CSJ - SL1991-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL1991-2023 Radicación n.° 93275 Acta 29 Bogotá, D. C., quince (15) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por HUGO FERNANDO FORERO VELANDIA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, el 29 de octubre de 2021, en el proceso ordinario laboral que promueve en contra del

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Previamente, se tiene en cuenta la renuncia al poder presentada por la abogada Daniela Carolina Duarte Galvis, T.P. 365.451 del C. S. de la J., procuradora judicial de la citada entidad territorial, según informe secretarial de 19 de septiembre de 2022, dado que dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76 del Código General del Proceso. Asimismo, se reconoce personería adjetiva al abogado

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Radicación n.° 93275 Edgar Alberto Reina Arévalo con tarjeta profesional n.º 259.018 del C. S. de J., como apoderado del Departamento de Boyacá, de conformidad con el poder que obra en el cuaderno digital de la corporación.

I. ANTECEDENTES El accionante solicitó que se declare que adquirió el derecho a la pensión de jubilación anticipada especial por retiro voluntario, prevista en el artículo 2 de la CCT suscrita entre el Departamento de Boyacá y el Sindicato de Trabajadores Oficiales de la Secretaría de Obras Públicas de

dicho ente territorial, el 12 de noviembre de 2002 con vigencia para el año 2003. Asimismo, que el acta de conciliación n.° 208 de 27 de mayo de 2003 fue un acto de adhesión a los términos que propuso la pasiva y, por ende, se declare que aquella es inexistente o ineficaz absolutamente, en especial en cuanto a la invocación de inaplicación del instrumento colectivo. Como consecuencia de lo anterior, requirió se condenara al Departamento de Boyacá a reconocer y pagarle la referida pensión a partir de su causación, en un valor equivalente al 90% de la última asignación básica mensual que fue de $1.012.082, más los ajustes anuales del salario mínimo legal y la mesada catorce. Igualmente pidió indemnización de perjuicios por la exclusión de la seguridad social en salud y pensiones, por la no satisfacción oportuna de las prestaciones reclamadas y por la inducción a adherirse a una cláusula ineficaz. También reclamó la actualización de

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Radicación n.° 93275 las condenas, los intereses a la tasa moratoria vigente al momento de realizar el pago y lo que se acreditara ultra y extra petita. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que laboró al servicio de la Secretaría de Obras Públicas del Departamento de Boyacá como trabajador oficial sindicalizado por más de 18 años, entre el 9 de mayo de 1985 y el 3 de mayo de 2003. Que se retiró voluntariamente a través de manifestación que hizo ante la Inspección de

Trabajo y Seguridad Social de Tunja. Expuso que, la CCT vigente para el año 2003 celebrada entre la entidad territorial y el Sindicato de Trabajadores Oficiales de la Secretaría de Obras Públicas, establece en el artículo 2 el derecho a la pensión de jubilación anticipada especial por retiro voluntario. Agregó que acreditaba los presupuestos para ese beneficio consistentes en la afiliación sindical, el tiempo de servicio, la terminación del nexo laboral en esas condiciones y la manifestación ante la Inspección del Trabajo. Narró que no ha tenido cobertura de la seguridad social desde que causó la prestación y que la empleadora le hizo suscribir un acta de conciliación en un formato de adhesión, en la que invocó la inaplicabilidad de la CCT y por esa razón, le negó la prerrogativa pensional reclamada. Aseveró que el Departamento de Boyacá fue sancionado por el Ministerio del Trabajo mediante Resolución 218 de

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Radicación n.° 93275 octubre de 2003, por incumplir lo acordado con los trabajadores en la CCT (f.os 35 a 40 y 45 a 50, expediente digital). Al dar respuesta al escrito inicial la entidad accionada se opuso a las pretensiones. Admitió el hecho primero relativo a la vinculación laboral del accionante, la naturaleza jurídica de ésta y los extremos del nexo subordinado, ya que «coinciden con la documentación contenida en el expediente administrativo laboral (hoja de vida), que se encuentra en el archivo central del Departamento de Boyacá». También aceptó la existencia de la convención colectiva; la suscripción del

acta de conciliación, pero aclaró que la manifestación de retiro «se dio a causa del acta de conciliación» y que el avenimiento del trabajador fue libre y voluntario. De igual forma aceptó el haber recibido la reclamación administrativa y que emitió respuesta negativa. Las demás situaciones fácticas, las negó. Adujo que el acta de conciliación es válida y en ella se acordó la inaplicación de los beneficios de la CCT 2003 lo cual aceptó el accionante. Alegó que, el extrabajador no presentó renuncia voluntaria ante la Gobernación de Boyacá, por lo que no se cumplen los requisitos para acceder a la pensión convencional que solicita. Propuso como excepciones de mérito las que denominó cobro de lo no debido, innominada o genérica y prescripción (f.os 82 a 87, expediente digital).

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Tunja, al que correspondió el trámite de la primera instancia, en providencia del 5 de agosto de 2021, decidió: PRIMERO: Declarar la invalidez del numeral 5.° del Acta de Conciliación número 208, de fecha 27 de mayo de 2003 suscrita entre el Departamento de Boyacá y el señor Hugo Fernando Forero Velandia por afectar derechos ciertos e indiscutibles.

SEGUNDO: Declarar que el señor Hugo Fernando Forero Velandia tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión anticipada especial por retiro voluntario, a partir del mes de

enero del año 2016 en un 90% de la asignación básica mensual devengada, de acuerdo a la escala establecida en el artículo 2.° de la Convención Colectiva de Trabajo del año 2003, prestación que debe incrementarse a través de los años con base en el salario mínimo legal mensual vigente.

TERCERO: Declarar la prescripción de las mesadas pensionales para todo tiempo anterior a enero del año 2016, conforme a lo considerado.

CUARTO: Condenar al Departamento de Boyacá a pagar a favor del demandante, Hugo Fernando Forero Velandia, a partir del mes de enero del año 2016 la pensión anticipada por retiro voluntario en el 90% de la asignación básica mensual y hasta el mes de enero del año 2019, momento en que mediante Resolución SUB120306 del 16 de mayo del año 2019 se le reconoce la pensión de vejez, se ordena descontar la suma de $45.790.260 debidamente indexados que recibió el demandante, Hugo Fernando Forero Velandia por virtud de lo consagrado en el Acta de conciliación n.° 208 de 27 de mayo de 2003.

QUINTO: Condenar al Departamento Boyacá a pagar a favor del demandante Hugo Fernando Forero Velandia la mesada 14 por virtud del Acto Legislativo 01 de 2005.

SEXTO: Condenar al Departamento Boyacá a pagar las costas del proceso. Liquídense por Secretaría e inclúyase como agencias en derecho la suma de $2.000.000.

SÉPTIMO: Se ordena la consulta de la presente decisión, de conformidad con el artículo 69 del Código de Procedimiento

Laboral.

OCTAVO: Se niegan las restantes súplicas de la demanda.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, que conoció en virtud de la apelación formulada por las partes y por la Procuradora Delegada para Asuntos Laborales, así como en grado jurisdiccional de consulta en favor del Departamento de Boyacá, mediante fallo del 29 de octubre de 2021, confirmó el proveído de primer grado en su integridad y se abstuvo de imponer costas en la alzada.

El colegiado estableció como problema jurídico a resolver, determinar si el actor tenía derecho a la pensión de jubilación anticipada especial por retiro voluntario prevista en el artículo 2 de la CCT - 2003, en virtud de la inaplicación de la conciliación celebrada entre las partes. En caso afirmativo, si operó la prescripción de las mesadas y si las sumas reconocidas en la conciliación debían descontarse de las condenas impuestas; asimismo, si procedía la compartibilidad pensional. Acotó que en el proceso estaba acreditado que el actor se desempeñó en la Secretaría de Infraestructura y Valorización en el Departamento de Boyacá del 9 de mayo de 1985 al 27 de mayo de 2003; así mismo reposaba la convención colectiva de trabajo suscrita entre la entidad territorial y el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Obras vigente para el año 2003, en cuyo artículo 2 se consagraba el derecho a una pensión de jubilación

anticipada especial por retiro voluntario, y que el accionante

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Radicación n.° 93275 suscribió ante la Inspección de Trabajo de Tunja, el acta de conciliación 208 de 27 de mayo de 2003, en la cual manifestó su intención de retirarse voluntariamente del servicio oficial. Después expresó que, en el hecho primero de la demanda inicial se consignó que el promotor del proceso laboró como trabajador oficial sindicalizado al servicio de las Obras Públicas del Departamento de Boyacá por espacio de 18 años, hecho admitido por la accionada al responderlo. Añadió que a folio 98 y siguientes obraba el contrato de trabajo n.° 068 suscrito el 9 de mayo de 1985 entre el demandante y el Secretario de Obras Públicas y Valorización de Boyacá, para desempeñar el cargo de conductor de volqueta; que en la cláusula 5 de dicho documento se estipuló que el acuerdo se regiría por las normas laborales aplicables a los trabajadores oficiales. Luego hizo alusión al acta de conciliación n.° 208 suscrita por las partes el 27 de mayo de 2003 ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Tunja en la que se indicó que el accionante era trabajador oficial de Obras Públicas y que era sindicalizado. En ese orden, dijo, estaba acreditado que aquel era beneficiario de la CCT - 2003. Agregó que, si bien no obra documento separado dirigido a la entidad territorial en el que el promotor del proceso hubiera expresado su voluntad de retirarse del servicio, con el fin de acogerse al artículo 2 del instrumento

colectivo vigente para el 2003, ello no significa que no

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Radicación n.° 93275 hubiera renunciado al cargo, pues de ese hecho daba cuenta el acta de conciliación 208 firmada por las partes ante la Inspección del Trabajo de Tunja. Precisó que en el documento citado se dejó constancia sobre la existencia de la «nota de terminación del contrato de trabajo n.° 068 del 09-05-85» y en el acto el extrabajador había expresado su voluntad de «dar por terminado el contrato de trabajo suscrito con la Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización de Boyacá, hoy Secretaría de Obras Públicas, a partir del veintisiete de Mayo de 2003». Anotó que pese a que el actor indicó que dimitió para acogerse al Plan de Retiro Voluntario con indemnización que ofreció la administración departamental, y que aceptó la inaplicación de las cláusulas convencionales, esta última manifestación resultaba ineficaz debido a que la pensión es un derecho cierto e irrenunciable. Enseguida se remitió al artículo 2 de la CCT 2003 celebrada entre el Departamento de Boyacá y el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Obras Públicas de esa entidad, con vigencia a partir del 1 de enero de esa anualidad e insistió en que en esa cláusula se consagró una pensión de jubilación anticipada especial por retiro voluntario, teniendo en cuenta la antigüedad del trabajador y se fijó el monto que oscilaba entre el 68% y el 117% de la asignación básica

mensual. Esa garantía, dijo, se condicionó a que el servidor renunciara al contrato de trabajo de manera simultánea con el acto administrativo que le reconociera la pensión, la cual

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Radicación n.° 93275 se comenzaría a pagar a partir del 31 de enero de 2003. Indicó que a cambio de esa prestación se les ofreció a todos los trabajadores un plan de retiro voluntario mediante el pago de una indemnización, al cual se acogió el demandante a través de un acto que debía legalizarse mediante conciliación ante el Ministerio del Trabajo. Más adelante anotó que la jurisprudencia laboral ha considerado que el retiro voluntario de un trabajador a cambio de una bonificación es viable, porque la ley establece el mutuo acuerdo de las partes como una de las formas de terminar el contrato de trabajo. Sin embargo, cuando el ofrecimiento involucra la renuncia del empleado a un derecho cierto e indiscutible, como en este caso lo era la pensión de jubilación anticipada prevista en la convención, se desconocían las garantías mínimas laborales y, por tanto, ese acuerdo no producía efectos. En esa dirección estimó que el numeral 5 de la conciliación 208 de 2003, en cuanto significó la inaplicación de las cláusulas del instrumento colectivo que consagraban el beneficio pensional y el compromiso del trabajador de no iniciar y/o desistir de las acciones judiciales que se derivaban de tal situación, era ineficaz. Así las cosas, el objeto de la conciliación se limitó a formalizar la manifestación del trabajador acerca de su retiro

voluntario para obtener la indemnización convencional.

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Radicación n.° 93275 Adicionó que esta Sala de Casación ha considerado que la renuncia del trabajador es un requisito de exigibilidad del derecho pensional convencional mas no de causación, para lo que citó apartes de la sentencia CSJ SL4341-2018. Estableció que en este evento el accionante consolidó el derecho pensional antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005. Sobre el tema de la prescripción indicó que el Departamento de Boyacá, la había propuesto respecto de la acción y de las mesadas pensionales, según se observaba en la contestación de la demanda inicial visible al folio 59; por tanto, dijo, su declaratoria no fue oficiosa sino a petición de parte. Aclaró que el derecho pensional era imprescriptible, pero, no ocurría lo mismo con los instalamentos que no se reclamaran oportunamente, los cuales se afectaban por esa figura, para lo que se remitió a las sentencias CSJ SL85442016 y CSJ SL4389-2018. Precisó que la pensión se causó el 27 de mayo de 2003 cuando ocurrió el retiro del trabajador de la entidad, fecha para la cual aquel contaba con 18 años y 18 días de servicio; sin embargo, la reclamación administrativa se había presentado hasta el mes de enero de 2019; en consecuencia, las mesadas anteriores a enero de 2016 estaban prescritas, como lo había concluido la a quo.

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En lo que atañe al descuento de la suma pagada por el Departamento por concepto de indemnización, del monto del retroactivo pensional, en virtud de la conciliación celebrada con el accionante que ordenó la jueza, estimó que no se trató de la declaración oficiosa de la compensación sino que dado que el trabajador terminó voluntariamente el vínculo laboral para acceder a la pensión de jubilación anticipada por retiro voluntario y «no a cambio de la indemnización», la suma de $45.790.260 pagada por este concepto, debía imputarse al pago de las condenas impuestas al Departamento. Sobre la compatibilidad entre la pensión convencional y la de vejez reconocida por Colpensiones, anotó que la jueza no se había pronunciado, pero que el tema no se había propuesto en el agotamiento de la reclamación administrativa ni se incluía como pretensión expresa del escrito inicial, conclusión sobre la que además no se había apelado. Posteriormente aseveró que, aun en gracia de discusión, al actor no le asistía razón porque según el parágrafo 3 de la convención colectiva de trabajo vigente para el año 2003, esta pensión no era vitalicia sino temporal, como lo había explicado esta Sala de Casación en la sentencia CSJ SL30222019 de la que transcribió algunos apartes. En lo relativo a la mesada catorce especificó que era procedente su reconocimiento como lo estimó la jueza toda vez que la garantía se consolidó el 27 de mayo de 2003 antes de la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, citando

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Radicación n.° 93275 en su apoyo la providencia CSJ STL3382-2021.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Sala, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente la casación de la sentencia de segundo grado y que, en sede de instancia, confirme la decisión de la jueza en cuanto ordenó el reconocimiento pensional. Asimismo, que la adicione condenando a la demandada a la actualización monetaria de las sumas que resulten a su favor al momento del pago, más los intereses a la tasa moratoria desde su causación y hasta cuando se verifique el pago.

También requirió que se revoque el fallo de primera instancia, en cuanto declaró oficiosamente la excepción de compensación y extendió la de prescripción de la acción a las mesadas y dispuso la extinción definitiva de la pensión convencional por el reconocimiento de la prestación legal de vejez, «privando al demandante de recibir el pago de la diferencia a su favor entre estas dos a cargo del empleador». En subsidio, pidió que «se profiera sentencia de reemplazo accediendo a las pretensiones formuladas, cualquiera que sea la denominación que se le dé al derecho».

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Radicación n.° 93275 Con tal propósito formula dos ataques, por la causal primera de casación, que obtienen réplica por la parte accionada y que se estudiarán conjuntamente toda vez que persiguen el mismo objetivo y sus argumentos se complementan.

VI. CARGO PRIMERO

Acusa la sentencia por infracción indirecta de los artículos 1618 a 1624, 1649, 1653 a 1655, 1530, 1532, 1534, 1535, 1536, 1538, 1542 y 1549 del Código Civil, y por aplicación indebida de los artículos 6 del CPTSS y 282 del CGP como violación de medio, lo que condujo a la inaplicación de los artículos 11, 19, 26, 27 y 52 del Decreto 2127 de 1945; del Decreto 958 de 1990, artículo 18 y de los artículos 405, 406, 467 y 468 del CST, así como la aplicación indebida de los artículos 1, 3, 11, 288 y 289 de la Ley 100 de 1993. Denuncia como errores de hecho los siguientes:

1. Dar por demostrado, que el parágrafo primero del artículo segundo de la convención colectiva del año 2003 celebrada entre el Departamento de Boyacá y el Sindicato de Trabajadores Oficiales de la Secretaría de Obras Públicas de Boyacá, está vigente, pese a que la aplicable es la estipulación contenida en Aclaratorio de fecha 28 de noviembre de 20O2.

2. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante acudió a la Inspección del Trabajo para consolidar según el parágrafo primero de la cláusula segunda de la CCT - 2003 celebrada entre el Departamento de Boyacá y el Sindicato de Trabajadores Oficiales de la Secretaría de Obras Públicas de Boyacá, desde el 16 de abril de 2003 (sic). Y para beneficiarse de la indemnización

por retiro voluntario.

3. Tener por demostrado, sin estarlo, que el título que genera la

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Radicación n.° 93275 prestación pensional convencional es el mismo que generó la indemnización por terminación voluntaria del contrato.

4. Dar por demostrado, sin estarlo, que la obligación pensional y la indemnización por terminación voluntaria del contrato de trabajo están contenidas en la CCT - 2003 suscrita entre el Sindicato de Trabajadores Oficiales de la Secretaría de Infraestructura y el Departamento de Boyacá.

5. Dar por demostrado, sin estarlo, que la excepción de prescripción de mesadas está debidamente fundada y formulada por la demandada.

6. Negar los derechos adquiridos.

Enumera como no apreciadas las siguientes pruebas y pieza procesal: Copia con constancia de depósito de la CCT suscrita entre el Departamento de Boyacá y el Sindicato de Trabajadores Oficiales de las Obras Públicas de esa entidad para el año 2003 cuya aplicación se invoca, visible a folios 11 y ss., en especial, los folios 18 a 20 que contienen la aclaración a la convención. Acta de conciliación 208 de 2003, con la manifestación de retiro (f.os 8 a 10). Resolución 218 de 2003 que sancionó al exempleador Departamento de Boyacá por incumplir la CCT - 2003 (f.os 21 a 26). Contestación de la demanda inicial (f.os 59 y 60). En el desarrollo del cargo sostiene que el error de hecho proviene de la indebida apreciación e interpretación de la

cláusula segunda de la CCT – 2003, suscrita entre el Departamento de Boyacá y el Sindicato de Trabajadores Oficiales de las Obras Públicas de esa entidad, específicamente en lo referente a la consolidación del derecho que se entendió, contrario a lo acordado en la estipulación aclaratoria, que se generaba con la renuncia simultánea al reconocimiento de la garantía pensional.

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Radicación n.° 93275 Asevera que igualmente hubo indebida estimación del acta de conciliación 208 de 2003 y de la manifestación de terminación voluntaria en ella contenida, lo que condujo a la colegiatura a entender que el demandante terminó voluntariamente el contrato de trabajo para acceder a la pensión de jubilación anticipada, mas no para obtener la indemnización por retiro voluntario que ofreció la entidad. Precisa que se trata de derechos con títulos independientes, toda vez que la referida indemnización no la consagra la CCT que únicamente prevé la prestación pensional. Expone que el juez plural no valoró la Resolución 218 de 2003, mediante la cual se impusieron sanciones a la demandada por incumplir la convención a través de maniobras como la de derogar por decisión unilateral, lo acordado en el instrumento colectivo. Más adelante indica que el sentenciador se equivocó al declarar la prescripción, pues se trató de una excepción que la pasiva no propuso en la contestación de la demanda inaugural. Adiciona que tampoco era viable declarar la compensación dado que ese medio exceptivo no tuvo

fundamento fáctico ni probatorio y no se puede declarar de oficio en los términos del artículo 282 del CGP, aplicable por remisión del artículo 145 del CPTSS.

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Radicación n.° 93275 Asegura que el accionante no tiene la obligación de restituir suma alguna al ente territorial, pues para ello se requería de una acción específica o de una demanda de reconvención para obtener tal declaración; y que en este caso la acción para reclamar, por parte de la accionada, se encuentra prescrita. Manifiesta que el juez plural interpretó la cláusula segunda convencional apartándose del designio de las partes que no previeron la posibilidad de compensación del derecho pensional que ella reconoce y menos con la indemnización por retiro voluntario que es independiente y goza de autonomía frente al instrumento colectivo. Asimismo, cuestiona al Tribunal en la hermenéutica que impartió al parágrafo tercero de la cláusula segunda convencional respecto del carácter temporal de la obligación pensional, pues aduce, se trata de un derecho adquirido legítimamente y que permanece en cabeza de sus titulares, así los actos jurídicos que constituyen su fuente desaparezcan del mundo jurídico. Dice que la CCT - 2003 no fue denunciada y que continuó en vigor de acuerdo con sus prórrogas hasta el año 2010. Argumenta que el empleador se subroga de la obligación de la pensión convencional total o parcialmente si efectúa aportes a la seguridad social; pero en aquellos eventos en que la prestación extralegal sea superior a la que otorga el

sistema, queda a su cargo solo el mayor valor. Ello es así, porque se protege la parte débil de la relación laboral que no

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Radicación n.° 93275 puede ver disminuido el valor de su mesada, a través de la figura de la compartibilidad pensional.

VII. RÉPLICA La entidad opositora responde los ataques en forma conjunta y señala que el Tribunal no hizo alusión a la compensación, por lo tanto, no se dio una aplicación oficiosa a dicha excepción. Expone que el colegiado entendió que ella como deudora pagó parte del dinero generado por concepto de la prestación pensional, tal como consta en el acuerdo conciliatorio de 27 de mayo de 2003 y que lo que hubo fue un descuento de la deuda.

Explica que no se trató de obligaciones diferentes toda vez que ambas -la pensión extralegal y la indemnizacióntuvieron como causa el deseo del extrabajador de acogerse al Plan de Retiro Voluntario y por ello se le canceló por concepto de «pensión de jubilación anticipada por retiro voluntario» la suma de $45.790.260. Aduce que la finalidad de las partes al celebrar la conciliación fue finiquitar cualquier controversia futura respecto de la pensión anticipada por retiro voluntario, por lo que las obligaciones tuvieron idéntico origen. En lo relativo a la prescripción anota que la entidad si propuso dicho medio exceptivo, y en ese orden no se trató de una declaración oficiosa del juez plural. Referente a la extinción del derecho a la pensión

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Radicación n.° 93275 anticipada por retiro voluntario, argumenta que no se

equivocó el juez plural en la interpretación y aplicación del parágrafo 3 de la cláusula 2 de la CCT dado que las partes acordaron que la obligación subsistiría hasta que Colpensiones reconociera la pensión legal de vejez, lo que ocurrió con la expedición de la Resolución SUB120306 de 16 de mayo de 2019.

VIII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia por «infracción directa» y aplicación indebida de los artículos 6 del CPTSS y 282 del CGP, como violación de medio, lo que condujo a la inaplicación de los artículos 48 de la Constitución Política; 11, 19, 26, 27 y 52 del Decreto 2127 de 1945; Decreto 958 de 1990 (sic), artículo 18 y de los artículos 405, 406, 467 y 468 del CST y la aplicación indebida de los artículos 1, 3, 11, 288 y 289 de la Ley 100 de 1993.

En el desarrollo asegura que no proceden las excepciones de prescripción ni de compensación dado que no se formularon y el juzgador no puede declararlas de oficio en virtud de lo previsto en el artículo 282 del CGP, aplicable por remisión del artículo 145 del CPTSS. Dice que la compensación opera cuando dos personas, por derecho propio, al ser recíprocamente acreedora y deudora la una de la otra, nivelan las deudas hasta concurrencia de sus valores.

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Radicación n.° 93275 Expone que esa figura jurídica exige que: - Las dos partes estén obligadas recíprocamente con carácter

principal. - Las obligaciones consistan en entregar dinero o cosas fungibles de la misma especie y calidad. - Las obligaciones sean líquidas: esto es, que se conozca con exactitud su existencia y el monto sea fácilmente liquidable con simples operaciones aritméticas de acuerdo con el soporte respectivo. - Ambas obligaciones deben ser exigibles. Es decir, que cada acreedor pueda hacer efectivo el cumplimiento de cada obligación. Por ello no es posible aplicar la compensación cuando ambas obligaciones o una de ellas no son exigibles; o cuando la ley prohíbe aplicarla; o cuando se trata de obligaciones naturales o sometidas a plazo o condición. Añade que como el derecho convencional a la pensión de jubilación anticipada se causó en el año 2003, la restitución de las sumas entregadas a título de indemnización no es exigible, carece de título y no está determinada, por lo que sería a lo sumo una obligación natural. Más adelante reitera las argumentaciones referidas a que el derecho pensional que reclama tenía el carácter de adquirido y que subsistía en cabeza de la entidad un mayor valor a su cargo, toda vez que no operó la subrogación total con el reconocimiento de la pensión legal de vejez a cargo de Colpensiones. Asegura que la garantía pensional del accionante no resultó afectada por los mandatos del Acto Legislativo 01 de

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Radicación n.° 93275 2005, porque se causó el 27 de abril de 2003 con anterioridad a la entrada en vigor de la citada reforma constitucional, que de manera explícita salvaguardó los derechos consolidados

precedentemente.

IX. CONSIDERACIONES Anota la Sala que la demanda de casación no es un modelo, pues el alcance de la impugnación presenta impropiedades al solicitar el quebrantamiento total de la sentencia de segundo grado, no obstante que aquella contiene decisiones que favorecen a la parte recurrente; sin embargo, ese defecto es superable en cuanto la corporación entiende que el cuestionamiento es parcial, en los aspectos que se precisan más adelante, y con esa orientación se estudiarán los ataques.

De igual forma es preciso advertir que a pesar de que el censor en la proposición jurídica de la segunda acusación alude a la infracción directa, en apariencia como modalidad de violación, en realidad se refiere al ataque por la vía del puro derecho. Acotado lo anterior y pese a que los cargos se dirigen por vías distintas, no se discute en el recurso extraordinario los hechos que estableció el juez plural relativos a que: i) el actor laboró en la Secretaría de Infraestructura y Valorización del Departamento de Boyacá del 9 de mayo de 1985 al 27 de mayo de 2003; ii) tuvo la calidad de trabajador oficial y era sindicalizado; iii) la convención colectiva de

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Radicación n.° 93275 trabajo suscrita entre la entidad territorial y el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Obras vigente para el año 2003 consagra en el artículo 2, una pensión de jubilación anticipada especial por retiro voluntario y, iii) el accionante suscribió ante la Inspección de Trabajo de Tunja, el acta de

conciliación 208 de 27 de mayo de 2003, en la cual manifestó su intención de retirarse voluntariamente del servicio oficial. El colegiado de instancia confirmó la decisión de la jueza en cuanto a que el acuerdo al que llegaron las partes en la conciliación celebrada el 27 de mayo de 2003, en la que el trabajador aceptó la inaplicabilidad de la cláusula que contiene el derecho pensional reclamado, es ineficaz, y que, por tanto, aquel tiene derecho a la pensión de jubilación por retiro voluntario consagrada en