CSJ - SL1945-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL1945-2023 Radicación n.° 92644 Acta 027 Bogotá, D. C., primero (1.º) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por CODENSA SA ESP, hoy ENEL COLOMBIA SA ESP, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 26 de febrero de 2021, en el proceso promovido en su contra por IRMA

MILENA ALFONSO MORENO.

AUTO Se acepta el impedimento manifestado por la magistrada Ana María Muñoz Segura, para conocer del presente caso, con fundamento en la causal 3º del artículo 141 del CGP.

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Radicación n.° 92644

I. ANTECEDENTES Irma Milena Alfonso Moreno llamó a juicio a Codensa SA ESP, pretendiendo que se declarara que sostuvo con ella un contrato de trabajo, a término indefinido, que inició el 1º de octubre de 2009 y finalizó por decisión unilateral y sin justa causa por parte de la empresa el 22 de agosto de 2013; y que se encontraba protegida por el fuero circunstancial, por lo que la terminación no produjo ningún efecto.

En consecuencia, que se le condenara a reintegrarla al cargo que desempeñaba al momento de producirse el despido, o a otro igual o de superior categoría, con el pago de los salarios con los incrementos legales y/o extralegales desde ese momento, hasta cuando se hiciera efectivo el primero, con las prestaciones legales y extralegales, y las

cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en salud y pensiones, con destino a la EPS Compensar y Colpensiones, respectivamente. De manera subsidiaria, a la indemnización por despido injusto indexada. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que se vinculó laboralmente con la demandada, dentro de los extremos temporales y en las condiciones arriba descritas; que desempeñaba el cargo de profesional de distribución de la Subgerencia de Operación en la Gerencia Técnica, devengando un salario de $2.624.611.

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Radicación n.° 92644 Adujo que entre sus funciones se encontraban las de coordinar operativamente el proyecto de inspecciones y verificaciones para el Departamento de Gestión de la Información; gestionar contratos y realizar el seguimiento de indicadores y acuerdos de nivel de servicio; realizar la planeación de procesos para la gestión ante la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) del Reporte de Unidades Constructivas para nivel de tensión IV; gestionar el seguimiento y control de calidad de la información para los trabajos ejecutados por parte de las áreas operativas responsables de las modificaciones y cambios en la red; controlar el avance de subprocesos y gestionar el seguimiento y control presupuestal para la subgerencia de operación. Señaló que cumplía un horario de trabajo de 7:30 a. m., de lunes a jueves, y el viernes de 7:30 a. m. a 2:00 p. m.; que es profesional en Ingeniería de Diseño y Automatización Electrónica; que durante el tiempo en que prestó sus

servicios a la empresa, se destacó por su cumplimiento y compromiso, sin que se le hubieran realizado llamados de atención; que el salario final lo venía percibiendo desde el 1º de enero de 2013; que el 16 de julio de ese año se le dio por terminado el contrato por parte de la empresa, aduciendo justa causa, decisión frente a la cual interpuso recurso de apelación el 22 de julio siguiente, el cual fue confirmado por decisión del 22 de agosto del mismo año; que le pagaron el salario y demás derechos laborales hasta la misma data; y que la empresa le finiquitó el vínculo de manera injusta.

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Radicación n.° 92644 Narró que cuando trabajaba para la entidad, se afilió al sindicato Sintraelecol, y con posterioridad lo hizo a la organización sindical Asociación de Ingenieros de la Empresa de Energía de Bogotá (ASIEB), el 4 de julio de 2012, en la que se encontraba al momento de la finalización del contrato; que el referido sindicato no tenía convención colectiva con la empresa, y había presentado pliego de peticiones el 9 de diciembre de 2010, frente al cual la empresa se negó a iniciar la etapa de arreglo directo, por lo que aquel presentó querella ante el Ministerio de Protección Social, la que concluyó con la Resolución n.° 00212 del 24 de mayo de 2011, por medio de la cual le ordenó a Codensa SA ESP, iniciarla sin dilación alguna; que adelantada dicha etapa, las partes no llegaron a ningún acuerdo, y el sindicato votó la convocatoria de un

tribunal de arbitramento para que dirimiera el conflicto colectivo, por lo que finalmente el Ministerio de Protección Social, en sendas resoluciones decidió convocarlo, el cual fue instalado el 20 de junio de 2012, profiriendo laudo arbitral el 25 de julio del mismo año, frente al cual ambas partes del conflicto colectivo, presentaron recurso de anulación; que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 26 de febrero de 2014, dictó el fallo. Añadió que al momento de su despido la Corte no se había pronunciado sobre el recurso de anulación interpuesto; que estaba cobijada por el fuero circunstancial que genera la negociación colectiva con el sindicato del que era afiliada; que dentro de sus tareas laborales, no estaba la de participar en la evaluación técnica de un proceso licitatorio, hasta la designación que le hiciera de manera

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Radicación n.° 92644 verbal, su jefe Felipe Rueda Posada, para integrar el Comité de Evaluación Técnica de una licitación, el del Servicio de Gestión de Información de Archivos Eléctricos (GIAE) n.° JCS100277812/10055812 para Codensa SA ESP y la Empresa de Energía de Cundinamarca (EEC), Añadió que no tenía ninguna experiencia en lo referente, lo cual era de conocimiento de la dirección de la empresa, y no se le entregó ningún tipo de manual para tener en cuenta; que el referido comité quedó integrado además, por Carlos Alberto Verano Núñez, Felipe Rueda Posada, Alex Roberto Salamanca y Luis Eduardo Vargas, este último

designado para que ejerciera la auditoría, los cuales no tenían experiencia en la evaluación de este tipo de procesos, excepto el último, quien era un guía. Dijo que la tarea encomendada al comité, fue realizar dentro del proceso licitatorio, una evaluación técnica de las propuestas presentadas por los oferentes; que aquel constaba de varias etapas, la de evaluación técnica, y luego la económica, para adjudicarle el contrato a quienes las directivas de la empresa consideraran el ganador; que cumplió la tarea encomendada dentro del comité, junto con los demás miembros designados; que el 30 de octubre de 2012, el comité le envió un correo electrónico a Felipe Rueda Posada, jefe del Departamento de Gestión de Información, comunicándole que ninguno de los cuatro oferentes cumplía a cabalidad con los requisitos, en consecuencia, le pidió que ello fuera evaluado por la Unidad de Aprovisionamiento y Logística de Codensa SA ESP; que en razón de ello, el citado

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Radicación n.° 92644 señor envió las comunicaciones pertinentes a Mónica Mesa y Andrea Sarmiento, integrantes de la mencionada dependencia, quienes permitieron que los cuatro oferentes llenaran los requisitos; que el trabajo encomendado al Comité, terminó el 20 de noviembre de 2012; que el 20 de diciembre del mismo año, la jefe de División Compras de Obras y Servicios de Gerencia de Aprovisionamientos, Mónica Mesa, le envió un correo a Felipe Rueda, pidiéndole que las mismas empresas fueran aprobadas o descartadas en las dos licitaciones, la de Codensa SA ESP y la EEC; que

en el resultado final de la evaluación técnica, MECM había sido calificada en Codensa, mientras que en EEC no había alcanzado el mínimo de 80%, quedando descalificada, mientras que Pixis Consultoría SAS —en adelante Pixis— y Electrosoftware habían clasificado en las dos licitaciones, y Geospatial no había obtenido el puntaje necesario en ninguna de las dos; que el 26 de diciembre de 2012, Felipe Rueda le envío una respuesta a Mónica Mesa, ratificándole el resultado de la licitación para ambas empresas. Y que el 8 de enero de 2013, la señora Mesa le escribió al señor Rueda Posada, solicitándole incluir a MECM en la licitación de la ECC; que por lo anterior, el día 14 del mismo mes y año, le envió un correo electrónico a todos sus compañeros del comité evaluador y a su jefe inmediato, manifestando su inconformidad con la solicitud de incluir a dicha empresa, por haber sido descalificada dentro de la licitación para la EEC, lo que fue apoyado por Luis Eduardo Vargas, Alex Roberto Salamanca y Carlos Verano; que el resultado de la evaluación técnica por el comité, se mantuvo

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Radicación n.° 92644 igual; que el 22 de mayo de 2013 la empresa suspendió el proceso licitatorio, comunicándoseles a los oferentes e interesados. Afirmó que el 28 de junio de 2013 se le notificó que la empresa había iniciado un proceso disciplinario en su contra, siendo citada a rendir descargos el día 5 de julio del mismo año, diligencia a la cual acudió asistida de dos

compañeros de trabajo, Arturo García y Carlos Verano, miembros del sindicato; que se le convocó para que el día 9 del mismo año, aportara documentos y ampliara su versión de los hechos; que entre las normas que se le endilgaron como violadas por su actuar, estaba el llamado Código de ética, el cual ASIEB nunca aceptó que se aplicara en la empresa; que en desarrollo del proceso disciplinario, se adujo para dar por terminado el contrato de trabajo, que había favorecido a la empresa proponente Pixis, lo cual no fue cierto. Dijo que la empresa entre los hechos supuestamente cometidos, alegó haber incurrido en conflicto de intereses, por integrar el equipo de la firma Pixis, Ramiro Rueda Bueno, quien había sido trabajador de Codensa SA ESP y está pensionado; que jamás fue subalterna del citado señor, incluso ingresó a laborar a la entidad en octubre de 2009, cuando aquel se había retirado desde mayo del mismo año; que el trabajo que cumplió dentro del Comité Técnico de Evaluación, fue ajustado a los requerimientos de la empresa, así como de quienes dirigieron ese trabajo en específico, especialmente el ingeniero Felipe Rueda; que la citada firma

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Radicación n.° 92644 de consultoría, cumplió con las especificaciones técnicas en desarrollo del proceso licitatorio; que las empresas proponentes presentaron el listado de personal que podía entrar a laborar de lograr el contrato, y la única que lo tenía contratado era la que entonces adelantaba el contrato, MECM Profesionales Contratistas; que dentro del juicio de

responsabilidad adelantado a ella y demás miembros del comité, la empresa les endilgó conductas supuestamente cometidas en la evaluación económica, la cual estaba reservada para otro comité; que la empleadora les adelantó a tres miembros del Comité Técnico, investigaciones disciplinarias separadas, impidiendo que conocieran plenamente las pruebas en su contra; que en el reglamento interno de trabajo estaba contemplado el procedimiento para adelantar investigaciones, así como los términos en que debía llevarse a cabo. Además, que la entidad para iniciar la investigación, adujo haber recibido un anónimo el 26 de abril de 2013, que señalaba irregularidades en el proceso licitatorio, por la vía del canal ético; que el art. 56 del reglamento interno de trabajo, consagraba que las investigaciones debían iniciarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la supuesta comisión de una falta, o del día en que la empresa conociera los hechos, empero, la promovida en su contra se inició formalmente el 28 de junio de ese año; y que el 8 de julio de 2016 presentó reclamación ante la empresa, solicitando su reintegro, por haber sido despedida sin haber incurrido en conducta que constituyera causal de despido, estando cobijada por fuero circunstancial, ya que para entonces la

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Radicación n.° 92644 negociación entre esta y el sindicato al que estaba afiliada, no había concluido. La accionada al dar respuesta a la demanda se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó los relacionados con el contrato de trabajo a término indefinido celebrado con la

señora Alfonso Moreno a partir del 1º de octubre de 2009; el cargo desempeñado por esta y la asignación mensual devengada al momento del finiquito laboral; el horario de trabajo; la terminación unilateral del vínculo el 16 de julio de 2013, y los recursos interpuestos por la trabajadora contra esa decisión, y su resolución; la presentación del pliego de peticiones por parte de la organización sindical ASIEB; la convocatoria al tribunal de arbitramento obligatorio, quien profirió el respectivo laudo arbitral; el recurso de anulación presentado por ambos extremos del conflicto colectivo; el no pronunciamiento por parte de la Corte sobre el recurso de anulación interpuesto por ambas partes respecto del laudo arbitral. Igualmente, el proceso licitatorio del Servicio de Gestión de Información de Activos Eléctricos, y la designación de la demandante para que integrara el comité que lo evaluaría; la anulación del proceso licitatorio; así como el proceso disciplinario que se le inició; las diligencias para rendir descargos, y su ampliación; la violación que se le endilgó sobre el Código de Ética; y la reclamación elevada por esta el 8 de julio de 2016.

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Radicación n.° 92644 En lo referente a los demás, expresó que adicional a las funciones relacionadas por la accionante, no se enlistaron otras inherentes al cargo, como la gestión correspondiente a las propias de evaluación de ofertas para el área a la cual se desempeñó como trabajadora; que el contrato finiquitó por

justa causa comprobada, al verificar el incumplimiento grave de las obligaciones laborales, consistentes en el favorecimiento en que incurrió frente a uno de los oferentes del proceso licitatorio, lo que se estableció por la ocurrencia de los hechos detallados en la comunicación del 16 de julio de 2013, y conjuntamente, el proceso disciplinario adelantado, surtió todas y cada una de las etapas previstas para el personal con régimen convencionado, atendiendo los derechos constitucionales al debido proceso y defensa, por ello al finalizar se concluyó, que la falta cometida representaba un incumplimiento grave de las obligaciones laborales de la demandante, llevando consigo al finiquito del vínculo laboral; que la señora Alfonso Moreno no puede dar alcance al fuero circunstancial más allá que el que la propia ley laboral le atribuye, ya que este no opera en los eventos de terminaciones con justa causa, como la que ocurrió en este caso. También, que según la matriz de evaluación técnica final remitida al área de aprovisionamientos de la compañía, y el correo electrónico remitido por Carlos Verano, miembro también de este, a Felipe Rueda, su jefe, y el líder de dicho equipo, pudo constatarse que la evaluación técnica en varios aspectos fue responsabilidad de la demandante, teniendo en cuenta la división de trabajo que se hizo al interior de este,

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Radicación n.° 92644 lo que da cuenta del incumplimiento grave de sus obligaciones, lo que dio lugar a una situación abiertamente irregular. Y que como quedó establecido en la carta de

desvinculación de la accionante, se pudieron comprobar las siguientes irregularidades: la acreditación de la antigüedad del contratista, con incumplimiento del requisito mínimo establecido en las instrucciones a los oferentes; la modificación de los criterios de ponderación sin soporte válido; la acreditación de un requisito de experiencia de personal claramente no cumplido por el oferente al que se recomendó adjudicar el contrato; y la inclusión de datos financieros inapropiados por parte del área evaluadora; lo que cobra mayor gravedad, si se tiene en cuenta que uno de los miembros de la compañía Pixis, quien además fue presentado como director de proyecto, dentro de las hojas de vida aportadas y analizadas por el equipo evaluador, Ramiro Rueda, estuvo vinculado laboralmente con la demandada, período en el cual la señora Alfonso Moreno tuvo contacto con él, situación que podría afectar la neutralidad de su gestión, por lo que debió haberla puesto en conocimiento de su empleadora. Como excepciones propuso las de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, prescripción y buena fe.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, a través de sentencia del 23 de enero de 2020, resolvió:

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Radicación n.° 92644

PRIMERO: Declarar que entre la demandante IRMA MILENA ALFONSO MORENO y CODENSA SA existió un contrato de trabajo desde el 1 de octubre de 2009 al 22 de agosto de 2013, el

cual terminó sin justa causa por parte del empleador.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se dispone condenar a CODENSA SA ESP a pagar a la demandante el valor de $7.698.859 por concepto de indemnización por despido injusto, la cual debe pagarse debidamente indexada.

TERCERO: DECLARAR PROBADAS LAS EXCEPCIONES

PROPUESTAS CONTRA EL FUERO CIRCUNSTANCIAL Y NO

PROBADAS LAS DEMÁS EXCEPCIONES PROPUESTAS.

CUARTO: COSTAS A CARGO DE LA PARTE DEMANDADA. LAS

AGENCIAS SE TASAN EN 2 SMLMV.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por medio de providencia del 26 de febrero de 2021, al resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes, resolvió: PRIMERO.- REVOCAR el numeral 3º de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, de fecha 23 de enero de 2020, proferida por el Juez 7º Laboral del Circuito de Bogotá; en consecuencia, DECLARESE (sic) ineficaz el despido de la demandante IRMA MILENA ALFONSO MORENO, efectuado por la demandada CODENSA S.A. ESP., el 16 de julio de 2013, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la demandada CODENSA S.A. ESP., a reintegrar a la demandante IRMA MILENA ALFONSO MORENO, al cargo que venía desempeñando al momento del despido, 16 de julio de

2013, o, a otro de igual o superior categoría, sin solución de continuidad, tal como se expuso en la parte motiva de esta providencia. TERCERO.- CONDENESE (sic) a la demandada CODENSA S.A. ESP., a pagar a favor de la demandante IRMA MILENA ALFONSO MORENO, los salarios y prestaciones sociales, legales y convencionales, dejadas de percibir desde la fecha del despido, 16 de julio de 2013, y hasta cuando se haga

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Radicación n.° 92644 efectivo su reintegro, junto con los aumentos legales a que haya lugar año tras año, tal como se expuso en la parte motiva de esta providencia. CUARTO.- Como consecuencia de lo anterior, REVOQUESE (sic) el numeral 2º de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, absolviendo a la demandada CODENSA S.A. ESP., del pago de la indemnización por despido injustificado, tal como se expuso en la parte motiva de esta providencia. QUINTO.- CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada, tal como se expuso en la parte motiva de esta providencia. SEXTO.- Sin COSTAS en esta instancia. Partió de que el problema jurídico se orientaba a determinar si el contrato de trabajo que vinculó a las partes, terminó de manera unilateral y sin justa causa por la demandada. Y como consecuencia de ello, si al momento del despido de Irma Milena Alfonso Moreno —16 de julio de 2013—, esta se encontraba amparada por el denominado fuero circunstancial, a la luz de lo establecido en el art. 25 del

Decreto 2351 de 1965; y si en virtud del mismo, recaía en cabeza de la accionada, la obligación de reintegrarla al cargo que venía desempeñando, o a otro de igual o superior categoría, junto con el pago de las acreencias laborales reclamadas. Como fundamentos legales relacionó los arts. 41 de la Ley 142 de 1994; 22, 55, 58, 60, 62, 64, 259, 432, 434, 467 y 488 del CST; 39 y 55 de la CP; 25 del Decreto 2351 de 1965; 36 del Decreto 1469 de 1978; 151 del CPTSS; y 60 del CPTSS y 164 CGP.

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Radicación n.° 92644 Señaló que no es objeto de discusión que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido del 1º de octubre de 2009 al 16 de julio de 2013; que el último salario devengado fue la suma de $2.624.611; que el vínculo finalizó por decisión unilateral de la demandada, según carta dirigida por la empleadora, alegando la justa causa (f.° 435 a 444). Igualmente, que al interior de la empresa se suscitó un conflicto colectivo con la presentación del pliego de peticiones el 9 de diciembre de 2010, por parte de la organización sindical ASIEB, a la cual se encontraba afiliada la trabajadora; y, que aquel fue decidido por tribunal de arbitramento obligatorio, por laudo arbitral del 25 de julio de 2012, contra el cual se presentó recurso de anulación, siendo

resuelto parcialmente por la Corte mediante providencia del 26 de febrero de 2014, en virtud de la cual se ordenó su devolución, para que el tribunal se pronunciara respecto del punto 33 del referido pliego.

Luego expresó: […] del análisis conjunto de la prueba recaudada dentro del devenir procesal, consistente en la prueba documental allegada por cada una de las partes, los interrogatorios absueltos por cada uno de los extremos de la relación jurídica procesal y la prueba testimonial recepcionada, así como del sentido y alcance del cuadro normativo citado en precedencia, fácil resulta concluir a la Sala, que la sentencia del Juez de primera instancia, habrá de REVOCARSE, en cuanto absolvió a la demandada, de las pretensiones principales de la demanda, y, la condenó al pago de la indemnización por despido injustificado; ya que, si bien, esta Sala, comparte la decisión del aquo, en cuanto declaró que el contrato de trabajo que vinculó a las partes, finiquitó por decisión injustificada de la demandada, habida consideración que la parte demandada, a quien correspondía la carga de la prueba, de acuerdo a lo establecido en el art. 167 del C.GP., no acreditó dentro del proceso, de forma clara y fehaciente, las justas causas alegadas en la carta de terminación del contrato de trabajo, de fecha 16 de julio de 2013, vista a folios 435 a 444 del

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Radicación n.° 92644 expediente, tal como lo consideró el Juez de instancia; en la medida en que no acreditó las irregularidades graves y específicas en que incurrió la demandante, dentro del Proceso de Licitación del Servicio

de Gestión de Información de Activos Electrónicos No JCS100277812/100555812, y que las mismas hayan sido determinadas y ejecutadas de mala fe por la accionante, para la adjudicación o favorecimiento indebido del contratistas (sic) PIXIS CONSULTORÍA SAS., particularmente en lo que tuvo que ver con la validación del cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos que se exigían para la adjudicación del contrato; nótese como, el propio Representante Legal de la Empresa demandada CODENSA, al absolver el respectivo interrogatorio, manifestó, en primer lugar, que en el mes de abril de 2013, a través del canal ético que tiene la Compañía, se recibió una denuncia anónima encaminada a que dentro del proceso de licitación, para el tema del sistema de información, se estaba favoreciendo a la contratista PIXIS, manifestando, el Representante Legal de la accionada, que dicha denuncia no estuvo dirigida directamente contra la demandante, sino en contra del señor RAMIRO RUEDA, miembro de la compañía contratista PIXIS, quien, en tiempos atrás, también fue trabajador de CODENSA; de otra parte, el represente (sic) legal, en su Interrogatorio, manifestó, no constarle el supuesto conflicto de intereses que tuvo la actora, con el Representante de la empresa PIXIS, señor RAMIRO RUEDA, pues dice no constarle la existencia de algún grado de amistad entre el señor RUEDA y la demandante; además que, el mismo representante legal de CODENSA, afirma que para cualquier licitación que haga la empresa CODENSA, siempre debe pasar por el comité evaluador, integrado por varias personas,

no solamente por la demandante, para darle el aval a la empresa contratista de la licitación; de donde colige esta Sala, que el voto positivo de la demandante, no era determinante para la adjudicación indebida de la licitación que se le enrostra; ahora bien, los testigos llamados a declarar, consistente (sic) en las versiones vertidas por RAMIRO RUEDA, LUIS EDUARDO VARGAS, ALBERTO GOMEZ (sic) PORRAS, DANIEL ANDRÉS VARAONA DÍAZ, ANDREA SARMIENTO BONILLA, CARLOS VERANO y FELIPE RUEDA POSADA, éstos dos últimos, miembros del Comité evaluador, afirmaron que el comité tuvo un auditor, quien estuvo presente en el proceso de licitación, el cual, una vez, es verificado, pasa por otro proceso de revisión a diferentes áreas de la compañía, existiendo una responsabilidad compartida respecto de la selección de los posibles oferentes o contratistas, interesados en la licitación; y, es que, además, todos los testigos fueron coincidentes en afirmar que, en el proceso de licitación participaron varias personas, pero no la que definía o determinaba cual (sic) iba a ser la empresa oferente o contratista que iría a ganarse esa licitación; luego, para la Sala, no quedaron debidamente acreditados los hechos relacionados por la demandada, como constitutivos de las justas causas alegadas para dar por terminado el contrato de trabajo, mediante la carta el 16 de julio de 2013, tal como lo estimó el Juez de instancia; resultando huérfana la actividad de la demandada, tendiente a demostrar las

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Radicación n.° 92644 justas causas que alega como soporte para la terminación unilateral del contrato de trabajo que vinculó a las partes. Precisó que, sin embargo, contrario a lo expuesto por el a quo, a la demandante sí le asiste el derecho a ser reintegrada al cargo desempeñado o a uno de igual o superior categoría, junto con el pago de los salarios y prestaciones sociales, a título de indemnización, hasta cuando se haga efectivo su reintegro, ya que para la fecha del despido injustificado -16 de julio de 2013-, se encontraba amparada por el fuero circunstancial de que trata el art. 25 del Decreto 2351 de 1956 modificado por el 36 del Decreto Reglamentario 1469 de 1978, como quiera que a esa data el conflicto colectivo que se suscitó al interior de la empresa, mediante la presentación del pliego de peticiones por la organización sindical ASIEB, el 9 de diciembre de 2010, no se había solucionado, debido a que el laudo arbitral emitido por el tribunal de arbitramento obligatorio, el 25 de julio de 2012, fue impugnado a través de recurso de anulación ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien a través de providencia del 26 de febrero de 2014, ordenó su devolución, para que se pronunciara respecto del punto 33 del pliego de peticiones (f.° 196 a 219), por lo que aquel no se encontraba debidamente ejecutoriado para la fecha del finiquito laboral. Afirmó que, en consecuencia, el despido de la actora devino en ineficaz, lo que apareja como consecuencia, su

reintegro al cargo que venía desempeñando al momento del finiquito laboral, o a otro de igual o mayor categoría, sin solución de continuidad, con el pago de los salarios y prestaciones sociales legales o convencionales causadas

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Radicación n.° 92644 desde ese momento hasta la fecha en que se haga efectivo su reintegro, junto con los aumentos legales a que haya lugar en cada anualidad.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente, que se case la sentencia impugnada, para que en sede de instancia revoque la sentencia de primer grado, y en su lugar la absuelva de las pretensiones.

Con tal propósito formula un cargo por la causal primera de casación; replicado por la demandante.

VI. CARGO ÚNICO Acusa a la sentencia de violar por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, las siguientes normas: […] los arts. 25 del Decreto 2351 de 1965, 10 del Decreto 1373 de 1966, numeral 6º, literal a) del artículo 62 del CST, modificado por el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, artículos 58 y 60 del CST, artículo 64 del CST, modificado por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002, artículo 127 del CST, modificado por el artículo 14 de la ley 50 de 1990, artículos 140, 186, 189, 249 y 306 del CST, en relación con los artículos 262, 164 y 167 del

Código General del Proceso, 145 del CPTSS, estas últimos como violación de medio […].

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Radicación n.° 92644 Lo que, en su sentir, tuvo lugar por la configuración de los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el contrato de trabajo de la actora terminó sin justa causa.

2. No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que el contrato de trabajo de la demandante terminó con justa causa a ella imputable.

3. No dar por demostrado, a pesar de estarlo, el grave incumplimiento, por parte de la demandante, de las obligaciones derivadas de su contrato de trabajo.

4. No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que la demandante no acató el contenido del documento denominado “instrucciones a los oferentes.” Pues, utilizó un criterio de medición de la experiencia que no estaba consagrado ni en las instrucciones a los oferentes, ni en la metodología de la evaluación. Como quiera que, avaló la experiencia de PIXIS, aunque esta sociedad no contaba con los dos años exigidos.

5. No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que la demandante no acató el contenido del documento denominado “instrucciones a los oferentes.” Pues, utilizó un criterio de medición de la experiencia que no estaba consagrado ni en las instrucciones a los oferentes, ni en la metodología de la evaluación. Como quiera que, avaló la experiencia de PIXIS, aunque gran parte de las actividades presentadas no desarrollaban las labores que se iban a contratar.

6. Derivar del interrogatorio de parte de la representante legal de CODENSA S.A. E.S.P. una confesión que no existe.

7. Tener por demostrado, sin estarlo, que la terminación del