CSJ - SL1900-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL1900-2023 Radicación n.° 95399 Acta 026 Bogotá, D. C., veinticinco (25) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por GUILLERMO ERASMO OROZCO ORTIZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, el 9 de marzo de 2022, en el proceso promovido en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES) y la

UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

Se reconoce personería para actuar como apoderada judicial de Colpensiones, a Casación Laboral Estudio SAS, quien podrá intervenir por intermedio de cualquier abogado inscrito en el certificado de existencia y representación legal, como, en este caso, la doctora Linda Tatiana Vargas Ojeda identificada con T.P. 287.982 del C.S.J., en los términos y

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Radicación n.° 95399 para efectos del memorial que aparece en el cuaderno digital de la Corte.

I. ANTECEDENTES Guillermo Erasmo Orozco Ortiz llamó a juicio a Colpensiones y a la Universidad del Cauca, pretendiendo que se hicieran las siguientes declaraciones: que para el 1° de abril de 1994 tenía más de 40 años de edad, y para el 25 de julio de 2005 contaba con más de 750 semanas cotizadas; que tiene derecho a la pensión de vejez con fundamento en

el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año; que sostuvo con la Universidad del Cauca un contrato de trabajo como docente ocasional de tiempo completo, en el período comprendido del 1º de julio de 1993 hasta el 8 de abril de 1994; que el cálculo actuarial sobre los aportes a pensión resultantes de la citada relación laboral, deben ser sufragados por la universidad, y depositados en Colpensiones; y, que el lapso del 1º de agosto de 1984 hasta el 31 de diciembre de 1986 se encuentra en mora en su historia laboral, por deuda del empleador. En consecuencia, que se les condenara así: a Colpensiones, a liquidar el cálculo actuarial de los aportes a pensión a su favor, como consecuencia de la relación laboral sostenida con la Universidad del Cauca; y a esta, a pagar aquel a la entidad de seguridad social, con la inclusión en su historia laboral.

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Radicación n.° 95399 Asimismo, que se condenara a Colpensiones, a reconocerle y pagarle la pensión de vejez, a partir del 1º de enero de 2015 y hacia el futuro, con fundamento en el art. 12 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, con sus incrementos anuales y las mesadas adicionales; los intereses moratorios desde junio de 2015, o en su lugar, la indexación de las sumas objeto de condena. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que nació

el 15 de abril de 1953, por lo que para la misma fecha del año 2013, cumplió los 60 años de edad, y al 1° de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia del Sistema de Seguridad Social Integral, tenía más de 40 años de edad, por lo que su situación pensional quedó cobijada por el régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que le asiste derecho a la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, o el de la Ley 71 de 1988. Narró que estuvo afiliado al Sistema General de Pensiones administrado por el ISS, como trabajador dependiente e independiente, así: con FNH Acetas Const. Hospital desde el 16 de marzo de 1981 hasta el 31 de diciembre de 1986; con la Empresa de Telecomunicaciones de Buenaventura SA ESP desde el 4 de abril de 1994 hasta el 31 de julio de 2003; con Listos Ltda. desde el 1º hasta el 31 de agosto de 2003; con Coopsertel desde el 1º de junio hasta el 31 de agosto de 2005; con Gamma Ingenieros SA desde el 1º de octubre de 2006 hasta el 28 de febrero de 2008; con Ingacon Ltda. desde el 1º de junio hasta el 31 de octubre

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Radicación n.° 95399 de 2008; y como trabajador independiente desde el 1º de noviembre de 2008 hasta la fecha. Señaló que, en su historia laboral, durante toda su vida se registran períodos de cotización con deuda o mora por

parte del empleador, los cuales deberán ser validados por la administradora de pensiones, por no haber utilizado las herramientas jurídicas para recuperarlos en forma coactiva, a pesar de haber contribuido como trabajador con su pago. Que al 1º de abril de 1994 —cuando entró en vigencia el régimen de transición del art. 36 de la Ley 100 de 1993— tenía 41.56 años de edad, al 31 de enero de 2020 contaba con 1486 semanas cotizadas —incluidas las que aparecen con mora del empleador—, y al 25 de julio de 2005 —cuando entró a regir el AL 01 de 2005—, tenía 806 semanas cotizadas, es decir, más de las 750 que exige la norma para permanecer en el régimen de transición que se le extendió hasta el 31 de diciembre de 2014, y en esta última fecha acopiaba más de 1224 semanas cotizadas al ISS, más las que se encontraban en mora del empleador —164—, en toda su vida laboral. Indicó que también registró con el empleador Universidad del Cauca más de 40 semanas cotizadas, que deben ser tenidas en cuenta, siempre y cuando se validen ante Colpensiones; que prestó sus servicios laborales a esta, como docente ocasional de tiempo completo, para el período comprendido del 1º de julio de 1993 al el 8 de abril de 1994, el cual se presentó ante la entidad de seguridad social mediante los formatos de solicitud de corrección de historia

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Radicación n.° 95399 laboral, para que fuera validado e incluido en la última, sin

embargo, aquella lo rechazó de plano, argumentando de manera verbal, que dicha información debía ser presentada en el formato Cetil expedido por la institución educativa; que le elevó dicho requerimiento a la Universidad del Cauca, empero, al dar respuesta, mediante el oficio No 5.1.2.70/17 del 20 de enero de 2020, reconoció la prestación del servicio, pero se negó a certificar lo requerido, fundado en que, durante ese tiempo no se descontaron los aportes para la seguridad social en pensión, además, porque los docentes ocasionales no son servidores públicos ni trabajadores oficiales. Agregó que el servicio prestado como docente ocasional de tiempo completo para el ente educativo, se realizó de manera personal, cumpliendo un horario y bajo una subordinación, materializada en la asistencia obligatoria a reuniones y la práctica de evaluaciones, igual a la realizada por los demás profesores de tiempo completo y de medio tiempo; lo mismo en cuanto a la acreditación de las condiciones de formación profesional y experiencia. Añadió que el 30 de diciembre de 2016, solicitó a Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de vejez con fundamento en el art. 12 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, la cual se le negó por medio de la Resolución n.° GNR 26240 del 23 de enero de 2017; decisión recurrida, y confirmada a través de las Resoluciones n.° SUB 4326 del 9 de marzo y DIR 3290 del 17 de abril, ambas de 2017. Que el oficio PAROS 5352-2016 del

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Radicación n.° 95399 8 de septiembre de 2016, suscrito por el PAR de la Empresa de Telecomunicaciones de Buenaventura – Telbuenaventura SA ESP - en liquidación, conforme a los numerales 12 y 29 del art. 3 del Decreto 4776 de 2005, expresó que se suscribió contrato de fiducia mercantil el 30 de diciembre de 2005, entre Fiduciaria la Previsora SA, actuado en calidad de liquidador de Telecom - en Liquidación y Teleasociadas, y el Consorcio de Remanentes Telecom, conformado por Fiduagraria S.A. y Fiduciaria Popular SA, cuya representación estaba a cargo de la primera, y que tenía por objeto «(…) Asumir y ejecutar las demás obligaciones remanentes a cargo de TELECOM EN LIQUIDACIÓN y TELEASOCIADOS (sic) EN LIQUIDACIÓN posteriores al cierre de los procesos liquidatorios (…)»; que el PAR al responderle sobre los períodos en mora presentados por el empleador Teleasociadas, correspondientes del 04 al 09, 11 y 12 de 1994, y 12 de 1999, expresó lo siguiente: Así las cosas y teniendo en cuenta la información que fue cedida por la extinta Telbuenaventura al PAR, este patrimonio procede a dar respuesta de fondo a su solicitud enviando adjunto las planillas de aportes a pensión que no están imputados en su historia de aportes con el ISS hoy, Colpensiones. Por lo anterior, este Patrimonio procedió hacer las respectivas validaciones de planillas a Colpensiones y de acuerdo a su solicitud, se adjunta lo siguiente, así:

1.- Copia de la planilla de pago No 548424250009113 del ciclo 200112. 2.- Copia de la planilla de pago No 50062801022492 del ciclo 1999 12 […].

Dijo que los períodos laborados: 04 al 09, 11 y 12 de 1994, no validados por el PAR en su respuesta, están incluidos en las certificaciones laborales expedidas por Telbuenaventura. Que el referido oficio fue conocido por

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Radicación n.° 95399 Colpensiones, al ser enviado como soporte del trámite de corrección de historia laboral e inconsistencias, según los radicados: 2019_11589138 del 28 de agosto y 2019_15533102 del 19 de noviembre, ambos de 2019. Que a través del art. 155 de la Ley 1151 de 2007, se creó Colpensiones para administrar el RPM. Y que el ISS desapareció mediante el Decreto 2013 del 28 de septiembre de 2012, naciendo el ISS en liquidación, por tal razón, los asuntos prejudiciales, judiciales y demás obligaciones relacionadas con la administración del RPM, son asumidas por Colpensiones. Las accionadas al dar respuesta a la demanda se opusieron a las pretensiones. Colpensiones en cuanto a los hechos, aceptó los relacionados con la fecha de nacimiento de Guillermo Erasmo Orozco Ortiz, y su condición de beneficiario del régimen de transición previsto en el art. 36 de la Ley 100 de 1993; la solicitud pensional elevada por este, y su negativa, así como los actos administrativos expedidos por la entidad

de seguridad social. En lo relativo a los demás, expresó que el demandante no conservó la prerrogativa pensional, debido a que para el 25 de julio de 2005 no tenía las 750 semanas de que trata dicha norma, pues solo contaba con 626 cotizadas, como se indicó en la Resolución n.° SUB 4326 del 9 de marzo de 2017, razón por la cual, no conservó el régimen de transición. Que su historia laboral da cuenta de lo siguiente: con el

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Radicación n.° 95399 empleador FNH Acetas Const. Hospital solo se encuentra registrado el período del 16 de marzo de 1981 hasta el 31 de julio de 1984, no hasta el 31 de diciembre de 1986; con Telbuenaventura SA ESP no se hallan registrados o cotizados los extremos indicados; con Coopsertel se encuentran registrados 29 días, no 31; con el empleador Gamma Ingenieros SA no es válida la inclusión del periodo comprendido entre el 1º de octubre de 2006 hasta el 28 de febrero de 2008, pues según su historia, laboró por cuenta de dicha empresa hasta el 31 de diciembre de 2008, y lo mismo sucede con Ingacon Ltda., ya que solo se registró hasta el 15 de octubre de 2008, no así hasta el 31 de ese mismo mes y año. Que por lo anterior, no se pueden tener en cuenta períodos en mora, y si se consideran los tiempos reportados en la historia laboral, no reúne los requisitos para acceder al derecho pensional. Indicó que por lo anterior, resulta improcedente la

contabilización de los períodos solicitados, así: respecto del empleador Acetas, por cuanto si bien se allegaron certificaciones laborales emitidas el 14 de mayo de 1986 y 29 de mayo de 1987, de ellas no se colige que el actor haya laborado de forma continua e ininterrumpida para dicho empleador desde el 16 de marzo de 1981 al 31 de diciembre de 1986, además de que no hay certeza de la calidad de la persona que las suscribió; lo mismo sucede con el empleador Telbuenaventura SA ESP, dado que tratándose de ese empleador, no se certificó de manera idónea el periodo comprendido entre el 1º de abril de 1994 al 31 de diciembre de 1999, por lo que los ciclos solicitados no pueden incluirse

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Radicación n.° 95399 en su historial laboral, máxime cuando Colpensiones desde el acto administrativo emitido en el 2017, expresó que la entidad solo realizó cotizaciones a nombre del afiliado para los periodos que se reflejan en la historia; y en lo referente al empleador Unicauca, para los ciclos 1º de julio de 1993 al 8 de abril de 1994, porque acorde con lo manifestado por la institución educativa en oficio del 23 de enero de 2020, en ese lapso no se efectuaron cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Pensiones. Y que al señor Orozco Ortiz no le asiste derecho a la pensión de vejez bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año, por no conservar el régimen de transición a la

entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, pues en su historia laboral, para los ciclos que presentan deuda del empleador no existe novedad de retiro, que bien puede generar una deuda presunta en tanto el empleador no lo retiró, omisión que no es atribuible a la entidad de seguridad social, como responsable de la administración de la historia laboral. Como medios exceptivos propuso los de inexistencia de la obligación, y de asumir culpas patronales en los eventos de omisión en la afiliación y/o cotización por cuenta del empleador; improcedencia del allanamiento a la mora, y de intereses moratorios; y prescripción. La Universidad del Cauca en lo referente a los hechos, señaló que el demandante estuvo vinculado como docente ocasional desde el 1º de julio de 1993 al 8 de abril de 1994; que recibió una remuneración que no fue objeto de

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Radicación n.° 95399 descuentos para pensiones o salud, y sobre la cual no se reconocieron o pagaron prestaciones sociales o demás derechos de naturaleza laboral; que su vinculación con la entidad, obedeció a la establecida en el artículo 74 de la Ley 30 de 1992; y que los docentes ocasionales no debían cumplir con las mismas exigencias de los de planta a medio tiempo o tiempo completo. Como excepciones formuló las que denominó «las erogaciones pensionales solicitadas a la Universidad del Cauca no están respaldadas financieramente con las cotizaciones respectivas», y «cobro de lo no debido».

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Popayán, a

través de sentencia del 20 de abril de 2021, resolvió:

1. DECLARAR que este despacho no es competente para declarar la existencia de un contrato de trabajo entre el demandante y la

Universidad del Cauca.

2. DECLARAR que COLPENSIONES se allanó a la mora por los periodos comprendidos entre el 01 de agosto de 1984 al 11 de enero de 1986; del 04 de abril al 27 de septiembre de 1994; del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 1994 y desde 01 de diciembre al 31 de diciembre de 1999. En consecuencia, RECONOCER esas semanas dentro de la historia laboral del demandante.

3. DECLARAR que el señor GUILLERMO ERASMO OROZCO ORTIZ es beneficiario del régimen de transición.

4. DECLARAR que el señor GUILLERMO ERASMO OROZCO ORTIZ tiene derecho a que COLPENSIONES le reconozca y pague una pensión de vejez a partir del 15 de abril de 2013, cuyo disfrute se hace efectivo a partir del 27 de abril de 2017.

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5. DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción para todo lo causado con antelación al 16 de julio de 2017.

6. ORDENAR a COLPENSIONES a pagar al señor GUILLERMO ERASMO OROZCO ORTIZ una pensión equivalente a $1.263.338 para el año 2021.

7. ORDENAR a COLPENSIONES a incluir en nómina de pensionados al señor GUILLERMO ERASMO OROZCO ORTIZ.

8. ORDENAR a COLPENSIONES a pagar al demandante un valor por retroactivo pensional equivalente hoy a $62.309.700 y el que se siga causando hasta la inclusión en nómina.

9. ORDENAR a COLPENSIONES a pagar al demandante los intereses moratorios a la tasa máxima legal sobre las mesadas pensionales desde el 16 de julio de 2017 y hasta la inclusión en nómina de pensionados.

10. CONDENAR en costas a COLPENSIONES y a favor del demandante.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, a través de providencia del 9 de marzo de 2022, al resolver los recursos de apelación interpuestos por el demandante y Colpensiones, y del grado jurisdiccional de consulta a favor de la segunda, resolvió: PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, apelada y consultada, proferida por el JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE POPAYÁN (CAUCA), el 20 de abril de 2021, en el sentido de excluir como periodos en mora los comprendidos del 4 de abril de 1994 al 27 de septiembre de 1994, que fueron declarados como allanamiento en mora a cargo de COLPENSIONES, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: REVOCAR los numerales tercero a noveno de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, apelada y consultada, proferida por el JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE POPAYÁN (CAUCA), el 20 de abril de 2021, para

en su lugar absolver a COLPENSIONES de tales condenas incoadas en su contra.

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TERCERO: En lo restante, queda incólume la decisión de primera instancia, conforme lo motivado.

CUARTO: SIN CONDENA EN COSTAS de primera y segunda instancia como se dijo en la parte motiva.

QUINTO: Oportunamente, DEVUÉLVASE el expediente al juzgado laboral de origen, previo registro de su salida definitiva.

SEXTO: La presente sentencia queda notificada a las partes por ESTADO ELECTRÓNICO y al correo electrónico de los apoderados judiciales, con la inserción de la copia de la presente providencia para su conocimiento.

Partió de que los problemas jurídicos se orientaban a determinar, si existió mora patronal en la cotización de aportes a seguridad social en pensión, en los períodos reclamados en el libelo genitor, por ende, si hubo inactividad de Colpensiones para efectuar su cobro; si Guillermo Erasmo Orozco Ortiz es beneficiario del régimen de transición previsto en el art. 36 de la Ley 100 de 1993, y en caso afirmativo, si le resulta aplicable como normativa anterior el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez. Y en caso positivo, si aquel cumple con los requisitos legales previstos en la referida normativa, y desde cuándo debe reconocerse la pensión; y si procede la excepción de prescripción. En cuanto a la mora por los aportes en seguridad social en pensión a favor del demandante, y la omisión de cobro por

parte del ISS, dijo que analizada la totalidad de la prueba documental arrimada al plenario, se advierte, que en efecto existió aquella respecto de las cotizaciones correspondientes

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Radicación n.° 95399 a los siguientes períodos: del 1º de agosto de 1984 al 11 de enero de 1986; y del 1° de noviembre al 31 de diciembre de 1994 y diciembre de 1999, por cuenta de los respectivos empleadores, por lo que le correspondía a la entidad de seguridad social, efectuar su cobro, advirtiéndose su inactividad en tal sentido, razón por la cual, está llamada a responder, y se deben contabilizar aquellos, conforme lo concluyó el a quo. Tratándose del período comprendido del 4 de abril al 27 de septiembre de 1994, indicó que no existió mora patronal, sino una omisión en la afiliación oportuna; aspecto que no es atribuible a Colpensiones, y en consecuencia, bajo esa situación jurídica, debía modificarse el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, en el entendido de que dicho lapso no debe ser computado en la historia laboral del actor, sino que corresponde asumirlo al empleador, para lo cual este debe desplegar los medios jurídicos a su alcance para obtener el pago de tales aportes. Expuso que lo anterior encuentra soporte en los literales a) y d) del artículo 13, así como en el 15, 17, 23 y 24 de la Ley 100 de 1993 primigenio.

Relacionó jurisprudencia de la Corte sobre la afiliación, la mora patronal en el pago de las cotizaciones y la obligación de cobro por las administradoras de pensiones (sentencias

CSJ SL2514-2019, CSJ SL1078-2021 y CSJ SL205-2022).

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Radicación n.° 95399 Precisó que, en primer lugar, para responder a la controversia respecto de las semanas que se deben sumar a favor del señor Orozco Ortiz, como trabajador del Consorcio Acetas, entre los medios de convicción aportados y admitidos como pruebas, se encuentran los siguientes: las certificaciones del 14 de enero de 1986 y 29 de enero de 1987, expedidas por el referido consorcio; el contrato de trabajo n.° 66-81; y la sentencia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Popayán del 19 de agosto de 1993.

De ellos dedujo lo siguiente: que entre el accionante y este, en calidad de intermediario, se celebró un contrato de trabajo por duración de la obra determinada del 16 de marzo de 1981 al 11 de enero de 1986; que según el reporte de semanas cotizadas de los períodos 1967-1994, expedido por el ISS, por cuenta del referido empleador, se registra la novedad de ingreso el 31 de enero de 1982 y de retiro el 31 de diciembre de 1986; y que de acuerdo a la historia laboral, el citado empleador lo afilió desde el 16 de marzo de 1981 al 31 de julio de 1984, para un total de 176.29 semanas, pero en ella se advierte, que los comprendidos del 1º de agosto de

1984 al 31 de diciembre de 1986 aparecen consignados con la observación «periodo en mora por parte del empleador». Así las cosas, concluyó que, contrario a lo expuesto por Colpensiones en su apelación, en el proceso sí se encuentra debidamente acreditada la existencia de una relación laboral entre el demandante y el Consorcio Acetas, así como sus extremos temporales, del 16 de marzo de 1981 al 11 de enero de 1986, teniendo en cuenta la documental contentiva de las

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Radicación n.° 95399 certificaciones y la sentencia judicial, que no fueron objeto de tacha ni de desconocimiento, de manera que constituyen plena prueba, y permiten colegir la continuidad en el servicio prestado, aspecto que echa de menos la entidad; y que si bien obra la novedad de retiro por parte del ISS, el 31 de diciembre de 1986, esta no coincide con los extremos de la relación laboral acreditados en el plenario, y no existe prueba de la prestación personal o de cualquier otro indicativo de la existencia de una relación con posterioridad a esa fecha y hasta el 31 de diciembre de esa misma anualidad, conforme se solicita en el libelo genitor. Afirmó que, probado el vínculo laboral y sus extremos del 16 de marzo de 1981 al 11 de enero de 1986, surge el derecho del señor Orozco Ortiz, al cómputo de las semanas de este lapso, sin importar la mora patronal de dicho consorcio en el pago de los aportes, entre el 1º de agosto de 1984 al 11 de enero de 1986, sin prueba del cobro realizado

por el ISS; razón por la cual, es Colpensiones la llamada a responder, acorde con lo expuesto por la jurisprudencia, como lo dijo el a quo. Señaló que en segundo lugar, tratándose de los reproches endilgados en relación con los períodos presuntamente en mora por parte del empleador Telbuenaventura SA ESP, el actor aportó los siguientes medios de prueba: la certificación expedida por el gerente de la entidad, que informa que aquel trabajó allí como subgerente operativo, desde el 4 de abril de 1994, a la fecha de su emisión —6 de febrero de 1995—; la comunicación del

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Radicación n.° 95399 31 de julio de 2003, que acredita la terminación del contrato de trabajo a partir de esa data; la misiva del 8 de septiembre de 2016, por medio de la cual el PAR Telecom le dio respuesta al peticionario, en cuanto al pago de los aportes a pensión de los períodos 12/1999 y 12/2001, que estaban en mora en el ISS, adjuntándole las planillas pertinentes; y, el reporte de semanas cotizadas - período 1967 a 1994, expedida por el ISS, que registra una novedad de ingreso el 28 de septiembre de 1994, por cuenta de esta aportante. Adujo que del estudio en conjunto de las historias laborales del ISS, aparece probado que Telbuenaventura SA ESP cotizó a favor del demandante, los siguientes períodos: del 28 de septiembre al 31 de octubre de 1994 y del 1º de enero de 1995 al 31 de julio de 2003; y que se evidencia en

mora, el lapso del 1º de noviembre al 31 de diciembre de 1994, aunado a que no se registra cotización alguna por los correspondientes del 4 de abril al 27 de septiembre de 1994, ni por diciembre de 1999. Dedujo que, conforme a los medios de convicción antes reseñados, se observa que no existe coincidencia entre la fecha certificada por Telbuenaventura SA ESP como inicio de la relación laboral —4 de abril de 1994—, con la de registro o afiliación a pensiones —28 de septiembre del mismo año— , pero que respecto de la data de terminación —31 de julio de 2003—, sí la hay. Por ende, expresó que a partir de ello, quedan parcialmente sin soporte los argumentos de la apelación de

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Radicación n.° 95399 Colpensiones sobre la continuidad del vínculo laboral entre el accionante y Telbuenaventura SA ESP, así como la ausencia de prueba suficiente de la existencia del contrato laboral, toda vez que del análisis conjunto de los documentos reseñados, se obtiene total certeza de aquel y su ejecución sin solución de continuidad en los extremos mencionados; además de que existen sendas cotizaciones en pensión por cuenta de este empleador, desde el 28 de septiembre al 31 de octubre de 1994 y del 1º de enero de 1995 al 31 de julio de 2003, sin que exista novedad de retiro por parte del referido aportante. Estimó que bajo tales supuestos fácticos, al establecerse aportes no cotizados o en mora, por lo menos

del 1º de noviembre al 31 de diciembre de 1994 y del 1º al 31 de diciembre de 1999, existiendo un vínculo vigente y sin novedad de retiro, le correspondía al ISS realizar los cobros, máxime que reposan 24 planillas de pago a la seguridad social en pensión, de diciembre de 1999, y diciembre de 2001, aportadas por el PAR Telecom y Teleasociadas, que corroboran la mora patronal; sin que se constate la diligencia de la entidad de seguridad social, en su cobro, por lo que ellos son atribuibles a su cargo, y deben ser computados en la historia laboral, como lo indicó el a quo. Respecto de los períodos comprendidos del 4 de abril al 27 de septiembre de 1994, que tampoco aparecen cotizados por Telbuenaventura, a favor de Guillermo Erasmo Orozco Ortiz, sostuvo que, pese a que se certificó que el vínculo inició el 4 de abril de 1994, de todos modos la novedad de ingreso

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Radicación n.° 95399 registrada fue del 28 de septiembre de ese año, y acorde con lo expuesto por la jurisprudencia de la Corte, no es posible contabilizar dicho lapso, por no constituir mora patronal que permita endilgarle responsabilidad a Colpensiones, por omisión de su deber de cobro, pues lo expuesto en la referida certificación, se contradice con lo reportado en la novedad de ingreso, y ante ello, lo que se presenta es una falta de afiliación oportuna, no atribuible a la administradora del

RPM, debiendo el demandante hacer uso de los mecanismos legales contra dicho empleadora, quien eventualmente deberá asumir el cálculo actuarial por aquellos; aspecto que no se puede dilucidar en este proceso, ya que la entidad a través del Patrimonio Autónomo de Remanentes que lo representa, no fue convocada al proceso. En consecuencia, consideró que en virtud de la apelación de Colpensiones y del grado jurisdiccional de consulta surtido a su favor, se debía modificar el numeral segundo de la providencia de primer grado, en el sentido de excluir dicho período, que fue declarado como allanamiento a la mora a cargo de la entidad de seguridad social. Realizó unas disquisiciones teóricas sobre el régimen de transición previsto en el art. 36 de la Ley 100 de 1993, así como del AL 01 de 2005, y el desarrollo jurisprudencial referente, expuesto entre otras, en la sentencia CSJ SL70402017. Precisó que no se discute que el señor Orozco Ortiz es beneficiario de dicha prerrogativa, por contar con más de 40

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Radicación n.° 95399 años de edad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, y hallarse afiliado al ISS desde el 16 de marzo de 1981, es decir, con anterioridad a esa normativa; sin embargo, señaló que para la fecha de entrada en vigencia del AL 01 de 2005 —25 de julio de 2005—, aquel no tenía cotizadas más de 750 semanas, pues solo contaba con 723, que se obtienen con la

sumatoria de las efectivamente cotizadas para pensiones al ISS, registradas en su reporte de semanas, junto con los períodos en mora patronal, imputados a Colpensiones por el no cobro a los empleadores, así: del 1º de agosto de 1984 al 11 de enero de 1986, del 1º de noviembre al 31 de diciembre de 1994 y del 1º al 31 de diciembre de 1999. Destacó que por disposición expresa del AL 01 de 2005, el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no se le extendió hasta el 2014, y por ello no es procedente analizar la prestación pensional solicitada al amparo de la prerrogativa transicional, y con base en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año. Por lo expuesto, coligió que debía revocarse parcialmente la decisión de primera instancia que condenó al pago de la pensión de vejez, con base en el Acuerdo 049 de 1990, y las consecuentes condenas atinentes al pago del retroactivo pensional, los intereses moratorios y la declaratoria de prescripción parcial, para en su lugar, absolver a Colpensiones de los pedimentos del libelo introductorio.

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Radicación n.° 95399

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente, que se case la sentencia

impugnada, para que:

Constituida en sede de instancia, solicito a la Sala revocar el fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán que negó las