CSJ - SL1995-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL1995-2023 Radicación n.° 96004 Acta 29 Bogotá, D. C., quince (15) de agosto de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por HÉCTOR GUTIÉRREZ en contra de la sentencia proferida por la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el 21 de junio de 2022, en el proceso ordinario laboral que adelanta contra la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

(COLPENSIONES).

I. ANTECEDENTES Héctor Gutiérrez demandó a Colpensiones para que se declare que tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez prevista en el Acuerdo 049 de 1990, por ser beneficiario del régimen de transición, «y en virtud del principio de la condición más beneficiosa, artículo 53 de la

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Radicación n.° 96004 Constitución Política de Colombia y/o Ley 71 de 1988». En consecuencia, solicitó condenar a la demandada a cancelar dicha prestación a su favor a partir del 31 de diciembre de 2014, con los intereses moratorios, la indexación y las costas del proceso. Como fundamento de sus pretensiones manifestó que nació el 15 de enero de 1953, es beneficiario del régimen de transición y durante toda su vida laboral realizó aportes al sistema de seguridad social en pensiones en el sector oficial y en el régimen de prima media, de la siguiente manera: i) tiempo cotizado al sector oficialCajanal 143,42 semanas; ii)

cotizaciones ante Colpensiones - historia tradicional antes de 1995, 402,57 semanas y iii) aportes ante Colpensiones después de 1995, 660,80 semanas. Dijo que en total cuenta con «1206,79» semanas, de las cuales, 817 corresponden a tiempo anterior al «25» de julio de 2005, momento en que entró a regir el Acto Legislativo 01 de 2005, por lo que el beneficio de la transición se le extiende hasta 2014; sin embargo, la demandada no contabilizó los siguientes tiempos en los que existe omisión o deuda del empleador en la historia laboral: Empleador Semanas Condominio San Nicolás 18,42 Vallas Toro 42,85 Sandoval y Compañía 34,28 Temporales Uno A 21,42 Total 116,97

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Radicación n.° 96004 Explicó que tiene derecho a la «pensión de jubilación por aportes», pues, en toda su vida laboral reunió «1155,22» semanas, de las cuales 1058 fueron cotizadas hasta el 31 de diciembre de 2014, fecha en que culmina el régimen de transición en los términos del Acto Legislativo 01 de 2005. Resaltó que acredita «20 años 6 meses y 26 días con corte al 31 de diciembre de 2014», por lo que tiene derecho a la prestación contenida en la «Ley 71 de 1988». Informó que prestó sus servicios como celador para la Junta de Deportes del Huila desde el 1 de enero de 1978

hasta el 15 de octubre de 1980, y que así lo certificó Inderhuila mediante formatos 1, 2 y 3B, expedidos el 22 de noviembre de 2017. Además, indicó que en la historia laboral expedida por Colpensiones se registran inconsistencias en las siguientes cotizaciones: i) de junio a octubre de 1997 con el empleador Condominio San Nicolás; ii) de febrero a noviembre de 2002 con Vallas Toro y Yanuri Sandoval; iii) de diciembre de 2003 a abril de 2004, agosto de 2004 a junio de 2005 con el empleador Sandoval y Compañía. Manifestó el 30 de octubre 2014 solicitó la corrección de su historia laboral a fin de que se subsanaran esas imprecisiones, frente a lo cual la demandada le respondió el 28 de enero «del cursante», informándole que por los ciclos reclamados no se encontraron cotizaciones a su nombre y por ello no se reflejaban en el reporte respectivo. Por esa razón inició la gestión del cobro pertinente ante los mencionados empleadores, pues eran ellos quienes debían corregir tal situación.

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Radicación n.° 96004 Sin embargo, mediante comunicación telefónica del 19 de octubre de 2015, un funcionario de Colpensiones le explicó que aún no se registraba trámite alguno para dicho cobro y que no se había obtenido pronunciamiento de los empleadores. Adujo que el 22 de diciembre de 2016 solicitó a Colpensiones que realizara el cobro persuasivo o coactivo a

los referidos empleadores por los ciclos discutidos, y mediante misiva del 21 de febrero de 2017, la entidad afirmó que en la base de datos no se encontraba registro de afiliación ni de pago por tales períodos y que no podía adelantar las acciones de cobro porque no tenía «las localizaciones de las empresas». También aseguró que el 30 de agosto de 2017 reclamó la pensión de jubilación por aportes y que la entidad accionada le indicó que debía realizar las validaciones de los formatos CLEB 1, 2 y 3 B y resolver las inconsistencias presentadas en el formato 1; ante lo cual, el 24 de noviembre de 2017, allegó la documentación requerida y nuevamente presentó los formatos CLEB emitidos por Inderhuila. Finalmente dijo que el 15 de febrero de 2018 solicitó copia del expediente administrativo el cual le fue entregado el 19 de febrero del mismo año. Al dar respuesta a la demanda, Colpensiones se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos aceptó la fecha de nacimiento del accionante, su condición de beneficiario del

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Radicación n.° 96004 régimen de transición realizando aportes al RPM, las reclamaciones presentadas por el actor y la respuesta brindada a cada una de ellas; de los demás aseguró que no eran ciertos o no le constaban. En su defensa precisó que el demandante no tiene derecho a la pensión solicitada ya que solo reúne un total de 986,14 semanas cotizadas según la historia laboral. Aclaró que a ella no le son imputables las acciones de cobro que ha

debido realizar el entonces Instituto de Seguros Sociales; y que, en todo caso, cumplió con su deber legal, tal como lo informó en comunicación del 28 de enero de 2015 al señalar que había iniciado las correspondientes gestiones ante los empleadores mencionados por el actor. Formuló las excepciones de inexistencia del derecho reclamado, cobro de lo no debido, falta de integración del litisconsorcio necesario, no hay lugar al cobro de intereses moratorios ni a la indexación y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva, mediante sentencia dictada el 20 de junio de 2019 resolvió: PRIMERO: DECLARAR infundadas las excepciones de la parte demandada, salvo la denominada no hay lugar a indexación, que resultó fundada.

SEGUNDO: DECLARAR que el demandante tiene derecho a que la demandada le reconozca pensión de vejez conforme al Acuerdo 049 de 1990, en 13 mesadas, desde el 31 de diciembre de 2014, con una mesada de un salario mínimo legal mensual vigente para cada anualidad.

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TERCERO: CONDENAR a COLPENSIONES a pagarle al demandante la suma de $42.415.122,67 por concepto de retroactivo desde el 31 de diciembre de 2014 hasta el 20 de junio de 2019, fecha de la sentencia, menos el descuento del 12% para la Adres conforme con el artículo 204 de la Ley 100 de 1993.

CUARTO: CONDENAR a la demandada a pagarle al demandante

los intereses de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 desde el 30 de diciembre de 2017 hasta cuando se verifique el pago total.

QUINTO: CONDENAR a COLPENSIONES a pagar las costas del proceso en favor del accionante.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva conoció el recurso de apelación presentado por Colpensiones, así como el grado jurisdiccional de consulta en su favor. Mediante decisión del 21 de junio de 2022 revocó la sentencia de primer grado y en su lugar absolvió a la demandada de todas las pretensiones y declaró probadas las excepciones de inexistencia del derecho y cobro de lo no debido.

Estableció como problema jurídico, determinar si al demandante le asistía derecho al reconocimiento y pago de la pensión consagrada en el Acuerdo 049 de 1990, por ser beneficiario el régimen de transición, como se dispuso en primera instancia, «y/o de la ley 71 de 1988». Explicó que antes de verificar el cumplimiento de los requisitos legales para beneficiarse del régimen de transición, y por tanto, para acceder a la pensión de vejez prevista en el Acuerdo 049 de 1990 o en la Ley 71 de 1988, debía recordar

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Radicación n.° 96004 que mediante sentencia CSJ SL1329-2019, se señaló que era imprescindible la afiliación del ciudadano al sistema de seguridad social en pensiones para que surgiera la obligación a cargo de las administradoras de fondos de pensiones de

cobrar los «periodos cotizados». Advirtió que el demandante cuestionó que la demandada no hubiera contado los siguientes ciclos: i) junio a octubre de 1997 con el Condominio San Nicolás; ii) febrero a noviembre de 2002 con el empleador Vallas Toro o Yanury Sandoval y; iii) diciembre de 2003 abril de 2004, agosto de 2004 a junio de 2005 con el empleador Sandoval y Compañía S en C. Sin embargo, resaltó que de las pruebas allegadas no se acreditaba la afiliación de aquel por los siguientes periodos: i) febrero a noviembre de 2002, ii) diciembre de 2003 abril de 2004 y iii) agosto de 2004 a junio de 2005 y precisó que le incumbía a la parte actora allegar los elementos de juicio que demostraran la afiliación al sistema de seguridad social en pensiones por quienes adujo, fueron sus empleadores, sin que hubiera cumplido con ello. Por ende, concluyó que no podía contabilizar dichos ciclos. Destacó que no era posible que en un litigio en el que se debaten asuntos del sistema de seguridad social en pensiones, se ventilen temas relacionados con la existencia del vínculo contractual laboral, máxime cuando ni siquiera el pretendido empleador fue vinculado al proceso. Además, reiteró que el soporte sobre el que se erige el debate de una

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Radicación n.° 96004 acreencia pensional es la inclusión del beneficiario en el sistema de seguridad social en pensiones a través del acto de afiliación, bien como trabajador dependiente o independiente, y en este caso tal circunstancia no «es

predicable respecto del pretendido vínculo laboral que precisó ostentar el demandante con Vallas Toro o Yanuri Sandoval y Sandoval y Compañía». De otra parte, indicó que, en la historia laboral del actor expedida el 30 de enero de 2014 por la demandada, se registraban los periodos de junio a octubre de 1997 con afiliación, pero con la novedad «su empleador presenta deuda por no pago», por lo que dichos ciclos no fueron tenidos en cuenta como efectivamente como cotizados. Ante ello resaltó que la falta de pago del empleador no puede ser asumida por el trabajador, ni ser un obstáculo frente al trámite pensional, pues es el fondo quien debe tomar las acciones administrativas para hacer el cobro coactivo de tales aportes. Por tanto, debían tenerse en cuenta estos ciclos registrados en mora de pago por el empleador y que equivalían a 21,42 semanas. En relación con el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, recordó los requisitos allí previstos para ser beneficiario, así como el límite temporal previsto en el parágrafo transitorio cuarto del AL 01 de 2005 y resaltó que dicha transición podía extenderse hasta 2014 siempre que se reúnan al menos 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios, al momento en que entró a regir la referida reforma constitucional.

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Radicación n.° 96004 Encontró que para el 1 de abril de 1994 el accionante contaba con 9 años, 3 meses y 28 días de servicios cotizados

(folios 7 a 10 y 20 a 23), y tenía 41 años de edad (folio 4), por lo que era beneficiario del régimen de transición por edad; sin embargo, para el «25» de julio 2005, cuando entró en vigor el AL 01 de 2005, contaba con 628,40 semanas cotizadas, por lo que este beneficio, en su caso, no podía extenderse más allá del 31 de julio de 2010. Partiendo de lo anterior, destacó que el actor nació el 15 de enero de 1953, por lo que la edad de 60 años exigida por el Acuerdo 049 de 1990 y por la Ley 71 de 1988 la cumplió el 15 de enero de 2013 (folios 4 y 5), esto es, después de la fecha límite para acceder al beneficio de la transición. Aclaró que era necesario acreditar los requisitos para obtener la pensión de vejez conforme al régimen anterior, antes de arribar a los extremos fijados por el AL 01 de 2005, que para su situación era el 31 de julio de 2010; consideración que apoyó en lo expuesto en sentencias CC SU 023-2018, CSJ

SL2109-2018 y CSJ SL5217-2018.

Insistió en que, si el demandante buscaba pensionarse bajo los presupuestos de la Ley 71 de 1988 o del Acuerdo 049 de 1990 ha debido acreditar el cumplimiento de la edad mínima allí prevista, antes del 31 de julio de 2010, lo cual no aconteció, pues tan solo arribó a ella en enero de 2013. Por esta razón revocó la decisión del juez y declaró probadas las

excepciones de inexistencia del derecho y cobro de lo no debido.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN El recurrente pretende que esta corporación case la sentencia impugnada y en sede de instancia confirme la decisión de primer grado.

Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, los cuales son replicados y se estudiarán de manera conjunta dado que persiguen el mismo fin y denuncian similares normas.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la decisión del Tribunal de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida del parágrafo transitorio 4 del Acto Legislativo 01 de 2005, los artículos 13 y 33 de la Ley 100 de 1993, este último modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, el Acuerdo 041 de 1987 aprobado por el Decreto 2419 del mismo año y el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990.

Señala que el colegiado incurrió en los siguientes errores de hecho:

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1. Dar por demostrado sin estarlo, que Héctor Gutiérrez, a la fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, esto es el 29 de julio de 2005, no tenía acreditadas al sistema general de pensiones 750 semanas o su equivalente en tiempo

de servicio.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que Héctor Gutiérrez al no tener acreditadas al sistema general de pensiones 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicio, a la fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, perdió su régimen de transición a partir del 31 de julio de 2010.

3. Dar por demostrado sin estarlo que el señor Héctor Gutiérrez al perder su régimen de transición a partir del 31 de julio de 2010 no puede pensionarse bajo las condiciones establecidas en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el decreto 758 del mismo año.

4. No dar por demostrado estándolo que el tiempo laborado por Héctor Gutiérrez a Condominio San Nicolás periodo comprendido del 22/05/1997 al 30/09/1997; con Vallas Toro o Yanury Sandoval del 01/02/2002 hasta el 30/11/2002; con el empleador Sandoval y Compañía del 01/12/2003 al 31/12/2003, del 01/01/2004 al 30/04/2004 y del 01/08/2004 al 30/06/2005 es válido para la contabilización de las 750 semanas de que trata el parágrafo transitorio cuarto del Acto Legislativo 01 de 2005.

5. No dar por demostrado estándolo que Héctor Gutiérrez a la fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 tenía acreditadas al sistema general de pensiones un total de 811,69 semanas.

6. No dar por demostrado, estándolo, que el señor Héctor

Gutiérrez cumplió con las condiciones establecidas en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758. Menciona que los anteriores errores obedecieron a la indebida apreciación de la historia laboral y los certificados emitidos en formatos 1, 2 y 3 B. Para sustentar la acusación, asegura que al momento en que entró a regir el Acto Legislativo 01 de 2005, sí contaba con 750 semanas «equivalentes en tiempo de servicios y

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Radicación n.° 96004 cotizaciones válidamente acreditadas», por tanto, conservó el régimen de transición hasta el 2014. Luego de recordar el texto del parágrafo cuarto transitorio del AL 01 de 2005, así como de los literales f) y d) del parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, indica que la exigencia de tener 750 semanas para conservar la transición no solo aplica a favor de los afiliados que cuentan con esa densidad, sino también para quienes reúnen 750 semanas de servicios prestados sin cotización o aportes efectivos a una caja, fondo o entidad de previsión social. Resalta que con antelación a la Ley 100 de 1993, no existía el deber general de cotizar o realizar aportes para pensión, y que, en el caso de los empleados oficiales, por ejemplo, se efectuaron aportes ante Cajanal, pero no exactamente para financiar en su totalidad las prestaciones a su cargo. Ello también ocurrió en el sector privado, en aquellas regiones en las que no había cobertura del ISS. Ante

estas particularidades del sistema pensional, el parágrafo cuarto transitorio del AL 01 de 2005 estableció que las 750 semanas allí previstas, no necesariamente debían corresponder a cotizaciones efectivas, sino que también podían reunirse con el tiempo de servicios sin aportes. Precisado lo anterior, sustenta la posibilidad de contabilizar los siguientes ciclos, así:

1. Febrero a noviembre de 2002. Explica que de la documental allegada al proceso se aprecia que sí existió

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Radicación n.° 96004 afiliación por el empleador Vallas Toro y/o Yanury Sandoval. Aduce que según la historia laboral dicho empresario cotizó a partir de enero de 2002 y nuevamente pagó aportes para el ciclo diciembre de ese mismo año. Afirma que ello permite inferir que la afiliación con Vallas Toro y/o Yanury Sandoval estaba vigente, pues no se reportó novedad de retiro y, por tanto, el asegurado estaba activo. Cosa distinta es que no hubiese aportado entre febrero y noviembre de 2002, pero el pago de cotización en diciembre de 2002 activó la afiliación, no siendo necesario diligenciar nuevamente un formulario de inscripción. Además, agrega que «con el solo pago de los aportes en mora por parte del empleador, se activa la afiliación». En ese orden, lo que se prueba es una omisión del empleador al no pagar los aportes, pese a que la relación laboral y la afiliación estaban activas.

2. Diciembre de 2003, enero a abril de 2004 y agosto de

2004 a junio de 2005. Indica que la historia laboral muestra la «continuidad en las cotizaciones» y que no hay novedad de retiro, de lo que se colige que el actor se encontraba activo con el empleador Sandoval y Compañía S en C., cuya relación de trabajo estaba vigente, sin que fuese necesario realizar otra afiliación. Por lo anterior, considera que respecto de estos periodos hubo omisión del empleador en cotizar al sistema de seguridad social integral, «y con el solo pago de los aportes dejados de cancelar por omisión del empleador activa la

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Radicación n.° 96004 afiliación». Aclara que la historia laboral registra que para junio de 2004 la empresa «Sandoval S. A.» pagó un día y retiró al demandante, y al mes siguiente, julio de 2004, cotiza nuevamente a su favor, con lo cual le da «viabilidad» a la afiliación con Colpensiones; esto, dado que «basta con el solo pago para que se active la afiliación y es allí donde nuevamente incurre en omisión». Agrega que el artículo 11 del Decreto 692 de 1994 estableció que quienes estuviesen vinculados al ISS al 31 de marzo de 1994, no tenían la obligación de diligenciar el formulario de afiliación, y que esta misma previsión legal es aplicable a las demás cajas, fondos o entidades de previsión social, si los trabajadores decidían continuar vinculados a ellas. Estima que por las razones anteriores y siendo coherente con lo establecido en el parágrafo transitorio cuarto del AL 01 de 2005, el Tribunal ha debido sumar los

siguientes periodos: i) 21,42 semanas con el empleador Condominio San Nicolás; ii) 42,85 semanas con Vallas Toro y /o Yurany Sandoval y iii) 68,57 semanas al servicio de Sandoval y Compañía S en C.

3. También indica que a la fecha en que entró a regir el AL 01 de 2005, el actor tenía 811,69 semanas, así: Entidad o empleador Número de semanas

1. Colpensiones (historia laboral) 535,43

2. Cajanal 143,57

3. Deuda patronal 132,83

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Radicación n.° 96004 -Condominio San Nicolás 21,42 -Vallas Toro y / Yanury S. 42,85 -Sandoval y Cía S. en C. 68,57 Total 811,69 Por lo anterior, encuentra que cumple con el requisito previsto en la mencionada reforma constitucional para que el régimen de transición le sea extendido hasta el año 2014. De hecho, precisa que aún si se contabilizara únicamente el tiempo cotizado a Colpensiones, incluidos los ciclos en mora del empleador, también cumpliría la densidad de 750 semanas al «25» de julio de 2005. En esa medida, arguye que para el reconocimiento del derecho pensional es dable aplicar el régimen al que se encontraba afiliado el actor antes de entra en vigor la Ley 100 de 1993, esto es, el Acuerdo 049 de 1990, el cual exige un mínimo de 500 semanas cotizadas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, o 1000

semanas en cualquier tiempo, y 60 años de edad, requisitos que satisface. Resalta que reúne las anteriores exigencias, dado que el 15 de enero de 2013 cumplió 60 años de edad y cuenta con 1262,57 semanas en toda la vida laboral, así: Entidad o empleador Semanas Colpensiones – 986,14 historia laboral Cajanal 143,57 Deuda patronal 132,83 Total 1.262,57

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Radicación n.° 96004 Aclara que la anterior información sobre la densidad de semanas se deriva de las historias laborales expedidas el 31 de enero de 2014 y 17 de octubre de 2018 por Colpensiones, así como los formatos 1, 2 y 3 B que reflejan los tiempos laborados a Inderhuila entre el 1 de enero de 1978 y el 15 de octubre de «1985».

VII. RÉPLICA Colpensiones se opone al cargo puesto que, aunque se dirige por la senda indirecta, hace planteamientos jurídicos sobre el entendimiento de las normas denunciadas, la financiación de las prestaciones a favor de los servidores oficiales y la creación de los seguros sociales obligatorios, entre otros, mixtura que resulta inapropiada.

En todo caso explica que en ninguno de los errores de hecho endilgados se hace alusión al periodo junio a octubre de 1997, por cuanto este lapso sí fue tenido en cuenta por el Tribunal. En relación con los ciclos febrero a noviembre de 2002, diciembre de 2003 a abril de 2004 con el empleador

Vallas Toro y/o Yanury Sandoval y de agosto 2004 a junio de 2005 con Sandoval y Compañía, advierte que la historia laboral no hace alusión a ellos bajo la observación «deuda presunta» como si acontece con otros lapsos, lo cual obedece a que no existe certeza de la continuidad de la relación laboral o la reactivación de las cotizaciones producto de servicios efectivamente prestados.

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VIII. SEGUNDO CARGO Acusa la decisión de segunda instancia por transgredir la ley sustancial por la senda directa en la modalidad de infracción directa de los artículos 36, 13 literal f) de la Ley 100 de 1993, el Acuerdo 041 de 1987 aprobado por el Decreto 2419 del mismo año, el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 y el parágrafo transitorio cuarto del Acto Legislativo 01 de

2005. Asegura que, aunque el Tribunal aplicó el parágrafo transitorio cuarto de la reforma constitucional denunciada, no tuvo en cuenta la regla allí prevista en cuanto a que las 750 semanas podían reunirse en su equivalente con tiempo de servicios. Así, precisa que esa densidad no solamente corresponde a cotizaciones, sino que también es posible tener en cuenta los tiempos de servicios prestados sin cotización a ningún fondo, caja o entidad de previsión social. Reitera lo expuesto en el primer cargo en cuanto a que, por las particularidades del sistema pensional, existieron sectores y lugares en los que no existía el deber de cotizar antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, por ejemplo,

respecto de los empleados oficiales y de los trabajadores particulares en zonas sin cobertura del ISS. Insiste en que la densidad de semanas prevista en el parágrafo 4 del AL 01 de 2005, no corresponde únicamente a cotizaciones, sino que es posible incluir tiempos de servicios no aportados.

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Radicación n.° 96004 Explica que de no ser así se haría nugatorio el derecho pensional de empleados oficiales o de servidores privados que nunca hicieron aportes por no estar previsto legalmente, y se sancionaría al trabajador que prestó su servicio y «no a quien omitió realizar una conducta ordenada por la ley», lo cual es injusto y desproporcionado, más cuando está de por medio un derecho irrenunciable como la seguridad social. Aduce que, al revisar «la documental obrante en el expediente», en especial la historia laboral, se evidencia una omisión en el pago de aportes para los siguientes periodos: Empleador Periodo Semanas Condominio San Nicolas 01/05/1997 – 30/09/«1977» 21,42 Vallas Toro y/o Yanury 01/02/2002 – 30/11/2002 42,85 Sandoval y Cía S. en C Diciembre de 2003 4,29 01/01/2004 – 30/03/2004 17,14 01/08/2004 – 30/06/2005 47,14 Total omisión 132,83 Por tanto, el colegiado ha debido sumar las 132,83 semanas anteriores, omitidas por los empleadores. Reitera que, sumadas las referidas semanas «en omisión»

con las contabilizadas por la demandada, reúne 811,69 a la entrada en vigencia de la reforma constitucional, y 1262,54 en toda la vida laboral, lo que le permite obtener la pensión de vejez del régimen anterior, Acuerdo 049 de 1990, aplicable por transición.

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IX. RÉPLICA Colpensiones también se opone a este cargo. Señala que pese a que la acusación es de orden jurídico se incluyen planteamientos probatorios, lo que constituye una deficiencia insuperable.

En todo caso, señala que el Tribunal no se equivocó al aplicar las normas denunciadas, como quiera que, tuvo en cuenta la reglamentación del régimen de transición y su limitación temporal, solo que, desde el plano fáctico no encontró demostrado que por los períodos reclamados hubiese existido verdaderamente un vínculo laboral. Afirma que la decisión del juzgador es acertada, pues, ante la falta de prueba de la continuidad de la relación laboral que hiciera obligatorio el pago de dichos aportes, no era posible tener en cuenta los ciclos discutidos. Apoya esta argumentación en la sentencia CSJ SL3324-2022.

X. CONSIDERACIONES El recurso no es un modelo, y es cierto, como lo resalta la opositora, que en cada uno de los cargos se plantea una mixtura de vías que resulta improcedente, así, en la acusación dirigida por la senda fáctica se incluyen argumentos de orden jurídico, relativos al entendimiento del parágrafo cuarto transitorio del AL 01 de 2005 y el deber de

cotizar a cargo del empleador; y en el segundo cargo estructurado por la vía directa, se hace alusión al contenido

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Radicación n.° 96004 de las pruebas documentales para evidenciar el tiempo «en omisión» que se ha debido contabilizar. Sin embargo, al margen de estas imprecisiones, lo cierto es que la Sala sí puede identificar los reparos concretos de esas dos acusaciones. En efecto, desde el punto de vista jurídico, la censura discute que no se hubiese tenido en cuenta que para cumplir la densidad de 750 semanas prevista en el parágrafo cuarto del AL 01 de 2005, también es dable sumar su equivalente en tiempo de servicios. Y en el plano fáctico asegura que las pruebas denunciadas sí permiten acreditar las 750 semanas exigidas por la mencionada norma, para conservar el beneficio de la transición hasta el año 2014, pues considera que se debe contabilizar el total del tiempo laborado en el sector oficial y los tiempos en que existió mora de los empleadores particulares que refiere en el cargo. En relación con lo anterior, se debe recordar que el juez plural precisó que el parágrafo cuarto del referido Acto Legislativo estableció un límite temporal hasta el 31 de julio de 2010 para aplicar el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, salvo para quienes tuvieran 750 semanas al 29 de julio de 2005, pues lo mantendrían hasta el año 2014. Con base en ello, constató que en el caso del accionante la transición solo rigió hasta el 31 de julio de 2010, pues no

cumplió el requisito previsto en la norma mencionada para

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Radicación n.° 96004 extender tal beneficio más allá de tal data, dado que para el momento en que entró a regir la reforma constitucional, solo reunía 628,40 semanas. Bajo el anterior planteamiento, le corresponde a la Sala establecer si, desde el punto de vista jurídico, el Tribunal incurrió en error al definir cuál era el tiempo exigido por el parágrafo cuarto del Acto Legislativo 01 de 2005 para extender la transición hasta el año 2014, esto es, los periodos efectivamente cotizados o también su equivalente en tiempo de servicios por los ciclos en que no se hubiesen realizado aportes. Y si, en materia probatoria se equivocó al concluir que al 29 de julio de 2005, el accionante tenía una densidad inferior a las 750 semanas. Parágrafo cuarto del Acto Legislativo 01 de 2005: Esta disposición establece: El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrán extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014. Del contenido de esta norma es evidente que la densidad de 750 semanas exigida para mantener la transición hasta el año 2014, no solamente puede ser reunida contabilizando periodos efectivamente cotizados,

sino también sumando su equivalente en tiempo de servicios por los cuales no se hubiese