CSJ - SL2011-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL2011-2023 Radicación n.° 94214 Acta 29 Bogotá, D. C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MARTA DE LAS MERCEDES BUSTAMANTE HENAO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el siete (7) de febrero de dos mil veintidós (2022), en el proceso ordinario que instauró en contra de la ADMINISTRADORA

COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-.

Se reconoce personería para actuar en nombre y representación de Colpensiones a la sociedad Casación Laboral SAS, en los términos y para los fines del poder general conferido (Cuaderno digital de la Corte). Se reconoce personería para actuar a Linda Tatiana Ojeda, para que obre como apoderada judicial de la

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Radicación n.° 94214 opositora, de conformidad a la documentación que obra en el cuaderno de la Corte.

I. ANTECEDENTES Marta de las Mercedes Bustamante Henao llamó a juicio a la Administradora Colombiana de PensionesColpensiones-, con el fin de obtener el reconocimiento y pago del retroactivo pensional de su prestación de vejez, causado entre la data en que alcanzó la edad mínima requerida -24 de septiembre de 2005y el 30 de mayo de 2014 como día anterior al retiro del sistema; los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; la devolución indexada

de los aportes efectuados entre octubre de 2005 y septiembre 2009; lo ultra y extra petita y costas. Fundamentó sus peticiones, en que nació el 24 de septiembre de 1950; se afilió al ISS el 1º de octubre de 1985; se trasladó a la AFP Protección S. A. en julio de 1997; retornó al régimen de prima media con prestación definida en diciembre de 2003; realizó aportes para el sistema general de pensiones hasta septiembre de 2005, y para aquel entonces contaba con 1.014 semanas cotizadas y reportó la novedad de retiro. Adujo, que el 27 de septiembre de 2005 solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez, la cual fue denegada mediante la Resolución 5456 del 1° de marzo de 2007, por cuanto no contaba con la densidad de semanas exigidas por el régimen general y había perdido el beneficio del régimen

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Radicación n.° 94214 de transición por haberse trasladado al régimen de ahorro individual, negativa que fue confirmada a través de la Resolución 33547 del 24 de diciembre de 2007, en sede de reposición, y mediante la Resolución 11443 del 30 de abril de 2008, en sede de apelación. Expresó, que para consolidar el derecho a la pensión de vejez tuvo que seguir realizando aportes a pensiones, incluso como trabajadora independiente; que el 16 de mayo de 2014 elevó nuevamente solicitud pensional, la que fue resulta favorablemente mediante la Resolución 278929 del 6 de

agosto de 2014, a partir del 1º de junio del mismo año, con una mesada inicial de $1.607.760, liquidada sobre 1.254 semanas cotizadas, un IBL de $1.786.400 y una tasa de reemplazo del 90%; que la pensión fue reconocida bajo los parámetros del régimen de transición, con la advertencia de que seguía siendo beneficiaria del mismo, pese de haberse trasladado de régimen, por haber retornado dentro del periodo de gracia establecido en la Ley 797 de 2003, entre el 29 de enero de 2003 y el 28 de enero de 2004 y, que el 13 de septiembre de 2017 solicitó el reconocimiento del retroactivo y los intereses de mora perseguidos. Aseveró que los aportes efectuados entre octubre de 2005 y septiembre 2009, a través del empleador Crystal SAS, no fueron considerados por Colpensiones como semanas cotizadas, ya que «no registraba relación laboral» y, en consecuencia, tampoco las tuvieron en cuenta al calcular el ingreso base de cotización de la prestación reconocida (f.° 4 a 10 del cuaderno digital del Juzgado).

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Radicación n.° 94214 La Administradora Colombiana de PensionesColpensiones - se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, sostuvo que el derecho al disfrute de la pensión de vejez solo se hace efectivo, previo cumplimiento de los requisitos mínimos de edad, densidad de semanas y retiro definitivo del sistema; y, que la demandante continúo realizando aportes hasta el mes de mayo del año 2014.

En su defensa propuso las excepciones de mérito de, inexistencia de la obligación de reconocer y pagar retroactivo pensional de la prestación por vejez; de la obligación de reconocer intereses moratorios; prescripción; buena fe e imposibilidad de condena en costas (f.° 67 a 73, ibídem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, por sentencia del 3 de junio de 2020 (audio en cuaderno digital

del Juzgado), decidió: PRIMERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES, representada legalmente por […], a pagar a la señora MARTHA DE LAS MERCEDES BUSTAMANTE HENAO, quien se identifica con […], la suma de ciento treinta y dos millones ciento sesenta y seis mil cincuenta y tres pesos ($132.166.053) como retroactivo de la pensión de vejez causado desde el 25 de diciembre de 2007 hasta el 30 de mayo de 2014.

SEGUNDO: Se autoriza a la entidad demandada, a descontar de la suma anterior, el 12% destinado al sistema general de seguridad social en salud, que serán consignados en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES, de conformidad con lo reglado en el artículo 66 de la Ley 1.753 de 2015.

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TERCERO: CONDENAR a COLPENSIONES EICE., a cancelar a la demandante los intereses moratorios sobre el retroactivo pensional reconocido en la presente providencia, a partir del 26

de abril de 2008, hasta la fecha efectiva del pago.

CUARTO: Las COSTAS, están a cargo de COLPENSIONES EICE

[…].

QUINTO: NO PROSPERA la excepción de prescripción propuesta por la apoderada de la entidad demandada y la procuradora en lo laboral, por las razones expuestas.

SEXTO: Se absuelve a Colpensiones de las demás pretensiones incoadas en su contra.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de las partes y en grado jurisdiccional de consulta, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante fallo del 7 de febrero de 2022

(Cuaderno digital del Tribunal), resolvió: PRIMERO: REVOCAR los numerales primero, segundo, y quinto de la sentencia proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín el 03 de junio de 2020, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por MARTHA DE LAS MERCEDES BUSTAMANTE HENAO en contra de COLPENSIONES E.I.C.E., y en su lugar, declarar probada la excepción de prescripción sobre las mesadas pensionales causadas entre el 27 de septiembre de 2005 y el 31 de mayo de 2014.

SEGUNDO: REVOCAR el numeral tercero de la sentencia de instancia y fecha conocidas, y en su lugar, declarar probada la excepción de inexistencia de la obligación de pagar los intereses moratorios deprecados.

TERCERO: REVOCAR el numeral cuarto de la sentencia de instancia y fecha conocidas, y en su lugar, condenar en costas de primera instancia a la señora MARTHA DE LAS MERCEDES

BUSTAMANTE HENAO, en favor de COLPENSIONES E.I.C.E., las cuales serán fijadas y tasadas por el cognoscente de primer grado.

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CUARTO: CONFIRMAR el numeral sexto de la sentencia de primera instancia y fecha conocidas.

QUINTO: COSTAS en esta instancia a cargo de MARTHA DE LAS

MERCEDES BUSTAMANTE HENAO, […].

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como fundamento de su decisión, que el problema jurídico a decidir consistió en determinar si a Marta de las Mercedes Bustamante Henao, le asistía el derecho al pago del retroactivo pensional que se hubiere causado desde la fecha en la que cumplió los requisitos mínimos; al reconocimiento de los intereses de mora, y a la devolución de los aportes que no se integraron al IBL porque no se registraba relación laboral, efecto para el que sería necesario establecer en qué momento surgió el derecho al disfrute de la pensión de vejez; si Colpensiones indujo en error a la afiliada para que continuara cotizando; y, si era procedente ordenar la devolución de aportes pretendida. Consideró como hechos indiscutidos: i) que Marta de las Mercedes Bustamante Henao nació el 24 de septiembre de 1950 (f.°10, doc.01); ii) que se afilió al ISS el 1º de octubre de 1985 (f.° 34-43, doc.01); iii) se trasladó a la AFP Protección

S. A. en julio de 1997 y retornó a Colpensiones en diciembre de 2003 (f.° 16-23, doc.01); iv) solicitó el reconocimiento de

la pensión de vejez el 27 de septiembre de 2005 (f.° 11, doc.01); v) que reportó la novedad de retiro desde el 30 del mismo mes y año (f.° 34-43, doc.01); vi) que la prestación pensional le fue denegada mediante la Resolución 5456 del 1º de marzo de 2007 (f.° 11, doc.01), con argumentos de que no se había «resuelto el conflicto de múltiple vinculación entre

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Radicación n.° 94214 el ISS y la AFP Protección S.A., necesario para definir la competencia en el reconocimiento de la prestación a que hubiere lugar». Afirmó que, igualmente, se acreditó, vii) que a través de la Resolución 115882 del 19 de septiembre de 2011 le fue negado nuevamente su derecho; y, viii) que finalmente por Resolución 278929 del 06 de agosto de 2014 le fue otorgada la prestación pensional a partir del 1º de junio del mismo año, en cuantía inicial de $1.607.760, liquidada sobre 1.254 semanas cotizadas, un IBL de $1.786.400 y una tasa de reemplazo del 90 %, por contar con 1254 semanas de aportes, una edad de 63 años, haber recuperado su derecho al régimen de transición y, que al ser necesario su retiro del sistema para el disfrute, su última cotización se registró el 31 de mayo de 2014 (f.° 24-32, doc.01). Así mismo, ix) que se demostró que la accionante laboró

al servicio de Crystal SAS entre el 22 de julio de 1991 y el 7 de junio de 2009 (f.° 44, doc.01); x) que, aunque los aportes causados entre el 1º de octubre de 2005 y el 7 de junio de 2009, fueron cancelados el 24 de abril de 2014, no fueron considerados como semanas cotizadas, porque la actora «no registra relación laboral en afiliación para este pago» (f.° 3443, doc.01). Analizó lo referente a los requisitos pensionales en relación a la modificación de la Ley 797 de 2003 a la Ley 100 de 1993 en lo concerniente al riesgo de vejez, para decir que, aunque Marta de las Mercedes Bustamante Henao arribó a

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Radicación n.° 94214 los 55 años, el 24 de septiembre de 2005 (f.° 10, doc.01), solo tenía 1.014,14 semanas cotizadas (f.° 34-43, doc.01). Empero, pese a ello, contaba con el régimen de transición que le permitía acceder a su pensión en términos del Acuerdo 049 de 1990 con una edad mínima de 55 años y una densidad de semanas igual o superior 1000 semanas en toda la vida, o 500 semanas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad (artículo 12), exigencias que la accionante acreditó desde el 24 de septiembre de 2005 (f.° 10, doc.01), cuando arribó de edad y además tenía más de 1000 semanas cotizadas, causando así el derecho.

Dijo en relación al disfrute de la prestación económica que esta Sala tiene enseñado que «cuando la permanencia del afiliado en el sistema de pensiones, obedece a la exigencia proveniente de la negativa equivocada del ente de seguridad social a conceder un derecho que ya estaba causado a la fecha de la solicitud, la prestación debe ser reconocida desde la fecha en que elevó la petición, si ya cumplía las exigencias legales», citando a CSJ SL, 1º sep. 2009, rad. 34514 reiterada en CSJ SL, 22 feb. 2011, rad. 39391, CSJ SL, 15 may. 2012,

rad. 37798, CSJ SL5603-2016, CSJ SL2760-2020 y CSJ

SL5183-2021. Por tanto, si bien la actora siguió cotizando hasta el 31 de mayo de 2014 (f.° 34-43, doc.01), no le asistía duda de que lo hizo con el evidente propósito de alcanzar la densidad de cotizaciones exigida para acceder a la prestación por vejez, esto es, siguiendo la equivocación en la que la hizo incurrir e incurrió el extinto ISS en la aplicación de la normativa

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Radicación n.° 94214 correspondiente al caso concreto de la demandante. Resultando así palmar que la pensión debió otorgarse desde el 27 de septiembre de 2005, cuando la accionante exteriorizó la voluntad de dejar de pertenecer al sistema y cumplía con el lleno de requisitos, reportando la novedad de retiro. Aclaró, que la modificación de la decisión de primera instancia obedecía a la excepción de prescripción porque

dado que entre la calenda en que se elevó la reclamación que dio lugar a la negativa de la prestación, el 27 de septiembre de 2005 (f.° 11, doc.01), y la de presentación del escrito promotor del proceso, el 19 de febrero de 2019 (f.° 9, doc.01), trascurrió un plazo superior a los tres años previstos en los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS, siendo entonces la interrupción judicial la que marca la prosperidad del medio extintivo que por el simple transcurso del tiempo, operó sobre las mesadas que se hicieron exigibles antes del 19 de febrero de 2016. Glosó que, aunque se admitiere que la reclamación radicada el 13 de septiembre de 2017 (f.° 3874 [sic] [léase 49], doc.01), con el objeto de obtener el reconocimiento y pago del retroactivo pensional causado entre el 24 de septiembre de 2005 y el 30 de mayo de 2014, tuvo vocación de interrumpir el término de prescripción, lo cierto es que la misma solo se habría producido durante el consabido periodo desde el 13 de septiembre de 2014, con la advertencia de que las mesadas causadas durante dicho lapso ya fueron reconocidas, entretanto, la prestación pensional se viene

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Radicación n.° 94214 cancelando de forma ininterrumpida desde el 1º de junio de 2014. Agregó que, pese a que se aceptara que el término de prescripción solo comenzó a correr desde el momento en que se notificó el acto administrativo que reconoció la pensión de vejez, y dejó en evidencia el error en el que se indujo a la

accionante para que continuara cotizando al sistema general de pensiones, lo cierto es que arribaría a la misma conclusión respecto de la prescripción de las mesadas objeto de reclamación, subrayando que la Resolución 278929 del 6 de agosto de 2014 (f.° 25-32, doc.01), fue puesta en conocimiento de la actora, desde el 20 de octubre del mismo año (f.° 24, doc.01), y la presente acción solo se radicó el 19 de febrero de 2019 (f.° 09, doc.01), habiendo transcurrido más de cuatro años, entre una y otra fecha. Concretó que, en ese modo, revocaría la decisión inicial en cuanto ordenó el reconocimiento retroactivo de la pensión de vejez, desde el 25 de diciembre de 2007 y de los intereses de mora liquidados desde el 26 de abril de 2008, y en su lugar, declaró probada la excepción de prescripción sobre las mesadas pensionales causadas entre el 27 de septiembre de 2005 y el 31 de mayo de 2014, y consiguiente, también, la prosperidad de la excepción de inexistencia de la obligación de pagar los intereses moratorios deprecados. Reflexionó en lo tocante a la devolución de los aportes que,

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Radicación n.° 94214 Sobre el particular, observa la Sala que la señora MARTHA DE LAS MERCEDES BUSTAMANTE HENAO laboró al servicio de CRYSTAL S.A.S. entre el 22 de julio de 1991 y el 07 de junio de 2009 (pág.44, doc.01), y que los aportes causados durante el

periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2005 y el 07 de junio de 2009, fueron cancelados el 24 de abril de 2014 (págs.3443, doc.01), sin que fueren validados por COLPENSIONES E.I.C.E. como semanas cotizadas, en orden a incrementar el ingreso base de liquidación calculado para determinar la cuantía de la prestación pensional, bajo el argumento de que la actora “no registra relación laboral en afiliación para este pago”. Pese a lo anterior, y contrario a lo pregonado por el procurador judicial de la demandante, la Sala considera que lo procedente no es ordenar la devolución de dichos aportes, toda vez que los mismos se causaron con ocasión de la existencia de una relación laboral de la que forzosamente se derivaba la obligación de efectuar cotizaciones al Sistema General de Pensiones; sin embargo, también habrá de anotarse que a la señora MARTHA DE LAS MERCEDES BUSTAMANTE HENAO, eventualmente le asistiría el derecho a que dichos aportes sean considerados como semanas efectivamente cotizadas, y en consecuencia, integren el ingreso base de liquidación para determinar el monto de la pensión de vejez reconocida, sin que sea procedente que esta Corporación se adentre en determinar si con base en dicha contabilización hay lugar a modificar el valor de la mesada pensional, atendiendo a que dicho supuesto o aspecto no ha sido objeto de controversia en el curso del presente proceso. Adicionalmente, conviene memorar que en el régimen de prima media “Los aportes de los afiliados y sus rendimientos, constituyen un fondo común de naturaleza pública, que

garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados en cada vigencia, los respectivos gastos de administración y la constitución de reservas de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley” (literal b) del artículo 32 de la ley 100 de 1993), de modo que, no hay lugar a la devolución de las semanas cotizadas en exceso, en atención al principio de la solidaridad que informa el subsistema general en pensiones, cuyos aportes están llamados a financiar las pensiones de todos los afiliados al fondo. En paralelo, se advierte que la ley no impone un límite máximo o techo respecto del número de semanas cotizadas, y al no existir dicho límite puede darse una cotización en exceso, pero no una cotización indebida o ilegal pasible de ser solicitada en devolución y, por ende, la Sala dispondrá la confirmación de la absolución dispensada que sobre dicho concepto dispuso el cognoscente de primera instancia.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Marta de las Mercedes Bustamante Henao, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver (Cuaderno digital de la Corte).

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que esta Corporación, […] case totalmente la sentencia dictada por el ad quem, para que en sede de instancia confirme, modifique y revoque la dictada por el fallador de primer grado. Para que la confirme respecto al reconocimiento del derecho al retroactivo pensional por inducción al error y de los intereses moratorios, para que la modifique en cuanto a la fecha a partir de la cual se debe pagar

el retroactivo pensional (25 de septiembre de 2005) y en cuanto a la fecha a partir de la cual se deben liquidar los intereses moratorios reconocidos (28 de enero de 2006) y para que la revoque en cuanto absolvió a la entidad de reconocer y pagar la devolución de los aportes que no fueron incluidos en el ingreso base de liquidación, debidamente indexados, y en su lugar, se condene a la devolución pretendida, en los términos de la demanda inicial y la sustentación del recurso de alzada ante el Tribunal Superior. Sobre costas decidirá lo pertinente. Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados y se pasan a estudiar (Cuaderno digital de la Corte).

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia del Tribunal al considerar que, […] viola directamente la ley sustancial, en la modalidad de infracción directa del artículo 489 del Código Sustantivo del Trabajo y por interpretación errónea o aplicación indebida del artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y de los artículos

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Radicación n.° 94214 6, modificado por la Ley 712 de 2001, y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (Decreto Ley 2158 de 1948), como violación de medio; en relación con los artículos 33, 34, 141 de la Ley 100 de 1993, y en armonía con lo dispuesto en los Artículos 8 de la Ley 153 de 1.887; 42, 48 y 53 de la Constitución Política. Sostiene que, para la demostración del cargo, discrepa

de la decisión del ad quem en cuanto al momento de analizar la excepción de prescripción en relación con el retroactivo pensional reconocido en primera instancia, no aplicó los artículos 489 del CST y 6º del CPTSS modificado por la Ley 712 de 2001 e interpretó erróneamente o dio una aplicación indebida a las normas que rigen el término de prescripción, los artículos 488 del CST y 151 CPTSS, dándoles un alcance totalmente errado a la mismas. Argumenta que, de conformidad con los artículos 488 y 489 del CST, 151 del CPTSS y 6º de la codificación inicial, modificado por el 4º de la Ley 712 de 2001, los que transcribe suficientemente, se pueden diferenciar dos momentos distintos con consecuencias diferentes en lo que al término de prescripción de la acción atañe, tales como su suspensión y su interrupción. Indica que, la primera, es obligatoria cuando se trata de entidades públicas y opera con la reclamación administrativa radicada ante la entidad, con la cual se detiene el conteo del término de prescripción que venía corriendo, por el tiempo que dure la vía gubernativa, hasta que la entidad notifique una respuesta de fondo o hasta que transcurra un mes de haber sido radicada la reclamación sin haber recibido una

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Radicación n.° 94214 respuesta de fondo, lo cual implica que una vez superada la suspensión por cualquiera de estos motivos, se continúa con el conteo del término de prescripción de la acción, retomando el tiempo que había transcurrido hasta que se presentó la reclamación. En cambio, con la interrupción el término de

prescripción no se detiene, sino que «principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente» (artículo 489 del CST). Implicando que el término de prescripción que venía corriendo hasta que se presentó el reclamo no se tiene en cuenta y se renueva el conteo por una sola vez y por un término igual al de la prescripción correspondiente, es decir, tres años, y que en tratándose de entidades públicas se debe contar una vez cese la suspensión por cualquiera de los motivos que establece la ley, citando la CSJ SL1809-2022. Plantea que, otro aspecto que interesa al recurso es el momento a partir del cual se contabiliza, es decir, cuál es el hito inicial del término de prescripción de la acción, para manifestar que de acuerdo con los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS es desde que la obligación se hace exigible, lo cual, implica igualmente un conocimiento real o presunto del acreedor sobre la existencia de su derecho, para que su inacción pueda ser castigada con la prescripción de la acción, pues solo a partir del hecho que da lugar a la acción, es que se puede pregonar la exigibilidad de un derecho y su correlativa obligación. Señalando que, en lo que respecta al conocimiento de los actos administrativos de carácter particular, de conformidad con las normas que regulan la materia (artículos 66, 67, 68, 69 y 72 de la Ley 1437 de 2011)

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Radicación n.° 94214 se da con la notificación personal, por aviso y por conducta

concluyente. Alude que, con esa orientación, el derecho al retroactivo pensional deprecado, correspondiente al causado entre el 27 de septiembre de 2005 y el 31 de mayo de 2014, solo se hizo exigible o surgió a la vida jurídica, con la notificación personal del acto administrativo que le reconoció la pensión a la recurrente, con fecha de causación a partir del 27 de septiembre de 2005 y que evidenció el error a que la indujo la entidad para continuar cotizando, cuando ya contaba con el estatus de pensionada, y por tal motivo, el 13 de septiembre de 2017 procedió a presentar la reclamación administrativa previa solicitando el reconocimiento y pago del retroactivo pensional deprecado con la demanda, junto con los intereses moratorios y la devolución de los aportes que no le fueron incluidos en el ingreso base de liquidación de la mesada. Discute que, erradamente consideró el Tribunal que el derecho a reclamar el retroactivo surgió desde la fecha de la primera reclamación, es decir, ni siquiera desde la notificación del acto administrativo que resolvió el recurso de alzada en la instancia administrativa, lo que lo llevó a concluir, en contra de la realidad, que la fecha de presentación de la solicitud inicial ante la entidad, que data del 27 de septiembre de 2005, constituía el hito inicial para la contabilización del término del fenómeno prescriptivo, cuando de aceptarse dicha interpretación, lo sería la fecha en la cual se notificó el acto administrativo que resolvió la vía

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Radicación n.° 94214 gubernativa, que en este caso corresponde a la Resolución

11443 del 30 de abril de 2008, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmando la resolución impugnada, que denegó inicialmente el reconocimiento de la prestación económica y que continuó induciendo en error a la accionante. Expresa que, en esa forma el fallador de segunda instancia confundió […] la reclamación que debe presentar el afiliado antes de demandar, cuando se trata de una entidad pública, la cual, además de ser un requisito formal de procedibilidad, tiene la virtud de suspender e interrumpir el término prescripción (artículos 6 del CST, 151 del CPTSS en concordancia con el inciso final del artículo 94 del CGP), con la solicitud que debe presentar el afiliado, acompañada de unos documentos requeridos, ante la entidad, bien sea pública o privada, para iniciar el trámite de reconocimiento de la prestación económica. Explica en lo restante que, Por otro lado […] en un principio la Sala considera que solo la interrupción judicial tiene la vocación de interrumpir el término prescriptivo, pero a reglón seguido acepta que la reclamación previa también tiene dicha vocación al manifestar que “...aunque se admitiere que la reclamación radicada el 13 de septiembre de 2017 (págs. 38-74, doc. 01), con el objeto de obtener el reconocimiento y pago del retroactivo pensional causado entre el 24 de septiembre de 2005 y el 30 de mayo de 2014, tuvo vocación de interrumpir el término de prescripción,…", agregando que “...dicha interrupción solo se habría producido durante el

consabido periodo desde el 13 de septiembre de 2014, con la advertencia de que las mesadas causadas durante dicho periodo ya fueron reconocidas, entretanto, la prestación pensional se viene cancelando de forma ininterrumpida desde el 01 de junio de 2014.”, con lo cual incurre en varios errores, en primer lugar, si hubiera aplicado los artículos 489 del C.S.T. y 6 del C.P.T.S.S., hubiera concluido, de un lado, que no solo la demanda tiene la vocación de interrumpir el termino prescriptivo, que el requerimiento previo también tiene esta vocación y, por otro lado, que con la reclamación previa también se suspende el termino de

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Radicación n.° 94214 prescripción establecido en los artículos 488 del C.S.T. Y 151 del C.P.T.S.S., y que una vez notificada la respuesta o trascurrido el mes sin haber recibido una respuesta por parte de la entidad, se interrumpe y principia a contar de nuevo el término de prescripción por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente. En segundo lugar, si la sala hubiese dado una interpretación correcta a lo establecido en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo, hubiese concluido que el término de prescripción para que la recurrente pudiera reclamar el retroactivo pensional deprecado solo se hizo exigible, es decir, comenzó a correr en su disfavor, con la notificación personal a ésta de la Resolución 278929 del 06 de agosto de 2014, acto acaecido el 20 de octubre del mismo año, porque por medio de ésta la entidad demandada

finalmente le reconoció la pensión de vejez a la recurrente, a la cual tenía derecho desde que radicó la primera solicitud ante la entidad, esto es, desde el 27 de septiembre de 2005, y además quedó en evidencia el error en el que la indujo para que continuara cotizando al sistema cuando ya había adquirido el estatus de pensionada, tal como lo acepta el mismo Tribunal cuando sostiene que “...Y pese a que se aceptara que el término de prescripción solo comenzó a correr desde el momento en que se notificó el acto administrativo que reconoció la pensión de vejez, y dejó en evidencia el error en el que se indujo a la accionante para que continuara cotizando al Sistema General de Pensiones, lo cierto es que la Sala arribaría a la misma conclusión respecto de la prescripción de las mesadas objeto de reclamación, subrayando que la Resolución 278929 del 06 de agosto de 2014 (págs.25-32, doc.01), fue puesta en conocimiento de la actora, desde el 20 de octubre del mismo año (pág.24, doc.01), y la presente acción solo se radicó el 19 de febrero de 2019 (pág.09, doc.01), habiendo transcurrido más de cuatro años, entre una y otra fecha.” Y en consecuencia, también hubiese llegado a la conclusión de que al haberse notificado personalmente a la recurrente el acto administrativo el 20 de octubre de 2014, el término de prescripción iría en un principio hasta el 20 de octubre de 2017, pero que al haberse radicado la reclamación previa el 13 de septiembre de 2017, el término de prescripción inicialmente se

suspendió, por un mes, hasta el 13 de octubre del mismo año, y luego se interrumpió por una sola vez y comenzó a contabilizarse nuevamente por un lapso igual, esto es, por otros tres años, hasta el 13 de octubre de 2020, fecha límite para incoar la acción judicial, y que al haber sido radicada la demanda el 19 de febrero de 2019, y debidamente notificada a la demandada dentro del año siguiente, en los términos del artículo 94 del C.G.P., cobró plena eficacia a la interrupción de la prescripción de la acción y de paso evitó su caducidad. En resumen, si el ad quem hubiera aplicado las normas que se denuncian como inobservadas y hubiese interpretado

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 94214 debidamente las normas que aplicó al a