CSJ - SL1934-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL1934-2023 Radicación n.° 92687 Acta 23 Bogotá, D. C., diez (10) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala los recursos de casación interpuestos por SANTIAGO SUÁREZ PEDRAZA y la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, actuando como administradora del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, del dieciséis (16) de julio de dos mil diecinueve (2019), en el proceso que el primero le instauró a la segunda y a la ADMINISTRADORA

COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES,

ASESORES EN DERECHO SAS, FIDUCIARIA LA

PREVISORA S. A., LA NACIÓNMINISTERIO DE

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y a la AGENCIA

NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO.

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Radicación n.° 92687

I. ANTECEDENTES Santiago Suárez Pedraza llamó a juicio a aquellas personas jurídicas para que se declarara: i) que es beneficiario del régimen de transición y cumplió con todos los requisitos del Acuerdo 049 de 1990, para obtener la pensión de vejez a partir del 27 de junio de 2013; ii) que fue trabajador

de la Flota Mercante Grancolombiana S. A., hoy Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S. A.

Solicitó que se condenara: i) a Asesores en Derecho SAS a expedir el cálculo actuarial o bono pensional por el tiempo laborado; ii) a Fiduciaria La Previsora S. A. a pagar a Colpensiones la suma que dicho cálculo arroje; iii) a ésta a tener en cuenta el tiempo de servicios a la Flota Mercante Grancolombiana S. A. y a reconocer y pagar la pensión de vejez, a partir del 27 de junio de 2013 y, iv) a todas las enjuiciadas a indemnizarlo por los perjuicios morales y materiales por el incumplimiento en la cancelación del título pensional, a sufragarle los intereses moratorios por la tardanza en su redención, lo probado y las costas.

Pretendió de manera subsidiaria al gravamen frente a la Fiduprevisora S. A., que se condenara a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café, a pagar el valor del cálculo actuarial y que se declarara la responsabilidad solidaria de La NaciónMinisterio de Hacienda y Crédito Público. Relató que mediante Escritura Pública n.º 2260 del 8 de

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Radicación n.° 92687 junio de 1946 se creó la Flota Mercante Gran Colombiana; que en el año 1954, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y otros tenían 80,07 % del capital accionario de la empresa de transporte marítimo; que ésta se constituyó con capital público, pero se inscribió como privada; que el 100 % de las acciones eran recursos parafiscales que pertenecían al

Fondo Nacional del Café; que el titular de la cuenta era la NaciónMinisterio de Hacienda y Crédito Público; que la Federación era la administradora del Fondo. Narró que con el Decreto n.° 1993 de 24 de octubre de 1967, el Instituto de Seguros Sociales llamó a las empresas de transporte, entre estas, a la Flota Mercante Grancolombiana, a inscripción obligatoria de sus trabajadores; que ésta cambió su nombre a Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S. A.; que no se efectuó conmutación de los tiempos laborados para el sistema de seguridad social. Manifestó que en auto del 22 de noviembre de 2012 se ordenó a la Federación, como administradora del Fondo y matriz controlante de la compañía marítima, continuar con el pago del pasivo pensional de ésta, conforme la sentencia CC SU1023-2001; que posteriormente se designó a la Fiduciaria La Previsora S. A. como vocera y administradora del PARPanflota; que en la actualidad Asesores en Derecho SAS es la mandataria de éste; que los extrabajadores de la Flota Mercante Grancolombiana S. A. han instaurado múltiples acciones de tutela tendientes a lograr su inclusión

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Radicación n.° 92687 en el cálculo actuarial, así como el pago a los fondos administradores de pensiones. Contó que laboró para la extinta Flota Mercante Grancolombiana S. A., mediante contrato a término indefinido que se ejecutó entre el 27 de septiembre de 1979 y el 13 de enero de 1992, es decir, durante 3982 días,

equivalentes a 568,85 semanas; que era afiliado del sindicato Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte Marítimo y FluvialUnimar y beneficiario de la CCT 19881991 celebrada entre aquélla y su empleador; que según el Laudo Arbitral del 16 de junio de 1977, las pensiones de jubilación causadas a partir del 1° de agosto de 1977, se liquidarían con estricta sujeción a las leyes pertinentes, dentro de los límites que estas fijaran, en moneda colombiana y con el promedio de los salarios devengados en los últimos 12 meses. Precisó que su último cargo fue el de «segundo mecánico ajustador» a bordo de los buques de la dadora del empleo; que de acuerdo con la convención colectiva y la liquidación final de prestaciones sociales, su salario estaba compuesto por los siguientes factores salariales: […] Salario básico mensual USD 630.00oo (sic) dólares americanos. Prima de Antigüedad mensual 16 % USD 105.21 dólares americanos. Salario en especie mensual (alimentación y alojamiento) USD 216.00 dólares americanos. Horas extras USD 313.98 dólares americanos. Viáticos nacionales e internacionales y suplementos mensuales USD 1.79 dólares americanos. Incidencia de las primas extralegales mensual donde el 8.33%,

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Radicación n.° 92687 era salario USD 105.53 dólares americanos. Destacó que su salario promedio mensual era de USD 1372.51, según la liquidación final de prestaciones; que para

el 28 de agosto de 1990 equivalía a $720.567,75; que indexado, a la misma fecha de 1992 ascendía a «$1.144.7363,4» (sic), momento para el cual el salario mínimo era de $65.190; que su empleador no cotizó a pensión entre el 27 de septiembre de 1979 y el 28 de agosto de 1990; que es beneficiario del régimen de transición; que se encuentra afiliado a Colpensiones, donde ha cotizado 462 semanas; que esta entidad no ha reclamado el bono pensional por el tiempo servido a la extinta naviera; que cumplió los requisitos pensionales el 27 de junio de 2013, pues consolidó 60 años de edad y 1080 ciclos. Explicó que la administradora pública de pensiones le negó la prestación por vejez mediante Resolución n.° GNR320515 del 19 de octubre de 2015 y, a la fecha de radicación de la demanda, no había resuelto el recurso de apelación interpuesto contra esa decisión; que reclamó administrativamente a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y a Asesores en Derecho SAS el 15 de marzo de 2016 e hizo lo propio frente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público al día siguiente. Refirió que se le ocasionaron múltiples perjuicios morales y materiales por no recibir su pensión a tiempo, lo que daba lugar a intereses moratorios según la sentencia CC C601-2001 o la indemnización establecida en el artículo 8°

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Radicación n.° 92687 de la Ley 10 de 1972 (f.° 594 a 606, cuaderno principal).

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia se opuso a las pretensiones. Aceptó los hechos relativos a la creación de la Flota Mercante Grancolombiana S. A. y su composición accionaria. Dijo que los restantes no eran ciertos o no le constaban. Propuso las excepciones de mérito que denominó: «ausencia de responsabilidad subsidiaria en cabeza de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia», inexistencia de la obligación, buena fe, falta de legitimación en la causa, prescripción y genérica (f.° 642 a 664, ib). Asesores en Derecho SAS, en calidad de mandataria con representación con cargo al Panflota, se resistió a las rogativas. Admitió los extremos de la relación laboral indicados en el gestor y que el actor reclamó administrativamente ante ella el 15 de marzo de 2016. Planteó los medios de defensa de mérito de «inexistencia de la obligación pues durante casi toda la existencia de la CIFM cerrada, el ISS no había asumido los riesgos de IVM», «imposibilidad jurídica y legal para reconocer el cálculo actuarial y/o bono pensional del demandante», prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación, genérica y «oposición a la condena de costas y los presuntos perjuicios irrogados al demandante» (f.° 1751 a 1765, ibidem). Colpensiones rechazó los pedimentos. Aceptó que expidió la resolución que negó el derecho pensional solicitado

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Radicación n.° 92687 por el accionante y que éste la recurrió. Manifestó que los

demás no le constaban o no se oponía a ellos. Esgrimió en su defensa las excepciones de fondo de prescripción, «presunción de legalidad de los actos administrativos», inexistencia del derecho, cobro de lo no debido, buena fe, «no configuración del derecho al pago del IPC, ni de indexación o reajuste alguno», «no configuración del derecho al pago de intereses moratorios ni indemnización moratoria», carencia de causa para demandar e innominada (f. ° 1772 a 1792, ib). Fiduprevisora S. A. se rehusó a las pretensiones. Aceptó que fue designada como vocera y administradora del patrimonio autónomo Panflota. Indicó que los demás supuestos no eran hechos o no le constaban. Propuso las excepciones meritorias de falta de legitimación en la causa por pasiva, «imposibilidad de realizar pagos distintos a los establecidos en el contrato de fiducia mercantil», inexistencia de la obligación, prescripción e innominada (f.° 1801 a 1812, ibidem). La NaciónMinisterio de Hacienda y Crédito Público repelió los pedimentos. Aceptó la reclamación administrativa que le efectuó el promotor de la acción. Señaló que los restantes hechos no le constaban. Hizo valer en su favor las excepciones de fondo de «inexistencia de obligación alguna del Ministerio de Hacienda y Crédito Público por las pretensiones de la demanda», falta de legitimación en la causa respecto de la parte pasiva, prescripción y genérica (f.° 1853 a 1865, ib).

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Bogotá, el 27 de febrero de 2019, dispuso: PRIMERO: Declarar que entre el señor Santiago Suárez Pedraza […] y la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S. A. existió un contrato de trabajo entre el 27 de septiembre de 1979 al 12 de enero de 1992.

SEGUNDO: Ordenar a la demandada Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, a la cual se encuentra afiliado el actor a realizar el respectivo cálculo actuarial por concepto de aportes para pensión entre el periodo comprendido entre el 27 de septiembre de 1979 y el 28 de agosto de 1990, teniendo en cuenta los respectivos porcentajes, que corresponderían al empleador y al trabajador y el salario devengado para el año 1990 que sería de $622.416 y los preceptos legales que regulan la materia, una vez elaborado este cálculo deberá dar trasladado a las demandadas Asesores en Derecho SAS en su calidad de mandataria con representación de Panflota y Fiduciaria La Previsora S. A. en su calidad de administradora del patrimonio autónomo Panflota.

TERCERO: Ordenar a la demandada Asesores en Derecho SAS en calidad de mandataria con representación de Panflota, emitir la respectiva resolución a través de la cual se ordene transferir a Colpensiones el valor correspondiente al cálculo actuarial a favor

de Santiago Suárez Pedraza C.C […].

CUARTO: Condenar a la demandada Fiduciaria La Previsora S.

A. en su condición de administradora del patrimonio autónomo Panflota a pagar el valor del cálculo actuarial por concepto de aportes para pensión, teniendo en cuenta el porcentaje legal que al empleador le corresponde, junto con la mora a que haya lugar a satisfacción de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y conforme el cálculo que efectúe esta entidad.

QUINTO: Declarar que la Federación Nacional de Cafeteros es responsable subsidiariamente de la obligación pensional por concepto del pago del cálculo actuarial, por aportes a pensión en el porcentaje legal que le corresponde como empleador, junto con la mora a que haya lugar en su calidad de matriz o controlante de la extinta Compañía de Inversiones de la Flota Mercante Grancolombiana y, en consecuencia, condenar a esta demandada a reconocer y pagar el cálculo actuarial, por los aportes pensionales en el porcentaje que como empleador le corresponderían por el tiempo comprendido, 27 de septiembre de 1979 y el 28 de agosto de 1990, a favor de Santiago Suárez

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Radicación n.° 92687 Pedraza […], siempre que Fiduciaria La Previsora S. A. en su calidad de administradora del patrimonio autónomo Panflota, no cuente con los recursos económicos, para asumir tales obligaciones, las cuales serán cubiertas entonces con los recursos del Fondo Nacional del Café.

SEXTO: Ordenar a Santiago Suárez Pedraza […] que efectúe el pago del porcentaje legal que le corresponde, por concepto de aportes a pensiones durante el tiempo no cotizado por el empleador según lo expuesto en la parte motiva de esta

sentencia.

SÉPTIMO: Declarar que el señor Santiago Suárez Pedraza […] tiene derecho a la pensión de vejez bajo los presupuestos del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, por ser beneficiario del régimen de transición, previsto en el art. 36 de la Ley 100 de 1993.

OCTAVO: Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones a reconocer y pagar al señor Santiago Suárez Pedraza […], el retroactivo causado desde el 01 de diciembre de 2013 debidamente indexado en trece mesadas pensionales, teniendo en cuenta las siguientes cuantías: Para el 2013: $2.140.666.

Para el 2014: $2.182.195. Para el 2015: $2.262.063. Para el 2016: $2.415.205. Para el 2017: $2.554.079. Para el 2018: $2.658.541. Para el 2019: $2.763.083.

NOVENO: Se autoriza a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, a descontar del valor del retroactivo los aportes para salud de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

DÉCIMO: Se absuelve a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones de las demás pretensiones incoadas en su contra […].

DECIMOPRIMERO: Declarar no probadas las excepciones propuestas por las demandadas […].

DECIMOSEGUNDO: Absolver a la demandada La NaciónMinisterio de Hacienda y Crédito Público de todas las pretensiones […] DECIMOTERCERO: Condenar en costas a Fiduciaria La

Previsora S. A. en su calidad de administradora del patrimonio autónomo Panflota, a Federación Nacional de Cafeteros de Colombia como administrador del Fondo Nacional del Café y

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Radicación n.° 92687 Asesores en Derecho SAS […] (f.° 1936 a 1938, en relación con el CD de f. ° 1935, ibidem).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 16 de julio de 2019, al desatar los recursos de apelación del demandante, Asesores en Derecho SAS, Fiduprevisora S. A., la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y Colpensiones, así como el grado jurisdiccional que se surtió en favor de la última, resolvió: PRIMERO: MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia en cuanto estableció que el cálculo actuarial se debe pagar por parte de Fiduciaria La Previsora S. A. como administradora de PAR PANFLOTA, para en su lugar establecer que el cálculo actuarial debe ser asumido por el Patrimonio Autónomo Remanente PAR PANFLOTA cuya vocera y administradora es Fiduciaria La

Previsora S. A.

SEGUNDO: REVOCAR el numeral sexto de la sentencia. En su lugar se establece que el único llamado a responder por los aportes a pensión es el Patrimonio Autónomo Remanente PAR PANFLOTA cuya vocera y administradora es Fiduciaria La Previsora S. A. y de forma subsidiaria la Federación Nacional de Cafeteros como administradora del Fondo Nacional del Café.

TERCERO: MODIFICAR el numeral séptimo de la sentencia, en cuanto estableció que Colpensiones debía reconocer una pensión y establece un retroactivo a pagar a favor del demandante, para en su lugar determinar que la pensión de vejez a reconocerse se debe liquidar y pagar una vez se cuente con el cálculo actuarial correspondiente.

CUARTO: MODIFICAR el numeral noveno de la sentencia, en cuanto a determinar que se autoriza a Colpensiones a descontar los aportes para salud de las mesadas que llegare a reconocer a favor del actor una vez se materialice el reconocimiento pensional a su favor en el marco de la decisión en que se (sic) ha hecho referencia.

QUINTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia.

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SEXTO: Costas en esta instancia […] a cargo de la Federación Nacional de Cafeteros como administrador del Fondo Nacional del Café.

Coligó la situación de subordinación de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S. A. y la responsabilidad subsidiaria de la Federación Nacional de Cafeteros, en su condición de administradora del Fondo Nacional del Café de acuerdo con: i) el artículo 30 y el parágrafo del precepto 148 de la Ley 222 de 1995; ii) el certificado de existencia y representación legal de la compañía de Inversiones de la Flota Mercante (f.° 301 a 304, ib), en el que se inscribió la situación de control; iii) lo considerado por la Corte Constitucional en la sentencia CC SU1023-2001, donde refirió que la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante

S.A «se encontraba en la situación de subordinación descrita en el artículo 27 de la Ley 222 de 1995 respecto de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en su condición de administradora del Fondo Nacional del Café al ser titular de más del 50 % de las acciones de dicha sociedad». Destacó que la Federación no desvirtuó la presunción legal artículo del 148 de la Ley 222 de 1995, según la cual: en la situación del concordato o liquidación obligatoria de la subordinada, las obligaciones a su cargo, debían ser asumidas por la sociedad matriz o controlante, salvo que esta demuestre «su inocencia en […] la insolvencia de la sociedad controlada», pues aquella se limitó a asegurar que el infortunio de la Flota Mercante Grancolombiana S. A. obedeció a decisiones Estatales, mientras que, con el Estudio sobre la viabilidad económica y financiera de la Flota

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Radicación n.° 92687 Mercante Grancolombiana y de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante (f.° 697 a 867, ibidem), se demostró que la supresión de la reserva legal de carga (Ley 7ª de 1991), no fue el único factor de decaimiento económico, sino que, tres años antes del proferimiento de la última norma en cita, menguó la participación en el comercio exterior con ocasión, entre otros, de la precariedad de la flota. Señaló que los recursos del Fondo Nacional del Café no tienen origen parafiscal, pues, según la misma sentencia CC SU1023-2001, las inversiones efectuadas por la Federación

Nacional de Cafeteros en la Flota Mercante Grancolombiana

S. A., tuvieron como finalidad el desarrollo de actividades de fomento en beneficio del sector cafetero del país, materializadas en mercadeo, transporte y comercialización del café; que dichos dineros eran suministrados por la Federación como persona jurídica y en virtud del contrato de administración que se renueva anualmente con La Nación, de acuerdo con el cual, una de las obligaciones de la Federación, era invertir, administrar los recursos del Fondo Nacional del Café y ejecutar inversiones; que en su cláusula 11 contempla: […] entre los ingresos corrientes del Fondo Nacional del Café, los provenientes de los rendimientos de las distintas inversiones, incluyendo la financiera, así como otros egresos netos, los correspondientes a los programas de inversión que incluyen la capitalización o liquidación de las empresas en las cuales el Fondo Nacional del Café fuera accionista, mismos aparte que por demás son los que recalca la Corte Constitucional.

Memoró que la línea jurisprudencial actual, forjada desde las sentencias CSJ SL, 16 jul. 2014, rad. 41745 y CSJ

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Radicación n.° 92687 SL, 20 oct. 2015, rad. 43182, establece que el empleador, incluso en casos en los que no había sido llamado a afiliación obligatoria, debe contribuir a la financiación de una eventual pensión a través del pago del respectivo cálculo actuarial. Especificó que, según el Contrato de Mandato n. ° 9264001 de 2014 (f.° 1702, ib), se nombró a Asesores en

Derecho SAS como mandataria con representación a cargo del patrimonio autónomo Panflota y, en la cláusula 6ª se determinó que las obligaciones económicas derivadas de los actos administrativos expedidos por la primera, con ocasión de derechos pensionales de los ex trabajadores de la entidad liquidada, estaría a cargo exclusivo del PAR Panflota, ello, en cumplimiento de la sentencia CC SU1023-2001; que por tal motivo era Asesores en Derecho SAS, en la condición aludida, la obligada a expedir el acto administrativo ordenando el pago del cálculo actuarial en el monto que indicara Colpensiones y, a su turno, el PAR, administrado por La Fiduprevisora S. A., debía girar los recursos. Precisó que dicho título pensional debía pagarse en su totalidad por el exempleador en la forma indicada, pues, para la época en que se prestó el servicio y que hoy se reclama como no cotizado, la obligación pensional estaba en un 100 % a cargo de aquel, por cuanto no existía la cobertura al ISS, de manera que solo se liberaba de su deber trasladando el valor del cálculo actuarial, que no de los aportes indexados, porque ello no es lo que prevé el artículo 72 de la Ley 90 de 1946.

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Radicación n.° 92687 Connotó que la metodología a emplear al momento de materializar el cálculo actuarial y el salario a tener en cuenta estaban previstos en el artículo 4° del Decreto 1887 de 1994; que según la postura pacífica de la Corte, es el último sueldo reportado el que debe tomarse para la liquidación; que de

acuerdo con el resumen de semanas cotizadas, aportado por Colpensiones (f.° 1733 a 1735, ibidem), el salario a enero de 1992 ascendía a $665.070, superior a los $622.416 determinados en primera instancia y que en todo caso equivalía a 9,55, es decir, inferior al tope de las cotizaciones legales; que «en virtud del principio de la no reformatio in pejus no modifica[ría] la condena impuesta». Estableció que para el 1° de abril de 1994, el reclamante contaba con 40 años y cumplió los 60 el 27 de junio de 2013; que según la historia laboral, para el 29 de julio de 2005 superaba las 750 semanas exigidas para extender el régimen de transición hasta el año 2014, porque a las 327 semanas cotizadas debían colacionarse las 567,57 objeto de condena en este proceso, por el tiempo servido entre el 27 de septiembre de 1979 y el 28 de agosto de 1990, para un total de 1061,33 semanas; que no obstante lo anterior, […] Al estar el reconocimiento pensional realmente atado la inclusión de nuevos tiempos, pues es imposible ordenar un pago y por ende tener como fecha de disfrute alguna determinada, sino hasta cuándo se efectúe el cálculo actuarial correspondiente. Y no es una decisión que adopte esta Corporación, alejada a la jurisprudencia nacional. Ustedes pueden consultar radicados, uno de ellos del 2 de diciembre de 2015 que es el 37022 y el del 15 de noviembre de 2017, que es el radicado 45477 en ese orden

de ideas, solo hasta tanto la condena debe estar condicionada al momento en que se sitúa el cálculo actuarial en aras de tener los valores precisos para efectos de que se materialicen los cálculos respectivos. Por tal razón, se debe modificar el numeral octavo de

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Radicación n.° 92687 la sentencia, en cuanto a estableció que Colpensiones debía reconocer un retroactivo causado desde el 1° de diciembre del 2013 teniendo en cuenta unas cuantías de pensiones que se establecen desde el año 2003 hasta el año 2019 y que en último año alcanzan a $2.743.083, para en su lugar determinar que la pensión de vejez a favor del demandante se debe liquidar y pagar una vez se cuente con el cálculo para el correspondiente. Indicó que los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 se causan cuando la entidad obligada al reconocimiento de la pensión retarda el pago de la mesada; que la Corte ha morigerado la imposición de los mismos en perspectiva de las razones que tuvo la administradora pensional para negar el derecho; que en este caso, […] estamos hablando de una obligación que no existía cargo de un empleador y que por supuesto la resolución por parte de Colpensiones pende de si tuvo el cálculo actuarial, situación por demás claramente que la excusa de responder por intereses moratorios. En cuanto la indexación al momento del reconocimiento se considera que no tenemos un retroactivo para ser establecido y que pueda ser materializada su condena con la indexación. No obstante y dado que en el momento en que se

reconozca la pensión, ellos sí pueden generarse, recordemos que es condicionado el reconocimiento de esta última, pues por supuesto, la entidad Colpensiones deberá indexar ese retroactivo que se genere a favor del demandante […] Precisó que los descuentos correspondientes a los aportes en salud debían efectuarse cuando se materializara el reconocimiento de la pensión de vejez (f.° 1948 a 1949, en relación con el CD de f. ° 1944, ib).

IV. RECURSO DE CASACIÓN

(FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA) Interpuesto por dicha demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver, por

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Radicación n.° 92687 cuestiones metodológicas, de manera preliminar.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case la decisión impugnada, para que, en sede de instancia, se revoque la sentencia inicial en cuanto la condenó como administradora del Fondo Nacional de Café y, en su lugar, la absuelva de todas las pretensiones incoadas en su contra. Igualmente, solicita que, se revoque la absolución frente a La NaciónMinisterio de Hacienda y Crédito Público y se «efectué el pronunciamiento que corresponda frente a la responsabilidad subsidiaria que se le imputa a La Nación con fundamento en el artículo 148 de la Ley 222 de 1995».

Formula, como alcances subsidiarios, los siguientes: 2. […] la Corte, habrá de casar la sentencia del Tribunal en cuanto confirma el fallo de primera instancia en lo que

respecta a los términos que impone condena a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café; y en sede [de] instancia, habrá de revocar los términos de la condena del fallo de primer grado, para, en su lugar, modificarla en el sentido que como valor correspondiente a lo no cotizado al Instituto de Seguros Sociales a favor del demandante, durante el lapso del 27 de septiembre de 1979 al 28 de agosto de 1990, deberá pagar una suma equivalente a los aportes que debía hacer a esa entidad por el precitado periodo, con referencia a las denominadas “tablas y categorías” que regían para tal data en dicho entidad, valor que será puesto a disposición de la Administradora Colombiana de PensionesColpensiones-.

3. Como segundo alcance subsidiario, la Corte, habrá de casar la sentencia del Tribunal en cuanto modifica el fallo de primera instancia en lo que respecta a los términos que impone condena a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café; y en sede [de] instancia, habrá de confirmar los términos de la condena del

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Radicación n.° 92687 fallo de primer grado, concretamente, en lo que respecta al porcentaje que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café, debe asumir del valor que del bono pensional resulte de liquidar los aportes para pensión del demandante no pagados y correspondiente al tiempo laborado por este, del 27 de septiembre de 1979 al 28 de

agosto de 1990, para la Flota Mercante Grancolombiana S. A. y/o compañía de Inversiones de la Flota Mercante S. A. (f. ° 13, archivo «2022041347751», cuaderno de la Corte, expediente digital) Con tal propósito, formula tres cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados únicamente por Santiago Suárez Pedraza y Colpensiones y pasan a estudiarse, de manera separada el inicial y, en conjunto, los dos restantes por estar cimentados en similar proposición jurídica y corresponder a los alcances subsidiarios.

VI. CARGO PRIMERO Reprocha la sentencia del Tribunal por ser, […] violatoria de la ley sustancial por aplicación indebida de los artículos 148 de la Ley 222 de 1995 y 126 de la Ley 1116 de 2006, en concordancia con los artículos 822, 1262 y 1263 del Código de Comercio, 2142 y 2186 del Código Civil, 2 y 6 de la Constitución Nacional. Esta vulneración dio lugar, también, a la indebida aplicación de: el inciso 2º del artículo 259 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo; del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3141 del mismo año, artículos 3º y 38, 59 a 61; del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003; del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1999, aprobado por el Decreto 0758 del mismo; artículos 373 del Código de Comercio y 60 del Código de Procedimiento Civil;

72 y 76 de la Ley 90 de 1946. Aclara que el cargo se dirige por la vía directa; que no controvierte: i) que no se desvirtuó la presunción del parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, para la matriz o controlante de la sociedad subordinada que entró en

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Radicación n.° 92687 situación de concordato o liquidación obligatoria; ii) que su vinculación es como administradora del Fondo Nacional del Café y, iii) que es sociedad matriz de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante. Expone que, al habérsele otorgado la calidad de administradora y vocera del Fondo Nacional del Café, no debió imponérsele condena directa por el cálculo actuarial del demandante; que era deber del colegiado determinar quién era su mandante, vincularlo y atribuirle aquel pago y no a ella como mandataria; que, al no haberse procedido de tal forma, se trasgredieron los artículos 822 y 1266 del CCo y 2186 del CC, en concordancia con el 1262 y 1263 del primer compendio y 2142 del último. Esboza que en las consideraciones