CSJ - SL2001-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL2001-2023 Radicación n.º 95974 Acta 029 Bogotá, D. C., quince (15) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por

FANNY JAIMES DE RAMÍREZ, TERESA VALENCIA

GARCÍA, ANTONIA CALDERÓN DE QUIJANO, MARÍA

GILMA GRANADOS DE CONTRERAS, ALIX AMELIA

TOLOZA BARÓN, ALCIRA SALA DE MANTILLA,

VIRGILIANO LEÓN MELO, LUIS FERNANDO PARRA

TARAZONA, CARLOS IVÁN MADURO BAUTISTA,

AGUSTÍN QUIJANO PABÓN, GUSTAVO CHÍA MOLINA,

JUAN VICENTE DUARTE DÍAZ, JAVIER CONTRERAS

GÓMEZ, JESÚS ALFONSO NIÑO ROMÁN, LUIS

GUILLERMO MATTOS CHIAPETTA, SIMÓN BOLÍVAR

BERNAL, HELENA CAMARGO HERNÁNDEZ, GLADYS

MOLINA DE GUTIÉRREZ, TULIO ACASIO GUTIÉRREZ

CARVAJAL, CARMEN CECILIA ACOSTA VIUDA DE

MALDONADO, JOSÉ RAFAEL LIZCANO, BERNARDO

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Radicación n.º 95974 PINTO GÓMEZ, VÍCTOR JULIO MOLINA JURADO y ÁLVARO CARRILLO RINCÓN contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta el 16 de octubre de 2019, en el proceso que

instauraron contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACIÓN, cuya sucesora procesal es, para el presente proceso, la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES), y al que se integró de oficio, por pasiva, al DEPARTAMENTO DE NORTE DE

SANTANDER.

I. ANTECEDENTES Los prenombrados ciudadanos llamaron a juicio al Instituto de Seguros Sociales - en liquidación, con el fin de que se declarara que son beneficiarios del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de

1993. En consecuencia, que adquirieron el derecho a la pensión de vejez prevista en la Ley 33 de 1985, por haber cumplido los requisitos previstos en ella.

Así, pidieron que se condenara a la entidad demandada a pagar, a favor de cada uno de ellos, dicha pensión, en cuantía equivalente al 75% del salario devengado durante el último año, junto con las sumas de dinero adeudadas, «a partir de enero de 2010». También reclamaron los intereses moratorios sobre las mesadas causadas. En subsidio, exigieron que se declarara que son beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo

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Radicación n.º 95974 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que causaron el derecho a la pensión de vejez en virtud de la Ley 71 de 1988 y del Decreto 2709 de 1994, dado que cumplieron los requisitos de esas disposiciones. Por lo tanto, pidieron condenas económicas similares a las reseñadas para las pretensiones

principales. Fundaron sus súplicas, básicamente, en que prestaron sus servicios para la extinta Empresa Licorera de Norte de Santander por más de 20 años, que equivalen a más de 1000 semanas; que dicha empresa los afilió al ISS, conforme a las historias laborales correspondientes; que los certificados de períodos de vinculación para bonos pensionales, expedidos por la Gobernación del departamento de Norte de Santander, acreditan que la Empresa Licorera de ese departamento efectuó aportes a la extinta Caja territorial de Previsión y al ISS; que la última les negó las pensiones de vejez solicitadas, porque no tuvo en cuenta el tiempo cotizado a la Caja Departamental de Previsión; que son beneficiarios del régimen de transición conforme al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que, para el 1º de abril de 1994, contaban con el requisito de la edad; y, que sumados los aportes que se hicieron a la caja departamental con el tiempo sufragado al ISS, acreditaron más de 20 años de servicios, esto es, 1000 sufragadas al Sistema General de Pensiones. En el auto admisorio del escrito inaugural se ordenó vincular a Colpensiones como entidad demandada, dada su calidad de sucesora del instituto convocado a la litis.

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Radicación n.º 95974 Al dar respuesta a la demanda, Colpensiones se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó que el ISS les negó a los accionantes las pensiones de vejez solicitadas, con base en los reportes de semanas cotizadas de

cada uno. Sobre los restantes puntos del relato fáctico, aseguró que no le constaban, por tratarse de hechos ajenos a ella. En su defensa propuso las excepciones que denominó prescripción, inexistencia del derecho y de la obligación, falta de causa para demandar, carencia absoluta del derecho reclamado, imposibilidad jurídica para cumplir con las obligaciones pretendidas, cobro de lo no debido y buena fe. Posteriormente, la demanda inicial fue reformada con la inclusión de Luis Fernando Parra Tarazona, Carmen Cecilia Acosta Vda. de Maldonado, José Rafael Lizcano, Víctor Julio Molina Jurado, Helena Camargo Hernández, Álvaro Carrillo Rincón, Hernando Pinto Gómez, Gladys Molina de Gutiérrez y Tulio Acasio Gutiérrez Carvajal como nuevos demandantes. En ese escrito se adicionó como hecho, que la Empresa Licorera de Norte de Santander les otorgó a todos los actores sendas pensiones de jubilación vitalicias, basadas en la convención colectiva de trabajo celebrada el 10 de agosto de 1979, por el hecho de haber cumplido 20 años de servicios, sin importar la edad. Además se agregó una nueva pretensión subsidiaria, según la cual, de no proceder las pensiones bajo las normas invocadas inicialmente, debían

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Radicación n.º 95974 concederse en los términos del artículo 33 de la Ley 100 de 1993. El referido memorial fue admitido, pero no fue contestado por Colpensiones. Más adelante, el juez de primer grado —de oficio— integró al proceso al Departamento de Norte de Santander,

bajo el argumento de que este sustituyó a la desaparecida empleadora de los accionantes. Ante esa decisión, el ente territorial procedió a contestar la demanda manifestando su rechazo a las pretensiones de la parte actora y, en respuesta a los hechos, dijo que era cierto que los integrantes de esta obtuvieron pensiones de jubilación a cargo de la extinta Empresa Licorera de Norte de Santander; que estuvieron afiliados al ISS como cotizantes de dicha factoría; y que el Instituto demandado les negó las pensiones de vejez que solicitaron. Para defenderse de las peticiones, formuló las excepciones de inexistencia del derecho pensional reclamado; y prescripción de las mesadas causadas y no cobradas en su debida oportunidad por la parte demandante.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta, mediante sentencia del 22 de junio de 2015, resolvió:

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Radicación n.º 95974 Primero.- Negar las pretensiones respecto de los demandantes, salvo los que se indicarán en el numeral segundo de esta resolutiva, declarando, de acuerdo al sentido de la decisión hay decisión (sic) ínsita sobre las excepciones de mérito propuestas por las pasivas, en el caso de Colpensiones hasta la sustitución demanda (sic) folio 166 cuad 1, declarado la buena fe artículo 83 superior, como quiera que con la reforma de la demanda e inclusión de otros demandantes no hubo contestación a la reforma folio 450 cuad. 2, por COLPENSIONES y respecto a las

propuestas por el ente territorial vinculado al proceso DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, conforme a lo considerado en la motiva. Segundo.- Condenar a la pasiva a pagar las pensiones de vejez de los siguientes demandantes, así: 2.1.- TERESA VALENCIA GARCÍA, con fundamento en el artículo 1 ley 33 de 1985, a partir del 1 de abril de 2001 con base salarial 75% de $ 19.917,60 que se actualizara en el IPC artículo 14 ley 100 de 1993, como antes se dijo numeral 1.1. hasta incluso el acumulado IPC anual de 2000 de ser menor al SMLMV se aplicará este por favorabilidad y conforme al artículo 35 Ley 100 de 1993, hay prescripción de mesadas a partir demanda folio 166 sustitución en fecha 18 diciembre de 2012 al no haber reclamado a la pasiva hoy COLPENSIONES con base en ley 33 de 1985 artículo 1, en conc (sic) artículo 488 CST y artículo 151 CPT y de la SS en conc. (sic) Artículo 90 CPC modificado artículo 10 ley 794 de 2003, están prescritas las mesadas anteriores al 18 diciembre de 2009. 2.2. -AGUSTÍN QUIJANO PABÓN.- pensión con base artículo 1 ley 33 de 1985, salario para pensión folio 119 cuad 1, $25.087,20 el 75% de este valor de fecha octubre de 1984, actualizado a 1998, cumple el demandante 55 años el día 4 junio de 1998, obsérvese artículo 14 ley 100 de 1993, Hay prescripción de mesadas a partir demanda folio 166 cuad.l.

(sic), sustitución demanda en fecha 18 diciembre de 2012 al no haber reclamado a la pasiva hoy COLPENSIONES con base en ley 33 de 1985 artículo 1, en conc artículo 488 CST y artículo 151 CPT y de la SS en conc. Artículo 90 CPC modificado artículo 10 ley 794 de 2003, están prescritas las mesadas anteriores al 18 diciembre de 2009. 2.3. -ALCIRA SALAS DE MANTILLA.- pensión de vejez artículo 1 ley 33 de 1985, Hay prueba cuaderno 1 folios 106-107 salario base pensión $23.580,90 el 75%, folio 83, actualizado con el total IPC acumulado a diciembre de 1997 vigente a partir 1 enero de 1998, para empezar a pagar pensión a 29 agosto de 1998. Hay prescripción de mesadas a partir demanda folio 166 cuad.l., sustitución demanda en fecha 18 diciembre de 2012 al no haber reclamado a la pasiva hoy COLPENSIONES con base en ley 33 de 1985 artículo 1, en conc artículo 488 CST y artículo 151 CPT y

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Radicación n.º 95974 de la SS en conc. Artículo 90 CPC modificado artículo 10 ley 794 de 2003, están prescritas las mesadas anteriores al 18 diciembre de 2009. 2.4. - CARMEN CECILIA ACOSTA VDA DE MALDONADO.- pensión con fundamento artículo 1 ley 33 de 1985, pensión de vejez a partir causación derecho 22 de noviembre de 2000 Descontando lo pagado por indemnización sustitutiva la que se

actualizará para descontar, Base salarial folio 343 cuad 2 base $30.839,10 de 1984, tasa 75%, El cual se actualizará con el IPC acumulado a diciembre de 1999 para empezar pagar pensión en el año 2000. No Hay prescripción de mesadas conforme a que hace parte reforma demanda sin respuesta por Colpensiones. 2.5. - HELENA CAMARGO HERNÁNDEZ.-pensión de vejez artículo 1 ley 33 de 1985, a partir del 2001-11 julio, sobre la base salarial de $26.822,60 se obtiene el 75%, para el año 1985 cuaderno 2 folio 375, lo que se actualizará a diciembre de 2010 acumulado IPC hasta diciembre de 2010, para empezar a pagar pensión en fecha causación pensional 11 Julio de 2011 debidamente indexada. No hay prescripción de mesadas pensionales, conforme a lo considerado. 2.6. JESÚS ALFONSO NIÑO ROMÁN.- pensión artículo 1 ley 33 de 1985, Edad pensional 2004 el 24 diciembre, el salario era $ 34.295 para el año 1985 folio 133 cuad 1, se obtiene el 75% tasa de reemplazo, El cual se aumentara (sic) en el IPC anual acumulado a diciembre de cada año y hasta el mes de diciembre de 2003 para empezar a pagar eventual pensión el 24 diciembre de 2004 debidamente actualizada. Hay prescripción de mesadas a partir demanda folio 166 cuad.l., sustitución demanda en fecha 18 diciembre de 2012, están prescritas las mesadas anteriores al

18 diciembre de 2009. conforme a lo considerado. Tercero.- Se niegan los Intereses moratorios artículo 141 de ley 100 de 1993, en atención a que no hubo reclamo sobre la legislación con base en la cual se ordenan las pensiones de vejez, todo conforme a lo considerado. Cuarto.- Costas a cargo de los demandantes salvo los indicados en el numeral 2 de esta resolutiva, y a favor de las pasivas conforme a lo considerado, se fijan las agencias en 3 SMLMV de la fecha $ 644.350 decreto 2731 de 30 diciembre de 2014, 3 salarios a cargo demandantes y a favor COLPENSIONES y uno (l) a cargo demandantes (sic) y a favor DEPARTAMENTO N DE S. (sic), conforme a lo considerado. Quinto.-. Costas a favor demandantes indicados en el numeral 2 de esta resolutiva y en contra de COLPENSIONES con fundamento en el artículo 392 inciso C.P.C., modificado ley 789 de 2003 artículo 42 en conc. (sic) Artículo 19 ley 1395 de 2010 y Acuerdo 1887 de 1003 artículo 6 aparte II, 2.1.1 parágrafo se

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Radicación n.º 95974 fijan en 20 SMLMV y a cargo COLPENSIONES. Salario mínimo legal mensual vigente $ 644.350 D. 2731 de 2014 30 diciembre. Sexto.- Ordenar el grado jurisdiccional de la consulta conforme a lo considerado artículo 14 ley 1149 de 2007.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito

Judicial de Cúcuta, al resolver el recurso de apelación interpuesto por los favorecidos con la sentencia de primer grado, y el grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones y de los accionantes respecto de los cuales se absolvió a esta entidad, mediante sentencia del 16 de octubre de 2019, decidió: REVOCAR en su integridad la sentencia dictada en audiencia del 22 de junio de 2015, proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta, de acuerdo a lo explicado en la parte considerativa de esta providencia; en su lugar se declara la FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA de COLPENSIONES, respecto de las pretensiones incoadas por los 24 demandantes. En lo que interesa al recurso extraordinario, determinó que los problemas jurídicos propuestos a su consideración eran los siguientes: […] si en este caso los demandantes tienen derecho a que Colpensiones les reconozca la pensión de vejez con fundamento en el artículo 1.º de la Ley 33 de 1985, aplicable en virtud del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de manera compatible con la reconocida por la Empresa Licorera de Norte de Santander. Para resolver esa cuestión, explicó que el eje central del litigio radicaba en definir si los accionantes adquirieron el derecho a que Colpensiones les reconociera la pensión de

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Radicación n.º 95974 vejez con fundamento en el artículo 1.º de la Ley 33 de 1985, aplicable en virtud del régimen de transición consagrado en

el 36 de la Ley 100 de 1993, el cual, según ellos, era compatible con una otorgada de manera convencional por la Empresa Licorera de Norte de Santander, que posteriormente fue asumida por el vinculado departamento. Como hechos demostrados encontró, para todos los gestores del proceso, sus fechas de nacimiento, las resoluciones por las cuales se les reconocieron las pensiones convencionales con base en 20 años de servicios, los resúmenes de semanas cotizadas por la Licorera al ISS — según historias laborales aportadas por Colpensiones— y los tiempos de servicio respaldados en las certificaciones expedidas por la gobernación de Norte de Santander (f.os 302306). Sin embargo, advirtió: […] que los actores Antonia Calderón, María Gilma Granados, Carlos Iván Maduro, Juan Vicente Duarte, Luis Guillermo Matos, Simón Bolívar Bernal, Tulio Ascanio Gutiérrez y Álvaro Carrillo Rincón no aportaron resolución que demuestre la calidad de pensionados de la Licorera, aunque sí adjuntaron el certificado de información laboral que demuestra el tiempo de servicios, y el actor Bernardo Pinto Gómez es el único que no aportó ese certificado. Enseguida, recordó que el a quo, tras discernir sobre las diferentes normativas aplicables en eventos de compatibilidad o compartibilidad de la pensión a cargo de Colpensiones con otras prestaciones, distinguió a quienes, una vez establecida su calidad de pensionados de la Licorera, demostraron los 20 años de servicios que exige la Ley 33 de 1985, en tanto hubieran accedido a la pensión convencional antes del 17 de octubre de 1985, siendo este criterio el que

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Radicación n.º 95974 aplicó la primera instancia para diferenciar a los 6 actores a quienes favoreció con condenas; dicho lo cual, el Tribunal manifestó: Para resolver este asunto, la Sala encuentra fundamental abordar, en primera medida, la legitimación en la causa por pasiva de Colpensiones, un asunto que no fue objeto de estudio en primera instancia y que resulta fundamental para entrar siquiera a analizar si los actores cumplen o no con los requisitos legales para acceder a la prestación perseguida en su calidad de trabajadores oficiales que durante su tiempo de servicio activo estuvieron afiliados a la Caja de Previsión Departamental de Norte de Santander. Así lo explica la Sala de Casación Laboral de la honorable Corte Suprema de Justicia en providencia SL29752018, […] y advierte: «resultaría inane admitir que el actor cumple los presupuestos previstos para acceder a la pensión de jubilación consagrada en la Ley 33 de 1985, si al buscar la materialización de ese derecho encuentra que la entidad demandada no está obligada a su pago, pues en este caso sus pretensiones quedarían igualmente desatendidas», y agrega, en todo caso, «el juez a quien una vez acreditados los supuestos fácticos, va a hacer la demanda (sic), le asiste el deber de aplicar las consecuencias jurídicas que corresponda a cada caso, de conformidad con lo previsto en la ley, al punto que puede declarar de oficio las excepciones que encuentre probadas y que no requieren petición de parte, de manera que si advierte que la entidad convocada a juicio no está obligada legalmente a asumir

el pago de una específica obligación, no puede emitir condena en su contra». De manera general, advierte la sentencia en cita, «Ha sido criterio pacífico de esta Corte que no es dable asimilar al Instituto de Seguros Sociales a una caja de previsión social contemplada en la Ley 33 de 1985 y, por ende, no puede trasladarse a dicho Instituto, de manera directa, la carga del pago de la pensión de jubilación consagrada en dicha normativa, por cuanto este responde a las contingencias creadas para el mismo, procediendo la Corte a resumir las siguientes consideraciones normativas derivadas de las providencias como la sentencia del 24 de mayo de 2011, radicado 40226; del 13 de febrero de 2013, radicado 43715 y SL3640-2014: para los servidores del Estado, antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, esos tenían un régimen especial de jubilación y sus afiliaciones (sic) al Instituto era facultativa, sin que ello le distinguiera (sic) los requisitos para acceder a su pensión respecto de la entidad estatal correspondiente y seguir cotizando hasta que accedieran [inaudible] densidades de semanas exigidas por el Seguro Social, quedando a cargo del empleador el mayor valor.

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Radicación n.º 95974 Sin embargo, pese a la facultad legal de afiliarse al ISS, esta autorización no conlleva necesariamente […] que los servidores deben ser pensionados en las condiciones establecidas en los respectivos reglamentos del ISS o que deba el ISS pensionarlos desconociendo su propio régimen y atendiendo los requisitos señalados en las normas especiales y específicas, concluyendo

así la Corte: «que sin perjuicio de que un trabajador oficial hubiere estado inscrito en el Seguro Social, no debe entenderse afiliado a una caja de previsión social en los términos de la Ley 33 de 1985 y, por ende, mal podría el ISS pagar pensiones a trabajadores oficiales o a una entidad distinta a la contemplada en sus propios reglamentos». Para aclarar entonces la situación jurídica, la Corte reitera parámetros expuestos en la sentencia del 15 de agosto de 2016, radicado 29210 del 6 de febrero de 2017 (sic), radicado 29911, sobre que «al momento de expedirse la Ley 100 de 1993, diversas eran las situaciones en que se encontraban los servidores oficiales, fruto de la dispersión institucional y de regímenes pensionales, siendo del caso detenerse, por lo pronto, detenerse (sic) en la siguiente: la de quienes estaban afiliados a una caja de previsión de cualquier orden, cuya liquidación fue ordenada por la ley, citada o por disposiciones posteriores, la de quienes no estaban afiliados a ningún ente de previsión social ni a los seguros sociales, por consiguiente, sus pensiones estaban a cargo del empleador directamente y la de aquellos que fueron afiliados a los seguros sociales desde el inicio de la relación del trabajo y, por ende, las consecuencias en cuanto a la responsabilidad del cubrimiento pensional dependían de la situación particular del trabajador y sobre dicha temática se expidieron varias regulaciones». Para lo cual se expidieron diferentes normativas que garantizan la transición al nuevo régimen de seguridad social (Decreto 813

de 1994, Decreto 1068 de 1995, Decreto 1748 de 1995 y Decreto 2527 de 2000). Sobre el sentido de las normas, en la providencia SL130-2019, […] reitera lo explicado en la sentencia al 20 de febrero de 2007 (sic), radicado 29120 (sic), […]. Tras citar apartes de esa última providencia, ya en relación con las situaciones demostradas en el plenario, y con el fin de identificar si existía legitimación en la causa por pasiva de Colpensiones, el ad quem dio por establecido que los 24 accionantes fueron trabajadores oficiales de la Empresa Licorera de Norte de Santander por lo menos 20

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Radicación n.º 95974 años cada uno, según las certificaciones de tiempos de servicios; y que: […] estuvieron vinculados a la Caja Departamental de Previsión de Norte de Santander en un intervalo de tiempo del 1.º de diciembre de 1968 al 30 de noviembre de 1983, cuando estuvieron afiliados al Instituto de Seguro Social, pero fueron nuevamente afiliados a la caja departamental a partir del 1.º de diciembre de 1983 y hasta su jubilación. También encontró que ninguno mostró evidencia de estar activo para la fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 en el orden departamental, esto es, al 30 de junio de 1995. Luego, en aplicación de los preceptos y parámetros jurisprudenciales que citó, llegó a estas conclusiones: […] es factible determinar plenamente la falta de legitimación en

la causa por pasiva de la demandada Colpensiones respecto de las pretensiones de la demanda incoada en su contra por todos los actores, pues estos fueron servidores públicos que prestaron servicios antes de la entrada en vigencia del orden territorial de la Ley 100 de 1993, de manera que ninguno puede reclamar la aplicabilidad de los preceptos de transición que se previeron en el artículo 6.º del Decreto 813 de 1994, aplicables al orden nacional ni las disposiciones de vinculación y afiliación del Decreto 1068 de 1995, aplicable del orden territorial, para revisar si se incurre en alguna de las hipótesis que hacen el derecho reclamado imputable a Colpensiones. Agregado a lo anterior, como sobre los actores no operaba la obligatoriedad de integrarlos al Sistema de Seguridad Social cuando fueron desvinculados, se advierte que, una vez pensionados extralegalmente en la empresa industrial y comercial del orden departamental, no se siguieron realizando aportes como servidores públicos al sistema para que, en futuro, pudieran endilgar obligación alguna al entonces Instituto de Seguros Sociales para ser subrogados al pago asumido por la Empresa Licorera de Norte de Santander. Resulta necesario destacar, también, que en el intervalo de tiempo que fueron consignados al ISS, debe ser analizado con incidencia en lo contemplado por la Asamblea del Departamento

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Radicación n.º 95974 de Norte de Santander, mediante la Ordenanza 070 de 1996 (folios 484 a 493), cuyo artículo 24 establece: «A más tardar al primero de enero de 1997, el Fondo Departamental de Pensiones

Públicas Territorial del Departamento de Norte de Santander asumirá el pago de las pensiones de vejez y jubilación, invalidez y de sustitución o sobrevivientes de los pensionados de la empresa», y el artículo 25 indicó: «El fondo adelantará las gestiones necesarias para recuperar y obtener del Instituto de Seguros Sociales el pago de la compensación de los aportes efectuados a la empresa y su personal». Esta ordenanza desarrolla el precepto del artículo 146 de la Ley 100 de 1993 que reglamentó el artículo 10 del Decreto de 1068 de 1995 que reza: «Las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la Ley 100 de 1993, con base en disposiciones departamentales, distritales y municipales en materia de pensiones de jubilación, extralegales en favor de empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales, a sus organismos descentralizados, continuarán vigentes», de lo que se desprende con mayor claridad la ausencia de legitimación en la causa de Colpensiones, pues los actores consolidaron su situación pensional con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 en el orden territorial y la misma siempre iba a estar a cargo del empleador o, en su defecto, de la caja de previsión departamental, ante las cotizaciones realizadas a su favor, de allí que se dispusiera la recuperación de estos recursos y que estos no pudieron destinarse a cubrir prestaciones del Régimen de Prima Media a los actores, quienes, cómo servidores públicos, nunca estuvieron llamados a ser cubiertos por el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, máxime cuando entre las funciones para las

que fue creado el Fondo Departamental de Pensiones, según el numeral 2 del artículo 5.º de la Ordenanza 021 de 1995 está la de «sustituir a la Caja Departamental de Previsión de Norte de Santander, al Departamento de Norte de Santander y demás entidades sustituidas en lo relacionado con el pago de pensiones de aquellos funcionarios que han cumplido con el tiempo de servicios pero no han llegado a la edad señalada para adquirir el derecho a la pensión, una vez se cumpla con los requisitos, siempre y cuando no se encuentren afiliados a ninguna otra entidad administradora de pensiones de cualquier orden», suscitándose, como particularidad para este caso específico, que los pasivos de la Empresa Licorera de Norte de Santander y de la Caja Departamental de Previsión del Departamento de Norte de Santander fueron asumidos, en ambos casos, por el vinculado Departamento de Norte de Santander, a través del Fondo Departamental de Pensiones, tal como se lee del artículo 4.º de la Ordenanza 021 de 1995 que creó este último, el cual, conforme el artículo 3.º del Decreto 1296 de 1994, es una cuenta especial sin personería jurídica, adscrita al respectivo ente departamental y que, en virtud del artículo 13 del Decreto 1068 de 1995, será sustituida en el pago de las obligaciones a cargo de

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Radicación n.º 95974 la caja de previsión del nivel territorial y de la Licorera, según la Ordenanza 070 de 1996. Por tales razones, consideró inoperantes las peticiones de la parte activa de la litis, pues cualquier subrogación de

pensión extralegal o legal se mantendría en las mismas condiciones, «dada la identidad entre el artículo 30 de la convención colectiva de la Licorera y el artículo 1.º de la Ley 33 de 1985 y en cabeza de la misma entidad, Fondo Departamental de Pensiones». Por lo tanto, revocó íntegramente lo resuelto en primera instancia, para declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de Colpensiones, respecto de las pretensiones incoadas por los integrantes de la parte actora, y aclaró: […] sin que haya lugar a pronunciamiento adicional sobre el recurso de apelación del actor (sic), por sustracción de materia, ni a otras pretensiones en favor de los actores a quienes se les reconocieron derechos en primera instancia, por no favorecerse en el grado de consulta y en salvaguarda del principio de consonancia del artículo 66A del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por quienes promueven el proceso, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretenden los recurrentes que la Corte case la sentencia

fustigada, para que, en sede de instancia:

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Radicación n.º 95974 […] revoque (sic) numeral primero de la parte resolutiva del fallo de primer grado, que negó la pensión de vejez a los señores Fanny Jaimes de Ramírez, Antonia Calderón de Quijano, María Gilma Granados de Contreras, Alix Amelia Toloza Barón, Virgiliano León Melo, Luis Fernando Parra Tarazona, Carlos Iván Maduro

Bautista, Gustavo Chía Molina, Juan Vicente Duarte Díaz, Javier Contreras Gómez, Luis Guillermo Mattos Chiapetta, Simón Bolívar Bernal, Gladys Molina de Gutiérrez, Tulio Acasio Gutiérrez Carvajal, José Rafael Lizano, Bernardo Pinto Gómez, Víctor Julio Molina Jurado y Álvaro Carrillo Rincón y en su lugar se reconozca la pensión de vejez a cada uno de los citados demandantes. Igualmente se reconozca los intereses moratorios sobre las mesadas pensionales impagadas y la respectiva condena en costas. Con tal propósito formulan dos cargos, por la causal primera de casación, a los que se opone Colpensiones, y que serán estudiados en conjunto, dado que persiguen idéntico fin y utilizan argumentos son complementarios.

VI. CARGO PRIMERO Acusan a la sentencia de violar indirectamente, y por aplicación indebida, estas disposiciones: […] artículos 1º Ley 33 de 1985, 146 Ley 100 de 1993 y 10

Decreto 1068 1995, en relación con los artículos 48 y 230 de la Constitución Política (CP), 11, 13 literal c), 21, 33 literal d), 36, 141, 272 y 273 Ley 100 de 1993, 5º Decreto 2879 de 1985, 12 y 18 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 0758 de 1990, 7º Ley 71 de 1988, 1º, 2º, 10 y 11 del Decreto 2709 de 1994, en relación con los artículos 10, 13, 18, 21, 467, 468, 469,

470, 477 y 478 del CST, 53 y 58 CP. Como errores de hecho cometidos, indican: No dar por demostrado, estando acreditado, que los accionantes eran beneficiarios del régimen de transición. No dar por demostrado, estándolo, que antes el (sic) 30 de junio de 1995, los demandantes fueron afiliados al Instituto de Seguros Sociales.

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.º 95974 Dar por demostrado, sin estarlo, que no era posible sumar los aportes realizados al ISS con el tiempo cotizado en Caja Departamental de Previsión Social. No dar por demostrado, estándolo, que en el régimen de prima media con prestación definida, para el reconocimiento de la pensión de vejez se tiene en cuenta las semanas cotizadas al ISS con el tiempo cotizado a las cajas de previsión social. Dar por demostrado, sin estarlo, que Colpensiones, no estaba obligada a reconocer a los demandantes la pensión de vejez. No dar por demostrado, a pesar de