CSJ - SL1923-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL1923-2023 Radicación n.° 92872 Acta 24 Bogotá, D. C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala los recursos de casación interpuestos por HERIBERTO RODRÍGUEZ PRINS y la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintiuno (2021), en el proceso ordinario que el primero le instauró al segundo.

I. ANTECEDENTES Heriberto Rodríguez Prins llamó a juicio a la Universidad Autónoma del Caribe, con el fin de que se declarara que fue desmejorado salarialmente con la firma de dos otrosíes contractuales, encubriendo bajo el concepto de auxilio por movilización, un verdadero factor salarial que

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Radicación n.° 92872 debía ser tenido en cuenta al momento de liquidar las prestaciones sociales, correspondiendo su remuneración en 2016 a la suma de $6.142.478,10. En consecuencia, se condenara a reliquidar los salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social con fundamento en lo verdadero devengado; lo propio respecto a las cesantías definitivas, intereses sobre las mismas, primas de servicios, vacaciones y aportes a la seguridad social causados hasta la terminación del nexo contractual laboral; pago de las sanciones moratorias previstas en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del CST; la indexación; lo ultra y extra petita y costas.

Fundamentó sus peticiones, en que laboró al servicio de la accionada desde el 3 de agosto de 2015 a través de un contrato de trabajo a término indefinido, desempeñando el cargo de director de la especialización en seguridad y salud en el trabajo – UAC VIRTUAL; que inicialmente recibía como salario básico un monto de $5.753.000, empero el mismo fue disminuido por medio del otrosí adiado el 12 de febrero de 2016, a la suma de $4.314.750, disponiendo bajo la figura de auxilio por movilización un valor mensual de $862.950, cancelando, por ende, un total de $5.177.700; que el referido auxilio de movilización fue destinado para pagar los gastos de transporte, gasolina o cualquier otro gasto que implicara la movilización del empleado para desarrollar las funciones de su cargo y, además, para trasladarse a las instalaciones del empleador; que renunció el 5 de diciembre de 2016, con efectos a partir del 19 del mismo mes y año; que el 13 de julio de 2017 solicitó el pago de sus prestaciones sociales, más la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del CST y,

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Radicación n.° 92872 posteriormente el 31 de agosto de 2017 convocó a la patronal ante el Ministerio de Trabajo para conciliar sus diferencias, empero ésta no asistió, conforme certificación del 27 de noviembre de 2017. Afirmó que a la presentación de la demanda la empleadora le adeudaba las diferencias y prestaciones sociales generadas; que el 19 de septiembre de 2018 solicitó

la expedición de copias de una serie de documentos relacionados con su vínculo laboral, recibiendo respuesta el 10 de octubre de 2018, en la que, entre otros aspectos, se informaba que los salarios y prestaciones pendientes estaban sujetos a un programa de pagos (f.° 1 a 21 del cuaderno principal). La Universidad Autónoma del Caribe se opuso a las pretensiones expresando que si bien estaba pendiente del pago de la liquidación definitiva del actor, ello atendía a la difícil situación económica-administrativa que atravesaba, la cual condujo a que el Ministerio de Educación Nacional expidiera una serie de medidas administrativas a fin de salvar las finanzas de la institución de educación superior, lo cual constituía una fuerza mayor. En su defensa propuso las excepciones de mérito de, inexistencia de la obligación (indemnización moratoria y reliquidación de salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social en base a un mayor valor); inexistencia de la obligación respecto a la reliquidación de las antes dichas e ineficacia de la suscripción de la cláusula adicional al

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Radicación n.° 92872 contrato de trabajo); buena fe; prescripción; compensación; y, la genérica (f.° 96 a 128, ibídem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Barranquilla, por sentencia del 3 de diciembre de 2019 (Cuaderno digital

del Juzgado), decidió: PRIMERO: CONDENAR a la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE a reliquidar y pagar al señor HERIBERTO RODRÍGUEZ

PRINS, los siguientes conceptos, por inclusión del auxilio de movilización como factor salarial.

Diferencia de salarios: $9.607.510

Diferencia de cesantías: $620.845

Diferencia intereses de cesantías: $48.206

Diferencia de primas: $620.485

Vacaciones: $574.101

Total: $11.471.147

SEGUNDO: CONDENAR a la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE a pagar al señor HERIBERTO RODRÍGUEZ PRINS por concepto de indemnización moratoria la suma de $124.264.800, sin perjuicio de los intereses moratorios, causados desde el 5 de diciembre de 2.018 hasta cuando se verifique el pago de lo adeudado, liquidados a la tasa máxima de crédito de libre asignación.

TERCERO: CONDENAR a la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE a pagar al señor HERIBERTO RODRÍGUEZ PRINS por concepto de intereses moratorios de la Ley 50 de 1.990, art. 99, la suma de $57.645.060, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: CONDENAR a la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE a pagar al señor HERIBERTO RODRÍGUEZ PRINS por concepto de la diferencia de pago de aportes a pensión desde el 1° de febrero de 2.016 hasta el 5 de diciembre de 2.016, previo cálculo del fondo de pensiones donde se encuentre afiliado el demandante.

QUINTO: COSTAS en esta instancia a cargo de la parte vencida.

Se fijarán por auto separado.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de las partes, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barraquilla, mediante fallo del 24 de mayo de 2021 (Cuaderno digital del Tribunal), resolvió: PRIMERO: MODIFICAR el numeral PRIMERO -1°- y REVOCAR el numeral CUARTO -4°- de la parte resolutiva de la sentencia de fecha tres (03) de diciembre de dos mil diecinueve (2.019), proferida por el señor Juez Doce -12Laboral del Circuito de Barranquilla, dentro del juicio ordinario laboral adelantado por el señor HERIBERTO RODRÍGUEZ PRINS contra la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE, en el sentido de CONDENAR a la accionada a reconocer y pagar al accionante cesantías definitivas en valor de $4.182.910, intereses sobre las cesantías en monto de $486.612 y vacaciones en cuantía de $1.827.776; este último rubro deberá ser cancelado debidamente indexado al momento de su pago; ABSOLVIÉNDOSE a la pasiva de la reliquidación salarial y de aportes a la seguridad social ordenada por el juez de primer rango con venero en la inclusión del auxilio de movilización.

SEGUNDO: MODIFICAR los numerales SEGUNDO -2°- y TERCERO -3°- del fallo de primer rango, los cuales quedarán de la siguiente forma: SEGUNDO: CONDENAR a la demandada UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE a reconocer y pagar al accionante

HERIBERTO RODRÍGUEZ PRINS por concepto de sanción moratoria derivada de la tardanza en el pago de sus prestaciones sociales -art. 65 del C.S.T.-, la suma de $62.851.525, correspondiente a un día de salario por cada día de mora generada durante el periodo comprendido entre el 19 de diciembre de 2.016 al 5 de marzo de 2.018. Monto que deberá ser cancelado debidamente indexado al momento de su pago.

TERCERO: CONDENAR a la demandada UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE a reconocer y pagar al accionante HERIBERTO RODRÍGUEZ PRINS por concepto de sanción moratoria derivada de la no consignación oportuna de las cesantías anualizadas ante un Fondo Administrador –art. 99 ley 50 de 1.990-, la suma de $43.722.800, correspondiente a un día de salario por cada día de mora generada durante el

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Radicación n.° 92872 periodo comprendido entre el 15 de febrero de 2.016 al 19 de diciembre de 2.016. Monto que deberá ser cancelado debidamente indexado al momento de su pago.

TERCERO: CONFIRMAR la sentencia de primer nivel en todo lo demás.

CUARTO: Sin costas en esta instancia por no haberse causado durante su trámite.

QUINTO: En su oportunidad devuélvase el expediente al juzgado de origen.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como fundamento de su decisión, que los problemas jurídicos a resolver se centraban en: i) ¿Si el otrosí suscrito por las partes en litigio, a través del cual

se modificó el salario del trabajador demandante, no tiene validez ni eficacia alguna, por cuanto con el mismo se produjo una desmejora salarial y, además, se intentó encubrir bajo el concepto de auxilio por movilización, un verdadero factor salarial que debe ser tenido en cuenta al momento de liquidar las prestaciones sociales, siendo el verdadero salario para el año 2.016 la suma de $6.142.478,10? ii) ¿si el empleador accionado adeuda en favor del demandante el valor integral de las prestaciones sociales definitivas, las cuales deben ser canceladas debidamente indexadas? y, iii) ¿si resulta viable la condena por las indemnizaciones moratorias impuestas a la demandada –previstas en el art. 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1.990-, en la forma como lo dispuso el operador judicial de primer grado o, en atención a las medidas de salvamento adoptadas en favor de la accionada por el Ministerio de Educación Nacional, se justifica la omisión en el pago de las acreencias laborales del actor y, por lo tanto, no hay lugar a imponerlas. Adujo que, no era motivo de discusión, la existencia de un contrato laboral cuyos extremos temporales fueron del 3 de agosto de 2015 al 19 de diciembre el 2016, ejerciendo el actor el cargo de director de la especialización en seguridad y salud en el trabajo.

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Radicación n.° 92872 Recordó, en punto al primer interrogante, que el contrato laboral es principalmente un acuerdo de voluntades entre el empleador y el trabajador, por ello, el artículo 132 del CST permite a los sujetos de la relación laboral convenir

libremente el salario, como también modificar el que venía rigiendo el vínculo laboral, con la única restricción de no afectar el mínimo legal o el que esté fijado en pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales. Citando la sentencia de esta Sala CSJ SL17984-2017. Describió, que la revisión del material probatorio dejaba al descubierto que las partes inicialmente celebraron un Contrato Individual de Trabajo a término indefinido el 31 de julio de 2015 (f.° 49 a 50), en donde se convino que el actor devengaría un salario mensual de $5.753.000 (cláusula 5ª); que posteriormente, el 12 de febrero de 2016, concertaron que a partir del 1° de febrero de dicha anualidad, se disminuiría el salario mensual del actor fijándolo en $4.314.750 (f.° 51 y 52, otrosí al contrato) y, paralelamente, con la adición contractual de folio 53, acordaron: “CLÁUSULA PRIMERA: AUXILIO POR MOVILIZACIÓN. LA EMPLEADORA le reconocerá a EL EMPLEADO un auxilio por movilización mensual de OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ML ($862.950). Este pago se reconoce como un beneficio extralegal para que EL EMPLEADO pague los gastos de transporte, gasolina, o cualquier otro gasto que implique la movilización de EL EMPLEADO para desarrollar su labor de DIRECTOR ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO y además para trasladarse a las instalaciones de EL EMPLEADOR, para que de esta manera

desempeñe a cabalidad sus funciones y no como una contraprestación del servicio prestado.

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Radicación n.° 92872 PARÁGRAFO.- El anterior auxilio, en ningún caso se tendrá como una contraprestación de servicios sino como un beneficio extralegal y para desempeñar a cabalidad sus funciones, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 50 de 1990, las partes contratantes convienen en forma expresa que dicho auxilio extralegal no constituye en ningún caso salario, y se excluye como factor para liquidar prestaciones sociales y demás derechos laborales. (subrayas del texto original). Señaló que, el referido auxilio de movilización, según se desprende de los reportes de nómina visibles entre los folios 71 a 75, fue otorgado por el empleador, desde febrero a diciembre de 2016, bajo la denominación de bonificación mera liberalidad en el valor acordado de $862.950. Apuntó, que conforme a lo anterior, contrario a lo planteado en la demanda, el otrosí resultaba válido jurídicamente en la medida en que las partes, de común acuerdo, decidieron modificar las condiciones cuantitativas en que serían remunerados los servicios del demandante, amparados en su aquiescencia mutua, con fundamento en la «situación económica y financiera de LA EMPLEADORA por el entorno económico actual y los planes de mejora financiera, académica y administrativa», que conllevó a que el empleador no pudiera continuar pagando salarios altos a sus empleados, situación que fue avalada por el accionante y que no afectó la remuneración mínima, sin que se acreditara que

tal convenio estuviera afectado por algún vicio del consentimiento o que la aludida modificación hubiese sido impuesta por la demandada. Indicó que la decisión de primera instancia de considerar el auxilio de movilización como factor que

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Radicación n.° 92872 constituía salario era un error porque existía pacto de exclusión válido, además de la confesión del demandante en el hecho 7º de la demanda, en el sentido de que aquél se contempló para para solventar «los gastos de transporte, gasolina, o cualquier otro gasto que implicara la movilización del empleado para desarrollar su labor […] y además para trasladarse a las instalaciones de EL EMPLEADOR», es decir, dicho rubro fue conferido al trabajador con el exclusivo fin de que pudiera desempeñar a cabalidad sus funciones. Agregó que, según la sentencia CSJ SL, 17 mar. 2010, rad. 29694 reiterada en CSJ SL9827-2015 los medios de transporte, suministrados únicamente con el fin de mejorar el desempeño de las funciones asignadas, no pueden ser concebidos como salario, a la luz de lo previsto en el artículo 128 del CST. Anotó que, en lo que sí encontraba razón a la alzada del actor, era en que el fallador de primer grado desenfocó el alcance de las pretensiones de la demanda, puesto que, con la misma, además de pedirse la reliquidación salarial estudiada (pretensiones de condena 1ª a 3ª, f.° 5 y 6), se solicitó la cancelación, debidamente indexada de las cesantías definitivas, intereses sobre las cesantías, primas de

servicios, vacaciones y aportes a seguridad social no efectuados (numerales 4° a 8° y 11, f.° 6), adeudadas a la terminación del vínculo laboral; créditos laborales que ascendían a $6.420.394, conforme la liquidación definitiva obrante a folio 54 en la que se tuvo en cuenta el salario de $4.314.750; liquidación aceptada por la accionada en su

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Radicación n.° 92872 contestación (a pretensión 9ª y 10ª, f.° 102 y 103), e incluso al sustentar el recurso de apelación, encontrándose en mora al respecto. Aseveró, que en los reportes de nómina aportados aparecía reflejado que la universidad le canceló al actor, estando en vigencia el contrato, prestaciones sociales, tales como, primas de servicios y vacaciones del segundo semestre del 2015 (f.° 10), intereses sobre las cesantías en enero de 2016 (f.° 70), primas de servicios del primer y segundo semestre de 2016 (f.° 72 y 74). Concluyó que, con esa orientación, modificaría la condena por concepto de prestaciones sociales adeudadas, las cuales comprenderían, según la referida liquidación, a los siguientes conceptos: cesantías definitivas en valor de $4.182.910, intereses sobre las cesantías en monto de $486.612 y vacaciones en cuantía de $1.827.776; último rubro debidamente indexado, […] como viene pedido en el libelo y lo refiere el apelante, como quiera que al margen de si accede o no la sanción moratoria del

art. 65 del CST, lo cierto es que dicho concepto no está comprendido dentro de la noción de salario, ni de prestación social, por lo que resulta dable su actualización al momento de su pago –al respecto, ver CSJ SCL fallo SL 4736-2020-. Por tanto, Corolario de lo anterior, se MODIFICARÁ el numeral PRIMERO1°- y paralelamente se REVOCARÁ el numeral CUARTO -4°- del fallo recurrido, en el sentido de CONDENAR a la accionada a reconocer y pagar al accionante cesantías definitivas en valor de $4.182.910, intereses sobre las cesantías en monto de $486.612 y vacaciones en cuantía de $1.827.776; este último rubro deberá

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Radicación n.° 92872 ser cancelado debidamente indexado al momento de su pago; ABSOLVIÉNDOSE a la pasiva de la reliquidación salarial y de aportes a la seguridad social ordenada por el juez de primer rango con venero en la inclusión del auxilio de movilización. Razonó en punto a indemnización moratoria del artículo 65 del CST, que: En el sub-examine, no admite duda, pues como se dijo, así es reconocido por la misma demandada, que la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE no canceló oportunamente, o lo que es lo mismo, a la terminación del contrato de trabajo del accionante - 19 de diciembre de 2.016 - la liquidación final de prestaciones sociales. De otro lado, observa esta colegiatura que no obra ningún elemento de convicción que acredite que la conducta de la accionada estuvo revestida de buena fe; pues, aunque sea de

público conocimiento y, por demás aparezcan probadas – f.° 186 a 224 -, las falencias administrativas y financieras de dicha Alma Mater, que conllevaron a su intervención por parte del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, lo cierto es que, como reiteradamente lo ha sostenido la H. CSJ SC Laboral en asuntos de similares connotaciones, la difícil situación económica por la que atraviese la empresa demandada, por grave que esta resulte, no constituye un eximente del pago de las acreencias laborales con las que la ley arropa al trabajador, pues según las voces del art. 28 del CST, los riesgos o pérdidas de la actividad económica del empleador no se le pueden cargar al laborante – ver CSJ SCL, fallo sentencia SL3159-2019 -, máxime si como ocurre en este caso, tal situación obedeció, exclusivamente, al manejo de las rentas y la conservación de las mismas por parte de la accionada, que fueron catalogadas por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación como indebido y propició su intervención. Lo anterior cobra mayor vigor, si se tiene en cuenta que las acreencias laborales del actor se generaron con antelación - 19 de diciembre de 2.016 - a la intervención ordenada por la referida cartera ministerial –mediante Resolución 03740 del 5 de marzo de 2.018 – f.° 246 a 251 (reveses (sic))-; sin que la demandada demostrara siquiera un pago parcial de tales derechos económicos en favor del demandante, o alguna gestión tendiente a su materialización. No obstante lo anterior, en lo que sí le asiste razón al mandatario de la pasiva es en la censura formulada a la forma cómo el juez

de instancia impuso las condenas por concepto de sanciones moratorias, porque en efecto, tal como lo ha enseñado la jurisprudencia laboral –ver CSJ SCL, fallo SL2056-2020, la sanción que se desprende de la Ley 50 de 1990, art. 99, se causa

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Radicación n.° 92872 desde que se omite consignar las cesantías anualizadas ante el Fondo Administrador, pues en su numeral 2º se determinó como plazo el 14 de febrero del año subsiguiente y hasta que el vínculo laboral fenece; al paso que, la indemnización del art. 65 del C.S.T., inicia desde el día siguiente de la terminación del vínculo contractual laboral hasta que se efectúe el pago de las prestaciones sociales insolutas. Adicionalmente, no puede pasar por alto esta colegiatura que, dadas las particularidades del presente caso, la sanción moratoria prevista en el art. 65 del CST, no puede extenderse hasta cuando sean canceladas las prestaciones sociales adeudadas, puesto que, como se dijo, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL expidió la Resolución 03740 del 5 de marzo de 2018, en cuya virtud se adoptaron medidas establecidas en el art. 14 de la Ley 1740 de 2014 como institutos de salvamento para la protección de los bienes de la UAC, ordenándose, entre otras disposiciones, la suspensión de pagos de las obligaciones del ente educativo causadas hasta la fecha del referido acto administrativo – Art. 1°, numeral 4°, f.° 251-. Recalculó la condena, limitando la moratoria del

artículo 65 del CST al lapso comprendido entre el 19 de diciembre de 2016 al 5 de marzo de 2018, en valor de $62.851.525, correspondiente a un día de salario por cada día de mora, así:

LIQUIDACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN MORATORIA

VALOR

AÑO MES DÍAS A PAGAR INDEMNIZACIÓN 2016 Diciembre $143.825 12 $1.725.900,00 2017 Enero $143.825 30 $4.314.750,00

Febrero $143.825 30 $4.314.750,00 Marzo $143.825 30 $4.314.750,00 Abril $143.825 30 $4.314.750,00 Mayo $143.825 30 $4.314.750,00 Junio $143.825 30 $4.314.750,00 Julio $143.825 30 $4.314.750,00 Agosto $143.825 30 $4.314.750,00 Septiembre $143.825 30 $4.314.750,00 Octubre $143.825 30 $4.314.750,00 Noviembre $143.825 30 $4.314.750,00 Diciembre $143.825 30 $4.314.750,00

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Radicación n.° 92872 2018 Enero $143.825 30 $4.314.750,00 Febrero $143.825 30 $4.314.750,00 Marzo $143.825 5 $719.125,00

TOTAL $62.851.525,00

Sanción moratoria prevista en el art. 99 de la Ley 50 de 1.990, por el lapso comprendido del 15 de febrero de 2016 al

19 de diciembre de 2016, en valor de $43.722.800, correspondiente a un día de salario por cada día de mora: LIQUIDACION DE LA INDEMNIZACION MORATORIA ART. 99 LEY 50 DE 1990VALOR AÑO MES INDEMNIZACIÓN DÍAS A PAGAR 2016 Febrero $143.825 15 $2.157.375 Marzo $143.825 30 $4.314.750 Abril $143.825 30 $4.314.750 Mayo $143.825 30 $4.314.750 Junio $143.825 30 $4.314.750 Julio $143.825 30 $4.314.750 Agosto $143.825 30 $4.314.750 Septiembre $143.825 30 $4.314.750 Octubre $143.825 30 $4.314.750 Noviembre $143.825 30 $4.314.750 Diciembre $143.825 19 $2.732.675

VALOR INDEMNIZACIÓN A PAGAR $43.722.800

Aclarando que, como lo ha enseñado esta Corte en CSJ SL194-2019, CSJ SL593-2021 y CSJ SL191-2021, la deuda por concepto de sanción moratoria es susceptible de sufrir un deterioro económico por el transcurso del tiempo, por lo que se hacía necesario indexarla desde el 5 de marzo de 2018 y hasta la fecha del pago efectivo de las prestaciones adeudadas al trabajador.

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Radicación n.° 92872

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuestos por las partes, concedidos por el Tribunal y admitidos por la Corte, procede la Sala a resolver, en primer

término el presentado por Heriberto Rodríguez Prins en cuanto plantea que el auxilio de movilización constituye factor salarial y, por ende, la reliquidación pretendida, además de que la expedición de las medidas de salvamento para la protección de bienes del ente universitario, no podían repercutir en la limitación de la indemnización moratoria del artículos 65 del CST impuesta. Para luego, de ser el caso, estudiar el escrito casacional de la Universidad Autónoma del Caribe dirigido a esbozar la buena fe en la ausencia del pago de sus obligaciones, amparada en las medidas de intervención del Ministerio de Educación Nacional.

V. RECURSO DE CASACIÓN (HERIBERTO RODRÍGUEZ PRINS) Presentado por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver

(Cuaderno digital de la Corte).

VI. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende que esta Corporación:

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Radicación n.° 92872 CASE PARCIALMENTE la Sentencia de Segunda instancia proferida por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el día veinticuatro (24) de mayo del año dos mil veintiuno (2.021) dentro del asunto de la referencia, para que convertido en Tribunal de Instancia, CONFIRME la sentencia de primer grado dictada por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Barranquilla el día tres (3) de diciembre del año dos mil diecinueve (2.019) en cuanto CONDENÓ a la pasiva a tener en cuenta como factor salarial el auxilio de movilización, reliquidando las prestaciones sociales

que tiene derecho el demandante y a su vez al pago de la indemnización moratoria en cuantía de $ 124.264.800, intereses moratorios causados desde el 5 de diciembre del año 2018 y hasta cuando se verifique el pago de lo adeudado; De igual manera condenó a la accionada UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE a pagar en consideración a lo consagrado en el artículo 99 de la ley 50 de 1990 la suma de $ 57.645.070 y a su vez aportes a pensión por concepto de la diferencia de pago previo calculo actuarial del fondo de pensiones elegido por el demandante, condenando además en costas a la demandada; por último CONFIRME la decisión de segundo grado en cuanto condenó a la enjuiciada al pago de la indexación de las sumas debidas, con venero a la prestaciones sociales y sanciones consagradas en el Artículo 65 del CST y Artículo 99 de la Ley 50 de 1.990, debiéndose condenar también en Costas en Segunda instancia a cargo de la pasiva. Con tal propósito formula cuatro cargos, por la causal primera de casación, que no fueron replicados y se pasan a estudiar conjuntamente puesto que se complementan en sus argumentos y persiguen el mismo fin (Cuaderno digital de la Corte).

VII. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia del Tribunal, […] de violar por VÍA DIRECTA en la modalidad de APLICACIÓN INDEBIDA, del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 24, 27, 43, 55, 56, 57, 59, 61, 64, del mismo estatuto laboral; artículos 13, 25, 53, 58, 228, 229 y 230

de la Constitución Política y los artículos 60, 62 y 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y artículos 63, 1603, 1604, 1612, 1613, 1614, 1615 y S.S. del C.C.

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Radicación n.° 92872 Para la demostración del cargo sostiene que el Tribunal aplicó indebidamente el artículo 65 del CST al decidir que la moratoria no podía extenderse hasta tanto fueran canceladas las prestaciones sociales adeudadas, fundado en que la expedición de los institutos de salvamento por el Ministerio suspendían el pago de las obligaciones, cercenando de esta manera la aplicación del señalado artículo y limitándolo en el tiempo, cuando ni la norma sustancial o la jurisprudencia han limitado en situaciones análogas el pago de dicha sanción. Transcribe para ello apartes de la sentencia impugnada, para señalar que esta Corporación en casos análogos no ha eximido de responsabilidad al empleador que se encuentre inmerso en situaciones de restructuración, liquidación y, como en el presente, ante los institutos de salvamento, citando a CSJ SL2189-2022 que reiteró a CSJ SL3288-2021 (Cuaderno digital de la Corte).

VIII. CARGO SEGUNDO Expresa: Acuso la sentencia del Tribunal […] de violar por VÍA INDIRECTA, por apreciación errónea o equivocada de las pruebas contenidas en: otro sí suscrito entre el recurrente y la pasiva, obrante a folio 27 y 53 ss. y volantes de nómina, obrantes a folio 129 a 136 del

expediente, lo cual condujo a la interpretación errónea de los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo; en concordancia con los artículos 1°, 3°, 18, 20 y 21 del mismo Estatuto del Trabajo y 1°, 2°, 4°, 6°, 29, 53 y 228 de la Constitución Política.

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Radicación n.° 92872

Presenta como errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el auxilio de movilidad reconocido en el otro sí (f.° 27, 53 y ss.) suscrito por las partes y recibido por mi representado de manera mensual, periódica y habitual no constituye factor salarial.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que la labor que desempeñaba mi representado necesariamente requería movilizarse de un lugar a otro.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que la expresión "BONIFICACIÓN MERA LIBERALIDAD", contenida en los volantes de nómina es argumento suficiente para establecer que el emolumento "Auxilio de movilización" no es factor salarial.-

4. Dar por demostrado, sin estarlo, que el factor salarial auxilio de movilización, no ingresaban al patrimonio del aquí recurrente como retribución directa del servicio que prestaba en calidad de director de la especialización en seguridad social y salud en el

Trabajo.

5. No dar por demostrado, estándolo, que el aquí recurrente recibió de manera periódica, permanente y habitual el emolumento llamado "auxilio por movilización" por lo tanto es factor salarial.

6. No dar por demostrado, estándolo, que el rubro auxilio por

movilización tiene connotación salarial.

7. No dar por demostrado, estándolo, que mi representado en su condición de director de la especialización en seguridad social y salud en el trabajo, no tenía que movilizarse de un lugar a otro.

8. No dar por demostrado, estándolo, que el rubro llamado auxilio por movilidad era para beneficio patrimonial de mi representado.

9. No dar por demostrado, estándolo, que el auxilio por movilidad fue con la finalidad de encubrir elementos salariales, para con ello evitar el pago en debida forma de prestaciones sociales y aportes a seguridad social del recurrente.

Como consecuencia de la apreciación indebida de las siguientes pruebas:

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 92872

1. Otrosí suscrito por el aquí recurrente HERIBERTO RODRÍGUEZ PRINS y la pasiva UNIVERSIDAD DEL AUTÓNOMA DEL CARIBE, visible de folio 27 - 53 del expediente.-

2. Volantes de nómina del recurrente HERIBERTO RODRÍGUEZ PRINS, visibles de folio 129 — 136, del expediente.- Argumenta que el ad quem incurrió en error de apreciación probatoria al dejar de lado los principios y características esenciales del salario, cuando no tuvo en cuenta que el auxilio de movilización reclamado por el actor fue percibido de manera periódica y habitual. Además que, requería movilizarse de un lugar a otro para cumplir sus funciones, »situación que no fue demostrada por la demandada».

Asevera que, dadas las funciones del trabajador como director de una especialización, su