CSJ - SL1924-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL1924-2023 Radicación n.° 93067 Acta 24 Bogotá, D. C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por el BANCO DE BOGOTÁ S. A., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el diez (10) de mayo de dos mil veintiuno (2021), en el proceso ordinario que le instauró DAMIÁN TADEO

MOSQUERA PALACIOS.

I. ANTECEDENTES Damián Tadeo Mosquera Palacios llamó a juicio al Banco de Bogotá, con el fin de que se declare que la terminación de su contrato fue sin justa causa y sin autorización del Ministerio de Trabajo, encontrándose con una limitación física.

Como consecuencia de lo anterior, se condene a reinstalarlo o reintegrarlo al cargo que ocupaba en el momento del despido en las mismas condiciones laborales.

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Radicación n. ° 93067 Por tanto, se condene a la demandada al pago de salarios y prestaciones causadas, cotizaciones por seguridad social integral, desde la fecha de la terminación hasta cuando se haga efectivo su reintegro, así como la indemnización especial. De manera subsidiaria solicitó se condene a la demandada al pago de la indemnización por despido injusto debidamente indexada. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que laboró para el Banco de Bogotá S. A, mediante contrato de trabajo a término indefinido desde el 25 de enero de 1982

hasta el 28 de mayo de 2015, fecha en que fue retirado sin justa causa, encontrándose afectado por un trastorno de adaptación por problemática laboral, lo que deterioró su calidad de vida, además de tener hipertensión, gastritis y trastorno interno de rodilla, patologías que requieren control médico permanente. Manifestó, que se desempeñó en los siguientes cargos: auxiliar de contabilidad, cajero auxiliar IV, cajero auxiliar V, auxiliar de operaciones II, cajero, supernumerario VIII y auxiliar de operaciones. Relató, que el 27 de abril de 2015 fue llevado al servicio de urgencias de la Nueva EPS, por cuadro de 5 días de evolución con cefalea, desmayo y dolor precordial, patologías relacionadas con su trastorno de adaptación y estrés laboral; que fue estabilizado y remitido para cita prioritaria con médico psiquiatra e incapacitado por dos días.

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Radicación n. ° 93067 Dijo que, el 28 de abril de 2015, fue valorado por el médico psiquiatra, quien le diagnosticó problemas de tensión física y mental, relacionados con el trabajo y ordenó valoración prioritaria por salud ocupacional por severa disfunción laboral que ameritaba evaluación del puesto de trabajo, le aumentó la dosis de medicamentos y lo incapacitó por 3 días. Refirió, que el 8 de mayo de 2015, el psiquiatra remitió su historia clínica para que fuera valorado por el médico laboral de la Nueva EPS, debido a las patologías presentadas, con la respectiva autorización para que sea revisado por la

Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez, las administradoras de riesgo laboral y de fondos de pensiones, para dirimir cualquier clase de controversia respecto de su patología psiquiátrica, con lo cual se daba inicio al proceso de calificación de la diagnosticada por trastorno estrés relacionado con el trabajo con el agravante de una disfunción laboral crónica, lo que desmejora el pronóstico de recuperación. Señaló que, esta información era conocida por el jefe de servicios de la oficina Vistamar Buenaventura y, por ende, por el Banco. Declaró, que fue despedido sin justa causa el 28 de mayo de 2015, mediante comunicación, habiéndose reintegrado de una incapacidad que finalizó el 22 de mayo de 2015, por las patologías señaladas y sin permiso del Ministerio de Trabajo. Arguyó que, para la fecha de la terminación de la relación laboral, se encontraba enfermo, como dio cuenta el

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Radicación n. ° 93067 examen de aptitud de retiro realizado el 9 de junio de 2015, en el que se constató el trastorno psíquico que ya padecía. Aseguró que, al momento de ingresar a laborar con la entidad financiera, en el examen de ingreso no presentó enfermedad ni patología alguna, por el contrario, gozaba de integridad física total. Aludió que, para justificar su despido, la empresa acudió de manera extemporáneamente a una circunstancia ocurrida el 10 de febrero de 2015, relacionada con una certificación expedida por él a su hijo -cliente del bancoy

una discusión ocurrida el 14 de abril de 2015, provocada por un directivo sindical perteneciente a otra organización, diferente a la que pertenecía, por lo que se señaló para el momento del despido que había incurrido en supuestas conductas anti laborales. Expuso que, desde hacía mucho tiempo otorgaba certificaciones que pedían los clientes del banco acerca de los productos y servicios que tenían con la entidad bancaria demandada. Indicó que, en febrero del 2015, su hijo solicitó certificación sobre los productos y servicios que tenía con el banco y él la otorgó por ser aquel cliente de la entidad bancaria demandada. Reveló que, a raíz de que renunció a la organización sindical ACEB y se afilió a la organización sindical UNEB comenzó en su contra una permanente provocación por parte del señor Oscar Angulo perteneciente a ACEB y tuvieron varios altercados.

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Radicación n. ° 93067 Explicó que, a raíz de los hechos ocurridos, el jefe de servicios de la oficina Vistamar de Buenaventura del Banco de Bogotá, puso en conocimiento el incidente laboral (f. º 3 a 18, del cuaderno del Juzgado). La parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó los extremos temporales del contrato suscrito con el demandante, los cargos desempeñados por éste y que al momento de ingresar a la entidad, según el examen médico de ingreso, gozaba de integridad física total; respecto de los demás indicó no ser ciertos, así como se abstuvo de responder otros, indicando

que eran derivados de hechos entre el señor Mosquera y terceros. En su defensa propuso como excepciones de fondo las de prescripción, justa causa para terminar el contrato de trabajo, cobro de lo no debido, falta de causa para pedir y la innominada o genérica (f. º 125 a 140 ib.).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Cali, mediante fallo del 29 de enero de 2018, resolvió: 1°-DECLARAR No probadas las excepciones propuestas por la parte demandada BANCO DE BOGOTÁ. 2°. DECLARAR que el señor DAMIÁN TADEO MOSQUERA PALACIOS identificado con la CC n.° […] en su calidad de empleado fue despedido injustamente por el BANCO DE BOGOTÁ en estado de debilidad manifiesta, el 28 de mayo de 2015, conforme a las motivaciones de esta providencia. 3°. CONDENAR al BANCO DE BOGOTA a reintegrar al señor DAMIÁN TADEO MOSQUERA PALACIOS ya identificado al

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Radicación n. ° 93067 cargo que desempeñaba el año 2015 o a uno equivalente sin afectación de su estado de salud con el pago de todo lo dejado de percibir desde el momento de su desvinculación el 28 de mayo de 2015 y el momento en que se verifique el reintegro. 3°. CONDENAR al BANCO DE BOGOTA a liquidar y a pagar al señor DAMIÁN TADEO MOSQUERA PALACIOS todos los salarios, prestaciones sociales tanto legales como extralegales, si las había y si llenaban los supuestos normativos, causados entre

el 28 de mayo de 2015 hasta el momento de su reintegro teniendo, como último salario la suma de $1.609.732, sin perjuicio de la aplicación de factores que lo cobijasen bien de naturaleza legal o ya de naturaleza extralegal. 4°. CONDENAR a la demandada BANCO DE BOGOTÁ al pago de los aportes al sistema de seguridad social, tanto en salud como en pensiones, a pagar en favor del señor DAMIÁN TADEO MOSQUERA PALACIOS, a las administradoras en que él se encuentre afiliado y de no estarlo a las que él indique, siendo con esto a los lineamientos del sistema integral de seguridad social en Colombia, en cuanto a ingresos base de cotización aportes y porcentajes. 5°. ABSOLVER a la demandada BANCO DE BOGOTÁ, de las demás pretensiones incoadas en su contra por el señor DAMIÁN TADEO MOSQUERA PALACIOS especialmente las indemnizaciones por despido injusto tanto la ordinaria como la especial. 6°. CONDENAR en costas en contra de la accionada para lo cual desde ya fijamos como agencias en derecho, la suma equivalente a 5 SMMLV. (f.° 472 CD y 473 a 474 acta ibídem).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la demandada, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, mediante fallo del 10 de mayo de 2021, confirmó la decisión del a quo.

Para ello, consideró como problemas jurídicos a resolver: (i) determinar si el extrabajador Damián Tadeo Mosquera Palacios incurrió en las causales de despido con justa causa descritas por la empleadora Banco de Bogotá y

(ii) si el actor se encontraba en estado de debilidad manifiesta protegido por la garantía de la estabilidad laboral reforzada de que trata el artículo 26 de la Ley 361/1997.

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Radicación n. ° 93067 Se señaló que no era objeto de controversia la existencia de la relación laboral, ni sus extremos temporales, tampoco el monto de las sanciones que fueron ordenadas en primera instancia, ya que sobre estos puntos no se interpuso recurso. Frente al primer problema jurídico, refirió que esta Corporación ha reiterado que es una facultad del empleador, y al no tener un carácter sancionatorio ni una naturaleza disciplinaria, no requiere un procedimiento disciplinario previo, a menos que esté establecido en el orden interno de la empresa y suscrito de común acuerdo entre las partes. Igualmente acudió a la postura asumida por la Corte Constitucional, según la cual el empleador que haga uso de su facultad unilateral de terminación contractual, deberá cumplir con las obligaciones de: inmediatez, taxatividad, claridad y oportunidad, agotamiento de procesos previamente establecidos en caso de existir, sustentación, y garantía del derecho de defensa y contradicción. En el marco del panorama jurisprudencial antes enunciado, analizó los argumentos sustento del recurso de alzada, según el cual el juez primigenio no tuvo en cuenta las pruebas documentales y testimoniales que demostraron, en el trascurso del proceso, que el señor Damián Tadeo Mosquera Palacios, incurrió en faltas gravísimas violatorias

de deberes y obligaciones legales, contractuales y reglamentarias; faltas que configuraron una justa causa para terminar la relación contractual. Abordó la carta de despido efectuada el 28 de mayo de 2015, en la que se indicó como faltas graves causales de

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Radicación n. ° 93067 despido: (i) la agresión verbal a un compañero de trabajo, ocurrido 14 de abril de 2015, cuando en medio de un altercado, el actor se refirió hacía el señor Oscar Angulo con palabras soeces y; (ii) la violación al Código de Ética y Conducta al expedir sin autorización una referencia bancaria a nombre de su hijo el día 10 de febrero de 2015. En razón de estas dos actuaciones, el demandante fue llamado a diligencia de descargos el 21 de mayo de 2015. Frente a la primera causal, y basándose en las pruebas documentales y los testimonios rendidos en juicio, compartió lo argumentado por el juez singular, […] pues aunque nada justifica los malos tratos, insultos o groserías del señor Damián Tadeo Mosquera Palacios hacia su compañero Oscar Angulo, lo cierto es que se debe analizar el contexto de la situación, ya que quedó probado que, 1) entre los implicados existía una evidente enemistad debido a problemas y confrontaciones pasadas por motivos sindicales, de las cuales eran conocidas por varias personas, entre ellas el jefe de servicios Gustavo Orlando Pérez; 2) que se había presentado un inconveniente parecido debido a que el demandante necesitaba más espacio para extender las tulas de correspondencia y ejercer a cabalidad sus funciones, por

lo que, solicitó cambio de puesto de trabajo, pero dicha petición fue negada u omitida por el jefe de servicios de la oficina, aun cuando existían dentro de la compañía puestos desocupados en la misma área; 3) que el señor Gustavo Orlando Pérez al ostentar un rango superior, estaba llamado a implementar soluciones para mantener el orden, la disciplina y las buenas relaciones en un lugar de trabajo, conforme al artículo 78 del Reglamento Interno del Banco de Bogotá (f.225); sin embargo, no ejerció las acciones encaminadas para tal fin. También se evidencia 4) la innecesaria actitud y renuencia al cambio de escritorio de trabajo por parte del señor Oscar Angulo, que como respuesta a la solicitud de movilización del espacio laboral propuesta por el jefe de servicios, expresó que no se trasladaría a otro puesto para complacer al señor Damián; (…) Afirmó que las situaciones presentadas requerían una intervención previa y conciliadora, tal como se esperaba de

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Radicación n. ° 93067 los jefes de área del Banco de Bogotá, así como la cooperación pacífica por parte del trabajador Oscar Angulo. Sin embargo, su actitud generó un ambiente hostil y de confrontación, lo cual resultaba especialmente problemático considerando que la persona en cuestión padecía un trastorno de ansiedad. En relación a la segunda causa, la cual se refiere a la violación del código de ética y conducta por parte del señor Damián Tadeo Mosquera Palacios, al emitir de manera indebida y sin autorización la referencia bancaria a favor de su hijo, Diego Fernando Mosquera Bermeo, para la Sala

resultó un desacierto cuando el juez de primera instancia calificó como irrelevante dicha actuación, pues según su análisis la misma no se podía calificar como grave, ya que no afectó el servicio público ni ocasionó perjuicio alguno a los activos o al patrimonio tanto de la parte demandada como de los usuarios1. A pesar de lo mencionado anteriormente, criticó que Damián Tadeo Mosquera Palacios, haya llevado a cabo la expedición de certificaciones o referencias bancarias, ya que esta tarea no se encontraba dentro de sus funciones asignadas, como asesor de ventas y servicios categoría V; pero, notó que la gravedad del hecho no estuvo previamente descrita como tal en el contrato de trabajo (f.° 141-143) ni reglamento interno de trabajo de la entidad (f.° 198-255) ni siquiera en el aludido Código de Ética y Conducta (f.° 4571 CSL SL 14 ag.2012, rad.39518, y CSJ SL 19449-2017 “La conexidad entre el hecho grave y los perjuicios no puede erigirse en predicado universal. Lo que es grave no siempre produce perjuicios, y en cambio lo que es leve o insignificante a veces puede producirlos. (…) CSJ SL3796-2020 (…) el hecho de que la conducta del demandante no le hubiera representado riesgo alguno al Banco, ni ningún perjuicio patrimonial, no es relevante para desdeñar su gravedad, pues tal cualidad no atiende a los efectos, dañosos o no, que produzca el reprochable comportamiento del trabajador”

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Radicación n. ° 93067 470), tal como lo exige el numeral 6 del artículo 62 del CST

modificado por el artículo 7° del Decreto 2351 de 1965. Al punto, aclaró las diferencias entre los conceptos de falta y violación grave de las obligaciones contractuales, señalando que la primera, está sujeta a una calificación previa en un convenio colectivo de trabajo, fallo arbitral, contrato individual o reglamento interno; mientras que la segunda, requiere una calificación de la gravedad por parte del juez (CSJ SL8028-2014). Basándose en las anteriores premisas, avizoró que la expedición sin autorización de la referencia bancaria no podía tildarse de grave, principalmente porque: (i) el suceso no configuró un conflicto de intereses a la luz de la definición del Banco, visible a folio 193 y, (ii) el código de ética y conducta (f.° 459), si bien prohíbe a los funcionarios de la empresa la consulta de información de productos de familiares o parientes, fue publicado el 20 de mayo de 2016, fecha posterior a la certificación emitida por el señor Mosquera, 10 de febrero de 2015 (f.°.76); (iii) la demandada no probó que el trabajador conociera con anterioridad dicho código con sus consecuencias. Con todo esto, concluyó que no se demostró que las causales para la finalización de la relación contractual fueran justas. Finalmente, acerca de si el actor se encontraba en estado de debilidad manifiesta protegido por la garantía de la estabilidad laboral reforzada de que trata el artículo 26 de la Ley 361/1997, y en hilo a las conclusiones arribadas, dijo que la finalización del contrato se presumía discriminatoria,

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Radicación n. ° 93067 indistintamente del origen de la enfermedad, pues lo importante era verificar si al momento del despido estuviera afectado por una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 15 %. Para el caso, el dictamen de PCL dictado por la Junta Regional de Calificación (f.° 400-404) arrojó un porcentaje de 36,05 %, enfermedades conocidas por el empleador por medio de las incapacidades médicas (f.° 31) por lo que, operaba en favor del trabajador la garantía.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el Banco de Bogotá S. A, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte case totalmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque en el fallo proferido en primera instancia por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Cali y que en su lugar se absuelva de todas las pretensiones formuladas en la demanda.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados y se pasan a estudiar.

VI. CARGO PRIMERO Dice que, […] La sentencia materia del presente recurso viola por la vía indirecta y por aplicación indebida de los artículos 62 del CST así como el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

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Radicación n. ° 93067 Enlista como errores evidentes de hecho:

1. No dar por probado estándolo que la certificación emitida por el demandante sin estar autorizado para ello contiene

información ajena a la realidad.

2. No dar por probado estándolo que la certificación emitida por el demandante sin estar autorizado para ello se encuentra dirigida a una autoridad pública.

3. Dar por probado sin estarlo que la definición de conflicto de intereses contenida en el folio 193 del expediente exige para su configuración la actuación reprochable “debe ir en contra de los intereses del Banco”.

4. No dar por probado estándolo que el demandante no conocía el Código de Ética del Banco.

5. Dar por probado sin estarlo que el único código de ética obrante en el proceso es posterior a la terminación del contrato de trabajo.

6. No dar por probado estándolo que el incumplimiento del código de ética se califica expresamente como falta grave.

7. Dar por probado sin estarlo que el demandante pidió ser cambiado de puesto de trabajo por razón de enfrentamientos con otros compañeros de trabajo.

Relaciona las siguientes como pruebas calificadas mal apreciadas:

1. Referencia Bancaria emitida por el actor a nombre de su hijo de fecha 10 de febrero de 2015.

2. Diligencia de descargos del demandante de fecha 26 de mayo de 2015 (Fol. 81 a 88).

3. Carta de despido del demandante con justa causa del 28 de mayo de 2015 (Fol. 89 a 90).

Como pruebas calificadas no apreciadas:

1. Confesiones interrogatorio de parte del actor (minuto 20:38 y sig. y minuto 24:40 y sig.).

2. Código de ética del Banco (folio 461 a 470).

3. Código de ética del Banco (folio 193 y 459).

4. Demanda como pieza procesal (Fol. 7, 8 y 9).

Y, como no calificadas mal apreciadas, el dictamen de PCL. En el desarrollo del cargo, dijo:

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Radicación n. ° 93067 1La justa causa aducida para la terminación del contrato de trabajo del demandante se encuentra soportado en dos situaciones esencialmente, la primera la grave agresión verbal del demandante a uno de sus compañeros de trabajo y la segunda expedir una certificación bancaria por parte del demandante a favor de su hijo sin estar autorizado para ello, incurriendo en un conflicto de intereses. El Tribunal encontró acreditada la existencia de ambas conductas, sin embargo, y como consecuencia de mala apreciación de algunas pruebas y la falta de apreciación de otras consideró que tales conductas no le permitían concluir que existiese una justa causa para la terminación del contrato de trabajo; como consecuencia de ello consideró que se activaba la presunción de que el contrato de trabajo finalizó como consecuencia de afectaciones de salud del demandante y por ello ordenó el reintegro a su cargo y el pago de la indemnización de 180 días a que se refiere el artículo 26 de la ley 361 de 1997. 2Abordemos en primer orden los errores evidentes y manifiestos del Tribunal relacionados con el tema de la certificación bancaria emitida para su propio hijo en exceso de sus atribuciones. En lo relativo a este tema el Tribunal considera que en efecto el demandante actuó por fuera del marco de sus atribuciones y funciones, veamos: “(…) para la Sala resulta un desacierto cuando el Juez de primera

instancia califica como irrelevante dicha actuación, pues según su análisis, la certificación bancaria tramitada por el demandante no se puede calificar de grave por cuanto no afectó el servicio público ni resultó en un, detrimento a los bienes o patrimonio de la demandada o de sus usuarios. Al respecto, la Sala Laboral de la CSJ en sentencias CSJ SL 14 ago. 2012, rad: 39518, y CSJ SL19449-2017, destacó (…): Más adelante, en sentencia SL3796-2020, recordó que (…) Sin contradecir lo anterior, no se puede negar que el demandante no tenía dentro de sus funciones el expedir certificaciones o referencias bancadas, pues existía restricción de firmas autorizadas para ello, -conforme a la Política de Paz y Salvos, Referencias y Certificaciones. Versión 2 del 26/08/2014 (fs.164169) y las funciones del cargo de Asesor de Ventas y Servicios Categoría V (fs.170-177)-: así las cosas, la empleadora podía tachar tal conducta como falta grave, incluso si se trataba de una simple certificación con información verídica y real, la cual consta de nombre, fecha y número de cuenta del solicitante, en este caso, del señor DIEGO FERNANDO MOSQUERA BERMEO hijo del trabajador. Empero, lo que llama la atención de esta Corporación es que la gravedad del hecho no estuvo previamente descrita como tal en el contrato de trabajo (fs.141-143) ni Reglamento Interno de Trabajó de la entidad (fs.198-255) ni siquiera en el aludido Código de Ética y Conducta (fs.457-470), tal como lo exige el numeral 6

del artículo 62 del CST modificado por el artículo 7° del Decreto 2351 de 1965, que reza: (…).

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Radicación n. ° 93067 Sobre este punto, se debe aclarar la diferencia entre falta grave y violación grave de las obligaciones contractuales, pues la primera, como se dijo, requiere una calificación previa en un convenio colectivo de trabajo, fallo arbitral, contrato individual o reglamento interno; mientras que la segunda, requiere una calificación de la gravedad por parte del Juez (SL8028-2014), en otras palabras, el juzgador debe analizar y determinar si el motivo enrostrado por la entidad financiera al accionante comporta un acto peligroso y considerable contra las funciones y obligaciones del contrato de trabajo. Teniendo en cuenta lo anterior, tampoco se avizora que la expedición sin autorización de una simple referencia bancaria pudiese tildarse como grave, pues aunque la demandada afirma que tal suceso configura un conflicto de intereses, en la definición que se hace de ello (f.193), se especifica que la actuación reprochable debe ir en contra de los intereses del Banco, lo cual no se refleja en este caso. Adicionalmente, al reverso del folio 459 donde reposa el Código de Ética y Conducta, se prohíbe a los funcionarios de la empresa la consulta de información de productos de familiares o parientes; sin embargo, como lo expresó el A quo, el mismo data con fecha del 20 de mayo de 2016; mientras que la expedición del certificado en cuestión, data del 10 de febrero de 2015 (f.76), lo que resulta posterior al hecho recriminado; encima, la demandada no

probó que el trabajador conociera con anterioridad dicho Código con sus consecuencias, pues bastaba con acreditar por cualquier medio probatorio el conocimiento por parte del respectivo trabajador y no lo hizo. (los subrayados son nuestros). a) Comencemos por referirnos a la afirmación del Tribunal según la cual no se probó que el demandante conociera el código de ética del banco y que bastaba con acreditar dicho conocimiento para acreditar la justa causa. Pues bien, si el Tribunal hubiese estudiado la totalidad de las pruebas obrantes en el expediente con detenimiento se habría percatado con toda facilidad que el demandante en su interrogatorio de parte no solo confiesa que conocía dicho Código de Ética, afirma además que lo conocía “al dedillo” y además de eso aporta copia de dicho código, la cual obra a folios 461 a 470. Así pues, en la audiencia del artículo 80 del CPT, el demandante confiesa lo siguiente: (Minuto 20:38 y sig.) Preguntado: “Dígale al despacho si es cierto sí o no que en el banco de Bogotá hay un código de ética y conducta que deben cumplir todos los trabajadores”. Respondió: “Claro que conozco el código de ética”. Preguntado: “Informe al despacho si es cierto sí o no si una de las causales relacionadas con los conflictos de intereses establecidas en el código es expedir certificaciones o tener información bancaria cuando existe un parentesco de consanguinidad.” Respondió: “En ninguna parte del código de ética que lo conozco al dedillo dice que expedir una certificación es objeto de conflicto de interés, el conflicto de interés se refiere a cuando yo antepongo mis intereses frente a los

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Radicación n. ° 93067 intereses del banco y expedir una certificación no tenía ningún interés consagrado … no estaba violando ningún interés del Banco y no estaba anteponiendo ningún interés personal frente a esta situación.” Mas adelante en la misma diligencia cuando el juez le pregunta al demandante si tiene algo que agregar, este allega el Código de Ética y dicho documento es incorporado al expediente por parte del juez. (Minuto 24:40 y sig.) Preguntado: “Tiene alguna otra cosa que quiera agregar?” Respondió: “Si, permítame doctor, quiero presentar como primero el Código de Ética como prueba de que en ninguna parte se encuentra aquí que expedir una certificación a un familiar es conflicto de interés”. Auto: “Se recibe a título informativo en principio, pero se valorará conforme al haz probatorio en lo que corresponda a lo que usted contestó en esta audiencia”. Así pues es evidente y manifiesto el error del Tribunal al echar de menos prueba de que el demandante conociera el Código de Ética del Banco, le bastaba simplemente ver la grabación del interrogatorio de parte para percatarse de que en aquel, el demandante confiesa conocer dicho Código al dedillo y además allega copia del mismo, lo que se constituye en copia irrefutable de su conocimiento a la luz de lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 244 del CGP; el Código allegado por el demandante y que obra a folios 461 a 479 no contiene señal alguna de haberse expedido con posterioridad a la terminación del contrato que es el tema del que se duele la sentencia en relación con el obrante de folios 457 a 460, sin embargo, incurrió en un error evidente

al no percatarse que el propio demandante había allegado un código de ética en audiencia y había sido incorporado como soporte de su dicho. En ese orden de ideas el error es evidente y grave, pues de no haber incurrido en tal error el Tribunal, habría concluido que en efecto el demandante incurrió en grave incumplimiento de sus obligaciones laborales y por tanto en una justa causa a la luz de lo establecido en el numeral 6, literal a) del artículo 62 del CST. b) También incurre el Tribunal en un error al señalar que la definición de conflicto de intereses obrante a folio 193, señala que el conflicto de intereses es una conducta que debe in en contra de los intereses del Banco. Basta con una simple lectura de la definición de conflicto de interés contenida en el código de ética del Banco para concluir que la definición es mucho más amplia de lo que señala el Tribunal, veamos: “Se entiende por conflicto de intereses toda situación o evento en que los intereses personales, directos o indirectos, de los asociados, administradores o colaboradores de la Entidad, se encuentren en oposición con los del Banco, interfieran con los deberes que le competen a él, o lo lleven a actuar en su desempeño por motivaciones diferentes al recto y leal cumplimiento de sus

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Radicación n. ° 93067 responsabilidades, afectando la Imparcialidad propia que debe gobernar todas nuestras actuaciones en desarrollo del objeto social del Banco.” Es evidente que la definición contempla varios tipos de conductas que se distinguen con una “o” y también con tildes. Así pues, se explica con claridad que el conflicto se puede generar por la

ocurrencia de al menos tres tipos de conductas: i) Toda situación o evento en que los intereses personales, directos o indirectos, de los asociados, administradores o colaboradores de la Entidad, se encuentren en oposición con los del Banco. ii) Interfieran con los deberes que le competen a él. iii) Lo lleven a actuar en su desempeño por motivaciones diferentes al recto y leal cumplimiento de sus responsabilidades. iv) Afecten la Imparcialidad propia que debe gobernar todas nuestras actuaciones en desarrollo del objeto social del Banco. En este caso claramente se presentó una situación en que los intereses personales del demandante interfirieron con los deberes que le competen, pues conforme se encontró demostrado excedió sus atribuciones para suscribir una certificación bancaria para su hijo. También sus intereses personales y familiares lo llevaron a actuar por motivaciones diferentes al recto y leal cumplimiento de