CSJ - SL1949-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL1949-2023 Radicación n.º 94402 Acta 027 Bogotá, D. C., primero (1.º) de agosto de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por WILLIAM DARÍO ROCHA ROCHA contra la sentencia proferida el 4 de marzo de 2022 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales en el proceso que instauró contra el PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES LIQUIDADO (PAR ISS), cuya vocera y administradora es la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE

DESARROLLO AGROPECUARIO SA (FIDUAGRARIA SA),

LA NACIÓN, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN

SOCIAL y LA NACIÓN, MINISTERIO DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO.

I. ANTECEDENTES

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Radicación n.º 94402 William Darío Rocha Rocha demandó a las personas jurídicas señaladas con el propósito de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo con el ISS durante el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1994 y el 30 de agosto de 1998, nexo que finalizó por justa causa imputable al empleador; que se reconociera su condición de beneficiario de la convención colectiva de trabajo firmada entre Sintraseguridadsocial y el ISS, así como la calidad de acreedor de la estabilidad laboral reforzada, por estar dentro del retén social. En consecuencia, solicitó que se condenara a las

accionadas a pagarle las cesantías retroactivas por los lapsos que corrieron desde el 22 de diciembre de 1994 hasta el 31 de diciembre de 2001 y del 1 de enero de 2012 hasta 31 de marzo de 2015; los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, previo cálculo actuarial, y los salarios dejados de percibir, todo desde la fecha de inicio de la relación laboral hasta el reintegro, reubicación o reconocimiento pensional. Pidió también que, por ser beneficiario de la figura del retén social, se ordenara su reubicación en una entidad de derecho público en la región del Eje Cafetero, en condiciones iguales o similares a las que tenía durante el tiempo de servicio en el extinto ISS. Solicitó, de manera subsidiaria, que, en caso de resultar improcedente el reintegro o reubicación laboral, se condenara a las demandadas al pago de los salarios por el tiempo comprendido entre el 1 de abril de 2015 y la fecha de

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Radicación n.º 94402 reconocimiento pensional, más el recálculo y pago de la liquidación que recibió por el tiempo laborado del 3 de octubre de 1994 al 30 de noviembre de 1994 y del 22 de diciembre de 1994 al 30 de agosto de 1998. Fundamentó sus peticiones en que prestó sus servicios personales al ISS, de forma directa, subordinada, remunerada e ininterrumpida, entre los extremos temporales reclamados, en los cargos de portero, conductor mecánico y ayudante de servicios asistenciales, mediante los siguientes contratos:

NOMBRAMIENTO SUPERNUMERARIO

RESOLUCIÓN No. CARGO FECHA INICIO FECHA TERMINACIÓN 001598 Portero Grado 9 03/10/1994 20/10/1994 001699 Portero Grado 9 21/10/1994 13/11/1994 001892 Conductor Mecánico Grado 13 18/11/1994 30/11/1994 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRATO No. CARGO FECHA INICIO FECHA TERMINACIÓN 0311 Ayudante de Servicios Asistenciales 22/12/1994 21/06/1995 22/06/1995 14/12/1995 15/12/1995 14/02/1996 01/03/1996 30/08/1996 01/09/1996 30/11/1996 01/12/1996 31/03/1997 01/04/1997 30/09/1997 0898 Ayudante de Servicios Asistenciales 01/10/1997 31/10/1997 0959 Ayudante de Servicios Asistenciales 04/11/1997 03/04/1998 0160 Ayudante de Servicios Asistenciales 04/04/1998 03/07/1998 457-98 Ayudante de Servicios Asistenciales 06/07/1998 30/08/1998 Afirmó que sus actividades las desarrolló bajo subordinación; que llevó a cabo funciones asistenciales y administrativas iguales a las que realizaba el personal directo del ISS; que recibía órdenes y directrices de un superior jerárquico, quien supervisaba, evaluaba y calificaba su desempeño laboral mensualmente y durante cada contrato; que estaba obligado a cumplir las circulares, memorandos y resoluciones de los diferentes estamentos de la entidad; que

cumplió horario de lunes a viernes, de 8 a. m. a 6 p. m.; que

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Radicación n.º 94402 los elementos de trabajo que usó eran de propiedad del ISS y que prestaba sus servicios en las instalaciones de ese instituto; que no tuvo vacaciones durante el tiempo laborado, debido a que tenía que reponer las horas de servicio los fines de semana para tomar descansos en Semana Santa, Navidad y Año Nuevo. Manifestó que el ISS, mediante la Resolución 8879 del 12 de marzo de 2015, dio por terminado el vínculo laboral y ordenó el pago de la liquidación que comprendía una indemnización y sus prestaciones sociales; que ese instituto desconoció el tiempo de servicio servido en la modalidad de contrato laboral del 3 de octubre hasta el 30 de noviembre de 1994 y, por prestación de servicios, del 22 de diciembre de 1994 hasta el 30 de agosto de 1998; que en dicha resolución se indicó que estaba clasificado como trabajador oficial por el cargo que desempeñaba y que, por lo tanto, le era aplicable la convención colectiva de trabajo. Aseguró que ese acuerdo convencional, suscrito el 1 de noviembre de 2001 entre Sintraseguridadsocial y el ISS, «indicó en el artículo 62 que a partir del 01 de enero de 2002 se congelarían las cesantías retroactivas por diez (10) años», por lo que afirmó que «a partir del 01 de enero del año 2012, la entidad debía volver a liquidar las cesantías de sus trabajadores en la modalidad de retroactivas, y no

anualizadas», pero que no le pagaron esa prestación de la forma descrita.

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Radicación n.º 94402 Sostuvo que presentó, ante la UGPP, una solicitud de reconocimiento de pensión convencional, la cual fue negada porque el ISS desconoció el tiempo de servicio que laboró entre el 22 de diciembre de 1994 y el 30 de agosto de 1998; que, posterior a este hecho, le solicitó a Fiduagraria SA y al PAR ISS, la certificación del tiempo laborado no reconocido, la reliquidación de la indemnización y el pago de las cesantías retroactivas; que las demandadas negaron la solicitud alegando que era competencia de los jueces declarar y reconocer los derechos que pretendía. Por otra parte, aseveró que el ISS, mediante oficio 16816, indicó que era beneficiario de la figura del retén social por ser padre cabeza de familia de hija en condición de discapacidad; que cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 23 del Decreto 2013 de 2012 y los del artículo 12 de la Ley 790 de 2002; sin embargo, aunque gozaba de estabilidad laboral reforzada, el empleador terminó el vínculo laboral, siendo que conocía su situación. Al dar respuesta a la demanda, el PAR ISS se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió como cierto que el demandante fue contratista y luego, trabajador oficial; las contraprestaciones de cada modalidad; la liquidación, que se hizo teniendo en cuenta el tiempo como servidor oficial y no el periodo anterior, y la certificación expedida. Negó lo referente a la supervisión en la ejecución de los

contratos de prestación de servicios; que el actor trabajara,

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Radicación n.º 94402 durante su vinculación independiente, en las instalaciones y con los elementos del ISS; que no pudiera subcontratar a otra persona para realizar la labor y la consignación de las cesantías. Frente a todo lo demás, manifestó que no le constaba. En su defensa propuso las excepciones de prescripción, inexistencia de la obligación y carencia del derecho, falta de legitimación en la causa por pasiva y «sucesión procesal respecto de la pretensión de declarar a la demandante beneficiaria del retén social o en su caso de la pensión de vejez», «de la existencia de un acto administrativo expedido por el extinto proceso de liquidación del instituto de seguros sociales», y, por último, la excepción de inaplicabilidad de la convención colectiva. Al dar respuesta a la demanda, la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, manifestó que no le constaba ningún hecho, por tratarse de aspectos relacionados con otra entidad y, por tal razón, dijo que se ajustaba a lo probado en juicio, pero se opuso a las pretensiones. En su defensa propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la relación laboral con el Ministerio y de solidaridad o de vínculo, de sustitución de obligaciones entre el ISS y la oficina ministerial, ausencia de título legal oponible a la entidad y prescripción.

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Radicación n.º 94402 Al contestar el memorial inaugural, la Nación –

Ministerio de Salud y Protección social, rechazó las pretensiones; en cuanto a los hechos, expuso que ninguno le constaba y que estaban sujetos a probarse. En su defensa propuso las excepciones de falta de agotamiento de la reclamación administrativa, falta de legitimación en la causa por pasiva, solidaridad condicionada entre las codemandadas y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Manizales, mediante fallo del 18 de mayo de 2021, resolvió:

PRIMERO: DECLARAR PROBADAS las excepciones de FALTA DE

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA formuladas por el MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO (sic) PÚBLICO y el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. PROBADAS PARCIALMENTE la excepción de INAPLICABILIDAD DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO y NO PROBADAS las demás excepciones formuladas por el PAR ISS, por lo dicho en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: DECLARAR PROBADA PARCIALMENTE la excepción de PRESCRIPCIÓN, con respecto a las acreencias causados (sic) con anterioridad 31 (sic) de julio 2012 conforme a lo expresado en la parte considerativa de esta decisión.

TERCERO: DECLARAR que entre el señor WILLIAM DARIO (sic) ROCHA ROCHA como trabajador y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACION (sic) HOY PATRIMONIO AUTONOMO (sic) DE REMANENTES DEL ISS -PAR ISSADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA DE DESARROLLO

AGROPECUARIO S.A. FIDUAGRARIA S.A. como empleador, existió una relación laboral regida por los siguientes contratos:

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Radicación n.º 94402

CUARTO: CONDENAR al INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACION (sic) HOY PATRIMONIO AUTONOMO (sic) DE REMANENTES DEL ISS -PAR ISSADMINISTRADOR (sic) POR LA FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. FIDUAGRARIA S.A. a cancelar a favor del señor WILLIAM DARIO (sic) ROCHA ROCHA el cálculo actuarial a los aportes al sistema general de seguridad social en pensiones, por los siguientes periodos y salarios: PARAGRAFO (sic): Estos aportes deberán realizarse a

COLPENSIONES.

QUINTO: ABSOLVER a las codemandadas de las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: CONDENAR en costas al INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACION (sic) HOY PATRIMONIO AUTONOMO (sic) DE REMANENTES DEL ISS-PAR ISSADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. FIDUAGRARIA S.A. y en pro del

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Radicación n.º 94402 demandante señor WILLIAM DARIO (sic) ROCHA ROCHA en un 50%.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, mediante providencia del 4 de marzo de 2022, al conocer de los recursos de apelación interpuestos

por ambas partes y del grado jurisdiccional de consulta, confirmó en su totalidad la decisión de primera instancia, y mediante providencia del 17 de marzo de 2022 resolvió declarar improcedentes las solicitudes de aclaración, adición y corrección de la decisión primigenia. Hizo mención del artículo 1.º del Decreto 2127 de 1945 que regula a los trabajadores oficiales y que define el contrato de trabajo y del artículo 2.º de la misma norma que refiere los elementos necesarios para la configuración de un contrato de trabajo. Indicó que se encontraba demostrada la existencia de contratos de prestación de servicios celebrados entre las partes; señaló los testimonios de Lucy Soraya Santa, Jorge Rubio Jiménez, Alfredo Gallego y Clara Inés Sánchez, quienes comparecieron al proceso como compañeros de trabajo del demandante y dieron fe de las labores ejercidas por él al servicio del ISS. Estuvo de acuerdo con el a quo en declarar la existencia del contrato de trabajo, toda vez que, a partir de las testimoniales y demás pruebas aportadas al proceso, se

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Radicación n.º 94402 encontraba acreditada la actividad personal realizada por el demandante, la subordinación y la remuneración, así: Esto se dice, pues claramente se probó que durante el periodo en discusión, el actor desempeñó labores de asignación de citas, atención al público, y archivo de historias clínicas, entre otras actividades, de lo cual no existe dudas; también existió subordinación reflejada en hechos como la prestación del servicio dentro de un horario y jornada, de la cual no se podía ausentar

sin el permiso del superior que estuviese a su cargo; al igual le fue suministrado un puesto de trabajo e implementos de oficina pertenecientes al ISS, con el cual el demandante ejercía su labor; y finalmente recibía una remuneración periódica, que según las testimoniales recaudadas, era mensual, y se le pagaba como cualquier trabajador de la planta de personal de la institución. También mencionó que el testigo Jorge Rubio Jiménez no logró desacreditar la existencia de subordinación y que, por el contrario, reafirmó su existencia con la descripción de hechos como verificación de jornadas, horarios, concesión de permisos y tratamiento sin distinción frente a contratistas y personal de planta. Con base en esta motivación, el ad quem descartó el recurso de apelación propuesto por el PAR ISS. Señaló que en, lo relativo a la declaratoria de una sola relación de trabajo sin solución de continuidad durante el periodo declarado como contrato realidad, requerido por el demandante, el recurso propuesto carecía de fundamento, ya que, en contra de lo afirmado, se demostró que hubo interrupciones de más de un mes, sin evidencia específica en el expediente que respalde la prestación continua del servicio durante los períodos de interrupción así mencionados: […] Como se puede observar, el primer contrato de prestación de servicios celebrado (contrato nº 311) por el demandante tuvo lugar el 22 de diciembre de 1994, el cual se extendió con sus adiciones se extendió (sic) hasta el 30 de septiembre de 1997, sin

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Radicación n.º 94402 interrupción alguna, y posterior a ello, y habiendo transcurrido apenas 1 día, se celebra el contrato Nº898 el 01 de octubre de 1997, que se extiende hasta el 31 de octubre de 1997; luego con una interrupción de 4 días se celebra el contrato Nº959, el 4 de noviembre de 1997, el cual se extiende hasta el 3 de marzo de 1998, y hasta aquí se puede predicar la existencia de continuidad, como efectivamente lo hizo la juzgadora de primera instancia, declarando la relación contractual entre el 22 de diciembre de 1994 hasta el 03 de marzo de 1998. El próximo contrato entre las partes tiene lugar 32 días después, y va desde el 4 de abril de 1998, hasta el 03 de junio de 1998 (contrato Nº 160), por lo que se puede predicar la ruptura de la unidad contractual, tal como lo consideró la juzgadora de primera instancia, al declarar este interregno como un contrato de trabajo independiente. Finalmente, se celebra el siguiente contrato (Nº 457-98) con una interrupción de 33 días, que va desde el 06 de julio de 1998 hasta el 30 de agosto de 1998, y en ese entendido ha de seguir la misma suerte que el anterior, y debe declararse la existencia de otro contrato independiente durante ese lapso, como lo hizo la primera instancia. Por lo tanto, el fallador de segunda instancia no pudo afirmar que existiera continuidad en la relación laboral y, en consecuencia, descartó el recurso. Acto seguido, se pronunció sobre la aplicación del retén social y anotó: […] existe cosa juzgada constitucional en lo que refiere a la

aplicación del denominado “Retén Social” previsto en el artículo 12 de la ley 790 de 2002, y contrario a lo discernido por la Juzgadora de primera instancia, no existe lugar a emitir pronunciamiento alguno al respecto. […] En efecto, partir de la sentencia de tutela del 25 de agosto de 2015, previamente revisada, se advierte que el accionante acudió al aparato judicial en busca de obtener el amparo de su estabilidad laboral en aplicación de la figura del “Retén Social”, y en esa medida su situación fue plenamente valorada y protegida mediante sentencia judicial, que no ofreció un amparo

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Radicación n.º 94402 transitorio, sino definitivo de los derechos incoados por el demandante. Es así, como estando ejecutoriada dicha decisión, incluso con trámites de incidentes de desacatos para su cumplimiento, a esta Sala Laboral, le está vedado hacer cualquier pronunciamiento referente a la acreditación de las condiciones del demandante, y a la consecuente reubicación laboral, dado que dicha situación fue valorada de fondo, siendo concedida la pretensión obligando al aquí demandado PAR ISS a la reubicación laboral del actor. Por lo anterior, la Sala confirmará la decisión de primera instancia, absolviendo al PAR ISS, pero bajo el entendido, que lo concerniente a la protección denominada como “Retén Social” previsto en el artículo 12 de la ley 790 de 2002, existe cosa juzgada constitucional respecto del señor WILLIAM ROCHA

ROCHA y el PAR ISS.

Sostuvo que, en cuanto a la aplicación de la convención

colectiva, resultaba improcedente su incorporación de oficio, ya que en una audiencia del 18 de mayo de 2021, la juez de primera instancia se pronunció sobre la solicitud de incorporación de pruebas presentada por la recurrente el 7 de abril de 2021, incluyendo la convención colectiva para los años 2001-2004 con la nota de depósito correspondiente; que en ese momento el a quo rechazó la incorporación de la documental debido a que no se cumplieron las oportunidades procesales para solicitar y aportar aquellas y también para mantener el equilibrio entre las partes; que la decisión fue notificada en estrados y la parte demandante no presentó objeción contra ella. Discrepó del análisis correspondiente a las cesantías retroactivas, que hizo la falladora de primera instancia acerca de la validez de la aplicación del artículo 62 de la convención colectiva 2001-2004 en el caso del señor Rocha. Comentó que, aunque las partes aceptaron este apartado y

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Radicación n.º 94402 no fue objeto de censura, esta Sala de la Corte, en sus sentencias CSJ SL1901-2021 y CSJ SL2862-2021, reconsideró su postura y dictaminó que este no se aplica retroactivamente en la liquidación de cesantías a trabajadores que ya estaban disfrutando de este beneficio, llegando a la conclusión de que imponer así los efectos del artículo sería perjudicial para los derechos del trabajador. La parte activa del proceso solicitó la corrección, aclaración y adición de esa providencia, pero el Tribunal encontró improcedentes tales modificaciones.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte actúe así: […] case TOTALMENTE la sentencia de segunda instancia de fecha 04 de marzo de 2022 complementada en su parte considerativa mediante providencia del 17 de marzo de 2022, proferida por el TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALES, Sala de Decisión Laboral, para que convertida en Tribunal de instancia, profiera sentencia complementaria que declare la existencia de una sola relación laboral comprendida entre el 03 de octubre de 1994 al 30 de noviembre de 1994; se declare que el trabajador tiene derecho al pago de las cesantías retroactivas; se declare que para la fecha de terminación del contrato se encontraba amparado por el fuero de estabilidad laboral reforzada y, condene a las demandadas conforme a las pretensiones del petitum inicial, específicamente las correspondiente a los numerales QUINTA(1), QUINTA(2), SEXTA condenatorias; y SUBSIDIARIAMENTE en

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Radicación n.º 94402 caso de no conceder la QUINTA(2) se conceda la OCTAVA y/o NOVENA y DECIMA, para así garantizarle al demandante la efectividad de sus derechos laborales. Con tal propósito formula cinco cargos, por la causal primera de casación, que son replicados por las entidades demandadas en un solo escrito. De dichos ataques, se procederá al estudio conjunto del segundo y el tercero, pues persiguen un mismo objetivo. Los demás, se abordarán en el

orden en que vienen propuestos.

VI. CARGO PRIMERO Por la vía indirecta, acusa a la sentencia de violar los artículos 1, 7 y 8 de la Ley 6.ª de 1945, 1, 3 y 20 del Decreto 2127 de igual año; 467 y 469 del CST, en relación con los artículos 32-3 de la Ley 80 de 1993; 1, 13, 25, 53, 228 y 230 de la CP y 51, 61 y 151 del CPTSS, en concordancia con las

sentencias CSJ SL4816-2015 y CSJ SL981-2019. Le atribuye al Tribunal los siguientes errores de hecho: a) No dar por demostrado, estándolo, que WILLIAM DARIO (sic) ROCHA sostuvo una única relación laboral sin solución de continuidad, en favor del Instituto de Seguros Sociales Liquidado, desde el 22 de diciembre de 1994 hasta el 30 de agosto de 1998. b) No dar por demostrado, estándolo, que el contrato # 0959 tuvo una vigencia de 5 meses, que comenzó el 04/11/1997 y finalizaba el 03/04/1998. c) No dar por demostrado, estándolo, que el contrato # 0160 tuvo una vigencia de 3 meses, que comenzó el 04/04/1998 y finalizaba el 03/07/1998. d) No dar por demostrado, estándolo, que entre el contrato # 0959 y el contrato # 0160, transcurrieron cero (0) días. e) No dar por demostrado, estándolo, que entre el contrato # 0160 y el contrato # 457-98, transcurrieron tres (3) días.

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Radicación n.º 94402 f) Dar por demostrado, sin estarlo, la existencia de interrupciones de más 1 mes del contrato de trabajo. g) Dar por demostrado, sin estarlo, que entre el contrato # 0959 y el contrato # 0160, transcurrieron treinta y dos (32) días. h) Dar por demostrado, sin estándolo, que entre el contrato # 0160 y el contrato # 457-98, transcurrieron treinta y tres (33) días. i) Dar por demostrado, sin estarlo, que no existe prueba especifica dentro del expediente de la prestación continua del servicio. j) Dar por demostrado, sin estarlo, la existencia de más de un contrato laboral por considerar las interrupciones entre uno y otro mayores a 30 días. Afirma que tales desatinos fueron producto de la apreciación equivocada de esta documental: La visible a folio 95 digital del cuaderno denominado “1. Expediente digital”, (folio 88 expediente físico), correspondiente al contrato 0959, suscrito el 6 de octubre de 1997, con fecha de inicio de ejecución 4 de noviembre de 1997, plazo: 5 meses. La visible a folio 100 digital del cuaderno denominado “1. Expediente digital”, (folio 93 expediente físico), correspondiente al contrato 0160, suscrito el 27 de marzo de 1998, con fecha de inicio de ejecución 4 de abril de 1998, plazo: 3 meses. La visible a folio 105 digital del cuaderno denominado “1. Expediente digital”, (folio 98 expediente físico), correspondiente

al contrato 457-98, suscrito el 30 de junio de 1998, con fecha de inicio de ejecución 6 de julio de 1998, plazo: 4 meses. Al tiempo, acusa al Tribunal de dejar de apreciar las siguientes pruebas: La visible a folio 381 digital del cuaderno denominado “1. Expediente digital”, (folio 309 expediente físico), correspondiente “Calificación de Hoja de Vida” con la relación del tiempo de servicio; suscrito por el jefe de recursos humanos y el gerente seccional del ISS. […] La visible a folio 63 digital, del cuaderno denominado “1. Expediente digital” (folio 56 expediente físico), documento, por

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Radicación n.º 94402 medio del cual se adiciona el contrato 311 del 22/12/1994, suscrito el 26 de julio de 1995. La visible a folio 73 digital, del cuaderno denominado “1. Expediente digital” (folio 66 expediente físico), documento, por medio del cual se adiciona el contrato 0311 del 1 de marzo de 1996, suscrito el 16 de mayo de 1996. La visible a folio 83 digital, del cuaderno denominado “1. Expediente digital” (folio 76 expediente físico), documento, por medio del cual se adiciona el contrato 311 del 1 de diciembre de 1996, suscrito el 31 de marzo de 1997. La visible a folio 94 digital, del cuaderno denominado “1. Expediente digital” (folio 87 expediente físico), documento, por medio del cual se adiciona el contrato 959 del 4 de noviembre de

1997, suscrito el 30 de marzo de 1998. En la demostración, describe que la apreciación errónea de las pruebas dio pie a una conclusión equivocada sobre la existencia de varios contratos entre los que transcurrió más de un mes entre la celebración de uno y otro. En particular, señala que el despacho no consideró que el contrato 0959 tenía una duración de 5 meses, a partir del 04/11/1997, lo que indicaba que su finalización era el 03/04/1998, en lugar del 03/03/1998. Asimismo, el Tribunal también interpretó erróneamente la duración del contrato 0160, que tenía una duración de 3 meses, a partir del 04/04/1998, lo que indicaba que su finalización era el 03/07/1998, en lugar del 03/06/1998. Expone que el juzgador omitió valorar la «Calificación de Hoja de Vida» que contiene la relación del tiempo de servicio, suscrita por el jefe de Recursos Humanos y el gerente seccional del ISS, en la cual se aprecia que el demandante laboró como «ayudante de servicios administrativos CAA Manizales del 04/11/1997 a 03/04/1998 (5 meses) y del

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Radicación n.º 94402 04/04/1998 al 03/07/1998 (3 meses)», y no como erradamente lo estimó el ad quem, es decir, «del 04/11/1997 al 03/03/1998 y del 04/04/1998 al 03/06/1998». En cuanto a las adiciones a distintos contratos, asegura

que, de haberlas valorado, el Tribunal habría encontrado que denotaban la continuidad de la prestación de servicios, hecho que confirmaron los testimonios de Lucy Soraya Santa Hernández, Jorge Rubio Jiménez y Alfredo Gallego Llano. Tras ello, elabora un cuadro en el que muestra que, según su criterio, existió continuidad en el vínculo con el ISS, desde el 29 de diciembre de 1994 hasta el 30 de agosto de 1998, salvo unas interrupciones de 15 y 4 días, que considera irrelevantes. Por ende, explica el yerro del sentenciador, así: […] el tribunal descoció que entre el inicio del contrato # 0959 y el contrato # 0160, no hubo interrupción del servicio, pues claramente la terminación de uno se sigue con el inicio del otro. El despacho encontró, probado sin estarlo que el contrato # 0959 finalizó el 03/03/1998 y, que el contrato # 0160 finalizó el 06/06/1998, y con base a ello llegó a la errada conclusión de que en la prestación del servicio hubo interrupciones superiores a un mes, por lo cual no declaró la existencia de una sola relación laboral ininterrumpida. Luego, señala que la correcta valoración de tales pruebas permite concluir que quedó acreditada la prestación de sus servicios de manera ininterrumpida, a favor del ISS, entre las fechas indicadas. Con ello, debía deducir el juez que se completó el tiempo de servicio necesario para tramitar el reconocimiento de la pensión convencional, al acreditar 20 años de labor para esa entidad. Igualmente, que se probó una densidad mayor de días laborados a la hora de liquidar las

cesantías retroactivas y acceder a una liquidación final por

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Radicación n.º 94402 concepto de indemnización, «que comprenda la totalidad del tiempo realmente laborado sin solución de continuidad por el trabajador». Finalmente, pide que se analicen los testimonios de las personas ya indicadas, pues expone que, como la prueba hábil permite deducir el error del Tribunal, lo que afirmaron esos declarantes ratifica la continuidad de los servicios prestados.

VII. RÉPLICA El PAR ISS Liquidado, La Nación – Ministerios de Salud y de Hacienda y Crédito Público, y Fiduagraria, en escrito común, comienzan con el señalamiento de falencias de técnica generales en la demanda de casación, bajo la premisa de que, pese a haber propuesto los cargos por la vía indirecta, no explica la forma en que ocurren las falencias señaladas, por lo que no debería ser posible su estudio; además, agrega que los testimonios no son procedentes en el recurso extraordinario. Luego, se oponen a cada cargo por separado.

En cuanto al primero, proponen falta de técnica, en los términos de la «sentencia del 12 de agosto de 1998». Alegan que las normas descritas en la proposición jurídica no se volvieron a mencionar en el desarrollo del cargo, sino que se trata de apreciaciones generales de cómo debió ser el fallo recurrido, además de cuestionar la apreciación de testimoniales, a pesar de que no entra en el material probatorio hábil. En cuanto al ataque, sugieren:

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.º 94402 Existe dentro del expediente la certificación de la entidad sobre las vinculaciones del demandante a la entidad (folios 44 y 45 del expediente y en ella se aprecia que existió un lapso de mas (sic) de 30 días entre cada uno de los contratos, prueba que no fue controvertida y fue presentada por el demandante y reposa en el expediente, por lo que carece de fundamento lo pretendido y así lo deberá declarar la Honorable Corporación.

VIII. CONSIDERACIONES Aunque el recurrente incurre en el error de acusar la falta de aplicación de unas normas, cuando esa no es una modalidad de violación reconocida en el artículo 87 del CPTSS, la Corte encuentra que la falencia puede superarse, pues se observa que el cargo se formula por la vía indirecta y que su desarrollo cumple con los requisitos propios de ese sendero, de modo que se asumirá que la que debe tenerse en cuenta es la de la aplicación indebida de las normas que forman la proposición jurídica, pues ese submotivo es el que corresponde, por regla general a la vía seleccionada.

Dicho lo anterior, advierte la Corte que el Tribunal tuvo por cierto que entre el 22 de diciembre de 1994 y el 30 de agosto de 1998 existieron vinculaciones asimilab