CSJ - SL2003-2023

República de Colombia Corle Suprema de Justicia Sala de Casada!! Laboral Sala da Descongestlia N. 3 JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO Magistrada ponente SL2003-2023 Radicación n.° 93463 Acta 29 Bogotá D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, contra la sentencia proferida el 28 de mayo de 2021, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC, en el proceso que en su contra y, contra LA

NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO

PÚBLICO, FIDUCIARIA LA PREVISORA SA., ASESORES

EN DERECHO SAS y SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE

FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN SA,

adelantó JOSÉ MANUEL CALDERÓN.

I. ANTECEDENTES José Manuel Calderón, llamó a juicio a la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Protección SA, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia - como

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Radicación n.°93463 Administradora del Fondo Nacional del Café, Fiduciaria La Previsora SA - como vocera y administradora del patrimonio autónomo PANFLOTA, y Asesores en Derecho SAS, (f.°818 a 831Vto), para que se declarara: «la protección al derecho a la seguridad social (...) respaldando el amparo de tal derecho emitido por el Tribunal Administrativo (...)»; que fue trabajador

de la Flota Mercante Grancolombiana; y que la anterior compañía «no efectuó los aportes a la seguridad social con los salarios reales devengados por el trabajador como lo ordena la ley». Consecuencialmente solicitó condenar a: Asesores en derecho SAS, a expedirle la «resolución del bono pensional o cálculo actuarial que le corresponde por el tiempo laborado en dicha compañía»; la Fiduciaria La Previsora SA., como vocera del Patrimonio Autónomo Panflota, a pagar a Protección SA., el título pensional o cálculo actuarial por el tiempo laborado; y a esta última entidad, a «tener en cuenta el tiempo laborado por el actor en la Flota Mercante Grancolombiana SA», para efectos de la pensión por vejez. Así mismo, requirió que todas y cada una de las demandadas debían ser condenadas a pagarle «los perjuicios originados en el incumplimiento en el pago del título pensional», los intereses de mora y las costas.

En defecto de lo anterior: «se declare la responsabilidad subsidiaria de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ» y en consecuencia, fuera condenada a sufragar el valor del título pensional referido. Enunció que de no tener acogida lo precedente, se declarara la responsabilidad subsidiaria de

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Radicación n.°93463 la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, «como titular de la cuenta - FONDO NACIONAL DEL CAFÉ de las obligaciones pensionales enf avor del demandante», por lo que

dicha entidad debía ser condenada a financiar el aludido cálculo actuarial. Anotó que, en el evento de no accederse a los intereses de mora, las sumas debían ser indexadas. En lo que estrictamente interesa al recurso extraordinario, como fundamentos fácticos, se hizo una amplia narración sobre «LA EXISTENCIA DE LA FLOTA MERCANTE, SU SITUACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y TERMINACIÓN»; describió los hechos que daban soporte a los reclamos laborales, así: a la presentación de la demanda, tenía 60 arios de edad; laboró para la Flota Mercante Grancolombiana SA, «hoy compañía de inversiones de la Flota Mercante SA)), desde el 2 de agosto de 1982, y hasta el 19 de septiembre de 1994, mediante contrato individual de trabajo a término indefinido, para un total de 4345 días. Dijo que del anterior periodo, la empleadora no cotizó para pensiones desde el 2 de agosto de 1982 hasta 28 de agosto de 1990, ni desde del «31 de agosto hasta el 19 de septiembre de 1994», es decir, dejó de cotizar 423.85 semanas, sumado a que, en el lapso comprendido entre el 29 de agosto de 1990 y el 19 de septiembre de 1994, la Flota Mercante Grancolombiana SA, no sufragó los aportes sobre los salarios reales devengados. Aseveró que el último cargo que desempeñó fue el de primer electricista, a bordo de los buques de la Flota

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Radicación n.°93463

Mercante Grancolombiana, con un salario promedio mensual, compuesto por los siguientes factores: salario básico de USD661, prima de antigüedad USD111.80, horas extras USD322.11, salario en especie USD216, viáticos nacionales e internacionales USD20.68, incidencia de las primas extralegales USD110.96, para un salario promedio de USD1.442.56, de acuerdo con la liquidación final. Dijo que se encontraba afiliado a Protección SA., en donde acreditaba 1233.28 semanas, pero tal administradora «no ha reclamado el bono pensional o cálculo actuarial, por el tiempo laborado en la Flota Mercante Grancolombiana». Mencionó que presentó reclamación administrativa a Asesores en Derecho SAS, el 18 de mayo de 2016, por lo que esta sociedad emitió la resolución número 47 de 24 de marzo de 2017, por medio de la cual dio cumplimiento a la sentencia de 6 de febrero de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y posteriormente la resolución número 156 de 9 de octubre de 2017, por la que reconoció el cálculo actuarial. Enunció que también radicó ante las encartadas, reclamaciones administrativas el 28 de diciembre de 2016. La sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección (f.°853 a 861), se opuso a las pretensiones en su contra. De los hechos aceptó: la edad, y las semanas cotizadas a esa entidad. 4

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Radicación n.°93463 Argumentó que «(...) de asistirle al afiliado demandante

derecho a que se le reconozca y pague un bono pensional con el que se financiará la pensión de vejez, la emisión corresponde a la entidad pagadora de pensiones a la cual haya pertenecido el afiliado antes de entrar al régimen de ahorro individual con solidaridad», mas no a esa administradora. Propuso las excepciones de prescripción y, falta de legitimación en la causa por pasiva, y la que llamó cobro de lo no debido. La Fiduciaria la Previsora SA - Fiduprevisora SA., en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Panflota, al contestar la demanda (f.°918 a 930), se resistió a las peticiones. No asintió el sustento fáctico del libelo gestor. Invocó algunas cláusulas del contrato de fiducia 3-10138 de 2006, que suscribió con la Compañia de Inversiones de la Flota Mercante SA. Con báculo en el aludido acuerdo, alegó que actuaba «exclusivamente como una Fiducia de administración y fuente de pagos». Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, y las que llamó: imposibilidad de realizar pagos distintos a los establecidos en el contrato de fiducia mercantil, e inexistencia de la obligación. La Federación Nacional de Cafeteros, en su condición de administradora del Fondo Nacional del Café, (f.°998 a

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Radicación n.°93463 1047), se opuso a las pretensiones y, no admitió ninguno de

los hechos concernientes al nexo laboral. En su defensa sostuvo que, debía tenerse presente que la asunción del riesgo de vejez por el ISS fue progresiva, de acuerdo con el llamamiento que efectuaba. Relievó que esa sociedad actuaba como administradora de una cuenta especial de naturaleza parafiscal, cuyos recursos tenían una destinación específica definida por la ley, por ende, carecía de potestad para destinar los recursos a fines no previstos legal o contractualmente. Alegó que la cuenta especial Fondo Nacional del Café, no tenía personería jurídica, por eso la Federación ejercía su administración, pero era la Nación - Ministerio de Hacienda, con la participación del gremio caficultor, quien determinaba la forma de gestionar los recursos. Planteó las excepciones de prescripción, cosa juzgada, pago, compensación y y falta de legitimación en la causa, así como las que denominó: ausencia de responsabilidad subsidiaria en cabeza de esa Federación; inexistencia de la obligación y buena fe. Asesores en Derecho SAS, en su condición de mandatario con representación, también se opuso a que se debiera pagar un cálculo actuarial, pues no existía obligación de afiliación. De los hechos atinentes al vínculo laboral, aceptó: la edad, la existencia de la relación laboral, los extremos temporales, la emisión de las resoluciones 47 y 156

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Radicación n.°93463 de 2017; y la reclamación administrativa (f.°2090 a 2103 Vto). Sostuvo que actuaba en calidad de mandataria con representación, lo que implicaba que solo resolvía solicitudes

de carácter pensional, con cargo al Patrimonio Autónomo PANFLOTA, en consecuencia, en su criterio, esa compañía no tenía responsabilidad económica. Subrayó que, en las fechas de prestación de los servicios, no existía obligación legal de afiliar a los trabajadores marítimos, porque la cobertura del ISS, solo fue efectiva a partir del 15 de agosto de 1990. Propuso las excepciones de prescripción y cosa juzgada, así como las que denominó: inexistencia de la obligación para proteger el derecho amparado por la sentencia proferida por el Consejo de Estado; inexistencia de la obligación debido a que el ISS, no había asumido el riesgo; imposibilidad jurídica para reconocer el cálculo actuarial; ausencia de presupuesto fáctico para la procedencia del cálculo; buena fe; y oposición a condena en costas y a los perjuicios. La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, (f.°2106 a 2126), manifestó que se oponía «a todas y cada una de las pretensiones de las cuales se pretenda obtener la declaratoria de responsabilidad subsidiaria». Del fundamento fáctico asintió que el actor elevó una reclamación administrativa. En su defensa, expuso que no podía ser condenada, con sustento en los siguientes argumentos,: (i) Esa cartera no

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Radicación n.°93463 actuaba como administradora de pensiones; (ii) No es participe del proceso de liquidación obligatoria de la CIFM; (iii) El Ministerio de Hacienda no es accionista ni ejerce control en la CIFM; (iv) Aunque el Fondo Nacional del Café,

tiene una participación mayoritaria en la Flota, no significa que por dicha razón la compañia de inversiones de la Flota se haya convertido en entidad pública descentralizada, ni que la nación deba responder por ese motivo. Alegó las excepciones de prescripción y falta de legitimación en la causa por pasiva, así como las que denominó: «indebida vinculación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público», e inexistencia de obligación alguna.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá DC, concluyó el trámite y emitió fallo el 19 de septiembre de 2018 (CD. f.°2174), en el que decidió: PRIMERO: ABSOLVER a las demandadas (...) de todas las peticiones incoadas en su contra por el señor José Manuel Calderón, por lo expuesto a lo largo de este pronunciamiento. En segundo lugar, CONDENA en costas a la parte demandante. Disconforme, el promotor del juicio impugnó.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Para resolver el recurso, la Sala Laboral del Tribunal

Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC, profirió fallo el 28 de mayo de 2021 (f.°2225 a 2235 Vto), en el que decidió:

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Radicación n.°93463

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 19 de septiembre de 2018 por el Juzgado 13 Laboral del Circuito de Bogotá y, en su lugar DECLARAR que la FLOTA MERCANTE GRANCOLOMBIANA debió efectuar el pago de los aportes

comprendidos entre el 2 de agosto de 1982 y el 28 de agosto de 1990 a favor del trabajador JOSÉ MANUEL CALDERÓN, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN SA, que realice el cálculo actuarial de los aportes pensionales del demandante JOSÉ MANUEL CALDERÓN, para los periodos comprendidos entre el 2 de agosto de 1982 y el 28 de agosto de 1990 y entre el 31 de agosto de 1994 y el 19 de septiembre de 1994, teniendo como salario para su cálculo la suma mensual de $540.566, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: CONDENAR a la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, como administradora del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, a trasladar el valor del cálculo actuarial de los aportes pensionales del demandante JOSÉ MANUEL CALDERÓN, por los periodos comprendidos entre el 2 de agosto de 1982 y el 28 de agosto de 1990 y entre el 31 de agosto de 1994 y el 19 de septiembre de 1994, con destino a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN SA., conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: ABSOLVER de las pretensiones de la demanda a la FIDUCIARIA LA PREVISORA SA., ASESORES EN DERECHO SAS y a la NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA y CRÉDITO

PUBLICO, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: SIN COSTAS en esta instancia por no haberse causado. Las de primera instancia a cargo de la FEDERACIÓN

NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA.

En lo que interesa al recurso extraordinario, mencionó que el quo absolvió a las llamadas a juicio con fundamento en que durante el tiempo en que estuvo vigente el contrato

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Radicación n.°93463 de trabajo, el ISS no había llamado a los empleadores a efectuar la afiliación de los trabajadores. Indicó que, para combatir el razonamiento del a quo, el apelante sustentó que esta Corporación, en múltiples sentencias, había exhibido una tesis contraria a la del sentenciador unipersonal, pues así la obligación de afiliación hubiese iniciado a partir del 15 de agosto de 1990, la empleadora debía efectuar el pago del cálculo actuarial. Centró el primer problema jurídico en dirimir si «Debía la FLOTA MERCANTE (...) efectuar los aportes a pensión (...) por el periodo comprendido entre el 2 de agosto de 1982 y el 28 de agosto de 1990», no obstante que el ISS solo posibilitó la afiliación de trabajadores del mar a partir del 15 de agosto de 1990. Dijo que, como premisas fácticas, tendría en cuenta que el actor, laboró para la empresa atrás aludida desde 2 de agosto de 1982 y hasta el 19 de septiembre de 1994 (f.°576 a 578, 580 y 760); la sociedad empleadora solo efectuó aportes al sistema general de seguridad social a favor del

demandante desde el 29 de agosto de 1990 y hasta el 30 de agosto de 1994 (f.°763 a 766); y que el reclamante estaba afiliado a Protección SA. Para resolverlo, citó los fallos CSJ SL9856-2014, SL17300-2014, SL2138-2016, SL287-2018, con fundamento en los cuales anotó que la Flota Mercante Grancolombiana, sí debía efectuar los pagos al sistema de pensiones, por el

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Radicación n.°93463 periodo comprendido entre el 2 de agosto de 1982 y 28 de agosto de 1990, por ende, debía revocar el fallo de primer nivel, pues aunque el ISS, solo haya autorizado la afiliación de los trabajadores del mar a partir del 15 de agosto de 1990, ello no era motivo para que la compañía naviera se sustrajera de efectuar el aporte. Adujo que «Tal omisión entonces se sanea efectuando un cálculo actuarial a favor del trabajador (...)», por el periodo atrás aludido, y por el lapso comprendido entre el 31 de agosto y el 19 de septiembre de 1994, pues en este último, sin justificación alguna, no efectuó los aportes al ISS. En cuanto al ingreso a tener en cuenta como base para el cálculo, explicó que el artículo 4, del Decreto 1887 de 1994, enserió que el salario de referencia es el devengado a 31 de marzo de 1994, con los factores constitutivos de salario a la luz del CST, por lo que de esta norma concluyó que «el salario de referencia para efectos del cálculo actuarial debe ser el

último devengado por el accionante», y para respaldar esa orden enunció los fallos «42530 del 22 de abril de 2015 y 42530 (sic) del 11 de noviembre de 2015», en los que para la liquidación del cálculo, esta Corporación tomó el último salario. Expresó que de acuerdo con la liquidación final de prestaciones sociales (f.°760), los salarios del último ario de servicios, que sirvieron para el cálculo de la cesantía, fue la suma de 7.932USD, para un promedio mensual de 661USD, equivalente a $540.566, que debía tener en cuenta la

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Radicación n.°93463 administradora Protección SA., para confeccionar el cálculo. En lo atinente a los factores de salario a tener en cuenta para el cálculo, expuso que de las convenciones colectivas y laudos arbitrales, obrantes de folios 584 a 758, no era posible extraer que para efectos del pago de aportes a pensión debieran incluirse la prima de antigüedad, el salario en especie, las horas extras, los viáticos nacionales e internacionales. Aseveró que, como la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante SA, había desaparecido, debía determinar cuál de las demandadas era la llamada a responder, precisamente ese era el segundo problema jurídico. Enunció que la Flota Mercante Grancolombiana, se creó con el 45% de capital del Fondo Nacional del Café, 45% de capital venezolano, y 10% de capital Ecuatoriano, pero ante el retiro de Venezuela, el 80% del capital pasó al Fondo

Nacional del Café, el cual es una cuenta de naturaleza parafiscal a la que contribuyen los cafeteros de Colombia, y es administrada por la Federación Nacional de Cafeteros, en virtud del contrato que periódicamente celebra con el Gobierno Nacional (f.°31 a 40). Señaló que el 29 de abril de 1998, la Federación Nacional de Cafeteros, solicitó a la Cámara de Comercio de Bogotá, que inscribiera la situación de subordinación de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante, como filial de esa Federación (f.°315 Vto y 316). Refirió que la Superintendencia de Sociedades decretó la liquidación

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Radicación n.°93463 obligatoria de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante, mediante auto del 31 de julio de 2000 (f.°319 a 342), y el 22 de noviembre de 2012, aprobó la rendición final de cuentas, la liquidación del proceso liquidatorio y dispuso que la Federación, como administradora del Fondo Nacional del Café, matriz y controlante de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante, continuara con el pago del pasivo pensional. Más adelante aludió al parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, y a la sentencia CC SU1023 de 2001, y anotó que en el sub examine, operó la presunción contenida en el precepto antes citado, de acuerdo con el cual la liquidación de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante, fue por causa de las actuaciones que desplegó la

Federación Nacional de Cafeteros como sociedad matriz, sin que obrara en el plenario una sola prueba que desvirtuara esa presunción. Invocó los fallos de la Corte Constitucional, CC SU10232001 y el CC C-510-1997, argumentó que con sustento en ellos, se infería que la Federación Nacional de Cafeteros, tenía responsabilidad subsidiaria, es decir, la matriz solo estaba obligada al pago de las acreencias en el evento que las acreencias no pudieran ser asumidas por la subordinada. Apuntó que, aunque la aludida Federación, en el trámite ante la Corte Constitucional, se opuso a la afectación de los recursos del Fondo Nacional del Café para el pago de las mesadas pensionales, por tratarse de recursos parafiscales, esa Corte, no admitió tal tesis. Transcribió los motivos que

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Radicación n.°93463 esa Corporación otorgó, con apoyo en los cuales argumentó que la Federación Nacional de Cafeteros, como matriz o controlante «debe asumir la responsabilidad subsidiaria del pago del cálculo actuarial». En lo que hace a la Fiduprevisora SA, y Asesores en Derecho SAS, argumentó que el objeto del contrato de Fiducia «escapa a la condena impuesta por el a quo (sic) por concepto de cálculo actuarial», porque el mismo solo estaba destinado a al pago de mesadas pensionales y contingencias jurídicas que expresamente se hubiesen entregado a la fiduciaria. Razonó que en armonía con esta estipulación, la cláusula cuarta, la obligación en cabeza de la Fiduciaria, se

ciñó al pago de mesadas pensionales a los pensionados de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante, por eso, no podía hacerse extensiva a sufragar cálculos actuariales, por eso atendiendo los lineamientos del fallo CC SU-1023-2001 «será la Federación Nacional de Cafeteros como administradora del Fondo Nacional del Café la llamada a responder por las condenas impuestas en virtud de la responsabilidad subsidiaria declarada». De Asesores en Derecho SAS, como mandataria con representación, sostuvo que solo le correspondía la expedición de actos administrativos con cargo al patrimonio autónomo Panflota, en temas atinentes a reconocimiento pensional, pero no en el pago de cálculos actuariales, en consecuencia, debía absolverla.

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Radicación n.°93463 Para concluir explicó que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, también debía ser absuelto, porque «no se advierte ninguna obligación relacionada con la elaboración del cálculo actuarial ni tampoco con su pago».

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante y la Federación Nacional de Cafeteros, fue concedido por el Tribunal, admitido por la Corte, pero solo sustentado por la sociedad, que se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Solicita la casación del fallo del Tribunal, en sede de instancia se confirme la sentencia del a quo en cuanto la absolvió íntegramente, y se revoque la absolución que se impartió frente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que se efectúe el pronunciamiento que corresponda

según la responsabilidad subsidiaria del artículo 148 de la Ley 222 de 1995. Como primer alcance subsidiario, pidió casar la sentencia de segundo nivel, en cuanto revocó su absolución, y en sede de instancia declarar probada la excepción de pago del cálculo actuarial. Como segundo alcance subsidiario, requirió casar el fallo del ad quem, en cuanto revocó la decisión absolutoria

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Radicación n.°93463 de primer nivel, y la condenó a pagar un cálculo actuarial que debía ser liquidado por Protección SA, con un salario de $540.566, por el periodo comprendido entre el 31 de agosto de 1994 al 19 de septiembre del mismo ario, para que en sede de instancia, se adicione la sentencia de primer nivel, en el sentido de que no procede condena por este lapso. Como tercer alcance subsidiario, solicita la casación de la sentencia, en cuanto dispuso que el cálculo actuarial del periodo 2 de agosto de 1982 a 28 de agosto de 1990, se sufragara con un salario mensual de $540.566, para que en sede de instancia se «adicione» la sentencia de primer grado, en el sentido de disponer que el cálculo actuarial se debe liquidar con los salarios «devengados, mes por mes, y con referencia a los cuales se debían hacer las cotizaciones para pensiones al Instituto de Seguros Sociales». En el cuarto alcance subsidiario, solicitó se case el fallo censurado, en cuanto ordenó el pago del cálculo actuarial, y sede de instancia, se modifique la sentencia del primer nivel, en el sentido de disponer el pago del cálculo actuarial pero

en suma equivalente al 75% del valor del bono pensional que resulte de liquidar los aportes para pensión del accionante. Con los anteriores propósitos, presenta cinco cargos que recibieron réplica del demandante y Protección SA.

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Radicación n.°93463

VI. CARGO PRIMERO Acusa aplicación indebida del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, en concordancia con los artículos 822, 1262 y 1263 del Código de Comercio, 2142 y 2186 del Código Civil, 2 y 6 de la CN, que, dice, dio lugar a la indebida aplicación del inciso 2 del artículo 259 y 260 del CST, 3, 38, 59 a 61 del Acuerdo 224 de 1966; 33, 64 y 66 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, 12 del Acuerdo 049 de 1990, 373 del Código de Comercio, 60 del Código de Procedimiento Civil; 72 y 76 de la Ley 90 de 1946.

Expone que no discute las siguientes conclusiones fácticas: «no se desvirtuó la presunción prevista en el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995 (...)»; la Federación Nacional de Cafeteros, fue vinculada como administradora del Fondo Nacional del Café; que inscribió en Cámara de Comercio su condición de matriz o controlante de la Sociedad Compañía de Inversiones de la Flota Mercante SA., y que los recursos del Fondo Nacional del Café, son parafiscales. A continuación afirma:

Basado, entonces, en las precitadas dos premisas, lo que se controvierte y discute, con esta acusación, es que, a la Federación (...) como administradora del Fondo Nacional del Café, que se repite, es la calidad en que se encuentra vinculada al proceso, el Tribunal haya confirmado la condena en los términos que con respecto a ella se hizo por el juzgado de conocimiento. Esto porque siendo indiscutible que si fue en ese carácter que se le convocó al proceso y se le imponen la condena, esa circunstancia tenía y tiene implicaciones legales que no fueron aplicadas debidamente por el Tribunal. Y una de esas implicaciones era y es, que esa calidad en que actuó y actúa la Federación Nacional de Cafeteros en este proceso, le imponía, al juzgador, determinar quién era el

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Radicación n.°93463 mandante de la Federación y, consecuencialmente, de estar vinculado al proceso, imponer a este la condena, de darse los supuestos de ley, la condena, y no fulminarla como lo hizo, al mandatario. Alega que como el juez plural, no procedió de la forma aludida, incurrió en la vulneración de los artículos 822 y 1266 del Código de Comercio, y 2186 del Código Civil, «en concordancia con los artículos 1262 y 1263 del Código de Comercio y 2142 del Código Civil», sumado a que, el Fondo Nacional del Café, al no ser persona jurídica, pero encontrarse establecido «quien es el titular o dueño del

mismo», es decir la nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como mandante de la aludida Federación, es quien debe asumir la responsabilidad subsidiaria. Menciona que ese tema fue analizado en la sentencia de la Corte Constitucional CC SU-1023-2001, de la que duplica varios pasajes del considerando 16, y luego recuerda que en tal providencia se argumentó que las medidas que allí se tomaban en relación con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, eran transitorias, mientras el juez ordinario definía quién debía responder subsidiariamente según el artículo 148 de la Ley 222 de 1995, inclusive admitió la posibilidad que fuera la Nación. Esgrime más adelante, que de acuerdo con providencia CC C-840-2003, el Fondo Nacional del Café se nutre de recursos parafiscales y transcribe algunos párrafos. Dice que como el Fondo Nacional del Café no es persona jurídica, sus recursos provienen de una contribución

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Radicación n.°93463 parafiscal, y la Federación Nacional de Cafeteros solo actúa como administrador, mientras que el Estado Colombiano es el mandante, ello implica que la responsabilidad subsidiaria del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, debe recaer en el Estado, de lo contrario se le estaría imponiendo una obligación a quien no es persona. Enuncia que no se puede tomar como soporte de la condena el fallo CC SU1023-2001, porque ello fue posible como medida transitoria, en observancia del tema sensible analizado en la acción de tutela, pero es diferente cuando se trata de resolver de manera definitiva, en este evento no se puede pasar por alto que el titular del fondo es el Ministerio

de Hacienda y Crédito Público. Para concluir, eleva algunas críticas a una providencia de otra Sala de descongestión de esta Entidad. VU. RÉPLICA El apoderado del accionante, se opone al cargo, con sustento en que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, actuó como demandado, sin embargo, en la contestación de la demanda, así como en el recurso de apelación nada se dijo sobre esa entidad. Asevera que, en virtud de la responsabilidad subsidiaria, la llamada a responder es la Federación Nacional de Cafeteros, pues la controlante de la Compañia de Inversiones de la Flota Mercante, no es la Nación.

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Radicación n.°93463 Para los 5 cargos, Protección SA., expuso que la tesis del Tribunal hallaba asidero en las sentencias de esta Corporación con radicados CSJ SL2168-2021 y CSJ SL1812018, de las que transcribió varios párrafos, y adujo que las mismas constituyen doctrina probable de acuerdo con lo ordenado 4 de la Ley 169 de 1896 7 del CGP. Aseveró que la Corte Constitucional, detalló que aún en el evento que el trabajador no estuviera vinculado con su empleador al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, en todo caso era viable la aplicación del literal C), del parágrafo 1, del artículo 33 de ese ordenamiento, por lo que procedió adecuadamente el sentenciador de segundo nivel al ordenar el pago del cálculo actuarial que compensara los aportes que

no se hicieron.

VIII. CONSIDERACIONES Para descartar el argumento del promotor del juicio, es pertinente decir, que no puede reclamar que la Federación Nacional de Cafeteros sustentara el recurso de apelación, toda vez, que no tenía interés jurídico porque fue absuelta.

De otro lado, se observa que el fondo del recurso se encamina, inicialmente a que no se grave con la responsabilidad subsidiaria a la Federación Nacional de Cafeteros, sino al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sin embargo, ello no es posible, pues la disertación y conclusión del juez plural de instancia, sobre la obligada a responder, encuentra asidero en la doctrina de la Sala, contenida en 20

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Radicación n.°93463 sentencia CSJ SL15310-2014 reiterada, entre otras, en CSJ SL1973-2019, CSJ SL471-2019, donde se dilucidó que, la sociedad matriz o controlante Federación Nacional de Cafeteros sí es responsable subsidiaria cuando no desvirtúa la presunción legal del parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995. En los pasajes respectivos se lee: No controvierte la censura la inferencia del Tribunal relativa a la condición de controlante o matriz de la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, respecto de la COMPAÑIA DE INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE S.A., EN LIQUIDACIÓN, sino que acusa al juez de la alza