CSJ - SL1899-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL1899-2023 Radicación n.º 92098 Acta 026 Bogotá, D. C., veinticinco (25) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por DARLENE DEL CARMEN CARROLL PÉREZ, quien actúa en nombre propio y en representación de su hijo SMSC, contra la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso que ella, BELKIS ALICIA SUÁREZ CARRILLO, en representación de su hijo BMSS e IRIS DEL CARMEN GALVÁN DE LA HOZ, en nombre de su hija KJSG, instauraron contra SEGURIDAD ATLAS LTDA. Se reconoce personería al abogado Charles Chapman López, identificado con cédula de ciudadanía 72.224.822 y con tarjeta profesional 101.847 del Consejo Superior de la Judicatura, para que represente a Seguridad Atlas Ltda. dentro de este proceso, como su apoderado principal, en los

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Radicación n.º 92098 términos del memorial presentado ante esta corporación por dicha sociedad el 29 de marzo de 2023, vía correo electrónico. Se reconoce personería a la abogada Orianna Gentile Cervantes, titular de la cédula de ciudadanía 1.140.820.593 y de la tarjeta profesional 228.560 del Consejo Superior de la Judicatura para que actúe como apoderada sustituta de la parte demandada, conforme al memorial presentado ante

esta corporación en la misma fecha.

I. ANTECEDENTES Darlene del Carmen Carroll Pérez, quien actúa en nombre propio y en representación de su hijo SMSC; Belkis Alicia Suárez Carrillo, en representación de su hijo BMSS e Iris del Carmen Galván de la Hoz, en nombre de su hija KJSG, llamaron a juicio a Seguridad Atlas Ltda., con el fin de que, a la primera y a los hijos de ellas, se les reconociera y pagara la indemnización plena de perjuicios por la muerte en accidente de trabajo de Alfredo Samir Sierra Acosta, incluyendo el daño emergente y el lucro cesante, consolidados y futuros; los perjuicios morales en lo correspondiente a daños objetivados y subjetivados en cuantía de 1000 salarios mínimos legales vigentes, según el perjuicio que se acreditase al emitir la sentencia; la indexación, los intereses corrientes, moratorios y «los reajustes para actualizar los valores pagados».

Fundamentaron sus peticiones, básicamente, en que Alfredo Samir Sierra Acosta procreó, con la señora Belkis

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Radicación n.º 92098 Alicia Suárez Carrillo, al niño BMSS y con la señora Iris del Carmen Galván de la Hoz, a la niña KJSG. Narraron que el causante convivió con Darlene del Carmen Carroll Pérez en unión marital de hecho desde septiembre de 2004 hasta el día del fallecimiento de él, acaecido el 24 de diciembre de 2010, por muerte violenta; que en ese vínculo procrearon al niño SDSC; que este último,

junto con su madre, dependían económicamente del señor Sierra Acosta. Refirieron que Alfredo Samir Sierra Acosta suscribió un contrato de trabajo con Seguridad Atlas Ltda., el «13 de julio de 2006», para ocupar el cargo de supervisor avanzado; que el salario que devengó durante el periodo del 1 al 15 de diciembre de 2010 fue de $800.254; que él prestó sus servicios desde el «13 de julio de 2006» hasta el 24 de diciembre de 2010, fecha del accidente de trabajo mortal. Mencionaron que la accionada tenía afiliado al causante a la ARL Seguros Colpatria SA, entidad que les otorgó la pensión de sobrevivientes a sus causahabientes, en virtud del accidente de trabajo que sufrió el trabajador el 24 de diciembre de 2010, cuando realizaba su actividad laboral; que, de acuerdo con la investigación realizada por la ARL Colpatria, el accidente sucedió así: El trabajador llegó en moto a las 6:25 aproximadamente a las instalaciones de Transportes Monterrey a pasar revista al puesto y entregar una escopeta como objetivo principal, al guarda Ricardo Polo que se encontraba en turno el cual salía a las 7:00 am, esta acción se llevó a cabo en la puerta de las instalaciones

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Radicación n.º 92098 de la empresa que está sobre la Cra. 41, acto seguido el Sr. Alfredo Sierra, partió en la motocicleta y a los pocos segundos el guarda Ricardo Polo asegura escuchó 3 disparos y salió del puesto a observar y vio al Sr Alfredo Sierra en el piso y 2 sujetos

uno de los cuales dispara a Polo pero este se refugia y da aviso por radio al Supervisor de control, Antonio Salas, de que al Sr Alfredo Sierra le habían disparado, inmediatamente Antonio Salas da aviso a la Policía nacional de lo ocurrido, nuevamente el Guarda Ricardo Polo se asoma a observar el lugar de los hechos y ya los delincuentes hablan emprendido la huida, por lo que es se acerca al cuerpo de Alfredo Sierra y según Ricardo Polo afirma que los delincuentes robaron a Alfredo Sierra el arma de dotación, y un avantel, en posterior investigación el Sr Gustavo Leal, Jefe de Servicio al Cliente de Seguridad Atlas Regional Costa Atlántica afirma que también le robaron el radio de comunicaciones. Informaron que, en el momento de los hechos, Seguridad Atlas Ltda. no tomó medidas de seguridad necesarias para evitar el fatal accidente de trabajo y que violó las obligaciones del ordenamiento jurídico de seguridad y salud en el trabajo impuestas para aplicar y mantener en forma eficiente los sistemas de seguridad necesarios para la protección de los trabajadores en las operaciones y procesos de trabajo, por omitir el ejercicio de actividades de control mínimas, adecuadas para garantizar la salud integral al trabajador accidentado. Además, expusieron que no se demostró que el trabajador firmara un «registro documental que permitiera identificar el factor de riesgo seguridad público delincuencial al que se encontraba expuesto diariamente en su sitio de trabajo»; que la empleadora estaba obligada a exigir y vigilar que se cumpliera el funcionamiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y los funcionarios encargados de esta área incumplieron las medidas de protección necesarias, lo que la obliga a responder por el accidente de

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Radicación n.º 92098 trabajo narrado. Por último, que esa entidad violó los artículos 56, 57, 348 y 349 del CST; 80, 81, 90 y 97 de la Ley 9 de 1979; el Decreto 614 de 1984; las resoluciones 2400 de 1979, 2013 de 1986, 1016 de 1989 y los artículos 4, 21 y 56 del Decreto Ley 1245 de 1994. Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aclaró que el contrato fue por duración de obra o labor determinada y que las partes lo suscribieron el 12 de julio de 2006, fecha en la cual el actor comenzó a laborar. Además, expuso que, según la liquidación definitiva de prestaciones sociales, el último salario promedio mensual fue de $994.920. Aceptó la fecha del finiquito contractual, la muerte del trabajador, el cumplimiento de su deber de afiliación al régimen de riesgos laborales y el consecuente pago de prestaciones a cargo de la aseguradora, pues reconoció el acaecimiento del accidente de trabajo, pero aclaró que ese suceso tuvo como fuente un hecho imprevisible. En cuanto al resto del relato fáctico, dijo que no era cierto o que no le constaba. En su defensa propuso las excepciones de pago, compensación, cobro de lo no debido, prescripción e inexistencia de la obligación.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Once Laboral del Circuito de Barranquilla,

mediante fallo del 4 de abril de 2017, dispuso:

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Radicación n.º 92098

PRIMERO: Declárense no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada, conforme lo motivado.

SEGUNDO: Declárese que entre el señor ALFREDO SAMIR SIERRA ACOSTA y la demandada SEGURIDAD ATLAS LTDA, existió una relación laboral entre el 12 de julio de 2006 y el 24 de diciembre de 2010, conforme lo motivado.

TERCERO: DECLARAR que a la demandada SEGURIDAD ATLAS LTDA. le asiste culpa plena en el accidente de trabajo sufrido el día 24 de diciembre de 2010 por el señor ALFREDO SAMIR SIERRA ACOSTA, en el que perdió la vida, conforme lo motivado.

CUARTO: Condénese a la demandada SEGURIDAD ATLAS LTDA. a reconocer perjuicios materiales de la siguiente manera: a) Al menor [SDSC], quien nació el día 5 de mayo de 2008, y tenía 2 años al momento del fallecimiento de su padre, se le reconocerá por concepto de lucro cesante consolidado la suma de $2.191.514,46 y por concepto de lucro cesante futuro la suma de $85.573.247,81 b) Al menor [BMSS], quien nació el día 22 de agosto de 2003, y tenía 7 años al momento del fallecimiento de su padre, se le reconocerá por concepto de lucro cesante consolidado la suma de $ 1.728.465,64 y por concepto de lucro cesante futuro la suma de $67.492.330,60

c) A la menor [KJSG], quien nació el día 22 de agosto de 2003, y tenía 1 año al momento del fallecimiento ele su padre, se le reconocerá por concepto de lucro cesante consolidado la suma de $2.328.366,95 y por concepto de lucro cesante futuro la suma de $90.917.000,66

QUINTO: Condénese a la demandada SEGURIDAD ATLAS LTDA., a reconocer perjuicios morales por 40 SMLMV que se dividirán en partes iguales, entre los menores [SDSC], [BMSS] Y [KJSG].

SEXTO: Absuélvase a la demandada de reconocer y pagar emolumento alguno a la demandante DARLENE DEL CARMEN CARROL (sic) PEREZ (sic), conforme lo motivado.

SEPTIMO (sic): Costas a cargo de la parte vencida. Tásense por secretaria.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante fallo del 7 de noviembre

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Radicación n.º 92098 de 2019, revocó la sentencia apelada por las dos partes y, en su defecto, denegó las pretensiones del extremo activo de la litis. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró, como fundamento de su decisión, que debía tenerse en cuenta el artículo 216 del CST y el 63 del CC. A la vez, sobre la indemnización plena por accidente de trabajo, trajo a memoria la sentencia de esta corporación «del 25 de febrero de 2004, proferida dentro del proceso radicado bajo el

número 22175», que analizó dicha figura en aquellos casos en los que hay culpa patronal. A partir de esos elementos jurídicos, dijo que, cuando al empleador se le imputa una actitud omisiva o negligente que generó el accidente de trabajo, es este quien tiene la carga de demostrar que no incurrió en tal condición, mediante la aportación de pruebas que acrediten que adoptó medidas pertinentes para proteger la salud y la integridad física de sus trabajadores. Para ello, acudió a una providencia de esta Sala, que identificó como «7 de octubre de 2015, radicación 49681». En cuanto al debate concreto, dijo el fallador de segundo grado: Descendiendo al caso de autos, y de conformidad con las probanzas obrantes en el expediente, se tiene lo siguiente: no es materia de discusión el hecho de que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido a partir del 13 de julio de 2006 y que culminara con la muerte del trabajador, el cual se

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Radicación n.º 92098 desempeñaba como guardia de seguridad (folio 18 y 19 del expediente). A folio 20 y siguientes del expediente obra el concepto técnico del accidente, rendido por la ARP Colpatria, donde se señala que la función que desempeñaba el trabajador era de supervisión motorizada en puestos de vigilancia privada, narrando la forma como ocurrió el accidente; en él se señala que el trabajador llegó en moto a las instalaciones de Transporte Monterrey a pasar revista del puesto y a entregar una escopeta, como objetivo principal, a otro guarda. Luego de ello, partió en la motocicleta y,

a los pocos segundos, el guardia a quien le había entregado el elemento de dotación escuchó los disparos y al salir del puesto a observar, ve al trabajador en el piso y dos sujetos, uno de los cuales le dispara, pero él se refugia y da aviso por radio al supervisor de control, quien da aviso a la Policía Nacional; se señala que al trabajador le habían hurtado el arma de dotación y un «Avantel». La ARP recomienda solicitar formalmente mayor presencia de autoridades policiales en el área. Es de anotar que el contrato de trabajo que suscribiera con la entidad demandada y que obra a folio 52 del expediente, el trabajador fue contratado como guarda de seguridad, señalando el lugar donde prestaría sus servicios en Barranquilla, carrera 50 # 107-110 Conjunto Residencial Villa Santoral. Al momento de ocurrido el daño, el trabajador se desempeñaba ya como supervisor, encontrándose laborando en la empresa por más de 4 años. A folios 136 y siguientes, obra una carta al Ministerio de Protección donde Colpatria señala que la entidad hoy demandada había dado cumplimiento a todas las recomendaciones dadas luego de ocurrido el accidente, lo que desvirtúa así lo manifestado por el juez de primera instancia, donde señala que la entidad demandada no probó haber cumplido con las recomendaciones, dado que es la misma ARP la que informa que sí lo efectuó. Es relevante señalar que, si bien el Ministerio de Protección Social había impuesto una sanción a la entidad por la muerte del trabajador, luego ello fue revocado porque se basó en el hecho de que el trabajador debía portar chaleco antibalas, lo que no

constituye una obligación de la empresa, porque ni el Decreto 2535 de 1993 ni el Decreto 356 de 1994, así como tampoco el Decreto 1979 del 2001 —a través del cual se expidió el manual de uniformes y equipos para el personal de los servicios de vigilancia y seguridad privada— imponen a las empresas de vigilancia la obligación de dotar de chalecos antibalas a quienes se les suministre armas de fuego y presten sus servicios en puestos fijos (folio 76 del expediente). No obstante lo anterior, en casos como los guardaespaldas o los escoltas, estos sí deben portar chalecos antibalas, dada la alta peligrosidad de su trabajo. Así lo señaló nuestro organismo de cierre de jurisdicción en

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Radicación n.º 92098 sentencia el 26 de mayo de 1999, radicación 11158, citada en sentencia de 16 de noviembre de 2016, radicación 39333. A folio 141 y siguientes, obra en el expediente copia del programa de salud ocupacional de la empresa y el registro de actividades de la formación interna y entrenamiento e instrucciones dadas por la empresa al trabajador con el fin de minimizar los riesgos propios del cargo que ocupaba, capacitación, manejo de armas y prevención riesgo público. También obran en el plenario las investigaciones adelantadas por la Sijín de donde se extrae que el trabajador fue asesinado por dos sujetos conocidos en el sector por atracar a los guardias de seguridad para robarles las armas. Ahora bien, en lo relativo al nexo causal que debe existir entre la muerte del trabajador y la culpa del empleador, por su omisión

en garantizar la seguridad de aquel, se advierte que la labor del trabajador era de alto riesgo y por ello la empresa lo había dotado de arma y un aparato de comunicación, amén de estarlo capacitando en manejo de armas y prevención de riesgos público. Y en la forma en que ocurrieron los hechos a los cuales se ha hecho referencia y las investigaciones de la Sijín, no se puede aseverar que hubo culpa de la empresa en la tragedia que cobró la vida del trabajador, por lo cual, mal hizo el a quo en señalar lo contrario, considerando que la empresa no había probado que cumplió con las recomendaciones de la ARP, lo que no es cierto, tal como ya lo expuso esta sala o por considerar que el trabajador debía ir acompañado, lo que solo obedece a una apreciación personal del juez de primera instancia; porque, tal como ocurrieron los hechos, dos sujetos armados, escondidos en un matorral, atacan sorpresivamente al trabajador propinándole disparos a la cabeza, bien pudo culminar el insuceso con dos muertos y no uno, o tal vez los atracadores no actuaran, pero son solo meras conjeturas que no influyen en la decisión a tomar por esta sala, dado que ella se basa solo en lo probado en autos. Así las cosas, no quedó otra alternativa que revocar la sentencia apelada y, en su defecto, denegar las pretensiones de la parte actora. Es de anotar que, al revocarse la sentencia condenatoria, por sustracción de materia, no se hace necesario hacer referencia al recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, ya que ello parte del hecho de declarar la culpa patronal de la

empresa demandada y la sala considera que eso no fue así.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la parte activa de la litis, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Procura la recurrente que la Corte case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, al resolver su apelación, modifique la de primer grado en los siguientes

numerales:

2. En relación con el Quinto: Condenar a reconocer a la demandada Seguridad Atlas Limitada indemnización por concepto de daños morales el valor de 100 SMLMV a favor de cada uno de causahabientes del trabajador, señores; DARLENE DEL CARMEN CARRROL (sic) PEREZ (sic), [SDSC], [KJSG] y

[BMSS], todo ello conforme a los aspectos subjetivos y para ello deberá tenerse en cuenta la realidad objetiva de las cosas.

3. En relación con el sexto: Reconocer que la señora DARLENE CARROLL PEREZ (sic) era compañera permanente del finado trabajador al momento de su muerte, y como consecuencia de ello se condene a la demandada Seguridad Atlas Limitada a reconocer indemnización a su favor por conceptos de i) perjuicios materiales desde la fecha del accidente hasta proferirse el presente fallo como lucro cesante consolidado y desde la fecha del presente fallo hasta el promedio de vida de las mujeres colombianas por lucro cesante futuro; y ii) perjuicios morales subjetivados por valor de 100 SMMLV.

4. En subsidio esta Honorable Sala Laboral de Casación confirme

la sentencia de primer grado y provea en condenas en costas en todas las instancias. Con tal propósito formula cinco cargos, por la causal primera de casación, a los que se opone la empresa accionada. De ellos, serán resueltos en conjunto los tres primeros, dado que buscan un objetivo común, y, los dos últimos, en razón de que su redacción dará lugar a una respuesta unificada de cara a sus planteamientos.

VI. CARGO PRIMERO

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Radicación n.º 92098 Acusa a la sentencia de violar directamente estas normas: […] el artículo 84 literal c) de la Ley 9 de 1979, el artículo 24 literal a) del Decreto 614 de 1984, el artículo 21 literal d) del Decreto-Ley 1295 de 1994, incorporando el artículo 30 literal c) numeral 1) de la Ley 614 de 1984; artículo 11 literal f) de la Resolución 2013 de 1986; artículo 10 numeral 2), 3) 9) y artículo 11) numeral 1, 2, 3 de la Resolución 1016 de 1089 por infracción directa; y los Decreto 2535 de 1993, decreto 356 de 1994, decreto 1979 de 2001, por indebida aplicación. Recuerda que el trabajador Sierra Acosta tuvo una relación laboral con Seguridad Atlas Ltda. desde el 12 de julio de 2006 hasta el 24 de diciembre de 2010 en la que, desde el 12 enero de 2010, inició funciones de supervisor de puestos fijos, una de las cuales consistía en entregar armas de fuego a sus compañeros guardas que prestaban el servicio a las

empresas usuarias de la demandada. A continuación, expone que la empleadora estaba obligada a garantizar la salud integral al supervisor «mediante la aplicación responsable del programa de salud ocupacional», como lo mandan los artículos 84 literal c) de la Ley 9 de 1979, 21 literal d) del Decreto-Ley 1295 de 1994 y 24 literal a) del Decreto 614 de 1984, de las que dice que son disposiciones aplicables al caso, pero que el Tribunal no aplicó, con lo que infringió la ley sustancial que reglamenta las obligaciones del empleador en la ejecución y aplicación del programa de salud ocupacional. De este último, dice: Ahora bien, el programa de salud ocupacional exige la disposición legal conforme al artículo 30 literal c) numeral 1) de la Ley 614 de 1984 un subprograma de higiene y seguridad industrial encargado de identificar y evaluar mediante estudios

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Radicación n.º 92098 ambientales periódicos los agentes y factores de riesgos de trabajo que afecten o puedan afectar la salud de los operarios. Estas disposiciones son perfectamente aplicables al caso de autos y se infringieron por el sentenciador de segundo grado debido a la falta de aplicación de las misma al carecer el demandado de un subprograma de higiene y seguridad industrial. A la vez, acusa al ad quem de no aplicar las disposiciones reglamentarias que regulan las obligaciones de identificar el riesgo público delincuencial al que se expuso al supervisor cuando realizaba el movimiento de armas «en la zona peligrosa de Barranquillita», conforme a los artículos 11 literal f) de la Resolución 2013 de 1986; 10 numerales 2), 3),

1. y 11 numerales 1), 2) y 3) de la Resolución 1016 de 1089.

Señala que el ad quem dejó de aplicar estas normas con lo que no infirió que el demandado incumplió el deber legal de inspección periódica mediante visitas y omitió realizar los recorridos con los miembros del Copaso por las vías donde se desplazaba el supervisor, «actividad preventiva capaz de identificar los puntos peligrosos donde podía ser emboscado por el hampa para cometer su ilícito y ser atacado con arma de fuego en su integridad para robarle aquellas que [él] transportaba y custodiaba como sucedió en el presente caso». De ese modo, advierte, el sentenciador desconoció que el empleador omitió elaborar un panorama de factor de riesgo y evaluar técnicamente la medición cualitativa y cuantitativa de la magnitud de este para determinar su real peligrosidad. En se orden, expone: Sí (sic) el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Laboral de Decisión Tercera hubiera aplicado las anteriores disposiciones no absolvería a la empresa

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Radicación n.º 92098 SEGURIDAD ATLAS LTDA de la culpa patronal por la muerte del supervisor, ocasionada por la vulneración de las normas [de] salud ocupacional, y por lo tano (sic) debió confirmar las condenas que por estos conceptos hizo el Aquo (sic). El juzgador de segunda instancia en vez de hacer lo anterior aplicó de manera indebida las normas que no regulan las obligaciones preventivas impuesta al empleador; tales como:

decreto 2535 de 1993, decreto 356 de 1994, decreto 1979 de 2001, disposiciones que no vienen al caso, teniendo en cuenta que los dos proyectiles de arma de fuego impactaron en el rostro del supervisor y no en el dorso para ser protegido por el chaleco antibalas, siendo ilógico traerlas al debate, no por ser una obligación que se debe suministrar solo a los escoltas o guarda espaldas como lo afirmo el Ad quem, sino por ser inaplicables estas disposiciones para determinar la responsabilidad de culpa, ya que estas normas no regulan las obligaciones de empleador para minimizar los riesgos de la seguridad y salud en el trabajo que permitieran inferir al Tribunal que la demandada Seguridad Atlas Ltda la asiste culpa suficiente mediante el raciocino fáctico del nexo causal entre la muerte del trabajador y la culpa que se le atribuye.

VII. CARGO SEGUNDO Denuncia que el fallo del Tribunal viola, directamente, el artículo 216 del CST y el artículo 63 del CC, por interpretación errónea.

En la sustentación de este ataque, afirma que, para realizar las funciones de supervisor, el trabajador no iba acompañado de ningún compañero cuando se desplazaba en la motocicleta, haciendo recorridos por las vías de la zona de Barranquillita, sector colindante con barrios peligrosos, «por habitar personas dedicadas a actividades ilícitas», entre estas, «robo a las empresas, expendio de sustancias alucinógenos, raponazos, amenazas a vigilantes de las empresas, entre otros». Comenta que, el día del accidente, el

supervisor Sierra Acosta tenía la función de entregar las

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Radicación n.º 92098 armas de fuego a sus compañeros que prestaban servicio de vigilancia en las empresas del sector aludido, actividad que estima riesgosa, por las condiciones del entorno. Seguidamente, dice que la interpretación errónea del artículo 216 del CST consistió en no asignar la culpa al empleador, que estaba agravada por «la peligrosidad de la actividad» encomendada y por «el lugar donde debía desarrollar su función». Dice, además, que el Copaso de la demandada no tomó las medidas preventivas de identificación del «riesgo delincuencial» al que se exponía al laborante, al no poseer un panorama capaz de identificar, evaluar, controlar y verificar el factor de riesgo para el cargo de supervisor en zona de peligrosidad. Al respecto, dice que así lo expuso esta Corte en la providencia CSJ SL5154-2020. Critica que el Tribunal, al realizar «el proceso hermenéutico de raciocinio de la culpa leve consagrada en el artículo 63 del Código Civil», erró al definir qué acciones de seguridad y salud en el trabajo debía aplicar sobre el cumplimiento de diligencia y cuidado que Seguridad Atlas Ltda. le debía a su trabajador. Así, el ad quem se equivocó al «interpretar las disposiciones de incumplimiento de prevención que diariamente debía implementar en el protocolo del ejercicio de la (sic) funciones de movimiento de armas para garantizar la vida al supervisor», lo que evidenció la vulneración de las normas de prevención e inspección, sumado a la imprudencia de enviarlo a ejercer funciones peligrosas en un

sector riesgoso, sin suministrarle medidas adecuadas para

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Radicación n.º 92098 controlar «el agente delincuencial en el medio, fuente e individuo». Concluye que la errada interpretación de estas disposiciones por parte del juez plural dio pie a un raciocinio jurídico según el cual al accionada actuó con diligencia y cuidado, cuando, si las hubiese interpretado correctamente, la decisión habría sido condenatoria.

VIII. CARGO TERCERO Ataca a la sentencia por ser violatoria del artículo 216 del CST en relación con los artículos 56, 57 y 348 del mismo código; 84 literal c) de la Ley 9 de 1979; 21 literal d), inciso tercero, de los preceptos 56 y 58 del Decreto Ley 1295 de 1994; 24 literal a), 30 literal c) numeral 1.º del Decreto 614 de 1984; 11 literal f) de la Resolución 2013 de 1986; 11 numerales 1, 2 y 3 de la Resolución 1019 de 1989; 10 y 5 numerales 7, 8, 9, 10 de la Resolución 1407 de 2007; 63, 1604, 1738 y 1757 del CC; 164 y 167 del CGP y 60, 61 y 145 del CPTSS «por error de hecho en la apreciación de la prueba».

Aduce que esos errores de hecho fueron consecuencia del erróneo manejo de estas pruebas:

I. PRUEBAS ACTAS (sic) CALIFICADAS POR ERROR DE

APRECIACIÓN:

I. Programa de salud ocupacional (F. 142-149).

II. Capacitación en manejo de armas de fuego (F. 156)

III. Capacitación en manejo de armas, (Fs. 157 - 158)

IV. Capacitación Prevención riesgo público. (F. 159)

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II. PRUEBAS ACTAS (sic) CALIFICADAS POR FALTA DE

APRECIACIÓN:

I. Oficio BADRS-0015-15 emitido por la demandada (F. 141).

II. Oficio No. 0236 del 25-02-2015 emitido por el juzgado.

(f.126).

III. PRUEBAS NO ACTAS (sic) CALIFICADAS DE ERROR DE

APRECIACIÓN

I. - Carta de recomendaciones de la arp (F. 136-137).

II. - Concepto de accidente de trabajo (Fs. 20-23, 55-58, 129132)

III. - Resolución el ministerio (Fs. 76-79).

IV. Suministro de armas

V. Suministro radio Como errores fácticos en los que incurrió el juez de

apelaciones, enumera:

1. No dar por demostrado, a pesar de estándolo (sic) que el accidente de trabajo sufrido por ALFREDO SAMIR SIERRA ACOSTA ocurrió por culpa suficiente de la demandada

SEGURIDAD ATLAS LTDA.

2. No dar por demostrado, a pesar de estarlo que el nexo causal entre la muerte del trabajador y la culpa que se le atribuye fue por la omisión del copaso de identificar y evaluar la exposición al riesgo público delincuencial al desarrollar las funciones de supervisor.

3. No dar por demostrado, a pesar de estarlo que el accidente

ocurrió por la culpa leve del empleador al vulnerar las normas preventivas de salud ocupacional,

4. No dar demostrado, a pesar de estarlo que la demandada no poseía un subprograma de higiene y seguridad industrial

5. No dar por demostrado, a pesar de estarlo que las capacitaciones de manejo de arma (sic) y prevención del riesgo suministradas al trabajador fueron inconducentes y desconocían el agente de riesgo delincuencial que debió controlar el empleador.

6. No dar por demostrado, a pesar de estarlo que el arma de dotación y radio de comunicación eran insuficientes para controlar el riesgo delincuencia público.

7. No dar por demostrado, a pesar de estarlo que la demandada no solicito (sic) presencia de las autoridades del orden público cuando supervisó el movimiento de armas de fuego.

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8. No dar por demostrado, a pesar de estarlo que el cargo desarrollado por el causante de supervisor no poseía un panorama de factor de riesgo

9. No dar por demostrado que una de las causas básicas del accidente por factores de trabajo fue la deficiente identificación y evaluación de las exposiciones.

10. Dar por demostrado, a pesar de no estarlo que la demandada cumplió previo a la fecha del accidente con las recomendaciones sugeridas por la arp (sic) Colpatria sobre el concepto técnico del accidente.

A continuación, afirma que el Tribunal erró en la apreciación del programa de salud ocupacional pues esta fue superficial, dado que omitió indagar «exhaustivamente» si este

documento cumplía con el requisito legal de contener «el subprograma de higiene y seguridad industrial», elemento que no está presente en el expediente. Por esa razón, considera que el juez de segundo grado no debió darle mérito a esta prueba, dado que, ante esa carencia, no existía base para decir que la empleadora garantizó la protección y cuidado hacia su trabajador, o que pudo prevenir el accidente. Sobre este aspecto, especifica: […] el Tribunal dedujo esta inferencia indebidamente por obrar en el expediente el programa,