CSJ - SL1948-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL1948-2023 Radicación n.° 94325 Acta 027 Bogotá, D. C., primero (1.º) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por LILIA LEONOR HERNÁNDEZ CARRILLO, contra la sentencia proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de junio de 2021, en el proceso que instauró contra PEARSON

EDUCACIÓN DE COLOMBIA SAS.

I. ANTECEDENTES Lilia Leonor Hernández Carrillo llamó a juicio a la sociedad Pearson Educación de Colombia SAS, con el fin de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido con esta, desde el 16 de julio de 1997 hasta el 28 de febrero de 2014, en el cargo de «Asistente de

Departamento de Crédito y Cartera».

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Radicación n.° 94325 Así como que adquirió durante el vínculo, las enfermedades profesionales de «SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO BILATERAL, EPICONDILITIS MEDIAL BILATERAL, EPICONDILITIS LATERÁL BILATERAL, OTRAS SINOVITIS Y TENOSINOVITIS»; y la responsabilidad de la empleadora por culpa patronal en relación con dichas patologías. En consecuencia, que se le condenara al pago de la indemnización total y ordinaria de perjuicios por haber sufrido una pérdida de capacidad laboral del 20.71%, la cual

calculó en la suma de $150.000.000, considerando los perjuicios materiales (lucro cesante consolidado y futuro) y morales; la indexación de las sumas objeto de condena, desde la estructuración de la enfermedad y hasta el momento de su pago; y lo ultra y extra petita. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que se vinculó con la sociedad accionada mediante contrato a término fijo inferior a un año desde el 16 de julio de 1997 al 1 de septiembre de 1998; que vencido este, se pactó la continuación de la relación de forma indefinida, en el cargo ya mencionado, hasta cuando le fue comunicada la terminación de aquella, finalizando el 28 de febrero de 2014, con una remuneración de $2.395.800. Informó que desde febrero de 2009 «empezó a sentir fuertes dolores en los codos, antebrazos y muñecas bilaterales, lo que limitó el desarrollo de sus funciones»; que el 4 de febrero de 2010 se le diagnosticó con «síndrome del túnel carpiano, epicondilitis medial bilateral, epicondilitis lateral

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Radicación n.° 94325 bilateral y tendinitis de flexo extensores de antebrazo y manos bilaterales» por lo que acudió a terapias; que el 16 de julio de 2012 en atención a la valoración física y de rehabilitación que le efectuaron, se le ordenó el uso de «brace (sic) de codo derecho» por dos horas diarias, toma de medicina y demás; lo que llevó a que Famisanar EPS expidiera el 14 de noviembre

de dicha anualidad, recomendaciones laborales para su entorno de trabajo. Relató que, el 2 de septiembre de 2013 la ARL Sura evaluó su puesto laboral, y determinó «riesgo osteomuscular»; que sus funciones consistían en el «manejo y digitación de Información (sic) en el computador, revisión, organización, archivo de documentos y recepción de llamadas», y que el 10 de enero de 2014 se le expidieron nuevas recomendaciones emitidas a la empleadora el día 20 del mismo mes y año, practicándosele ante su retiro, examen de egreso el 4 de marzo de 2014, el que se reflejaron las aludidas dolencias. Contó que, en virtud de ello, el 1 de julio de 2014 su EPS le calificó la enfermedad como de origen laboral; que el 8 de mayo de 2015 se le dictaminó el síndrome de túnel de carpo bilateral como profesional, con una PCL del 0.0% y estructuración del 24 de enero 2015, la cual fue modificada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá el 30 de septiembre de ese año, en la que se fijó en un 5%, ratificada en lo demás, disposición que al ser objeto de recurso de reposición, ascendió en el porcentaje al 20.70, variando la fecha de estructuración para el 13 de febrero de

2015. Así mismo, advirtió que, al surtir la apelación contra

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Radicación n.° 94325 esta última, se aumentó dicho cálculo al 20.71%, manteniendo incólume lo demás. Finalmente adujo, que el 28 de septiembre de 2016

demandó ante la jurisdicción ordinaria a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez «únicamente en relación con el establecimiento de la fecha de estructuración y se fije esta, el 16 de julio de 2012», con radicación 2016-00557. Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó los extremos temporales de la relación sostenida con la demandante, el cargo que ostentó, la afiliación que efectuó de la trabajadora al SGSS, las recomendaciones laborales de origen común expedidas por Famisanar EPS, lo señalado en el análisis del lugar de trabajo efectuado por ARL SURA y, el monto del último salario. Frente a los demás dijo que no eran ciertos. En su defensa propuso las excepciones que denominó, falta de responsabilidad subjetiva y nexo causal, así como de causa para la acción y cobro de lo no debido, estructuración de la pérdida de capacidad laboral fuera del vínculo laboral, prescripción y buena fe.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera

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Radicación n.° 94325 instancia, mediante sentencia del 25 de febrero de 2020, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre la demandante LILIA LEONOR HERNÁNDEZ CARRILLO y la demandada SOCIEDAD PEARSON EDUCACION (sic) DE COLOMBIA S.A.S, existió un contrato de

trabajo, pactado a término fijo, vigente entre el 15 de julio de 1997 y el 28 de febrero de 2014, con un salario final de $2'395.800.

SEGUNDO: CONDENAR a PEARSON EDUCACION (sic) DE COLOMBIA S.A.S., pagar a la demandante LILIA LEONOR HERNÁNDEZ CARRILLO, las siguientes sumas de dinero:

a) Por Lucro Cesante Consolidado: $46.795:035,09 b) Por Lucro Cesante Futuro: $95.947.579,47.

TERCERO: CONDENAR a PEARSON COLOMBIA S.A.S. (sic), a indexar las sumas delgas (sic), desde la presente calenda y hasta cuando se realice su pago efectivo.

CUARTO: ABSOLVER a la demanda PEARSON COLOMBIA S.A.S.

(sic), de las demás pretensiones incoadas en su contra.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través de sentencia del 30 de junio de 2021, al resolver los recursos de apelación presentados por ambos extremos procesales, revocó la providencia de primer grado, y en su lugar absolvió de las pretensiones a la demandada.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como fundamento de su decisión, que del examen de las pruebas se determinaba la existencia de las patologías laborales que le representan una pérdida de capacidad del 20.71%, las cuales aunque fueron reconocidas con fecha de estructuración posterior a la terminación del contrato, se

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gestaron dentro del vínculo, pues a la data de su finalización, esta se encontraba en tratamiento médico y pendiente de definir el origen de aquellas. No obstante, precisó que, dicha situación, aunque ubicaba a la trabajadora en una posible estabilidad laboral reforzada, ello no fue objeto del proceso, y consideró que como quiera que «[…] los riesgos ergonómicos a los que estuvo expuesta los pudo prevenir adoptando ella misma un horario para hacer sus pausas activas y evitar en diferentes momentos del día la ejecución de tareas repetitivas, ya que procurar el cuidado de su salud también es una obligación suya como trabajadora», ello no necesitaba vigilancia o supervisión del empleador, por lo que no se acreditó la responsabilidad de que trata el artículo 216 del CST. Lo anterior en el entendido de que, la culpa no podía endilgarse de forma automática, y que, al ser suficientemente probada, esta no se lograba extraer de los medios arrimados al proceso. Frente al punto, luego de referirse a sendos documentos, a los interrogatorios rendidos por la actora y el representante legal de la empresa, así como a las declaraciones de Gladys Guerrero Ariza y Jorge Eliécer Pérez Vargas, concluyó que, en el asunto las obligaciones en la protección de la salud y seguridad en el trabajo, son de medios en lo que respecta a esa finalidad y no de resultado. La Sala considera de la evaluación de la conducta del empleador, que su comportamiento no fue negligente en relación a la ocurrencia de las patologías de la demandante. En consecuencia en criterio de La Sala, contrario a la conclusión a la que llegó la juez A quo, la sociedad demandada

actuó con la diligencia y cuidado que emplearía un buen padre de familia en la administración de un negocio, y con el fin de

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Radicación n.° 94325 prevenir los riesgos laborales brindó a la demandante la información necesaria para el cuidado de su salud postural, dio los permisos para asistir a las citas médicas y terapias, no se reprochó que la empresa haya prohibido o limitado los ejercicios de prevención a la actora, ella tenía conocimiento de los riesgos y el uso de los equipos de trabajo, fue afiliada al sistema general de seguridad social y recibió los consejos preventivos del caso a fin de preservar su seguridad. En ese orden, como la responsabilidad contractual del art. 216 del CST exige como presupuesto que la culpa sea suficientemente probada y al estar acreditado el cuidado empleado para evitar el riesgo laboral en cuestión la sentencia apelada se REVOCA para en su lugar absolver a la llamada a juicio de las pretensiones de la demanda […].

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Lilia Leonor Hernández Carrillo, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, confirme la de primer grado en cuanto a que el extremo pasivo le pague, «perjuicios materiales, por concepto de lucro cesante, y la modifique condenando a pagar perjuicios morales y daño a la vida de relación a favor de la demandante».

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, los cuales se resuelven en conjunto al

censurar idéntico elenco normativo, contener argumentos similares y perseguir el mismo objeto.

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VI. CARGO PRIMERO Denuncia la violación de la ley sustancial por la vía directa en la modalidad de aplicación indebida del artículo 216 del CST, en relación con los artículos 21, 22 y 91 del Decreto Ley 1295 de 1994, 56 57 y 58 del CST, 2 de la Resolución 2400 de 1979, 2 de la 2013 de 1986 y 4 de la 1016 de 1989.

Advierte que no controvierte los hechos que tuvo por demostrados el colegiado, no obstante, discute la aplicación indebida del artículo 216 del CST, por cuanto el juez plural cercenó su contenido y alcance, al no tener en cuenta que al empleador también le corresponde «ejercer los controles en el medio, en la fuente y en la persona frente a la tarea puntual desplegada por el trabajador durante la evolución de la enfermedad laboral (CSJ SL5154-2020, reiterada en sentencia CSJ SL957-2021[…]», por lo que debía establecer si la pasiva ejecutó aquellos, debidamente. Expresa que resulta insuficiente para eximir de la culpa al empleador, el que se le entregara la información del cuidado para su salud postural, el otorgamiento de permisos para asistir a las citas y terapias, la posibilidad de ejecutar sin limitación los ejercicios de prevención que debía realizar, el conocimiento de los equipos de trabajo, así como de los riesgos en que se incurría con su uso, o el acreditar la

afiliación al Sistema General de Seguridad Social, y la entrega de consejos preventivos a fin de preservar la seguridad de la trabajadora, pues las normas atacadas con

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Radicación n.° 94325 el reproche «exige (sic) que el empleador actúe, realizando todas las actividades que estén a su alcance, para evitar el infortunio». Sostiene entonces que, era a la empresa a quien le competía tomar una actitud activa en la organización de las actividades que evitaran el infortunio, como eran las que servían para facilitar «las condiciones de tiempo, modo y lugar para cumplir las recomendaciones de la ARL y del mismo empleador, reubicando a la trabajadora en otro sitio de trabajo de ser necesario, sin que la trabajadora se lo solicite», así como efectuar los cambios de mobiliario necesarios para mitigar el riesgo. Alude que el conocer de las dolencias que padecía, ni haber recibido consejos para su respectivo cuidado, exime al empleador del descuido respecto de su trabajadora, pues solo ocurre ello cuando se comprueba la culpa exclusiva de la víctima, al tenor de la sentencia CSJ SL14420-2014, por lo que no se le podía exigir que contara «con la información para desplegar hábitos importantes para ejecutar sus labores y tampoco podía concluir el Tribunal que estaba encargada de la coordinación y seguimiento del programa de seguridad y salud en el trabajo», pues aunque perteneció al comité paritario de la empresa para el año 2005, tampoco la concurrencia de culpas evita que su contratante repare los perjuicios ocasionados por su culpa, en los términos de la

sentencia CSJ SL3176-2021.

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Radicación n.° 94325 Agrega que tampoco controvierte, el que las obligaciones del empleador son de medio o de resultado, sino que se dejaran de estudiar cuáles eran «todas las medidas que, por mandato de Ley, correspondían al empleador para evitar las enfermedades laborales que padece la recurrente, sin que el supuesto incumplimiento de la trabajadora o de la ARL exima de responsabilidad al empleador o la atenúe», y por contera, de haberlo hecho en debida forma, habría confirmado la decisión primigenia «en lo atinente a los perjuicios materiales por lucro cesante y la hubiera modificado condenando a la demandada por perjuicios morales y daño a la vida de relación, al entrar analizar si ejerció los controles en el medio, en la fuente y en la persona para evitar las enfermedades laborales», aspecto determinante para endosarle a la pasiva, la culpa en las enfermedades adquiridas.

VII. CARGO SEGUNDO La recurrente denuncia la transgresión del mismo elenco normativo que en el ataque anterior, utiliza idéntica modalidad, pero mediante la senda fáctica. Para tal efecto, sostiene que el colegiado incurrió en los siguientes errores de

hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la señora LILIA LEONOR HERNANDEZ (sic) CARRILLO “… era parte del Comité Paritario de Salud Ocupacional por lo que ella integraba el grupo de trabajadores encargados de la coordinación y seguimiento del programa de seguridad y salud en el trabajo y contó con la

información para desplegar hábitos importantes para ejecutar sus labores”.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que las medidas de

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Radicación n.° 94325 prevención estaban en manos de la señora LILIA LEONOR HERNÁNDEZ CARRILLO y el tiempo de suspensión de actividades diarias para desarrollarlos (sic) no necesitaba vigilancia o supervisión del empleador.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que no se reprochó que la empresa haya prohibido o limitado los ejercicios de prevención a la actora.

4. No dar por demostrado, estándolo, que el sitio de trabajo de la señora LILIA LEONOR HERNÁNDEZ CARRILLO no fueron (sic) ajustados a los factores de riesgo a los que estaba expuesta la demandante.

Falencias que se configuraron por haber apreciado indebidamente, las siguientes pruebas calificadas: 1.Acta de constitución del comité paritario de salud del 2 de agosto de 2005 (folios 370 a 372)

2. Política empresarial en salud ocupacional de la sociedad

PEARSON EDUCACIÓN DE COLOMBIA LTDA (folio 376).

3. Recomendaciones médicas de fecha 14 de noviembre de 2012, emitidas por FAMISNAR (sic) EPS (folio 21).

4. Recomendaciones médicas de fecha 10 de enero de 2014, emitidas por FAMISNAR (sic) EPS (folio 32).

5. Correo electrónico de fecha 3 de noviembre de 2005 (folio 379 y 380), con su anexo consejos de ergonomía para trabajo de

escritorio (horrores (SIC) en la oficina, oficina ideal, consejos adicionales, ejercicios para la oficina, ejercicios de espalda y hombros, ejercicios de cabeza y cuello, y ejercicios de escritorio) -folios 381 a 390-.

6. La demanda (folios 278 - 304) Como pruebas no calificadas y mal valoradas, denuncia los testimonios de Gladys Guerrero Ariza (min 44) y Jorge Eliécer Pérez (min 52); y el análisis de puesto de trabajo anexo a folios 38-50 y 414 a 420.

Indica que dichos documentos fueron indebidamente apreciados, porque en el caso de la política empresarial en salud ocupacional de la empresa, estimó el Tribunal que las medidas de prevención estaban en manos de la trabajadora,

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Radicación n.° 94325 y que el tiempo de suspensión diaria que utilizara para ello, no necesitaba de la vigilancia o supervisión del empleador, cuando allí lo que se reconoce es la obligación del último en garantizar la protección en salud de la casacionista, «lo cual incluye tomar medidas administrativas, organizar y ordenas (sic) las labores de forma eficiente con el fin de evitar que […] adquiriera las enfermedades […]». Acto seguido reitera lo expuesto para el primer reproche con relación a la protección del trabajador y los controles que le competen al contratante, lo cual considera «va de la mano con la obligación a cargo del empleador de ejercer controles en la persona respecto a la interiorización que el trabajador haga sobre su cuidado personal y el de sus compañeros».

Agrega que el documento contentivo de las recomendaciones médicas estaba dirigido a su empleador y, por tanto, resulta desacertado señalar, que «estaba en sus manos acatar dichas recomendaciones», y no de aquel, pues además de repetir lo dicho en cuanto a la reubicación automática del puesto de trabajo acorde a las prerrogativas que informó la ARL y en cuanto a la nula incidencia de que la trabajadora contara con las coberturas y conocimiento de los riesgos, el anexo «consejos de ergonomía para trabajo de escritorio» daba cuenta de que para su ejecución se requería de tiempo, modo y lugar determinado, espacios ineludibles que debía informarle su superior. Ahora bien, con relación al argumento de que a partir del «acta de constitución del comité paritario de salud del 2 de

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Radicación n.° 94325 agosto de 2005» y su calidad de representante suplente en el mismo, se desprende que «la demandante se encargaba de la coordinación y seguimiento del programa de seguridad y salud en el trabajo y contó con la información para desplegar hábitos importantes para ejecutar sus labores», califica de errada dicha conclusión, toda vez que, aunque reconoce dicho cargo, aclara que solo intervenía en él cuando se ausentaba la representante legal, por lo que tampoco existe prueba de que contó con los medios necesarios para «desplegar hábitos importantes para ejecutar sus labores». Lo anterior, señala, máxime cuando en la demanda, refirió que dicho comité nunca funcionó, dado que la empresa no suministraba «por lo menos, cuatro horas semanales dentro de la jornada normal de trabajo de cada

uno de los miembros de comité […]», siendo entonces improcedente que se le endilgara el conocimiento a que se alude.

VIII. RÉPLICA Asegura la opositora respecto a ambos cargos, que a pesar de estar edificados por diferentes vías, confluyen en el fundamento y elenco normativo denunciado, por lo que considera que no se incurrió en ninguna de las violaciones mencionadas en ellos, habida cuenta de que el Tribunal dio el entendimiento correcto a las disposiciones que regulan la materia, entre estas, el artículo 216 del CST, comoquiera que se analizó el comportamiento del empleador desde la óptica de la culpa leve, de la responsabilidad de medio y no de

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Radicación n.° 94325 resultado, así como la «omisión que generó el incumplimiento […] y la conexidad con el riesgo laboral que se materializa, para establecer el nexo de causalidad que origina la acción resarcitoria de perjuicios». En dicho escenario, defiende la postura del colegiado, por cuanto dio por demostrada la pérdida de capacidad laboral de la trabajadora en un 20.71% «estructurada un año después de su desvinculación laboral», y determinó que, los riesgos ergonómicos a los que estuvo expuesta la trabajadora los pudo prevenir acatando las recomendaciones entregadas por su EPS, pues dichas medidas de prevención estaban en sus manos y no requerían supervisión del empleador, a más de contar desde el año 2005 con información y recomendaciones suministradas por el empleador para generar hábitos importantes en el desarrollo de sus labores, a fin de mitigar los

factores de riesgo identificados al interior de la empresa. Frente a la inobservancia de las recomendaciones entregadas por la EPS, destacó que “desplegar estas recomendaciones estaba en cabeza de la demandante”, y que la trabajadora nunca elevó solicitud de reubicación laboral. Así las cosas, afirmó que, aunque la casacionista aduce que el juez plural le atribuyó exclusivamente las responsabilidades y cuidados, exonerando de ello a la empleadora, el soporte del análisis de la autoridad judicial de segundo grado se centró en el «comportamiento del empleador, y respecto de sus deberes de cuidado y prevención advirtió que NO hubo negligencia en su actuar, contrariamente las conductas desplegadas fueron las que se esperaría de un buen padre de familia, pues entregó la información necesaria a la trabajadora […]», a tal punto que de las pruebas que se enuncian como indebidamente apreciadas, no se concluye lo que se propone, ni se demuestra un error protuberante o manifiesto que aniquile la argumentación del ad quem.

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Radicación n.° 94325 Agrega que de aquellas tampoco se extraen las condiciones inadecuadas del puesto de trabajo que llevaran a la insuficiente mitigación del riesgo postural para quien ejerciera la actividad de asistente de cartera — su cargo —, dado que, en el área de salud ocupacional de la empresa, no existían recomendaciones por parte de la ARL, ni indicaciones médicas de implementar adecuaciones diferentes a las que se dieron para su bienestar y seguridad, o de la necesidad de una reubicación laboral. Plantea que las allegadas, simplemente se «limitan a

sugerir hábitos de higiene postural adecuados (sic), evitar movimientos repetitivos a nivel de extremidades superiores, no manipular pesos superiores a 3 kilos de manera unimanual y 5 kilos bimanual, realizar pausas activas cada hora durante 5 minutos y continuar con controles médicos», y guardan relación con las temáticas de las capacitaciones sobre ergonomía que la ARL y el Comité Paritario de Salud Ocupacional de la empresa proporcionaron a sus trabajadores, siendo inherentes al deber de autocuidado, por lo que nunca se consideró reubicarla de puesto, pues ello no fue solicitado, además en el entendido de que al fungir como auxiliar de cartera en una institución con baja carga laboral, ello no le implicaba grandes esfuerzos físicos. Discute que el cargo por la vía indirecta no ataca todos los medios de convicción a los que se refirió el sentenciador de segundo grado, entre otros, la capacitación sobre los riesgos laborales a los que se exponía en su entorno laboral y las medidas de autocuidado, y por tanto, dice que, al

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Radicación n.° 94325 fundarse la decisión impugnada en cada uno de ellos, la misma ha de mantenerse incólume, tal como lo precisa la sentencia CSJ SL, 17 jun. 2008, rad. 31615. Finalmente, refiere que la condena por la indemnización plena de perjuicios a que alude el artículo 216 del CST no procede en los casos en que se acredita la debida observación y diligencia del empleador frente a sus deberes de protección y seguridad frente a sus trabajadores, «sino también atendiendo que la pérdida de capacidad laboral tuvo

estructuración en fecha posterior al fenecimiento de la relación laboral, tal como lo precisó el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral en sentencia SL3132-2021».

IX. CONSIDERACIONES El Tribunal en lo que interesa al recurso, fundamentó su decisión en que, (i) al contrario de lo señalado por el a quo, de las pruebas allegadas al proceso y las declaraciones rendidas se desprende que, aunque las patologías de la señora Hernández Carrillo, se gestaron durante la relación laboral, la fecha de estructuración se fijó luego de sendos recursos contra la calificación inicial, en el 24 de enero de 2015, es decir, en data posterior a su desvinculación; y, (ii) la empresa demandada no incurrió en la culpa endilgada, al haber ejecutado las políticas, cuidados, capacitaciones, así como distintas medidas en procura de garantizarle la salud a la trabajadora, quien además era representante suplente del Comité Paritario de Salud Ocupacional, con conocimiento

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Radicación n.° 94325 de los riesgos que comportaban su puesto de trabajo y lo requerido para preservar su salud. Por su parte, la inconformidad de la recurrente radica en que «El Tribunal no se tomó la tarea de analizar si el empleador ejerció los controles en el medio, en la fuente y en la persona, limitando el alcance del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo», así como que erró al dar por demostrado, sin estarlo que, era parte del Comité Paritario de Salud Ocupacional de la empresa, «por lo que ella integraba el grupo de trabajadores encargados de la

coordinación y seguimiento del programa de seguridad y salud en el trabajo y contó con la información para desplegar hábitos importantes para ejecutar sus labores”». Agrega que también estimó que estaba en manos de la trabajadora, el tiempo de suspensión diaria para ejecutar las medidas de prevención, sin ser necesaria la vigilancia o supervisión del empleador, así como que no se reprochó que se le hubiera prohibido o limitado realizar aquellos. Por su parte, la opositora insiste en que la decisión se acompasa con el criterio de la Corte frente a la buena diligencia del empleador, al punto que luego de analizar el caudal probatorio, es que se determina que todas las capacitaciones, adecuaciones y demás intervenciones realizadas para procurar el buen estado de salud de los trabajadores, así como el conocimiento prevalente que tenía la casacionista respecto de las medidas de salud y seguridad en el trabajo para mitigar los riesgos, por ser la representante

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Radicación n.° 94325 suplente del Comité Paritario de Salud Ocupacional que no ejecutó, y de lo dicho en las declaraciones, pruebas inhábiles en casación, fue que se concluyó que no se incurrió en la culpa patronal que se le endilga, sin presentar además el recurso, argumentos válidos que rompan con lo señalado por el juez plural, o que evidencie la falta de cuidado que se pretende. Así las cosas, es del caso precisar que la sentencia impugnada viene precedida de la doble presunción de acierto y legalidad, propia de este tipo de providencias. Esta se basa

en la necesidad social de que, imperen los principios de certeza y confianza legítima, que, generan las decisiones tomadas por un funcionario público investido de jurisdicción y competencia, en ejercicio de las facultades y deberes de orden legal y constitucional. Sin embargo, dicha presunción puede ser derruida por la parte que esté asistida del interés jurídico económico para que se le conceda el recurso, siempre que acierte en el planteamiento y en la demostración de sus inconformidades. A tal efecto, su tarea parte de la identificación de los pilares sobre los que está construido el pronunciamiento que se propone combatir, de lo cual dependerán la vía y la modalidad de ataque que deba seleccionar, dada la exigencia del numeral 5 del artículo 90 del CPTSS. Es necesario recordar que en el recurso extraordinario de casación se enjuicia la sentencia gravada para establecer si, al dictarla, el Tribunal observó los preceptos propios del

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Radicación n.° 94325 sistema normativo que estaba obligado a aplicar para solucionar rectamente el conflicto, mantener el imperio e integridad del ordenamiento jurídico y proteger los derechos de las partes. Por ello, en esta sede se confrontan, directa o indirectamente, las normas pertinentes al caso y la sentencia emitida por el juez colegiado y, excepcionalmente, la del juez unipersonal. Por el contrario, no se ventila el litigio entre quienes actúan como partes opuestas en las instancias. En efecto, memórese que en la sentencia CSJ SL43152019, reiterada en la CSJ SL273-2023, se precisó:

[…] en casación se ha venido aceptando su existencia como géneros de violación, donde el primero de ellos, el directo, comprende los tres conceptos o sub motivos de trasgresión de la Ley sustantiva denominados: infracción directa, aplicación indebida e interpretación errónea; mientras que el indirecto en el cual no tiene cabida la interpretación equivocada de la Ley, se orienta a la cuestión meramente probatoria, que encierra lo relativo a la segunda parte de la causal primera, esto es, la violación de la Ley proveniente de la apreciación errónea o de la inestimación de determinada prueba, donde ha de demostrarse que se incurrió en un error de hecho o uno de derecho (sentencia CSJ SL, del 25 de may. 2004, rad. 22.543). 2.1 Vía directa En la vía directa, el fallador puede vulnerar la ley de tres maneras posibles: a) la inaplica por ignorancia o rebeldía (infracción directa), b) la interpreta erróneamente (interpretación errónea), o c) la utiliza indebidamente (aplicación indebida). Doctrina y jurisprudencia han precisado los alcances de cada una de dichas expresiones. La transgresión por la vía directa implica llegar a decisiones distanciadas de la ley sustancial de alcance nacional, por dislates exclusivamente jurídicos; lo que significa que, en dicho nivel, el juzgador obtiene una conclusión específica mediante la aplicación, inaplicación o interpretación de una determinada norma jurídica, quedando por fuera de su razonamiento todo lo rel