante dicho interregno como se alegó en las diligencias —40 días—, por lo que quedó sin sustento en la petición, que se descontara del cálculo a lugar, dicho tiempo. Ahora bien, con relación al incumplimiento en el depósito de aportes por parte del empleador, advirtió que,

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Radicación n.° 88252 aunque «la Corte Suprema de Justicia venía exponiendo el criterio según el cual no era obligatorio realizar la afiliación y por ende la cotización de aportes, por el hecho de que en el lugar donde se prestó el servicio por parte del tomador no existía cobertura del Seguro Social», desde la sentencia CSJ SL9856-2014, se cambió dicho criterio jurisprudencial, dada la necesidad de que el empleador respondiera por los tiempos en que el trabajador le prestó el servicio hasta cuando la entidad de seguridad social se subrogara de las contingencias objeto de reclamación. Para tal efecto, resaltó que el trabajador no fue afiliado ni cuando se fijó la fecha inicial de inscripción en el régimen de seguros sociales obligatorios para el personal de mar, siendo ella el 15 de agosto de 1990, por lo que al tenor del

literal d) del parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 reformada por la 797 de 2003 y lo expuesto en la mencionada jurisprudencia como en la CC T-140-2014, concluyó: […] el condicionamiento relacionado con la necesidad de vigencia de la relación laboral para la fecha de entrada en vigor de la Ley 100 del 93, para la contabilización de los tiempos de servicio en los cuales no se realizaron aportes por el empleador, previsión literal del parágrafo 1 artículo 33 de la Ley 100 del 93 y el mismo literal del parágrafo 1 del artículo 9 de la Ley 797 del 2003 es inaplicable, nos remitimos entonces también a esa decisión. De tal suerte, no son de recibo para la sala las hipótesis expuestas por […] las enjuiciadas, Federación Nacional de Cafeteros y Asesores en Derecho SAS, en cuanto indican que para la fecha en que el realizó el requerimiento de afiliar a los trabajadores, el demandante ya no se encontraba vinculado para la Compañía de la Flota Mercante, como tampoco el hecho de actuar de buena fe en tanto no existía disposición normativa alguna que lo facultará para la realización de la afiliación del demandante y el correspondiente pago de los aportes por lo que no se atenderán de manera favorable tales argumentaciones por las razones aquí expuestas.

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Radicación n.° 88252 Finalmente, establecida la obligación de asumir el cálculo actuarial en aras de no perjudicar el derecho pensional al que se hizo acreedor el trabajador y ante el recurso interpuesto por la FNC y Asesores en Derecho SAS,

respecto al porcentaje que del mismo le correspondía cancelar al empleador, solicitando se tuviera en cuenta únicamente el que le corresponde aportar al último, puntualizó: […] baste con señalar que estas demandadas no probaron en autos que durante la vinculación laboral del demandante con la Flota Mercante se le hicieron los descuentos correspondientes para tal fin, siendo el empleador el obligado recaudarlos, como tampoco que hubiese cumplido con la obligación de hacer los aprovisionamientos de capital necesarios para realizar las cotizaciones al sistema de Seguro Social mientras entraba en vigencia este, pues si bien el llamado de afiliación para los trabajos marítimos se dio con la Resolución 03297 del 2 de agosto del 90, esto no significa que la obligación haya quedado condicionada en el tiempo pues, únicamente lo que se prorrogó el tiempo es que las cotizaciones se transferirán al Instituto Colombiano de Seguros Sociales, lo cual como se vio, no se hizo. Por ello, deberá efectuarse el pago del cálculo actuarial en las condiciones expuestas por el a quo confirmándose así esa decisión. Además, para los efectos de este particular caso no tiene trascendencia la proporción con que tanto el empleador como el trabajador deben contribuir al sistema para la construcción de la pensión de este último por cuanto en verdad, el fundamento de la condena estriba en que para ese entonces cuando no había cobertura del ISS la pensión estaba a cargo del empleador, así que asumiendo por ese lapso el pago del cálculo actuarial se libera de su obligación. Aunado a ello, recordó que en virtud del artículo 72 de la Ley 90 de 1946 y conforme lo solicitado por los apelantes,

«los periodos en que no hubo afiliación no pueden ser asimilados a aquellos en que sí hay […] pero existe mora o pago tardío», al tratar de situaciones jurídicas diferentes que conllevaban distintas consecuencias para el contratante y

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Radicación n.° 88252 para la administradora de pensiones, y como quiera que en el caso concreto se acreditó fue la falta de afiliación, era dable dar aplicación a lo dispuesto en sentencia CSJ SL143882015, que «estableció entonces la obligación que estaba en cabeza del empleador del actor, frente de las cotizaciones en pensiones durante el periodo en que no hubo cobertura», imponiendo a este, la totalidad de la obligación. Acto seguido, al referirse a la eventual responsabilidad subsidiaria de la Federación por cuanto también fue objeto de apelación, recordó que de acuerdo con el artículo 148 de la Ley 222 de 1995 –vigente cuando se ordenó la liquidación de la compañía– la sociedad controlante debido a la subordinación, respondía por las obligaciones generadas por la dependiente, dada la presunción de que se encontraba en situación concursal por las acciones derivadas de su manejo, posición que no se desvirtuó, lo que de paso le sirvió para despachar de forma desfavorable la petición de que esta fuera impuesta en su lugar, respecto de la Nación. Frente al punto, acotó: […] de esta manera se encuentra garantizado el pago del cálculo actuarial aquí controvertido, sin que sea necesario entonces, en este asunto endilgarle responsabilidad al estado a través de la Nación Min. Hacienda y más, cuando la misma Corte

Constitucional en la sentencia CC C-1023 de 2001, se ocupó de la garantía de los derechos fundamentales de los pensionados de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante, concluyó la improcedencia de aplicar la responsabilidad subsidiaria del Estado en asuntos como el presente y ante la liquidez de la entonces empleadora, nos remitimos entonces a lo que en su momento dijo la Corte Constitucional en la sentencia que se acaba de anunciar particularmente el punto 18. […] no sobra advertir que en caso que los dineros se agoten o

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Radicación n.° 88252 resulten insuficientes para atender dicha obligación, la Federación Nacional de Cafeteros como responsable subsidiaria deberá proveer las sumas necesarias para que Fiduprevisora cumpla con la orden aquí impartida.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte de forma principal case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la proferida por el a quo y dicte decisión «inhibitoria».

Plantea, acto seguido, tres alcances subsidiarios de la siguiente manera: 2.- Como primer alcance subsidiario, la Corte, debe casar la sentencia, gravada y, (sic) sede de instancia, revocar la del Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá D.C. (sic) en cuanto a (sic) condenó a la Federación Nacional de Cafeteros de

Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café, para, en su lugar, absolver a la Federación de la pretensiones y, en hacer el pronunciamiento que corresponda frente a la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público-, a la que se vinculó como litisconsorte necesario. 3.- Como segundo alcance subsidiario, la Corte, deberá casar la sentencia del Tribunal en cuanto confirma el fallo de primer grado respecto a los términos en que condena a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café, o sea, de pago el título pensional al demandante (sic) En sede de instancia, habrá de modificar esa condena en el sentido que ésta deberá pagar, como valor correspondiente a los periodos no cotizadas al Instituto de Seguros Sociales, una suma equivalente a los aportes, a cargo exclusivo del empleador, que debía hacer a la empleadora al

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Radicación n.° 88252 demandante por los lapsos antes aludido (sic), con referencia a las denominadas “tablas y categorías” que regían en esa entidad de seguridad social para los empleadores en dichos periodos, que, para, el caso, era la Flota Mercante Grancolombiana S.A. (sic) y/o compañía de Inversiones de la Flota Grancolombiana S.A.; o en subsidio de esto, siguiendo las pautas contenidas en las sentencia de tutela de la Corte Constitucional T-435 de 2014, T 543 de 2015 y T-194 de 2017. 4.- Como tercer alcance subsidiario, la Corte, habrá de casar la

sentencia del Tribunal en cuanto confirma el fallo de primera instancia en lo que respecta a los términos que impone condena a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café; y en sede instancia, habrá de revocar los términos de la condena del fallo de primer grado, para, en su lugar, modificarla en el sentido que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café, solo le corresponde pagar una suma equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del valor que del bono pensional resulte de liquidar los aportes para pensión del demandante no pagados y correspondiente al tiempo laborado por este para la Flota Mercante Grancolombiana S.A. y/o compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. Con tal propósito formula cinco cargos, por la causal primera de casación, que son replicados por Orlando Álvarez; Porvenir SA y la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los cuales se resuelven en conjunto, los tres primeros, así como el cuarto y el quinto.

VI. CARGO PRIMERO Acusa a la sentencia del Tribunal de transgredir la ley sustancial, […] por infracción directa del artículo 61 del Código General del Proceso, en concordancia con los artículos 83 del Código de Procedimiento Civil, 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y 29 de la Constitución Nacional. Esta vulneración dio lugar a la aplicación indebida del inciso 2° del artículo 259 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo; del Acuerdo 224 de 1966 aprobado por el Decreto 3141 del mismo año,

artículos 3° y 38; literal c) numeral 2° del artículo 33 de la Ley

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Radicación n.° 88252 100 de 1993; literal d) del parágrafo 1º del artículo 9º de la Ley 797 de 2003; artículo 12 del Acuerdo 049 de 1999, aprobado por el Decreto 0758 del mismo (sic); artículo 148 de la Ley 222 de 1995, 373 del Código de Comercio; 60 del Código de Procedimiento Civil, y 72 de la Ley 90 de 1946. Advierte que, para adoptar la decisión a la que arribó el colegiado, conforme a lo resuelto por la Superintendencia de Sociedades frente a la responsabilidad subsidiaria de la Federación como administradora del Fondo Nacional del Café, que tiene sustento en la sentencia CC SU-1023-2001 de la cual se soporta la ahora confutada, era necesaria la comparecencia y citación al proceso de todas las personas que tuvieran la condición de acreedores de la Flota Mercante, así como de los denominados patrimonios autónomos, tal como lo dispone el artículo 61 del CGP. Afirma que al no haberse efectuado dicha convocatoria, se configura la falta de conformación del litisconsorcio necesario y que, «ello implicaría la posibilidad de que se tramitaran tantos procesos […] para declarar que existe esa responsabilidad o […] que la presunción de que esta se encuentra desvirtuada», lo que conllevaría múltiples decisiones, por lo que, le correspondía al Tribunal era «revocar el fallo de primera instancia e inhibirse de dictar fallo

de fondo, y es lo que debe hacer, la Corte, en sede de instancia».

VII. CARGO SEGUNDO Señala que la sentencia del juez plural es violatoria de la ley sustancial, por aplicación indebida del artículo 148 de

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Radicación n.° 88252 la Ley 222 de 1995, en concordancia con los preceptos 822, 1262 y 1263 CCo, 2142 y 2186 del CC, lo que a su vez genera la indebida aplicación de idéntico elenco normativo señalado en el anterior ataque. Expresa que esta acusación se relaciona con el primer alcance subsidiario, para lo cual «acepta que no había litisconsorcio necesario que integrar», y que la Federación Nacional de Cafeteros «es o fue» la sociedad matriz o controlante de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante SA. Precisa que la controversia gira en torno a que el colegiado, no obstante haber reconocido que a la Federación se le convocó como administradora del Fondo Nacional del Café, confirmó la condena que se le impuso en esa condición, pasando por alto que ese mismo carácter tiene implicaciones legales que imposibilitaban proferir la sentencia impugnada, porque, de una parte, se debía determinar quién era el mandante de la misma y, consecuencialmente, «de estar vinculado al proceso, imponer a este la condena y no fulminarla como lo hizo, al mandatario». Señala que el Fondo Nacional del Café no es una persona jurídica y ante dicha situación, debía identificarse quién es el dueño de las acciones, «que no es otro, como se

dijo, que al que pertenecen los dineros de los que se nutre el Fondo», por lo que al obviar ello, el sentenciador incurrió en la vulneración e indebida aplicación de las normas citadas en la proposición jurídica del reproche.

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Radicación n.° 88252 Recuerda que dicha temática fue objeto de estudio en la sentencia CC SU-1023-2001, y transcribe el punto 16 de la misma, con lo que evoca el que la medida adoptada frente a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Fondo Nacional del Café es transitoria, por lo que es el juez ordinario a quien le compete atribuir la responsabilidad subsidiaria del artículo 148 de la Ley 222 de 1995. De igual manera, respecto a la naturaleza de los recursos que hacen parte del Fondo Nacional del Café, trae apartes de la sentencia CC C-840-2003 y finalmente advierte: […] si el Fondo Nacional del Café no es persona jurídica; si sus recursos que provienen de una contribución parafiscal, son de índole pública, inclusive lo advierte la sentencia gravada; si la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia actúa como administrador de dicho Fondo, siendo su mandante el Estado Colombiano; si la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, en dicha calidad, adquirió la condición de matriz o controlante de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A.; y si en virtud de la liquidación de dicha sociedad filial, cabe aplicar la responsabilidad subsidiaria consagrada y regulada por el artículo 148 de la Ley 222 de 1995, se tiene que la misma debe recaer en el mandante, o sea, el Estado Colombiano, y no en el mandatario;

de no ser así, se le estaría y está imponiendo una obligación a quien no es persona y, además, si por cualquier circunstancia cesa la contribución cafetera que nutre el Fondo, aquella desaparec