CSJ - SL1933-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL1933-2023 Radicación n.° 93429 Acta 24 Bogotá, D. C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala los recursos de casación interpuestos por GONZALO CAMARGO PALACIOS y la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA como administradora del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, cinco (5) de junio de dos mil diecinueve (2019), en el proceso que el primero le instauró a la segunda, al igual que a ASESORES EN DERECHO SAS, como mandataria con representación del PATRIMONIO

AUTÓNOMO PANFLOTA, a la FIDUCIARIA LA PREVISORA

S. A. - FIDUPREVISORA S. A. administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO PANFLOTA y a la NACIÓNMINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

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Radicación n.° 93429 Téngase a Lucía Arbeláez de Tobón con T. P. n.°10.254 del Consejo Superior de la Judicatura como apoderada de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público en los términos y para el efecto del poder que reposa en el expediente digital de la Corte.

I. ANTECEDENTES Gonzalo Camargo Palacios llamó a juicio a las referidas entidades, con el fin de que se hicieran las siguientes

declaraciones: Primero. Se proteja el derecho a la seguridad social al señor GONZALO CAMARGO PALACIOS, respaldando el amparo de tal derecho emitido por el Consejo de Estado Sección Cuarta. Segundo. Se declare que el señor GONZALO CAMARGO PALACIOS, fue trabajador de la Flota Mercante Grancolombiana

S. A., hoy Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S. A., entidad cerrada por orden de la Superintendencia de Sociedades en ejercicio de su función jurisdiccional.

Y como consecuencia de ello, solicitó que se impusieran las condenas que a continuación, se enlistan: Tercero. Se ordene a ASESORES EN DERECHO SAS., en su calidad de MANDATARIA CON REPRESENTACIÓN DE PANFLOTA de la COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE S. A., entidad cerrada, a expedirle al señor GONZALO CAMARGO PALACIOS, la resolución del bono pensional o cálculo actuarial que le corresponde por el tiempo laborado en dicha compañía. Cuarto. Se condene a la FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A., como administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO - PANFLOTA a pagar al fondo que elija el trabajador, el título pensional o cálculo actuarial, que le corresponde al señor GONZALO CAMARGO PALACIOS, por el tiempo laborado en la Flota Mercante Grancolombiana S. A., hoy Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S. A., entidad cerrada por orden de la Superintendencia de Sociedades en ejercicio de su función jurisdiccional.

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Radicación n.° 93429 Quinto. Se condene a las demandadas a pagarle al señor GONZALO CAMARGO PALACIOS, los perjuicios morales y materiales de conformidad al art. 16 de la Ley 446 de 1998. Sexto. Se ordene a las demandadas a pagarle al señor GONZALO CAMARGO PALACIOS, el valor correspondiente a los intereses de mora. Séptimo. Se condene a las demandadas a pagarle al actor lo que resulte probado ULTRA Y EXTRAPETITA. […] […]. En forma alterna, requirió: Noveno. Subsidiaria de la petición cuarta. Por efectos de la responsabilidad subsidiaria se ordene a la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA como administradora del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, matriz y controlante de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante

S. A.; a pagarle al fondo que elija el trabajador, el título pensional o cálculo actuarial que le corresponde al señor GONZALO CAMARGO PALACIOS, por el tiempo laborado en la Flota

Mercante Grancolombiana S. A. Décimo. Subsidiaria de la Petición cuarta y décima. Por efectos de la responsabilidad subsidiaria se ordene a la NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO a pagarle al fondo que elija el trabajador, el título pensional o cálculo actuarial que le corresponde al señor GONZALO CAMARGO PALACIOS, por el tiempo laborado en la Flota Mercante

Grancolombiana S. A. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que el 8 de junio de 1946 se creó la Flota Mercante Grancolombiana

S. A., compañía en la que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia como administradora del Fondo Nacional del Café tenía una participación del 45 %, el cual se incrementó al 80.07 % para el año 1954; afirmó que el 100 % de ese capital constituía «recursos públicos parafiscales que pertene[cían] a la cuenta Fondo Nacional del Café» cuyo titular era la NaciónMinisterio de Hacienda y Crédito Público, pero que administrado por la Federación Nacional de Cafeteros.

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Radicación n.° 93429 Indicó que, dentro de las obligaciones de la Flota Mercante Grancolombiana S. A., se encontraban las de pagar las prerrogativas pensionales, efectuar el aprovisionamiento para los aportes a seguridad social y hacer las reservas de las cuotas proporcionales que debía cancelar por las labores prestadas por sus trabajadores hasta que el Instituto de Seguros Sociales asumiera tal compromiso, que la inscripción de los trabajadores se realizó a dicha entidad solo hasta el 2 de agosto de 1990. Informó que dicha entidad cambió su nombre al de Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S. A., «la cual [era] filial» de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en la medida que esta obraba como administradora del Fondo Nacional del Café. Anotó que, para la data de presentación de la demanda tenía 74 años; que ejecutó servicios para la Flota Mercante

Grancolombiana S. A., en virtud de un contrato de trabajo que se desarrolló desde el 2 de octubre de 1969 hasta el 14 de febrero de 1985, lo que equivalía a 785.14 semanas que debieron haber sido cotizadas; que como último cargo ocupó el de «segundo aceitero», devengado un salario compuesto por: Salario básico mensual US 343.79. Prima de Antigüedad 16 % US 76.44. Dominicales y festivos US 97.05. Trabajo operacional US 5.16. Extras US 13.98. Salario en especie (alimentación y alojamiento) US 186.88 Viáticos nacionales e internacionales y suplementos US 7.31 Recargo nocturno US 44.86

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Radicación n.° 93429 Incidencia de las primas extralegales donde el 8.33%, era salario US 54.39. Indicó que su retribución mensual fue de US $808.61 y que, para el 1° de abril de 1994 tenía más de 750 semanas cotizadas. Esgrimió que, en la referida compañía existió la Unión de Trabajadores de la Industria de Transporte Marítimo y Fluvial-Unimar de la cual fue miembro; organización sindical con la que se suscribieron las Convenciones Colectivas de Trabajo 1985-1988 y 1988-1991 y que la cláusula 20 de esta última dispuso la continuación e incorporación de las normas extralegales que no le fueran contrarias. Apuntó que, el 10 de noviembre de 2014, allegó Reclamaciones Administrativas ante las diferentes entidades

convocadas al juicio (f.°82-105/112-135 primera instancia, tomo I, expediente digital). Las accionadas se opusieron a lo solicitado por el reclamante; la Nación únicamente aceptó la reclamación administrativa; frente a los otros hechos, dijo que no le constaban o que no se trataban de tales. Fiduciaria la Previsora S. A., Fiduprevisora S. A., como administradora y vocera del Patrimonio Autónomo de Pensiones-Panflota, en lo tocante a las situaciones fácticas reconoció las relativas a la entidad y, respecto a las demás expresó que no tenía conocimiento. La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, en su calidad de administradora del Fondo Nacional del Café admitió las circunstancias concernientes a

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Radicación n.° 93429 la existencia de la Flota Mercante y los conexos a dicha sociedad; en cuanto a la situación laboral del demandante dijo que no estaba al tanto. Asesores en Derecho SAS, no reconoció la mayoría de las afirmaciones del escrito genitor o manifestó que no eran ciertas; pero indicó que, la obligación de afiliar a los trabajadores marítimos al ISS solo se configuró el 15 de agosto de 1990. En su defensa propusieron las siguientes excepciones de fondo: La NaciónMinisterio de Hacienda y Crédito Público, «indebida vinculación de la [entidad], inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva y, la genérica» (f.°152-172 ibidem). Fiduciaria la Previsora S. A., Fiduprevisora S. A., como

administradora y vocera del Patrimonio Autónomo de Pensiones-Panflota, «inexistencia de la obligación, y la innominada» (f.°196-220, ibidem). La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, en su calidad de administradora del Fondo Nacional del Café «ausencia de la responsabilidad subsidiaria y la genérica» (f.°495-540 primera instancia, tomo I, expediente digital). Asesores en Derecho SAS, « inexistencia de la obligación, imposibilidad jurídica y legal para reconocer el cálculo actuarial, prescripción, buena fe y la innominada » (557-578 ibidem).

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Radicación n.° 93429

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado 24 Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 29 de noviembre de 2018 (f.°472 audiencia, 482-484 acta, tomo V, expediente digital) resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre GONZALO CAMARGO PALACIOS […] la COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE S. A. existió un contrato de trabajo entre el 2 de octubre de 1969 al 14 de febrero de 1985.

SEGUNDO: ORDENAR que la PREVISORA como administradora y vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO PANFLOTA, en forma conjunta con ASESORES EN DERECHO SAS en el término de 20 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia certifiquen el salario devengado por del demandante con todos los factores salariales, lo remitan a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE

PENSIONES - COLPENSIONES, de acuerdo a la parte motiva.

TERCERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, una vez reciba la certificación de salarios que refiere el numeral anterior, a realizar el respecto cálculo actuarial por el periodo , laborado por el actor

en la COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE

S. A. entre el 2 de octubre de 1969 al 14 de febrero de 1985 con base en el salario certificado por LA FIDUPREVISORA Y ASESORES EN DERECHO SAS, del que debe correr traslado a

la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS COMO

ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ y a la

FIDUPREVISORA S. A. COMO ADMINISTRADORA DEL

PATRIMONIO AUTÓNOMO PANFLOTA.

CUARTO: ORDENAR a ASESORES EN DERECHO SAS en su calidad de mandataria con representación de PANFLOTA, emitir la respectiva Resolución a través de la cual se ordene transferir a Colpensiones el valor correspondiente al cálculo actuarial a favor

de GONZALO CAMARGO PALACIOS.

QUINTO: CONDENAR a la demandada FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A., en su condición de administradora del Patrimonio Autónomo PANFLOTA, a pagar el valor del cálculo actuarial del tiempo laborado por el actor en la compañía de INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE S. A entre el 2 de octubre de 1969 al 14 de febrero de 1985, a satisfacción de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones y

conforme al cálculo por esa entidad realizado, para efectos de

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Radicación n.° 93429 convalidar los tiempos de aportes en los que no se efectuaron cotizaciones. QUINTO (sic): DECLARAR que la demandada FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS es responsable subsidiariamente de la obligación pensional por concepto de pago de cálculo actuarial por aportes a pensión a favor de GONZALO CAMARGO PALACIOS, aquí ordenado, en su calidad de matriz o controlante de la extinta COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE GRAN COLOMBIANA, y en consecuencia, CONDENAR a esta demandada a reconocer y pagar el cálculo actuarial por el periodo laborado por el demandante en la entidad referida entre el 2 de octubre de 1969 y el 14 de febrero de 1985, a favor del demandante, siempre que la FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. en su condición de administradora del Patrimonio Autónomo PANFLOTA, no cuente con los recursos económicos para asumir tales obligaciones, las cuales serán cubiertas entonces, con recursos del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.

SÉPTIMO: ABSOLVER a las demandas de las demás pretensiones incoadas en el escrito de demanda.

[…]

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al estudiar los recursos de apelación interpuestos por el demandante, Fiduprevisora S. A., Asesores en Derecho SAS, y la Federación Nacional de

Cafeteros, por decisión del 5 de junio de 2019 (f.° 26 Cd, 1619 acta segunda instancia, expediente digital), decidió: PRIMERO: REVOCAR el numeral segundo de la sentencia impugnada. En su lugar, se absuelve a Fiduciaria La Previsora S.A como administradora y vocera de Panflota, y Asesores en derecho SAS de emitir dentro del término de 20 días a la ejecutoria de la sentencia, certificación del salario devengado por el demandante con todos los factores salariales y remitir tal certificación a Colpensiones.

SEGUNGO: MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia en cuanto estableció que el cálculo actuarial se debía realizar por parte de Colpensiones una vez recibiera certificación del salario de Fiduciaria La Previsora S. A. como administradora y vocera de

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Radicación n.° 93429 Panflota, y Asesores en Derecho SAS, para en su lugar establecer que Colpensiones debe efectuar el cálculo actuarial por el tiempo laborado por Gonzalo Camargo Palacio teniendo como base salarial, la suma $19.407.58, por el tiempo de servicios del 02 de octubre de 1969 al 14 de febrero de 1985, con excepción de los siguientes periodos: del 16 de octubre de 1974 al 25 de octubre de 1974, del 31 de diciembre de 1974al 14 de enero de 1975, del 6 de febrero de 1976 al 24 de febrero de 1976, del 16 septiembre de 1979 al 26 de septiembre de 1979, del 27 de enero 1983 al 10

de febrero de 1983, y el 08 de agosto de 1984 al 11 de septiembre de 1984.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada. […] En lo que interesa al medio extraordinario, el juzgador estimó como fundamento de su decisión, que el recurso de apelación propuesto por el demandante giró alrededor del salario base a tenerse en cuenta con el propósito de liquidar el cálculo actuarial; mientras que, el de la Federación Nacional de Cafeteros se dirigió a discutir su ausencia de responsabilidad en la situación que sufrió la Flota Mercante; la parafiscalidad de los recursos que manejaba el Fondo Nacional del Café y, el porcentaje que debía asumir el empleador respecto al pago de los aportes a pensiones, temáticas que señaló eran los problemas jurídicos que analizaría.

Al efecto recordó que, la superintendencia declaró extinguida la personaría jurídica de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S. A. y que, por contrato de fiducia mercantil celebrado con la Fiduprevisora S. A., a esta última se le nombró administradora del patrimonio autónomo Panflota, conforme al cual debía gestionar el pasivo pensional y las obligaciones pendientes.

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Radicación n.° 93429 Advirtió que la Federación Nacional de Cafetero como administradora del Fondo Nacional del Café fungió como matriz o controlante de la primera de las compañías atrás mencionadas, lo que fue establecido en proveído CC SU10232001, además porque así se dejó constancia en la inscripción

que hizo el gerente general de aquella ante la cámara de comercio de tal situación y, según lo observado en el «f.°34» según el cual el Fondo Nacional del Café era accionista de la Flota Mercante Gran Colombiana con una participación superior al 80 %; además que, dentro de su objeto social entre otras actividades tenía la de administración de sociedades lo que concordaba con el contrato celebrado con la Nación «f.°24-32». Indicó, que acorde con el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, existía la presunción de responsabilidad subsidiaria de la controlante frente a los pasivos adquiridos por la subordinada infiriendo que, la liquidación en que incurrió ésta fue consecuencia por las decisiones de la principal (CC C510-1997). Recordó que la regla antes descrita admitía prueba en contrario motivo por el cual la Federación Nacional de Cafeteros ha debido demostrar que la situación que sufrió la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante no fue consecuencia de sus determinaciones, exigencia con la que no había cumplido, pues al efecto esta expuso que todo se debió a las decisiones proferidas por el Estado, que dispuso la «supresión de la reserva de carga que la benefició hasta ese momento, consistente en tener la exclusividad para

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Radicación n.° 93429 transportar el 50 % de la carga entrante y saliente del territorio nacional», lo que la accionada soportó en el «estudio de la viabilidad económica y financiera de la Flota Mercante y la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante Gran Colombiana» (f.°867) y respecto del cual aseguró no tenía el

peso suficiente para exonerarla de la responsabilidad subsidiaria referida, porque ello fue solo uno de los tantos factores que condujeron al cierre de la controlada; el que además, se configuró con anterioridad a la adquisición de la Flota Mercante por parte de la Federación Nacional de Cafeteros como administradora del Fondo Nacional del Café. Por otro lado, en lo que tiene que ver con la naturaleza parafiscal de los recursos administrados por tal sociedad, acudió nuevamente a la providencia CC SU1023-2001, para luego señalar que, acorde a la jurisprudencia aceptada tanto por la Corte Suprema, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado era que, dichos dineros en contextos como el sub examine «no transmutan su naturaleza de públicos, por la circunstancia de que su manejo y gestión se confíen […]a una entidad de origen privado». A renglón seguido hizo referencia a los proveídos CSJ SL, 16 jul. 2014, rad.41745 y CSJ SL, 20 oct.2015, rad. 43182, sobre la obligación que tienen los dadores de empleo de pagar el cálculo actuarial de aquellos servidores que prestaron servicios a su favor incluso en aquella época que el ISS no había llamado para su inscripción.

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Radicación n.° 93429 Frente al porcentaje que se debía asumir para el pago de aquel acotó que, en el proceso no se probó que se le hubiese efectuado algún tipo de descuento al trabajador con el propósito de contribuir al pago de la prestación lo que se debía a que para la época de los hechos la obligación del

reconocimiento de la pensión de vejez recaía exclusivamente en el empleador siendo solo modificado con la expedición del sistema de seguridad social, de forma tal, si bien el llamado a inscripción de los funcionarios marítimos por parte del ISS se realizó el 2 de agosto de 1990, ello no quería decir que la obligación se hubiese prorrogado en el tiempo, pues el efecto practicó fue que las cotizaciones fueran transferidas a esta entidad y, como esto no se acató, debía hacerse la cancelación del 100 % de dicha condena, sin que procediera la imposición de los aportes más las intereses moratorios acorde a lo establecido en el artículo 72 de la Ley 40 de 1990, premisas bajo las cuales indicó había sido acertada la decisión del juez de primer grado respecto de la Federación Nacional de Cafeteros. En cuanto al recurso de alzada propuesto por el promotor del juicio y, la determinación del salario que, debería tenerse en cuenta a fin de dar cumplimiento a la obligación antes descrita, específicamente que se observara el último percibido por el petente, hizo referencia a lo dispuesto por el inciso 2º y el parágrafo del artículo 4º Decreto 1887 de 1994, coligiendo que resultaba procedente tal petición (CSJ SL, 22 abr.2015, rad.42530), para lo cual estableció se debía acudir a la «liquidación final» visible a folio 1497, en la que se señaló la suma de «US164, 29»; que el

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Radicación n.° 93429 periodo a computar era el correspondiente al «2 de octubre de

1969 al 14 de febrero de 1985» pero que, no podría tenerse los días en que al demandante se le suspendió como sanción disciplinaria y cuando solicitó «licencia sin sueldo»(f.°1621, 1658, 1701, 1724, 1748, 1821), por no haber prestado el servicio y que correspondían al: […] 16 de octubre de 1974 al 25 de octubre de 1974, del 31 de diciembre de 1974 al 14 de enero de 1975, del 6 de febrero de 1976 al 24 de febrero de 1976, del 16 septiembre de 1979 al 26 de septiembre de 1979, del 27 de enero 1983 al 10 de febrero de 1983, y el 8 de agosto de 1984 al 11 de septiembre de 1984. En relación con los factores hizo referencia a los laudos arbitrales que reposaban a folios 464-513 y 1144-1200, esgrimió que no debían observarse los alegados por el actor, motivo por el cual insistió en que, la base salarial para tener en cuenta para liquidar el cálculo actuarial equivalía en pesos a $19.407.58 pues al 14 de febrero de 1985 la tasa representativa del mercado fue de $118,13.

IV. RECURSO DE CASACIÓN (FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA) Por cuestiones de método, se resolverá inicialmente el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la parte demandada Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café, que fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

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Radicación n.° 93429 Indica que, principalmente, lo que pretende es que se case la sentencia gravada y, en sede de instancia, se revoque la del juzgado en cuanto condenó a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café, para, en su lugar: […] absolver a la Federación, en la precitada condición, de la pretensiones, y revocar su decisión de absolver a la NaciónMinisterio de Hacienda y Crédito Público y, por consiguiente, hacer el pronunciamiento que corresponda frente a esta, con referencia a la responsabilidad subsidiaria regulada en el artículo 148 de la Ley 222 de 1995 y teniendo en cuenta el concepto que emitió la Sala de Servicio Civil del Consejo de Estado el 15 de febrero de 2001 al que alude los hechos “1.23” de la demanda ordinaria con que se inició este proceso. En forma suplementaria solicita quebrar la providencia del juez de alzada: […] absolver a la Federación, en la precitada condición, de la pretensiones, y revocar su decisión de absolver a la NaciónMinisterio de Hacienda y Crédito Público y, por consiguiente, hacer el pronunciamiento que corresponda frente a esta, con referencia a la responsabilidad subsidiaria regulada en el artículo 148 de la Ley 222 de 1995 y teniendo en cuenta el concepto que emitió la Sala de Servicio Civil del Consejo de Estado el 15 de febrero de 2001 al que alude los hechos “1.23” de la demanda

ordinaria con que se inició este proceso. Como segundo alcance alterno, requiere: […] absolver a la Federación, en la precitada condición, de la pretensiones, y revocar su decisión de absolver a la NaciónMinisterio de Hacienda y Crédito Público y, por consiguiente, hacer el pronunciamiento que corresponda frente a esta, con referencia a la responsabilidad subsidiaria regulada en el artículo 148 de la Ley 222 de 1995 y teniendo en cuenta el concepto que emitió la Sala de Servicio Civil del Consejo de Estado el 15 de febrero de 2001 al que alude los hechos “1.23” de la demanda ordinaria con que se inició este proceso. Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que fueron objeto de réplica únicamente

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Radicación n.° 93429 por parte del demandante, pasando la Sala a estudiar a continuación inicialmente el primero y, de forma conjunta, los restantes por soportarse en similar elenco normativo, ofrecer argumentos afines y buscar igual objetivo (f.°15-17 recurso extraordinario, demanda de casación FNC, expediente digital).

VI. CARGO PRIMERO Se acusa a la decisión del sentenciador de segundo grado de violar la ley sustancial por la vía directa en la modalidad de «aplicación indebida del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, en concordancia con los artículos 822, 1262 y 1263 del Código de Comercio, 2142 y 2186 del Código Civil, 2 y 6 de la Constitución Nacional», lo que a su vez condujo a:

[…] la indebida aplicación del inciso 2º del artículo 259 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo; del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3141 del mismo año, artículos 3º y 38, 59 a 61; del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003; del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1999, aprobado por el Decreto 0758 del mismo año; artículos 373 del Código de Comercio y 60 del Código de Procedimiento Civil; 72 de la Ley 90 de 1946. Advierte que, en el presente asunto, la responsabilidad de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público sí puede ser discutida en la medida en que, el juez plural coligió que, era titular de: […] la responsabilidad subsidiaria consagrada en parágrafo del artículo 148 de Ley 222 de 1995, como también en lo relativo a la naturaleza jurídica de los recursos del Fondo Nacional de Café, […], ya que la sentencia recurrida confirmó la absolución impartida respecto [del aludido ente ministerial], lo que se

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Radicación n.° 93429 controvierte, no aduciendo hechos nuevos, sino con argumentaciones jurídicas fundadas en circunstancia que se desprenden o se dan por establecida por el Tribunal, lo que responden a la regla: “dame los hechos y yo te daré el derecho”. Resalta que, no es objeto de controversia la conclusión del operador judicial relativa a que no se desvirtuó «la

presunción prevista en el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, para la matriz o controlante de la sociedad subordinada que entra en situación de concordante o liquidación obligatoria»; que el distanciamiento parte de tres argumentos esenciales, tales como que: […] 1) La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, está vinculada a este proceso como administradora del Fondo Nacional del Café, y en esa condición se le impone la condena que se pide anular; 2) que, [se], dio por demostrado, que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café, con los recursos de este, fue entidad controlante o matriz de la extinta compañía de Inversiones de la Flota Mercante, para lo cual hace alusión al certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá. 3) Que el fallo gravado admite que los recursos de Fondo Nacional del Café son naturaleza parafiscal. Acota entonces que, lo que se discute son las consecuencias e implicaciones que como administradora del Fondo Nacional del Café debe asumir. En otras palabras, se duele de que el colegiado no hubiese determinado «quién era el mandante de la Federación y, consecuencialmente, de estar vinculado al proceso, imponer a este, de darse los supuestos de ley, la condena y no fulminara como lo hizo el mandatario». Explica que al evidenciarse que el Fondo Nacional del Café carece de personería jurídica y que los recursos con que se adquirieron las acciones en la Flota Mercante S. A.

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Radicación n.° 93429 provienen de aquel, debe concluirse que es la Nación, a través

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la llamada a responder pues como mandante le encomendó su administración a la Federación. Señala que el referido tópico fue abordado en la sentencia CC SU1023-2001 de la que trascribe un fragmento para aducir que lo planteado no debe ser desestimado por lo señalado en tal providencia, pues, por el contrario, en ese fallo se resaltó que la medida allí establecida era transitoria frente a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, porque era el juez ordinario a quien le correspondía establecer de forma definitiva la titularidad de la responsabilidad subsidiaria prevista en el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, sin que se hubiese descartado de plano que esta fuera adjudicada en la Nación. De igual manera, recordó que, acorde con las decisiones de la Corte Constitucional, los recursos del Fondo Nacional del Café son de naturaleza pública al nutrirse de contribuciones parafiscales (CC C-840 del 2003), escenario bajo el cual, señala: […] si el Fondo Nacional del Café no es persona jurídica; si sus recursos que provienen de una contribución parafiscal, consagrada por ley, son de índole pública, y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia actúa como administrador de dicho Fondo, siendo su mandante el Estado Colombiano; si la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, en dicha calidad, adquirió la condición de matriz o controlante de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A.; y si en virtud de la

liquidación de dicha sociedad filial, cabe aplicar la responsabilidad subsidiaria consagrada y regulada por el artículo 148 de la Ley 222 de 1995, se tiene que la misma debe recaer en el mandante, o sea, el Estado Colombiano, y no en el mandatario;

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Radicación n.° 93429 de no ser así, se le estaría y está imponiendo una obligación a quien no es persona. Asegura que, la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público no puede descartarse acudiendo al contrato de administración celebrado con aquella «ya que, jurídicamente, el mandante, no podría invocarlo para exonerarse de obligaciones con respecto a terceros», debido a que: Una cosa es la relación jurídica sustancial y sus consecuencias entre mandante y mandatario, para el caso la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, y otra lo que en esta acusación se plantea, como es que, sustancial y jurídicamente, la matriz o controlante de la compañía de Inversiones de la Flota Mercante Grancolombiana S. A., para los efectos de la responsabilidad subsidiaria del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, es, se repite, la NaciónMinisterio de Hacienda y Crédito Público. Alega que, tampoco es válido exonerarla acudiendo a argumentos tales como que: […]en primer lugar, que si el Fondo Nacional del Café se beneficiaba de las utilidades de las sociedades en que se invertían sus recursos, por lógica, debe asumir sus gravámenes, que fue lo

que expuso, la Corte Constitucional en la sentencia CC SU 1023 de 2001, para a