CSJ - SL1993-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL1993-2023 Radicación n.° 79023 Acta 29 Bogotá, D. C., quince (15) de agosto de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por NUBIA QUIÑONES LADINO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 5 de abril de 2017, en el proceso ordinario laboral que adelanta contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN, trámite al que fue vinculada FIDUAGRARIA S. A. como sucesora procesal de este, quien actúa en su calidad de vocera y administradora del

PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES - PAR ISS.

I. ANTECEDENTES Nubia Quiñones Ladino llamó a juicio al Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, para que se declare que entre las partes existió un contrato de trabajo del 1 de febrero

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Radicación n.° 79023 de 1995 al 30 de noviembre de 2012, terminado de manera unilateral y sin justa causa por el empleador; que era beneficiaria de la convención colectiva de trabajo. En consecuencia, solicitó condenarlo a su reintegro y al pago de los siguientes rubros convencionales: i) el reajuste salarial en su calidad de profesional universitario de la Vicepresidencia Administrativa del Departamento Nacional de Cuentas Corrientes del Instituto; ii) cesantías y sus intereses; iii) compensación de vacaciones; iv) prima de servicios; v) prima adicional de servicios; vi) compensación de las vacaciones y

1. la prima de vacaciones. Y los estipendios de orden legal enlistados a continuación: primas de navidad y técnica; indemnización moratoria; devolución del mayor valor por aportes a pensión y salud, al igual que las sumas que asumió por concepto de pólizas de seguro. Finalmente, suplicó que su historial de cotizaciones sea ajustado conforme el verdadero salario que debió recibir.

En subsidio de la reincorporación, pidió que se le concediera la indemnización convencional por despido y las costas del proceso. En sustento de sus pretensiones, relató que el 1 de febrero de 1995 empezó a trabajar en favor del ISS, por virtud de la celebración de sucesivos contratos de prestación de servicios, para desempeñarse como profesional universitario de la Vicepresidencia Administrativa de dicha entidad, cargo que figuraba en la planta de personal con una retribución de $2.165.453.

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Radicación n.° 79023 Refirió que recibía órdenes del jefe del Departamento de Nacional de Cuentas Corrientes, cumplía horario, ejecutaba las tareas asignadas en las instalaciones y con herramientas de propiedad de la convocada y se le programaron capacitaciones, de modo que los contratos de prestación de servicios suscritos eran aparentes y, se emplearon para enmascarar una verdadera relación laboral. Señaló que la empresa y el Sindicato de Trabajadores del ISS en Liquidación, suscribieron una convención colectiva de trabajo, cuyos beneficios la cobijaban, dada su verdadera condición de trabajadora oficial. Manifestó que el 30 de noviembre de 2012, la accionada

la despidió sin justa causa y sin pagarle prestaciones sociales legales ni convencionales, y desconociendo la cláusula de estabilidad laboral estatuida en la CCT. Mediante auto de 21 de enero de 2015, el juzgado de conocimiento tuvo por no contestada la demanda por parte del ISS, pues guardó silencio tras la notificación de la demanda y ordenó la notificación a la «Procuradora 2 para Asuntos Laborales», quien contestó la demanda y se limitó a formular la excepción de prescripción. Así mismo, a través de proveído de 14 de mayo de 2015, dispuso que Fiduagraria S. A. como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR, actuara como sucesora procesal de la enjuiciada. Dicha entidad asumió el proceso en la calidad indicada, en la audiencia de que trata

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Radicación n.° 79023 el artículo 77 del CPTSS y no se pronunció frente al escrito introductorio.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 11 de noviembre de 2015, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre el extinto ISS en su condición de empleador y la señora NUBIA QUIÑONES LADINO […] existió bajo el principio constitucional de la primacía de la realidad una relación laboral de contrato de trabajo vigente entre el 1 de febrero de 1995 hasta el 30 de noviembre del año 2012.

SEGUNDO: DECLARAR que dicho contrato de trabajo terminó

justamente por haberse agotado el plazo de la relación que tuvo la parte a través de un contrato de prestación de servicios conforme la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: CONDENAR a la parte demandada en este caso PAR ISS LIQUIDADO representado por su vocera y administradora FIDUAGRARIA S.A. a pagar a la demandante los siguientes créditos: - $37.903.012,49 por concepto de cesantías. - $1.275.905,59 por concepto de intereses sobre las cesantías. - $6.084.337,77 por concepto de prima de navidad. - $6.296.751 por concepto de prima de servicios. - $3.190.353,84 por concepto de vacaciones. - $4.431.047 por concepto de prima de vacaciones. $6.380.707,68 por concepto de prima técnica. - Igualmente condenar a la demandada a devolver a la demandante el porcentaje de cotización para pensión sobre el salario sobre el cual se hayan hecho las respectivas cotizaciones de la demandante ante el ISS o COLPENSIONES entre el 20 de mayo del año 2010 hasta el 30 de noviembre de

2012.

CUARTO: CONDENAR a la demandada a indexar las anteriores condenas conforme se explicó en la parte motiva.

QUINTO: NEGAR las restantes pretensiones de la demanda.

SEXTO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción propuesta por la Delegada de la Procuraduría General de la Nación.

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SÉPTIMO: COSTAS a cargo de la parte demandada. En la liquidación que efectuará la secretaria inclúyase la suma de

$3500.000 por concepto de agencias en derecho.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al desatar el recurso de apelación que ambas partes formularon y el grado jurisdiccional de consulta en favor de la enjuiciada, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través de sentencia de 5 de abril de 2017, decidió revocar la de primer grado y, en su lugar, absolvió a la demandada.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el colegiado en su decisión estimó que entre las partes se suscribieron sucesivos contratos de prestación de servicios profesionales regidos por la Ley 80 de 1993, pero que, en la realidad pudieron ejecutarse en el marco de una verdadera relación laboral por virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades. En ese sentido anunció que analizaría la «calidad de servidora que ostentaba la demandante» y, con tal objeto, precisó lo siguiente: Los Decretos 461 del 94 y 656 de 1995 aprobatorios de los Acuerdos No. 003 de 1993 y 82 de 1995 que contemplan la categoría de los funcionarios de la Seguridad Social del Instituto de Seguros Sociales, fueron derogados mediante Decreto 416 del 20 de febrero de 1997 que dio aprobación al Acuerdo 145 del 4 de febrero de 1997 expedido por el Consejo Directivo del Instituto de Seguros Sociales, en el cual se estableció que sus servidores se clasifican según su desempeño en: empleado Públicos; Presidente del Instituto; Secretario General y Seccional;

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Radicación n.° 79023 Vicepresidente; General Gerente; Director; Asesor; Jefe de Departamento de Unidad, subgerente; coordinador clase I, II, III, IV y V; jefe de sección; funcionarios profesionales de auditoría interna, disciplinaria, calidad de servicios de salud y contratación de servicios de salud; servidores profesionales y de las secretarías ejecutivas de los despachos del presidente, secretario general o seccional, vicepresidente, gerente y director, y trabajadores oficiales, personas que desempeñen los demás cargos. En tal contexto, encontró que, al revisar los hechos de la demanda (f.° 412), junto a los medios de convicción, «en especial la documental que reposa a folios 3 a 187» (contratos celebrados conforme la Ley 80 de 1993), se advertía que la actora aceptó la prestación de servicios en favor del ISS en calidad de profesional universitario –economistade la Vicepresidencia Administrativa y que, de acuerdo con la clasificación antes descrita, ese cargo correspondía al de una empleada pública, mas no al de una trabajadora oficial. Añadió que la promotora ostentó aquella calidad debido a que «la transformación a trabajadores oficiales del ISS tenían la naturaleza de funcionarios de la Seguridad Social operó solo a partir de la promulgación de la sentencia C-579 del 30 de octubre de 1996», aspecto que iba «en contravía de las pretensiones incoadas con la demanda por la calidad de empleado público que quedó demostrado durante este proceso». En tal dirección, puntualizó que, si bien la convocante acreditó la prestación personal del servicio en favor de la

entidad accionada, la misma no estuvo regida por un contrato de trabajo, sino por una relación legal y

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Radicación n.° 79023 reglamentaria, puesto que se desempeñó como profesional del nivel nacional de la vicepresidencia administrativa del ISS, «lo que desvirtuaba» la calidad alegada de trabajadora oficial conforme al organigrama de los servidores públicos de la entidad. Asimismo, en aras de soportar tal argumento, se valió de la jurisprudencia de esta Sala contenida en la sentencia «del 26 de septiembre de 2001, radicado 16196». Así, revocó la decisión de primer grado, para en su lugar, absolver a la entidad convocada.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Sala, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La actora pretende que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, confirme la de primer grado en cuanto declaró la existencia del contrato de trabajo y condenó al pago de prestaciones sociales legales y extralegales y, la revoque respecto de la prosperidad de la excepción de prescripción; en su lugar, modifique «el extremo inicial del cálculo para el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a partir del 30 de noviembre de 2009 y no la fecha del mes de mayo de 2010 indicada por el a quo».

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Radicación n.° 79023 Con tal propósito formula cinco cargos, por la causal primera de casación, los cuales son replicados por

Fiduprevisora S. A. La Corte analizará de manera conjunta el segundo, tercero, cuarto y quinto por denunciar el mismo elenco normativo y por cuanto su argumentación se complementa.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 32 de la Ley 80 de 1993; 1, 11, 17 de la ley 6 de 1945; 1,2,3, y 4 del decreto 2127 de 1945; el Decreto 1050 de 1968, al igual que los preceptos 5 y 41 del Decreto 3135 de 1968 el 3 y el 105 del Decreto 1848 de 1969, 1 del Decreto 3074 de 1968; 50, 50, 61 y 145 del CPTSS, 213, 220, 226, 227, 228, 252 y 264 del CPC, así como el 53 de la CP.

Tras citar en extenso el contenido de las disposiciones que acusa, refiere que el error del ad quem estribó en el entendimiento que otorgó al numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, dado que, de acuerdo a los artículos 1 de 2 de la Ley 6 de 1945, era dable concluir que dichos convenios no se rigieron por aquella disposición y que, se emplearon de manera permanente, con el objeto de encubrir una verdadera relación de trabajo subordinada.

VII. RÉPLICA La demandada se opone a la prosperidad del cargo y,

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Radicación n.° 79023 sostiene que el casacionista no hace un ataque a lo razonado por el colegiado, pues este en su decisión concluyó que la demandante se desempeñó como empleada pública y, con soporte en ello, absolvió de las pretensiones; de manera que, contrario a lo que la censura manifiesta, no fue la intelección de la Ley 80 de 1993 lo que lo condujo a dicha determinación.

VIII. CONSIDERACIONES La Corte comienza por recordar que, por tratarse de un recurso extraordinario, la demanda de casación debe ceñirse a los requerimientos técnicos que su planteamiento y demostración exigen con acatamiento de las reglas legales y desarrollos jurisprudenciales fijados para su procedencia, puesto que el incumplimiento de aquellos acarrea que el recurso resulte desestimable al imposibilitarse su estudio de fondo. Ello no obedece a una simple formalidad, sino a la garantía del debido proceso a las partes, en virtud de la cual, el recurso debe estar ajustado a las exigencias previstas por las normas que lo regulan.

Además, como en numerosas ocasiones lo ha dicho esta corporación, este medio de impugnación no le otorga competencia a la Corte para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, puesto que la labor se contrae a enjuiciar la sentencia con el objeto de establecer si el juez de apelaciones al dictarla observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para dirimir el conflicto, acorde con la acusación formulada por la censura.

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Radicación n.° 79023 En ese sentido el recurrente en la acusación parte de una premisa equivocada, según la cual, el Tribunal en su decisión esgrimió su interpretación frente al numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; en contraste, el colegiado solo mencionó dicha disposición para referir que las partes habían suscrito sendos contratos de prestación de servicios regidos por tal disposición legal; pero que, sin embargo, y por aplicación de la primacía de la realidad sobre las formas, analizaría la calidad ostentada por la demandante. Es decir, citó la ley solo para indicar que formalmente fue consignada en el texto de los contratos, pero no expresó ninguna intelección frente a ella. Luego, el cargo se desestima.

IX. CARGO SEGUNDO Acusa el fallo de ser violatorio de la ley sustancial, por la vía directa de los preceptos 1, 11, 17 de la Ley 6 de 1945; 1,2,3, y 4 del Decreto 2127 de 1945; el Decreto 1050 de 1968, al igual que los artículos 5 y 41 del Decreto 3135 de 1968 el 3 y el 105 del Decreto 1848 de 1969, 1 del Decreto 3074 de 1968; 50, 50, 61 y 145 del CPTSS, 213, 220, 226, 227, 228, 252 y 264 del CPC, así como el 53 de la CP.

En la demostración refiere que el Tribunal aplicó de manera equivocada los efectos de la presunción contenida en el artículo 20 del Decreto 2127 de 1945, al indicar que la

enjuiciada la desvirtuó «con la sola presencia en el expediente de los contratos de prestación de servicios», sin considerar

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Radicación n.° 79023 que estos carecían de peso para tal fin.

X. RÉPLICA La demandada expresa que la acusación carece de visos de prosperidad, dado que, al igual que la anterior, no se dirigió a rebatir los verdaderos pilares plasmados en la sentencia confutada; de ahí que carezca del rigor técnico suficiente para su análisis de fondo.

XI. CARGO TERCERO Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía directa en el concepto de falta de aplicación del literal b) del artículo 1 del Decreto 416 de 1997, en relación con los artículos 53 de la CP, 5 del Decreto 3135 de 1968 y 1 numeral 3 del Decreto 1848 de 1969.

En la demostración, manifiesta que mientras prestó servicios al ISS, no ejerció labores relacionadas con los cargos previstos en el literal b) del artículo 1 del Decreto 416 de 1997 y, explicó que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, aquellas deben ser «primordiales dentro de la función pública, con carácter definitivo o el señalamiento de directrices generales»; sin embargo, las suyas no se ubicaban en «la más alta jerarquía dentro de la estructura organizativa de la Institución», como tampoco las tareas asignadas «exigían especial confianza que entrañara el carácter intuitu personae».

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Radicación n.° 79023 Sostiene que el Tribunal no advirtió que «dada la naturaleza de las funciones asignadas», las ejerció «dentro del específico ámbito de la dependencia que se le confió», esto es, en el cargo de trabajadores «en el Departamento de Cuentas Corrientes», dependencia en la que el jefe del Departamento ostentaba la calidad de empleado público en los términos del «artículo 5 del Decreto 3135 de 1968 en armonía con el articulo 1 numeral 3 del Decreto 1848 de 1969».

XII. RÉPLICA El Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación PAR ISS, se opone a la prosperidad del cargo y, sostiene que el ad quem en su decisión no se equivocó al estimar que la accionante ostentó la calidad de empleada pública, pues simplemente se acogió a la literalidad del Decreto 416 de 1997.

XIII. CARGO CUARTO Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía directa, en el concepto de aplicación indebida del literal a) del artículo 1 del Decreto 416 de 1997.

Argumenta que la norma acusada regula la planta de personal del extinto ISS y, estatuyó que eran empleados públicos quienes desempeñaran cargos en la planta de personal de la entidad, tales como, Presidente, Secretario General y Seccional, Vicepresidente, Gerente, Director, Asesor, Jefe de Departamento, Jefe de Unidad, Subgerente,

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Servidores Profesionales y Secretarias Ejecutivas del Instituto de los despachos del Presidente, Secretario General o Seccional, Vicepresidente, Gerente y Director; sin embargo, sostiene que mientras estuvo vinculada a dicho instituto, no ejerció esos cargos, ni sus funciones se encuadraron dentro de las categorías asignadas a los mismos. Manifiesta que sus tareas no eran primordiales dentro de la función pública, tampoco eran de carácter definitivo ni se relacionaban con el señalamiento de directrices generales; que, en contraste, las actividades que ejecutó a nivel profesional, «dentro del específico ámbito de la dependencia en la que prestó sus servicios, se reitera, el Departamento de Cuentas Corrientes». En tal sendero, manifiesta que la conclusión a la que debió arribar el colegiado era que ostentó la calidad de trabajadora oficial, mas no la de empleada pública.

XIV. RÉPLICA La convocada se opone al éxito de la acusación, y, sostiene que el Tribunal no erró en el entendimiento de la disposición acusada, pues de los medios de convicción infirió que la accionante se desempeñó como profesional al servicio de la vicepresidencia administrativa, cargo que a la luz de dicho precepto únicamente puede desempeñarse por

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Radicación n.° 79023 empleados públicos.

XV. CARGO QUINTO Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 11, 12, 17, 46, 47, 48, 49 de la Ley 6 de 1945;

26, 44, 47, 50 y 51 del Decreto 2127 de 1945; 1 del Decreto 1160 de 1947; 41 del Decreto 3135 de 1968; 105 del Decreto 1848 de 1969; 27 del Decreto 3118 de 1968; 5 y 40 del Decreto 1045 de 1978; 3, 467, 468, 469, 470, 471 y 476 del CST; 38 del Decreto 2351 de 1965 y; literal b) del 1 del Decreto 416 de 1997, en concordancia con los preceptos 38 y 53 de la CP. Refiere que dicha vulneración ocurrió debido a los siguientes errores de hecho en que el colegiado incurrió:

1. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante estuvo vinculada por una relación laboral única y bajo continuada subordinación vigente desde 1 de febrero de 1995 hasta el 30 de noviembre de 2012. 2.-Dar por demostrado sin estarlo, que la demandante tenía el carácter de empleada pública. 3.- No dar por demostrado estándolo que el vínculo que unió a la demandante con la entidad demandada fue de carácter laboral como trabajadora oficial en el Departamento Nacional de Cuentas Corrientes. 4.- Dar por demostrado sin estarlo que la demandante se encontraba dentro de los profesionales del nivel nacional de la

Vicepresidencia Administrativa del Instituto de Seguros Sociales.

5. No dar por demostrado estándolo que la demandante de acuerdo con la naturaleza de sus funciones las ejerció de manera

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Radicación n.° 79023 dependiente y sin plena autonomía como trabajadora oficial en el

Departamento Nacional de Cuentas Corrientes. Enlista como pruebas valoradas con error: la demanda inicial; los contratos de prestación de servicios; la circular 390 de 2000; el memorando 01154; «cumplimiento de horario de trabajo» del 5 de febrero de 2009; constancias de entradas «al edificio»; correos electrónicos de conciliaciones bancarias, «programa desde 2009 colombiano seguro en el exterior»; carta centro nacional de documentación de junio 12 de 1996; «entrega Corpavi de 05 de abril de 1996»; actas de entrega entidades bancarias; certificado de la coordinación nacional de activos fijos del 4 de diciembre de 2012; memorando n.° 1295; solicitud de tramité del 23 de octubre de 1999; certificado 7248 de paz y salvo de inventario del 14 de agosto de 2003; inventario individual del 19 octubre de 2001; informe inventario 15486 del 27 de noviembre de 2007; «mantenimiento de equipos»; órdenes de traslado; «oficio del 21 noviembre de 2000»;comprobante de egreso 152 de 29 diciembre de 2000; orden de reintegro del 6 de julio de 2000; oficio de 19 de enero de 2000; entregas de inventarios; oficio del 19 de septiembre de 2003; Resolución 2800 de 1994 (Manual de funciones de empleado ISS en Liquidación); constancias de capacitaciones; oficio del 29 de marzo de 1995; reporte de semanas cotizadas en pensiones; consulta de afiliados compensados; Resolución 112863 del 12 julio 2012; notificación de dicho acto administrativo; pólizas de

seguro de cumplimiento; disciplinario preliminar 11216 del 8 de julio de 1996; evaluaciones de contratista de prestación de servicios; oficio del 28 octubre de 2004; denuncia parcial de la CCT; oficio del 31 octubre 2001; la CCT suscrita entre

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Radicación n.° 79023 el sindicato de trabajadores y la convocada, y lareclamación administrativa del 20 mayo 2013. En la demostración, sostiene que, si el Tribunal hubiera valorado de manera correcta los elementos de juicio mencionados, habría concluido que entre las partes se ejecutó un contrato de trabajo. Explica que el colegiado no advirtió que las funciones que desarrolló como profesional en el Departamento Nacional de Cuentas Corrientes, las realizó bajo la constante subordinación de la entidad enjuiciada, sometida a horarios, en actividades propias del objeto social del ISS y, con una vinculación permanente. Y en relación con el Decreto 416 de 1997 manifiesta que el juez plural pasó inadvertido que «no realizó actividades primordiales dentro de la función pública, con carácter definitivo o que tuvieran que ver con el señalamiento de directrices generales», como tampoco, se ubicaron «en la más alta jerarquía dentro de la estructura organizativa de la Institución», ni sus tareas, implicaron «especial confianza»; que más bien estuvieron delimitadas «en el nivel jerárquico donde prestó sus servicios al interior de la entidad».

1. RÉPLICA El Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS en Liquidación se opone al éxito de la acusación, para lo cual

sostiene que, contrario a lo plasmado en la misma, de los

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Radicación n.° 79023 medios de prueba acusados en sede extraordinaria, se colige que la convocante tuvo la calidad de empleada pública.

1. CONSIDERACIONES El Tribunal fundamentó su decisión en que Quiñones Ladino fue vinculada a través de contratos de prestación de servicios; que debía definir si la actora tenía la calidad del servidor público porque las condenas pretendidas estaban soportadas en la existencia de un vínculo laboral; que de acuerdo al Decreto 416 de 1997, los servidores del ISS eran trabajadores oficiales y empleados públicos; que la convocante ostentó esta última calidad, pues las pruebas documentales daban cuenta de que a la luz del organigrama de la entidad, se desempeñó como profesional del nivel nacional de la vicepresidencia administrativa del ISS.

La recurrente cuestiona tal decisión desde la senda del puro derecho, y a través del cargo segundo reprocha que no aplicó correctamente la presunción consagrada en el artículo 20 del Decreto 2127 de 1945, en el tercero sostiene que el juez plural se equivocó en la intelección del Decreto 416 de 1997, pues no se detuvo a analizar que, en aras de establecer la calidad de empleado público en el ISS, debía estudiar si las funciones ejecutadas, eran «primordiales dentro de la función pública, con carácter definitivo o el señalamiento de directrices generales» y, que, en su caso particular, no realizó ese tipo de tareas para darle la connotación de empleada pública. Y, desde la vía de los hechos en el cargo quinto,

sostiene que el ad quem pasó por alto que las actividades que

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Radicación n.° 79023 desarrollaba no eran de dirección, confianza y manejo, necesarias para tener la connotación que aquel le reconoció y que, en contraste, las mismas, al igual que el nivel jerárquico de su puesto de trabajo, correspondían a las ejecutadas por los trabajadores oficiales de la entidad, según lo indica en el cuarto ataque. Así, a la Sala le corresponde determinar desde las diferentes vías, si el Tribunal se equivocó al considerar que la demandante tenía la calidad de empleada pública a la luz del Decreto 416 de 1997 y, si contrario a ello, el cargo y funciones asignadas correspondían a los de una trabajadora oficial. Con ello igualmente se dará respuesta a si el colegiado aplicó indebidamente la presunción prevista en el artículo 20 del Decreto 2127 de 1945. Con tal objeto, inicialmente la Sala abordará la materia desde la óptica del puro derecho y, luego desde lo fáctico. Pues bien, de acuerdo con el artículo 5 del Decreto 3135 de 1968, los servidores de las empresas industriales y comerciales del Estado son trabajadores oficiales y, excepcionalmente, empleados públicos cuando ejerzan funciones de dirección o confianza. Al respecto, esta Corte tiene adoctrinado que, en aras de considerar a un servidor del ISS como empleado público, es necesario que cumpla los siguientes requisitos: i) que el cargo se encuentre adscrito a los despachos relacionados en el Acuerdo 145 de 1997 aprobado por el Decreto 416 del

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Radicación n.° 79023 mismo año; ii) que el trabajador preste servicios directos a los titulares de esos despachos y, iii) que sus actividades se encuentren en la excepción prevista en la parte final del artículo 5 del Decreto 3135 de 1968, esto es, que tengan a su cargo funciones de dirección o confianza en la entidad. Puntualmente, en providencia CSJ SL5545-2019, explicó: De acuerdo con los antecedentes, le corresponde a la Sala determinar si erró o no el Tribunal al concluir que la demandante «se encontraba dentro de los profesionales de la gerencia del ISS, lo que desvirtúa, dentro del organigrama de los servidores públicos de esa entidad, la calidad de trabajadora oficial». Sobre el particular, la Corte tuvo la oportunidad de pronunciarse en sentencia CSJ SL2584-2019 que resolvió un conflicto similar, en el que se demandó la existencia de un contrato realidad con el ISS de un profesional que se vinculó para apoyar en sus funciones misionales al departamento de pensiones de la seccional Cundinamarca, bajo las reglas de la Ley 80 de 1993. Para resolver la litis, precisó la Corporación que de conformidad con el inciso 2.º del artículo 5.º del Decreto Ley 3135 de 1968 los servidores de las empresas industriales y comerciales del Estado, por regla general, son trabajadores oficiales y, excepcionalmente, de acuerdo con sus estatutos, empleados públicos cuando ejerzan funciones de dirección y confianza. Ilustró, que de acuerdo con los criterios orgánico y funcional previstos en el citado decreto extraordinario, el Consejo Directivo

del ISS estableció en el artículo 1.º del Acuerdo 145 de 1997 aprobado por el Decreto 416 del mismo año -norma cuya violación acusa en el sub lite la censurala clasificación de sus servidores, así: Artículo 1º. Los servidores del Instituto de Seguros Sociales se clasifican en empleados públicos y trabajadores oficiales.

A. Son Empleados Públicos, las personas que ocupan los siguientes cargos en la planta de personal del ISS:

1. Presidente del Instituto.

2. Secretario General y Seccional.

3. Vicepresidente.

4. Gerente.

5. Director.

6. Asesor.

7. Jefe de Departamento.

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8. Jefe de Unidad.

9. Subgerente.

10. Coordinador Clase I, II , III, IV y V.

11. Jefe de Sección.

12. Funcionarios profesionales de Auditoría Interna, Disciplinaria, Calidad de servicios de Salud y Contratación de Servicios de Salud.

13. Los Servidores Profesionales y Secretarias Ejecutivas del Instituto de los despachos del Presidente, Secretario

General o Seccional, Vicepresidente, Gerente y Director.

B. Son Trabajadores Oficiales, las personas que desempeñen en el Instituto los demás cargos. (Resaltado fuera del texto).

(…). Explicó también que, por su parte, el Acuerdo 76 de 27 de diciembre de 1994 aprobado por el Decreto 337 de 20 de febrero de 1995 -vigente hasta la expedición del Decreto 2012 de 2012-,

modificó la estructura anterior del ISS y adoptó otra nueva a nivel nacional, seccional, zonal y local que, en lo que concierne al tema en estudio, consagró: Artículo 3°. El artículo 5° del Acuerdo 62 de 1994 quedará así: (…) En la estructura interna del Nivel Seccional, las unidades o dependencias del nivel directivo se denominan Gerencias y Secretarías Seccionales. Las de asesoría se denominan Direcciones y/o Unidades, y las ejecutivas, Departamentos, Coordinaciones, Secciones o Centros. (…) Las Seccionales de Cundinamarca-Santafé de Bogotá, Valle, Antioquia y Atlántico en su estructura contarán con: Gerencia Administrativa, Gerencia de Pensiones, Gerencia de Protección Riesgos Laborales, Gerencia de EPS y Gerencias de Clínicas (IPS). Artículo 4°. El artículo 7° del Acuerdo 62 de 1994 quedará así: Estructura Interna