CSJ - SL1996-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL1996-2023 Radicación n.° 96431 Acta 29 Bogotá, D. C., quince (15) de agosto de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por KRUMTAP S. A. S., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 27 de mayo de 2022, en el proceso ordinario laboral que instauró IVÁN DARÍO ESPINOSA ESCOBAR contra la recurrente e ISAÍAS ENRIQUE ACOSTA SOTO.

I. ANTECEDENTES Iván Darío Espinosa Escobar llamó a juicio a Krumtap

S. A. S. e Isaías Enrique Acosta Soto, con el fin de que se declare que entre las partes se celebró un contrato de trabajo vigente entre el 2 de mayo de 2007 y el «4 de mayo de 2020» y, en consecuencia se los condene a pagar el saldo de cesantías e intereses, primas de servicios, vacaciones, junto

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Radicación n.° 96431 con la indemnización moratoria del artículo 65 del CST, indemnización «por provocar la terminación unilateral del contrato por parte del trabajador», lo que resulte ultra o extra petita y las costas del proceso. Para sustentar sus pretensiones informó que entre las partes se ejecutó un contrato laboral verbal desde 2 de mayo de 2007, prolongándose hasta el «27 de marzo del año 2020»; que desempeñó los cargos de asesor y gerente comercial ocupándose de la venta de maquinaria industrial, del

seguimiento a los asesores comerciales y de los respectivos negocios a nivel nacional. Dijo que, si bien en el contrato suscrito se señaló como empleador a la sociedad, para todos los efectos era la persona natural demandada quien establecía las directrices y las actividades que debía realizar, ejerciendo por tanto la subordinación. Explicó que desde junio de 2013 fue promovido al cargo de gerente comercial, por lo que su ingreso obtuvo una mejora sustancial, quedando así: sueldo de $2.092.000, más los siguientes porcentajes de utilidad por ventas: el 13% por ventas de otras líneas, el 3% por las ventas de los asesores comerciales y de su propia línea y 2% de todas las ventas de la empresa; $380.000 como subsidio de rodamiento y, $620.000 como bono no prestacional. Manifestó que en mayo de 2015 se pactó que la remuneración sería de $2.092.000 y $380.000 por

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Radicación n.° 96431 rodamiento de vehículo; no obstante, el monto del salario real ascendió a $16.064.816. Agregó que en la liquidación definitiva de las prestaciones no se tuvo en cuenta el valor realmente devengado, razón por la cual se le adeuda un saldo significativo por las prestaciones, lo que muestra un actuar de mala fe del empleador. Por último, precisó que, como no se pagaron oportunamente las comisiones, prestaciones sociales y los aportes al sistema de seguridad social, decidió terminar unilateralmente el contrato de trabajo a través de comunicación del «5/22/2020» (pág. 4 a 11 del PDF de

primera instancia). Isaías Enrique Acosta Soto al responder la demanda, se opuso a las pretensiones. Frente a los hechos dijo no constarle o no ser ciertos. En su defensa alegó que no fue el empleador del actor pues, no suscribió con él un contrato de esa naturaleza, «como en forma intempestiva y de mala fe lo quiere presentar el demandante»; que aquella afirmación no tenía ningún respaldo fáctico y era carente de todo fundamento, correspondiendo a una «argucia en contra del representante legal de la persona jurídica demandada, lo que constituye una demanda temeraria y de muy mala fe». Formuló las excepciones que denominó hecho exclusivo de un tercero, indebida acumulación de demandados, falta de causa y título para pedir, prescripción, innominada o genérica, buena fe y falta de legitimación en la causa (pág. 129 a 136 del PDF de primera instancia).

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Radicación n.° 96431 A su turno, la sociedad demandada se opuso a las pretensiones del escrito inaugural. En cuanto a los hechos admitió la existencia del contrato de trabajo y sus extremos, pero aclaró que terminó por la renuncia presentada por el trabajador; también aceptó las actividades realizadas; frente a los restantes dijo no ser ciertos o no constarle. Explicó que se pretendía incluir como empleador al representante legal de la sociedad Krumtap S. A. S., como persona natural, cuando nunca hubo coexistencia de empleadores según el artículo 26 del CST dado que en el contrato se pactó exclusividad. En su defensa argumentó que el actor después de más

de 10 años se percató de que: el representante legal también era su empleador; las cesantías y demás prestaciones que se le pagaban no correspondían a su salario; todo lo que percibía debía ser prestacional y solo después de 13 años de recibir satisfactoriamente todos sus sueldos y prestaciones sociales expresaba su inconformidad. Aseguró que pagó todos los salarios y prestaciones causadas y que actuó con buena fe durante el desarrollo del vínculo laboral. Propuso como medios exceptivos de fondo: prescripción, inexistencia de las obligaciones demandadas, falta de causa y título para pedir, pago, compensación, innominada o genérica, buena fe y falta de legitimación en la causa (pág. 147 a 154 del PDF de primera instancia).

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 7 de marzo de 2022, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre la demandada KRUMTAP SAS y el demandante IVAN DARIO ESPINOSA ESCOBAR, existió una relación laboral vigente entre el 2 de mayo de 2007 al 4 de mayo de 2020 devengando como último salario mensual la suma de

$7.766.444.

SEGUNDO: DECLARAR que las sumas devengadas por el demandante por concepto de bono por valor de $3.500.000 y auxilio de rodamiento por valor de $380.000 constituyen salario.

TERCERO: CONDENAR a la empresa demandada KRUMTAP SAS

a pagar al demandante IVAN DARIO ESPINOSA ESCOBAR por concepto de reliquidación de las prestaciones sociales, teniendo en cuenta el salario realmente devengado, las siguientes sumas: Auxilio de cesantías $ 10.756.222 Intereses sobre cesantías $ 3.578.237 Prima de servicios $ 10.756.222 Vacaciones $ 5.378.111 Total prestaciones sociales $ 30.468.792

CUARTO: CONDENAR a la demanda KRUMTAP SAS a cancelar al demandante la indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del CST hasta por 24 meses, cancelando la suma diaria de $258.881,46 desde la fecha de terminación del contrato hasta el 4 de mayo de 2022, si no se cancela antes la suma de $30.000.000 o hasta que se cancele la suma anterior.

QUINTO: CONDENAR a la demandada KRUMTAP SAS a pagar a favor de la demandante los aportes a pensión por el periodo comprendido entre enero de 2017 al 4 de mayo de 2020, incluyendo el valor de $3.880.000, dichos aportes deberán ser liquidados y pagados al fondo de pensiones que se encuentre afiliado el demandante y según el cálculo actuarial realice dicho fondo, como ya dijimos teniendo en cuenta esa suma que se dejó de cancelar.

SEXTO: ABSOLVER al demandado ISAIAS ACOSTA SOTO de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por

el señor IVAN DARIO ESPINOSA ESCOBAR.

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SÉPTIMO: CONDENAR en costas a la parte demandada

KRUMTAP SAS fijando como agencias en derecho la suma de $2.000.000. El a quo sustentó su decisión en que, conforme a las pruebas documentales aportadas, el contrato de trabajo se dio con la sociedad y no con la persona natural. Indicó que conforme a los artículos 488 y 489 del CST y 151 del CPTSS, teniendo en cuenta que el demandante no reclamó los haberes con anterioridad a la presentación de la demanda, estaban afectados por la prescripción los derechos causados antes del 10 agosto de 2017. En cuanto a la reliquidación de prestaciones sociales y vacaciones, dijo que el salario fue variable y dependía del cargo que desempeñaba el actor, siendo el último el de gerente comercial; agregó que del dinero que se le pagó en efectivo no había prueba, de ahí que se atendría a las constancias aportadas por el demandante, visibles a folios 56 a 60 del expediente, las que no fueron tachadas ni desconocidas por la demandada. Precisó que ellas le generaban credibilidad porque, aunque el demandante manifestó que no era una suma fija, en las certificaciones se indicó el promedio e insistió en que su contenido no fue desconocido ni tachado por la accionada. Destacó que no había discusión en que el salario básico y las comisiones eran factor salarial. En cuanto al bono no

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Radicación n.° 96431 prestacional y rodamiento mensual, recordó que la parte demandada contestó que tales conceptos fueron excluidos como factor salarial en el contrato de trabajo, sin embargo, en dicho acuerdo no se precisó esa circunstancia. Recordó

que, conforme a la jurisprudencia de la Corte, cuando se quiere exceptuar algunos factores de su carácter salarial debía expresarse eso de manera clara y precisa, lo que no ocurrió en este caso. Por ello, a la luz de los artículos 127 y 128 del CST, el bono percibido en cuantía de $3.500.000 y el de rodamiento de $380.000 no estaban excluidos como factores salariales, por ende, había lugar a la reliquidación perseguida. Puntualizó que efectuados los cálculos correspondientes por el periodo del 10 de agosto de 2017 a la terminación del vínculo arrojaba las siguientes sumas: cesantías: $10.756.222; intereses: $3.578.237; primas de servicios: $10.756.222; vacaciones: $5.378.111, para un total de $30.468.792. Aclaró que, si bien la prescripción no afectaba las cesantías, lo que ocurría era que no había certeza de los valores pagados con anterioridad por los rubros denominados bono y rodamiento. Adicionó que ordenaría también reliquidar el pago de los aportes por el término que se encontró probado en el proceso, de acuerdo con las certificaciones de 2017 a 2020. En cuanto a la indemnización moratoria aclaró que no operaba de manera automática debiéndose revisar si existía

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Radicación n.° 96431 o no buena fe del empleador, hallando que había lugar a su imposición dado que la demandada conocía lo que pagaba, según la certificación que expidió. Por ello, la condenó a

razón de un salario diario ($258.881,46) por 24 meses. Contra dicha decisión la sociedad demandada formuló recurso de apelación sustentándolo así: Con todo respeto me permito interponer recurso de apelación en contra de la sentencia por considerar que la certificación expedida por la contadora, como lo manifestó el demandante, tenía puramente un objeto crediticio. Y Adicionalmente, como también usted lo dijo, en ninguno de los documentos aportados por el demandante aparece que esos $3.500.000 hayan sido consignados en alguna oportunidad, la verdad esos tienen pues un carácter ficticio, la verdad nunca la gerencia ni es el representante legal quien expide el certificado ni recursos humanos. Entonces ese es el motivo de la apelación doctora con todo respeto.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al desatar el recurso de apelación de la empresa demandada, mediante fallo del 27 de mayo de 2022 confirmó la decisión de primer grado.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el colegiado consideró como fundamento de su decisión, que el actor laboró al servicio de la sociedad demandada, bajo el marco de un contrato a término indefinido desde el «2 de mayo de 2007 hasta el 4 de mayo de 2020», según las pruebas aportadas, entre ellas, los extractos bancarios, la renuncia y su aceptación, la solicitud de documentos al trabajador, la devolución de dinero, el contrato de trabajo, los

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Radicación n.° 96431 desprendibles de nómina, el formulario de afiliación, los

recibos de caja y liquidación del contrato de trabajo; supuesto fáctico respecto del cual no existía controversia. Refirió que en el expediente obraban certificaciones laborales emitidas por Luz Adriana Acosta Martínez, en calidad de contadora de la empresa Krumtap S. A. S., donde indicó: […] KRUMTAP SAS con Nit: 80.227.915-1, certifica que el señor IVÁN DARIO ESPINOSA ESCOBAR […], labora en esta empresa desde el día 02 de mayo de 2007 con un contrato a término indefinido, desempeñándose en el cargo de GERENTE COMERCIAL devengando un salario básico mensual de $2.688.631 más comisiones promedio mensual de $1.350.000, con todas las prestaciones sociales de ley, más bono no prestacional mensual de $3.500.000 y rodamiento mensual de $380.000 […] Dijo que tal documento no fue desconocido por la convocada a juicio. Además, tratándose de constancias que reconozcan vínculos laborales y que sean expedidas por quien se alega ser el empleador, esta Corte había advertido su validez y certeza, no obstante que podían ser desvirtuadas por la demandada en los términos del artículo 167 del estatuto civil adjetivo. Citó la sentencia CSJ SL14426-2014 para decir que allí se estableció que el juez laboral debía tener como un hecho cierto el contenido de lo que se exprese en cualquier constancia expedida por el empleador sobre temas relacionados con el contrato de trabajo, pues, no es usual que una persona falte a la verdad y dé razón documental de

la existencia de aspectos tan importantes que comprometen

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Radicación n.° 96431 su responsabilidad patrimonial o que el juez cohoneste con este tipo de conductas eventualmente fraudulentas. De ello coligió que la jurisprudencia ha estimado que la carga de probar en contra de lo que certifique el propio empleador corre por su cuenta y debe ser de tal contundencia que no deje sombra de duda. Manifestó que lo anterior conducía a conceder validez probatoria a tal documental, pues no carecía de rúbrica, «tampoco fue reargüido su contenido ni desconocida su autoría, logrando consumar el postulado de autenticidad de que trata el artículo 244 del Código General del Proceso». Recordó el texto del artículo 54A del CPTSS en cuanto a que se reputan auténticas las reproducciones simples de determinados documentos, refiriendo el contenido del parágrafo de tal preceptiva legal. Mencionó la «SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE VACACIONES», de folio 115 del archivo 01 del expediente digital, suscrita por el gerente del área y/o director David Enrique Acosta Zuluaga, la jefe del Departamento Contable Adriana Acosta Martínez y el promotor del proceso, para precisar que ella evidenciaba que la señora Acosta Martínez, quien firmó las certificaciones emitidas a favor del trabajador, no era una persona ajena a la empresa. Agregó que las constancias fueron emitidas en papelería de la sociedad, con información de domicilio y NIT de ella, por lo que tampoco podían ser desconocidas por la jueza de

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conocimiento, lo que permitía impartirles fuerza probatoria y confirmar el fallo de primer grado. De otra parte, puntualizó que conforme a lo dicho por el demandante, las declaraciones de William Castellanos Castiblanco y Laura Barrera Rodríguez informaron que las comisiones eran pagadas por la sociedad convocada a juicio, en un 50% mediante consignación efectuada a la cuenta de ahorros y el restante 50% era pagado en efectivo, por lo que, su dicho en nada contradecía la información incluida en las certificaciones emitidas por la contadora de la sociedad, al señalar el monto mensual pagado al ex trabajador. Por consiguiente, concluyó que no prosperaba el recurso de alzada impetrado por la persona jurídica demandada.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por Krumtap S. A. S., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La accionada pretende que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la decisión de primer grado y, en su lugar, la absuelva de todas las pretensiones o, en subsidio, modifique las condenas revocando las referentes al año 2017 y la indemnización moratoria.

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Radicación n.° 96431 Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que son replicados por el actor, los que serán resueltos en el orden propuesto.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la decisión por la vía directa, por la violación

medio, de los artículos 26, 60 y 145 del CPTSS, en concordancia con los artículos 164, 167, 173, 176 y 269 del CGP, lo que condujo a la violación directa de la ley, en la modalidad de infracción directa de los artículos 29 de la CP; 65, 127, 189, 249 y 306 del CST; 27 y 29 de la Ley 789 de 2002, 14 del Decreto 2351 de 1965, 1 de la Ley 797 de 2003, 18 y 23 de la Ley 100 de 1993. En la demostración del cargo señala que las pruebas en que se fundamentó el Tribunal para confirmar la decisión de primer grado no fueron solicitadas ni decretadas como tales, como se puede observar y concluir de un simple examen de la demanda inicial y de la audiencia respectiva. Al respecto, precisa que, en el acápite de pruebas solicitadas por la parte actora, se hace una relación de documentos sin mencionar las constancias expedidas por la contadora y que fueron la única fuente en que se apoyó el ad quem para impartir las condenas; constancias que obran a folios 56 a 60 del informativo y que por el simple hecho de estar anexas al expediente no cumplen con las exigencias del numeral 9 del artículo 25 de CPTSS.

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Radicación n.° 96431 Explica que el artículo 164 del CGP, respecto a la validez de las pruebas, puntualiza que éstas deben allegarse y decretarse en las oportunidades procesales, para que sean capaces «de crearle al sentenciador una convicción» para

tomar una decisión en el caso planteado, para cuya validez, el funcionario judicial debe observar incuestionables requerimientos señalados en la ley procesal y en la jurisprudencia, entre ellos, la contradicción, por lo que no puede ser valorada o apreciada si no se ha aportado con conocimiento de la contraparte, es decir, que al proceso no puede ingresar un elemento considerado prueba, si no ha sido solicitado y decretado. Expone que el colegiado estimó que las certificaciones no fueron desconocidas por la parte demandada; no obstante, si no fueron solicitadas ni decretadas como prueba, no tuvo la oportunidad para tacharlas o desconocerlas, porque para ello era necesario, «bien que se soliciten como prueba o que el juzgador los decrete como tal, eventos que no sucedieron en el sub lite». De ahí que, en los términos previstos por el artículo 29 de la Constitución Política se transgredió el debido proceso. Agrega que el juez tiene la obligación de analizar todas las pruebas allegadas en tiempo al plenario (art. 60 del CPTSS), lo que implica haberse solicitado, decretado y practicado en las etapas determinadas por el legislador para tal fin.

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Radicación n.° 96431 Concluye diciendo que, ante la violación de las normas procesales, no existe jurídicamente en el expediente prueba de que el actor devengara sumas diferentes de salarios y demás emolumentos, a las confesadas y demostradas por la empleadora.

VII. RÉPLICA El actor se opone a la prosperidad del cargo, para lo cual

explica que ni siquiera se adujo la modalidad en que supuestamente fueron vulneradas las normas sustanciales. Indica que, en todo caso, el convencimiento al que llegaron los juzgadores de instancia no solo emanó del haz probatorio sino también del ámbito de la autonomía con que contaban para valorar críticamente las pruebas arrimadas. Afirma que la censura no cumplió con las cargas que le impone el recurso de casación cuando se ataca el fallo por la violación directa de la ley, esto es, no demostró qué norma fue objeto de falta de aplicación y que generara una indebida aplicación de otra.

VIII. CONSIDERACIONES No le asiste razón a la oposición en su reparo en cuanto a que el cargo carece de modalidad, dado que la acusación se formula por la violación medio de las normas procesales, lo que condujo a la infracción directa de las disposiciones sustanciales allí enlistadas. Además, la censura con claridad señaló las preceptivas de orden sustancial que, como

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Radicación n.° 96431 consecuencia de la violación de las normas adjetivas, fueron dejadas de aplicar. El cuestionamiento jurídico fundamental de la empresa recurrente reprocha que el Tribunal soportó su decisión en las certificaciones de folios 56 a 60, pese a que no fueron solicitadas ni decretadas como pruebas por el fallador de primera instancia. En consecuencia, la Sala determinará si el juez de alzada infringió las disposiciones procesales que regulan la validez de la prueba, al tener en cuenta elementos que no

tenían tal carácter, por no haber sido solicitadas ni decretadas como tales. Para dar respuesta al cargo debe ponerse de presente que en el escrito de demanda el actor solicitó diversas pruebas, entre ellas, unas declaraciones extraprocesales, el certificado de existencia y representación legal de la sociedad demandada, los extractos de cuenta de ahorros, las comunicaciones emitidas por la referida empresa, el contrato de trabajo, algunos desprendibles de nómina, la liquidación de prestaciones, un comprobante de egresos, la solicitud y autorización de vacaciones, el reporte información exógena DIAN y unos testimonios (pág. 8 a 10 del PDF contentivo de la primera instancia). De forma anexa al escrito inaugural allegó las documentales enunciadas y las certificaciones laborales expedidas por Luz Adriana Acosta Martínez en su calidad de contadora de la empresa demandada (pág. 57 a 61 del PDF de primera instancia).

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Radicación n.° 96431 En la audiencia obligatoria de que trata el artículo 77 del CPTSS, llevada a cabo el 27 de octubre de 2021, el juez de conocimiento decretó como pruebas: «a favor del demandante se tendrán como pruebas las documentales aportadas con la demanda y los testimonios de Edwin Hernán Rodríguez, William Jhair Castellanos Castiblanco y Laura Yanira Barrera Rodríguez», sin que la hoy recurrente hubiera manifestado inconformidad alguna en la diligencia, por haberse decretado como pruebas los documentos anexados al escrito inicial, entre ellos, las referidas constancias. En concordancia con lo anterior, se tiene que, si bien

las certificaciones referidas no se enlistaron dentro de las pruebas solicitadas por la parte actora, lo cierto es que fueron aportadas con el escrito inicial, debido a lo cual la jueza de primera instancia las decretó, al indicar que se tendrían como tales las allegadas con la demanda inaugural. De ahí que, las aludidas constancias fueron aportadas con el escrito inicial y decretadas en calidad de elementos probatorios por la autoridad judicial competente; por ende, tienen la condición de pruebas del proceso. Ahora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 60 del CPTSS, los jueces al proferir la decisión deben analizar solo aquellas que fueron regular y oportunamente allegadas al proceso, esto es, las presentadas: i) con la demanda inicial o su contestación; ii) con la reforma a la demanda o su contestación, o; iii) en el transcurso del trámite judicial, cuando no se tengan en su poder, antes de la decisión que

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Radicación n.° 96431 ponga fin a la instancia, siempre que hubieran sido solicitadas y decretadas como prueba por el juez de conocimiento (CSJ SL170-2021). Por el contrario, esta Sala ha censurado que se aprecien pruebas que no fueron aportadas oportunamente o que no hubiesen sido decretadas como tal en alguna de las etapas previstas legalmente, en tanto ello implica la violación del debido proceso. En efecto, en decisión CSJ SL, 30 mar. 2006, rad. 26336, reiterada en CSJ SL13682-2016, se explicó: Lo dicho significa, que no es viable la apreciación de una prueba

inoportunamente allegada y menos que no hubiese sido decretada como tal en alguna de las etapas procesales prescritas para esos específicos fines, puesto que permitirlo, sería ir en contra del mandato de la mencionada norma constitucional que señala como <nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso>. Sobre la temática cuestionada, esta corporación se ha pronunciado, entre otras, en las sentencias CSJ SL90632014, CSJ SL5882-2016, CSJ SL2833-2017, CSJ SL20222020. En la última se precisó: Sobre la aducción y aportación de pruebas, esta Sala en la sentencia CSJ SL13682-2016, en la que se reiteró la CSJ SL, 30 mar. 2006, rad. 26.336 […] Cabe recordar, que de conformidad con el art. 60 del CPT y SS, «El Juez, al proferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas en tiempo». De ahí, que como lo prevé la citada normativa, allegar a tiempo las probanzas, implica que las partes las aporten dentro de las oportunidades legales o etapas procesales correspondientes, esto es, con la demanda inicial, su

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Radicación n.° 96431 respuesta, la reforma a la demanda y su contestación, o en el transcurso del proceso cuando no se tengan en su poder, antes de que se profiera la decisión que ponga fin a la instancia, siempre y cuando hubieran sido solicitadas como prueba y decretadas como tal. Por consiguiente, los documentos que no son incorporados debidamente resultan inoponibles, no siendo

viable que de manera desprevenida los litigantes aporten cualquier prueba en estas condiciones, para que se les imparta valor probatorio y se tengan en cuenta en la decisión de fondo. Sobre este puntual tema de aportación de pruebas en tiempo y en legal forma, en sentencia de la CSJ, SL 30 mar. 2006, rad. 26.336, que fue reiterada en decisiones SL 12 nov. de igual año, rad. 34267, y SL5620-2016, 27 abr. 2016, rad. 46209, se dijo: Los jueces están obligados a proferir su decisión apoyados únicamente en las pruebas que regular y oportunamente se han allegado al proceso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, y a su vez para que una prueba pueda ser apreciada deberá <solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello> conforme lo enseña el artículo 183 ibídem. Lo anterior guarda armonía con lo dispuesto en el artículo 60 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social que reza: <El Juez, al proferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas en tiempo>. Así las cosas, importa destacar que una prueba es inexistente o más bien inoponible en la medida que no sea debidamente incorporada al proceso, esto es, de manera regular y en tiempo, dado que no basta con que una de las partes en forma desprevenida o extemporánea la hubiera allegado y que como consecuencia de ello obre en el expediente, para que el juzgador pueda válidamente considerarla e impartirle valor probatorio al

momento de proferir la decisión de fondo, pues en estos casos se requiere del pronunciamiento previo del juez de conocimiento en relación a su aportación, a efecto de cumplir con los citados principios y por ende con el debido proceso al tenor del artículo 29 de la Carta Mayor. Lo dicho significa, que no es viable la apreciación de una prueba inoportunamente allegada y menos que no hubiese sido decretada como tal en alguna de las etapas procesales prescritas para esos específicos fines, puesto que permitirlo, sería ir en contra del mandato de la mencionada norma constitucional que señala como <nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso>”. (la Sala subraya)

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Radicación n.° 96431 Con fundamento en lo anterior, el fallador de segundo grado, al darle valor probatorio a las constancias referidas, no vulneró los artículos 29 Superior ni el 60 del CPTSS que consagran el debido proceso y la obligación del juez de analizar todas las pruebas allegadas en tiempo para proferir su decisión, respectivamente, así como tampoco el 164 del CGP, antes 174 del CPC, según el cual «Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso», y menos el artículo 173 del CGP, según el cual, «para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señaladas […]», pues, como se dijo, los elementos que valoró el Tribunal fueron aportados oportunamente por la parte actora y decretados

como pruebas del proceso por el juez competente. De esa manera, también se cumplió el debido proceso de la accionada, pues, al haber sido decretadas en calidad de pruebas, esta tuvo la posibilidad de tacharlas, desconocerlas o controvertirlas, aunque prefirió guardar silencio. Finalmente, se aprecia que la recurrente en el recurso de apelación no controvirtió la validez de esos elementos de juicio, haciéndolo de forma novedosa en el trámite de la casación. Así las cosas, el cargo no prospera.

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IX. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia de la violación indirecta de la ley, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 127, 189, 249, 306 y 65 del CST; 27 y 29 de la Ley 789 de 2002, 14 del Decreto 2351 de 1965, 4 de la Ley 797 de 2003, 18 y 23 de la Ley 100 de 1993.

Asegura que el Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho: 1.Dar por demostrado sin estarlo que el demandante devengaba “las comisiones eran pagadas por la convocada a juicio, en un 50% mediante consignación efectuada a la cuenta de ahorros y el restante 50% era pagado en efectivo. 2.Dar por demostrado sin estarlo que la demandada dejó de tener como factores salariales comisiones, más bono no prestacional mensual de $3.500.000 y rodamiento mensual de $380.000. 3.Dar por probado sin estarlo que el demandante demostró la cuantificación mensual de lo pagado por la demandada por

concepto de comisiones, bono no prestacional y rodamiento. 4.Dar por demostrado sin estarlo que el salario devengado por el año 2017, fue el mismo que encontró probado para los años 2018, 2019 y 2020. 5.No dar por demostrado estándolo que el empleador le tuvo en cuenta al demandante los salarios promedios devengados para el pago de cesantías, intereses