CSJ - SL1926-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL1926-2023 Radicación n.° 96280 Acta 24 Bogotá, D. C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MAXO SAS, contra la sentencia proferida por la Sala CivilFamilia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, el once (11) de marzo de dos mil veintiuno (2021), en el proceso ordinario que le instauró FABIÁN ALBERTO

MARTÍNEZ CÓRDOBA.

I. ANTECEDENTES Fabián Alberto Martínez Córdoba llamó a juicio a Mamut de Colombia S. A. hoy Maxo SAS, con el fin de que se declara que entre las partes existió un contrato de trabajo por duración de obra o labor del 23 de octubre de 2010 al 27 de marzo de 2015, finalizado por decisión unilateral y sin justa causa por el empleador. En consecuencia, se

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Radicación n.° 96280 condenara al pago de prestaciones sociales y primas de servicios durante la vigencia de la relación laboral; la indemnización por despido sin justa causa del artículo 64 de CST; las moratorias del inciso 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y del artículo 65 del CST; lo ultra y extra petita y costas. Subsidiariamente, la ineficacia de la terminación del contrato de trabajo junto al consecuente pago de los salarios causados por el tiempo que permaneció cesante a partir del

28 de marzo de 2015. Fundamentó sus peticiones, en que fue vinculado desde el 23 de octubre de 2010 en el cargo de operador de grúa, en el complejo carbonífero del Cerrejón, en el municipio de Albania, con un salario de $1.750.000; que el promedio para los años 2010 y 2011 fue de $2.654.550; para 2012 de $3.149.750; para 2013, $2.970.596; 2014, $3.552.876 y para 2015, $4.117.233. Describiendo en la misma forma, los valores por concepto de auxilio de cesantías y primas de servicios. Afirmó que, las labores contratadas eran hasta el 31 de diciembre de 2016, sin embargo, fue despedido de forma unilateral y sin justa causa el día 27 de marzo de 2015, en razón a que el contrato por obra o labor suscrito estaba ligado al nexo comercial entre el demandado y Carbones del Cerrejón LLC (Contrato OS125410) con vigencia 31 de diciembre de 2016; y, que, el empleador a la finalización del vínculo no acreditó encontrarse al día en el pago de los

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Radicación n.° 96280 aportes a la seguridad social y parafiscalidad de los últimos tres meses (f.° 1 a 8 del cuaderno digital del Juzgado). Maxo SAS se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó los extremos temporales, negó adeudar las sumas parciales solicitadas en relación al auxilio de

cesantías y primas de servicios, así como que la terminación del contrato de trabajo se haya surtido sin justa causa. En su defensa propuso las excepciones de mérito de, pago, cobro de lo debido; inexistencia de las obligaciones; buena fe; pacta sunt servanda; prescripción; compensación y la genérica (f.° 68 a 82, ibídem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Maicao, por sentencia del 23 de enero de 2020 (f.° 256 a 258 del cuaderno digital del Juzgado), decidió: PRIMERO: Declarar que entre el demandante FABIÁN ALBERTO MARTÍNEZ y la empresa MAMUT DE COLOMBIA S.A.S. hoy MAXO S.A.S, existió un contrato de trabajo a término de la obra o labor, que inició el 23 de octubre de 2010 y terminó el 27 de marzo de 2015, de acuerdo a lo manifestado en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: Condenar a la empresa MAXO S.A.S., a pagar al señor FABIÁN ALBERTO MARTÍNEZ las siguientes sumas de dinero por los siguientes conceptos: d. (sic) Por concepto de reliquidación de cesantías de los años 2014 y 2015, la suma de $553.981. e. (sic) Por Concepto de Indemnización por despido injusto consagrada en el artículo 64 del C.S. del T. $7.442.116.

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Radicación n.° 96280 f. (sic) sanción por consignación irregular de las cesantías del año 2014, la suma de $23.906.880.

g. (sic) Por concepto de Indemnización Moratoria, una suma igual a un día de salario por cada día de retardo en el pago de la obligación, a razón de $66.408,oo diarios a partir del 28 de marzo de 2015 hasta por el término de veinticuatro (24) meses, esto es, hasta el 28 de marzo de 2017, los que ascienden a la suma de $47.813.760 y a partir del inicio del mes 25 (29 de marzo de 2017) deberá pagar al ex trabajador intereses moratorias a la tasa máxima de crédito de libre asignación certificado por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 65 del C.S.T. Modificado por la Ley 789 de 2002 Art. 29.

TERCERO: DECLARAR no probadas las excepciones de pago, cobro de lo no debido, inexistencia de las obligaciones, buena fe y pacta sunt servanda y parcialmente probada la de prescripción, propuestas por la parte demandada, de acuerdo a lo expuesto anteriormente.

CUARTO: Absolver a la demandada de las demás pretensiones contenidas en la demanda.

QUINTO: COSTAS […].

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de las partes, la Sala Civil-FamiliaLaboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, mediante fallo del 11 de marzo de 2021 (f.° 32 a 44 del cuaderno digital de segunda instancia), resolvió: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia apelada y proferida en audiencia pública el 23 de enero de 2020, por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Maicao en el asunto de la

referencia por lo considerado en la parte motiva del presente proveído la cual quedara así: a) CONFIRMAR el numeral PRIMERO en cuanto a la declaratoria de la existencia del contrato de trabajo y sus extremos. b) MODIFICAR el numeral SEGUNDO así:

1. CONFIRMAR la reliquidación de cesantías de los periodos 2014 y 2015 por la suma de $553.981.

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2. MODIFICAR por concepto de la indemnización por despido injusto consagrada en el artículo 64 del CST la cual será el valor de $182.337.449 (Ciento Ochenta y Dos Millones Trescientos

Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve pesos).

3. MODIFICAR la sanción por consignación irregular de las cesantías del año 2014 la cual será por valor de $5.764.126

(Cinco Millones Setecientos Sesenta y Cuatro Mil Ciento Veintiséis pesos)

4. MODIFICAR la indemnización moratoria consagrada en el artículo 65 del CST el cual deberá aplicar la siguiente formula al momento de liquidarla.

Valor insoluto: $553.981

Fecha terminación vinculo: 27 de marzo de 2015

Valor a liquidar ($553.981 x %IMCLA) x (dm) 30 %IMCLA= interés moratorio para créditos de libre asignación a la tasa vigente al momento de liquidar dm= días en mora del 28 de marzo de 2015 al momento de liquidar.

5. CONFIRMAR las demás.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como fundamento de su decisión, que los

problemas jurídicos a resolver se centraron en: i) establecer si fue hallado correctamente el salario base de liquidación de las prestaciones sociales del actor; ii) revisar el cálculo de la indemnización del inciso 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990; iii) lo propio respecto a la moratoria del artículo 65 del CST; y, iv) el cálculo de la concerniente al artículo 64 de la misma codificación. Tomó como soporte jurisprudencial las decisiones de esta Sala CSJ SL2600-2018, CSJ SL11448-2017 y CSJ SL, 4 nov. 2015, rad. 40019, así como algunas providencias de su propia colegiatura.

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Radicación n.° 96280 Analizó que, en relación al ingreso base de liquidación de las prestaciones sociales, si bien la alzada de la demandada señaló que la primera instancia se equivocó al tomar como valores los salarios 2010-2015 expedido erróneamente por la empresa en la documental aportada por el demandante en el folio 17 del expediente, al igual que los contenidos en folio 16, sin cotejarlos con los comprobantes de nómina de los años 2014 y 2015 (f.° 111 a 121), no se encontraba que la accionada hubiere presentado tacha a los mismo en momento alguno, de modo que, ante la inexistencia de ataque alguno dirigido a demostrar que las certificaciones laborales fueron erróneas, estaba en la obligación de valorarlas. Encontró que, desde ese punto, ante la duda generada en relación a que los valores de los comprobantes de nómina

fueran inferiores a los certificados por la empresa, resultaba acertado que la duda se resolviera en favor del trabajador tomando los más favorables para determinar el ingreso base, aludiendo que: […] no puede el apelante hacer ver como un error la valoración del juez respecto de este punto bajo el entendido que las certificaciones son erróneas, ya que es deber valorar la prueba en su conjunto, y mientras el documento no sea atacado mediante tacha, o desvirtuado su contenido, tiene el deber de valorarlos; y no es que los desprendibles de pago no sean sujeto de valoración, sin embargo, la contradicción entre todos los documentos presentados, genera duda, pues si se toman los desprendibles seguramente el ingreso es menor al del certificado. contradicción que no fue atendida por el demandado a quien le correspondía aclarar porque había un error en esas certificaciones, duda que debe resolverse en favor del trabajador, por ello tomar una certificación laboral para

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Radicación n.° 96280 determinar el ingreso del trabajador y no la documental que contiene los desprendibles de pago no es un capricho del juez, de un lado es totalmente valido, pues la prueba fue aducida y procesada en legal forma, por tanto plenamente conducente y pertinente para que el juez apoye su decisión, no puede ni la parte, ni el superior funcional inmiscuirse en el criterio del juez en casos como estos donde la decisión está fundada en una prueba legal y válidamente aportada y de otra de resultar alguna duda bajo el precepto in dubio pro operario, se debe escoger la benéfica al trabajador.

Es tardía la asunción de error en un documento que fue presentado para ser controvertido, si no se logró demostrar ese error durante el proceso la prueba cumple a plenitud con su función tal cual es llevar a la convicción, a la formación de un criterio al juzgador; no es de recibo que la parte dentro de un recurso le diga al juzgador cual prueba pesa más que otra, pues esa facultad le está restringida al fallador.(y en este caso como ya se argumentó el juez está respaldado en criterios de valoración racionales y legales). Resultaría valido el reproche valorativo, si se hubiere demostrado que el juez atendió un documento que fue descartado al demostrar que su contenido era erróneo y pese a ello el juez se apoyó en ella para tomar la decisión, lo que no ocurre en este caso, pues pese que al contestar los hechos que se refieren a estos documentos se enuncia "Incluyendo por error pero de buena fe el monto total de ingresos salariales y no salariales" pese a lo anterior no se demostró en el proceso cuales y porque unos u otros eran factores salariales o no lo eran. Por tanto, dichas certificaciones se perpetuaron incólumes dentro del proceso e indefectiblemente debían ser valorados. Pese a lo anterior escuchado el audio de la audiencia con detenimiento el juez anuncia tanto en la parte motiva como resolutiva que tuvo en cuenta los finiquitos de pago para obtener el promedio salarial; visto por el Tribunal los finiquitos de pago obrantes del folio 111 al 121; realizados los promedios respectivos se coincide en los valores a los cuales llego el despacho de origen respecto a los IBL

para el año 2014 y 2015 $ 3.552.876, y $4.117.233 respectivamente (Resaltado y subrayas del texto original). Dedujo que, con esa base, los ingresos base de liquidación de 2014 y 2015 eran acertados. Valoró respecto a la liquidación de la indemnización por no consignación de cesantías del inciso 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 que, apreciadas como se dijo las

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Radicación n.° 96280 certificaciones laborales emitidas por la empresa y las documentales de consignación efectiva del auxilio, se hallaban unos valores diferenciales que para la data de terminación del contrato de trabajo estaban insolutos, compartiendo las deducciones del juez inicial cuando indicó que la demanda fue presentada el 7 de febrero de 2018, interrumpiendo el término prescriptivo de los derechos causados al 7 de febrero de 2015 y el derecho a reclamar las cesantías del periodo 2014 que se hicieron exigibles el 14 de febrero de 2015, no estando afectadas por el término extintivo. Por tanto, si el 14 de febrero de 2015 fue el límite legal para la consignación del auxilio de cesantías del trabajador, la mora de 2014 corrió entre el 15 de febrero de 2015 al 27 de marzo de 2015 en que finalizó el contrato de trabajo, a razón de un día de salario por cada día de retardo, valuando la suma de $5.764.126 con un salario diario de $137.241 y 42 días. Precisó que no existe justificación para calcular la

misma más allá de la finalización de la relación laboral puesto que a partir del día siguiente a aquella, opera la moratoria del artículo 65 del CST, al no ser simultáneas. Adujo que, en línea a determinar la actuación del empleador, no se ajustaba a la buena fe que se adeudaran sumas de dinero al terminar el contrato de trabajo, siendo que, como garante de las obligaciones en favor del trabajador, liquide periódicamente salarios y prestaciones, expida

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Radicación n.° 96280 certificados laborales, y aun de esta forma pague de forma incompleta […]. Resaltó que el demandante inició la acción con posterioridad a los 24 meses del finiquito, por lo que, le acudía derecho únicamente a la causación de intereses moratorios sobre los saldos insolutos, detallando: i) que el vínculo cesó el 27 de marzo de 2015; ii) la demanda se interpuso el 7 de febrero de 2018; y, iii) que entre un lapso y otro transcurrieron 2 años, 1 mes y 20 días. Por lo que, debían reconocerse sobre el valor debido de $553.981 desde el 27 de marzo de 2015. Sostuvo en lo relativo a la indemnización por despido sin justa causa del artículo 64 del CST que, discrepaba del extremo final concluido por el a quo, porque dejó de lado que la duración del contrato por obra o labor suscrito entre el demandante y su empleador enunció que la terminación del mismo se sujetaba en la cláusula quinta a la ejecución de la operación de equipos máquinas para izajes y manejos de

equipos y/o cargas según [contrato civil] OSI25410 en el Cerrejón (f.° 15). Concluyó que, al no existir documental que demuestre la extensión del Contrato OSI25410 entre Maxo SAS y Carbones del Cerrejón Limited, debía observarse que inició en el año 2010, y sin embargo el trabajador fue despedido en el año 2015, lo cual permite inferir que el contrato fuente tenía término indefinido o se prorrogó de alguna manera. De allí que, analizando el interrogatorio de parte de la representante

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Radicación n.° 96280 legal de la accionada, encontró que aquella afirmó en minuto 13:50 a 15:30 de la audiencia de juzgamiento, que el mismo estuvo vigente hasta el 31 de julio de 2020 con la aclaración que ello se debió a múltiples prórrogas, por lo que, la empresa no logró demostrar que «surgiera un contrato nuevo con el Cerrejón que permitiera separar el de trabajo del demandante; la palabra prórroga implica que se conserva la esencia del contrato», modificando en ese sentido la primera instancia y, recalculando la indemnización en $182.337.449 a partir de $2.846.058 como salario mensual y $94.868 diario según el folio 39 entre el 28 de marzo de 2015 como día siguiente a la desvinculación y el 31 de julio de 2020.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Maxo SAS, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver (Cuaderno digital de la Corte).

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende que esta Corporación: […] case parcialmente la Sentencia Impugnada de la Sala de Decisión Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, esto es respecto de todas las condenas proferidas en contra de MAXO en el Literal b, Numerales 1°, 2°, 3°, 4° y 5°, del Resuelve, para que, como Tribunal de Instancia, revoque todas las condenas proferidas en contra de MAXO en la Sentencia de Primera Instancia y, como consecuencia:

1. Absuelva a la Recurrente de las condenas emitidas por el A

Quo por concepto de:

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Radicación n.° 96280 - Reliquidación de las cesantías de los años 2014 y 2015, por la suma de $553.981. - Indemnización por despido injusto, por la suma de $7.442.116. - Sanción por consignación irregular de las cesantías del año 2014, por la suma de $23.906.880. - Indemnización moratoria y agencias en derecho, por la suma de $47.813.760. - Agencias en derecho, por la suma de $2.391.502.

2. Condene al Opositor al pago de las costas procesales.

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que no fueron replicados, pasándose a estudiar conjuntamente el primero y el segundo, para luego, de ser el caso, analizar el tercero junto a los errores de hecho e y f del primero, por estar relacionados con la determinación del extremo final de la condena por indemnización por

despido injusto (Cuaderno digital de la Corte).

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia del Tribunal: […] por violación indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, de los artículos 22, 23, 45, 57 (Numeral 4), 61 (Numeral d), 64 (Inciso 3), 65, 127, 128, 186, 189, 192, 249, 253, 306 y 307 del Código Sustantivo del Trabajo y los artículos 98 y 99

(Numerales 1 y 3,) de la Ley 50 de 1990.

Presenta como errores de hecho: a. Dar por demostrado, sin estarlo, que el salario pactado entre MAXO y el Opositor para el año 2014 equivalía a la suma de

$3.552.876. b. No dar por demostrado, estándolo, que MAXO pagó al Opositor las cesantías del año 2014 de manera completa.

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Radicación n.° 96280 c. Dar por demostrado, sin estarlo, que el salario pactado entre MAXO y el Opositor para el año 2015 equivalía a la suma de $4.117.233. d. No dar por demostrado, estándolo, que MAXO pagó al Opositor las cesantías del año 2015 de manera completa. e. No dar por demostrado, estándolo, que, para la época de terminación del Contrato de Trabajo del Opositor, el Contrato entre MAXO y CARBONES DEL CERREJÓN terminó el 28 de marzo de 2015. f. No dar por demostrado, estándolo, que el Contrato de Trabajo entre MAXO y el Opositor terminó por la terminación de la obra

o labor contratada. Sostiene que los mismos tienen fundamento en las siguientes acciones y omisiones del ad quem, así: a. Indebida valoración del Certificado de la jefe de Contabilidad de MAXO (Folio 89) y los desprendibles de nómina del año 2014 (Folios 111 a 119). b. Indebida valoración del Certificado de la jefe de Contabilidad de MAXO (Folio 89), los desprendibles de nómina del año 2015 (Folios 119 a 121) y falta de valoración de la liquidación definitiva de prestaciones sociales (Folio 131). c. Indebida valoración de las Certificaciones de fecha 5 de junio de 2015 (Folios 16 y 17), expedidas por el director de Gestión Humana de MAXO. d. Falta de Valoración del Contrato entre MAXO y Cerrejón y su Otrosí No. 6 (Folios 172 a 239). e. Indebida valoración de la confesión efectuada por la Representante Legal del MAXO (Audio Audiencia de Tramite y Juzgamiento, Minuto 14:40 a 14:55). f. Indebida valoración del Contrato de Trabajo entre MAXO y el Opositor y de la Carta de Terminación del mismo (Folios 10 a 13 y 15). Para la demostración del cargo, argumenta que, con la contestación de la demanda, Maxo SAS aportó los desprendibles de nómina del demandante, en los que

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Radicación n.° 96280 constan todos los pagos efectuados a éste durante el año 2014 (f.° 111 a 119), detallando en la tabla que presenta que,

durante dicha calenda recibió pagos por salarios, auxilio extrasalarial de localización, descansos, dominicales y festivos, recargos nocturnos, intereses a la cesantías, vacaciones y prima de servicios. De allí podía deducirse que el salario del demandante correspondía a $1.992.240 entre los meses de enero a julio de 2014 y que le fue aumentado a la suma de $2.846.058 a partir de agosto de 2014, de lo cual también obra prueba en el Otrosí al Contrato de Trabajo de fecha 1º de agosto de 2014 (f.° 14). Aludiendo que, de los demás conceptos relacionados el detallado que adjunta y que obran en los desprendibles de pago, además de los salarios, solo podían ser considerados como base de liquidación de cesantías los correspondientes descansos, dominicales y festivos y los recargos nocturnos. Asevera que la conclusión del Tribunal en el sentido que «los finiquitos de pago obrantes del folio 111 al 121; realizados los promedios respectivos se coincide en los valores a los cuales llegó el despacho de origen respecto a los IBL para el año 2014 y 2015 $3.552.876 y $4.117.233 respectivamente», es errónea porque la única manera de obtener un ingreso base de liquidación de cesantías para el año 2014 por el valor de $3.552.876 era dividiendo el valor total de todos los emolumentos pagados al durante 2014, es decir, que el ad quem, al revisar y efectuar su análisis de los desprendibles de pago y sacar los promedios incluyó dentro de la base

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Radicación n.° 96280 liquidación de cesantías los pagos efectuados por concepto de: - Auxilio de localización, el cual fue pactado como extrasalarial por las Partes según el Otrosí No. 1 al Contrato de Trabajo de fecha 23 de octubre de 2010 (Folio 88), por un valor mensual de $592.000. - Intereses a la Cesantías pagadas en el mes de enero de 2014, por un valor de $262.677. - Vacaciones, por un valor de $2.771.955. - Primas de Servicios pagadas en junio y diciembre de 2014, por unos valores de $1.250.622 y $1.538.689, respectivamente. Aclara que, en esos términos, lo que hizo la segunda instancia fue errar en la apreciación de los comprobantes de nómina de 2014 al sumar la totalidad de los devengos y dividir entre los meses del año, esto es, $42.634.510 / 12 = $3.552.876.

Ello para decir que: Conforme con lo anterior, el Ad Quem violó la ley sustancial de manera indirecta al efectuar una protuberante indebida valoración de los desprendibles de nómina del año 2014.

Específicamente hablando violó los artículos 22, 23, 57 (Numeral 4), 65, 127, 128, 186, 189, 192, 249, 253, 306 y 307 del Código Sustantivo del Trabajo y los artículos 98 y 99 (Numerales 1 y 3,) de la Ley 50 de 1990. Dicha indebida valoración violatoria de la

le sustancial puede sintetizarse en los siguientes aspectos: - No dio crédito al salario pactado contractualmente por las Partes para el año 2014, el cual se encuentra demostrado en el expediente que correspondía a $1.992.240 entre los meses de enero a julio de 2014 y que le fue aumentado a la suma de $2.846.058 a partir de agosto de 2014. - Estableció un salario base de liquidación de cesantías contraria a lo establecido en la ley y que no corresponde con la realidad de relación de trabajo entre MAXO y el Opositor y con base a ello condenó al pago de una diferencia y a las indemnizaciones

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Radicación n.° 96280 moratorias establecidas en los artículos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990, ignorando la buena fe MAXO y asignándoles obligaciones de pago no pactadas con el Opositor. - No tuvo en cuenta que el auxilió de localización pactado entre las Partes no constituía salario ni que los intereses a las cesantías, ni las vacaciones ni la prima de servicios pueden incluirse dentro de la base de liquidación de las cesantías. Estos errores de valoración del Ad Quem se hacen protuberantes y conllevan a conclusiones fácticas totalmente contrarias a la realidad y a lo probado dentro del expediente. Si el Ad Quem hubiera realizado una valoración correcta de los desprendibles de nómina del año 2014 tendría que haber arribado a las siguientes conclusiones evidentes: - Que el salario base de liquidación de las cesantías para el año 2014 no ascendía a la suma de $3.552.876. - Que MAXO liquidó y pagó de manera correcta al Opositor las

cesantías del año 2014. Expresa lo propio respecto al año 2015: Al igual que como lo mencioné en el punto anterior, a Folios 119 y 121 del expediente obran los desprendibles de nómina del Opositor. También, a folio 131 obra la liquidación definitiva de prestaciones sociales efectuada y pagada al Opositor a la terminación del Contrato de Trabajo. […] Del contenido de dichos documentos pueden extraerse todos los pagos que MAXO efectuó al Opositor durante el año 2015, así: […] Teniendo en cuenta lo anterior, durante el año 2015, el Opositor recibió pagos por salarios, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de servicios y cesantías y su salario ascendía a la a la suma de $2.846.058, según lo acordado en el Otrosí al Contrato de Trabajo de fecha 1 de agosto de 2014 (Folio 14). Tal y como sucedió con la valoración de los desprendibles de nómina del año 2014, el Ad Quem valoró indebidamente los desprendibles de nómina del año 2015 (Folios 119 a 121) y no valoró la liquidación definitiva de prestaciones sociales (Folio 131). Teniendo en cuenta que el error aquí cometido por el Ad Quem es exactamente igual al expuesto en el literal a anterior y para no extenderme, me remitiré a lo allí especificado sobre la

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Radicación n.° 96280 materia, solo reiterando que el Ad Quem nuevamente incluyó dentro de la base para liquidación de cesantías conceptos que no debían incluirse tales como:

• Intereses a la Cesantías pagadas en el mes de enero de 2015, por un valor de $19.826. - Vacaciones, por un valor de $2.266.720. - Primas de Servicios año 2015, por un valor de $683.647. - Cesantías año 2015, por un valor de $683.647.

Es decir, que al igual que en el punto anterior, el Ad Quem tomó el valor total de los devengos del Opositor durante el año 2015 y lo dividió entre los meses de enero, marzo y abril del año 2015, dando como resultado el incorrecto ingreso base de liquidación de cesantías equivalente a $4.117.233, así: $12.351.699 / 3 = $4.117.233 Con lo anterior, el Ad Quem, se reitera, violó la ley sustancial de manera indirecta, en lo que se refiere a los artículos 22, 23, 57 (Numeral 4), 65, 127, 128, 186, 189, 192, 249, 253, 306 y 307 del Código Sustantivo del Trabajo y los artículos 98 y 99 (Numerales 1 y 3,) de la Ley 50 de 1990. Como consecuencia de su error, el Ad Quem: - No dio crédito al salario pactado contractualmente por las Partes para el año 2015, no obstante estar demostrado en el expediente que correspondía a la suma de $2.846.058. - Estableció un salario base de liquidación de cesantías contrario a lo establecido en la ley y que no corresponde con la realidad de relación de trabajo entre MAXO y el Opositor y con base a ello condenó al pago de una diferencia y a las indemnizaciones

moratorias establecidas en los artículos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990, ignorando la buena fe MAXO y asignándoles obligaciones de pago no pactadas con el Opositor. - No tuvo en cuenta que los intereses a las cesantías, ni las vacaciones, ni la prima de servicios ni las cesantías pueden incluirse dentro de la base de liquidación de las cesantías. Opone en lo concerniente a la valoración de las certificaciones laborales de folios 15 y 16 que, desde el mismo momento en que se hizo parte dentro del proceso, Maxo SAS manifestó en la contestación a los hechos 5°, 6°, 8°, 10°, 12

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Radicación n.° 96280 y 14 de la demanda que el contenido de la Certificación 2 no era cierto y que los montos allí relacionados habían sido producto de un error, de buena fe, de su director de recursos humanos. Dicho error consistió en que los supuestos promedios salariares fueron calculados incluyendo factores no salariales y las prestaciones sociales, lo cual no es correcto. Anota que, como contraposición a dicho Certificado 2, se allegó al proceso otro de la jefe de contabilidad de la empresa (f.° 89) acompañado de los desprendibles de nómina de todos los pagos efectuados al actor durante su relación de trabajo, con lo cual quedó desvirtuada en su totalidad la información contenida. Critica que, no obstante, lo anterior, el Tribunal le dio plena credibilidad a la primera con fines de demostrar la existencia de un pago deficitario de las prestaciones e imposición de las moratorias, apelando a la aplicación del

principio in dubio pro operario, determinando un salario base de liquidación de cesantías contraria a lo establecido en la ley y que no corresponde con la realidad de relación de trabajo. Razonó frente al extremo final de la duración de la obra o labor contratada respecto al contrato civil celebrado entre Maxo SAS y Carbones del Cerrejón Limited, que el Tribunal no valoró el documento contentivo del mismo al igual que su Otrosí n.° 6 en folios 172 a 239 del expediente, por orden del

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Radicación n.° 96280 a quo dentro de la audiencia de trámite y juzgamiento del 23 de enero de 2020. Alude que de haberlo hecho, hubiera dado por acreditado que: - En la Cláusula Segunda del Contrato entre MAXO y CARBONES DEL CERREJÓN (Folio 190) y en la Cláusula Segunda del Anexo A de dicho contrato (Folio 176) quedó expresamente pactado que el Contrato tendría una duración de 24 meses, contados a partir del acta de iniciación.

• En la Cláusula Primera, Numeral 2.2, del Otrosí No. 6 al Contrato entre MAXO y CARBONES DEL CERREJÓN (Folios 173 a 175), las Partes pactaron que el mismo sería prorrogado por un periodo de 2 años, contados entre el 29 de marzo de 2013 y el 28 de marzo de 2015.

Si el Ad Quem hubiese revisado y valorado correctamente dichos documentos y los dos hechos anteriormente reseñados, no habría concluido que el Contrato entre MAXO y CARBONES DEL

CERREJÓN “tenía termino indefinido o se prorrogó de alguna manera”. Por el contrario, habría determinado y sabido que este Contrato tenía una vigencia inicial de 24 meses y, que en la fecha de la terminación del Contrato de Trabajo con el Opositor, dicho Contrato terminaba el 28 de marzo de 2015 (Negrilla y resaltado del texto original). Acota que, según la posición asumida por la segunda instancia