CSJ - SL1975-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL1975-2023 Radicación n.° 85560 Acta 028 Bogotá, D. C., ocho (8) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala los recursos de casación interpuestos por

GERMÁN ANTONIO CANO ARENAS, JORGE ELIÉCER

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JESÚS MARÍA GONZÁLEZ

JARAMILLO, HERMILSON DE JESÚS BEDOYA CAICEDO,

GERARDO ESCOBAR, OVIDIO QUINTERO, CARLOS

ARMANDO GONZÁLEZ URBANO, JESÚS ARLEX LOAIZA

MUÑOZ, CRISPULO ZACARIAS BATALLA QUIÑONES,

FERNANDO QUINTERO PULGARÍN, DIEGO FERNANDO

DÁVILA ESPITIA, JUAN GONZALO ECHEVERRY

ECHEVERRY, MARCO FIDEL MONTOYA GIRALDO,

WILMER CASTAÑO BARÓN, WILLIAM ZORRILLA,

CARLOS ESTEBAN YUSTI PEÑARANDA, LUIS ENRIQUE

MENDOZA FLÓREZ, ROSMIRO ROJAS SAAVEDRA,

RUBIO PEDROZA GONZÁLEZ, JULIAN CACHIMBO

VALENCIA, CARLOS GARCÍA GARCÍA, EUGENIO DE

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Radicación n.° 85560

JESÚS RAMÍREZ, ÁLVARO JIMÉNEZ ROJAS, ARLEY

MONTES BETANCOURTH, JOSÉ URIEL CÁRDENAS

LÓPEZ, HOLMES CUESTAS PARRA, GUILLERMO SOLANO

LOZANO, JULIAN JIMÉNEZ ROMERO, CARLOS ALBERTO

FERNÁNDEZ QUINTERO, LUIS HERNANDO ARIAS

GARCÍA, JOSÉ IMAR CARVAJAL MORENO, JORGE

HUMBERTO VALENCIA, FERNEY LOZANO MILLAN,

HEBER LOAIZA CUELLAR, LUIS FELIPE BETANCOURT

LAVERDE, JOSÉ NELSON TORRES, MARTÍN EMILIO

VÁSQUEZ MOYA, LUIS EDUARDO ROMERO, JOSÉ

ENRIQUE PEÑA BEJARANO, ALBERTO DE JESÚS

BOTERO PINEDA, PABLO PIEDRAHITA, JOSÉ BENJAMIN

ANGULO QUIÑONES, FREDY SEGURA SOLIS, JUAN

HURTADO PIEDRAHITA, AURELIANO OSPINA, BALDUINO

DE JESÚS CORREA GIRALDO, HERMES DE JESÚS

GALLEGO, OSCAR ORLANDO RUIZ, LUIS ANGEL

VALENCIA GUEVARA, FABIAN MOLINA JURADO, LUIS

ALBERTO HERNÁNDEZ, COSTAIN GARCÍA OSPINA,

FABIO ESCOBAR GALEANO, ALEXANDER MUÑOZ

GAVIRIA, JOSÉ OLIVER CASTRILLÓN, JOSÉ JUVENAL

IZQUIERDO, ALFREDO LOZANO GARCÍA, JOSÉ NORVEY

VALENCIA, ARMANDO LOZANO, HENRY PERAFAN,

WILLIAM MAFLA REYES, FERNANDO RAMÍREZ

MORENO, JUAN CARLOS CARDONA RENDÓN, CARLOS

ALBERTO GIL ALZATE, CARLOS ALBERTO QUIRÓZ

HERNÁNDEZ, JOSÉ OLMEDO PEDRAZA VALENCIA,

NELSON DE JESÚS ACEVEDO, FELIPE MONTAÑO y

JAIME BOCANEGRA POSSO, DIEGO BECERRA

LONDOÑO, ÁLVARO JOSÉ DELGADO VALENCIA, OSCAR

HUMBERTO POSSO OSORIO, JOSÉ MANUEL GARCÍA GIL,

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Radicación n.° 85560

LUIS OVER GONZÁLEZ, FRANCISCO ORTÍZ MOTOA,

HÉCTOR OSWALDO QUIÑONES BEJARANO, SAHIR BARRERA OCHOA y LUIS ALFONSO GARCÍA GONZÁLEZ contra la sentencia proferida por la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el 19 de marzo de 2019, adicionada en proveído del 28 de mayo del mismo año, en el proceso que instauraron contra

la sociedad CARLOS SARMIENTO L & CÍA – INGENIO SAN

CARLOS SA.

I. ANTECEDENTES Los demandantes promovieron proceso ordinario laboral de primera instancia contra la sociedad Carlos Sarmiento L & Cía – Ingenio San Carlos SA, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas: i) la nulidad de las conciliaciones extrajudiciales celebradas entre los trabajadores y la empresa el 16 y 17 de abril de 2009; ii) ordenar el reintegro de cada uno, a los cargos que venían desempeñando o a uno de igual o mejor categoría y de forma subsidiaria, iii) el pago de la indemnización por despido sin

justa causa, los reajustes de prestaciones sociales, legales y convencionales, perjuicios materiales y, la sanción moratoria. En lo que le interesa al recurso, fundamentaron sus pretensiones, básicamente en que, en virtud de los contratos de trabajo a término indefinido que suscribieron con dicha sociedad, le prestaron sus servicios hasta el 16 de abril de 2009, cuando los mismos fueron finalizados tras la firma de

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Radicación n.° 85560 las actas de conciliación que se acusan, así como que, el 7 de abril de 2009, el Ingenio San Carlos SA, dio por terminada la relación con el señor Eufracio Ruiz, presidente del sindicato y con los demás miembros de su directiva. Informaron que, durante la vigencia de la relación laboral se creó el aludido sindicato y fue firmada la convención colectiva de trabajo 2008 - 2011, la cual contemplaba el pago de la «prima extralegal de vacaciones, antigüedad y navidad, los (SIC) cuales no fueron tenidas (SIC) en cuenta al realizar las liquidaciones pagadas a los trabajadores». Afirmó que, para la suscripción de los mencionados acuerdos la empresa Human Transition Management en liquidación, HTM, aunque fue declarada disuelta desde el 23 de junio de 2008, en compañía del señor Milder Barbosa Troncoso en calidad de consultor asociado, informaron el 4 de febrero de 2009 al Ministerio de la Protección Social, que se estaba adelantando un proceso de negociación laboral con el Ingenio como cliente, respecto de sus trabajadores, lo que llevó a que el 15 de abril de la última anualidad, dicho

ministerio comisionara a la inspectora de trabajo Nohora Tovar para intervenir en las conciliaciones a solicitud de HTM en la ciudad de Cali. Precisaron que, la funcionaria que se comisionó para tal fin, recibió autorización para actuar a nombre de HTM y no del Ingenio San Carlos, irregularidad que implica la ilegalidad de las actas de conciliación suscritas en virtud al conflicto

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Radicación n.° 85560 que surgía con el Ingenio San Carlos SA; que algunos acuerdos fueron firmados por un empleado de la empresa que no era abogado titulado; que a diferencia de lo que se plasmó en los respectivos documentos, los trabajadores no intervinieron en la diligencia; que a pesar de estar afiliados al sindicato, no pudieron ser representados por dicha organización, y que no fueron apoyados por los funcionarios del ministerio, quienes «se comportaron más cercanos» a los intereses de la demandada. Expusieron que fueron objeto de constreñimiento por parte del empleador, dado que el 16 de abril de 2009 les recibió personal armado ajeno a la empresa, quienes impidieron que se acercaran a sus puestos de trabajo, siendo convocados a una reunión en el auditorio de aquella, donde los esperaban «[…] Hernán Aguilera Borja, Director de Gestión Humana en representación del Ingenio […], funcionarios del Ministerio de la Protección Social, quienes realmente eran asesores de la empresa HUMAN TRANSITION MANAGEMENT -HTM-, entre quienes se encontraba el señor OSCAR EDUARDO AGÜERA, quien afirmó que él había comprado el Ingenio», este último además que les indicó que, «firmaran o no firmaran se tenían que ir porque él era el nuevo dueño del

Ingenio». Relataron que, durante el encuentro, uno a uno fueron llamados para informarles que se había resuelto la terminación de los contratos y, por tanto, debían firmar las actas contentivas del acuerdo conciliatorio; que mientras ellos, veían cómo descargaban cajas con documentos

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Radicación n.° 85560 suscritos previamente por la Inspectora Nohora Tovar; que la reunión fue para «"revisar [...] los Cambios (sic) de Procesos que hará la empresa, y cómo estos afectarán (sic) su área de trabajo"», mas no para terminarles los contratos, lo que consideraron una afrenta a sus derechos fundamentales a la información y al debido proceso. Afirmaron que «ante la presión a la que estaban siendo sometidos, algunos trabajadores procedieron a firmar las actas de conciliación; siendo el primero de ellos […] GABRIEL OSPINA GUTIERREZ, quien una vez firmó el […] No. 01 se dirigió al aeropuerto […]»; que sobre el medio día, llegó la Inspectora de trabajo, Nohora Tovar a las instalaciones del Ingenio San Carlos SA., cuando solo estaba facultada para intervenir en la negociación laboral de la Empresa Human Transition Management HTM; que a partir de las 3 pm del día 16 de abril de 2009 cuando compareció la apoderada de la pasiva, la respectiva inspectora realizó el primer acuerdo entre los trabajadores del citado ingenio y dicha sociedad, empero se contradijo al decir que aquella se presentó de forma tardía y sin tener contacto personal con los convocados, suscribiéndose las ya mencionadas de 8 am a 6

pm. En cuanto a las firmadas en posterioridad al 17 de abril de 2009, reiteraron lo relacionado con la falta de convocatoria para tal fin; que se incurrió en un despido colectivo sin autorización del Ministerio de la Protección Social violando la CCT 2008-2011; que no se acompañó la reunión con el cuerpo sindical y que, ante el bajo nivel escolar de los señores

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Radicación n.° 85560 «Julián Cachimbo Valencia, Henry Perafán (Acta No. 172), Alexander (sic) Muñoz Gaviria (Acta No. 129), Balduino Jesús Correa Giraldo (Acta No. 61), Cesar Tulio Zamora (Acta No.072), Olmedo Hernán Sánchez Millán, Ricardo De Jesús Moreno Granda, Felipe De Jesús Montano Rivillas», entre otros 110 trabajadores, estos aceptaron lo pactado, bajo la creencia de que les pagarían una pensión de retiro hasta cuando adquirieran la de vejez, «cuando realmente les estaban pagando mensualmente el valor de la liquidación e indemnización por la terminación de sus contratos de trabajo». Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada, en resumen, se opuso a las pretensiones invocadas para cada uno de aquellos, y en cuanto a los hechos, aceptó los relacionados con sus vinculaciones y los extremos temporales de cada contrato. Aclaró que no existió constreñimiento para la suscripción de los acuerdos conciliatorios y manifestó que las actas se firmaron conforme a la ley; que la sociedad pagó los valores acordados por acreencias laborales y demás pactadas.

Sostuvo que no se indicaron de forma clara y concisa los fundamentos legales ni motivos para declarar la nulidad de las referidas actas, que las mismas fueron firmadas y avaladas por los inspectores de trabajo Nohora Tovar y Luis Henry Osorio, autoridades facultadas para ello, todo lo que llevó a que las terminaciones de los contratos fueran por mutuo acuerdo y no, sin justa causa. Lo anterior, además, por cuanto:

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Radicación n.° 85560 Resulta imposible que algunos pocos funcionarios que se encontraban con 200 o 300 trabajadores pudieran constreñir y/o engañar tan importante número de funcionarios, máxime cuando estuvieron asesorados por el señor ALBERTO GUZMAN presidente del sindicato Fenaltravalle y otros líderes sindicales quien estuvieron atentos para solucionar las inquietudes de los trabajadores y que a medida que se revisaban las propuestas y el acta conciliatoria pasaban donde la Sra. Inspectora a que les avalara el consentimiento sin que pudiera existir ningún tipo de presión ni fuerza conforme lo señala la inspectora de trabajo en sus declaraciones. Por ello la renuncia planteada en el citado documento y en muchos casos en forma anticipada y/o adicional queda incólume frente a cualquier expectativa planteada por la presunta nulidad por falta de competencia indicada en esta demanda. En cuanto a la solicitud de reintegro por presunto despido colectivo, recordó que mediante Resolución número 002288 del 2 de septiembre de 2010 ya el Ministerio del Trabajo se pronunció, pues al resolver la querella interpuesta contra la entidad y que guardaba la misma pretensión, «se

definió la inexistencia del despido pretendido». Adujo que era temerario lo expresado frente a los trabajadores Wilmer Castaño Barón, Jorge Humberto Valencia, Guillermo Solano, Carlos Alberto Quiroz, Jesús Loaiza, Juan Echeverry, Carlos Alberto Fernández, Luis Hernando Arias, Jesús María González, Mario Montoya Giraldo, Jorge Eliécer Rodríguez, Julián Jiménez Romero, José Omar Carvajal, Carlos González Urbano, Críspulo Zacarías Batalla, Carlos García y Eugenio Ramírez, comoquiera que respecto del primero la terminación se dio 10 días antes de la suscripción de las referidas actas, sin guardar relación con la presunta desvinculación masiva, así como para los restantes, la terminación se dio con posterioridad al 16 de abril de 2009 por mutuo acuerdo y

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Radicación n.° 85560 que, con relación al señor Rosmiro Rojas no existió convenio con el ingenio, como se arguye en la demanda. Finalmente, en relación a las pretensiones subsidiarias advirtió su oposición por cuanto la terminación fue por mutuo acuerdo y las prestaciones sociales fueron canceladas en oportunidad, sin que fuera necesario ningún reajuste. En su defensa propuso las excepciones que denominó cosa juzgada, ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales, transacción, compensación, pago, inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe y prescripción de la acción. Así las cosas, al pronunciarse el a quo con relación a la inepta demanda que fue invocada en varios de los asuntos aún sin acumular, se declaró próspera aquella y se subsanó

la actuación, siendo congruentes los pronunciamientos en dichos procesos frente a que la excepción de cosa juzgada se desataría en la respectiva sentencia. Superado lo anterior e identificada la relación en pretensiones contra el accionado, se llevó a cabo la acumulación de los sendos procesos ordinarios1 contra la pasiva, conocidos primigeniamente por el Juez Laboral del 1 76-834-31-05-001-2009-00298, 76-834-31 -05-001-2010-00093, 76-834-31 -05-001 -2010-00123, 76-834-31-05-001-2010-00226, 76-834-31-05-001-2010-00230, 76834-31 -05-001 -2010-00281, 76-834-31 -05-001-2010-00282, 76-834-31-05-0012010-00283, 76-834-31 -05-001-2011 -00021, 76-834-31 -05-001-2011 -00024, 76834-31-05-001-2011-00042, 76-834-31-05-001-2011-00048, 76-834-31 -05-001-2011 -00078, 76-834-31 -05-001-2011 -00091, 76-834-31-05-001-2011-00111, 76-834-3105-001-2011-00119, entre otros.

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Radicación n.° 85560 Circuito y por el de Descongestión de Tuluá, de los cuales finalmente se agruparon los accionantes en los dos grupos

de personas que ahora intervienen en casación. En cuanto a los asuntos con radicación 2009-00298 de José Nelson Torres y otros, y el 2011-00324 de Jaime Bocanegra Posso y otros, al momento de su conocimiento por el a quo, se advirtió que al ser sujetos de acumulación, venían tramitándose bajo los postulados de la Ley 712 de 2001 y cumplían «las condiciones que determina dicha norma; asimismo versan sobre hechos y pretensiones en las cuales la parte convocada a juicio se ha fundamentado para proponer excepciones de mérito», por lo que al ser el más antiguo de los presentados el radicado en el 2009, se suspendió la actuación en aquel, hasta que se igualaron en tercera audiencia de trámite todos, para continuarlos conjuntamente.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tuluá, al que correspondió el trámite acumulado de la primera instancia, mediante fallo del 16 de enero de 2017, declaró probada la excepción de cosa juzgada y absolvió a la sociedad Carlos Sarmiento L. & Cia Ingenio San Carlos SA respecto de las pretensiones invocadas por el conglomerado de demandantes.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

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Radicación n.° 85560 La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, mediante fallo del 19 de marzo de 2019, adicionado en proveído del 28 de mayo de dicha anualidad, resolvió: PRIMERO: REVOCAR el numeral primero de la sentencia No. 004

del 16 de enero de 2017 emitida por el Juzgado Laboral del Circuito de Tuluá -Valle del Cauca-, dentro del proceso de la referencia, y en su lugar se ordenará: DECLARAR válidos los acuerdos conciliatorios firmados por los señores: Ferney Lozano Millán (acta n°136), Alfredo Lozano García (acta N°40), Fabián Molina Jurado (acta N°40), Fabio Escobar Galeano acta n°81. Olmedo Sánchez Millán acta N°106, Costain García Ospina acta N°154, Luis Ángel Valencia Guevara acta n°168, Héctor Oswaldo Quiñones Bejarano acta n°171, Luis Alberto Hernández Sierra acta de conciliación n°19, Martín Emilio Vázquez Moya acta de n°139, Felipe Montaño Rivillas acta N°60, Luis Eduardo Acosta acta n°53, Jaime Bocanegra Posso acta n° 185, Álvaro (SIC) Jiménez Rojas acta N° 128, Rubio Pedroza González N° 152, Diego Fernando Dávila Espitia acta N° 66, José Manuel García Gil acta n° 186, Luis Alfonso García González acta N° 178, Juan Carlos Cardona Rendón acta n° 118, Luis Over González acta n° 98, William Zorrilla acta N° 138,Ovidio Quintero acta N° 37, Arley Montes Betancourt acta N° 25, Carlos Alberto Castaño Loaiza acta n° 96, Luis Enrique Flórez Mendoza acta N° 113, Gerardo Escobar acta n° 161, Carlos Yusti

Peñaranda acta n°7, Francisco Ortiz Motoa acta n° 99, José Pedraza Valencia acta n°12, Hernán Lozano Valencia acta n°160, Oscar Humberto Posso acta n° 22, Crispulo Batalla Quiñones acta N° 142, Ermilson Bedoya Caicedo acta N°174, Carlos Gil Álzate acta n° 112, Julián Cachimbo Valencia acta n° 82, Holmes Cuesta Parra acta N° 184, Germán Cano Arenas acta n° 203, José Oliver Castrillón García acta N°11, Fernando Ramírez moreno (SIC) acta N°166, Herber Loaiza Cuellar acta n°162, José Norbey Valencia Saavedra acta N°180, Diego Becerra Londoño acta N°2, Alvaro (SIC) José Delgado Valencia acta N° 3, Henry Perafan (SIC) acta n°172, Balduino Jesús Correa Giraldo acta N°61, Hermis De Jesús Gallego acta n°26, Luis Felipe Betancourt Laverde acta N°45, […]; la segunda etapa, se surtió en los días subsiguientes, con aquellos trabajadores que no quisieron firmar las acuerdos conciliatorios los días 16 y 17 de abril de 2009, en las (SIC) inspección de trabajo de Tuluá, ante el inspector Luis Osorio Bedoya, firmándose los acuerdos conciliatorio (SIC) de los señores: Jorge Humberto Valencia acta n° 64, Fernando Quintero Pulgarin (SIC) acta n° 45, Rosmiro Rojas Saavedra acta n°95,

Eugenio Ramírez acta n° 63, Carlos García García acta n° 85, Guillermo Solano Lozano acta n° 89, Julián Jiménez Romero acta N° 81, Carlos Quiroz Hernández acta N° 82, Arlex Loaiza Muñoz

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Radicación n.° 85560 acta n° 71, Juan Echeverry Echeverry acta n° 079, Carlos Fernández Quintero acta n° 074, Luis Hernando Arias acta N° 111, Jesús María González Jaramillo acta n° 101, Marco Fidel Montoya acta n° 112, Jorge Eliecer (SIC) Rodríguez acta N° 102, José Imar Carvajal acta N° 112, Carlos González Urbano acta n° 125, Wilson Pérez Arboleda acta n° 191, Wilmer Castaño Barón acta n°36, José Nelson Torres acta de conciliación n° 086, Oscar (SIC) Orlando Ruiz acta n°026, Juan Hurtado Piedrahita acta de conciliación n° 87, Julio Cesar Valverde Ulloa acta de conciliación N°27, José Enrique Pena Bejarano acta N°44, José Angulo Quiñonez acta n°083, Luis Enrique Bejarano acta N° 62, Freddy Segura Solís acta N°051, Hoover Hurtado Izquierdo acta n°110, Aurelio Ospina Ospina acta de conciliación n°126, Eledxader Muñoz Gaviria acta n°129, Luis Eduardo Romero Garavito acta n°077, Armando Lozano Márquez acta n°100, Pablo Piedrahita acta n°117, Willian Mafia Reyes acta n°55, Alberto Jesús Botero

Pineda N°115, Nelson De Jesús Acevedo Ocampo, José Juvenal Izquierdo Azcarate. DECLARAR válido el acuerdo conciliatorio celebrado entre el señor José Uriel Cárdenas López, sic contentivo en acta de conciliación N°143.

SEGUNDO: ADICIONAR el numeral 5° a la sentencia No. 004 del 16 de enero de 2017 emitida por el Juzgado Laboral del Circuito de Tuluá -Valle del Cauca-, dentro del proceso de la referencia, el cual quedará de la siguiente manera: DECLARAR probada la excepción de cosa juzgada, sobre las pretensiones subsidiarias de la demanda dentro del proceso de la referencia.

DECLARAR probada la excepción de cosa juzgada, sobre las pretensiones subsidiarias del señor José Uriel Cárdenas López, dentro del proceso de la referencia.

TERCERO: CONFIRMAR los restantes numerales de la sentencia No. 004 del 16 de enero de 2017 emitida por el Juzgado Laboral del Circuito de Tuluá -Valle del Cauca-, dentro del proceso de la referencia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró que, «si bien no se configuran los presupuestos para declarar la excepción de cosa juzgada, debiendo revocar el numeral primero de la sentencia de primera instancia […], tampoco encontró vicio en el consentimiento alguno (SIC) que invalidara los acuerdos conciliatorios demandados» lo que

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Radicación n.° 85560 incluso analizó desde lo procedimental, que a la postre le permitió determinar que tampoco se presentó «falta de

competencia de la Inspectoría del trabajo que invalidara los acuerdos suscritos, debiendo en su lugar, negar las pretensiones de la demanda». Lo anterior, tras diferenciar los hechos que soportaron las pretensiones de la demanda principal y la acumulada, a partir de lo expuesto «por todos y cada uno de los accionantes, y sobre ellos fue que se desarrolló todo el debate procesal dentro de la primera instancia», así como de los que fundan el recurso de apelación, toda vez que varios de los invocados no se presentaron desde la génesis del asunto y los consideró como nuevos. En efecto, respecto de estos puntualizó: No se estudiaran (SIC) por parte de esta agencia judicial los siguientes hechos propuestas (SIC) por los apelantes en su recurso, al considerarse hechos nuevos: Del primer apelante; Constituye hecho nuevo no alegado en las instancias la falta de integración del Ingenio Mayaguez S.A.

Del segundo apelante:

1. Asegura que intervino personal ajeno al Ministerio del Trabajo.

2. La inexistencia de poder y carencia de facultad para conciliar de los representantes del Ingenio San Carlos Que (SIC) se vulneraron derechos convencionales.

3. Que se omitió el hecho que algunos trabajadores hacían parte del régimen anterior a la Ley 50 de 1990.

4. Que la Resolución 1122 de 2009, fue aclarada por una funcionaria de menor jerarquía.

5. Que la terminación de los contratos mediante acuerdo conciliatorio no contaba con autorización del Ministerio de

Trabajo.

6. Que a las conciliaciones no asistió el representante legal del

Ingenio San Carlos S.A.

7. Que algunos casos los mismos (SIC) se encontraban bajo fuero

por enfermedad, incapacidad y discapacidad.

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Radicación n.° 85560

8. La inexistencia de poder para formular solicitudes ante el Ministerio de la Protección Social. 9.La inexistencia de certificados de cámara de comercio de la poderdante y de la apoderada de la empresa demandada. 10.Que el Ministerio de la Protección Social omitió analizar certificado de existencia y representación legal de la empresa HTM en liquidación. 11.Que el Ministerio de la Protección Social omitió indicar al solicitante el aporte de los documentos que faltaban.

12. La inexistencia de la solicitud de conciliación formulada a los trabajadores y falta de comunicación de la citación de las audiencias de conciliación a los trabajadores. 13.Que la Resolución 1122 de 2009, fue aclarada por una funcionarla sin competencia. 14.Que la nota interna UEIVCT 14300, aclaratoria de la Resolución 1122 de 2009, vulnera los convenios suscritos con al

(SIC) OIT. 15.Que las actas de conciliación no hacen referencia a la nota interna UEIVCT 14300, aclaratoria de la Resolución 1122 de 2009. 16.Que los trabajadores no fueron consultados al formular la solicitud de designación de conciliador. 17.El incumplimiento de las funciones contenidas en el Manual del Inspector del trabajo expedido por el Ministerio de la Protección Social por parte de la inspectora asignada.

18. La falta de identificación de la inspectora de trabajo asignada, pues asegura el recurrente que se identificó con su nombre y no con la cédula. 19.Que las liquidaciones de los contratos de trabajo no cumplen

con lo acordado en la convención colectiva de trabajo. 20.Alega que la (SIC) actas de conciliaciones no fueron registradas tal cual lo ordena la Ley. 21.Asegura que no puede confundirse la institución de la conciliación con el contrato de transacción.

22. De la misma manera el inconforme remata el recurso de alzada argumentado la existencia de error y dolo, que vició el consentimiento de los trabajadores. 23.Afirmó que el Ingenio San Carlos S.A. utilizó paramilitares, lo que menguó la voluntad de los trabajadores y los hizo suscribir el acuerdo conciliatorio.

Acto seguido, catalogó sus argumentos en las temáticas expuestas a lo largo de la discusión, como fueron (i) la excepción de cosa juzgada, (ii) la competencia de la inspectora del trabajo en las audiencias de conciliación adelantadas en las dependencias del Ingenio el 16 y 17 de abril de 2009, (iii) la necesidad de que el sindicato

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Radicación n.° 85560 presenciara la firma de los referidos acuerdos, estando en liquidación la empresa Human Transition Management HTM, (iv) la ausencia de la inspectora de trabajo en dichos actos y, (v) la posible nulidad de las actas suscritas en virtud de lo conciliado, «por coacción o constreñimiento ejercido por (SIC) Inqenio San Carlos S.A. sobre los demandantes». i) Excepción de cosa juzgada En efecto, con relación a este medio de defensa, luego de traer a colación lo señalado por ambos extremos procesales y el a quo, así como de recordar los presupuestos

necesarios para declarar aquella y de convocar el artículo 303 CGP aplicable al procedimiento laboral por remisión del 145 del CPTSS, consideró acertada la conclusión a la que arribó el grupo de recurrentes en que se declarara procedente la misma respecto de las pretensiones principales, «en el entendido , que el objeto de la misma es derruir los efectos de cosa juzgada de las conciliaciones celebradas entre las partes en contienda fundamentada dicha pretensión en la existencia de las nulidades advertidas dentro de la misma». No obstante, en cuanto a las subsidiarias, advirtió que resultaba procedente, habida cuenta de que «de encontrarse […] que las conciliaciones en comento son válidas a la luz del orden jurídico, correspondería a esta Sala estudiar si las pretensiones subsidiarias, de pago de prestaciones sociales, como de indemnizaciones, procede, teniendo en cuenta los efectos de cosa juzgada de las conciliaciones aportadas». En consecuencia, ordenó revocar el numeral primero de

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Radicación n.° 85560 la providencia de primer grado, «correspondiendo analizar la procedencia del fenómeno de la cosa juzgada, sobre las pretensiones subsidiarias, previo análisis de validez de los acuerdos conciliatorios». ii) Competencia de la inspectora del trabajo en las audiencias de conciliación adelantadas en las instalaciones del Ingenio San Carlos el 16 y 17 de abril de 2009. Recordó que el inconformismo de uno de los grupos de apelantes se originó «en la ausencia de análisis de la Resolución N° 01122 de 2009, debido a que no se autorizó a

la Dra. Nohora Tovar como inspectora de trabajo de Cundinamarca, para avalar los acuerdos conciliatorios […]», mientras del otro, en que fueron firmadas por aquella cuando «estaba designada para la empresa HTM de la ciudad de Cali y no para el Ingenio San Carlos S.A.», por lo que luego de precisar los presupuestos de toda conciliación, examinó la evocada resolución, la numerada como 02032 de 2014 proferida por el Ministro de Trabajo en que se revocó la sanción impuesta de forma primigenia a la funcionaria y precisó que a folio 45 del cuaderno 6 se anotó: «[…], es claro para el despacho de segunda Instancia que la actuación de la […]Nohora Tovar, al suscribir las actas de conciliación en la ciudad de Tuluá, no constituye extralimitación de funciones, por cuanto estuvo precedida del otorgamiento de una comisión de servicios conferida en legal forma y que la faculta para el efecto", por lo que ella se encontraba autorizada para fungir como intervino en cada una de las discusiones.

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Radicación n.° 85560 iii) La presencia necesaria del sindicato para firmar los acuerdos conciliatorios y estado en liquidación de la empresa HTM. Puntualizó que además de los presupuestos establecidos en la Ley 640 de 2001 para la conciliación, teniendo en cuenta que las analizadas son de índole laboral, debían cumplir el reseñado en el artículo 28 de la misma, por lo que al revisar el contenido de este no encontró que se

requiriera la participación de la asociación sindical a la que perteneciera el trabajador, sino quienes en efecto intervinieron en las mismas, por lo que la presencia o ausencia del cuerpo sindical «no tiene los efectos de validar o invalidar el acuerdo concertado entre trabajador y empleador, desestimándose el reproche propuesto, en lo que a este tópico se refiere». Asimismo, aclaró que el estado de liquidación de la empresa Human Transition Management tampoco invalida los mentados acuerdos «pues siendo […] de mutuo consentimiento convienen los intervinientes, cualquier vicio que se originare en su trámite preliminar, se subsana con el acuerdo libre y voluntario que las partes de manera espontánea suscriben con el fin de dar al traste con las obligaciones a que se encuentren sujetos», por lo que al ser el que se denuncia uno que existió en la solicitud de conciliación, el mismo quedó saneado cuando se suscribió el acuerdo. iv) Ausencia de inspectora del trabajo en los acuerdos

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Radicación n.° 85560 conciliatorios. Indica que, aunque el segundo grupo de apelantes sostiene que, al no encontrarse inspectora del Trabajo Nohora Tovar al momento en que «los ex empleados del Ingenio San Carlos firmaron los acuerdos conciliatorios que pretenden nulitarse dentro de la referencia […]», procede la invalidez de aquellos, lo cierto es que, de las declaraciones sin tacha de sospecha y de las allegadas por el extremo pasivo, «se evidencia la abultada diferencia entre el dicho de las dos partes, sin que en el desarrollo de las testimoniales se

pudiera determinar, a ciencia cierta, si la inspectora de trabajo se hizo presente o no en las diligencias conciliatorios (SIC)», pero que en dado caso, de haberse celebrado frente a un funcionario incompetente, aquella tendría los efectos de una transacción como lo precisó la corporación en sentencia CSJ SL, 18 oct 2017, rad. 54925. En esas circunstancias, aseguró que la ausencia de la inspectora no tenía vocación de invalidar los acuerdos pues no quedó plenamente acreditada su inasistencia al momento de la firma de las actas, y que de comprobarse ello, «la consecuencia sería el cambio de naturaleza del acuerdo pactado, pasándose de un […] conciliatorio a […] transaccional, pacto que perse, (SIC) tiene los mismos efectos d