CSJ - SL201-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL201-2023 Radicación n.° 84208 Acta 04 Bogotá, D.C., catorce (14) de febrero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por ALBEIRO GERARDO BURBANO TAJUMBINA contra la sentencia proferida el 5 de diciembre de 2018 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en el proceso ordinario laboral que CONCEPCIÓN CHÁVEZ DE POPAYÁN y MARÍA ALEIDA CÓRDOBA CUELTAN, quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores SEBASTIÁN MAURICIO CHÁVEZ CÓRDOBA y ANDRÉS FERNANDO CHÁVEZ CÓRDOBA, adelantan contra el MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO y el recurrente.

I. ANTECEDENTES La parte accionante solicitó que se declare que entre

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Radicación n.° 84208 Diego Fernando Chávez y el demandado Albeiro Gerardo Burbano Tajumbina existió un contrato laboral, el cual finalizó el 22 de noviembre de 2003 por la muerte del trabajador, ocasionada por la falta de medidas de prevención e incumplimiento de normas de salud ocupacional en la ejecución de su labor. Como consecuencia de lo anterior, se condene al empleador, y de forma solidaria al Municipio de San Pedro de Cartago, al pago de la reparación plena y ordinaria de perjuicios materiales y daños morales, debidamente

indexados y las costas del proceso. Fundamentaron sus pretensiones, básicamente, en que Diego Fernando Chávez nació el 16 de julio de 1969, siendo su progenitora la accionante Concepción Chávez de Popayán; que aquel contrajo matrimonio el 7 de octubre de 1999 con María Aleida Córdoba Cueltan y que fruto de esa unión nacieron los menores Sebastián Mauricio y Andrés Fernando Chávez Córdoba. Expresaron que el trabajador Diego Fernando fue contratado «verbalmente» por el ingeniero Albeiro Gerardo Burbano Tajumbina el «10 de noviembre de 2003», para desempeñarse como obrero; que le correspondía realizar, entre otras labores, la excavación en la adecuación de la «VÍA BARRIO EL CARMELO, en el Municipio de San Pedro de Cartago Departamento de Nariño»; y que su salario era de $309.000 mensuales.

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Radicación n.° 84208 Manifestaron que el 22 de noviembre de 2003, cuando cumplía actividades de excavación en una zanja de aproximadamente 1,8 metros de profundidad, 60 centímetros de ancho y 18 metros de largo, hubo un deslizamiento de tierra, el cual cubrió al trabajador y le produjo su muerte por asfixia; que el empleador no tenía un programa de salud ocupacional ni había conformado un comité paritario de salud, ello con violación de la ley; y que el finado no se encontraba afiliado a una administradora de riesgos laborales -ARL. Añadieron que a la cónyuge e hijos de la víctima les fue

reconocida una póliza colectiva de accidentes personales; que la persona natural accionada fungía como contratista independiente de la entidad pública demandada; y que realizaron la reclamación administrativa. El Municipio de San Pedro de Cartago, al dar respuesta a la demanda, se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, dijo que eran ciertos los relacionados con la data de nacimiento de Diego Fernando Chávez, la celebración del vínculo matrimonial con la demandante Córdoba Cueltan, el nacimiento de los dos hijos, el reconocimiento de un seguro colectivo y la reclamación administrativa. De los demás supuestos fácticos, expresó que no le constaban o que no eran ciertos. En su defensa, argumentó que celebró un contrato con Albeiro Gerardo Burbano Tajumbina, quien subcontrató a Pablo Toro Aza, pero no al finado; y que el ente territorial no

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Radicación n.° 84208 tiene responsabilidad en el deceso del señor Chávez. No formuló excepciones. Por su parte, el codemandado Albeiro Gerardo Burbano Tajumbina, al dar respuesta a la demanda también se opuso a las súplicas. Frente a los hechos, admitió los relacionados con la fecha de nacimiento de Diego Fernando Chávez, que este contrajo matrimonio y el nacimiento de sus dos hijos, como también el reconocimiento de una póliza colectiva de accidentes personales y la solicitud efectuada al municipio. De los demás, dijo que no eran ciertos o no le constaban. Como razones de defensa esgrimió que no tenía vínculo laboral con el fallecido, de allí que no era responsable de los

sucesos acaecidos el 22 de noviembre de 2003. Tampoco propuso excepciones.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Civil del Circuito de La Unión - Nariño, mediante fallo del 16 de marzo de 2018, resolvió: PRIMERO. Declarar que entre el Ingeniero Civil Albeiro Gerardo Burbano Tajumbina, identificado con la cédula de ciudadanía N° 12.981.840 de Pasto, Nariño y el extinto Diego Fernando Chávez, quien se identificó en vida con la cédula de ciudadanía N° 16.772.051 de Cali, Valle, existió un contrato de trabajo que tuvo vigencia entre el 10 y el 22 de noviembre de 2003, el que se terminó por muerte del trabajador. SEGUNDO. Declarar que el accidente ocurrido el día 22 de noviembre de 2003, en el Municipio de San Pedro de Cartago, Nariño, en el que perdió la vida el señor Diego Fernando Chávez, antes identificado, cuando laboraba para el Ingeniero contratista Albeiro Gerardo Burbano Tajumbina, fue un accidente de trabajo, según las consideraciones de esta providencia.

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Radicación n.° 84208 TERCERO. Declarar que el accidente de trabajo de que trata el numeral anterior se debió a culpa comprobada y exclusiva del empleador Ingeniero Albeiro Gerardo Burbano Tajumbina, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. CUARTO. Condenar al Ingeniero contratista Albeiro Burbano Tajumbina, antes identificado y solidariamente al municipio de

San Pedro de Cartago, Nariño, a pagar a favor de los demandantes: María Aleida Córdoba Cueltan, identificada con cedula de ciudadanía N° 27.297.572 de La Unión, Nariño, y a sus hijos Andrés Fernando Chávez Córdoba y Sebastián Mauricio Chávez Córdoba, dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de este fallo, las sumas de dinero que a continuación se especifican: a. Por concepto de perjuicios materiales correspondientes a lucro cesante consolidado y lucro cesante futuro, para la señora Aleida Córdoba, identificada, en la suma de ciento treinta y un millones trescientos dieciocho mil doscientos ochenta y tres pesos con seis centavos moneda legal ($131.318.283,06). b.-Por concepto de perjuicios morales para la señora Aleida Córdoba, la suma de diez millones de pesos moneda legal ($10'000.000.00). c. Por concepto de perjuicios materiales correspondiente a lucro cesante consolidado y lucro cesante futuro, para Andrés Fernando Chávez Córdoba, representado en este proceso por su madre, la suma de trece millones ochocientos setenta y un mil trecientos noventa y tres pesos con sesenta centavos ($13'871.393,60). d. Por concepto de perjuicios morales para, Andrés Fernando Chávez representado por su madre, la suma de diez millones de pesos moneda legal ($10.000.000.00). e. Por concepto de perjuicios materiales correspondiente a lucro cesante consolidado y lucro cesante futuro, para Sebastián Mauricio Chávez representado en este proceso por su madre, la

suma de veintitrés millones trecientos cuarenta y dos mil setecientos doce pesos moneda legal ($23.342.712.00). f. Por concepto de perjuicios morales para, Sebastián Mauricio Chávez Córdoba, representado por su madre, la suma de diez millones de pesos moneda legal ($10.000.000.00). g. Por concepto de perjuicios morales para, Concepción Chávez identificada con cedula de ciudadanía N° 27.294.433 de La Unión, Nariño, suma de diez millones de pesos moneda legal ($10.000.000.00).

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Radicación n.° 84208 Absolvió del daño emergente e impuso costas a cargo de la parte vencida.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver el recurso de apelación interpuesto por los demandados, mediante decisión del 5 de diciembre de 2018,

la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto resolvió: PRIMERO. MODIFICAR el numeral CUARTO de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE LA UNIÓN (N), dentro de la audiencia pública llevada a cabo el 16 de marzo de 2018, objeto de apelación de conformidad con los razonamientos jurídicos expuestos en la parte motiva de esta decisión, el cual quedará de la siguiente forma: “CUARTO.- Condenar al Ingeniero contratista Albeiro Burbano Tajumbina, antes identificado y solidariamente al Municipio de San Pedro de Cartago, Nariño, a pagar a favor de los

demandantes: María Aleida Córdoba Cueltan, identificada con cedula de ciudadanía Nº 27.297.572 de La Unión, Nariño, y a sus hijos Andrés Fernando Chávez Córdoba y Sebastián Mauricio Chávez Córdoba, a la ejecutoria de este fallo, las sumas de dinero que a continuación se especifican: a.- Por concepto de perjuicios materiales correspondientes a lucro cesante consolidado y lucro cesante futuro, para la demandante Aleida Córdoba, antes identificada, en la suma de ciento treinta y un millones trecientos dieciocho mil doscientos ochenta y tres pesos con seis centavos moneda legal ($131.318.283,06). b.- Por concepto de perjuicios morales para la demandante Aleida Córdoba, la suma de diez millones de pesos moneda legal ($10’000.000.oo). c.- Por concepto de perjuicios materiales correspondiente a lucro cesante consolidado, para el demandante Andrés Fernando Chávez Córdoba, representado en este proceso por su madre, la suma de trece millones ochocientos setenta y un mil trescientos noventa y tres pesos con sesenta centavos ($13’871.393,60).

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Radicación n.° 84208 d.- Por concepto de perjuicios morales para, el demandante Andrés Fernando Chávez Córdoba representado por su madre, la suma de diez millones de pesos moneda legal ($10.000.000.oo). e.- Por concepto de perjuicios materiales correspondiente a lucro cesante consolidado para el demandante Sebastián Mauricio Chávez Córdoba, representado en este proceso por su

madre, la suma de veintitrés millones trescientos cuarenta y dos mil setecientos doce pesos moneda legal ($23.342.712.oo). f.- Por concepto de perjuicios morales para, el demandante Sebastián Mauricio Chávez Córdoba, representado por su madre, la suma de diez millones de pesos moneda legal ($10.000.000.oo). g.- Por concepto de perjuicios morales para, Concepción Chávez de Popayán, identificada con cedula de ciudadanía Nº 27.294.433 de La Unión, Nariño, la suma de diez millones de pesos moneda legal ($10.000.000.oo). Ordenar que las condenas impuestas por concepto de LUCRO CESANTE CONSOLIDADO o PASADO a favor de María Aleida Córdoba Cueltan, Andrés Fernando Chávez Córdoba y Sebastián Mauricio Chávez Córdoba, así como las condenas por concepto de perjuicios morales reconocidas a los demandantes antes referidos y a Concepción Chávez de Popayán, sean indexados desde la fecha de la sentencia de primera instancia 16 de marzo de 2018 hasta la fecha en que el pago se haga efectivo, por las explicaciones consignadas en la parte motiva de esta sentencia”.

SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia de primera instancia

proferida por el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE LA UNIÓN (N), en audiencia pública llevada a cabo el 16 de marzo de 2018, con un numeral SÉPTIMO y OCTAVO que serán del siguiente tenor: “SÉPTIMO: AUTORIZAR a los demandados ALBEIRO

BURBANO TAJUMBINA y al MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE

CARTAGO (N) para realizar el descuento de las sumas adeudadas a la demandante MARÍA ALEIDA CÓRDOBA CUELTAN, el valor de $31.152.790, conforme se explicó en la parte motiva de la sentencia”. “OCTAVO: Declarar parcialmente probada de oficio la excepción de pago parcial, conforme se expuso en la parte considerativa de esta sentencia”.

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo restante la sentencia

proferida por el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE LA UNIÓN (N), en audiencia pública llevada a cabo el día 16 de marzo de

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Radicación n.° 84208 2018, de conformidad con lo explicado en la parte motiva de esta decisión. (Negrillas y mayúsculas propias del texto). El juez colegiado expuso que le correspondía resolver: i) si se encuentra probada la existencia de un contrato de trabajo entre Diego Fernando Chávez y el demandado Albeiro Gerardo Burbano Tajumbina; en caso afirmativo: ii) determinar si la muerte de aquel fue como consecuencia de un accidente laboral acaecido por culpa comprobada del empleador; iii) establecer la procedencia de la indemnización plena de perjuicios; vi) definir si el Municipio de San Pedro de Cartago era solidariamente responsable de las condenas; y vii) si la indemnización fue cubierta con la póliza colectiva de seguro contra accidentes personales. Frente a la existencia del contrato de trabajo expuso que a la parte demandante le correspondía acreditar que entre el trabajador y la demandada existió un contrato de trabajo. Aludió a los artículos 23 y 24 de CST, destacando que, de

probarse la prestación personal del servicio, se presumía la relación laboral. Relacionó los siguientes documentos: i) el contrato de obra pública n.o 13 suscrito el 16 de diciembre de 2002 entre los demandados, cuyo objeto fue la «adecuación vía Barrio El Carmelo de Cartago» que tenía una duración de tres meses y fue ampliado mediante un otrosí (f.o 115 a 117); ii) el contrato de mano de obra signado el 31 de octubre de 2003 por el demandado Burbano Tajumbina y Pedro Pablo Toro Aza en calidad de contratista, que tenía por objeto que este

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Radicación n.° 84208 suministrara en favor del contratante la mano de obra para la «construcción del alcantarillado combinado y la pavimentación en adoquín vía Barrio el Carmelo de Cartago Nariño», cuya duración fue de 3 meses (f.o 75). Así mismo, iii) la póliza colectiva de seguro contra accidentes personales del 28 de noviembre de 2003, con vigencia desde el 21 de noviembre de igual año hasta el 21 de noviembre de 2004, en la que figura como tomador Albeiro Gerardo Burbano Tajumbina y como asegurados, entre otros, Diego Fernando Chávez, Pedro Pablo Toro Aza y Jesús Manuel Noguera (f.o 36 y 37); y iv) el formulario para reclamación de seguros de personas, suscrito por la persona natural accionada, en el que se indicó «siniestro que le causa la muerte, en su sitio de trabajo en el Municipio de San Pedro de CartagoNariño» (f.o 38 y 39).

Sintetizó las declaraciones de Jesús Bayardo Muñoz y Manuel Jesús Noguera, y de los dichos de esos deponentes infirió que Diego Fernando Chávez prestó su fuerza de trabajo a favor de Albeiro Gerardo Burbano Tajumbina, en las obras que éste desarrollaba en la vía Barrio el Carmelo en el Municipio de Cartago; pues si bien ese demandado suscribió un contrato de mano de obra con Pedro Pablo Toro Aza (f.o 75), quien según los testigos fue la persona que contrató al finado, se advertía realmente que «PABLO PEDRO TORO AZA no ostentó la calidad de trabajador independiente según lo prevé el artículo 34 del CST», pues no cumplía con las exigencias establecidas en esa disposición.

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Radicación n.° 84208 En dicho sentido, el ad quem aludió al citado contrato de obra de folio 75, para lo cual reprodujo sus cláusulas séptima y octava, y explicó que acorde con lo manifestado en los testimonios, la persona encargada de dirigir la obra verdaderamente era el accionado, quien además suministró la herramienta y materiales para su ejecución, e impartía órdenes a través del señor Toro Aza, quien, por consiguiente, actuaba como representante del empleador a la luz del artículo 32 del CST. Expresó que esa conclusión se confirmaba con la póliza suscrita seis días después del accidente, en la cual el demandado, en su condición de tomador, registró como asegurados a Diego Fernando Chávez y Pedro Pablo Toro Aza, lo que mostraba su calidad de empleador. Adicionó que, incluso, la subordinación del finado

estaba acreditada, pues el accionado la ejercía a través de los maestros de obra; que el extremo inicial de la relación laboral fue el 8 de noviembre de 2003, según se desprendía de la prueba testimonial, pero mantendría incólume la decisión de a quo, que lo fijó el día 10 de ese mes y año, toda vez que ello no fue objeto de reproche; y que el salario que devengaba el occiso correspondía al mínimo legal, pues si bien, según los deponentes, se le cancelaban diez mil pesos diarios, debía aplicarse lo previsto en el artículo 132 del CST. Frente al accidente de trabajo, citó el artículo 9 del Decreto 1295 de 1994 por encontrarse vigente para el momento en que ocurrió el infortunio, que lo fue el 22 de

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Radicación n.° 84208 noviembre de 2003, y expresó que debe existir un nexo de causalidad entre el percance repentino generador del daño y la prestación del servicio bajo subordinación, bien sea por causa o con ocasión del trabajo. Adujo que en el proceso era un hecho indiscutido el accidente que sufrió Diego Fernando Chávez, que le ocasionó la muerte el 22 de noviembre de 2003, «tras haber sido sepultado en una chamba sobre la carrera 3 del perímetro urbano del Municipio de San Pedro de Cartago a una profundidad de 2 metros» por derrumbe de tierra y barro en el lugar donde prestaba sus servicios como obrero. Aludió a las declaraciones de Jesús Bayardo Muñoz y Manuel Jesús Noguera, junto con el interrogatorio de parte absuelto por el codemandado Albeiro Gerardo Burbano

Tajumbina, quien «aceptó ser el contratista de la obra “Adecuación Vía Barrio El Carmelo en San Pedro de Cartago, Nariño”, advirtiendo que los trabajadores de esa obra no estaban afiliados a seguridad social, y que tampoco se conformó el Comité Paritario de Salud Ocupacional»; y a partir del análisis de esas probanzas expresó que se desprendía que el causante estaba realizando actividades de excavación para la ampliación del alcantarillado sobre la carrera 3 del perímetro urbano de San Pedro de Cartago, y que al romperse una tubería generó el derrumbe que sepultó al trabajador, estando demostrado, conforme a la prueba testimonial, «que en el sitio donde ocurrió el accidente se omitió cumplir con las medidas de seguridad necesarias para ejecutar las mencionadas labores».

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Radicación n.° 84208 Frente a la culpa patronal, el juez de segundo grado mencionó apartes de los artículos 56, 57 y 216 del CST; 63 del CC; y un pasaje de la sentencia CSJ SL, 30 jun. 2005, rad. 22656; y expresó que en este preciso evento el empleador debió acreditar su diligencia y cuidado, es decir, el cumplimiento de los deberes de seguridad y protección, como también si el suceso se produjo por culpa de la víctima o por caso fortuito o fuerza mayor. Partiendo de lo anterior, el ad quem señaló que en el plenario estaba acreditado el incumplimiento a las obligaciones de protección y seguridad, en tanto el empleador no realizó una identificación de los peligros y riesgos, antes y

durante el desarrollo del trabajo, de acuerdo a las condiciones del suelo, clima, entre otras variables, pues el día en que ocurrió el accidente, conforme lo relataron los testigos, se encontraba lloviendo, situación que amenazaba la estabilidad de la excavación; por ende, como medida preventiva, debió suspender la actividad y abandonar esa actividad de manera inmediata. Puntualizó que el trabajador no contaba con elementos de protección y tampoco se le capacitó respecto a la labor a ejecutar ni los peligros existentes, de modo que al omitirse los protocolos de seguridad a los que alude la Ley 52 de 1993, era menester confirmar la decisión en este puntual aspecto. Resuelto lo anterior, procedió a verificar las condenas impuestas y, luego de referirse a los parámetros a tener en

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Radicación n.° 84208 cuenta para su cuantificación, expresó que el lucro cesante consolidado y futuro a favor de la cónyuge totalizaba $225.442.448 y no los $131.318.283,06 fijados por el a quo, sin que fuera dable su modificación, pues ese aspecto se estudiaba en virtud de la consulta que operó a favor del Municipio accionado. En relación al lucro cesante consolidado para los menores Andrés Fernando y Sebastián Mauricio Chávez Córdoba expresó que totalizaba un valor superior al reconocido en primera instancia, pero consideró que no era posible su modificación; y respecto a los perjuicios morales, con apoyo en una sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, estimó que no era dable cambiar el

valor fijado en el fallo revisado. Finalmente, con apoyo en el artículo 34 del CST, razonó que el Municipio accionado debía responder por las condenas impuestas de forma solidaria, inferencia a la que arribó con apoyo en las sentencias CSJ SL, 2 jun. 2009, rad. 33082 y CSJ SL,1 mar. 2011, rad. 35864, y tras considerar que la labor ejecutada por el trabajador era una actividad que le correspondía a esa entidad pública, pues le competía el mantenimiento de las vías, y expresó: Cabe advertir que si bien tanto el demandado ALBEIRO GERARDO BURBANO TAJUMBINA y el MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO (N), fundamentaron sus apelaciones en que la obra en la que murió el causante “construcción del alcantarillado combinado y la pavimentación en adoquín vía Barrio el Carmelo de Cartago Nariño”, es diferente a la que desarrolló el demandado ALBEIRO GERARDO BURBANO

TAJUMBINA con el MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO

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Radicación n.° 84208 (N) “Adecuación vía Barrio El Carmelo de Cartago”, ello no resulta plausible puesto que es evidente que se trata de la misma obra que fue ejecutada por el municipio demandado, pues si bien el demandado ALBEIRO GERARDO BURBANO, en diligencia de interrogatorio de parte aseguró que no es así, su dicho carece de fundamento, ya que cuando se le preguntó quién estaba a cargo de dicha obra manifestó no recordarlo, situación que a todas luces resulta cuestionable y que para la Sala con base en la

prueba recaudada en el plenario diáfanamente se puede concluir que contrario a lo afirmado por los demandados la obra en la que murió el causante es la misma que tenía a cargo el Municipio (Adecuación vía Barrio El Carmelo de Cartago) en la que fungía como contratista el demandando ALBERO GERARDO BURBANO TAJUMBINA, pues nótese además que el Municipio demandado cuando dio contestación a la demanda frente al hecho 4 de la misma manifestó “No es cierto porque el municipio únicamente contrató con el Ingeniero ALBEIRO GERARDO BURBANO TAJUMBINA y este a su vez subcontrató con el señor PABLO TORO AZA mas no con el señor DIEGO FERNANDO CHÁVEZ”, situación que reafirma que la obra que aparentemente el ingeniero demandado subcontrató con PEDRO PABLO TORO AZA era del municipio, por lo tanto se confirmará la decisión de la primera instancia en lo pertinente. Finalmente, frente a la posibilidad de descontar de lo adeudado lo cancelado con ocasión de la póliza colectiva de accidentes personales, expresó que estaba acreditado que Albeiro Gerardo Burbano Tajumbina contrató un seguro contra accidentes personales seis días después de que ocurrió el accidente en que perdió la vida el trabajador, registrando como asegurados, entre otros, al fallecido Diego Fernando Chávez; y que el referido accionado suscribió formulario para reclamación para seguros de personas (f.o 38 y 39); que el 12 de mayo de 2004 se le canceló a la cónyuge supérstite la suma de $17.500.000, esto es el 50% del seguro

de vida por fallecimiento de asegurado Diego Fernando Chávez, (f.o 40), valor que actualizado ascendía a la cantidad de $31.152.790, para lo cual autorizó a los demandados a descontar ese monto de las sumas adeudadas a la demandante María Aleida Córdoba Cueltan.

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Radicación n.° 84208 Para concluir, indicó que las condenas impuestas debían cancelarse de manera indexada.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandado Albeiro Gerardo Burbano Tajumbina, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que esta corporación case parcialmente la sentencia recurrida, para que en sede instancia revoque la decisión de primer grado solo «en lo concerniente a mi

representado ALBEIRO GERARDO BURBANO TAJUMBINA».

Con tal propósito, formula un cargo que no es replicado.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia del Tribunal de infringir la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, de los artículos «22, 23, 24, 32, 56, 57, num.2 y 216 del C.S. del T; 63 del C.C.; 177 del C.P.C, hoy 167 del C.G del P, aplicable por remisión al proceso laboral por disposición del art. 145 del C.P del T y de la SS; 29 de la CN; y 32, ordinal 1º de la Ley 80 de 1993».

Sostiene que el ad quem incurrió en los siguientes

errores evidentes de hecho:

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Radicación n.° 84208

1. Dar por demostrado, sin estarlo, la existencia del contrato de trabajo celebrado entre el Ing. Albeiro Gerardo Burbano Tajumbina y el extinto señor Diego Fernando Chávez que la parte actora invoca en el hecho 4 de la demanda como aquel en cuya ejecución ocurrió el accidente en el que falleció el mentado señor.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, la culpa patronal del ing.

Albeiro Gerardo Burbano Tajumbina en la ocurrencia del accidente. Como probanzas valoradas de forma equivocada enlista: el contrato de mano de obra signado entre la persona natural demandada y Pablo Toro Aza; la póliza colectiva de seguro contra accidentes personales y recibo de prima; el formulario para reclamación para seguros de personas; y los testimonios de Jesús Bayardo Muñoz y Manuel Jesús Noguera. Y como medios de convicción dejados de estudiar señala el contrato de obras públicas n.o 13A suscrito el 16 de diciembre de 2002; junto con las actas y el otrosí signado con ocasión de ese convenio. En la demostración del cargo, la censura se remite a los razonamientos del juez colegiado para tener por acreditada la prestación personal del servicio, y luego asevera que la estimación probatoria fue equivocada, para lo cual expone que en la demanda inicial se afirmó que el finado fue contratado verbalmente por el aquí recurrente para desempeñarse como obrero en la obra denominada «ADECUACIÓN VIA BARRIO EL CARMELO»; que en la

ejecución de esa actividad falleció el 22 de noviembre de 2003; que los promotores del proceso allegaron copia

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Radicación n.° 84208 incompleta del contrato de obras públicas n.o 13A, sin su anexo, pese a que era parte de ese convenio; y también adjuntaron un otrosí fechado el 20 de marzo de 2003. Arguye que el señor Burbano Tajumbina, al dar respuesta al escrito inaugural, solicitó que se aportaran todas las documentales relacionadas con ese contrato de obra pública; incluso, en la primera instancia, de oficio, el juez de conocimiento dispuso reabrir el debate probatorio a efectos de que el Municipio accionado allegara todo lo relacionado con el citado contrato n.o 13 A de 2002, lo cual no se cumplió. Expone que, en todo caso, de las probanzas obrantes en el plenario se desprende que ese convenio público ya había finalizado, de modo que: […], si el ad quem al menos hubiese leído la prueba documental referida, se habría percatado que no sólo a la fecha en la que ocurrió el óbito del señor DIEGO FERNANDO CHÁVEZ (q.e.p.d.), sino también a las fechas de suscripción del contrato de "MANO DE OBRA" celebrado entre el Ing. BURBANO TAJUMBINA y PEDRO PABLO TORO AZA, de la Póliza colectiva de seguro contra accidentes personales y recibo de prima y, del formulario para reclamación para seguros de personas, documentos en los que igualmente respalda sus conclusiones-, el contrato de obras

públicas No. 013A ya había sido terminado y liquidado legalmente. Debe precisarse, también, que las labores de excavación que se adelantaron en la ejecución del mencionado contrato de obras públicas, tuvieron lugar antes del 7 de abril de 2003, esto es, antes del fallecimiento del señor Chávez y, en consecuencia, es imposible que él hubiera laborado en esa excavación. Las actas que se produjeron en la ejecución del citado contrato, permiten establecer, sin lugar a dudas, que: a) en la ejecución de la obra, solamente se realizaron labores de excavación en tierra, en cantidad de 53 metros cúbicos, antes del 7 de abril de 2003 y entre esta fecha y la de recibo final de la obra únicamente se

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Radicación n.° 84208 colocaron 6000 adoquines, tal como los demuestran el acta de avance presentada por el contratista a la Administración Municipal, calendada el 7 de abril de 2003, que contiene los diferentes ítem realizados hasta esa fecha por el contratista y el acta de recibo final de la obra presentada por el contratista a la Administración Municipal, calendada el 24 de abril de 2003 en la que consta el ítem desarrollado por el contratista desde el día 7 de abril de 2003 y hasta la terminación de la obra; b) que la obra pública a que se refiere el contrato de obras públicas No. 013 A suscrito entre el Municipio de San Pedro de Cartago y el Ing. ALBEIRO GERARDO BURBANO TAJUMBINA, fue recibida por la Administración contratante el 23 de abril de 2003, según

consta en acta de recibo final de la obra y que, en la misma fecha, tuvo lugar la liquidación del contrato, según consta en el acta de liquidación de la obra. En esa fecha, el contrato quedó finiquitado. De este modo, explicó la censura que los hechos que dieron lugar a la condena impartida en el presente juicio no tienen relación con el contrato de obras públicas n.o 13A de 2002, lo que significa que el Tribunal apreció con error la prueba denunciada. Colige que el causante no laboró en la adecuación de la vía barrio El Carmelo, tal como se desprende de la declaración del testigo Benjamín Arboleda Chávez; y agrega que lo anterior fue puesto de presente en el recurso de apelación formulado contra el fallo condenatorio de primer grado, en donde se alegó la falta de «congruencia» en relación «a la causa petendi, las pretensiones y la parte resolutiva del fallo apelado»; no obstante se confirmó «la sentencia de primera instancia con fundamento en un contrato diferente al invocado por la parte demandante», situación q