CSJ - SL1920-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL1920-2023 Radicación n.° 95883 Acta 28 Bogotá, D. C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por

la EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS S. A.

(ECOPETROL S. A.) contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 29 de septiembre de 2020, en el proceso ordinario laboral que instauró en contra de OSCAR

ALBERTO CÁRDENAS CRUZ, ALCIDES MANUEL

PALENCIA SAYAS, VICENTE CARLOS COGOLLO ESPITIA,

RAFAEL VICENTE ECHEVERRI JORDI, WILLIAM

MANUEL FREYLE FERRER, MARÍA CRISTINA AMAYA

CAMPOS, LUIS EDUARDO LOAIZA AMELL, ULISES

PÉREZ ORTEGA, OSWALDO ANTONIO AGUILERA

RODRÍGUEZ, LUIS RAÚL MORENO SILVA, GUILLERMO

QUINTERO CORREDOR, RAMIRO DE ARMAS JINETE,

LUCÍA CARMENZA YACAMÁN VERGARA, RUBER

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Radicación n.° 95883

ROMERO CASTAÑEDA, MARIO ALFONSO GONZÁLEZ

HERRERA, JOSÉ LUIS DE LEÓN GARCÍA, CARMELA

JOSEFINA FRANCO CATALÁN, ORLANDO MANJARRÉS

HERNÁNDEZ, CARLOS QUESADA MEZA y BERNANDO

BERMÚDEZ DEAN.

I. ANTECEDENTES

Ecopetrol S. A. demandó a Alcides Manuel Palencia Sayas, Vicente Carlos Cogollo Espitia, Rafael Vicente Echeverri Jordi, William Manuel Freyle Ferrer, María Cristina Amaya Campos y a las quince restante personas referidas, con el fin de que se declare que todos los accionados recibieron por parte de esa entidad diferentes sumas de dinero, en cumplimiento del fallo de tutela del 6 de mayo de 2010, proferido por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena. Que las sumas percibidas por los recurrentes en casación fueron: $127.217.273, $176.711.442, $119.338.291, $111.113.008 y $102.971.767, en su orden. Por consiguiente, se condene a los demandados a pagar a Ecopetrol S. A., las cifras mencionadas, como consecuencia de la revocatoria de la decisión, «en virtud del fallo de revisión T-1003/2010», cantidades que deben ser indexadas al momento del pago; los intereses legales y las costas procesales. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que los demandados interpusieron acción de tutela contra la

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Radicación n.° 95883 empresa demandante, cuyo conocimiento asumió el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena, aduciendo un trato «diferencial, injustificado y subjetivo en materia salarial que afectó las condiciones dignas y justas en el trabajo», por lo que solicitaron que fuera condenada a pagárselas con la misma incidencia salarial que se aplicaba a los trabajadores que tenían retroactividad de cesantías,

«incluyendo el estímulo al ahorro y efectuando la correspondiente reliquidación, con incidencia en el salario y demás prestaciones sociales». Adujo que los demandados también «pidieron se reembolsara retroactivamente lo dejado de pagar desde que comenzó a pagárseles el estímulo al ahorro hasta la fecha». Que en primera instancia, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena, les concedió el amparo de los derechos fundamentales invocados, ordenando que en el término de 48 horas se pagara en la misma forma y con idéntica incidencia salarial el incentivo al ahorro a todos los accionantes, efectuando las correspondientes reliquidaciones con afectación del salario y demás prestaciones sociales; y que la anterior decisión fue modificada por el Tribunal Administrativo de Bolívar con providencia del 6 de mayo del mismo año, quien dispuso: […] se pagará los accionantes, de la misma forma y con la misma incidencia salarial que se aplica a los trabajadores directivos que no se pensionan con cargo a la empresa y/o no tienen retroactividad de cesantías, el ingreso monetario fijado en virtud de la política de compensación, incluyendo el estímulo al ahorro, efectuando la correspondiente reliquidación, con incidencia en el salario y demás prestaciones sociales, reembolsándoles

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Radicación n.° 95883 retroactivamente lo dejado de pagar desde que comenzó a aplicarse la política de compensación a cada uno de los accionantes hasta la fecha. Argumentó que acatando los fallos de tutela procedió a efectuar los pagos de las sumas antes mencionadas a los

accionantes, tal como lo demostraban las certificaciones expedidas por el líder del Grupo de Gestión Maestra de Datos de Personal de la Unidad de Servicios Compartidos de Personal de Ecopetrol S. A. Que, por vía de revisión, con sentencia CC T1033-2010, la Corte Constitucional revocó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, la declaró improcedente y señaló que debían cesar los pagos que se estuvieron realizando en virtud del cumplimiento de las sentencias de tutela. En consecuencia, por haber perdido toda eficacia la orden de pago impuesta a Ecopetrol, los demandados detentaban los dineros que recibieron en cumplimiento de «obligaciones carentes de certidumbre sobre el derecho de los accionantes a reclamar como factor salarial un auxilio al que expresamente consintieron en recibir, sin que el mismo tuviese incidencia salarial, saltándose de paso el proceso ordinario laboral a través de la tutela». Afirmó que los demandados tenían que reembolsar los dineros sufragados en cumplimiento de las sentencias aludidas, por cuanto «las causas que dieron origen al pago realizado a los demandados desaparecieron», los cuales

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Radicación n.° 95883 hacían parte del erario, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la entidad. Al dar respuesta a la demanda (f.° 100), Vicente Carlos Cogollo Espitia, demandado frente a quien se concedió la casación, se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, dijo que era cierto que había buscado la protección de sus derechos, junto con otros actores, ante la jurisdicción

constitucional; que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena resolvió tutelarles, decisión que fue confirmada parcialmente por el Tribunal Administrativo de Bolívar mediante sentencia del 6 de mayo de 2010, modificando los numerales 1 y 2 de la providencia de primera instancia. También admitió que recibió la suma indicada en el escrito inaugural, pero que lo hizo de buena fe exenta de culpa; que, por vía de revisión, en sentencia CC T1033-2010, se revocó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar y declaró improcedente la acción de tutela. Frente a los demás supuestos de hecho dijo que no eran ciertos o no correspondían a la verdad. En su defensa alegó que se retiró del servicio el 26 de julio de 2010; que fue compelido para firmar un acuerdo con Ecopetrol S. A. para renunciar a los beneficios de retroactividad de cesantías e incrementos salariales en contraprestación de un bono de estímulo al ahorro; que las acciones desplegadas en el trámite de la acción de tutela estuvieron abrigadas por el principio de buena fe; por tanto,

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Radicación n.° 95883 a pesar de que el fallo fue revocado en sede de revisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 136 del CCA, vigente para la época, no había lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe. También arguyó que como los pagos tuvieron un fundamento legal a través de decisiones judiciales, no se

cumplían los presupuestos del enriquecimiento sin causa y, por ende, no había lugar a la devolución de los dineros. Al efecto, impetró la excepción previa de falta de competencia; y propuso las de mérito que denominó: inexistencia de las obligaciones demandadas, cobro de lo no debido y prescripción. Por su parte, María Cristina Amaya, demandada respecto de quien también se confirió el recurso extraordinario, se opuso a las pretensiones de la demanda (f.º 391); y en cuanto a los hechos, admitió que había buscado la protección de sus derechos, junto con otros actores, ante la jurisdicción constitucional; que el Tribunal Administrativo de Bolívar mediante sentencia del 6 de mayo de 2010, modificó los numerales 1 y 2 de la sentencia del Juzgado Octavo Administrativo. También admitió que, por vía de revisión, en sentencia CC T1033-2010, se revocó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar y declaró improcedente la acción de tutela. Frente a los demás supuestos de hecho dijo que no eran ciertos o no correspondían a la verdad.

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Radicación n.° 95883 En su defensa dijo que no tenía la obligación legal ni moral de hacer devolución alguna de sumas de dinero, dado que las mismas provinieron de fuente legal (sentencia judicial); y que no estaban dados los presupuestos para la configuración del enriquecimiento sin causa, pues no hubo una actuación desequilibrada y contraria a la equidad. Sobre el particular, propuso las excepciones previas de falta de jurisdicción y competencia, pleito pendiente y cosa

juzgada. Así mismo, presentó las de mérito que tituló: cobro de lo no debido, falta de legitimación por pasiva, buena fe, falta de causa petendi, prescripción de los derechos reclamados en cada una de las pretensiones, y la de «prescripción adquisitiva de cosa mueble como quiera que se alega una acción de enriquecimiento sin causa». A su vez, Rafael Vicente Echeverri Jordi, Alcides Manuel Palencia Sayas y William Manuel Freyle Ferrer, accionados respecto de quienes igualmente se tramita el recurso de casación, contestaron la demanda inaugural por intermedio del mismo apoderado de María Cristina Amaya Campos (f.º 410, 469 y 507), oponiéndose a las pretensiones y refiriéndose a los hechos en los mismos términos que lo hizo anteriormente, incluso, proponiendo idénticas excepciones. Por ello la Sala se abstiene de iterarlos. Sin embargo, en la contestación del señor William Manuel Freyle Ferrer se adicionó la excepción previa de falta de litisconsortes necesarios al «no comprender la demanda a todos los demandados». Así mismo, adujo que la entidad

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Radicación n.° 95883 demandante no demostró que haya puesto a disposición del actor el dinero, aspecto que debió ser informado en el escrito inicial. El sentenciador de primer grado resolvió todas las excepciones previas propuestas en audiencia del 24 de abril de 2019 (f.º 692) declarándolas no probadas.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena,

mediante fallo del 24 de abril de 2019, resolvió:

1. DECLARAR probada la excepción de prescripción propuesta por los demandados VICENTE CARLOS COGOLLO ESPITIA,

MARÍA CRISTINA AMAYA CAMPOS, RAFAEL VICENTE

ECHEVERRI JORDI, LUCIA CARMENZA YACAMAN VERGARA,

MARIO ALFONSO GONZÁLEZ HERRERA, WILLIAM MANUEL FREYLE FERRER Y ALCIDES MANUEL PALENCIA SAYAS. En consecuencia [se absuelven] de todas las pretensiones de la demanda.

2. CONDENAR al demandado ULISES ORTEGA PÉREZ a pagar a la demandante ECOPETROL S.A., la suma de $207.333.274 que le fue entregada en virtud de una orden judicial que posteriormente fue revocada.

3. CONDENAR al demandado GUILLERMO QUINTERO CORREDOR a pagar a la demandante ECOPETROL S.A., la suma de $107.409.915, que le fue entregada en virtud de una orden judicial que posteriormente fue revocada.

4. CONDENAR al demandado OSWALDO ANTONIO AGUILERA RODRÍGUEZ a pagar a la demandante ECOPETROL S.A., la suma de $231.659.073, que le fue entregada en virtud de una orden judicial que posteriormente fue revocada.

5. CONDENAR al demandado RUBÉN ROMERO CASTAÑEDA a pagar a la demandante ECOPETROL S.A., la suma de $72.426.113 que le fue entregada en virtud de una orden judicial que posteriormente fue revocada.

6. CONDENAR al demandado JOS~ LUIS DE LEÓN GARCÍA a

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Radicación n.° 95883 pagar a la demandante ECOPETROL S.A., la suma de $89.805.121 que le fue entregada en virtud de una orden judicial que posteriormente fue revocada.

7. CONDENAR al demandado ORLANDO MANJARREZ HERNÁNDEZ a pagar a la demandante ECOPETROLS.A., la suma de $37.573.013 que le fue entregada en virtud de una orden judicial que posteriormente fue revocada.

8. CONDENAR al demandado CARMELA JOSEFINA FRANCO CATALÁN a pagar a la demandante ECOPETROL S.A., la suma de $44.640.684 que le fue entregada en virtud de una orden judicial que posteriormente fue revocada.

9. CONDENAR al demandado BERNARDO BERMÚDEZ DEAN a pagar a la demandante ECOPETROL S.A., la suma de $106.851.473 que le fue entregada en virtud de una orden judicial que posteriormente fue revocada.

10. CONDENAR al demandado RAMIRO DE ARMAS JINETE a pagar a la demandante ECOPETROL S.A., la suma de $98.506.807 que le fue entregada en virtud de una orden judicial que posteriormente fue revocada.

11. CONDENAR a los demandados a pagar las anteriores condenas debidamente indexadas a la fecha de su pago efectivo.

12. ABSOLVER a los demandados de las demás pretensiones de la demanda.

13. Condenar en costa (sic) a la parte demandante y en favor de

los señores VICENTE CARLOS COGOLLO ESPITIA, MARÍA

CRISTINA AMAYA CAMPOS, RAFAEL VICENTE ECHEVERRI

JORDI, LUCIA CARMENZA YACAMAN VERGARA, MARIO

ALFONSO GONZÁLEZ HERRERA, WILLIAM MANUEL FREYLE FERRER Y ALCIDES MANUEL PALENCIA SAYAS. Para tales efectos se señalan como agencias la suma equivalente a 7 SMLMV, distribuidos en 1 SMLMV para cada uno.

14. Condenar en costas a los demandados ULISES ORTEGA

PÉREZ, GUILLERMO QUINTERO CORREDOR, OSWALDO

ANTONIO AGUILERA RODRÍGUEZ, RUBÉN ROMERO

CASTAÑEDA, JOSÉ LUIS DE LEÓN GARCÍA, ORLANDO

MANJARREZ HERNÁNDEZ, CARMELA JOSEFINA FRANCO CATALÁN, BERNARDO BERMÚDEZ DEAN y RAMIRO DE ARMAS JINETE, para tales efectos, se tasan como agencias en derecho el 5% de la condena impuesta a cada uno de ellos.

15. En caso de no ser apelada esta sentencia por la parte demandada envíese en consulta al superior.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, al resolver el recurso de apelación interpuesto por Ecopetrol S. A., así como el grado jurisdiccional de consulta en favor de los demandados que resultaron condenados, mediante sentencia del 29 de septiembre de 2020, resolvió: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia apelada de fecha 24 de abril de 2019 proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito

de Cartagena en este proceso Ordinario laboral de ECOPETROL

S.A. contra OSCAR ALBERTO CARDENAS CRUZ, LUIS

EDUARDO LOAIZA AMELL, ULISEES PEREZ ORTEGA,

OSWALDO ANTONIO AGUILERA RODRIGUEZ, LUIS RAUL

MORENO SILVA, VICENTE CARLOS COGOLLO ESPITIA,

ALCIDES MANUEL PALENCIA SAYAS, RAFAEL VICENTE

ECHEVERRI JORDI, GUILLERMO QUINTERO CORREDOR,

MARIA CRISTINA AMAYA CAMPOS, RAMIRO DE ARMAS

JINETE, WILLIAM RAFAEL (sic) FREYLE FERRER, LUCIA

CARMENZA YACAMAN VERGARA, RUBER ROMERO

CASTAÑEDA, MARIO ALFONSO GONZALEZ HERRERA, JOSE

LUIS DE LEON GARCIA, CARMELA JOSEFINA FRANCO CATALAN, ORLANDO MANJARRES HERNANDEZ, CARLOS QUESADA MEZA y BERNANDO BERMUDEZ DEAN, para en su lugar: CATORCE: CONDENAR a los señores ULISES ORTEGA

PEREZ, GUILLERMO QUINTERO CORREDOR, OSWALDO

ANTONIO AGUILERA, RUBEN ROMERO CASTAÑEDA,

JOSE LUIS DE LEON GARCIA, ORLANDO MANJARREZ

HERNÁNDEZ, CARMELA JOSEFINA FRANCO CATALAN, BERNARDO BERMUDEZ DEAN y RAMIRO DE ARMAS JINETE a pagar las costas de primera instancia, fijándose como agencias en derecho la suma de 1 SMLMV a cargo de cada uno de ellos en favor de la demandante, conforme a lo

dispuesto en el Acuerdo 1887 de 2003

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia apelada en sus demás partes, conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: Sin costas en esta instancia. Se autoriza a la Secretaría de esta Sala, teniendo en cuenta que no hay más gastos que liquidar, que una vez allegado el expediente a dicha dependencia y ejecutoriada la providencia, proceda a enviar el

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Radicación n.° 95883 mismo al juzgado de origen. El sentenciador de segundo grado delimitó los problemas jurídicos a resolver en los siguientes términos: Conforme al recurso de apelación impetrado, la controversia jurídica en el sub examine, se contrae en establecer i) si se encuentra o no probada la excepción de prescripción propuesta por los demandados VICENTE CARLOS COGOLLO ESPITIA,

MARIA CRISTINA AMAYA CAMPOS, RAFAEL VICENTE

ECHEVERRI JORDI, LUCIA CARMENZA YACAMAN VERGARA,

MARIO ALFONSO GONZALEZ HERRERA, WILLIAM MANUEL FREYLE FERRER y ALCIDES MANUEL PALENCIA SAYA (sic), e igualmente establecer si los demandados que fueron condenados a pagar las sumas de dinero descritas en el acta de la sentencia de primera instancia están obligados o no a ello; ii) determinar si la condena en costas impuesta por el a quo a favor de Ecopetrol S.A. esta ajustada a derecho e igualmente si debe absolverse a la demandante de la condena en costas impuesta

en favor de algunos de los demandados; iii) si hay lugar al reconocimiento de intereses sobre las condenas impuestas a los demandados. De cara a los planteamientos del recurso extraordinario, después de aludir a los artículos 66 y 151 del CPTSS, 36 del Decreto 2591 de 1991 y 365 del CGP, el Tribunal precisó que como fundamento de la excepción de prescripción tenía las sentencias CSJ SL, 18 sep. 2012, rad. 40404 y CSJ SL17165-2015; y que con relación «al pago de acreencias laborales, como consecuencia de una sentencia de tutela en primera instancia, pierde su eficacia cuando dicho pronunciamiento es revocado, y al volver las cosas a su estado anterior, es procedente ordenar la devolución de lo cancelado a la entidad tutelada», era pertinente la providencia CSJ SL1721-2018. Estableció como hechos indiscutidos que mediante sentencia de tutela del 7 de abril de 2010, proferida por el

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Radicación n.° 95883 Juzgado Octavo Administrativo de Cartagena, se ampararon los derechos fundamentales a la igualdad, movilidad salarial, irrenunciabilidad del salario y el principio de a trabajo igual salario igual de los hoy demandados y, en consecuencia, se ordenó a Ecopetrol S. A. «pagar de la misma forma y con la misma incidencia salarial el incentivo al ahorro de los aquí demandados», efectuando la correspondiente reliquidación con incidencia en el salario y demás prestaciones sociales (f.º 48-54); que mediante sentencia CC T1033-2010 se revocó la

decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar del 6 de mayo de 2010, que había modificado la sentencia del Juzgado Octavo y, en su lugar, declaró improcedente el amparo solicitado por los demandados (f.º 55-68). Agregó que a folios 28 a 47 obraban certificaciones expedidas por el Líder Grupo Gestión Maestra de Datos de Personal de Ecopetrol, las cuales daban cuenta de que a los demandados les fueron pagadas determinadas sumas de dinero en virtud de la sentencia de tutela que posteriormente fue revocada; y que a folios 526 a 527 milita la «misiva dirigida al señor William Manuel Freyle Ferrer, fechada el 26 de abril de 2011, en la que se le pone de manifiesto la decisión de la Corte Constitucional en sentencia T-1033 de 2010, y como consecuencia de ello, se efectuó reliquidación de la pensión de jubilación; y que el acta de reparto daba cuenta de que la demanda fue presentada el 2 de julio de 2014 (f.º 69). Con relación a la excepción de prescripción, la que fue declarada como probada en relación con los demandados,

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Radicación n.° 95883 Vicente Carlos Cogollo Espitia, María Cristina Amaya Campos, Rafael Vicente Echeverri Jordi, Lucia Carmenza Yacaman Vergara, Mario Alfonso González Herrera, William Manuel Freyle Ferrer y Alcides Manuel Palencia Sayas, consideró que la jurisprudencia de esta Corte tiene dicho de antaño (CSJ SL, 18 sep. 2012, rad. 40404 y CSJ SL171652015), que esta excepción no requiere de motivación especial, pues dada su propia naturaleza, «se sobreentiende que con su invocación se quiere significar simplemente que los derechos pretendidos no fueron reclamados dentro de los términos previstos por la ley para que puedan ser exigibles judicialmente». Esto por cuanto, al analizar el artículo 31 del CPTSS, en concordancia con el 151 ibídem evidenciaba que el propio legislador le fijó alcance y consecuencias concretas a la figura de la prescripción, en cuanto fuente de extinción de las obligaciones laborales por el simple transcurso del tiempo, sin ponerle más condicionamientos o aditivos. Arguyó que no existía discusión acerca de que Ecopetrol S. A. pagó a los señores Vicente Carlos Cogollo Espitia la suma de $166.711.442; María Cristina Amaya Campos la cantidad de $102.971.767; Rafael Vicente Echeverri Jordi la cifra de $119.338.291; Lucia Carmenza Yacaman Vergara la cuantía de $68.724.547; Mario Alfonso González Herrera la suma de $66.650.751; William Manuel Freyle Ferrer el importe de $111.113.008 y Alcides Manuel Palencia Sayas la suma de $127.217.273 (f.os 33, 37, 35, 40, 42, 39 y 34), en virtud de las sentencias de tutela proferidas por el Juzgado Octavo Administrativo de Cartagena, fechada el 7 de abril de 2010, decisión modificada y confirmada por

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el Tribunal Administrativo de Bolívar el 6 de mayo del mismo año, la que a su vez fue revocada en sentencia de revisión CC T1033-2010 (f.º 55). Por consiguiente, Ecopetrol S. A. estaba facultada para reclamar la devolución o restitución de tales sumas de dinero, conforme a lo adoctrinado por la jurisprudencia de la Sala (CSJ SL1721-2018). Agregó que el retorno de esos dineros recibidos «no puede estar sujeto a términos indefinidos», pues los mismos se convirtieron en una obligación a favor de Ecopetrol S. A., «la cual se encuentra sometida también a unos términos procesales para su reclamación; «que, si bien es cierto en el sub lite no viene acreditado cuándo se efectuó la notificación de la sentencia T1033 de 2010», que es la decisión judicial que sustenta el reclamo, teniendo en cuenta lo señalado por el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991; «no es menos cierto, que con el documento obrante a folio 526 a 527 del plenario, el cual fue aportado con la contestación de la demanda efectuada por el señor William Manuel Freyle Ferrer fechado el 26 de abril de 2011», en el cual la Líder de Servicio Gestión de Pensiones de Ecopetrol S. A. le manifestó: […] que teniendo en cuenta que mediante sentencia T-10332010 la Corte Constitucional revocó la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar Sala de Decisión No. 3 del 6 de mayo de 2010 que a su turno modificó y confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Quinto (sic) Administrativo de

Cartagena del 7 de abril del mismo año, declarándola improcedente, se procedió a efectuar la reliquidación de su pensión de jubilación; circunstancia que para esta Sala deja en evidencia que para la data de dicha comunicación ECOPETROL S.A. se encontraba debidamente notificado del contenido de la sentencia T-1033 de 2010.

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Radicación n.° 95883 Y aunque ciertamente dicho documento está dirigido únicamente al señor Freyle Ferrer, no obstante, no puede perderse de vista que la acción de tutela que conllevó a que judicialmente se le otorgara incidencia salarial al incentivo al ahorro fue presentada de manera grupal por los hoy demandados y no de forma individual, por consiguiente, al efectuarse la notificación de la decisión adoptada por la Corte Constitucional en providencia T -1033 de 2010 a ECOPETROL S.A. ello implica que se le dio a conocer la decisión frente a todos y cada uno de los accionantes hoy demandados en esta litis, por lo que se predica una unidad procesal en este asunto, de modo que si a fecha 26 de abril de 2011 ECOPETROL S.A. tenía conocimiento de la sentencia de tutela proferida en sede de revisión por la Corte Constitucional, tal como se advierte de la comunicación dirigida a uno de los demandados, dable es concluir que a partir de esa fecha contaba con el término procesal establecido en el artículo 151 del CPTSS para emprender las acciones de cobro que permitieran recuperar los dineros pagados a los hoy demandados en cumplimiento de los fallos de tutela que sirvieron de fundamento para efectuar tales

pagos, sin embargo, la demanda solo se presentó el 2 de julio de 2014, es decir, cuando habían transcurrido más de 3 años, quedando en evidencia que efectivamente operó la prescripción y por consiguiente se extinguió la obligación a favor de ECOPETROL S.A. (Subrayado de la Sala). Agregó que, conforme al artículo 167 del CGP, corresponde a las partes probar los supuestos de hecho de las normas cuya aplicación persiguen y, en concordancia con el principio de la carga dinámica de la prueba, «correspondía a la demandante acreditar en el sub lite, que efectivamente ejerció acciones tendientes a recuperar los dineros pagados a los demandados», de manera que se pudiera constatar que se predicaba su exigibilidad judicialmente y, por el contrario, no había operado el fenómeno extintivo. Luego precisó que confirmaría las condenas impuestas por el sentenciador de primera instancia respecto de otros demandados, esto es, Ulises Ortega Pérez, Guillermo

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Radicación n.° 95883 Quintero Corredor, Oswaldo Antonio Aguilera Rodríguez, Rubén Romero Castañeda, José Luis de León García, Orlando Manjarrez Hernández, Carmela Josefina Franco Catalán, Bernardo Bermúdez Dean y Ramiro de Armas Jinete, por cuanto estos no habían contestado la demanda y a la sociedad actora le asistía el derecho a obtener la devolución de los dineros pagados (CSJ SL1721-2018). Igualmente, se pronunció sobre las costas procesales.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la entidad demandada, concedido por

el Tribunal respecto de los demandados Alcides Manuel Palencia Sayas, Vicente Carlos Cogollo Espitia, Rafael Vicente Echeverri Jordi, William Manuel Freyle Ferrer y María Cristina Amaya Campos, y admitido por la Corte, se procede a resolver. Se advierte que el recurso extraordinario de la empresa solo se tramita en relación con los accionados mencionados en el párrafo anterior, en virtud de que respecto de Lucía Carmenza Yacamán Vergara y Mario Alfonso González Herrera fue denegado por falta de interés jurídico económico para recurrir, según consta en proveído del 15 de diciembre de 2020, proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la entidad recurrente que se case la sentencia

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Radicación n.° 95883 en cuanto «confirmó la decisión de primera instancia relativa a declarar probada la excepción de prescripción», en relación con los demandados Alcides Manuel Palencia Sayas, Vicente Carlos Cogollo Espitia, Rafael Vicente Echeverri Jordi, William Manuel Freyle Ferrer y María Cristina Amaya Campos, para que en sede de instancia, revoque lo dispuesto por el Juzgado respecto a estos demandados, y en su lugar, condenarlos acogiendo las pretensiones frente a ellos consignadas en la demanda inaugural. Con tal propósito formula seis cargos por la causal primera de casación, frente a los que se presenta réplica. Por razones de método, se resolverán de manera conjunta los cuatro primeros por cuanto todos están orientados por la senda directa, se acusan similares disposiciones, la

argumentación se complementa y se persigue el mismo fin; y luego se hará lo propio con los dos restantes.

VI. CARGO PRIMERO Por vía directa acusa la aplicación indebida de los artículos: […] 151 del Código Procesal Laboral de la Seguridad Social y 488 del Código Sustantivo del Trabajo, en concordancia con los artículos 30 y 36 del Decreto 2591 de 1991, 2º, 70 al 85 y 100 a 108 de ese mismo código adjetivo, 8º de la Ley 153 de 1887, 2535 y 2536 del Código Civil, 1º y 8º de la Ley 791 de 2002, y el 86 de

la Constitución Política. Después de citar de manera extensa la sentencia fustigada, dice que el Tribunal, sin ninguna consideración diferente a la sentencia de esta Corte que trajo a colación,

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Radicación n.° 95883 relativa al por qué surgió el derecho a que Ecopetrol S. A. reclame la devolución de los dineros que pagó a los demandados en razón de la acción de tutela, para efectos de resolver la excepción de prescripción, aplicó el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, aduciendo que se trata de una acción que «emana de “las leyes sociales”». Empero, ocurre que en el presente caso el «dicho supuesto, “acción” que emerge de “leyes sociales”, no se daba ni se da», dado que no hay forma de argumentar o deducir, que «la “acción” ejercida por Ecopetrol S.A. en este proceso, proviene o emana de alguno de los “derechos regulados” por

el Código Sustantivo de Trabajo; ni en cuanto hace a los términos del artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social»; tampoco es dable sostener que el derecho a la devolución del dinero «“emana” de una ley social». Agrega que las leyes sociales a las que aluden los artículos 151 del CTPSS y 488 de CST, son las de este último estatuto y aquellas normas que lo adicionan, lo cual está en concordancia con el precepto 11 del CGP. Al efecto alude al alcance que se la ha dado a la palabra «acción», por diferentes tratadistas, entre ellos, Hernando Devis Echandía y a la sentencia CC T401-1996, máxime que conforme a lo dispuesto en el artículo 28 del CC, las palabras de la ley se deben entender en su sentido natural y obvio. Con fundamento en lo dicho concluye lo siguiente:

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 95883 En resumen, entonces, si la acción que en este proceso ejerció Ecopetrol S.A., conforme a lo hasta aquí discurrido, salta a la vista, no emana de una de las “leyes sociales” a la que alude el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, como también que el derecho a la devolución del dinero que con dicha acción se pretende con respecto de los demandados, no proviene de uno de los derechos que consagra el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, se tiene que, como lo dice el fallo gravado citando a la Corte, en virtud de fallo de revisión de tutela “(…) las cosas volvieron a su estado anterior (…)”, no es un

disparate sostener y concluir que el fundamento sustancial del por qué surgió el derecho de Ecopetrol S.A a demandar la devolución de la sumas dineros pagadas a los demandados, descansa en la figura “emanada”