CSJ - SL2002-2023

República de Colombia Code Suprema de Justicia Sala de Cauclin Laboral Sala le Descengestin N. 3 JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO Magistrada ponente SL2002-2023 Radicación n.°92477 Acta 29 Bogotá, D. C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por

JOSÉ FRANCISCO GONZÁLEZ RÍOS, LUIS ALBERTO

MORENO UBAQUE, JHON JAIRO PANTOJA TULCÁN, JOSÉ JANDI SALAZAR y GUSTAVO DE JESÚS LADINO TREJOS, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el 28 de junio de 2021, en el proceso que adelantaron contra

INGENIO PICHICHI SA.

Se acepta el impedimento del Magistrado Donald José Dix Ponnefz, expuesto en escrito de 8 de agosto del corriente ario.

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Radicación n.°92477 Se reconoce personería adjetiva al abogado Rigoberto Echeverri Bueno, como apoderado de Ingenio Pichichi SA, en los términos y para los efectos del poder conferido.

I. ANTECEDENTES En lo que interesa al recurso extraordinario, José

Francisco González Ríos, Luis Alberto Moreno Ubaque, Jhon Jairo Pantoja Tulcán, José Jandi Salazar y Gustavo de Jesús Ladino Trejos, demandaron al Ingenio Pichichi para que se declarara que: entre ellos existió contrato de trabajo a término indefinido, fueron enviados en misión al aludido

Ingenio, por la Cooperativa de Trabajo Asociado Agrocoop y Cooperativa de Trabajo Asociado Progresemos, para efectuar labres de corte de caria. Consecuentemente, pidieron condenarlo, de acuerdo con el tiempo de trabajo de cada uno, a pagarles: auxilio de cesantía y sus intereses, primas de servicios, vacaciones, auxilio de transporte, el ajuste de los aportes en pensiones, indemnización por despido sin justa causa, sanción del artículo 65 del CST y del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, los perjuicios morales por 500 salarios mínimos, la indexación, lo extra y ultra petita, además de las costas. Como fundamento de las pretensiones, relataron que: prestaron sus servicios a la demandada como trabajadores asociados a las citadas Cooperativas, pero fueron remitidos en misión en labores de cortar caria, actividad que desarrollaron así: Gustavo de Jesús Ladino Trejos desde 23 2

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Radicación n.°92477 de junio de 2004 al 29 de febrero de 2012; José Jandi Salazar entre el 24 de junio de 2004 y el 29 de febrero de 2012; Luis Alberto Moreno Ubaque desde el 24 de junio de 2004 hasta el 29 de febrero de 2012; Jhon Jairo Pantoja Tulcán entre el 3 de abril de 2005 y el 29 de febrero de 2012 y, José Francisco González Ríos del 24 de junio de 2004 al 29 de febrero de 2012. Informaron que, durante el periodo laborado, la llamada

ajuicio no les pagó las prestaciones sociales, las vacaciones, los intereses a la cesantía, ni el auxilio de transporte, les sufragó un salario inferior al de los trabajadores de planta, quienes estaban cobijados por la convención colectiva y, además, las cooperativas les efectuaron descuentos del salario. Dijeron que la actividad como corteros de caria, fue desarrollada en los predios del Ingenio Pichichi, con una jornada que iniciaba 6:00 a.m. y terminaba 3:00 p.m., de lunes a domingo y festivos, sin descanso, bajo las órdenes de los supervisores, cabos o monitores de corte del ingenio. Sostuvieron que el Ingenio Pichichi SA, se encargó de la información de cada trabajador, especialmente en cuanto a días laborados, corte de caria por el número de tajos, especificación del producto, toneladas cortadas y tarifa. Estos datos eran remitidos a las citadas Cooperativas para que efectuaran el pago.

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Radicación n.°92477 Adujeron que para poder ingresar a las instalaciones, la demandada los obligó a afiliarse a las Cooperativas, que no eran dueñas de las herramientas con las que se efectuó el trabajo, no cumplieron funciones autogestionarias, el precio de corte lo fijaba el ingenio Pichichi, al igual que el control de los asalariados, y fue el ingenio quien dispuso la disolución y liquidación de las cooperativas, pagó los costos que este proceso implicó, que en el mes de octubre de 2008, participaron en una huelga lo que acarreó que fueran

procesados penalmente, pero fueron absueltos. Manifestaron que, en el último ario, percibieron los siguientes salarios: Gustavo de Jesús Ladino Trejos $1.298.833.33; José Jandi Salazar $655.166.66; Luis Alberto Moreno Ubaque $1.712.666.66; Jhon Jairo Pantoja Tulcán $736.166.66 y José Francisco González Ríos $849.333.33. Para finalizar aseveraron que, la demandada les adeuda el reajuste de los aportes a pensiones y que en las cartas de renuncia que firmaron, no medió su voluntad, pues de no hacerlo no habrían sido incorporados a la empresa Pichichi Corte SA, que es propiedad de la encausada. Ingenio Pichichi SA, se opuso a las pretensiones y negó los hechos. Propuso excepciones previas de inepta demanda por falta de integración del litisconsorte necesario e inepta demanda por falta de requisitos formales; de mérito prescripción, pago y compensación, así como, las que llamó: falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de

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Radicación n.°92477 la obligación, principio de legalidad y estabilidad jurídica, ilegitimidad sustantiva de la parte demandada, ilegitimidad de personería sustantiva en la parte demandada y buena fe. En su defensa, adujo que con los demandantes jamás existió contrato de trabajo, por el contrario, debían tenerse en cuenta las expresiones que constituían confesión, en cuanto a que estuvieron vinculados a las Cooperativas de

Trabajo Asociado enunciadas en la demanda.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buga, concluyó el trámite y emitió fallo el 20 de noviembre de 2018, en el que declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación, absolvió íntegramente a la demandada e impuso costas a los promotores del juicio.

Disconformes, los demandantes apelaron.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Para resolver el recurso, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, profirió fallo el 28 de junio de 2021, en el que confirmó el de primer grado e impuso condena en costas a los impugnantes.

En lo que interesa al recurso extraordinario, precisó que centraría su estudio en revisar si existieron de verdaderos

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Radicación n.°92477 contratos de trabajo entre los demandantes y el Ingenio Pichichi SA, con el fin de corroborar lo dicho en la demanda en punto a que los servicios de los actores beneficiaron a la demandada y que entre el Ingenio y las Cooperativas existió tercerización laboral para burlar los derechos de los demandantes. Dijo que la afirmación según la cual, sus servicios fueron prestados a la demandada y que por tal motivo se deducía el vínculo laboral, fue negado por la convocada a juicio con sustento en que ningún vínculo existió entre ellos, que los servicios fueron para las CTA citadas con quien la empresa suscribió contratos civiles o comerciales. Así las cosas, se remitió a las historias de aportes a la

Seguridad Social en Pensiones de los demandantes (f.° 34 a 60), que dijo, exhiben las cotizaciones por cuenta de diferentes empresas que no del Ingenio demandado; afirmó que de folios 1 a 4 del cuaderno No. 8 obraba Acta de Acuerdo de 21 de junio de 2005, entre directivos de la demandada y un grupo de personas que expresan tener representación de algunas CTA que prestaban apoyo en labores de corte de cana, pacto en el que se dispuso que la empresa no contrataría de manera directa el corte manual de cana, que en cooperación con el SENA daría capacitación en cooperativismo a los asociados y garantizaría que se formaran y organizaran de acuerdo a la ley, para presentar ofertas mercantiles; que también aparecían a los folios 11 y

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Radicación n.°92477 ss del mismo cuaderno No. 8, diversas actas de verificación del mentado acuerdo. Se refirió a las varias ofertas mercantiles, sus aceptaciones, contratos de prestación de servicios y demás documentos, las que dijo daban cuenta de la relación comercial suscitada entre las Cooperativas y SAS citadas entre los arios 2006 a 2011 (f.°139 a 209 cuaderno No. 1), todas con el fin de realizar corte manual y siembra de caria en predios del Ingenio demandado o de terceros, que además reposaban las copias de los estatutos, actas de asamblea y reuniones de consejo de administración (cuaderno No. 2), facturas y recibos de pago, al igual que toda la documental relativa la vinculación de los demandantes con las

Cooperativas, los contratos con la abogada Amparo López, cuentas de cobro y comprobantes de pago. De prueba testimonial, inicialmente se remitió a la versión rendida por William de Jesús Calvo Acevedo y Nancy Beatriz Franco °campo, quienes afirmaron haber laborado para el Ingenio Pichichi durante más de 20 arios en labores de cosecha y Jefe de Relaciones Laborales respectivamente, dijeron que nadie de la citada empresa emitía ordenes al personal de las cooperativas, que la única comunicación que existía era entre el jefe de cosecha y los representantes de las CTA, su relación fue siempre con los gerentes o representantes de las citadas, más no con los corteros, hicieron un relato acerca de la huelga o bloqueo que se presentó en el año 2008 y que los procesos disciplinarios, las incapacidades y dotaciones que afirmaron los demandantes

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Radicación n.°92477 estaban a cargo de la demandada, no correspondían a la realidad. Luego de lo señalado, concluyó: [...] Del análisis de las posturas detalladas, se obtiene con claridad, que no existe demostración referida a que los servicios que como corteros de caria de azúcar prestaron los demandantes, fueron dependientes y en favor directo del INGENIO PICHICH1 S.A., cuando sí, que los mismos fueron para entidades diferentes a la encartada, concretamente para las CTAs AGROCOOP y PROGRESEMOS; empresas que según la documental, contaron en su momento con constitución legal propia del régimen cooperativo y societario; con operatividad autónoma, logrando la vinculación de los actores a través de convenios asociativos de

trabajo que no se demostró hubiesen sido obtenidos con coacción o con la presencia de algún vicio del consentimiento o de apremio frente a los demandantes. También quedó probado, que a INGENIO PICHICI S.A., se presentaron varias ofertas mercantiles para cumplir la labor atinente al objeto social de las empresas oferentes, sin que se allegara prueba que desnaturalice su legalidad, pues no se evidencia objeto o causa ilícita como tampoco ninguna alteración en su contenido, que soporte las acusaciones de la activa, referidas a una tercerización; por el contrario, se patentiza un negocio jurídico válido entre varias empresas con ánimo de lucro; en la que las CTAs tenían su personal directivo, así como sedes propias donde ejercer su actividad, designando cabos de corte que se entendían en el campo con sus afiliados; la toma de decisiones y el pago de las obligaciones que el régimen de compensaciones y laboral respectivamente le imponía, no encontrando la Sala indicio de intermediación laboral que desdibuje sus labores como entidades cooperativas. De otra parte, dijo que conforme las pruebas allegadas no encontraba subordinación de los demandantes al Ingenio, que ni siquiera acreditaban la prestación de servicios como corteros de caña en el tiempo que afirmaron o que tal labor fuera continuada, pues todas fueron labores propias de cosecha, actividad o tarea que no requería trabajo continuo,

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Radicación n.°92477 que si bien la empresa tenía contratos civiles o comerciales con las Cooperativas en las que prestaban servicios, no existía prueba que permitiera afirmar que cada uno de los

demandantes trabajó o prestó servicios en virtud de dichos contratos, que las certificaciones de las cooperativas no registraban en qué lugar laboraron los promotores del juicio. Para finalizar, trascribió el artículo 6 del Decreto 4558 de 2006 y apartes de la sentencia de esta Sala CSJ SL44792020, y concluyó que la demandada hizo uso de una facultad legal sin incurrir en tercerización al no ejercer poder subordinante de cara a la actividad de corte que desarrollaron los demandantes.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el apoderado de los demandantes, concedido por el Tribunal, admitido por la Corte, y sustentado en tiempo, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte se case el fallo del Tribunal, en sede de instancia revoque el de primer grado y en su lugar, acceda a las pretensiones e imponga costas como corresponde.

Con tal propósito presentan cinco cargos que recibieron réplica, de los cuales, la Sala estudiará en conjunto el 2, 3, 4

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Radicación n.°92477 y 5 dada la identidad de cuerpo normativo acusado, argumentación y propósito.

VI. CARGO PRIMERO Por la vía indirecta acusa aplicación indebida de «los artículos 4, 5, 59 de la Ley 79 de 1988; 1, 5 y 6 del decreto 468 de 1990, 5, 8, 17, 18 del Decreto 4588 de 2006; Artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, 2 y 3 del Decreto 2025 de 2011,

en relación con los artículos 53 de la GP; 22, 23, 24, 35, 36, 65, 127, 249, 253, 254 y 306 del C.S.T.; 1, 2 y 99 de la Ley 50 de 1990». Como causa eficiente de la trasgresión normativa, cita los siguientes errores: 1.- Dar por demostrado, sin estarlo, que los servicios como corteros de caria de azúcar fueron para entidades diferentes a la convocada ajuicio esto es para las COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO AGROCOOP y PROGRESEMOS. 2.- Dar por demostrado, sin estarlo, las CTAs según la documental, contaron en su momento con constitución legal propia del régimen cooperativo; con operatividad autónoma, logrando la vinculación de los actores a través de convenios asociativos de trabajo que no se demostró hubiesen sido obtenidos con coacción o con la presencia de algún vicio del consentimiento o de apremio frente a los demandantes. 3.- Dar por demostrado, sin estarlo, que quedó probado con la abundante prueba documental, que frente al Ingenio demandado se prestaron varias ofertas mercantiles para cumplir la labor atinente al objeto social de las CTAs que no se evidencia objeto o causa ilícita, no observando la sala un solo indicio de indeterminación. 4.- No dar por demostrado, estándolo, que los demandantes recibieron órdenes impartidas en el campo por los cabos o capataces del INGENIO PICHICHI S.A.

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Radicación n.°92477 5.- Dar por demostrado, sin estarlo, que en cuanto a la prestación

del servicio como cortero[s] de Caria, el mismo no se encuentra propiamente determinado en el tiempo indicado por los actores en su demanda, así como tampoco que dicha labor siempre se hubiera prestado en relación a la actividad agroindustrial de la empresa demandada, por lo que no existe certeza que permita determinar, que en efecto los demandantes sirvieron como cortero[s] en los términos y bajo las condiciones que expresaron en el escrito genitor.

6. Dar por demostrado, sin estarlo, que los demandantes fueron trabajadores asociados voluntariamente de las CTAs. 7.- Dar por demostrado, sin estarlo, que no existió subordinación o dependencia de los demandantes con la sociedad INGENIO PICHICHI S.A. 8.- No dar por demostrado, estándolo, que los demandantes prestaron personalmente sus servicios a favor de la demandada INGENIO PICHICHI S.A. 9.- No dar por demostrado, estándolo, que las CTAs no adelantaron labores de cooperativas de trabajo asociado con plena autonomía administrativa y financiera. 10.- No dar por demostrado, estándolo, que las CTAs nunca organizaron las actividades a desarrollar por parte de los demandantes asociados. 11.- No dar por demostrado, estándolo, que las CTAs realizaron sus actividades como "cooperativas de trabajo asociado" con las herramientas de la contratante INGENIO PICHICHI S.A. 12.- No dar por demostrado, estándolo, que la sociedad INGENIO PICHICHI S.A. fue quien suministró las dotaciones a los asociados en las CTAs, realizó el pago de incapacidades, compensaciones, pagó la seguridad social y dio donaciones para

vivienda, además de ordenar la disolución y liquidación de las CTAs. 13.- Dar por demostrado, sin estarlo, que la prestación de servicios personales como corteros de caria de los demandantes; que la misma no se encuentra propiamente determinada en el tiempo indicado por los actores en la demanda. 14.- Dar por demostrado, sin estarlo, que la labor como corteros de caria de azúcar no fue continua en el tiempo. Asegura que los yerros fueron consecuencia de la errónea apreciación de: los periodos y cotizaciones de los

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Radicación n.°92477 demandantes (f.° 34 a 50); actas de acuerdo y verificación firmadas por directivos del Ingenio demandado (folios 1 a 4 y 11 y siguientes del cuaderno 8); las ofertas mercantiles y aceptaciones realizadas por las Cooperativas, al igual que los demás documentos que dan cuenta de la relación comercial suscrita para realizar el corte manual de caria (f.° 139 a 209 Cuaderno 1); las pruebas de los restantes cuadernos que conforman el expediente, entre ellas los estatutos, actas de asamblea y reuniones de consejos de administración, recibos de pago y facturación, contrato con abogada para liquidar las Cooperativas y, los demás relacionados con la vinculación de los actores a dichas entidades. Además, de la preterición de: certificado de existencia y representación legal de Ingenio Pichichi (f.°28 a 32); la demanda y su contestación (f.°6 a 27 y 105 a 124), al igual que los pagos por compensaciones (f.° 76 y ss y 458 y ss), en los que

se hacían descuentos de porcentajes semestral, anual y descanso anual. En el sustento, reproduce apartes de la sentencia del Tribunal y argumenta que se equivocó al creer que las CTA fueron empresas totalmente independientes y que tenían sus propios gerentes, pues eso no fue lo que realidad ocurrió, las citadas dependían del Ingenio quien incluso dispuso su liquidación; que conforme las ofertas mercantiles y sus aceptaciones (f.° 139 y ss), se comprueba que las labores realizadas por los actores fueron las de corte de caña, riego, siembra, limpieza, arreglo de prados, fumigación entre otras, esto es, las mismas actividades del objeto social de la

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Radicación n.°92477 demandada (f.° 28 a 32) y, por tal motivo no podía intermediar sus actividades misionales, lo que permite inferir que si fue el verdadero empleador de los demandantes. Agrega que de la documental a la que alude, se determina que el Ingenio suministraba dotaciones y herramientas a los socios de las Cooperativas contratadas, podía exigir el retiro o prohibir el ingreso de aquellos a sus instalaciones, existió la obligación de suministrar la información de los afiliados, sus antecedentes judiciales y disciplinarios, les donó sumas de dinero con destino al fondo de solidaridad con el fin de atender la solvencia de aquellos, patrocino con donaciones de $27.000.000 para el fondo de solidaridad y la solvencia de los asociados, además, a entregar la suma de $420.000 a cada asociado, como apoyo

a los procesos de producción, pruebas con las que dice, se demuestra que la demandada fue el auténtico empleador. Manifiesta que, de las referidas ofertas mercantiles, se puede concretar que la demandada se obligó con las Cooperativas a permitir que los asociados usaran el transporte que tienen para los trabajadores directos, también se comprometió a prestar apoyo con el suministro de un salario mínimo para el pago del cabo, ayudar con la carga laboral de la abogada contratista y a pagar incapacidades, lo que ratifica que los demandantes estuvieron subordinados a las condiciones del Ingenio demandado. Sostiene que también erró por la mala apreciación de los folios 1 al 4, cuaderno 8, concretamente las actas de

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Radicación n.°92477 acuerdos en los que el Ingenio se comprometió a reubicar a los asociados en otras labores cuando estuvieran incapacitados, a pagar las compensaciones, la seguridad social, a dar capacitación en cooperativismo y entregar sumas de dinero para desarrollar programas de vivienda y educación, con lo que se comprueba que las Cooperativas no fueron autogestionarias. Refiere que, de la contestación a la demanda, se comprueba que prestaron servicios en labores propias del corte de caria durante el período enunciado, actividades que realizaron continuamente a través de las Cooperativas enunciadas, las que el Ingenio creó y, luego disolvió y liquidó según contratos suscritos con Amparo López Espejo y Licenia Galindo por valor de $159.000.000, lo que patentiza una

verdadera simulación y ausencia total de autogestión. Considera que el Tribunal, debió darle prelación a las circunstancias que rodearon la relación jurídica, como lo dicen los documentos señalados, motivo por el cual insiste en que se debe casar la sentencia.

VII. RÉPLICA Afirma que se denuncian normas que no pudieron ser infringidas por el fallador de alzada (artículo 2 del Decreto 2025 de 2011), pues cuando se profirió la decisión de segundo grado ya habían sido declaradas nulas; estima que el Tribunal no incurrió en equivocación alguna en la valoración de las pruebas que denuncian los recurrentes,

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Radicación n.°92477 pues de ninguna de ellas se demuestra la prestación de los servicios por cada uno de los demandantes y mucho menos del poder de subordinación por parte de la enjuiciada, que lo probado en ese asunto no es otra cosa que la contratación de servicios con algunas CTA para efectuar el corte de caria y otras labores conexas.

VIII. CONSIDERACIONES En principio, la Sala centrará su estudio en las pruebas que enuncia la censura, de las cuales elabora alguna construcción argumentativa, pues, aunque lista un número amplio y general de documentales, en el desarrollo del cargo deja de lado pronunciarse de algunas de ellas.

Lo anterior, debido a que, como lo ha adoctrinado esta Corporación, cuando de la senda fáctica se trata, los recurrentes deben emprender un proceso demostrativo de los yerros, que implica confrontar la prueba con la sentencia, para que emerja un dislate, que debe ser manifiesto y

protuberante (CSJ SL, 23 mar. 2001, rad. 15148 y CSJ SL2814-2019). Antes de analizar los planteamientos del recurso, se recuerda que para confirmar la sentencia absolutoria de primer grado, el colegiado se sustentó en que una vez analizada la prueba incorporada al proceso, se obtenía con claridad «que no existe demostración referida a que los servicios que como corteros de caña de azúcar prestaron los

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Radicación n.°92477 demandantes, fueron dependientes y en favor directo del INGENIO PICHICHÍ S.A., cuando sí, que los mismos fueron para entidades diferentes a la encartada», aunado a que no había demostración que desnaturalizara el vínculo comercial celebrado entre la demandada y las Cooperativas citadas. A lo anterior, agregó que la testimonial allegada daba cuenta que ni el Ingenio demandado ni tampoco algunos de sus trabajadores impartían órdenes al personal de las Cooperativas, la única comunicación era entre el jefe de cosecha y los representantes de las CTA, así que era deber de los demandantes demostrar la prestación de servicios en favor de la demandada, carga que no se cumplió en este asunto y mucho menos los extremos temporales. En la sustentación del recurso, para tratar de demostrar la efectiva prestación de los servicios, se alude a las historias laborales, actas de acuerdo y verificación, ofertas mercantiles, al certificado de existencia y representación legal del Ingenio Pichichi SA, probanzas a partir de las cuales aseveran que las Cooperativas «realizaron las actividades propias del objeto social del INGENIO», por lo

que las mismas resultaron ser meras intermediarias y como tal, se dio el elemento de subordinación, pues aseguran, las Cooperativas a las que pertenecieron no tenían independencia financiera ni administrativa y que el Ingenio fue quien las disolvió y liquidó. 16

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Radicación n.°92477 De esta primera acusación, sustentada en los folios 28 a 32 (f.° 55 y ss exp. Digital), no encuentra la Sala elemento alguno que demuestre que efectivamente los actores desplegaron su fuerza de trabajo en favor de la sociedad demandada, pues el que aparezca determinado objeto social y que las Cooperativas hayan contribuido a su desarrollo, no conducen a tener por probado, que ellos laboraron a favor de la llamada a juicio y que los entes solidarios fueron simples intermediarios. En relación con la valoración de las ofertas mercantiles así como de sus correspondientes otrosíes folios 139 y ss (f.°217 y ss expediente digital), tampoco se puede colegir que los demandantes efectivamente hayan prestado servicios a favor del Ingenio Pichichi SA, ni los extremos temporales en que habría ocurrido, sino que todo el esfuerzo lo encaminan a probar diversos aspectos de la relación entre las Cooperativas y la sociedad demandada, atinentes a suministro de herramientas, el registro de asociados que debía entregar las Cooperativas a la compañía demandada; que hubo donaciones de la empresa llamada a juicio a favor de las Cooperativas para un fondo de solidaridad e igualmente una de $420.000 para cada afiliado, que el ingenio se obligó a pagar a terceros los créditos que las CTA no cubrieran, que

aquel podía exigir a estas el retiro o prohibir el ingreso de asociados al ingenio y, que se obligó a permitir que estos hicieran uso de los medios de transporte que la demandada tiene para el servicio de sus trabajadores directos.

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Radicación n.°92477 Así, de ninguna de estas pruebas se colige que efectivamente los accionantes prestaron su fuerza de trabajo al Ingenio Pichichi SA, que fue precisamente lo que extrañó el ad quem y que es el soporte de las pretensiones de la demanda. En el mejor de los escenarios, de estos documentos, podría deducirse que las Cooperativas tenían cierto grado de autonomía financiera y administrativa y, que sí hubo donaciones o alguna injerencia del Ingenio Pichichi SA en su administración y liquidación, no obstante, no conduce a otorgar a los demandantes el carácter de trabajadores del ingenio, pues, tales actos fueron producto de los compromisos que adquirieron las CTA y el Ingenio Pichichi SA en las diferentes ofertas mercantiles y que antes que evidenciar elementos propios subordinantes de naturaleza laboral, lo que acreditan es el cumplimiento de obligaciones recíprocas de carácter comercial a las que aquellas se comprometieron. En los documentos de folios 189 y 190 (f.°274 y 275 exp, digital), se encuentra que la compañía llamada ajuicio, aceptó suministrar a unas cooperativas un salario mínimo legal mensual apara pago de servicios del cabo de campo», así como en asocio con el SENA u otra entidad, dar capacitación en cooperativismo de trabajo asociado con énfasis en administración de empresas a un grupo de asociados a las

CTA y a Sintrapichichi, sin que tales convenios conduzcan a otorgarle a los demandantes la calidad de trabajadores del

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Radicación n.°92477 ingenio, pues en ellos se hace alusión particular a ese denominado acabo de campo» de quien no se acreditó la prestación del servicio a favor del Ingenio Pichichi SA y, mucho menos que esa persona haya ejercido alguna vigilancia sobre los peticionarios y, en lo que hace a la referida capacitación, en aquel acuerdo no se individualizan los trabajadores que se beneficiarían con aquella, lo que tampoco lleva a desvirtuar la conclusión a la que arribó el Tribunal. Acusa la documental que aparece a folios 139 y ss (f.°217 y ss expediente digital), con apoyo en los cuales asevera que se prueba, que el ingenio autorizó a la cooperativa, que utilizara el mismo medio de transporte que suministraba a sus trabajadores directos, así como que se comprometió a suministrar «cada 4 meses, un par de zapatos, un pantalón, una camisa, guantes, machetes, limas, dulceabrigo, capa impermeable, canillera, machetes etc», razonamientos que, como se ha dicho, no apuntan a dilucidar el vínculo entre los demandantes y el Ingenio Pichichi SA, sino que ilustran los acuerdos entre éste último y las Cooperativas enunciadas con quienes los suscribieron, sin que en ninguno de esos folios se aluda o se deduzca de alguna manera que los accionantes efectivamente desplegaron su fuerza de trabajo en las instalaciones de la enjuiciada, por ende, nada aporta

a los reclamos de los actores, las aseveraciones atrás esbozadas.

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Radicación n.°92477 A folios 118 y ss del expediente digital, se aprecia el acta de acuerdo de 21 de junio de 2005, en el que los directivos de la demandada y algunas personas que expresaron representar a algunas CTA, se dispuso que la empresa no contrataría directamente el corte manual de caria, igualmente reposa el acta de reunión del 28 de agosto de 2010, en donde se menciona que en materia de «Salud: El ingenio continúa cumpliendo con el compromiso de asumir seguridad social de las personas que no alcancen a devengar el mínimo debido a que estén incapacitados, diferente a los que son por inasistencia». Allí se encuentra que ese aporte era para un grupo determinado, es decir, quienes por estar incapacitados no lograran el ingreso mínimo, sin que se mencione a los demandantes, ni se colija de los mismos, que hubieran prestado un servicio personal a la enjuiciada. No pasa desapercibido para la Sala que la censura pretende cuestionar la decisión del Tribunal, bajo el argumento de que la realidad de la contratación debe derivarse de la inexistencia de un real empleador en cabeza de las Cooperativas, por considerar que éstas no son verdaderamente autogestionarias y que no tienen autonomía financiera; no obstante, como se indicara líneas atrás, no se desconoce que en las ofertas mercantiles adosadas al plenario se consagró:

DE SER ACEPTADA NUESTRA OFERTA INGENIO PICHICHI

S.A. SE OBLIGARÍA A: 1. Pagar cumplidamente, dentro de los plazos establecidos, los valores que adeude al OFERENTE por