CSJ - SL1976-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL1976-2023 Radicación n.° 92437 Acta 028 Bogotá, D. C., ocho (8) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JOSÉ HUMBERTO CONTRERAS PRADA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 31 de agosto de 2020, en el proceso que instauró contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES), al cual se vinculó a CRISTALERÍA PELDAR SA como litisconsorte necesario.

I. ANTECEDENTES José Humberto Contreras Prada llamó a juicio a Colpensiones, pretendiendo que previa la declaratoria de que es beneficiario de la prerrogativa transicional prevista en el Decreto 1281 de 1994 y en el art. 36 de la Ley 100 de 1993,

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 92437 y que en consecuencia, el régimen aplicable es el dispuesto en el art. 15 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, se le condenara al pago de la pensión especial de vejez a partir del cumplimiento de los 45 años de edad; así como al de las mesadas adeudadas desde el 6 de enero de 2003, con las adicionales de junio y diciembre; y los intereses de mora previstos en el art. 141 de la Ley 100 de 1993. Fundamentó sus peticiones, en que nació el 6 de enero

de 1958, por lo que a la fecha contaba con 60 años de edad; que cotizó al Régimen de Prima Media con Prestación Definida –en adelante RPMun total de 1917 semanas, de las cuales 1616 fueron cotizadas ejerciendo actividades de alto riesgo – exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas para la salud, con el empleador Cristalería Peldar SA; que con dicha empresa ha cotizado desde el 18 de septiembre de 1985, hasta la fecha de presentación del libelo genitor; que a la data de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, contaba con más de 17 años de cotizaciones; que el 18 de mayo de 2016 solicitó ante Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez por actividad de alto riesgo – exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas, la cual se le negó a través de la Resolución n.° GNR 337624 del 16 de noviembre de 2016, decisión frente a la cual interpuso recursos de reposición y apelación, resuelto el primero por medio de la Resolución n.° SUB 62814 del 11 de mayo de 2017, reiterando la negativa, bajo el argumento de que la empleadora no había efectuado la cotización especial de 6 y

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 92437 los 10 puntos adicionales de que tratan los Decretos 1281 de 1994 y 2090 de 2003, respectivamente, sin que a la fecha se hubiera resuelto el de apelación. Narró que mediante la historia ocupacional emitida por Cristalería Peldar SA, esta certificó que desempeñó el cargo

de electricista de segunda – electricista de primera e instrumentista; que realizó sus labores con exposición al sílice cristalina y a sustancias comprobadamente cancerígenas, durante un turno de 8 horas; que estuvo expuesto a asbesto y sílice, pues cuando las fibras de estas materias primas son desprendidas de las que las contienen, flotan en el aire indefinidamente, siendo ello uno de los principales factores de riesgo ocupacional por exposición, incluso sin una manipulación directa, por encontrarse laborando durante toda la jornada, en un entorno donde permaneció en un ambiente nocivo y contaminado. Añadió que el ISS y Colpensiones no efectuaron las acciones de cobro previstas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, por mora en la cancelación de aportes, con el fin de que la mencionada empleadora realizara las el pago de las cotizaciones especiales, razón por la cual incurrió en negligencia; que existen trabajadores de la misma empresa, que han instaurado demandas, atendiendo similares circunstancias de orden fáctico, respecto a la exposición del riesgo contaminante, habiéndose proferido sentencias favorables, como las promovidas por Carlos Alberto Baracaldo Rodríguez, Víctor Raúl Méndez Cucaita, Lizandro Rodríguez Garnica, Jesús María Enciso

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 92437 Arévalo, José Gonzalo Osorio Forero, Libardo Antonio González y Héctor Agustín Bello Jiménez, entre otros. Explicó que las materias primas empleadas en la

producción de vidrio, consisten principalmente en el uso de la sílice cristalina, proveniente de la arena-siliceaFeldepasto, consideradas como materias primas esenciales en la fabricación del vidrio, y adicionalmente se emplean en el proceso de producción. Colpensiones al dar respuesta a la demanda, se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó los relacionados con la fecha de nacimiento del demandante; las 1920 semanas cotizadas en toda su vida laboral, aclarando que no le constaba que 1616 hubieran sido en actividades de alto riesgo; los aportes realizados con Cristalería Peldar SA desde el 18 de septiembre de 1985 hasta la fecha del libelo genitor; la solicitud pensional elevada por el actor, y la negativa dada por la entidad a través de los actos administrativos expedidos. Negó que el demandante, al 1º de abril de 1994 contara con 750 semanas de cotización, pues de su historia laboral se concluía que eran 677, quedando por fuera del beneficio del régimen de transición; y expresó que los demás no le constaban. Como excepciones propuso las de prescripción, presunción de legalidad de los actos administrativos, cobro de lo no debido, buena fe, e inexistencia de la obligación.

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 92437 El juzgado de conocimiento a través de auto del 22 de octubre de 2018, ordenó integrar como litisconsorte necesario a Cristalería Peldar SA, quien al contestar la demanda se opuso a las pretensiones. En lo referente a los hechos, aceptó la afiliación del

señor Contreras Prada al ISS, aclarando que efectuó de manera oportuna las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Pensiones; la solicitud pensional elevada por este ante Colpensiones, y la negativa dada por la entidad. Tratándose de los demás, expresó que no era cierto lo relacionado con el ejercicio de actividades de alto riesgo, toda vez que el demandante nunca estuvo expuesto a oficios catalogados de alto riesgo al servicio de la empresa. Como medios exceptivos formuló los que denominó inexistencia de la obligación, carencia de derecho, prescripción, cobro de lo no debido y buena fe.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, a través de sentencia del 20 de junio de 2019, absolvió a la demandada y a la litisconsorte de los pedimentos del libelo genitor.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 92437 La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través de providencia del 31 de agosto de 2020, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante, confirmó la decisión de primer grado. Para tomar la decisión partió de los siguientes supuestos fácticos: que José Humberto Contreras Prada cotizó 1920.71 semanas al ISS y a Colpensiones, del 29 de noviembre de 1976 al 31 de mayo de 2018, a través de diversos empleadores; que labora para Cristalería Peldar SA desde 19 de septiembre de 1985, sin que haya aportado semana alguna como especial de alto riesgo; que el 18 de

mayo de 2016 solicitó la pensión especial de vejez por alto riesgo, la cual se le negó a través de la Resolución n.° GNR 337624 del 16 de noviembre del mismo año, bajo el argumento de que no cumplía los requisitos del Decreto 2090 de 2003, pues, de las 1840 semanas cotizadas, no se lograba establecer que desarrollara actividades de alto riesgo, decisión frente a la cual interpuso recursos el 10 de abril de 2017. Luego se remitió a lo dispuesto en el artículo 6 del mencionado decreto, declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional, bajo el entendimiento de que, para el cómputo de las 500 semanas, también se podían acreditar cotizaciones en cualquier actividad calificada jurídicamente como de alto riesgo, no solo con las de carácter «especial» derivadas del Decreto 1281 de 1994.

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 92437 Así las cosas, dedujo que, en este evento, para que al accionante se le aplicara la normatividad anterior, debió acreditar dos condicionamientos a la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003: (i) 500 semanas en actividades de alto riesgo; y, (ii) ser beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Y que en el sub judice, el 28 de julio de 2003, data en que entró en vigencia dicho decreto, el señor Contreras Prada había cotizado 1162.25 semanas, ninguna con carácter especial; y al 1º de abril de 1994, fecha en la que entró en

vigor el Sistema de Seguridad Social en Pensiones contenido en la Ley 100 de 1993, contaba con 36 años de edad y había aportado 686.25 semanas, por lo que no era beneficiario del régimen de transición; siendo así, señaló que no se le puede aplicar la normatividad anterior para acceder a la pensión especial de vejez. Indicó que, en este sentido, el reconocimiento pensional está regido por los artículos 3 y 4 del Decreto 2090 de 2003, que exigen: (i) haber cotizado 700 semanas o más de carácter especial; (ii) contar con 55 años de edad; y, (iii) reunir el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003. En consecuencia, estableció que, en el presente evento, al 18 de mayo de 2016, calenda en que presentó la solicitud pensional, el actor contaba con 58 años de edad y 1816.43 semanas de cotización durante su vida laboral, sin que alguna fuera aportada con carácter especial -situaciones fácticas que se deducen de la cédula de ciudadanía y el

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 92437 reporte de semanas cotizadas-, por lo que no supera los requisitos para acceder a la citada prestación. Empero, advirtió que, atendiendo a su aseveración de haber laborado en actividades de alto riesgo durante la vinculación con Cristalería Peldar SA, y la doctrina constitucional en cita, analizaría si las 1680.28 semanas, corresponden a aquellas, para acceder, de ser procedente, el reconocimiento de la prestación especial.

Precisó que, en el presente asunto, los actos administrativos emitidos por Colpensiones con apoyo en la historia ocupacional del demandante, concluyeron que no estuvo expuesto a sustancias cancerígenas, razón esbozada en sede administrativa para negar la prestación; pero que, no obstante, según este, durante su vinculación laboral con Cristalería Peldar SA ha estado sometido a contaminación generalizada del ambiente de trabajo. Y que, al respecto, aportó los siguientes documentos: (i) «Estudio Ambiental de polvo» de febrero de 1988, que dijo que todas las secciones muestreadas superaban los valores límites permisibles corregidos con un grado de riesgo comprendido entre 4.19 y 7.80, sin embargo, no indicó qué áreas fueron estudiadas; investigación elaborada por el ISS; (ii) el estudio de materia prima utilizada en Peldar y su relación con la salud obrera en general, y el cáncer en particular de septiembre de 1991abril de 1992, respecto del cual dijo, no se conoce a qué entidad pertenecían las

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 92437 personas que lo realizaron, ni quién financió dicha investigación. (iii) «Estudios de polvo, ruido y temperaturas» de septiembre de 1992, que concluyó que todo el personal que laboraba en la planta térmica, molinos, materias primas y planta de arena estaban expuestos a concentraciones de polvos silíceos, existiendo riesgo de que quienes trabajaran en esos sitios, contrajeran silicosis de tipo profesional; (iv) «Estudio de polvos» de diciembre de 1994, que indicó alta

contaminación por diseminación de partículas en el medio ambiente laboral en procesos y operaciones de la planta; (v) «Informe de evaluaciones ambientales de material particulado», de diciembre de 1996 y marzo de 2001, que analizó el área de materias primas, alfarería, molduras de envases, molduras de cristalería, planta de arena y planta térmica. Igualmente, (vi) el informe de espirometrías expedido por el Centro para los Trabajadores de junio de 2001, que concluyó que no había alteraciones notorias en la población trabajadora, pero se debía continuar con la concientización de usar protección respiratoria; (vii) los informes de evaluaciones de humo de soldadura de 2003, de evaluaciones de compuestos químicos de 2004, de aerosoles sólidos e inhalables del estudio de higiene industrial de 2005 y, de material particulado - dióxido de silicio de marzo de 2011; (viii) el concepto de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo de 26 de febrero de 2008.

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 92437 Además, (ix) el informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la evaluación de riesgos carcinogénicos para humanos de sílice y otras sustancias; (x) el informe técnico expedido por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, del 23 de septiembre de 2011, sobre permiso de emisiones atmosféricas; (xi) los dictámenes de calificación de invalidez de José Miguel Quiroga Larrota y Jorge Enrique González Romero; (xii) la historia ocupacional expedida por

Cristalería Peldar SA, según la cual, el demandante prestó servicios así: en el cargo de electricista de segunda, en todas las secciones de la planta, del 18 de septiembre de 1985 al 29 de marzo de 1990; en el de electricista de primera, en el taller eléctrico y por todas las instalaciones de la planta, del 30 de marzo de 1990 al 3 de julio de 1997; y en el de instrumentista, desempeñado generalmente en el taller de instrumentos y en las diferentes secciones de la planta, del 4 de marzo (sic) de 1997 al 3 de enero de 2017. También, (xiii) la constancia emitida por la ARL Seguros Bolívar SA el 16 de abril de 2015, que da cuenta de que Cristalería Peldar SA se encontraba clasificada en el riesgo IV; (xiv) la certificación emitida por Cristalería Peldar SA, indicando que el actor no estuvo expuesto a sustancias de alto riesgo durante su vinculación laboral; y, (xv) la comunicación de la Universidad Nacional de Colombia manifestando que en su registro del sistema de información de investigación, no aparecía el Grupo Fergusson. Dijo que además se recepcionó prueba testimonial, contentiva de las declaraciones de Juan Manuel Caicedo

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 92437 Alonso, Héctor Castellanos Garzón (estos dos tachados de sospecha por Cristalería Peldar SA), y Julián Horacio Montañez Africano. De esta última advirtió, que los dos primeros se caracterizaron por ser coherentes y claros, y no evidenciaron

contradicción o parcialidad, por lo que ofrecían credibilidad, en tanto expresaron las circunstancias fácticas que conocían y les constaban respecto del objeto del litigio. Concluyó que los medios probatorios relacionados en precedencia, valorados en conjunto, no permitían colegir que el señor Contreras Prada hubiera estado expuesto o manipulara sustancias químicas propiamente cancerígenas, ya que en la historia ocupacional se anotó que del 18 de septiembre de 1985 al 29 de marzo de 1990, estuvo en el cargo de electricista de segunda; del 30 de marzo de 1990 al 3 de julio de 1997, en el de electricista de primera; y desde el 4 de julio de ese año, ejerce el cargo de instrumentista; labores que desempeñaba en todas las áreas de la empresa, sin que se advierta manipulación de materias primas para la fabricación de vidrio o exposición a altas temperaturas. Aunado a que los deponentes, fueron coincidentes en manifestar, que el accionante en desarrollo de sus labores estaba en todas las áreas de la empresa, pero su permanencia en cada una dependía del daño, podían ser 10 minutos o hasta 7 horas, entonces, si bien los dos primeros testigos adujeron que arreglaba las máquinas o sistemas donde habían partículas con asbesto o altas temperaturas,

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 92437 no especificaron con qué frecuencia, ni en qué tiempo, y también expresaron que realizaba sus funciones en el taller que quedaba a 20 o 30 metros del área de materias primas. Sostuvo que, si bien los estudios reseñados refirieron

contaminación general por diseminación de partículas, no permiten deducir que hubieran incidido en la salud del demandante, en tanto, el esparcimiento de partículas de materias primas como la sílice y el asbesto, lo fue en el lugar de producción; por lo tanto, no afectaban a quienes como él, se encontraban en otra sección de la planta, siendo mínimo su contacto. Indicó que tampoco se acreditaron las actividades de alto riesgo con el pago de la prima de calor, aludida por los deponentes Juan Manuel Caicedo Alonso y Héctor Castellanos Garzón, pues, se desconoce cuál era el objeto de su pago, su valor y en qué tiempo fue cancelada. Así las cosas, coligió que el demandante no acreditó semana alguna en actividades de alto riesgo, por lo que no podía accederse a la prestación especial con arreglo al artículo 3 del Decreto 2090 de 2003. Por último, precisó que si bien ha habido procesos en los que el Tribunal ha emitido condena respecto de la pensión especial de vejez por alto riesgo pretendida, no se puede afirmar la existencia de un precedente horizontal vinculante, en tanto ello depende de las circunstancias fácticas y jurídicas alegadas y acreditadas en cada uno, es por ello que

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 92437 sus efectos son inter partes, además, han sido sentencias de segunda instancia, con la posibilidad de una nueva decisión en sede de casación.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente, que se case la sentencia impugnada, y que en sede de instancia se: […] decida acceder a las pretensiones incoadas con el escrito de la demanda principal. Para que en sede de instancia la H. Corte conforme a las consideraciones que se le permita llegar en su lugar, condene a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES a reconocer y pagar la pensión de vejez especial consagrada en el decreto 1281 de 1.994 y a su vez en el Artículo 15 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de igual año, a partir de los 45 años del actor «correspondiente al 90% del salario devengado, con sus incrementos, se condene al reconocimiento y pago de la mesada adicional de junio, desde la fecha en que se concretó el derecho, hasta que se cancele definitivamente, pago de los intereses de mora», proveyendo lo que corresponda por costas. Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, objeto de réplica por las demandadas y la litisconsorte; los cuales se resuelven en forma conjunta, por unidad de motivación en su resolución.

VI. CARGO PRIMERO

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 92437 Acusa a la sentencia impugnada de violar por la vía directa en la modalidad de aplicación indebida, los arts. 15 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año; 36 y 50 de la Ley 100 de 1993; 1, 2 y 8 del Decreto 1281 de 1995; 3 y 4 del Decreto 2090 de 2003; 117

del Decreto 2150 de 1995; 21 del CST; 53 de la Ley 57 de 1887; y 53 de la CP. En su desarrollo señala, que objeta las consideraciones esgrimidas por el Tribunal respecto de los arts. 15 del Acuerdo 049 de 1990 y 4 del Decreto 2090 de 2003, específicamente en lo que concierne a los requisitos para demostrar y acceder a la pensión por actividad de alto riesgo. Lo anterior, en vista de que el ad quem soportó las consideraciones de la negativa del reconocimiento pensional, en que no estaba contaminado por las sustancias comprobadamente cancerígenas que se utilizaban en Cristalería Peldar SA; y que, como consecuencia de la inexistencia de aquella, no existe alguna enfermedad diagnosticada, que permita concluir que sí laboraba expuesto de manera continua y permanente a sustancias comprobadamente cancerígenas. Afirma que la objeción se soporta en que el juez colegiado trajo un requisito inexistente en la legislación para acceder a la pensión especial de vejez, que no se consagra en el artículo 15 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año.

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 92437 Igualmente relaciona el art. 4 del Decreto 2090 de 2003. Sostiene que acorde con la normatividad existente, con base en la cual se ha realizado la fundamentación, y a la cual el fallador de segunda instancia hizo referencia para denegar el derecho deprecado, no existe el requisito siquiera referenciado, de que el trabajador deba tener una enfermedad de origen laboral para que se pueda reconocer la

actividad de alto riesgo. Y que también se equivocó el sentenciador al aducir, que es necesaria la existencia de la cotización adicional de los empleadores, para que con ello fuera procedente el reconocimiento pensional, ya que la Corte ha dejado claro, que no es necesaria la existencia de aquella para que el juez valore íntegramente si la actividad desempeñada es o no de alto riesgo, pues ello conllevaría a que posteriormente la administradora de pensiones por medio de las herramientas administrativas, proceda a realizar el cobro coactivo correspondiente a la sociedad que omitió el pago total o parcial de sus aportes, ya que bajo ningún entendido la mora en el aporte es justificante para denegar el derecho pensional de un trabajador. Concluye que este conjunto de desatinos condujo a que la sentencia vulnerara por la vía directa, a causa de aplicación indebida, las normas relacionadas, debido a que el sentenciador de segundo grado realizó un análisis superficial y fraccionado de la normatividad aplicable, ignorando las consecuencias propias de la no aplicación

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 92437 normativa de manera correcta, pues debió resolver el grado jurisdiccional de consulta de conformidad con el artículo 15 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, el cual no prevé ninguno de los requisitos mencionados.

VII. CARGO SEGUNDO Acusa a la sentencia «recurrida por vía indirecta en la modalidad de error de hecho, específicamente por la mala apreciación de la prueba».

En su demostración expone, que el Tribunal no le dio el

valor probatorio correspondiente a las documentales anexadas, las cuales son referencia técnica para la determinación inequívoca de la existencia de la exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas. Lo anterior, «teniendo en cuenta que el sentenciador en su actuar inobservante, desecharon todas las pruebas practicada (sic) dentro del proceso de manera injustificada», como los estudios anexados con la presentación del libelo genitor, que en su momento no fueron tachados, objetados y/o desconocidos por la integrada al litigio; así como los testimonios arrimados, material probatorio del cual claramente se logra demostrar una real, constante y efectiva exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas. Afirma que, como primera medida, para demostrar el ataque, es claro que, de conformidad con las reglas

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 92437 establecidas por esta alta corporación en casos análogos, el certificado de historia ocupacional es fundamental para demostrar los extremos laborales, y a su vez, el lugar y/o área en la que se ejecutó la labor; el cual debe ser valorado en compañía de todos y cada uno de los estudios anexados con el libelo introductorio. Dice que así las cosas, se tiene que ejecutó la función de electricista de segunda, desde el 18 de septiembre de 1985 hasta el 29 de marzo de 1990, en todas las secciones de la empresa; posteriormente la de electricista de primera, desde el 30 de marzo de 1990 hasta el 3 de julio de 1997, en el taller eléctrico y por todas las instalaciones de la planta; y luego instrumentista, desde el 4 de marzo de 1997 hasta el «31» de

enero de 2020, la cual desplegó en las diferentes secciones de la planta, y generalmente en el taller de instrumentos. Indica que es claro que, en el presente proceso, como en el de Miguel Montaño, que cursó ante esta misma Sala con radicado 57666, la Corte consideró que los trabajadores que laboran al servicio de Cristalería Peldar SA, y que deben ejecutar sus funciones en todas las áreas de la empresa, son a los que menos protección se les brinda, y por ello tenían un factor de riesgo más alto a la contaminación general al material particulado. Señala que, respecto de las pruebas documentales allegadas, se tiene que en realidad demuestran una exposición real, continua, permanente y directa a sustancias comprobadamente cancerígenas, así:

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 92437

1. La comunicación del 23 de septiembre de 1987, realizada por el director de Relaciones Industriales de CRISTALERIA

(sic) PELDAR S.A. JAIME LATORRE QUINTERO, referente al uso de mascarilla protectora para el manejo de asbesto. Esta comunicación permite demostrar clara e inequívocamente que en la planta de producción de Cristalería Peldar S.A., si existía en todo momento el uso del asbesto, y lo más importante que demuestra es que dicha sociedad no tenía ningún elemento de protección personal especializado, que mitigara el riesgo de contaminación por las sustancias comprobadamente cancerígenas y si no existían los elementos de protección personal, mucho menos existían mecanismos de aspersión que mitigaran el riesgo de contaminación para los trabajadores,

siendo claro entonces que es aún mayor el riesgo de contagio por cuanto no existían armas o medios que promovieran la protección y de dicha manera se evitase la contaminación a sustancias comprobadamente cancerígenas.

2. Estudio de materias primas utilizada en Peldar y su relación con la salud obrera en general y el cáncer en

particular del GRUPO GUILLERMO FERGUSSON. Este estudio demuestra que la entidad encargada de estudio determino (sic) una alta contaminación de material particulado y la generación de cáncer de la población trabajadora de la empresa, estudio que a su vez también fue realizado en las áreas de materias primas, planta de arena, térmica y decoración.

3. Estudio ambiental el polvo Empresa Peldar realizado por el Instituto de los Seguros Sociales Esta documental es relevante, y se apreció indebidamente, por cuanto el Tribunal inobservo (sic) que el mismo ISS, concluyo

(sic) y recomendó: “De acuerdo a los resultados obtenidos podemos deducir que en las secciones muestreadas se superan los valores límites permisibles corregidos con un grado de riesgo comprendido entre 4.19 y 7.80. Con base en lo anterior, la empresa debe controlar este riesgo, disminuyendo las concentraciones ambientales de polvo y partículas por debajo de los limites (sic) permisibles recomendados.” Es claro que en efecto existe una contaminación generada por los polvos y partículas, contaminación, que por sí misma no tenía ningún medio de control o mitigación por parte del empleador, es más, el mismo ISS, refiere que las mediciones superaban los límites permitidos por las normas de seguridad ocupacional.

4. Estudio de polvos totales y respirables realizado por el

Instituto de Higiene y Salud Ocupacional Ingeniería

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 92437 ambiental Epidemiología laboratorios agua aire suelo toxicología de Cristalería Peldar Planta de Cogua. Este estudio fue realizado en la planta de arena, donde claramente el señor JOSE (sic) HUMBERTO CONTRERAS PRADA, realizo (sic) la labor de ELECTRICISTA DE SEGUNDAELECTRICISTA DE PRIMERA E INSTRUMENTISTA, determinando un grado de exposición a polvos totales de 20.0, es decir, por encima de los límites permitidos por las normas de seguridad ocupacional. Dentro de las conclusiones dadas por la entidad calificadora, están: “Los polvos generados en los procesos y operaciones de la Planta Peldar, objeto del presente estudio presentan concentraciones de Sílice libre superiores al 20% y por consiguiente considerados como de alto riesgo higiénico sanitario. Las actividades que tienen que ver con el movimiento o manipulación del casco o polvo generados directamente del vidrio, deben realizarse con el mismo cuidado y seguridad por cuanto son los que contienen las mayores concentraciones de Silicio Libre. (….) El sistema de barrido con escoba y colección de polvos con pala es anti funcional y debe cambiarse por otro sistema más seguro”. Lo anterior demuestra y prueba a su vez que la entidad encargada de estudio determino (sic) una alta contaminación de material particulado, de polvos totales y respirables y la generación de cáncer de la población trabajadora de la empresa, pero lo realmente relevante y aplicable al caso del señor JOSE

(sic) HUMBERTO CONTRERAS PRADA, del estudio en mención es que fue realizada (sic) en la planta de arena, constatando que en efecto existen estudios y valoraciones especificas (sic) al caso del señor JOSE (sic) HUMBERTO CONTRERAS PRADA, y que en realidad si existen mediciones técnicas que constatan la exposición permanente y constante que tuvo el demandante a sustancias comprobadamente cancerígenas.

5. Estudio de Polvo, Ruido y Temperaturas, realizado en la planta de Cogua de Cristalería Peldar por el Instituto de Higiene Ambiente y Salud, en septiembre de 1992. Realizado en las áreas planta térmica, materias primas, planta de arena.

En la tabla número 4 del referido estudio titulada Comparación de las Concentraciones halladas de polvo con los limites (sic) permisibles, se determinó:

SCLAJPT-10 V.00 19

Radicación n.° 92437

LUGAR DE CONCENTRACIÓN VALOR LIMITE (sic)

MEDICIÓN Y TIPO DE HALLADA, POLVO PERMISIBLE ag/a OCUPACIÓN RESPIRABLES ag/a PLANTA TERMICA (sic) 55.5 0.1

Operador de caldera MATERIAS PRIMAS 3.44 0.1

MOLINOS MATERIA 8.82 0.1

PRIMA HORNOS 1.5 0.1

CARTONERIA (sic) 2.99 10

PLANTA DE ARENA 3.24 0.1

CARPINTERIA (sic) 5.5 5.0

MOLDURAS 5.4 1.0

Concluyendo igualmente el estudio: “Todo el personal que labora en planta térmica, molinos,

materias primas y planta de arena, están expuestos a concentraciones de polvos silíceos” (Subrayado fuera de texto original) Demostrando lo anterior que los lugares donde el señor JOSE (sic) HUMBERTO CONTRERAS PRADA, ejecutaba las labores de

ELECTRICISTA DE SEGUNDAELECTRICISTA DE PRIMERA E INSTRUMENTISTA, siendo