CSJ - SL1917-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL1917-2023 Radicación n.° 90644 Acta 28 Bogotá, D. C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la ASOCIACIÓN DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO EL CERRO, SAMARIA, LA MILAGROSA, QUIRAMA, CRISTO REY Y EL SALADO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, el 2 de octubre de 2020, en el proceso ordinario laboral que instauró JORGE ANDRÉS ALZATE JIMÉNEZ contra la sociedad recurrente.

I. ANTECEDENTES

Jorge Andrés Alzate Jiménez demandó a la Asociación de Socios del Acueducto El Cerro, Samaria, La Milagrosa, Quirama, Cristo Rey y El Salado, con el fin de que se declare que entre las partes operó un contrato de trabajo a término

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Radicación n.° 90644 indefinido el cual se ejecutó del 14 de agosto de 1995 al 12 de mayo de 2017. Así mismo solicitó el pago de 12 días de salarios insolutos correspondientes al mes de mayo de 2017, las prestaciones sociales causadas durante la vigencia de la relación de trabajo tales como auxilio de cesantías y sus intereses, primas de servicios y vacaciones; igualmente el reconocimiento de la indemnización moratoria desde la fecha de terminación del vínculo, la sanción de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y aquella derivada del no pago de

los intereses a las cesantías; el «pago de aportes efectuados» por concepto de salud durante todo el tiempo de servicio, las cotizaciones a pensión hasta enero de 2015 «cuando se le empezó a reconocer el pago de dicho aporte»; la indemnización por despido injusto, debidamente indexada y las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que laboró al servicio de la demandada dentro de los extremos temporales ya referidos, nexo que terminó por la decisión unilateral e injusta de la pasiva, de conformidad con la comunicación del 10 de mayo de 2017, por lo que procedió a hacer la entrega de la totalidad de los elementos que le habían sido asignados para el desempeño de su labor. Adujo que fue contratado de manera verbal para desempeñar el oficio de auxiliar administrativo el cual realizó a favor de la pasiva de conformidad con las indicaciones impartidas por el representante legal y tesorero de aquella,

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Radicación n.° 90644 las cuales posteriormente se consignaron en su organigrama, en el cuadro de funciones y en el perfil de los cargos existentes al interior de la asociación. Manifestó que el cargo desempeñado debía ejecutarse mediante contrato de trabajo, dadas las actividades que de manera permanente desarrollaba, tales como registrar e imprimir las facturas de los usuarios del acueducto y sus novedades; manejar todo lo referente a las tecnologías de la comunicación; colaborar en el procedimiento contable de la información y demás que se le asignaran, particularmente,

atender de manera personal a los usuarios y sus inquietudes sobre facturación y pago, dada su facultad de realizar acuerdos de pago a nombre de la demandada; el manejo del libro de bancos y de caja diario, de la cuenta de ahorros, del sistema de facturación, el computador y correo electrónico con sus respectivas claves, papelería y herramientas de trabajo. Indicó que hasta 2016 le pagaban los días laborados a la semana, los que correspondían a cuatro, y de manera adicional los tres primeros domingos de cada mes, dada la particularidad de la prestación del servicio, la facturación y cobro. Señaló que debido a las reclamaciones de carácter laboral que presentó, desde enero de 2017, la demandada argumentando la existencia de un «contrato de prestación de servicios», le empezó a pagar de manera mensual, la suma de $1.053.570, previa presentación de facturas.

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Radicación n.° 90644 Puso de presente que, a partir de enero de 2015, de manera separada a su salario, se le cancelaba el rubro correspondiente al aporte a pensión, al haber sido aprobado en el acta de junta directiva del 17 de enero de ese año, a cuyas reuniones asistía en condición de «auxiliar o asistente administrativo», presentando en algunas oportunidades informes de su labor. Arguyó que fue enviado a diferentes eventos para capacitarse en relación con sus funciones, junto con trabajadores de «acueductos, juntas comunales y otras entidades similares» reconociéndose a su favor el pago de

viáticos, como ocurrió en marzo de 2015. Añadió que con algunos familiares era propietario de un «café internet» en el municipio de El Carmen de Viboral, de ahí que, de manera separada, y por dicha razón, se le compraban bienes como «teclado de computador, mouse, y en general, equipos de cómputo u otros servicios que allí se prestan al público en general». Argumentó que en respuesta a sus reclamaciones de orden laboral la demandada consultó a diferentes profesionales y designó una comisión, sin embargo, no se accedió a la solicitud que formuló el 13 de julio de 2016 y como consecuencia del derecho de petición del 17 de abril de 2017, fue despedido, sin que se le pagaran los derechos causados, esto es, el auxilio de cesantías y sus intereses, primas de servicios y vacaciones.

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Radicación n.° 90644 Dijo que el 19 de mayo, sin precisar el año, la administradora de la demandada le reclamó por no entregar su cargo; que fue reemplazado por Leidy Orozco Valencia, esta sí, vinculada mediante contrato de trabajo a término indefinido, antes de que se produjera el despido; que posteriormente se vinculó a Estefanía Vargas, para desempeñar otras de sus funciones en virtud de las cuales era la imagen y representación del acueducto veredal frente a los usuarios, proveedores y entes de control. Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, señaló que no eran ciertos, que no le constaban o que contenían

varias apreciaciones. En su defensa sostuvo que entre las partes se ejecutó un contrato de prestación de servicios interrumpido «pues existieron periodos en el cual (sic) era por prestación definida, los dos últimos años se realizó en una sola cuenta de cobro mensual», lo que era plenamente aceptado por el promotor de la contienda quien presentaba cuentas de cobro y documentos tributarios para las deducciones; que aquel era autónomo en la realización de la labor pues definía el horario en que atendía a los usuarios. Que por tanto se trataba de «un verdadero outsourcing o tercerización, en virtud del cual la ASOCIACIÓN, solo recibía los resultados», pues el actor era el único que tenía acceso a la información del software y que «dominaba» la facturación y cartera; que además acudía a sus oficinas a realizar

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Radicación n.° 90644 digitación de información en diversos horarios, de acuerdo con su disponibilidad, «muchas veces acudía de noche o en fin de semana» por lo que era totalmente autónomo. Formuló como excepciones de mérito las que denominó inexistencia de contrato laboral; inexistencia de subordinación artículos 23 y 24 del CST; falta de legitimación en la causa por pasiva; existencia de contrato de prestación de servicios; prescripción; cobro de lo no debido; buena fe y; la genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Laboral del Circuito de Rionegro, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante

fallo del 24 de octubre de 2019 resolvió:

PRIMERO: SE DECLARA LA EXISTENCIA DEL CONTRATO DE

TRABAJO A TÉRMINO INDEFINIDO entre el señor JORGE ANDRÉS ALZATE JIMÉNEZ en calidad de trabajador y a la ASOCIACIÓN DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO EL CERRO, SAMARÍA, LA MILAGROSA, QUIRAMA, CRISTO REY Y EL SALADO, en calidad de empleador, desde el 31 de agosto del año 1995, al 11 de mayo del año 2017, devengando el salario mínimo mensual vigente para cada anualidad.

SEGUNDO: SE CONDENA a la ASOCIACIÓN DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO EL CERRO, SAMARÍA, LA MILAGROSA, QUIRAMA, CRISTO REY Y EL SALADO a reconocer y pagar al señor JORGE ANDRÉS ALZATE JIMÉNEZ los siguientes conceptos: $ 8.943.740 CESANTÍAS

$ 265.944 INTERESES A LAS CESANTÍAS $ 2.216.203 PRIMA DE SERVICIOS $ 1.402.851 VACACIONES. $ 270.496 SALARIO DE 11 DÍAS DEL MES DE YO (sic) DE 2017. $ 13.313.051 INDEMNIZACIÓN DEL ART. 99 LEY 50 DE

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Radicación n.° 90644 1990.

$ 21.460.533 INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO SIN JUSTA

CAUSA

TERCERO: SE CONDENA a la ASOCIACIÓN DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO EL CERRO, SAMARÍA, LA MILAGROSA, QUIRAMA, CRISTO REY Y EL SALADO a reconocer y pagar al señor JORGE ANDRÉS ALZATE JIMÉNEZ la indemnización por

no pago de salarios y prestaciones sociales a la terminación del contrato de trabajo, como INDEMNIZACIÓN ART. 65 DEL C.S.T., desde el día 12 de mayo del año 2017 y teniendo como salario diario la suma de $24.591,00 hasta el pago real y efectivo de las prestaciones sociales que se condenó en la presente sentencia.

CUARTO: SE CONDENA a la ASOCIACIÓN DE SOCIOS DEL

ACUEDUCTO EL CERRO, SAMARÍA, LA MILAGROSA, QUIRAMA, CRISTO REY Y EL SALADO, a trasladar a la administradora de pensiones que esté afiliado el señor JORGE ANDRÉS ALZATE JIMÉNEZ o se afiliare, si no lo estuviere, el valor de los aportes correspondientes entre el tiempo laborado desde el 31 de agosto de 1995 al 11 de mayo de 2017, teniendo en cuenta como ingreso base de cotización el salario mínimo legal mensual vigente para cada anualidad cotización que deberá efectuarse con los respectivos intereses que [al] respecto fije la AFP que elija el demandante.

QUINTO: SE CONDENA en costas a la parte demandada y a favor de la parte demandante, como agencias en derecho a favor del señor JORGE ANDRÉS ALZATE JIMÉNEZ, se fija la suma de

$6'000.000.

SEXTO: Se declara parcialmente probada la EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, respecto de las prestaciones sociales, intereses a las cesantías y primas e igualmente por las vacaciones.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, al desatar los recursos de apelación

interpuestos por las partes, a través de sentencia del 2 de octubre de 2020 dispuso: SE MODIFICA la Sentencia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Rionegro – Antioquia el veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecinueve (2019), dentro del proceso ordinario laboral promovido por el señor JORGE ANDRÉS ALZATE JIMÉNEZ en

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Radicación n.° 90644

contra de LA ASOCIACIÓN DE SOCIOS DEL ACUEDUCTO EL

CERRO, SAMARIA, LA MILAGROSA, QUIRAMA, CRISTO REY Y EL SALADO, DE[L] MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, en cuanto a la condena por aportes a pensión desde el 31 de agosto de 1995 hasta el 11 de mayo de 2017, y en su lugar, se condena al pago de aportes a pensión desde el 31 de agosto de 1995 hasta diciembre de 2014. En lo demás, SE CONFIRMA la sentencia. En lo que interesa al recurso extraordinario, el juez plural señaló que su competencia se circunscribía a los puntos materia de apelación y en esa medida los problemas jurídicos a resolver se centraban en determinar si existió un contrato de trabajo entre las partes; y en caso afirmativo, si «era viable que la juez aproximara los extremos temporales»; igualmente si estaba probado que el salario devengado por el demandante correspondía al SMLMV; si el despido fue injusto; si procedía el pago de 11 días de salario del mes de

mayo de 2017, de los aportes a pensión, así como la imposición de las sanciones moratorias de los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del CST y las costas del proceso. En lo que al contrato de trabajo respecta, acudió a los artículos 22, 23, y 24 del CST y destacó que de conformidad con la presunción a la que se refería la última de las disposiciones citadas, al demandante le bastaba demostrar la prestación personal del servicio, para que a su favor se estableciera la presunción de la existencia de un vínculo laboral, que la demandada debía desvirtuar acreditando que el servicio se había prestado de manera autónoma e independiente.

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Radicación n.° 90644 Con la precisión realizada manifestó que aun cuando la asociación apelante le endilgó a la decisión de primer grado la falta de análisis de los interrogatorios de parte rendidos por las partes, los testimonios y las documentales allegadas al expediente, pues a su juicio, de estas emergía la existencia de un contrato de prestación de servicios; lo cierto era que de conformidad con «la motivación» de la providencia del juzgado, la falladora unipersonal estableció que el demandante había prestado servicios no sólo como técnico en sistemas, como se alegaba. Que de acuerdo con la prueba testimonial el actor era la persona encargada de realizar la facturación del acueducto, procesar la información de los contadores, atender a los usuarios sobre dicho asunto y recibir sus reclamos, «asentar» y recoger los pagos, manejar el software del acueducto, administrar su página, así como desarrollar

actividades afines al mantenimiento, supervisión, reparación del sistema que tenía el acueducto y el manejo y la renovación del programa de facturación. Se remitió a los dichos de los testigos Justo Manuel Zuluaga Giraldo, María Concepción García Valencia, Eliza del Carmen Montoya Vallejo, Francisco Emilio Pérez Arbeláez, Amanda de Jesús Osorio Gómez y Luis Alfonso Alzate Vargas «personas muy cercanas al acueducto por ser socios o utilizar su servicio» quienes fueron coincidentes en referir las actividades desplegadas por el promotor de la contienda.

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Radicación n.° 90644 Que tal hecho además estaba respaldado con la documental que reposaba a folio 162 y siguientes, la que daba cuenta de las labores de mantenimiento técnico a los computadores, la elaboración de comunicaciones dirigidas a los morosos y de informes para el acueducto y la DIAN, la actualización del sistema de facturación, respuestas de derechos de petición y «ayuda con las cuentas». Así las cosas y en la medida que de conformidad con el folio 17, la demandada reconoció que el actor le prestaba servicios a su favor y conforme al folio 42 admitió que era auxiliar administrativo, dijo, se encontraba suficientemente demostrada la prestación del servicio; de ahí que a la pasiva le correspondía «destruir tal presunción, mediante la acreditación de que la actividad contratada se ejecutó o realizó en forma autónoma, totalmente independiente y no subordinada, bajo un nexo distinto del laboral». En cuanto a la subordinación, el fallador de la alzada

puso de presente que la asociación recurrente sostenía que el actor era una persona autónoma e independiente en la prestación de sus servicios, y que la juez había concluido lo contrario al valorar de manera errada el correo electrónico de folio 21, el interrogatorio de parte del demandante, el perfil de cargos de folios 24 y 27, y por no tener en cuenta el interrogatorio de parte rendido por la demandada, los alegatos presentados, así como los documentos de folios 155 a 667 conforme a los cuales el actor prestaba sus servicios a otros acueductos y entidades, vendía insumos a la asociación y presentaba cuentas de cobro, además de que no probó el

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Radicación n.° 90644 cumplimiento de un horario de trabajo. A efecto de resolver dicho reproche el Tribunal se remitió a las pruebas antes aludidas y adujo que, a pesar de lo afirmado, de su correcta apreciación emergían «signos suficientes e indicativos de subordinación o dependencia laboral» como lo había definido la primera instancia, pues cuando en el correo electrónico de fecha 19 de mayo de 2017 (fo. 21) se empleó el término «materia laboral» era muestra de que la demandada «si estaba en el convencimiento que en el fondo existió ese vínculo de orden laboral». Agregó que el hecho de que el demandante tuviera un «café internet», vendiera insumos y diera asesorías a otros acueductos, no significaba que su vínculo dejara de ser laboral. En cuanto al perfil de cargos destacó que aun cuando no podía establecerse la fecha de su creación, la juez había

acudido a aquel para evidenciar que las actividades que realizaba el demandante estaban categorizadas en el cargo de auxiliar administrativo, el cual se encontraba en el organigrama de la entidad y era reconocido por los empleados de aquella. Frente al interrogatorio de parte de la demandada manifestó que lo dicho en tal declaración solo servía de prueba siempre que existiera confesión, lo que tendría que desfavorecerle, de manera que no contribuía en su objetivo de dar al traste con la sentencia de primera instancia.

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Radicación n.° 90644 Sobre la no demostración de una jornada de trabajo, un horario ni subordinación, acotó que de conformidad con las pruebas obrantes en el plenario se colegía su existencia, primero, de la confesión de la representante legal de la asociación cuando dijo: […] que el actor laboraba en el sistema de facturación, cobro, recibía quejas, propuestas de pagos, manejaba el sistema de cómputo de la demandada, cuentas de correo electrónico, bancarias, caja, etc. que sus funciones las efectuaba en la oficina del acueducto para recibir a los usuarios y hacerles su facturación, él debía cumplir un horario, es decir los 3 primeros domingos del mes debía de hacer esto y los otros días los atendía en su negocio, que como socio debía ir a capacitaciones y diplomados de servicios públicos y que le pagaban los viáticos, y que la asociación le realizaba directamente el pago a pensión. Además, afirmó que en el 2013 por la cantidad de usuarios le propusieron al actor la vinculación permanente, porque se necesitaba una persona de tiempo completo, a lo que él se quedó

pensado (sic) porque no se pudo llegar a un acuerdo sobre el salario que debía devengar. Lo que además se respaldaba con la declaración de «Justo Manuel, Concepción, Gladys, Francisco, Amanda y Luis Alfonso»; así como en las múltiples tareas o labores que debía desarrollar el actor y los condicionamientos dispuestos para el efecto, los cuales no correspondían al objeto de un contrato de naturaleza civil pues claramente «riñen con la autonomía, libertad o independencia que tienen este tipo de contratos». Agregó que tampoco era de recibo que como el demandante tenía «su café internet» era un contratista independiente, pues en verdad y, como lo habían manifestado varios testigos, el promotor de la contienda debía atender a los usuarios del acueducto en dicho lugar, con ciertos horarios establecidos, con insumos y herramientas de la entidad; lo que ponía en evidencia que su

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Radicación n.° 90644 trabajo de ninguna forma se desarrolló con autonomía ni mucho menos con el manejo de su tiempo y disponibilidad, de ahí que no se hubiera desvirtuado la subordinación. Ahora, en cuanto a que el demandante no estaba obligado a asistir a capacitaciones, sostuvo que sobre tal afirmación no existía prueba en el plenario y que por el contrario se observaba que este efectivamente si era enviado por la demandada a capacitarse y a seminarios para mejorar su desempeño, reconociéndole en cada oportunidad los viáticos causados en los términos que reflejaban las documentales de folio 83 a 86 y como se desprendía de la respuesta a los hechos 14 y 15 del escrito de demanda inicial.

Sobre los escritos obrantes a folios 17 y 18, 635 a 637 y 155 a 667, esto es, la carta de terminación del contrato de fecha 12 de mayo, la comunicación de 10 de julio sobre el incumplimiento por parte del contratista y la carta del 4 de mayo, todas de 2017, donde se le reiteraba que estaba vinculado mediante contrato de prestación de servicios; sostuvo el sentenciador que no gozaban de la suficiente fuerza aprobatoria para derruir la conclusión a la que arribó la juez de primera instancia, en cuanto a la naturaleza jurídica del vínculo laboral, por tratarse de la persona que de manera exclusiva manejaba toda la información referente al servicio público del acueducto, motivo por el que no podía considerarse como un «simple técnico en sistemas» como se pretendía argumentar por parte de la demandada. A continuación se refirió a los extremos laborales y

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Radicación n.° 90644 acotó que, contrario a lo afirmado por la demandada apelante, aquellos estaban demostrados con el testimonio de Amanda de Jesús Osorio quien había indicado que el contrato comenzó en agosto de 1995, fecha que recordaba porque el demandante llegó a prestar los servicios al acueducto con un computador «que era algo muy novedoso para esa época» y especialmente, porque ella «como estudiaba informática el actor le proporcionaba algunas clases siendo la testigo una persona muy cercana en dicha época en la oficina donde se prestaba el servicio del acueducto». En cuanto al extremo final, adujo el juzgador que «era evidente que aquel correspondía a la calenda registrada en la

carta de terminación visible en el folio 17» en cuya cláusula primera se dijo que el finiquito contractual se daba a partir del 11 de mayo de 2017. Sobre el salario como retribución del servicio, manifestó que de conformidad con las pruebas allegadas por las partes, no quedaba debidamente probado que el actor devengara la suma de $1.053.570, pues a pesar de lo afirmado, ello no había sido confesado por la pasiva al dar respuesta al hecho 11 de la demanda y si bien a folios 81 y 82 reposaban cuentas de cobro de los meses de abril y marzo de 2017 por dicho monto, ello no era suficiente para establecer que durante la vigencia del vínculo aquel siempre hubiera percibido dicho guarismo. Lo anterior porque de las facturas aportadas se desprendían diferentes sumas, además, no todos los pagos

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Radicación n.° 90644 que recibía el demandante estaban encaminados a retribuir la prestación de sus servicios, pues algunos correspondían a la venta de insumos, razón por la que «no es sencillo y certero deducir un valor determinado devengado en todos los meses del vínculo contractual» y en esa medida era acertada la decisión de la juez unipersonal, de liquidar las condenas teniendo como referencia un SMLMV. Frente a los 11 días de salario causados en el mes de mayo de 2017 manifestó que con ninguna de las pruebas aportadas demostraba su cancelación, debía confirmar la condena impuesta por ese concepto. En lo relativo a los aportes a pensión señaló que de conformidad con el artículo 22 de la Ley 100 de 1993, su

pago correspondía a una de las obligaciones del empleador a favor de los trabajadores a su servicio; y que aunque le asistía el derecho al actor y en primera instancia se había condenado al pago durante la vigencia de la relación laboral, ello había sido el resultado de pasar por alto que se habían solicitado hasta enero de 2015, pues desde dicho ciclo se pagaron por la demandada, lo que hacía procedente entonces la modificación de la decisión de primer grado en ese sentido. En lo que a la indemnización por despido se refiere señaló el colegiado que de conformidad con la comunicación de fecha 10 de mayo de 2017, la decisión de terminar el vínculo que ataba a las partes se había fundado en «la relación tan desventajosa que tiene la asociación con el mismo, al no compartirles la información que posee, pues nadie tiene

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Radicación n.° 90644 conocimiento de la base de datos, de los procedimientos de facturación, claves etc.,» así como por la prestación de sus servicios «a otros establecimientos ofreciendo similares productos que los que presta a la asociación, poniéndolos en riesgo». Pero que en el plenario no obraba prueba de que con anterioridad a dicha calenda el actor se hubiera rehusado a proporcionar la información que la demandada requería «para poder entender y entrar a su sistema, ya sea de facturación, correos electrónicos, cuentas bancarias» o que ello se le hubiera siquiera solicitado, ni que «con la prestación de sus servicios en otros acueductos, la información de la demandada estuviera en peligro»; de manera que procedía la confirmación de la decisión de la juez de primer grado sobre

el particular. Frente a la indemnización y sanción moratoria de los artículos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990 adujo que no bastaba con que la parte demandada tuviera la «mera creencia en torno a la inexistencia de la relación laboral» para relevarse de su imposición, pues le correspondía justificar y utilizar otros argumentos válidos, lo que no ocurrió en el asunto, en tanto no se arrimó prueba «contundente que permitieran probar buena fe» y por el contrario, estando «segura» de que tenía un contrato de trabajo con el demandante «pretendieron en su último periodo [de] labores acudir a afirmar que el demandante estaba bajo la existencia de un contrato de prestación de servicios, con desconocimiento constante del predominio de actos de sometimiento y

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Radicación n.° 90644 dependencia laboral que muestran todos los demás medios de prueba».

Así mismo refirió: Nótese, que la parte impetrada al saber que la prestación del servicio permanente del demandante por tantos años, las cuales cubrían funciones que de manera continua requiere la entidad para cumplir con su objeto social, debió reconocerle, sin duda alguna, sus derechos laborales, pues la labor que hacía el accionante estaba más allá de un apoyo de un tercero, sin tener en cuenta que siempre fueron conscientes de las funciones tan importantes que desempeñaba en la asociación. Es por ello que resulta ser coherente la condena impuesta por estas sanciones, toda vez que no se logró demostrar la buena fe del empleador.

Por último, sobre las costas dijo que correspondían a

una erogación económica que debía asumir la parte vencida en juicio, de manera que se fundaban en un criterio objetivo y por ello no era necesario examinar el comportamiento de las partes, de ahí que no había lugar a relevar a la demandada de su pago.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que esta corporación case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, revoque en su totalidad la sentencia de primer grado y desestime las pretensiones de la demanda.

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Radicación n.° 90644 En subsidio se pretende que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia CASE PARCIALMENTE la sentencia impugnada en cuanto confirmó las condenas por salarios insolutos, indemnización moratoria y por sanción por la no consignación de las cesantías, para que una vez constituida en sede de instancia REVOQUE en estos puntos la sentencia de primer grado y absuelva de estas pretensiones. Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, frente al que se presenta réplica el cual se resolverá a continuación.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia impugnada por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 22, 23, 24, 64 (modificado por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002), 65, 133, 134, 186, 249 y 306 del CST; 99 de la Ley 50 de 1990;

17 de la Ley 100 de 1993 y; 8 de la Ley 153 de 1887. Enlista como errores evidentes de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el señor JORGE ANDRÉS ALZATE JIMÉNEZ le prestó sus servicios personales a LA ASOCIACIÓN bajo condiciones de subordinación propias de un contrato de trabajo.

2. No dar por demostrado, estándolo, que el señor JORGE ANDRÉS ALZATE JIMÉNEZ le prestó sus servicios personales a LA ASOCIACIÓN con autonomía e independencia.

3. No dar por demostrado, estándolo, que LA ASOCIACIÓN le pagó al señor JORGE ANDRÉS ALZATE JIMÉNEZ la retribución correspondiente al mes de mayo de 2017.

4. No dar por demostrado, estándolo, que LA ASOCIACIÓN obró de buena fe al no considerar al señor JORGE ANDRÉS ALZATE JIMÉNEZ como su empleado y al no pagarle las prestaciones sociales.

5. Dar por demostrado, sin estarlo, que LA ASOCIACIÓN obró de

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Radicación n.° 90644 mala fe al desconocer el vínculo de orden laboral con el demandante. Indica que lo anterior se dio como consecuencia de la apreciación errada de: Correo electrónico remitido al demandante por la representante legal de la entidad demandada el 19 de mayo de 2017 (fl. 21). Comunicación datada del 13 de julio de 2016 mediante la cual el demandante se dirigió al presidente de la Junta Directiva y al representante legal de la entidad demandada dando respuesta a “la solicitud de capacitaciones” (fs. 616 y 617).

Comunicación que le remitió la representante legal de la entidad demandada al señor ALZATE JIMÉNEZ el 16 de mayo de 2017 (fs. 631 y 632). Los documentos obrantes de fs. 575 a 595 que contienen cotizaciones presentadas por el demandante a terceros y facturas cambiarias de compraventa suscritas por él. Comunicación datada del 13 de julio de 2016 mediante la cual el demandante solicitó a la entidad demandada estudiar la posibilidad de vincularlo mediante contrato de trabajo a término indefinido (fl. 615). Orden de pago de viáticos a favor del demandante (fl. 83) y recibo de egreso por concepto de asistencia a seminario (fl. 86). Comunicación del 13 de julio de 2016 (fl. 72 y 615). Interrogatorio de parte absuelto por la representante legal de la entidad demandada (del cual se dedujo una confesión inexistente). Contestación de la demanda.

Testimonios de JUSTO MANUEL ZULUAGA GIRALDO, GLADIS

DEL CARMEN MONTOYA VALLEJO, MARÍA CONCEPCIÓN

GARCÍA, FRANCISCO EMILIO PÉREZ ARBELÁEZ, AMANDA DE

JESÚS OSORIO GÓMEZ y LUIS ALFONSO ALZATE VARGAS.

Así mismo afirma que se dejó de valorar la «Confesión contenida en el interrogatorio de parte absuelto por el demandante».

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Radicación n.° 90644 Para dar desarrollo a la acusación sostiene que la conclusión del Tribunal sobre las condiciones de subordinación a las que habría estado sometido el

demandante resulta manifiestamente equivocada dado que se contradice con el contenido de la prueba calificada. Asegura que a pesar de que el fallador de segundo grado se apoyó en el documento obrante a folio 21 del expediente, correspondiente a un correo electrónico del 19