CSJ - SL1927-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL1927-2023 Radicación n.° 96789 Acta 24 Bogotá, D. C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por DONALDO ENRIQUE HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el veintidós (22) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), en el proceso ordinario que le instauró a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE

GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES

PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL -UGPP-.

Reconócese personería a la abogada Gloria Ximena Arellano Calderón con T.P. n.º 123.175 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada judicial de la UGPP, en la forma y para los efectos del poder general conferido, obrante en el cuaderno digital de la Corte.

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I. ANTECEDENTES Donaldo Enrique Hernández Rodríguez llamo a juicio a

la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, con el fin de que previa declaración que le asiste el derecho a la reliquidación de la pensión especial de jubilación, acorde con las Resoluciones números 141781 de 7 de febrero de 1992 y 145 del 31 de enero de 1995, en cuantía equivalente a $4.799.137.67 a partir de octubre de 2008.

En consecuencia, sea condenada a las diferencias adeudadas dejadas de cancelar, desde esa data junto con el IPC e indexación. Fundó sus peticiones, básicamente, en qué; i) nació el 11 de enero de 1951; ii) prestó el servicio militar desde el 11 de mayo de 1970 al 30 de abril de 1972; iii) laboró al servicio de la extinta empresa Puertos de Colombia Terminal Marítimo de Santa Marta, entre el 5 de diciembre de 1973 y el 31 de octubre de 1991; iv) ejerció los cargos de estibador y winchero; v) gozó de la bonificación contenida en el artículo 113, parágrafo 5º de la CCT 1991-1993; vi) dicha prerrogativa consistía en que por el tiempo servido en la labor de winchero se multiplicaba con el factor 1.25, la que era computable para el tiempo de la pensión especial de que trata los artículos 108 y 109 del acuerdo colectivo.

También dijo que: vii) acorde con lo allí estipulado por el tiempo servido en el referido cargo, de 5 años, 5 meses y 1

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Radicación n.° 96789 día, arrojaba un interregno de 6 años, 9 meses y 7 días; viii) le fueron descontados 8 días por participación en una huelga que luego fue declarada ilegal; ix) ante la liquidación de la Empresa Puertos de Colombia se creó un plan de retiro anticipado; x) el 31 de octubre de 1991 se retiró de la empresa, acogiéndose a lo preceptuado en el parágrafo 5º,

del artículo 113, de la CCT -1991-1993, en concordancia con el artículo 89 de ese compendio, pues contaba con el tiempo de servicio más no con la edad. Arguyó, asimismo que: x) durante el último año de servicios, devengó un salario de $7.927.459.94 y un promedio de $660.621.66; xi) por Resolución n.º 141781 del 7 de febrero de 1992, se le reconoció la pensión especial proporcional, contenida en el citado artículo 113, por haber laborado al servicio del Estado, por espacio de 21 años, 2 meses y 15 días, que corresponde al tiempo que prestó en el servicio militar y a Puertos de Colombia; xii) para cuando se pensionó contaba con 40 años; xiii) la tasa de reemplazó correspondió al 71.21 % del promedio mensual devengado en el último año de servicios, arrojando un monto pensional inicial de $470.428.68 a partir 1.º de noviembre de 1991. Refirió, igualmente, que: xiv) aplicando los incrementos de ley, desde 1991 al 2019, le corresponde una mesada de $6.029.119.97; xv) para 1995 el monto de la pensión era de $1.100.473.89, la cual no había sido reajustada sino por los incrementos anuales decretados por el gobierno según el IPC; xvi) mediante Resolución n.º 145 del 31 de enero de 1995 se le reconoció una diferencia de $204.731.41 desde el 1º de

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diciembre de 1994, quantum al que se le dijo haber aplicado el IPC del 22.59 % para la anualidad de 1995, que arroja un valor de $250.980.24; xvii) Foncolpuertos a través del Acto Administrativo n.º 517 del 13 de marzo de 1995, le reajustó el monto pensional en la suma de $1.640.954.39 desde el 1.º de marzo de ese año, en razón a unas diferencias prestacionales debidas; xviii) la oficina de nómina de Foncolpuertos en el mes de abril de ese año desmontó el incremento ordenado quedando la mesada en $1.351.454. Indicó, además que xix) luego el grupo interno de trabajo para la gestión del pasivo social de Puertos de Colombia, emitió el Acto de Ejecución n.º 001408 del 26 de septiembre de 2008, por medio del cual revoca la Decisión n.º 157 del 13 de marzo de 1995, en atención a la determinación del 6 de julio de 2007 adoptada por la Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional de Delitos contra la Administración Pública, estructura de apoyo para el tema de Foncolpuertos y la sentencia del 30 de mayo de 2008 proferida por el Juzgado Segundo de Descongestión, incurriendo el GIT en el error de disminuir nuevamente el valor de la pensión establecido en la citada Resolución n. º 517 y ordenó ajustar la cuantía que para el 2008 ascendía a $4.799.137.66 en $2.879.841.98 desde octubre de ese año. Señaló, que xx) el GIT estableció ese valor sin haber

verificado el comportamiento real y efectivo del incremento por concepto de reajustes desde el año de 1995; xxi) si esa cuantía fuera correcta, pues al retrotraer dicho monto para la data en que se le otorgó el derecho pensional resulta

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Radicación n.° 96789 inferior al inicialmente establecido de $470.428.68; xxii) el GIT en cumplimiento a una sentencia de tutela proferida por el Tribunal de Santa Marta expidió la Resolución n.º 001440 de 7 de octubre 2010, a través de la cual dejó sin efecto la Homologa n.º 001408 de 2008 y ordenó reajustar la pensión; xxiii) al haber sido impugnada la orden constitucional por el GIT, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la revocó y en virtud a ello el GIT emitió la Resolución n.º 001676 de 2010, revocando la 001440, quedando para diciembre de ese año como mesada pensional la suma de $3.162.740.38. Anotó, que xxiv) no obran copias de las Resoluciones números 001440 y 00167 ambas de 2010 ni en el archivo laboral ni en el pensional; xxv) la UGPP profirió el Acto de Ejecución n.º RDP 022890 de 5 de junio de 2015 en acatamiento a la orden judicial proferida por la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Fiscalía Veintidós suspendiendo los efectos jurídicos y económicos del artículo primero de la Resolución n.º 475

del 13 de abril de 1998 y ordenó a la subdirección de nómina de pensionados de la UGPP ajustar la mesada que percibía al monto que devengó a través de la Homóloga n.º 141781 del 7 de 1992 con los ajustes de ley, sin embargo estos no los efectuó por cuanto resultaba una mesada muy superior a la contemplada en la referida Resolución n.º 001408. Adujo, que xxvi) el 4 de marzo de 2016 elevó reclamación solicitando la revocatoria directa del citado Acto de Ejecución n.º 022890 y el ajuste de ley a la mesada pensional; xxvii) la subdirección de determinación de

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Radicación n.° 96789 derechos pensionales de la UGPP expidió la Decisión n.º 033372 de 2016 revocando tal acto y dispone no tener en cuenta el ordenado en abril de 1995 y ajustar el valor de la mesada contenida en la Resolución 1676 de 2010, que contra esa decisión interpuso los recursos de ley, siendo desatados desfavorablemente a través de las determinaciones números RDP 042245 de 2016 y RDP 015466 de 2017. Advirtió, que xxviii) en los citados actos administrativos la UGPP presentó el comportamiento de la mesada pensional, y decretó pruebas en aras de establecer el valor real del monto de la pensión; xxix) el 23 de marzo de 2018, agotó nuevamente la reclamación administrativa en la que reiteró la reliquidación de la pensión y el reajuste, así como también

la reactivación de los efectos jurídicos y económicos de la Resolución n.º 145 de 1995; xxx) por Auto n.º 004479 de 2018, resolvió no emitir pronunciamiento al no encontrar mérito para ello, no accedió a reliquidar la mesada pensional e indicó que acorde con el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011 las resoluciones emanadas del GIT y de la UGPP se encuentra en firme. Ultimó, que xxxi) el GIT al haber calculado erradamente el valor de la mesada para el año de 2008 no solo disminuyó el monto establecido en la Resolución n.º 517 de 1995 sino que afectó la del mes de marzo de 1995, generando una cifra inexacta al valor real y efectivo por lo que el calculado de diferencias pensionales asciende a la suma de $363.665.253,11 y que con el pronunciamiento contenido en la Resolución n.º 015466 de 2017 interrumpió la

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Radicación n.° 96789 prescripción (f.º 2 a 22, del cuaderno del juzgado, del expediente digital). La demandada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió la fecha de natalicio del demandante; la prestación de los servicios tanto para el servicio militar como para la Empresa Puertos de Colombia, en los periodos mencionados; los cargos que desempeñó; la data del retiro, lo que devengó en el último año de servicios así como el promedio mensual; el reconocimiento de la pensión de jubilación especial proporcional con fundamento en el

artículo 113 de la CCT 1991-1993; la tasa de reemplazo que se le aplicó; el valor de la mesada pensional fijada para noviembre de 1991; las diferencias reconocidas a través de la Resolución n.º 145 de 1995; la expedición colectiva de la Homologa n.º 517 de 1995, en la que se otorgó unas diferencias de carácter prestacional y se ordenó ajustar la pensión al actor. Igualmente, asintió, el desmonte de dicho reajuste por medio del Acto de Ejecución n.º 001408 de 2008 y que se revocó también aquella resolución; el ajuste de la pensión en la forma como se estableció para el año de 2008; el acatamiento de la orden de tutela y su revocatoria por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; la suspensión de la efectos jurídicos y económicos de la Resolución n.º 475 de 1998 ajustando el monto de la pensión reconocido para el año de 1992; las reclamaciones elevadas por el accionante y sus respuestas, la interposición de los recursos y su

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Radicación n.° 96789 resolución y la practicas pruebas para establecer el monto real de la prestación económica. Sobre las restantes afirmaciones adujo que no le constaba. En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, prescripción de las mesadas; no pago de indexación; no pago de intereses moratorios, y la genérica (f.º 478 a 487, ib.).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 1º de julio de 2021, (cuaderno del juzgado, del expediente digital), dispuso:

PRIMERO: CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPPa reliquidar la pensión de jubilación del señor DONALDO ENRIQUE HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, en la suma de $5.412.241, a partir del 6 de junio de 2016, junto con los reajustes legales y mesadas trece y catorce adicional. Las diferencias que resulten de la reliquidación deberán ser indexadas, teniendo en cuenta como IPC inicial el mes en que se causen cada diferencia y como IPC final el del mes anterior al que se efectué su pago.

SEGUNDO: AUTORIZAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP, a descontar de la reliquidación ordenada la suma de $95.570.214. Suma recibida por el demandante sin existir causa legal para ello y AUTORIZAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL -UGPPa descontar los aportes a la seguridad social en salud.

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TERCERO. ABSOLVER a la UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES

PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPPde las

demás pretensiones de la demanda, declarando parcialmente probada la excepción de prescripción sobre la reliquidación de las mesadas, con anterioridad al 6 de junio de 2016.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de las partes, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por decisión del 22 de noviembre de 2021, (f.º 20 a 26, del cuaderno del Tribunal), resolvió: PRIMERO: REVOCAR los numerales PRIMERO y TERCERO de la sentencia proferida el 1 de julio de 2021, por el Juzgado Quinto (5°) Laboral del Circuito de Bogotá, para en su lugar ABSOLVER

a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL de todas las pretensiones incoadas en su contra por el señor DONALDO ENRIQUE HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, conforme lo expuesto.

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral SEGUNDO de la sentencia de primera instancia, por las razones expuestas, en el sentido de ORDENAR al señor DONALDO ENRIQUE HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ identificado con la cédula de ciudadanía […] reintegrar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAN Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL la suma de $95.570.214, para lo cual la entidad está autorizada a iniciar las acciones legales pertinentes con miras a obtener el reintegro de las diferencias reconocidas y pagadas al señor Donaldo Enrique Hernández, sin

tener causa legal para ello.

TERCERO: SIN COSTAS en ambas instancias.

El Tribunal, determinó como problema jurídico a definir i) si hay lugar a reliquidar la pensión y en caso afirmativo a partir de qué fecha; ii) analizar si procede o no el reintegro de la suma de dinero ordenada por el juez a quo por encontrarse

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Radicación n.° 96789 prescrita y iii) establecer si hay lugar a los descuentos en salud. Destacó los siguientes medios de pruebas aportados: La cédula de ciudadanía del demandante que acredita que nació el 11 de enero de 1951; el certificado de factores salariales mes a mes; el de información laboral para bono pensional, formatos n.º 1, 2 y 3; la de los formatos CLEBP; las Resoluciones n.º 141355 del 29 de noviembre de 1991, 141781 del 7 de febrero de 1992, la 145 del 31 de enero de 1995, la 517 de 13 de marzo de 1995, la 001408 de septiembre de 2008, la RDP 022890 del 5 de junio de 2015; la RDP 049995 del 27 de noviembre de 2015 y la RDP 033372 de 9 de septiembre de 2016. Así mismo, la certificación expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social; las Resoluciones n.º RDP 042245 de 8 de noviembre de 2016, RDP 015466 de 17 de abril de 2017; la ADP 010405 de 17 de agosto de 2016 y la ADP 004479 de 19 de junio de 2018; la constancia expedida por

el FOPEP; la hoja de vida del demandante; la sentencia del 4 de mayo de 2010 emitida por el Tribunal Superior Sala Decisión Penal; la decisión de la Corte Suprema de Justicia Sala de Decisión Penal de Tutela del 24 de junio de 2010; las Resoluciones n.º ADP 000982 del 25 de junio de 2012, la RDP 042245 del 8 de noviembre de 2016; el acta individual de reparto del 6 de junio de 2019; el expediente administrativo; y la CCT 1991-1993.

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Radicación n.° 96789 Advirtió, que lo pretendido por el actor es la reliquidación de la pensión de jubilación teniendo como fundamento las Resoluciones números 141781 de 7 de febrero de 1992 y 145 de 31 de enero de 1995, fecha en que, según el interesado, el grupo interno de trabajo para la gestión del pasivo social de Puertos de Colombia disminuyó el valor de la mesada pensional. Precisó, que: i) por Resolución n.º 141781 de 7 de febrero de 1992 el Gerente del Terminal Marítimo de Santa Marta Puertos de Colombia ordenó el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación proporcional, conforme al art. 113 de la CCT a partir del 1º de noviembre de 1991 aplicando una tasa de reemplazo del 71.21% del promedio de lo devengado en el último año de servicios, arrojando una mesada pensional de $470.428. (f. º 37, carpeta 1). ii) con Acto Administrativo n.º 145 de 31 de enero de

1995, el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia en Liquidación ordenó el pago de reliquidaciones y diferencia de mesadas de algunos extrabajadores de la Empresa Puertos de Colombia, entre ellos del accionante así: «…el Director del FONDO, previo concepto del Coordinador Regional Santa Marta, quien certificó la existencia de dichos valores, considera necesario cancelarlas..." y resolvió ordenar el pago al actor de la suma de $11.799.443,08 por mesadas atrasadas reliquidadas (f.º 40, carpeta 1).

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Radicación n.° 96789 iii) el 13 de marzo de 1995, el Fondo Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia expidió la Resolución n.º 517, en la que se paga una reliquidación de prestaciones sociales, y unas diferencias por reajuste a la mesada pensional y se fija el nuevo monto de la pensión de jubilación para el año de 1995, del demandante en la suma de $1.640.954,29 por concepto de reajuste de pensión a partir del 1 de marzo de 1995. iv) el grupo interno de trabajo para la gestión del pasivo social de Puertos de Colombia emitió la Resolución n.º 001408 de 26 de septiembre de 2008, en la que resolvió: ARTÍCULO: Revocar directamente la Resolución No 517 de 1995, proferida por FONCOLPUERTOS, con fundamento en cumplimiento a la decisión de 6 de julio de 2007 adoptada por la Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional Delitos contra la Administración Pública, Estructura de Apoyo para tema

Foncolpuertos, Despacho Primero y la sentencia de 30 de mayo de 2008 proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá, en lo que se refiere a los siguientes pensionados y/ o beneficiarios de pensión y como consecuencia de ello, ajustarles la mesada pensional, al monto que a continuación se señala así:", pensión que ajustada y en el caso del actor correspondió a la suma de $2.879.841.98. En tal acto administrativo se citó que la Fiscalía General de la Nación dispuso en su numeral quinto: ORDENAR la SUSPENSIÓN de los efectos jurídicos y económicos de las resoluciones firmadas por LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ… quien se acogió a sentencia anticipada y fue condenado al encontrarlo responsable del delito de peculado por apropiación, y, en consecuencia, y más adelante señaló el Grupo que “... en el presente caso se debe proceder a desmontar el reajuste de citado. Resolución No 517 firmada por RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ pues está demostrada judicialmente la ilegalidad de la misma, cuyo origen fueron certificaciones falsas, pues la orden judicial de suspender los efectos jurídicos y económicos, se hizo

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Radicación n.° 96789 extensiva a los casos en que se detectarán prestaciones indebidas. v) con Resolución n.º 001440 de 7 de octubre de 2010, el GIT indicó que, en cumplimiento al fallo de tutela proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta

Sala Penal de Decisión, se ordena a nómina del área de pensiones del grupo pagar a los pensionados, entre ellos el actor, la mesada con los reajustes dispuestos en las Resoluciones n.° 517, 550, 1378, 1413, 1440 y 2656 de 1995 y 159 de 1996 así ello sea ilegal, indebido e irregular y se cancele la suma de $57.686.619.66 por concepto de diferencias pensionales. vi) a través de la Resolución n.º 001676 de 29 de noviembre de 2010, el mismo GIT del Fondo Pasivo señaló que debido a que por sentencia del 4 de noviembre de 2010 la Corte Suprema de Justicia Sala de Decisión Penal de Tutelas, había revocado el fallo emitido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta Sala Penal de Decisión, resolvió: "ARTICULO PRIMERO: Como consecuencia de la decisión proferida por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, de 5 de noviembre de 2010, de revocar el emitido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Magdalena, Sala Penal de 22 de septiembre de 2010, se revoca la Resolución No 1440 de 2010 y se ordena a Nómina del Área de Pensiones, les cancele a los siguientes, las mesadas con los ajustes dispuestos en las resoluciones a señalar así:" Además, señaló que la mesada ajustada para el señor Donaldo Hernández correspondía a $3.162.740.38 y en el artículo segundo de tal acto administrativo ordenó que los

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Radicación n.° 96789 pensionados debían reintegrar a la administración la suma de $63.904.727,11 para el caso del demandante. vii) por Resolución n.º RDP 022890 de 5 de junio de 2015, la UGPP ajusta el valor de la mesada pensional que actualmente recibe el demandante al monto reconocido en Resolución n.º 141781 de 1992 con los respectivos reajustes legales (f.º 70, carpeta 1). viii) mediante Resolución n.º RDP 033372 de 9 de septiembre de 2016, la accionada revocó el anterior acto administrativo (022890 de 2015) y ordenó ajustar el valor de la mesada pensional al valor reconocido por Decisión n.º 1676 de 29 de noviembre de 2010 (f.º 93 carpeta 1), que fue confirmado con relación RDP 042245 de 8 de noviembre de 2016; y ix) con la homologa n.º RDP 015466 de 17 de abril de 2017, la UGPP revocó parcialmente la Resolución n.º RDP 33372 de 9 de septiembre de 2016, en el sentido de suprimir el artículo tercero de la misma. Señaló, que según la UGPP no se debe ordenar ningún reajuste pensional por cuanto el valor de las mesadas pensionales que actualmente percibe el interesado han sido reajustadas legalmente, al tiempo que el actor destacó que nunca fue judicializado por ninguna de las resoluciones expedidas por el director de Foncolpuertos y que por tanto le asiste la reliquidación perseguida.

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Radicación n.° 96789 Recordó, que el a quo no halló razón alguna en el actuar de la demandada al no reajustar el valor de la mesada pensional recibida a través de la Resolución n.º 141781 de 1992, pues en su sentir, pese a que existían actos administrativos que se habían expedido de manera fraudulenta e ilegal y mediante los cuales se reliquidó la prestación pensional del señor Donaldo, la pensión de jubilación convencional reconocida no había sido ajustada en debida forma. Destacó, que conforme a las resoluciones citadas, si bien no existía prueba que acreditara que el accionante había sido investigado o judicializado por algún acto administrativo, si lo fue la persona que los expidió, esto es, el director general en su momento de Foncolpuertos, señor Hernando Rodríguez Rodríguez, a quien la Fiscalía General de la Nación al investigar una serie de actuaciones por él proferidas, le imputó el delito de peculado por apropiación en la modalidad de delito continuado y ordenó la suspensión de los actos administrativos sobre los cuales el actor edifica las pretensiones de esta acción, los que como acertadamente lo adujo el a quo, carece de piso jurídico pues de conocimiento público es tal decisión para que insista en la reliquidación pensional ordenada en actos administrativos abiertamente ilegales. Recordó que, como se indicó en los actos administrativos mencionados y en los que se hizo alusión a la decisión de la Fiscalía General de la Nación Unidad Nacional de Delitos Administración Pública Estructura de

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Radicación n.° 96789 Apoyo para tema de Foncolpuertos, la reliquidación del demandante, entre otros pensionados, se basó en la utilización de certificaciones que no correspondían con la realidad laboral, al igual que la falta de soportes que sustentaran los actos administrativos, y en cálculos irregulares al momento de determinar el monto pensional, ya que se incluyeron sumas que no pudieron ser demostradas percibieron los pensionados durante su vinculación. Adujo, que la Resolución n.º 145 de 31 de enero de 1995, hace referencia al pago de la reliquidación de prestaciones y mesadas atrasadas, pero no se infería que correspondiera a una reliquidación de la pensión del actor; por lo que determinó que tampoco se podría tener como sustento para una reajuste de la mesada pensional porque no se precisa porqué concepto fue el monto pagado al demandante, esto es, si a título de reliquidación de prestaciones o de mesadas atrasadas, aunado a que este acto administrativo también fue firmado por el Director General del Fondo y cuestionado por la Fiscalía. Exaltó, que si bien es cierto el pensionado no hizo parte en los procesos penales que sirvieron de sustento para dejar de aplicar los reajustes, esa situación no resulta suficiente como para considerar que la situación concreta que lo favoreció se hubiere tornado en legal, ya que no puede dejarse de lado que el incremento en la pensión fue el resultado de actuaciones delictuosas e irregulares, las cuales no puede beneficiarlo, de manera que resultaba indiferente quién fue el sujeto del acto ilegal, si con ello se logra

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Radicación n.° 96789 demostrar, como en este asunto, que al beneficiario de la prestación no le asistía ningún derecho, máxime cuando la demandada debía cumplir con la obligación impuesta en la decisión adoptada por la Fiscalía General de la Nación y así mismo, dar aplicación al artículo 19 de la Ley 797 de 2003. Al respecto se apoyó en la sentencia CSJ SL4610-2019, reiterada en la CSJ SL1975-2019. Dijo, que: Las situaciones referenciadas hacían procedente no solo la revocatoria, sino la modificación de los mencionados actos administrativos en aplicación del artículo 19 de la Ley 797 de 2003, con fundamento en la orden impartida al grupo interno de trabajo para la gestión del pasivo social de Puertos de Colombia y, además, conforme a las facultades de revisión conferidas por el artículo 19 ibídem, para ajustar a derecho cualquier irregularidad e inexactitud en la concesión de las prestaciones pensiónales, de suerte que, la modificación que hizo la UGPP de la mesada pensional del demandante y que se viene pagando, encuentra respaldo en la mencionada norma, como quiera que las sumas reconocidas por concepto de reliquidación pensional y el monto que pretende la parte actora se condene, se reconocieron sin el cumplimiento de los requisitos legales para, adquirir el derecho Trajo también lo expuesto en las sentencias CSJ

SL1785-2018 y CSJ SL2896-2019.

Advirtió, que la administración para ajustar a derecho cualquier irregularidad en la concesión de las prestaciones pensionales económicas reconocidas, no está sujeta a ningún

término, como por el ejemplo el contemplado en los artículos 488 del CST o 151 del CPTSS, entendiéndose que se puede ejercer en cualquier tiempo y como respaldó reprodujo lo dicho en la sentencia CSJ SL4610-2019.

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Radicación n.° 96789 Manifestó, que no le asistía razón al apelante en cuanto a la reliquidación de su mesada pensional como quiera que la resolución que sustentó la reliquidación pensional debió ajustarse a derecho ante las evidentes irregularidades e inexactitudes al momento de su concesión, proceder que ha venido ejecutando la UGPP quien continúa cancelando la prestación pensional de manera correcta, como se desprendía de la Resolución n.º RDP 042245 de 8 de noviembre de 2016, en atención a que lo perseguido se apoyaba en actos administrativos cuestionados y no a la reanudación del pago de la mesada pensional. Ultimó, que: […] como él recibió desde 1995 sumas que no le correspondían por concepto de reliquidación pensional tal y como lo señaló el juez a quo, decisión que no fue objeto de apelación por la parte demandante, pertinente resulta confirmar la condena de dicha devolución, sin que se pueda declarar probada la excepción de prescripción en la medida en que la exigibilidad de esta obligación surge con la decisión contenida en la sentencia y, en consecuencia, se modificará el numeral segundo de la sentencia de primera instancia, en el sentido de señalar que el señor DONALDO ENRIQUE HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ identificado con la cédula de ciudadanía […] debe reintegrar a la UNIDAD

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL la suma de $95.570.214 y la entidad puede iniciar las acciones legales pertinentes con miras a obtener el reintegro de las diferencias reconocidas y pagadas al señor Donaldo Enrique Hernández sin haber tenido derecho a ellas, por las razones expuestas

IV. RECURSO DE CASACIÓN

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 96789 Interpuesto por Donaldo Enrique Hernández Rodríguez, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La fórmula así: Pretende el recurso, que la Honorable Corte CASE TOTALMENTE la sentencia del Tribunal en cuanto REVOCÓ los ORDINALES PRIMERO y TERCERO y MODIFICÓ el NUMERAL SEGUNDO de la sentencia del fallador de primera instancia, condenando al demandante a reintegrar a LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL la suma de $95.570.214, y autorizando a la demandada para que inicie las acciones que correspondan en aras de lograr el reintegro de las diferencias reconocidas y pagadas al demandante, sin tener causa legal para ello y una vez se constituya en sede de instancia CONFIRME PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Juzgado 05 Laboral del Circuito de Bogotá en cuanto condenó en su ORDINAL PRIMERO a reliquidar la pensión de jubilación del señor DONALDO ENRIQUE HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, a la

suma de $5.412.241, pero modificándola en cuanto a la fecha a partir de la cual se reconoce el reajuste, esto es, a partir del 04 de marzo de 2013 y no desde el 6 de junio de 2016, junto con los reajustes legales y mesadas trece y catorce adicional e indexación de las diferencias que resulten de la 7 reliquidación, teniendo en cuenta como IPC inicial el del mes en que se cause cada diferencia y como IPC final el del mes anterior al que se efectué su pago. Así mismo, REVOQUE el NUMERAL SEGUNDO de la sentencia del fallador de primera instancia que condenó al demandante a descontar de la reliquidación ordenada la sum