CSJ - SL2007-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL2007-2023 Radicación n.° 90901 Acta 25 Bogotá, D. C., veinticinco (25) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el cinco (5) de febrero de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que le instauró MARÍA CECILIA RAMÍREZ HURTADO al que concurrió LUZ AMANDA RAMÍREZ VÁSQUEZ en calidad de interviniente ad excludendum.

I. ANTECEDENTES María Cecilia Ramírez Hurtado llamó a juicio a Colpensiones con el fin de obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de su compañero permanente Jorge Eliecer Molina López; el

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Radicación n. ° 90901 retroactivo pensional; las mesadas adicionales, los intereses moratorios; la indexación, las costas procesales y lo que se llegare a probar en uso de las facultades extra y ultra petita (f.° 3 del cuaderno del Juzgado). Fundamentó sus peticiones en que fue compañera permanente del causante desde el mes de febrero de 2007 y hasta el deceso ocurrido el 11 de mayo de 2016, conviviendo de manera ininterrumpida compartiendo techo, lecho y mesa, brindándose socorro y ayuda mutua, teniendo como

último domicilio una casa de propiedad de la pareja ubicada en el Municipio de Barbosa, aunque el mayor tiempo de convivencia se dio en el Municipio de Copacabana. Que dentro de la unión de hecho no procrearon hijos y era el fallecido quién velaba por el sustento del hogar, existiendo una dependencia económica de la compañera hacia su compañero hoy fallecido, pues es ama de casa, no recibe pensión y en ocasiones trabaja por días en casas de familia. Añadió que, el causante Jorge Eliecer Molina López, en sus últimos tres años de vida, se dedicaba laboralmente a trabajos como independiente, razón por la cual, al no tener una vinculación laboral estable, se encontraba desde hacía varios años adscrito al programa de subsidio al aportante en pensiones de Colpensiones, y en diferentes ocasiones ella realizó los pagos.

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Radicación n. ° 90901 Dijo que, el 28 de junio de 2016, solicitó ante Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente con ocasión del deceso de su compañero permanente y la entidad le negó la prestación, argumentando que al no darse cumplimiento con los requisitos formales y legales del registro civil de defunción, no era posible establecer la fecha del fallecimiento, además de que la misma también había sido reclamada por Luz Amanda Ramírez Vásquez, en calidad de cónyuge, a quien también le fue negada aquella. Refirió que, el causante contrajo nupcias con la señora Luz Amanda Ramírez Vásquez, pero que esa pareja había dejado de convivir efectivamente desde la década de 1990 y

que el registro civil de matrimonio en nota marginal claramente señalaba «Sentencia de Divorcio Matr civil Juez 2° de Familia de Bello. 12 de octubre de 1999. Varios 67 folio 218 de octubre 29/99«. (f.°1 y 2 del cuaderno del Juzgado). Colpensiones se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió la reclamación de la prestación pensional elevada por la demandante y la interviniente, así como la negativa a su reconocimiento (f. ° 36 a 38 del cuaderno del Juzgado). En su defensa propuso las excepciones de fondo que denominó, falta de causa para demandar, inexistencia de la obligación de reconocer y pagar los intereses de mora, improcedencia de la indexación de las condenas, prescripción, compensación, buena fe, imposibilidad de

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Radicación n. ° 90901 condena en costas y la genérica (f. ° 38 a 41 del cuaderno del Juzgado). El Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín, mediante auto del 27 de septiembre de 2017, vinculó en calidad de «interviniente excluyente» a la señora Luz Amanda Ramírez Vásquez (f.° 29 del cuaderno del Juzgado). Al dar respuesta a la demanda principal, Luz Amanda Ramírez Vásquez, se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió que entre la demandante y el causante no se procrearon hijos, la reclamación de la prestación pensional elevada por la actora y la interviniente, así como la

negativa de la entidad ha reconocerla (f. ° 68 del cuaderno del Juzgado). En su defensa propuso las excepciones de fondo que denominó, carencia del derecho y falta de legitimación por activa (f. ° 68 anverso y 69 del cuaderno del Juzgado). Luz Amanda Ramírez Vásquez, en calidad de interviniente presentó demanda contra Colpensiones con el fin de obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de su compañero permanente Jorge Eliecer Molina López; el retroactivo pensional; las mesadas adicionales, los intereses moratorios; la indexación, las costas procesales; y lo que se llegue a probar en uso de las facultades extra y ultra petita (f. ° 67 del cuaderno del Juzgado).

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Radicación n. ° 90901 Fundamentó sus peticiones en que fue cónyuge del señor Jorge Eliecer Molina López, habiendo contraído matrimonio el 27 de julio de 1979, que procrearon 4 hijos, que posteriormente, si bien es cierto se disolvió el vínculo matrimonial, continuaron siendo compañeros y se brindaron socorro y auxilio mutuos, apoyo económico y acompañamiento en todo momento, de las diversas situaciones de pareja. Que ella, en calidad de cónyuge y posteriormente como compañera, era quien velaba por el sustento de la familia, pues el fallecido, tal y como se ha manifestado en el expediente, tenía unas condiciones de salud bastante deterioradas y además, hacía labores esporádicas e

independientes. Manifestó, que si bien es cierto no siguieron compartiendo el mismo techo, la relación continuó, tanto es así que el señor Molina siempre fue su beneficiario en salud a través de la EPS SURA y además, fue ella quien cubrió los gastos funerarios, toda vez que siempre lo tuvo afiliado en su póliza exequial del fondo de empleados de Sodexo. Dijo, que solicitó el reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes y la entidad la negó argumentando que no acreditó el requisito de convivencia de los últimos cinco años. Refirió que, a pesar del divorcio ella continuó con el acompañamiento y apoyo económico y emocional del señor

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Radicación n. ° 90901 Molina López y de los hijos concebidos por ellos, por lo cual, se vio obligada a buscar trabajo, a pesar de la enfermedad degenerativa que sufre, para conseguir el sustento de toda su familia, incluido el afiliado fallecido. Adujo que, mediante acto administrativo le fue reconocido por Colpensiones el derecho al auxilio funerario de su compañero y aportante a pensiones el señor Molina López y a la fecha se encuentra pendiente el pago del mismo por error de la entidad en el número de identificación del causante (f. 67 anverso y 68 del cuaderno del Juzgado). Al dar respuesta a la demanda presentada por la interviniente, María Cecilia Ramírez Hurtado se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió que entre la interviniente y el causante se procrearon 4 hijos, que se divorciaron, que ya no convivían bajo el mismo techo, que el

señor Molina era beneficiario en salud y afiliado a la póliza funeraria de la señora Luz Amanda Ramírez Vásquez, la solicitud de reconocimiento pensional incoada por la señora Ramírez ante Colpensiones, la reclamación de la prestación pensional elevada por la interviniente, así como la negativa de la entidad ha reconocerla (f. ° 138 a 139 del cuaderno del Juzgado). En su defensa propuso la excepción de fondo que denominó, inexistencia de la figura de compañeros permanentes entre Luz Amanda Ramírez Vázquez y Jorge Eliecer Molina López (f. ° 140 del cuaderno del juzgado).

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Radicación n. ° 90901 El Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín, mediante auto del 13 de junio de 2018, tuvo por no contestada la demanda presentada por la interviniente por parte de Colpensiones (f. °116 anverso del cuaderno del juzgado).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo del 9 de abril de 2019 (f. ° 169 a 171), dispuso: PRIMERO: Se declaran probadas las excepciones de FALTA DE CAUSA PARA DEMANDAR propuesta por Colpensiones respecto de la demanda inicial; y de oficio la INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN respecto de la demanda excluyente. En consecuencia, se ABSUELVE a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES de todas las pretensiones formuladas en su contra por la demandante MARÍA

CECILIA RAMÍREZ HURTADO, identificada con la C.C. N.° […] y la Interviniente Ad Excludendum LUZ AMANDA RAMÍREZ VÁSQUEZ, identificada con la C.C. […].

SEGUNDO: Se CONDENA en costas a la actora MARÍA CECILIA RAMÍREZ HURTADO y a la Interviniente Ad Excludendum LUZ AMANDA RAMÍREZ VÁSQUEZ en favor de COLPENSIONES. Y se tasan como agencias en derecho a cargo de cada una y en favor de COLPENSIONES el equivalente a un (1) smlmv para el momento de la liquidación de las costas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante fallo del 5 de febrero de 2021, por apelación de la accionante y la interviniente, revocó parcialmente la sentencia impugnada y en su lugar decidió:

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PRIMERO: Declara que Luz Amanda Ramírez Vásquez es beneficiaria de la pensión de sobreviviente por la muerte del

afiliado Jorge Eliecer Molina López.

SEGUNDO: Condena a Colpensiones a reconocer la mesada pensional a la señora Luz Amanda Ramírez Vásquez, liquidada aplicando las reglas del artículo 21 de la Ley 100 de 1993 a la que se aplicará una tasa de reemplazo del 53 % sin que la mesada sea inferior a 1 SMLMV. Prestación que se causa a razón de 13 mesadas anuales, desde el 11 de mayo de 2016. Retroactivo

pensional que se pagará con la debida indexación.

TERCERO: Absuelve a Colpensiones de la pretensión de intereses de mora en favor de la accionante Luz Amanda Ramírez Vásquez.

CUARTO: Modifica el numeral segundo de la sentencia, en su lugar se dispone que las costas en ambas instancias están a cargo de Colpensiones y la accionante María Cecilia Ramírez Hurtado, las de aquella entidad -Colpensionesen favor de la interviniente Ad excludendum Luz Amanda Ramírez y las de la accionante, María Cecilia Ramírez Hurtado en favor de Colpensiones. En esta instancia se tasan las agencias en derecho en la suma de 1 SMLMV a cargo de cada una de las gravadas con esta condena.

En lo demás se confirma la sentencia recurrida. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró que no se encontraba en discusión 1) que el señor Jorge Eliecer Molina López falleció el 11 de mayo de 2016, 2) que al momento del fallecimiento el señor Molina López ostentaba la calidad de afiliado al RPMPD a través de Colpensiones, acumulando 709 semanas cotizadas, de las cuales 132.86 fueron aportadas en los 3 años previos a su deceso, dejando así causada la prestación en favor de sus beneficiarios, los que se establecen de cara a las reglas del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993; 3) que con ocasión del fallecimiento del afiliado se presentaron a reclamar la pensión de sobrevivientes las señoras Luz Amanda Ramírez Vásquez y

María Cecilia Ramírez Hurtado, siendo negada a ambas; a la

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Radicación n. ° 90901 primera de ellas indicando que no se acreditó el mínimo de 5 años de convivencia con el fallecido y a María Cecilia Ramírez al no estar establecida la fecha del deceso del afiliado. Estableció como problema jurídico determinar la calidad de beneficiarias de la pensión de sobrevivientes de las accionantes, teniendo en cuenta para ello el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. Adujo que en lo relativo al concepto de convivencia que origina el derecho a la pensión de sobrevivientes, se acogía a la tesis expuesta por esta Corporación, según la cual se trata de una comunidad de vida, en la que se prestan ayuda mutua, afecto entrañable, apoyo económico, asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva y afectiva durante los años anteriores al fallecimiento del afiliado o del pensionado y, por ello, las realidades familiares, sociales y particulares han de ser tenidas en cuenta al momento de valorar los casos sometidos a decisión. Estimó que, en cuanto a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, dada la fecha de fallecimiento del afiliado Jorge Eliecer Molina López, el 11 de mayo de 2016, debía acudirse a la Ley 797 de 2003, que en su artículo 13 establece tal calidad. Seguidamente aludió que, sobre la hermenéutica de esta norma, en particular respecto al tiempo de convivencia,

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Radicación n. ° 90901 acudía a las consideraciones de la Corte advirtiendo con , suma claridad y contundencia que la exigencia de un tiempo mínimo de convivencia de 5 años allí contenida, se encuentra relacionada únicamente al caso en que la pensión de sobrevivientes se cause por muerte del pensionado. Refirió que, esta interpretación no comportaba una violación al derecho fundamental a la igualdad, tan solo ofrecía un trato diferencial a condiciones disímiles, pues en el caso del pensionado, con el solo hecho de la muerte se dejaba causada la prestación a sus beneficiarios. Aseguró, que de acuerdo a las anteriores premisas y de cara al caso concreto, en cuanto a la situación de la interviniente, quien señaló ser compañera de vida del señor Molina, en tanto estuvo casada con este por más de 20 años, pero con cesación de efectos civiles del matrimonio civil a través de sentencia del Juzgado 2° de Familia de Bello – Antioquia del 12 de octubre de 1999; sin embargo, ello no implicó el rompimiento de los compromisos maritales, pues perpetuaron una relación cercana, honraron sus obligaciones con los hijos procreados, mantuvieron una actitud de ayuda recíproca, preocupación por las necesidades del otro, participación en reuniones familiares y una serie de actos que demostraban su intención de continuar siendo miembros de un núcleo familiar. Expuso que, para reafirmar tal teoría la actora se valió de los testimonios de Nancy del Carmen López Ramírez, Rubén Darío y Luz Marina López Molina, quienes al unísono

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Radicación n. ° 90901 refirieron que la pareja conformada por Jorge Eliecer y Luz Amanda sostuvieron una relación sentimental pública y permanente, que superó desavenencias económicas, un divorcio, quebrantos de salud y la residencia en viviendas separadas. Continuó señalando que, como prueba documental, aportó el certificado de afiliación de Luz Amanda Ramírez a la EPS SURA, en el que se reporta como beneficiario al señor Jorge Eliecer Molina López, en calidad de cónyuge, la misma que aparece en el certificado de la entidad Jardines de Paz S. A., que da cuenta del servicio funerario a Jorge Eliecer Molina López, dentro del plan contratado por Luz Amanda Ramírez Vásquez. De lo anterior, concluyó que de acuerdo al material probatorio entre Jorge Eliecer Molina López y Luz Amanda Ramírez Vásquez, existieron lazos jurídicos y fácticos que denotaban la conformación de una familia, demostrados a través del vínculo jurídico celebrado el 27 de julio de 1979 y que continúo pese al divorcio, pues se acreditó que el compromiso de ayuda y socorro no cesó, así como el ánimo de permanecer juntos, conductas estas que se perpetuaron en el tiempo y que subsistieron hasta el momento del fallecimiento de aquel. Arguyó que, si bien los compañeros tenían residencias separadas, eso no desdibujaba el ánimo de convivencia, pues se hallaba justificado por varias circunstancias, tales como, las desavenencias personales, las dificultades económicas, la

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Radicación n. ° 90901 necesidad de brindar cuidado a la madre de Jorge Eliecer, así como la existenciade un proyecto productivo, que hacía que el finado permaneciera en la finca acondicionándola, lo que daba cuenta del cumplimiento del requisito de convivencia. Respecto de la situación de la demandante, la señora María Cecilia Ramírez Hurtado, aquella indicó que convivió con el causante a partir del año 2007, y que como pareja compartieron proyectos económicos, que se enteró del fallecimiento a través de una vecina porque ella se encontraba trabajando. Precisó, que el dicho de la demandante fue reiterado por los testigos Mary Luz Escobar Restrepo, Marín Julio Restrepo Arango y Miriam del Socorro Foronda Londoño, quienes expresaron que María Cecilia y Jorge Eliecer eran compañerospermanentes desde el año 2007, que tenían una tienda y que para el año 2015 Jorge compró un lote en Barbosa, lugar que habitaba con María Cecilia y donde, tras varios días de no tener noticias de él, fue hallado sin vida. Aseguró, que no obstante lo anterior, estos testigos incurrieron en imprecisiones y contradicciones que restaban espontaneidad a sus dichos, y que no ofrecieron elementos de convicción que permitieron inferir que sostuvieron un vínculo sentimental o inspirado por la solidaridad y acompañamiento y menos aún que se trataba de una relación que reflejara el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja y que debía ampararse a través del reconocimiento

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pensional, por el contrario se generó la percepción que se trataba de una relación con fines económicos. En cuanto a la documental, advirtió que no aportó prueba relevante que permitiera determinar la calidad de compañera permanente alegada respecto del causante. Por lo que aseveró que no existía mérito para declarar que María Cecilia Ramírez cumpliera con los presupuestos para ser declarada beneficiaria de la pensión de sobrevivientes del causante Jorge Eliecer Molina.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto inicialmente por María Cecilia Ramírez Hurtado y Colpensiones, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte.

La Corte mediante auto del 7 de diciembre de 2022, señaló que en vista de que la recurrente María Cecilia Ramírez Hurtado, había presentado la demanda de casación por fuera del término de traslado, el mismo se declaró desierto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 del Decreto 528 de 1964. Procede la Sala a resolver el recurso presentado por la recurrente Colpensiones.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

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Radicación n. ° 90901 Pretende la recurrente que la Corte case parcialmente la sentencia impugnada, para que una vez se constituya como Tribunal de instancia, confirme íntegramente la sentencia de primer grado. Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación que no fueron objeto de réplica.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia, por violar la ley sustancial por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea de los

literales a y b del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 modificatorio del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, y la infracción directa del numeral 2 del artículo 46 de la Ley 100 modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, y el artículo 48 superior modificado por el Acto Legislativo 01 de 2005 en relación con el principio de sostenibilidad financiera. Para la demostración del cargo, refiere que a juicio del colegiado, no se requiere que el compañero/a permanente o cónyuge supérstite acrediten un tiempo mínimo de convivencia previo al fallecimiento, para acceder a la pensión de sobrevivientes por la muerte del afiliado, por tanto, en torno a este aspecto, se acusa la sentencia de incurrir en el yerro endilgado por interpretación errónea, como quiera que omite un análisis sistemático de la norma aludida con el artículo 46 de la Ley 100 y su modificación y el artículo 48 superior.

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Radicación n. ° 90901 Manifiesta, quede conformidad con el objeto legislativo de la Ley 100 de 1993, la pensión de sobrevivientes fue la prestación económica prevista en el Sistema de Seguridad Social para proteger a las personas que dependían emocional y económicamente del pensionado y/o afiliado que fallece, a efectos de garantizar la atención de sus necesidades básicas causadas como consecuencia del desequilibrio social y económico generado por la muerte, razón por la cual, el sistema, erigido como un ordenamiento de protección frente

a riesgos específicos, busca mitigar los efectos frente a las necesidades que surgen en materia económica y de seguridad social de los miembros de la familia del fallecido. Anota, que el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 modificado por la Ley 797 de 2003, estableció unos requisitos genéricos para la obtención de la pensión de sobrevivientes, exigibles a los beneficiarios del pensionado y del afiliado fallecido, entre los cuales, se encuentra: i) ser miembro del grupo familiar, artículo que se acusa fue inobservado e inaplicado en este asunto. Afirma, que entonces la convivencia se erige como un elemento determinante para que el cónyuge y/o compañero/a permanente logren acreditar su condición de miembros del grupo familiar del de cujus y, con ello, consolidar el derecho a la pensión de sobrevivientes, de allí que se exija en el literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 modificatorio del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 a la cónyuge o compañera permanente, acreditar no solo que

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Radicación n. ° 90901 estuvo haciendo vida marital con el ausente sino, además, una convivencia mínimo de 5 años anteriores al fallecimiento Expresa, que de la lectura del artículo 46 de la mencionada Ley 100 y del mismo objeto y naturaleza jurídica de la pensión de sobrevivientes, resulta ostensible la exigencia del requisito de convivencia por una temporalidad mínima a los cónyuges y compañeros permanentes, a efectos de que puedan adquirir la prestación económica con

independencia de la forma como se cause la pensión misma, esto es, cotizaciones mínimas por ser solo afiliado o habiéndose previamente reconocido al causante una pensión de vejez y/o invalidez susceptible de ser sustituida, el régimen de beneficiarios es el mismo y con ello la obligatoriedad de demostrar la calidad de ser miembros del grupo familiar,por ende, se impone de suyo la necesidad de acreditación por parte del cónyuge o compañero/a permanente, de una temporalidad de convivencia mínima, que asegure al sistema que dicha persona, en efecto, sí pertenecía al núcleo familiar y que, por el contrario, no se trataba de relaciones sentimentales pasajeras, inestables, accidentales, transitorias y acomodaticias, las cuales no son objeto de protección dentro del núcleo esencial de la Seguridad Social. Señala que, teniendo en cuenta los cambios que pueden aparejar la vida humana en el ámbito social y cultural, sabido es que dichas relaciones pueden ser fluctuantes y con ello perecer y es justamente por esta razón, que el requisito de convivencia fue establecido por el legislador, de manera

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Radicación n. ° 90901 general, en los últimos años de vida del causante inmediatamente anteriores a la fecha del fallecimiento, en el entendido de que si la convivencia termina y con ello los lazos afectivos, inexorablemente dicho cónyuge o compañero permanente deja de ser miembro del grupo familiar. Afirma, que una interpretación sistemática-finalista decanta indefectiblemente en la relevancia jurídica del requisito de la convivencia efectiva entre el cónyuge o

compañero permanente supérstite y el causante, en el periodo establecido en la Ley 797 de 2003 de 5 años inmediatamente anteriores a la fecha de la muerte, sin distinguir si el fallecido era afiliado o pensionado, habida cuenta de que el artículo 46 de la Ley 100 exige que, para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes, se requiere ser miembro del grupo familiar del de cujus, exigencia plausible para los beneficiarios del pensionado y afiliado fallecido, por expresa disposición normativa. Asevera, que el colegiado erró al sostener que, por la muerte del afiliado, no se requiere la acreditación de ningún periodo de convivencia mínimo entre el causante y el compañero/a permanente o cónyuge supérstite para adquirir el derecho a la pensión de sobrevivientes. Alude, que el Tribunal fincó su decisión en el criterio vertido en la sentencia CSJ SL1730-2020, misma que fue dejada sin efectos en la CC SU149-2021, a través de la cual la sala plena de la Corte Constitucional resolvió conceder el amparo tutelar, considerando que el criterio jurisprudencial

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Radicación n. ° 90901 fijado en la primera de las mencionadas incurrió en los defectos alegados en la acción, por las siguientes razones: […] la Sala sostuvo que se desconoció el principio de igualdad con la interpretación del requisito de convivencia previsto en el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003…

La decisión de la Sala de Casación Laboral también desconoció el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional pues reconoció derechos pensionales sin el cumplimiento de los requisitos legales vigentes para el efecto. Asimismo, la Sala Plena determinó que en la sentencia de la Sala de Casación Laboral se configuró un defecto sustantivo por interpretación irrazonable del precepto legal aplicable al caso analizado. Por último, al constatar la configuración del desconocimiento del precedente, la Sala determinó que el precedente aplicable en la materia es la Sentencia SU428 de 2016. En su sentir, atendiendo que en sentencia de unificación la Corte Constitucional dejó sin efectos la sentencia CSJ SL1730-2020, que había fijado un nuevo criterio jurisprudencial eliminando la exigencia del requisito mínimo de convivencia a los cónyuges o compañeros permanentes para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por la muerte del afiliado, y que dicha ratio decidendi se constituyó en el elemento argumentativo medular de la sentencia que se cuestiona; es claro que la decisión impugnada no solo incurrió en el yerro aludido en este cargo, sino que perdió su fundamento jurisprudencial y, por tanto, carece de motivación, lo que viola el debido proceso de Colpensiones.

VII. CARGO SEGUNDO

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Radicación n. ° 90901 Acusa la sentencia, por violar la ley sustancial por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea de los literales a y b del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 modificatoria del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en

concordancia con los artículos 48 y 53 de la Constitución Nacional y el Acto Legislativo 01 de 2005. Para la demostración del cargo, refiere que pese a no existir discusión sobre los siguientes hechos probados: i) que la solicitante estuvo casada con el causante hasta el 12 de octubre de 1999, fecha en que se declaró disuelta y liquidada la sociedad conyugal; ii) que con ocasión a ello, no hubo más convivencia entre los ex cónyuges ni cohabitación, máxime si se tiene en cuenta que desde dicha data ambos residían en lugares diferentes, como producto de la voluntad de disolución de la sociedad conyugal y, iii) que el cadáver del causante fue encontrado días después del deceso, situaciones que por sí mismas enervan la existencia de lazos reales de solidaridad, socorro y ayuda continua entre éstos con anterioridad a la fecha de la muerte, el Tribunal concedió pensión de sobrevivientes a favor de la señora Ramírez Vásquez, tras considerar que existieron lazos de ayuda y socorro entre la interviniente y el causante hasta la fecha del fallecimiento, conclusión que extrajo principalmente de la afiliación al sistema de salud y de la póliza exequial, en donde el finado era beneficiario. Manifiesta que, por tanto, el Tribunal incurrió en yerro jurídico derivado de la interpretación dada al artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la ley797

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Radicación n. ° 90901 de 2003, norma vigente para la data del fallecimiento del

causante, en tanto equivocó el sentido y alcance de la disposición normativa, específicamente del literal a, al conceder la prestación económica a favor de la señora Ramírez Vásquez, pese a que para la fecha de la muerte la sociedad conyugal se encontraba disuelta y que no hubo convivencia ni cohabitación entre éstos con posterioridad al divorcio (octubre de 1999), omitiéndose con ello la exigencia allí prevista atinente a la comprobada convivencia entre cónyuges por un espacio no inferior a 5 años, que deben verificarse con inmediata antelación a la fecha del fallecimiento. Anota, que la norma es clara en señalar que se prevé como beneficiarios de la prestación a la compañera permanente o cónyuge supérstite, no así a la cónyuge separada con sociedad conyugal disuelta, y añade como ingrediente normativo una exigencia que deberá cumplirse para la procedencia del derecho pensional, y no es otra que la comprobada convivencia por un tiempo mínimo de 5 años con antelación inmediata a la fecha del fallecimiento del de cujus Insiste en que el requisito de convivencia mínima previo al fallecimiento del causante, fue refrendado recientemente por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia CC SU149-2021, en la cual se fijó como regla jurisprudencial que sin importar la calidad del fallecido en el sistema, pensionado o afiliado, la cónyuge o compañera permanente debían acreditar una temporalidad mínima de convivencia

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Radicación n. ° 90901 con el causante de 5 años, previo a la data del fallecimiento, pues tal exigencia responde a la finalidad de que sea el grupo familiar el que acceda a la pensión de sobrevivientes y de proteger a este grupo de solicitudes artificiosas o ilegítimas. En esta misma decisión se sostuvo: […] la convivencia es un elemento indispensable para considerar que el cónyuge o compañero(a) permanente hace parte del grupo familiar del pensionado y afiliado, establecidos por el artículo 46 de la Ley