CSJ - SL1992-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL1992-2023 Radicación n.° 94041 Acta 29 Bogotá, D. C., quince (15) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por YOLIBETH MENDOZA DAZA y LESBIA REMEDIOS OÑATE DAZA contra la sentencia proferida por la Sala Civil - Familia - Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha el 30 de septiembre de 2021, en los procesos acumulados que instauraron las recurrentes y ATENAIDA MARÍA NIEVES contra EDUVILIA MARÍA FUENTES BERMÚDEZ, en calidad de propietaria del Colegio Gabriela Mistral y de manera solidaria contra el MINISTERIO DE

EDUCACIÓN NACIONAL y el FONDO FINANCIERO DE

PROYECTOS DE DESARROLLO (FONADE).

I. ANTECEDENTES

Yolibeth Mendoza Daza demandó a Eduvilia María

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Radicación n.° 94041 Fuentes Bermúdez, en calidad de propietaria del Colegio Gabriela Mistral, con el fin de que se declare que entre ellas existió un contrato de trabajo que se surtió del 22 de agosto al 15 de diciembre de 2011 y, en consecuencia, debe pagarle lo que corresponde a vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y primas adeudadas, los derechos a que haya lugar en uso de las facultades ultra y extra petita y las costas procesales. Igualmente, deprecó declarar que el Ministerio de

Educación Nacional y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) son responsables solidarios del no pago de las prestaciones sociales e «indemnizaciones». También pidió «la ineficacia de la terminación del contrato de trabajo» y el consecuente pago «de salarios y prestaciones sociales» desde el 16 de diciembre de 2011 en cuantía de $50.000 diarios. De manera subsidiaria «de que fracase la declaratoria de ineficacia» reclamó el pago de la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del CST. Mediante auto del 5 de marzo de 2018 (f.° 200) se dispuso la acumulación de los procesos instaurados por Lesbia Remedios Oñate Daza y Atenaida María Nieves contra Eduvilia María Fuentes Bermúdez, en los que también fueron demandados solidariamente el Ministerio y Fonade. Lesbia Remedios Oñate Daza demandó Eduvilia María Fuentes Bermúdez, en calidad de propietaria del Colegio Gabriela Mistral, con el fin de que se declare que entre ellas existió un contrato de trabajo entre el 22 de agosto y el 15 de

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Radicación n.° 94041 diciembre de 2011 y, en consecuencia, debe pagarle lo que corresponde a vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y primas adeudadas, los derechos a que haya lugar en uso de las facultades ultra y extra petita y las costas procesales. Igualmente, deprecó declarar que el Ministerio de Educación Nacional y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) son responsables solidarios por el no pago de las prestaciones sociales e «indemnizaciones».

También pidió «la ineficacia de la terminación del contrato de trabajo» y el consecuente pago «de salarios y prestaciones sociales» desde el 16 de diciembre de 2011 en cuantía de $50.000 diarios. De manera subsidiaria a «que fracase la declaratoria de ineficacia» pidió que se pague la indemnización moratoria contenida en el artículo 65 del CST. No se transcribe lo relacionado con el proceso instaurado por Atenaida María Nieves contra los mismos demandados, por no ser relevante para el estudio del recurso extraordinario. Las dos demandantes que recurren en casación fundamentaron sus peticiones en que el Programa de Atención Integral a la Primera Infancia (PAIPI) tenía a su cargo la atención integral de menores de 5 años pertenecientes a los niveles I y II del Sisbén; que para dar cumplimiento a este programa el Ministerio de Educación Nacional celebró con Fonade el convenio interadministrativo número 212 (211012) en el marco de la estrategia de atención

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Radicación n.° 94041 a través de prestadores de servicios; y que dentro de las obligaciones adquiridas por el mencionado fondo estaba la de contratar a personas naturales y jurídicas escogidas por el Ministerio para prestar, desarrollar y ejecutar el PAIPI. Adujeron que Fonade y la señora Eduvilia Fuentes Bermúdez, en calidad de propietaria del Colegio Gabriela Mistral, firmaron los contratos 2111238 y 2111239 de 2011, cuyos objetos eran la prestación integral en educación inicial,

cuidado y nutrición para los niños y niñas beneficiarios del PAIPI. Agregaron que dentro de este marco fueron vinculadas por la señora Eduvilia, mediante convenios laborales celebrados el 22 de agosto del 2011, para desempeñar los cargos de docente, desarrollando actividades pedagógicas en el centro infantil del colegio referido, con un salario de $1.500.000 mensual. Indicaron que tenían horario, recibían órdenes y cumplían cabalmente con las obligaciones propias de la relación laboral; que los contratos terminaron el 15 de diciembre de 2011, momento para el cual la empleadora no les canceló las prestaciones sociales; que la demandada no se encontraba al día con los pagos de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral ni tampoco de parafiscales, conforme lo dispone el artículo 65 del CST; y que agotaron «vía gubernativa» ante el Ministerio de Educación Nacional y Fonade, entidades que emitieron respuestas negativas. Finalmente, señalaron que el Ministerio de Educación

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Radicación n.° 94041 Nacional tiene como objeto brindar educación inicial de calidad dentro del marco de la atención integral con enfoque diferencial a los niños y niñas; y que dicho ente, junto con Fonade son solidariamente responsables del pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones solicitadas por mandato del artículo 34 del CST. Al dar respuesta a la demanda (f.° 201 cuad. Yolibeth y f.° 71 cuad. Lesbia), el Ministerio de Educación Nacional se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió

el objeto del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia y la suscripción del acuerdo interadministrativo número 211012-212 con Fonade; que una de las obligaciones del fondo era la de realizar las contrataciones necesarias para la aplicación del programa; y lo referente al agotamiento de la vía gubernativa y la respectiva respuesta. Sobre los demás hechos indicó que no eran ciertos o no le constaban. Con relación a la responsabilidad solidaria dijo que no estaba llamado a responder porque dicho ente no presta directamente los servicios de educación, pues: […] es el encargado de formular la política nacional de educación, regular y establecer los criterios y parámetros técnicos cualitativos que contribuyan al mejoramiento del acceso, calidad y equidad de la educación en la atención integral a la primera infancia y en todos sus niveles y modalidades dictar las normas para la organización y los criterios pedagógicos y técnicos para la atención integral a la primera infancia, asesorar a los Departamentos, Municipios y Distritos en los aspectos relacionados con la educación, entre otras. Como claramente se puede observar de las funciones señaladas en el artículo 2 del Decreto 5012 del 2009, por el cual se determinan las funciones de sus dependencias el Ministerio de Educación no presta

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Radicación n.° 94041 directamente el servicio. por demás es un ente asesor y generador de política pública, por lo tanto, nada tiene que ver con el objeto generador del contrato de prestación de servicios, pues el mismo va encaminado a atender directamente la educación inicial y nutrición de los niños y niñas menores de 5 años. (subrayado de la Sala).

En su defensa propuso las excepciones previas de falta de jurisdicción, falta de legitimación en la causa por pasiva y no comprender la demanda todos los litisconsortes necesarios ya que no se demandó a la interventora C y R Zona Norte quien era en últimas el que ejercía control, vigilancia, supervisión e indicaba cómo se estaba ejecutando el convenio. Igualmente, impetró las excepciones de mérito que denominó «sobre la solidaridad del Ministerio de Educación Nacional», cobro de lo no debido, inexistencia de un contrato laboral entre «el demandante» y el Ministerio de Educación Nacional, inexistencia o falta de causa para demandar, buena fe del Ministerio de Educación Nacional, pago de lo no debido, prescripción y la excepción genérica. Por su parte, Fonade al contestar las demandas (f.° 81 cuad. Yolibeth Mendoza Daza y f.° 102 cuad. Lesbia Remedios Oñate Daza) se opuso a la prosperidad de las pretensiones; y sobre los hechos manifestó que era cierto que entre esta entidad y el Ministerio de Educación Nacional se firmó el convenio interadministrativo 211012-212, con el objeto descrito en la demanda inicial; que se obligó a contratar a personas naturales y jurídicas para ejecutar el PAIPI; que suscribió los contratos 2111238 y 2111239 con la

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Radicación n.° 94041 señora Eduvilia María Fuentes Bermúdez; y que las accionantes reclamaron ante esa entidad, quien respondió desfavorablemente.

Finalizó aclarando que tenía un carácter financiero por lo que las labores contratadas por la señora Eduvilia eran ajenas a las normales del fondo. Frente a los demás supuestos fácticos indicó que no eran ciertos, no ostentaban tal calidad o no le constaban. En su defensa dijo que no se cumplían los presupuestos previstos en el artículo 34 del CST, pues no bastaba con que la actividad desarrollada por el contratista ejecutara una necesidad propia del beneficiario, sino que se requería que ella constituyera una función normalmente desarrollada por él, directamente vinculada con la ordinaria explotación de su objeto económico, aspectos que no se presentaban en el asunto de estudio, pues los roles se acompasan con la actividad propia de Fonade. Así mismo, propuso las excepciones de mérito que denominó: falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la solidaridad, póliza de seguros que ampara incumplimiento de obligaciones laborales, cobro de lo no debido, falta de causa para pedir, prescripción, buena fe y la genérica. Adicionalmente, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo llamó en garantía a la Compañía Aseguradora de Fianzas S. A. (Confianza); pero mediante auto de fecha 5 de

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Radicación n.° 94041 diciembre de 2018 el juez de conocimiento decretó la «ineficacia» del llamamiento por falta de notificación (f.° 183). Finalmente, frente a la demandada Eduvilia Fuentes Bermúdez el Juzgado Laboral del Circuito de San Juan del Cesar, por medio de auto del 5 de marzo de 2018, tuvo por

no contestadas las demandas. Así mismo, en audiencia del 15 de octubre de 2020, declaró no probadas las excepciones previas propuestas por los demandados.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Laboral del Circuito de San Juan del Cesar, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 15 de abril de 2021, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre YOLIBETH MENDOZA DAZA, ATENAIDA MARÍA NIEVES y LESBIA REMEDIOS OÑATE DAZA existieron sendos contratos de trabajo, conforme lo manifestado en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la demandada EDUVILIA MARÍA FUENTES BERMÚDEZ a cancelar a LAS DEMANDANTES, las sumas de dinero por los siguientes conceptos: a YOLIBETH MENDOZA Y LESBIA REMEDIOS OÑATE DAZA: a) Por cesantías $470.833, b) por intereses de cesantías, $17.734, c) Por Primas de Servicios $470.833, d) Por vacaciones, 235.416. A ATENAIDA MARÍA NIEVES (…). DECLARAR la ineficacia de los contratos de la terminación de los contratos de trabajo y consecuencialmente condenar a la demandada EDUVILIA MARÍA FUENTES BERMÚDEZ a pagar a las actoras intereses moratorios sobre las sumas adeudadas a la tasa máxima del crédito de libre asignación certificada por la Superintendencia Financiera, a partir del 16 de diciembre de 2011 hasta que se verifique el pago de los aportes al sistema de seguridad social.

TERCERO: DECLARAR que EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL es solidariamente responsable de las obligaciones que la demandada EDUVILIA MARÍA FUENTES BERMUDEZ tiene para con las demandantes, haciendo la salvedad que

respecto a YOLIBETH MENDOZA DAZA y ATENAIDA NIEVES,

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Radicación n.° 94041 se limita sólo a las causadas en el periodo comprendido entre el 29 de agosto a 15 de diciembre de 2011 y del 26 de agosto al 15 de diciembre de 2011 en el de LESBIA REMEDIOS OÑATE del 26 de agosto al 15 de diciembre de 2011 (sic); ello, en cuanto a las condenas por primas, intereses de cesantías y vacaciones, y plenamente solidario respecto a las cesantías e indemnización por ineficacia de la terminación de la relación laboral.

CUARTO: ABSOLVER a FONADE de todas y cada una de las pretensiones formuladas por las demandantes.

QUINTO: DECLARAR probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva e inexistencia de la solidaridad, presentadas por el apoderado de FONADE, parcialmente probada la de prescripción y no probadas las demás interpuestas por el apoderado del Ministerio de Educación Nacional en la contestación de las demandas.

SEXTO: Costas a cargo de los demandados EDUVILIA MARÍA

FUENTES BERMÚDEZ y el MINISTERIO DE EDUCACIÓN

NACIONAL.

SÉPTIMO: Se fijan agencias en derecho a favor de las demandantes y contra los demandados EDUVILIA MARÍA

FUENTES BERMÚDEZ y el MINISTERIO DE EDUCACIÓN

NACIONAL en la suma de $587.349 M/L para YOLIBETH

MENDOZA Y LESBIA REMEDIOS OÑATE y $384.494 para

ATENAIDA MARÍA NIEVES.

OCTAVO: Remítase el expediente al Tribunal Superior de este Distrito judicial para que se resuelva el grado jurisdiccional de consulta. La anterior sentencia queda legalmente notificada en estrados.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Civil, de Familia y Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, con ocasión de los recursos de apelación interpuestos por todas las que integran la parte demandante y el Ministerio de Educación Nacional, así como al desatar el grado jurisdiccional de consulta en favor de dicho ente, mediante proveído del 30 de septiembre de 2021,

resolvió:

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Radicación n.° 94041

PRIMERO: MODIFICAR los numerales primero, segundo, tercero y séptimo de la sentencia proferida por el JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE SAN JUAN DEL CESAR el día 15 de abril de 2021, en punto a REVOCAR las condenas y declaraciones concedidas en favor de ATENAIDA MARÍA NIEVES, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: REVOCAR el numeral TERCERO de la sentencia de origen y fecha anotados, para en su lugar ABSOLVER al MEN de las pretensiones encaminadas en su contra.

TERCERO: REVOCAR los numerales SEXTO Y SÉPTIMO, en lo que atañe a la imposición de costas en cabeza del MEN, de la sentencia de origen y fecha anotados, para en su lugar

ABSOLVER al MEN de las pretensiones encaminadas en su contra.

CUARTO: MODIFICAR el numeral SEGUNDO de la sentencia de origen y fecha anotados para señalar que la condena por concepto de ineficacia de la terminación de los contratos de trabajo debe ser tasada a razón de un día de salario por cada día de retardo desde el 16 de marzo de 2012, y hasta cuando se verifique el pago de aportes a seguridad social y parafiscalidad según las previsiones del parágrafo del artículo 65 del CST, a razón de $50.000 diarios en favor de las señoras YOLIBETH

MENDOZA DAZA Y LESBIA REMEDIOS OÑATE DAZA.

QUINTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de origen y fecha anotados.

SEXTO: SIN COSTAS en esta instancia atendiendo al Grado

Jurisdiccional de Consulta.

SÉPTIMO: CONMINAR al JUEZ LABORAL DEL CIRCUITO DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA y a los sujetos procesales a fin de que en lo sucesivo atiendan los lineamientos procesales expuestos en la parte motiva de esta providencia.

OCTAVO: INSTAR al abogado Rómulo José Rafael Tomas Romero Solano, para que, EN LO SUCESIVO, en ejercicio de los derechos que le asisten como apoderado judicial de la parte que representa, ejerza una postura respetuosa y constructiva en el desarrollo de sus manifestaciones, so pena de que las mismas puedan llegar a erigirse en una comisión de conductas sujetas a sanciones disciplinarias.

(negrillas y subrayado del texto original) En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal

centró el problema jurídico en determinar si el juez de

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Radicación n.° 94041 primera instancia acertó al señalar que la parte actora cumplió con acreditar la existencia del contrato de trabajo y, si era así, establecer si se configuraron los presupuestos del artículo 34 del CST para declarar responsable al «ICBF» (sic). Determinó como normas aplicables los artículos 23, 24 y 46 del CST; 60, 61 y 145 del CPTSS; y 167, 197 y 205 del CGP. En primer lugar, manifestó que se ocuparía de verificar si se habían acreditado los requisitos esenciales del contrato de trabajo; que la diferencia entre el laboral y los de otra naturaleza jurídica era que en el primero se presentaba la subordinación a cambio de una contraprestación; que el principio de la carga probatoria imponía a quien alegaba la existencia de un derecho, el deber de demostrar los hechos en que fundaba su petición. Memoró que los contratos de trabajo tienen tres elementos esenciales, a saber: a) la actividad personal, b) la continua subordinación del trabajador respecto del empleador y c) un salario como contraprestación del servicio. Al efecto, citó las sentencias CSL SJ, 5 ag. 2009, rad. 36549 y CSJ SL, oct. 2011, rad. 37547 de las que transcribió algunos apartes sobre la primacía de la realidad. Al incursionar en el estudio de los medios de convicción relacionó los siguientes: certificado de matrícula mercantil del Colegio Gabriela Mistral, convenio interadministrativo 211012 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y

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Radicación n.° 94041 Fonade, y los contratos 2111239 y 2111238 rubricados entre el fondo y la señora Eduvilia Fuentes Bermúdez. Al efecto, argumentó que únicamente permitían dilucidar la actividad comercial ejercida por la demandada directa; la existencia de los negocios jurídicos entre el Ministerio y Fonade, y entre este último con la señora Fuentes Bermúdez; pero que no se allegó al plenario documental alguna en la que constatara la existencia del vínculo, el salario devengado, el horario o la subordinación. Acto seguido afirmó que se incorporaron al sub judice los testimonios de Ingrid Mendoza y Ángela Contreras Núñez y los interrogatorios de parte de Yolibeth Mendoza Daza y Lesbia Remedios Oñate, medios probatorios a los que se refirió de manera extensa. Estimó que al testimonio de la señora Ingrid Mendoza le daba eficacia probatoria, pues sus manifestaciones fueron coincidentes con los hechos narrados en la demanda, lo que le permitía darle credibilidad suficiente para acceder a las pretensiones de las demandantes Yolibeth Mendoza Daza y Lesbia Remedios Oñate Daza; que de sus dichos establecía que las accionantes prestaron servicios ante la demandada principal, habiendo abrigado a su favor la presunción establecida en el artículo 24 del CST, «invirtiéndose la carga en cabeza de la demandada de probar que la prestación personal del servicio no fue subordinada, presupuesto incumplido por la parte demandada». Precisó que no ocurría lo mismo con la prestación del servicio de la señora Atenaida

María Nieves porque «no se puedo precisar el tiempo de

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Radicación n.° 94041 permanencia en esa sede». Sobre el testimonio de Ángela Contreras indicó lo siguiente: «se deduce de sus argumentaciones que las mismas han sido aleccionadas, pues también se resalta, no lucen espontáneas, y por el contrario, tienden a favorecer a la actora ATENAIDA MARÍA NIEVES» y «que su relato carece de una cronología cierta y lógica, por ende, se desacreditará su dicho», Con todo, iteró que por encontrarse probada la prestación del servicio de las demandantes Yolibeth Mendoza Daza y Lesbia Remedios Oñate aplicaba la presunción contenida en el artículo 24 del CST por lo que, declararía la existencia de la relación laboral con los extremos temporales señalados por estas, «ello en tanto se itera una vez más, la parte demandada adoptó una actitud procesal descuidada». Situación contraria ocurría con la señora Atenaida María Nieves, respecto de quien revocaría las condenas impuestas a su favor. Arguyó que ante la ausencia de prueba que determinara que la empleadora pagó las acreencias legales a la terminación de los contratos de Yolibeth Mendoza Daza y Lesbia Remedios Oñate Daza, las condenas solicitadas relacionadas con las prestaciones sociales salían avante, confirmando los extremos temporales y el salario fijados por el sentenciador de primera instancia. Ahora, al estudiar la «ineficacia del contrato» regulada en el artículo 65 del CST, esbozó que la condena sería

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Radicación n.° 94041 confirmada, pero que realizaría una modificación. Al efecto, luego de transcribir aparte de las sentencias CSJ SL5162013 y CSJ SL1139-2018, concluyó que condenaba «por concepto de impago de aportes a seguridad social integral (…) desde el día 61 con posterioridad a la terminación del contrato de trabajo, esto es, a partir del 16 de marzo de 2012», de acuerdo con el parágrafo del canon mencionado, sobre el salario de $50.000 diarios. Al analizar la excepción de prescripción, recordó que esta se daba luego de transcurridos tres años de la exigibilidad de la obligación, de conformidad con lo previsto en los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS; que como la relación laboral se terminó el 15 de diciembre de 2011 y las demandas de Yolibeth Mendoza y Lesbia Oñate fueron interpuestas el 1 y 2 de diciembre de 2014, respectivamente; y que frente a la demandada principal no se presentó una reclamación previa y ante el Ministerio de Educación Nacional se surtió el 29 de agosto de 2014 por parte de la señora Mendoza y el 26 del mismo mes por la señora Oñate; por tanto, la prescripción operó parcialmente tal como lo sentenció el a quo. En lo atinente a la responsabilidad solidaria del Ministerio de Educación Nacional, refirió a lo dicho en el artículo 34 del CST y en las sentencias CSJ SL, 1 mar. 2011, rad. 35865, CSJ SL, 26 mar. 2014, rad. 39000, para luego

contrariar el argumento del juez unipersonal aduciendo que las labores desempeñadas por las demandantes como docentes no eran del giro ordinario del ente ministerial, en

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Radicación n.° 94041 los siguientes términos: Lo anterior por cuanto si bien es cierto EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, según el Decreto 5012 de 2009, establece los objetivos del Ministerio de Educación, dentro de los cuáles se advierte que se encuentra la obligatoriedad de garantizar y promover políticas públicas para acceso a un servicio educativo con calidad, siendo que entre sus objetivos se resaltan: […] 1.3.Garantizar y promover, por parte del Estado, a través de políticas públicas, el derecho y el acceso a un sistema educativo público sostenible que asegure la calidad y la pertinencia en condiciones de inclusión, así como la permanencia en el mismo, tanto en la atención integral de calidad para la primera infancia como en todos los niveles: preescolar, básica, media y superior. Y de otra parte contrató con FONADE para propender por el desarrollo y funcionamiento del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia - PAIPI orientado a la ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA” para subsidiar la atención integral a los niños y niñas menores de cinco (5) años y/o hasta su ingreso al grado obligatorio de transición, en el marco de las obligaciones establecidas en el artículo 29 de la Ley 1098 de 2006 –Código de la Infancia y la Adolescencia. Pues bien, hecha una reevaluación de la temática propuesta por

parte de la Sala, se tiene que, si bien el objetivo del MEN es garantizar y promover la política educativa, lo cierto es que ello no puede conllevar a pensar que tiene entre sus funciones la prestación directa del servicio, esto es, que actúe como prestador del servicio educativo, verbigracia, ejerciendo labores de docencia o en suministro de ellos. Aunado a ello, el MEN en el marco de sus funciones, suscribió el convenio ejerciendo sus labores administrativas, de organización y control y no como beneficiario del servicio, pues se itera una vez más su objeto no es prestar servicios educativos sino crear políticas y lineamientos en ese sentido. Razones por las que la tesis que venía siendo adoptada debe variar para señalar que no existe responsabilidad solidaria por parte del MEN. Igualmente, indicó que bajo la égida de los postulados jurisprudenciales que desarrollan la aplicación e interpretación del artículo 34 del CST, era necesario

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Radicación n.° 94041 determinar los elementos sobre los cuales se predica la solidaridad, a saber: a. La cobertura de una necesidad propia y directamente vinculada al objeto social: bueno es determinar que se habla de objeto social, entendiendo que la estructura del código sustantivo está diseñada para atender conflictos entre particulares; sin perjuicio de lo anterior, eventualmente personas jurídicas de derecho público pueden verse inmersas en asuntos de índole laboral que deban tramitarse por vía ordinaria; siendo éste uno de esos casos, razón por la cual el objeto social, debe entenderse

por el encargo misional, constitucional o legal. Ahora bien, el convenio interadministrativo suscrito entre el MEN y FONADE buscaba brindar atención integral a los niños y niñas acompañados por el PAIPI, en el marco de la decisión tomada por la comisión intersectorial que establece el traslado del PAIPI al ICBF en aras de cualificar los programas de atención a la primera infancia y facilitar el tránsito a la estrategia de CERO A SIEMPRE, teniendo como objeto garantizar la ejecución del seguimiento del plan de atención integral a la primera infancia PAIPI, asegurando el acompañamiento de los niños y niñas conforme que permitan facilitar y cualificar el tránsito a la estrategia de CERO A

SIEMPRE.

Por su parte, la estrategia de Cero a Siempre tiene como objetivos principales A. Garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños en primera infancia. B. Definir una política pública de largo plazo que oriente al país en materia de sostenibilidad técnica y financiera, universalización de la atención y fortalecimiento de los territorios. C. Garantizar la pertinencia y calidad en la Atención Integral a la Primera Infancia, articulando acciones desde antes de la concepción, hasta la transición hacia la educación formal. D. Sensibilizar y movilizar a toda la sociedad colombiana con el propósito de transformar las concepciones y formas de relación con los niños y las niñas más pequeños. E. Hacer visible y fortalecer la familia como actor fundamental en el desarrollo infantil temprano. Corolario de lo anterior, las demandantes indican en la acción ordinaria laboral que se desempeñaban como docentes y auxiliar docente y de la testimonial puede extraerse que sus funciones

estaban encaminadas a la educación de los menores, estar pendientes de estos y de su nutrición, declaraciones realizadas de manera general. Estos planteamientos conllevan a concluir que no se comparte el criterio forjado por la primera instancia; la solidaridad y para efectos prácticos en el presente asunto, surge como primera medida o elemento, cuando la actividad contratada con el

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Radicación n.° 94041 contratista independiente, es propia de desarrollo normal del empleador; si la actividad contratada es parte, como ya se explicó del objeto misional de la entidad o desarrolla actividades propias que sean necesarias, imprescindible y específicos para la consecución del fin propio y perseguido para el cumplimiento óptimo del servicio público, en este caso “garantizar y promover, por parte del Estado, a través de políticas públicas, el derecho y el acceso a un sistema educativo público sostenible que asegure la calidad y la pertinencia en condiciones de inclusión, así como la permanencia en el mismo, tanto en la atención integral de calidad para la primera infancia como en todos los niveles: preescolar, básica, media y superior” La actividad de docencia que desarrollaban las demandantes no cumplen a criterio de este cuerpo colegiado con los postulados misionales del MEN; las funciones desarrolladas tampoco permiten concluir que desenvolvían un papel primordial para prevención y protección integral de la primera infancia o el bienestar familiar, pues, si bien es cierto manifestó estar a cargo del cuidado de los niños, su familia y nutrición, lo hacen de manera generalizada, no establecen como realizaban tal actividad, cuál era el control ejercido, qué medidas adoptaban

para su protección, esto es, probatoriamente no se aportaron elementos que conlleven a una conclusión diferente, no se puede concluir que efectivamente se garantizaran la protección constitucional y legal que busca el MEN para dicha población vulnerable o mucho menos que cumpliera con el encargo misional de la entidad pública en materia de educación. Por tanto, la contratación realizada por EDUVILIA FUENTES BERMÚDEZ a la demandante, para el desarrollo del convenio interadministrativo suscrito entre el MEN y FONADE no se evidencia que las actividades desarrolladas persigan el mismo objeto misional del MEN, por tanto, al romperse uno de los eslabones para la declaratoria de la solidaridad debe absolver y consecuencialmente, se modificará en este sentido la sentencia de instancia. Expuso que el cambio de criterio en cuanto a la solidaridad del Ministerio de Educación Nacional estaba fundado en lo dicho por esta Corte en sentencia CSJ SL, 25 ag. 2021, rad. 82593, de la que citó algunos apartes.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por Lesbia Remedios Oñate Daza y Yolibeth

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Radicación n.° 94041 Mendoza Daza, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretenden las recurrentes que se case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, confirme los numerales 3, 6 y 7 d