CSJ - SL1997-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL1997-2023 Radicación n.° 93670 Acta 029 Bogotá, D. C., quince (15) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por CARLOS HERNANDO GALVIS PARRA, contra la sentencia proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el 20 de enero de 2021, en el proceso que instauró contra EFRAÍN PARRA GÓMEZ.

I. ANTECEDENTES Carlos Hernando Galvis Parra llamó a juicio a Efraín Parra Gómez, con el fin de que se declarara la existencia del contrato de trabajo verbal a su servicio entre el 5 de febrero de 2007 al 18 de junio de 2015 y que este finalizó de forma unilateral y sin justa causa por parte del demandado, para lo cual pretende el reconocimiento de salarios «de enero al 5

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Radicación n.° 93670 de junio de 2015, cesantías y sus intereses, vacaciones, horas extras diurnas, nocturnas», recargos, auxilio de transporte, dotación, prima de servicios, aportes a seguridad social integral, la indemnización moratoria, por despido injustificado, así como por no consignación de cesantías, la indexación y lo ultra y extra petita. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que se vinculó con el accionado mediante contrato verbal a término indefinido desde el 5 de febrero de 2007 al 18 de julio de 2015; que se encontraba bajo la subordinación del

demandando y recibía un pago mensual en efectivo por un salario mínimo en retribución de sus servicios. Informó que sus funciones eran las del recaudo de dinero por seguro preexequial; que cumplía horario de 8 am a 12 m y de 2 a 6 pm de lunes a viernes, así como el sábado de 8 am a 12 m en la carrera 6 número 5-88 del Espinal, Tolima; que en los eventos que las personas no realizaban el pago oportuno, le correspondía cobrar en la zona rural y urbana dichos rubros y que el vínculo finalizó de manera intempestiva cuando su empleador le dijo que «no había más trabajo, informándole que tenía la oficina allí por estar pendiente de su señora madre y que iba a poner a su hermana María De Los Ángeles Parra Gómez a que trasladara los afiliados y la clientela a la carrera 6 No 6-88». Aunado a ello, contó que el demandado le solicitó instruir a María de los Ángeles Parra Gómez en el manejo del negocio y que, dada la falta de liquidación de sus servicios,

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Radicación n.° 93670 aquel le indicó que «mientras conseguía el dinero para su liquidación siguiera cobrando los seguros por fuera de la oficia por un 10% del total que cobrara»; que pasado un año y medio sin recibir lo que le corresponde, «el demandado le ha indicado que no le cobre más». Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, no aceptó los hechos invocados,

comoquiera que luego del fallecimiento del señor Santos Parra Rivera — su padre —, continuó con la administración de la funeraria San Pedro, Isabel Gómez de Parra — su madre —, «reconocida como cónyuge sobreviviente hasta cuando ocurrió su fallecimiento el 18 de Junio (sic) de 2.015», constituyéndose el patrimonio familiar que su progenitor fundó y consolidó junto a la última, del cual se le reconoció como heredero el 27 de noviembre de 2014, mientras que a su sobrino, ahora demandante y por el deceso de Ana Cecilia Parra Gómez progenitora de este, también se le incluyó en dicha sucesión como nieto, según providencias del 16 de enero de 2014 y 24 de febrero de 2015 en la causa invocada ante el Juzgado de familia del municipio. Expresó que en vida la señora Isabel Gómez de Parra luego del fallecimiento de su hija, se hizo cargo de sus nietos, entre ellos el aquí demandante, por lo que al haberse estructurado «una empresa familiar-comunitaria donde posiblemente los hermanos GALVIS-PARRA le (sic) colaborarían eventualmente a sus abuelos PARRA-GOMEZ (sic)», pero que, «Nunca jamás don EFRAIN PARRA GOMEZ impartió ordenes ni verbales ni por escrito a su sobrino

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Radicación n.° 93670 CARLOS HERNANDO, ni mucho menos (sic) haber percibido asignación salarial alguna», siendo el conflicto en realidad una contienda intrafamiliar entre los sobrinos y el tío, ante la serie de denuncias interpartes que surgieron una vez

feneció aquella. Sostuvo que luego de dicho deceso, hicieron sendos cambios y reestructuraciones en los servicios exequiales de la funeraria, «sin que formalizara ningún tipo de relación laboral ni antes ni después entre el demandante Carlos Hernando Galvis Parra y don Efraín Parra», por lo que no le adeuda nada a su familiar, máxime cuando este «participa como interesado causahabiente de los bienes dejados por sus abuelo (SIC) PARRA-GOMEZ, en representación de su señora madre Ana Cecilia Parra Gómez, con se indicó desde un comienzo». En su defensa propuso las excepciones que denominó, cobro indebido ante la inexistencia del contrato laboral al igual que las demás obligaciones y acreencias laborales demandadas, prescripción y, […] vulneración manifiesta del debido proceso por defecto orgánico con base en los Art (s).: 29 y 228 de la C.N. (sic) por:

A. Ausencia de legitimación en la causa falta de capacidad procesal para ser parte en la pasiva e indebida representación judicial de la parte activa, además de la ausencia e inexistencia de la parte pasiva, invocando como causal la reglada por el artículo 133 en su numeral 4o en concordancia con el artículo 53 del C.G.P., con base a las Actas (sic) civiles de defunción de los causantes SANTOS PARRA RIVERA y de la señora ISABEL GOMEZ (SIC) DE RIVERA, además del memorial-poder del demandante, anexo.

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B. Ausencia del Litis consorcio necesario e integración del

contradictorio, quedando por vincular a la señora ISABEL GOMEZ (SIC) DE PARRA, administradora de la Funeraria San Pedro, respecto a la relación procesal por parte del extremo pasivo, como quedó señalado al contestarse los hechos y declaraciones de la demanda. (Art.: 611 C.G.P.)

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Laboral del Circuito del Espinal, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 7 de junio de 2017, negó las pretensiones de la demanda.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, mediante fallo del 20 de enero de 2021, al resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante, confirmó la decisión de primer grado.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como problema jurídico, determinar si el contrato de trabajo que alega el recurrente se dio con el señor Efraín Parra Gómez y en caso afirmativo, si proceden los demás pedimentos de la reclamación. Fundamento su decisión, en que al mantenerse la carga de la prueba de los extremos temporales de la relación y la prestación personal del servicio en cabeza del trabajador, como quiera que en ningún momento se admitió la fecha de ingreso y retiro en que se alude los prestó; del examen de las

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Radicación n.° 93670 declaraciones y documentales no se concluía la evocada ejecución de labores a favor de Efraín Parra Gómez sino de la señora Isabel Gómez de Parra, quien explotó el

establecimiento de comercio denominado Funeraria San Pedro, desde el fallecimiento de su esposo. Lo anterior en el entendido de que, de los testimonios rendidos por José Horacio Hernández y los señores Jesús Ernesto y José Ángel Céspedes se corroboró el dicho de Arnulfo Gómez, Héctor Urueña, Yasmín Rodríguez y Angélica María Ospino Rubio, de donde infirió que «el demandante realizaba algunas labores correspondientes a la funeraria, pero no bajo la subordinación del señor EFRAIN PARRA GÓMEZ, sino para la señora ISABEL GÓMEZ DE PARRA, quien después de fallecer su cónyuge SANTOS PARRA RIVERA, continuó como administradora del establecimiento de comercio “Funeraria San Pedro”». Lo anterior luego de recapitular lo expuesto en cada una de las evocadas declaraciones. Agregó que de las mismas extraía que el demandante fue criado por su abuela, la señora Isabel Gómez de Parra; que era ella quien manejaba el «dinero producto del servicio exequial que se prestaba y que se reitera, la toma de decisiones estaba en cabeza de la mencionada señora, no del aquí demandado»; que no existe prueba en la que se pudiera soportar la presunción contenida en el artículo 24 CST, habida cuenta de que, aunque Angélica María Ospina Rubio y Yasmín Rodríguez Ortegón, aseguraron que el actor trabajó para Efraín Parra, «realizando cobros y actividades propias de la funeraria, no tuvieron conocimiento como (SIC) fue

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Radicación n.° 93670 contratado, cuanto le pagaban por dicha labor y tampoco saben quién era el propietario de la funeraria,[…]». Aunado a ello, entendió que el negocio de las funerarias era una empresa familiar que generaba un sentido de pertenencia con propósitos comunes en torno a la fuerza laboral pues, en el caso particular se refleja la importancia que poseen los hijos, que van adquiriendo los conocimientos especiales que tiene el fundador, como ocurrió con el señor Efraín Parra que algunos de los testigos narraron que prestaba servicios exequiales y era la persona que le ayudaba a su señora madre como dueña de la Funeraria, que el actor como miembro de la familia colaboraba, que percibía cierto valor para cubrir sus necesidades y aquí la estructura organizativa estaba en cabeza de la señora ISABEL GÓMEZ DE PARRA, ya que una vez falleció su esposo, cambió de liderazgo ante el traspaso del poder de decisión de la dirección y de la propiedad de la mencionada funeraria, al punto que era ella quien manejaba el dinero producto del servicio exequial que se prestaba y que se reitera, la toma de decisiones estaba en cabeza de la mencionada señora, no del aquí demandado. En cuanto a los demás medios precisó que, al ser atacadas unas pruebas documentales allegadas de forma extemporánea, las mismas no se tendrían en cuenta, resaltando lo expuesto en las declaraciones y la conclusión a la que arribó de las mismas. Al punto, expresó: En lo que interesa al presente proceso, de la prueba documental

que refiere en su recurso el apoderado del demandante no debe tenerse en cuenta por haberse presentado en forma extemporánea, ella corresponde a la demanda de sucesión intestada de SANTOS PARRA RIVERA “Trabajo de partición” (fls. 88 a 134) y a la providencia del 8 de noviembre de 2016 proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de El Espinal Tolima, sobre el trabajo de partición y adjudicación de bienes en la sucesión del Causante SANTOS PARRA RIVERA, así como el

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Radicación n.° 93670 certificado de matrícula del establecimiento de comercio “Funeraria San Pedro”, cuyo propietario era el señor “PARRA RIVERA SANTOS – SUCESIÓN” (fl. 138), por tanto, los hechos narrados por el demandante no se ajustan a la presunción contenida en el Art. 24 del C.S.T.S., pues no existe prueba que haya sido contratado por el señor EFRAIN PARRA GÓMEZ y si bien prestó el servicio como cobrador y realizando labores propias de la Funeraria San Pedro, la persona responsable de ese establecimiento de comercio era la señora ISABEL GÓMEZ DE PARRA como cónyuge sobreviviente del señor SANTOS PARRA y que conforme a la mayoría de la prueba testimonial recepcionada, era ella quien recibía los dineros que ingresaban por los servicios que se prestaban en dicho establecimiento

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Carlos Hernando Galvis Parra, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede

a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado y acceda a las pretensiones del libelo genitor.

Con tal propósito formula único cargo, por la causal primera de casación, el cual se encuentra exento de réplica.

VI. CARGO ÚNICO Denuncia la violación de la ley sustancial por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo.

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Radicación n.° 93670 Advierte que se valoraron de forma parcializada y equivocada las declaraciones de Arnulfo Gómez Barreto, Héctor Armando Urueña Cuervo, José Horacio Hernández, Angélica María Ospina Rubio, José Ángel y Jesús Ernesto Céspedes Gómez, así como de Yasmín Rodríguez Ortegón, comoquiera que de haberlo hecho de forma integral y en conjunto con los demás medios, se podía establecer la prestación realizada personalmente en favor de Efraín Parra Gómez sin intervención de la señora Isabel Gómez de Parra. Expresa que, se dejaron de apreciar las documentales allegadas a folios 4 a 60 del cuaderno de la primera instancia, con los que acredita «las herramientas de trabajo suministradas por el demandado, la subordinación ejercida por el demandado hacia el demándate (sic) y el manejo de tres establecimientos de comercio en beneficio del propio demandado, funcionando con la misma infraestructura», los

testimonios ya mencionados y el contenido del interrogatorio de parte su contraparte en el que dice, se destaca idéntica información. Como errores de hecho enlista los siguientes:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la prestación personal del servicio realizada por el demandante era dirigida y controlada por la señora Isabel Gómez de Parra.

2. No dar demostrado, estándolo evidentemente, que la señora Isabel Gómez de Parra no tenía ninguna inherencia en la prestación personal del servicio del demandante.

3. Dar por demostrado sin estarlo, que el demandado no dirigía las distintas actividades del servicio funerario en beneficio propio.

4. No dar por demostrado, estándolo evidentemente, que el demandado explotaba como persona natural tres establecimientos de comercio en beneficio propio.

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5. Dar por demostrado, sin estarlo, que la prestación personal del servicio realizada por el demandante, no era en favor el demandado.

6. No dar por demostrado, estándolo evidentemente, que la prestación personal del servicio realizado por el demandante, era en beneficio exclusivo del demandado.

7. Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante no ejercía subordinación hacia el demandante.

8. No Dar por demostrado, estándolo evidentemente, que el demandado ejercía subordinación hacia el demandante En sustento de lo expuesto, expresa que el colegiado al dejar de analizar en conjunto los medios aquí mencionados no percibió la duda razonable que de ellos emana, «pues dentro de las consideraciones el fallo de segunda instancias

(sic), solo se motivó la sentencia por apartes de los

testimonios», cuando de la confesión y las documentales «nos llevan a la certeza, de que el demandante y demandado existió una verdadera relación de trabajo», lo que en su dicho configura la transgresión de los artículos 23 y 24 del CST. Afirma que el tribunal debía partir de lo confesado por Efraín Parra Gómez en su intervención para adoptar su decisión, como lo fue:

1. Que el demandado posee las llaves de acceso a la oficina donde prestaba el servicio personal el demandante.

2. Que el demandado estaba en posesión de la oficina donde prestaba el servicio personal el demandante.

3. Que el número telefónico 3103296224 es de propiedad del demandado.

4. Que en el momento no tenía ninguna persona en la oficina donde presto (sic) el servicio el demandante.

5. Que los servicios funerarios generados por el recaudo de los dineros que realizaba el demandante, eran coordinados y asumidos por el demandante.

6. Que las recibieras (SIC) utilizadas para el recaudo de los dineros que realizaba el demandante provenían de la casa del demandado.

7. Que posteriormente a la terminación de la prestación del servicio del demandante, los dineros producto de los

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Radicación n.° 93670 preexequiales, le eran entregados al demandado.

8. Que a los afiliados se les dio continuidad con el establecimiento de comercio denominado LA ORACIÒN (SIC).

9. Que el establecimiento de comercio denominado LA ORACIÓN, es de propiedad de la esposa del demandado.

10. Que el vehículo de placas RBW 59A donde realizaba cobros

el demandante era de propiedad del demandado.

11. Que después de fallecida la señora ISABEL GÒMEZ (SIC) DE PARRA el continuó con el negocio de los preexequiales.

12. Que sino prestaba el servicio tendría demandas.

13. Que tiene convenios con otras funerarias con el establecimiento de comercio SALAS DE VALACIÒN (sic) SAN

PEDRO. Aunado a que, de las documentales sin tacha, se desprendía el uso de una misma línea telefónica para los tres establecimientos de comercio; que aquellos funcionan en la misma infraestructura física «pues la vista a folio 55 tiene una dirección física que abarca la carrera 6 de la 5-66 a la 5-90, rango que encierra las direcciones […] FUNERARIA SAN PEDRO Y LA ORACION»; que «se facturaban cofres fúnebres teniendo como cliente el número de cedula del demandado […], relacionado con la FUNERARIA SAN PEDRO y la dirección de la oficina donde prestaba el servicio el demandante, quien a su vez recibió por parte de COFFINS S.A.S las compras realizadas por el demandado»; y conforme a ello, no se aplicó la técnica del haz de indicios para apreciar los rasgos comunes del vínculo laboral dependiente. Asimismo, aseguró que de los apartes no valorados de las declaraciones, opera la presunción del artículo 24 CST habida cuenta de que de su contenido integral era clara la prestación del servicio a favor de Efraín Parra Gómez, para lo cual puntualiza que:

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1. ARNULFO GÒMEZ BARRERO se tiene que trabajo antes del extremo inicial que se reclama en la demanda, y causa sospecha cuando afirma frecuentar la Funeraria sin ver al demandante, cuando el demando (SIC) indico que estaba en el escritorio, se desechó por parte del Tribunal que dicho testigo indico que al demandado le dieron LAS SALAS DE VELACIÒN sitio indispensable para explotar la actividad funeraria e indico que en la casa de los esposos EFRAÌN Y FIDELA se realizan afiliaciones.

2. HECTOR (SIC) ARMANDO URUEÑA CUERVO fue claro en indicar que el demandante laboraba en la oficina de los preexequiales, indicando el extremo inicial de la relación laboral, así como también que la hija del demandado tiene una oficina de la

misma actividad por la carrera sexta, en la casa del demandado.

3. JOSÉ HORACIO HERNANDEZ (SIC), fue apreciado este testimonio erróneamente, pues se pudo percibir que el testigo estaba parcializado, con sentimientos de rabia hacia la parte demandante, dejando de apreciar el Tribunal que todo lo manifestado queda sin piso jurídico, pues al final del testimonio indico que la señora ISABEL GÓMEZ DE PARRA dependía económicamente del demandado.

4. ANGELICA MARIA (SIC) OSPINA RUBIO Y YAZMIN (SIC) RODRIGUEZ (SIC) ORTEGON, de manera concreta manifestaron los extremos de la relación laboral indicados en la demanda, señalando al señor EFRAÍN PARRA GÓMEZ como empleador y

persona que suministraba las herramientas de trabajo, al igual de los establecimientos de comercio que este utilizaba en beneficio propio, presumiéndose la relación laboral con el demandado por estar probada la prestación del servicio que de manera personal realizo el demandante para el demandado.

5. JÓSE ANGEL (SIC) CESPEDES (SIC) GÓMEZ, indico trabajar para la Sucesión de Santos Parra Rivera y/o Funeraria San Pedro cuando estas, no son personas jurídicas, indicando la dirección y manejo que tenía el demandado en estas actividades, infiriéndose que el verdadero empleador era el demandado. […] 6.JESÚS ERNESTO CESPEDES GOMEZ, igualmente indico trabajar para la Sucesión de Santos Parra Rivera y/o Funeraria San Pedro cuando estas, no son personas jurídicas, indicando la dirección y manejo que tenía el demandado en estas actividades, infiriéndose que el verdadero empleador era el demandado, siendo concreto en quien le imparte las ordenes era el demandado, dando el extremo final de la relación laboral que se reclama en la demanda, explicando que en una misma infraestructura funciona el establecimiento de comercio SALAS

DE VALACIÓN (sic) SAN PEDRO y LA FUNERARIA SAN PEDRO,

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Radicación n.° 93670 manifestando que quien responde por los servicios preexequiales es el demandado, ilustrando las herramientas de trabajo suministradas por el demandado. Finalmente arguye que utilizando la «sana crítica» se hubiera entendido la inexistencia de una persona jurídica alrededor de las actividades ejecutadas, siendo beneficiario de ellas una persona natural, que para el caso «por muchos

indicios y pruebas calificadas que (sic) es el señor EFRAÍN

PARRA GÓMEZ».

VII. CONSIDERACIONES El Tribunal en lo que interesa al recurso, fundamenta su decisión en que, de las pruebas allegadas al proceso, en particular de las declaraciones rendidas, se desprende que el casacionista prestó servicios a favor de la señora Isabel Gómez de Parra y no de Efraín Parra Gómez como se reclama, dado que aquella fue quien luego del fallecimiento de su cónyuge, continuó como administradora del establecimiento de comercio Funeraria San Pedro, en donde se alude el actor ejecutó cobros preexequiales, cuando la última de otro lado le suministraba la manutención, estudio y demás que requería para su subsistencia, por cuanto al morir la madre del recurrente, ella asumió como abuela la carga que le competía frente a este, siendo la intervención del señor Efraín y los demás naturales, la desarrollada en común, procurando mantener el negocio familiar.

Lo anterior teniendo en cuenta inclusive que no se cumplió con la carga mínima necesaria para dar como

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Radicación n.° 93670 probada la presunción legal de que trata el artículo 24 del CST., con relación a la subordinación que presuntamente tenía de Efraín Gómez Parra. Por su parte, la inconformidad del recurrente radica en que «El Tribunal omitió la valoración primaria de las PRUEBAS CALIFICADAS con el agravante de valorar los testigos de manera parcial, DEJANDO DE APRECIAR partes de los dichos de los testigos importantes para que opere la PRESUNCIÒN de

que trata el artículo 24 del código sustantivo del trabajo», dado que a su criterio, el análisis de aquellas debía partir de las confesiones obtenidas en el interrogatorio de parte del accionado y de las documentales vistas a folios 4 a 60 del cuaderno de la primera instancia, en las que se acreditaba que la línea telefónica de este aparece registrada como número de contacto para los 3 establecimientos de comercio; que de los comprobantes de ingreso para el recaudo de dinero se prueba la dirección del puesto de trabajo, el vínculo con la evocada línea y que, en dos de dichos recibos al imponer su firma el señor Efraín, se demuestra que este era quien realizaba control de los ingresos que se cobraban, discutiendo de paso el entendimiento del sentenciador frente a cada una de las declaraciones en que soportó su decisión. Así las cosas, es del caso precisar que la sentencia impugnada viene precedida de la doble presunción de acierto y legalidad, propia de este tipo de providencias. Esta se basa en la necesidad social de que, imperen los principios de certeza y confianza legítima, que, generan las decisiones tomadas por un funcionario público investido de jurisdicción

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Radicación n.° 93670 y competencia, en ejercicio de las facultades y deberes de orden legal y constitucional. Sin embargo, dicha presunción puede ser derruida por la parte que esté asistida del interés jurídico económico para que se le conceda el recurso, siempre que acierte en el planteamiento y en la demostración de sus inconformidades.

A tal efecto, su tarea parte de la identificación de los pilares sobre los que está construido el pronunciamiento que se propone combatir, de lo cual dependerán la vía y la modalidad de ataque que deba seleccionar, dada la exigencia del numeral 5 del artículo 90 del CPTSS. Es necesario recordar que en el recurso extraordinario de casación se enjuicia la sentencia gravada para establecer si, al dictarla, el Tribunal observó los preceptos propios del sistema normativo que estaba obligado a aplicar para solucionar rectamente el conflicto, mantener el imperio e integridad del ordenamiento jurídico y proteger los derechos de las partes. Por ello, en esta sede se confrontan, directa o indirectamente, las normas pertinentes al caso y la sentencia emitida por el juez colegiado y, excepcionalmente, la del juez unipersonal. Por el contrario, no se ventila el litigio entre quienes actúan como partes opuestas en las instancias. En efecto, memórese que en sentencia CSJ SL43152019 reiterada en la CSJ SL273-2023, se precisó: […] en casación se ha venido aceptando su existencia como géneros de violación, donde el primero de ellos, el directo, comprende los tres conceptos o sub motivos de trasgresión de la

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Ley sustantiva denominados: infracción directa, aplicación indebida e interpretación errónea; mientras que el indirecto en el cual no tiene cabida la interpretación equivocada de la Ley, se orienta a la cuestión meramente probatoria, que encierra lo relativo a la segunda parte de la causal primera, esto es, la

violación de la Ley proveniente de la apreciación errónea o de la inestimación de determinada prueba, donde ha de demostrarse que se incurrió en un error de hecho o uno de derecho (sentencia CSJ SL, del 25 de may. 2004, rad. 22.543). […] 2.2 Vía indirecta A su turno, se violará la ley sustancial de alcance nacional por la vía indirecta, cuando el sentenciador estime erróneamente, o deje de contemplar algún medio de prueba. Tal proceder lo conducirá a incurrir en errores de hecho o de derecho, consistentes ambos, en tener por probado dentro del proceso algo que realmente no lo está, o, en no tener por acreditado lo que realmente sí lo está; los primeros, (conocidos como «de hecho»), se cometen –en la casación del trabajosólo respecto de las pruebas calificadas, estas son, la confesión judicial, la inspección judicial o el documento auténtico y, los segundos (llamados «de derecho»), sobre las pruebas solemnes. Ha dicho la Corte que cuando la acusación se enderece formalmente por la vía indirecta, le corresponde al censor cumplir los siguientes requisitos elementales: precisar los errores fácticos, que deben ser evidentes; mencionar cuáles elementos de convicción no fueron apreciados por el juzgador y en cuáles cometió errónea estimación, demostrando en qué consistió ésta última; explicar cómo la falta o la defectuosa valoración probatoria, lo condujo a los desatinos que tienen esa calidad y determinar en forma clara lo que la prueba en verdad acredita. Dicho en otras palabras, cuando de error de hecho se trata, es

deber del impugnante en primer lugar precisar o determinar los errores y posteriormente demostrar la ostensible contradicción entre el defecto valorativo de la prueba y la realidad procesal, sirviéndose para ello de las pruebas que considere dejadas de valorar o erróneamente apreciadas (sentencia CSJ SL, del 23 de mar. 2001, rad. 15.148). Es decir, en los cargos ha debido quedar claro qué es lo que la prueba, hábil en casación, acredita, cuál es el mérito que le reconoce la ley, y cuál hubiese sido la decisión del juzgador si la hubiera apreciado, aspectos que no tuvo en cuenta el recurrente y que como ya se dijo, comprometen el éxito de la censura. En tal contexto, aunque reprocha el casacionista la aplicación indebida de los artículos 23 y 24 del Código

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Radicación n.° 93670 Sustantivo del Trabajo, lo cierto es que la discusión gravita en quien fue el empleador y a quien se demandó, pues la prestación del servicio no se desconoció por el colegiado respecto del actor en favor de la empresa familiar, sino que allí se determinó fue que la subordinación no se dio con relación al señor Efraín Parra, único demandado en el asunto sino de Isabel Gómez de Parra como representante de la respectiva funeraria, por lo que le atañe a la corte conforme a lo expuesto en el recurso, determinar entonces si erró el Tribunal al determinar que no se dio la prestación del servicio y dependencia necesaria, con relación a la persona natural.

Así las cosas, nótese que ataca para soportar su dicho sendos medios probatorios, no obstante se tiene que la decisión no solo se soportó en los apartes de las declaraciones que se aluden sino en su integridad y también de lo dicho en la contestación de la demanda, por tanto, ante los distintos medios de los que se valió el Tribunal para llegar a su decisión, sin ser objeto de denuncia en el cargo elevado por la vía indirecta lo invocado en dicha contestación y de forma parcial dichas declaraciones, debe recordarse que la corporación en proveído CSJ SL3471-2022, precisó: Como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Sala, si el recurrente no denuncia la totalidad de las pruebas en que se apoyó la segunda instancia, los asertos que el fallador de segundo grado infirió del medio de convicción no atacado, valga decir, los testimonios, que son soporte principal de la decisión, tienen la virtualidad de mantener inalterable la decisión recurrida. Al respecto es pertinente traer a colación lo puntualizado sobre el tema por la Corte en la CSJ SL, 3 ag. 2010, rad. 37640: A lo expresado se agrega, que el recurrente no denunció la prueba testimonial, a pesar de ser el soporte esencial del fallo acusado, en cuanto de allí dedujo la subordinación del demandante en la

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Radicación n.° 93670 prestación de sus servicios, omisión que conlleva que la sentencia quede inalterable, con fundamento en esa probanza inobjetada, pues si bien ella no es calificada en casación y, además, su revisión solo es posible cuando se demuestra el yerro

con un medio idóneo para el efecto (documento auténtico, confesión judicial o inspección judicial), su ataque es necesario ante la obligación que le asiste al impugnante de destruir todos y cada uno de los sust