CSJ - SL1998-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL1998-2023 Radicación n.° 94570 Acta 029 Bogotá, D. C., quince (15) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala los recursos de casación interpuestos por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR SA y la llamada cómo litis consorcio necesario por pasiva, la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, contra la sentencia proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 30 de septiembre de 2021, en el proceso que instauró MANUEL

ANTONIO RANGEL VILLABONA contra la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

(COLPENSIONES).

I. ANTECEDENTES

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Radicación n.° 94570 Manuel Antonio Rangel Villabona llamó a juicio a las accionadas con el fin de que se declarase la nulidad del acto de afiliación al fondo de pensiones privado, con el correspondiente traslado de aportes con destino a la administradora de pensiones del régimen de prima media con prestación definida, quien además debía aceptarlo como afiliado. Así mismo, que se declarase que era beneficiario del régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y se le reconociera la pensión de vejez a partir del 23 de junio de 2013. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que cotizó al extinto Instituto de Seguros Sociales un total de 749

semanas, para posteriormente darse su traslado a Porvenir SA, desde el 21 de octubre de 1995, inducido por asesores de esta entidad, quienes acudieron a su sitio de trabajo. Precisó que tiene derecho a que se le aplique el régimen de transición, por contar con más de 40 años de edad al 1° de abril de 1994 y reunir más de 750 semanas cotizadas al sistema para el instante en que entró a regir el Acto Legislativo 01 de 2005. Destacó igualmente, que la prestación que le correspondería dentro del RAIS sería inferior a la que tendría derecho en Colpensiones, sin que para el momento en que se vinculó, se le hubiere informado acerca de las consecuencias

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Radicación n.° 94570 reales de trasladarse, a lo que se suma su falta de conocimiento del sistema pensional. Al dar respuesta a la demanda, Porvenir SA se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, indicó que efectivamente se dio el traslado del actor a ese fondo, previa realización de una asesoría, sin que se hubieren presentado presiones. En torno a los demás supuestos, dijo que no le constaban o no eran ciertos. En su defensa propuso las excepciones que tituló: prescripción, inexistencia de la obligación, validez del traslado del actor, ratificación de afiliación, inviabilidad de traslado de régimen, pago, situación pensional consolidada, compensación, buena fe suya y mala fe del demandante. A su vez, Colpensiones presentó oposición a lo peticionado e indicó frente a los hechos, que el demandante

estuvo afiliado al extinto ISS, sin que los demás supuestos le constaren o fueren ciertos. Procedió luego a proponer como excepciones: inexistencia de la obligación, buena fe de la entidad demandada, prescripción y legalidad de los actos administrativos emitidos por la entidad. En vista de que el juzgado sustanciado dispuso su vinculación al proceso, como litis consorcio necesario, intervino la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien además de oponerse a lo pretendido,

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Radicación n.° 94570 puntualizó que verdaderamente el 21 de octubre de 1995 se hizo efectiva la vinculación del suplicante a Porvenir SA, para más adelante sostener, que los demás hechos no son ciertos o no le constaban. De igual manera, planteó, como medios exceptivos los de inexistencia de la obligación, saneamiento de los vicios del consentimiento, prescripción, reintegro del valor del bono y buena fe. Finalmente, se precisa que Porvenir SA presentó demanda de reconvención, en la que solicitó que en caso de que se declarara la ineficacia del traslado del señor Rangel Villabona al RAIS, se le devolvieran las sumas pagadas por concepto de mesada pensional en forma indexada. Como soporte de lo pretendido, adujo que se radicó solicitud de pensión de vejez ante esa entidad el 28 de junio de 2018, por lo que se brindó asesoría e información, lo que llevó a que se se le aprobara la solicitud y se eligiere la modalidad de retiro programado.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 27 de enero de 2020, decidió: PRIMERO: DECLARAR LA INEFICACIA del traslado que se realizó a nombre del señor MANUEL ANTONIO RANGEL VILLABONA del RPM al Régimen de Ahorro Individual administrado por la

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Radicación n.° 94570

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y

CESANTÍAS PORVENIR S.A.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, SE ORDENA el traslado del señor MANUEL ANTONIO RANGEL VILLABONA al Régimen de Prima Media administrado por la ADMINISTRADORA

COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-.

TERCERO: ORDENAR a la AFP PORVENIR S.A., que proceda a trasladar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONEStodos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del actor, como cotizaciones, sumas adicionales, frutos e intereses o rendimientos que se hubieren causado, sin descontar de estos el valor de las mesadas pensionales que se hubieren pagado. Además deberá cubrir los deterioros sufridos por el bien administrado, es decir, la reducción del capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya que lo fue por el pago de mesadas pensionales en el RAIS y por los gastos de administración en que se incurrió, los cuales serán asumidos por la ADMINISTRADORA con cargo a su propio

patrimonio.

CUARTO: ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONESque proceda a aceptar el traslado del demandante MANUEL ANTONIO RANGEL VILLABONA del Régimen de Ahorro Individual al de Prima Media con Prestación Definida, junto con el dinero que tenga en su cuenta individual y sus rendimientos financieros.

QUINTO: Como consecuencia de lo anterior ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONESque una vez la AFP PORVENIR S.A. de cumplimiento a lo aquí ordenado, proceda a RECONOCER Y PAGAR al señor MANUEL ANTONIO RANGEL VILLABONA la PENSIÓN DE VEJEZ prevista en el artículo 12 del acuerdo 049 de 1990 aprobado por el decreto 758 del mismo año, por ser beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, a partir del 24 de agosto de 2018. La que COLPENSIONES deberá liquidar en los términos del artículo 21 de la ley 100 de 1993, esto es, con el IBL del promedio de las cotizaciones de los últimos diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, aplicando una tasa de reemplazo del 90%. El número de mesadas deberá atender a lo dispuesto en el acto legislativo 01 de 2005. Dicha entidad está obligada a responder por el pago de las mesadas pensionales a partir del momento en que la AFP le traslade los recursos para su financiamiento. El monto de la mesada pensional para el año 2019 será la suma de $7.663.266, la cual será incrementada

conforme lo establece el Gobierno Nacional.

SEXTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONESa pagar al actor MANUEL

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Radicación n.° 94570 ANTONIO RANGEL VILLABONA la suma de $82.867.307 por concepto de diferencias pensionales liquidadas entre el 24 de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2019. Debidamente indexada desde la fecha de la obligatoriedad, vale decir, una vez se haya realizado efectivamente el traslado de los dineros aquí ordenados y hasta la fecha en que sea efectivamente reconocido el derecho pensional por parte de la entidad.

SÉPTIMO: Se autoriza a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONESa descontar del valor arrojado por concepto de diferencias pensionales ordenado a pagar al actor MANUEL ANTONIO RANGEL VILLABONA los respectivos aportes en salud conforme lo establece la ley 100 de 1993.

OCTAVO: CONDENAR en costas a la parte vencida en juicio. Se fija la suma de DOS MILLONES DE PESOS MCTE ($2.000.000) como agencias en derecho a cargo de la AFP PORVENIR S.A., y a cargo de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES-, la suma de UN MILLÓN DE PESOS MCTE ($1.000.000) y a favor de la parte actora MANUEL ANTONIO

RANGEL VILLABONA.

NOVENO: ORDENAR a la AFP PORVENIR S.A., que reintegre a la

NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO –

OFICINA DE BONOS PENSIONALESel valor que reconoció y pagó por concepto de BONO PENSIONAL TIPO A MODALIDAD 2 a favor del señor MANUEL ANTONIO RANGEL VILLABONA, debidamente indexado desde el momento del pago del Bono Pensional y hasta que se haga efectivo el reintegro. Conforme a la parte motiva de esta providencia.

DÉCIMO: ABSOLVER al señor MANUEL ANTONIO RANGEL VILLABONA de las pretensiones que en su contra instauró AFP PORVENIR S.A., en la demanda de reconvención, por las razones expuestas.

DÉCIMO PRIMERO: ORDENAR remitir el expediente ante el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, para que se surta el Grado Jurisdiccional de CONSULTA, por resultar adverso a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

-COLPENSIONES-.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, mediante fallo del 30 de septiembre de 2021, procedió a resolver en torno a los recursos de

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Radicación n.° 94570 apelación interpuestos por las demandadas, además del grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones, decidiendo modificar el numeral noveno de la providencia de primera instancia, para precisar que la devolución del bono pensional tipo A modalidad 2, que está llamada a efectuar Porvenir SA, en la suma de $251.951.000, indexado al momento en que se haga efectiva, debe realizarse con destino a Colpensiones, confirmando la decisión en lo demás la

decisión e imponiendo condena en costas en contra de la AFP del RAIS y del RPM. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como fundamento de su decisión, que respecto de las sociedades administradoras de pensiones existe obligación de garantizar una afiliación libre y voluntaria, mediante la entrega de información suficiente y trasparente que le permita al afiliado elegir, sin que hubiere prueba de que este deber se hubiere satisfecho por parte de Porvenir SA en forma oportuna, por lo que concluyó que la afiliación del actor al RAIS era ineficaz y se tenía como si siempre hubiere estado vinculado al régimen de prima media con prestación definida. A continuación, dio cuenta de las razones por las cuales se apartaba de la posición sostenida por esta Corporación, particularmente lo expuesto en sentencia CSJ SL373-2021, al expresar que no existe evidencia de una afectación al sistema público de pensiones, a entidades públicas o terceros de buena fe. Además, explica la situación social que se presenta para un grupo importante de personas, así como el

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Radicación n.° 94570 hecho que, si la mencionada sentencia avala la posible generación de unos perjuicios con el acto de traslado, también viabiliza la posibilidad de la prescripción, por lo que entiende prevalecería la forma sobre el derecho sustancial. Acto seguido toma como referencia la jurisprudencia primigenia, para advertir que la falta de información vicia el consentimiento, lo cual acoge esa sala como principio universal para afiliados y pensionados, además de lo cual esgrime que en un estado social la parte económica no puede

prevalecer sobre los derechos de los ciudadanos y que la ley debe estar al servicio de ellos. Como consecuencia de la declaratoria de ineficacia, señaló que la AFP debía asumir con cargo a sus propios recursos, los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas del capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, para el caso concreto, devolver lo que pagó por concepto de mesadas pensionales desde agosto de 2018, además de los bonos pensionales, gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, tomando como referente la sentencia emitida por esta Corte el 9 de septiembre de 2008, conocida bajo radicado 31989. Resolvió igualmente el Tribunal, que no prosperaba la demanda de reconvención, al corresponder las mesadas pensionales a valores recibidos de buena fe por el pensionado, para finalmente encontrar que el Sr. Rangel Villabona resultaba beneficiario del régimen de transición

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Radicación n.° 94570 previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al contar con más de 40 años de edad al 1° de abril de 1994, además de tener 1244 semanas cotizadas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, a lo que se sumaba el cumplimiento de los requisitos dispuestos por el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, manteniendo los valores en cuanto a mesada pensional y suma dineraria a reconocer por diferencias pensionales que se fijaren en primera instancia.

IV. RECURSO DE CASACIÓN PORVENIR SA

Interpuesto por la AFP del RAIS, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia acusada, para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado y en su lugar, se absuelva a las demandadas de todas las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, replicados por Rangel Villabona y por Colpensiones que serán resueltos conjuntamente por merecer igual solución

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia atacada de violar por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea, los siguientes

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Radicación n.° 94570 artículos: 4 y 13, literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, 13, 29, 48, 53, 83 y 228 de la Constitución Política, 4 y 97 de los decretos 656 de 1994 y 663 de 1993, y por infracción directa: 64, 65, 80 a 83, 85, 107 y 115 de la Ley 100 de 1993, 97 del Decreto 663 de 1993, 11, 14 y 15 del 692 de 1994 y 21 de la Ley 795 de 2003. En el desarrollo del cargo, empieza por destacar que el Tribunal se apartó expresamente de un criterio jurisprudencial vigente y ofreció una interpretación normativa diferente, para declarar la ineficacia del traslado

de régimen pensional, aun cuando el demandante se encuentre pensionado. Explica que el ad quem pasa por alto, que el reconocimiento de la pensión de vejez implica una situación jurídica inmodificable al variar la de un afiliado que deja de serlo, por tanto, su condición es dispar frente al afiliado. Refiere que esa diferenciación, que no realiza el Tribunal, es el criterio actualmente vigente en esta Corporación, procediendo a citar un aparte de la sentencia

CSJ SL3535-2021.

Señala que se equivoca el colegiado al no tener en cuenta las distorsiones y efectos indeseados que se presentan frente a terceros, como las compañías aseguradoras e inversionistas o el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como las relaciones jurídicas debidamente consolidadas, tales como la redención de bono,

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Radicación n.° 94570 la escogencia de modalidad pensional, el eventual reconocimiento de una prestación mínima y la utilización de excedentes de libre disponibilidad. Revela que respecto de las situaciones antes advertidas, no incide que el fallador de instancia hubiere indicado que no se probaron afectaciones, pues expone que las razones que ha dado el Alto Tribunal para considerar que ineficacias como la aquí declarada afectan a entidades públicas, terceros de buena fe e incluso al propio sistema pensional, son de naturaleza jurídica y se basan en los efectos de una ineficacia y en las diferentes relaciones que involucra el reconocimiento de una pensión en el RAIS, sin necesitar acreditación en cada caso específico, advirtiendo además, que tal afectación fue

conocida por el ad quem, de cara a la información suministrada en virtud de prueba de oficio por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pero que la desatendió al estimar no podía prevalecer la parte económica sobre los derechos de los ciudadanos. Cuestiona los argumentos dados por el Tribunal para apartarse de la posición de la Corte, al indicar que el nuevo discernimiento jurisprudencial busca evitar perjuicios indeseados a terceros y al sistema general de pensiones, que existen normas que protegen derechos de terceros y del sistema con relación a la declaratoria de ineficacia, que los pensionados no son discriminados dado que cuentan con mecanismos para que les sean reparados los perjuicios causados, que las pensiones que otorga el RAIS son dignas y

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Radicación n.° 94570 que los criterios jurisprudenciales deben tener aplicación general y no atender situaciones particulares. Finalmente, cita la sentencia CSJ SL1798-2022 y concluye que las equivocaciones jurídicas del juez de la alzada tuvieron incidencia en la decisión cuestionada, al declarar una ineficacia que no era procedente e imponer obligaciones sin sustento.

VII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia atacada de violar por la vía directa en la modalidad de aplicación indebida de los siguientes artículos: 4 y 13, literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, 13, 29, 48, 53, 83 y 228 de la Constitución Política, 4 y 97 de los Decretos 656 de 1994 y 663 de 1993, y por infracción

directa 64, 65, 80 a 83, 85, 107 y 115 de la Ley 100 de 1993, 97 del Decreto 663 de 1993, 11, 14 y 15 del 692 de 1994 y 21 de la Ley 795 de 2003. Se sustenta el ataque en el hecho de que el Tribunal no interpreta las normas relacionadas con la ineficacia de un traslado de régimen pensional, sino que se limita a aplicarlas, pese a que no eran pertinentes en este caso, por tratarse de un pensionado. Cuestiona entonces que el ad quem se apartase de la jurisprudencia vigente y diere igual alcance al afiliado y al pensionado, al declarar la ineficacia del traslado de régimen pensional, aun cuando adquirir tal calidad implica una

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Radicación n.° 94570 situación que no puede retrotraerse, al variar la aplicación jurídica, lo que lleva a que no sean utilizables las mismas reglas. Hace mención a la posición actualmente vigente en la Sala Laboral de la Corte, apoyado en la Sentencia SL35352021, para luego puntualizar que se efectuó una aplicación indebida de las normas que consagran la ineficacia, al estar ante un pensionado. A continuación, plantea las distorsiones y efectos que trae consigo la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen, respecto de un pensionado, que han sido presentadas por la jurisprudencia vigente, pues expresamente lo reconoció el Tribunal de cara a la prueba decretada en forma oficiosa y la respuesta brindada por el

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pero que pasó por alto bajo el argumento de que la parte económica no podía prevalecer sobre los derechos de los ciudadanos, desconociendo el precedente. Para concluir, da cuenta de la presencia de una violación normativa, por cuanto la posición actual de esta sala, busca evitar perjuicios a terceros y al sistema, sin dejar desprotegida a la persona, quien estará facultada para solicitar la indemnización de los perjuicios que se le pudieran haber causado, pero sin que se pueda afirmar que las pensiones del RAIS no son dignas, dado que el régimen y las normas que lo rigen han sido avaladas por la Corte Constitucional.

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VIII. CARGO TERCERO Acusa la censora la sentencia impugnada de violar por la vía indirecta, bajo la modalidad de aplicación indebida de los artículos 4 y 13, literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, 48 y 228 de la Constitución Política, 4 del Decreto 656 de 1994 y 97 del Decreto 663 de 1993.

Expone como desaciertos de hecho, dar por no acreditado a pesar de estarlo, que las afectaciones y efectos indeseables que se presentarían para el sistema de pensiones y para terceros, fueron alegados y hacen parte de los hechos debatidos en el proceso. Así mismo, no dar por probado a pesar de estarlo, que la ineficacia del traslado de régimen pensional del actor generaría afectaciones al Estado, al sistema y a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito

Público. Como pruebas mal apreciadas, que llevaron a una indebida valoración, precisa las contestaciones a la demanda por parte de Porvenir SA y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, junto con respuesta a requerimiento del Tribunal. Para demostrar este ataque, lo primero que menciona es su carácter subsidiario frente a los dos primeros, cuyo estudio debe abordarse en caso que se estime que los argumentos del Tribunal a la hora de concluir que en el proceso, son de naturaleza fáctica y no jurídica y que en el proceso no está planteada y menos demostrada la afectación

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Radicación n.° 94570 del sistema público de pensiones, de entidades públicas o terceros de buena fe. Para ello, indica, que los efectos formaron parte de los argumentos expuestos tanto por Porvenir SA como por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, desde el momento en que se da la contestación al libelo genitor. Es así como de la contestación dada por la AFP, destaca: En efecto, no debe desconocerse que el bono pensional se causa cuando un afiliado se traslada al RAIS y las semanas cotizadas en el RPM se materializan en dinero teniendo en cuenta que en este régimen la pensión de vejez se reconoce a partir de la consolidación de un capital determinado, lo que hace que las semanas no sean relevantes para la liquidación de la referida prestación económica. Así pues, en un eventual traslado de régimen las semanas frente a las cuales se liquidó el bono pensional serían consideradas para la pensión en el RPM, por lo

que resultaría totalmente improcedente que se le ordenara devolver a mi representada el bono pensional, pues de lo contrario esto daría lugar a un ENRIQUECIMIENTO ILICITO y sin causa por parte del afiliado, con incluso consecuencias penales, teniendo en cuenta que el bono pensional es financiado con recursos públicos y por ende ante una nulidad que de ninguna manera puede prosperar este tendría que ser devuelto a la Nación en aras de evitar un detrimento patrimonial del Estado. (Folio 137). Por su parte, de la respuesta brindada en su momento por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, acentúa: Lo anterior, por cuanto el bono pensional, si se hubiera emitido y redimido sería anulado, dado que así lo ordena el plurimencionado inciso 2° del artículo 17 del Decreto 3798 de 2003, como quiera que. se insiste, el bono pensional tipo A es incompatible con una pensión del RPMPD. (Folio 306). (…) En ese orden de ideas, ordenar el traslado de una persona cuando le faltan menos de 10 años para acreditar la edad pensión o peor aun cuando ya consolidó un derecho pensional,

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Radicación n.° 94570 representa un perjuicio irremediable al RPM desde el punto de vista financiero, pues no se está permitiendo un periodo de madurez de los aportes, tal y como lo expuso la Corte Constitucional en la Sentencia de tutela T-427 de 2010, M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez, al sostener lo siguiente: (Folio 308). (…)

4.4. REINTEGRO DEL VALOR DEL BONO Si a pesar de los argumentos expuestos anteriormente, el señor Juez considera viable el traslado del demandante al RPMPD administrado por Colpensiones, esta oficina debe ser enfática. en señalar que, previo a efectuarse dicho traslado la AFP Protección S.A. o en su defecto, el demandante, deben REINTEGRAR a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público el valor del bono pensiona! tipo "A" -versión inicial y complementaria, suma que debe ser reintegrada debidamente actualizada (fPC) desde la fecha de pago hasta el momento en que se realice el respectivo reintegro. Lo anterior, dado que el beneficio en mención {bono pensional tipo A} es reconocido única y exclusivamente a las personas que se encuentran afiliadas al RAIS, régimen al cual, de darse la situación planteada, ya no pertenecería el demandante. A esta conclusión se llega con base en el artículo 1 ° del Decreto 1748 de 1995, en concordancia con el inciso 2° del artículo 57 del referido Decreto, el cual fue modificado por el artículo 17 del Decreto 3798 de 2003. (Folio 312). Aunado a lo anterior, indica que los efectos indeseables además de planteados, fueron probados, tal como lo reconoció el Tribunal, al indicar en la providencia atacada lo siguiente: Esta Sala de decisión decretó como prueba de oficio para que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público explicara cuál es la afectación a los intereses del Estado si se llegara a la ineficacia

en este asunto, a lo que indicó que se genera un enriquecimiento sin causa del demandante y la “quiebra” de la AFP, que con la devolución de sumas de dinero que se ordena a favor de Colpensiones se afecta de manera positiva al Estado, pero que en el futuro se genera una presión fiscal por el subsidio que debe asumir el Estado en el reconocimiento de las pensiones; que “más allá de esa afectación”, que esta Sala lo que debe hacer es acatar la Sentencia SL 373 del 10 de febrero de 2021 proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral en la que determinó que no procede la ineficacia de traslado en el caso de pensionados; explicó que pagó a favor del demandante un bono pensional tipo

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Radicación n.° 94570 A por valor de $251951.000 con el cual se financia la pensión de vejez al demandante. Expresado lo anterior y luego de hacer alusión a un aparte de la respuesta brindada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a partir de prueba de oficio decretada por el ad quem, concluye que efectivamente una ineficacia de traslado de régimen sí puede afectar el sistema de pensiones, contrariamente a lo concluido por el fallador, de allí que estime evidentes los desaciertos fácticos del Tribunal.

IX. RÉPLICA Frente a los dos primeros cargos, la oposición proviene exclusivamente de la parte demandante, teniendo en cuenta que Colpensiones coadyuva la solicitud de quebrantamiento de la sentencia impugnada.

La parte actora expone que el reparo proviene del hecho de que el Tribunal se hubiere apartado del criterio sentado por la Corte, entre otras, en la sentencia SL-373-2021. Explica que la determinación del ad quem estuvo dada por la no demostración de la afectación financiera que se pudiera generar de la declaratoria de ineficacia de traslado suyo, sin que hubiere actuado de manera desatinada, pues incluso decretó pruebas de oficio, sin evidenciarse esas consecuencias económicas de manera detallada, lo cual entiende era carga de la parte demandada.

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Radicación n.° 94570 Destaca que la decisión del Tribunal contrario a desconocer normas aplicables, reivindica las premisas que rigen el estado social de derecho, al hacer un análisis probatorio de cara a principios como congruencia y eficacia, sin sorprender a las partes con argumentos que no tuvo oportunidad de rebatir, pues se les dio la oportunidad de acreditar la afectación que pudiera generar la declaratoria de ineficacia de traslado. A manera de colofón, expone que acoger posturas absolutistas y sin fundamento en la realidad de los procesos, opaca el estado social de derecho y las garantías que le son propias, pues sería secular en casos como el que nos ocupa, el desmedro real y efectivo que el cambio de régimen le ocasionó al actor, lo cual fue debidamente probado, de cara a la falta de información, que en el evento de haberse brindado, le hubiere permitido tomar una decisión consentida y aterrizada a la realidad del impacto que ello le generaría. Con relación al tercer cargo, se presenta reparos tanto

por Colpensiones como por la parte actora. En este sentido, la citada entidad de seguridad social advierte que contrario a lo planteado por el censor, sí se deberá reintegrar la totalidad de los recursos, cuotas abonadas al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, rendimientos financieros, bonos pensionales, seguros previsionales, cuotas de administración, y todos aquellos conceptos a que haya lugar, teniendo en cuenta que en

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Radicación n.° 94570 conjunto constituyen la fuente de financiación de la prestación que eventualmente reconozca el RPM. Como soporte de su afirmación cita las Sentencias CSJ SL581-2023 y CSJ SL4025-2021, esta última respecto de la cual reproduce un extracto. De otro lado, la parte demandante a partir de los motivos de inconformidad que plantea la censura, pregona que tal como lo concluyó el Tribunal, de las pruebas presuntamente mal apreciadas, no es posible concluir en detalle, los efectos negativos que desde el ámbito económico produciría la declaratoria de ineficacia de traslado de un pensionado, respecto del sistema, al presentarse argumentos sin sustento financiero. Menciona que por sí solo el cambio jurisprudencial no es óbice para resolver casos a la luz de dicha teoría, sin entrar al detalle de lo que se planteó y probó en el caso que se discute, además de lo cual resalta la oportunidad procesal brindada en segunda instancia, al reabrirse el debate probatorio, sin que se acreditan detalladamente esas consecuencias financiarías. Acto seguido, hace alusión a un aparte de la sentencia

que es confutada: De cara a este cambio jurisprudencial, la sala encuentra que en virtud de los principios de congruencia y consonancia establecidos en el artículo 66 A adicionado por el artículo 35 de la ley 712 de 2001, no es dable considerar que en el presente asunto al declarase la ineficacia del traslado del demandante,

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Radicación n.° 94570 esté demostrado, ni siquiera planteada una afectación al sistema público de pensiones, a entidades públicas o a terceros de buena fe, pues en la demanda y la contestación no se alegaron tales circunstancias, y si se mencionaron, no se demostraron; y, por supuesto, como no se demostraron, ni alegaron en instancia no es propio adoptar a (sic) la c