CSJ - SL2014-2023

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ Magistrado ponente SL2014-2023 Radicación n.° 88545 Acta 21 Bogotá, D. C., catorce (14) de junio de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación que MERCEDES BONILLA DE VILLAMIZAR, MARÍA CAROLINA y MARÍA MARGARITA VILLAMIZAR BONILLA, en calidad de sucesoras procesales de JAIME VILLAMIZAR LAMUS, interpusieron contra la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió el 23 de octubre de 2019, en el proceso ordinario laboral que aquel promovió contra la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN, según remisión del expediente por parte de la Sala de Casación Laboral en descongestión n.º 4, conformada por los magistrados Ana María Muñoz Segura, Omar de Jesús Restrepo Ochoa y Giovanni Francisco Rodríguez Jiménez, y conforme lo previsto en los artículos 2.º de la Ley 1781 de 2016, 16 de la Ley 270 de 1996 y 26 del Reglamento de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, aprobado mediante Acuerdo n.º 48 de 16 de noviembre de 2016.

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I. ANTECEDENTES Jaime Villamizar Lamus solicitó que se declare que entre él y la Fundación Universitaria San Martín existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 18 de noviembre de 1989 hasta el 10 de marzo de 2015; que el

último salario que devengó fue de $22.846.230; que la «bonificación económica vitalicia mensual» y la suma de $3.000.000 son de naturaleza salarial, y que la demandada no pagó las prestaciones y vacaciones durante toda la relación laboral. En consecuencia, requiere que se condene a la Fundación Universitaria San Martín a pagar las cesantías bajo el régimen de retroactividad, los intereses a las cesantías, la compensación de las vacaciones y las primas de servicio desde el 18 de noviembre de 1989 hasta el 10 de marzo de 2015, y la «bonificación económica vitalicia mensual» desde diciembre de 2013, junto con la indexación, la indemnización moratoria establecida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que se pruebe ultra y extra petita y las costas procesales. En respaldo de sus aspiraciones, manifestó que el 18 de noviembre de 1989 suscribió contrato de trabajo a término indefinido con la demandada para desempeñar el cargo de «rector» y que el 18 de febrero de 2015 renunció voluntariamente a este, acto que la demandada aceptó el 10 de marzo de 2015.

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Radicación n.° 88545 Manifestó que su último salario fue de $22.846.230, representado en $9.279.130 por salario básico, $3.000.000 por las labores conexas o complementarias en el área de admisiones y otras dependencias de la institución universitaria, y $10.567.100 por «bonificación económica vitalicia mensual» a partir de diciembre de 2013, conforme lo

establecido en el Acuerdo n.° 097 de 30 de noviembre de 2013, protocolizado el 16 de diciembre de 2013 en la Notaría 21 de Bogotá. Señaló que en aquella disposición acordó con la demandada que la bonificación se incrementaría cada año conforme al IPC certificado por el DANE y que en caso de ocurrir su deceso esta se otorgaría a su cónyuge Mercedes Bonilla de Villamizar hasta su muerte. Afirmó que es beneficiario del régimen retroactivo de cesantías y que la demandada no canceló la bonificación en mención, como tampoco las prestaciones sociales y las vacaciones durante la relación laboral, motivo por el cual el 24 de febrero de 2015 y el 15 de febrero de 2016 le solicitó el pago de tales acreencias, sin embargo, no obtuvo respuesta (PDF cuaderno de primera instancia, f.° 3 a 20). Al dar respuesta a la demanda, la Fundación Universitaria San Martín se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos en que se fundamenta, aceptó el vínculo laboral, el cargo que desempeñó, la renuncia a este, la suscripción del acuerdo en mención, que el actor pertenece al régimen retroactivo de cesantías y el incumplimiento en el

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Radicación n.° 88545 pago de las prestaciones sociales y las reclamaciones del derecho. Respecto a los demás, señaló que no eran ciertos. Manifestó que el sueldo real del demandante es el establecido en el contrato de trabajo, en el que se acordó la suma de $9.279.130, de modo que el actor no devengó el

valor establecido en la demandada y que el monto de $3.000.000 no es de naturaleza salarial. Por otra parte, adujo que aunque se pactó la bonificación señalada, esta es «ilegal» porque va en contravía de la normatividad vigente y atenta contra el sistema de seguridad social, además que para su legalidad se requiere la prestación directa y constante del servicio, lo que no ocurre cuando se establece un beneficio de carácter vitalicio con la posibilidad de que sea trasladado a la cónyuge del trabajador, quien renunció voluntariamente a la calidad de empleado. Igualmente, advirtió que el Acuerdo n.º 097 de 30 de noviembre de 2013 estableció una condición suspensiva para su reconocimiento, según la cual el representante legal de la institución debía suscribir el documento de bonificación fijando las condiciones para su reconocimiento, lo que no sucedió. En su defensa, propuso las excepciones de prescripción, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, ilegalidad de la bonificación vitalicia, «no se cumplió

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Radicación n.° 88545 la condición suspensiva del Acuerdo 097» e innominada (PDF cuaderno primera instancia, f.° 300 a 305). En el curso del proceso se puso en conocimiento el deceso del demandante, motivo por el cual mediante auto de 27 de julio de 2017 el juez de conocimiento ordenó la vinculación de Mercedes Bonilla de Villamizar, María Carolina y María Margarita Villamizar Bonilla, en calidad de sucesoras procesales, así como de los herederos indeterminados.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia de 18 de marzo de 2019, el Juez Veinte Laboral del Circuito de Bogotá dispuso (PDF cuaderno primera instancia, f.° 408): PRIMERO: DECLARAR que existió un contrato de trabajo a término indefinido entre el señor JAIME VILLAMIZAR LAMUS y la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN, quien ocupó el cargo de rector en el periodo comprendido entre el 18 de noviembre de 1989 a 18 de febrero de 2015, siendo su última remuneración la suma de $12.279.130.

SEGUNDO: DECLARAR PARCIALMENTE PROBADA LA

EXCEPCION DE PRESCRIPCIÓN.

TERCERO: CONDENAR a la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN, a pagar (sic) la liquidación de la sucesión del señor JAIME VILLAMIZAR LEMUS (…) o a las resultas de la misma si esta ya se hubiere surtido, las siguientes sumas: a. $290.082.141 por concepto de auxilio de cesantías. b. $69.619.713,84 por concepto de intereses a las cesantías. c. $36.871.499 por concepto de prima de servicio. d. $24.575.314 por concepto de compensación de vacaciones.

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CUARTO: ABSOLVER a la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN, de las demás pretensiones incoadas en su contra

(…).

QUINTO: CONDENAR en costas a la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN. Tásense en la suma de $12.688.460 como agencias en derecho.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de las partes, a través de fallo de 23 de octubre de 2019 la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó la decisión del a quo y no impuso costas en esa instancia (PDF cuaderno segunda instancia, f.° 416).

En lo que interesa al recurso extraordinario, el ad quem señaló que en el asunto no se discutía que entre Jaime Villamizar Lamus y la Fundación Universitaria San Martín existió una relación laboral entre el 18 de noviembre de 1989 y el 18 de febrero de 2015. Así, en lo que interesa al asunto, precisó que el problema jurídico a resolver consistía en determinar: (i) si la bonificación económica vitalicia establecida en el Acuerdo n.º 097 de 2013 y la suma de $3.000.000 que el trabajador recibió por asesoría en el área de admisiones tienen carácter salarial; (ii) si procede el pago de los aportes pensionales solicitados por el demandante en el recurso de apelación y (iii) si se dan los presupuestos para condenar a la demandada al pago de la indemnización moratoria.

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Radicación n.° 88545 Respecto a la primera problemática, manifestó que la bonificación establecida en el Acuerdo n.º 097 de 2013 tuvo la finalidad de efectuar un pago como «reconocimiento, premio o incentivo» por la labor que desarrolló el actor como rector de la institución universitaria y no un valor relacionado con el cumplimiento de determinadas metas o de una

remuneración ligada al desempeño de la actividad del demandante, de modo que no puede entenderse que se trató de una suma retributiva del servicio que deba tomarse como salario. Adicionalmente, destacó que como lo señala la parte actora en la demanda, pese a que esta prestación se otorgó desde noviembre de 2013, la demandada nunca la pagó, motivo por el cual tampoco puede entenderse que dicha suma correspondió a un pago habitual o frecuente propio de una suma constitutiva de salario en los términos del artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, máxime cuando no se acreditó que el demandante la reclamara durante la vigencia de la relación laboral. Por otra parte, advirtió que de entenderse que el Acuerdo n.º 97 de 2013 quiso otorgar al trabajador una eventual mesada pensional, tal pacto es inválido en los términos del parágrafo 3.º del Acto Legislativo 01 de 2005, que prohibió otorgar condiciones pensionales más favorables a las dispuestas en la ley con posterioridad al 31 de julio de

2010. Por tanto, concluyó que esta bonificación no es de naturaleza salarial para efectos de liquidar las prestaciones.

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Radicación n.° 88545 Ahora, en cuanto a la suma de $3.000.000, advirtió que las certificaciones expedidas por la demandada el 30 de noviembre de 2013 y 3 de febrero de 2015, dan cuenta que el actor devengaba un salario de $9.279.130, más una suma mensual de $3.000.000 que «recibía por fuera de nómina» por

asesoría al área de admisiones, documentos que no fueron tachados de falsos, por ende, consideró que tenían plena validez probatoria (CSJ SL14427-2014, CSJ SL6621-2017 y CSJ SL2600-2018). Así, concluyó que el monto en mención es de naturaleza salarial, tal como lo dispuso el a quo y, en ese orden, estableció que la última remuneración del trabajador ascendió a $12.279.130. En lo que concierne a la segunda problemática, señaló que los aportes al sistema general de pensiones no se solicitaron en la demanda y tampoco se discutieron en primera instancia, motivo por el cual la demandada no pudo ejercer su derecho de defensa y contradicción sobre el particular. Así, refirió que no era posible abordar el estudio de los aportes en comento porque desconocería «el principio de congruencia», dado que con aquella pretensión la apoderada de la actora intentaba variar sus solicitudes iniciales y al respecto el juez de segunda instancia no cuenta con facultades ultra y extra petita por ser una atribución exclusiva del a quo, quien no emitió ningún pronunciamiento sobre el asunto. En apoyo, citó las sentencias CSJ SL95182015 y CSJ SL3058-2018.

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Radicación n.° 88545 Por último, en cuanto a la indemnización moratoria, advirtió que la mala fe del empleador se presume cuando no satisface el pago de las prestaciones sociales a la terminación del contrato de trabajo y, por tal motivo, este tiene la carga de desvirtuarlo porque no es de naturaleza automática.

En ese contexto, señaló que en el asunto se acreditó que la demandada adeudaba acreencias laborales y no advirtió razones relevantes que justificaran tal hecho, lo que en principio implicaría la procedencia de la indemnización moratoria; sin embargo, destacó que a través de Resolución n.° 01702 del 10 de febrero de 2015, el Ministerio de Educación Nacional dispuso la aplicación temporal de los institutos de salvamento establecidos en el artículo 14 de la Ley 1740 de 2014 a efectos de afrontar la grave interrupción del servicio educativo por parte de la Fundación Universitaria San Martín. De ahí que, a juicio del Tribunal, la omisión en el pago de las acreencias laborales a partir de la fecha de expedición de la resolución en comento «no derivó de una buena o mala fe, sino de la imposibilidad de disposición de los recursos», porque desde ese momento surgió una justificación legal que impidió a la entidad cumplir con el pago de sus obligaciones, lo que es demostrativo de un actuar de buena fe, pero solo a partir de la expedición de la resolución en mención, esto es, 10 de febrero de 2015. Así, como el vínculo laboral concluyó después de esa fecha, esto es, el 18 de febrero de 2015, la demandada no

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Radicación n.° 88545 podía disponer de sus recursos y, por tal razón, concluyó que la indemnización solicitada era improcedente.

IV. RECURSOS DE CASACIÓN El recurso extraordinario de casación lo interpuso la parte demandante, lo concedió el Tribunal y admitió la Corte

Suprema de Justicia.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN El recurrente pretende que la Corte : CASE PARCIALMENTE la sentencia impugnada, en cuanto confirmó las decisiones de la sentencia de primer grado por medio de las cuales se absolvió de la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo; en cuanto se decidió que la bonificación económica mensual vitalicia no era constitutiva de salario y no se le tuvo en cuenta para liquidar las prestaciones sociales; y en cuanto no se impuso condena por los aportes a la seguridad social no pagados en vigencia del contrato de trabajo del demandante. Una vez constituida la Honorable Corte en sede de instancia, se servirá revocar parcialmente la sentencia de primer grado respecto de las absoluciones allí dispuestas, para, en su lugar, condenar a la demandada a reconocer y pagar a las sucesoras procesales del actor la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y la bonificación económica especial causada desde diciembre de 2013 hasta la terminación del contrato de trabajo; a reliquidar las prestaciones sociales teniendo en cuenta esa bonificación como factor salarial; y a pagar los aportes a la seguridad social durante la vigencia del contrato de trabajo, con la correspondiente y previa elaboración de un cálculo actuarial.

Se proveerá en costas como corresponda. Con tal propósito, por la causal primera de casación, plantea dos cargos, que fueron objeto de réplica. La Corte los estudiará de forma conjunta debido a que censuran

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preceptos similares, plantean argumentos complementarios y buscan idéntico fin.

VI. CARGO PRIMERO Por la vía indirecta, acusa la aplicación indebida de los artículos 65, 127, 186, 189, 249 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo, 1.° de la Ley 52 de 1975, 20 a 23 y 33 de la Ley 100 de 1993, 1.° del Acto Legislativo 01 de 2005, 48 de la Constitución Política, 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 281 del Código General del Proceso.

Afirma que el ad quem incurrió en los siguientes errores manifiestos de hecho:

1. Dar por probado, a pesar de que no lo está, que la bonificación económica vitalicia no se causaba en forma habitual o frecuente.

2. Dar por demostrado, aunque no lo está, que la bonificación económica vitalicia no retribuía los servicios laborales prestados por el demandante.

3. Dar por acreditado, sin estarlo, que la bonificación especial vitalicia era un beneficio de naturaleza pensional, de los que trata

el artículo 1 del Acto Legislativo No 1 de 2005.

4. No dar por acreditado, estándolo, que la demandada considera que al actor se le pagó la bonificación económica vitalicia varios meses.

Desaciertos fácticos evidentes relacionados con la buena fe de la demandada al no pagar las acreencias laborales del demandante cuando terminó su contrato de trabajo.

5. Dar por demostrado, sin estarlo, que por lo establecido en la Resolución 01702 de 2015 del Ministerio de Educación la

demandada no podía disponer de recursos para pagar las acreencias laborales causadas a la terminación del contrato de trabajo del actor.

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6. No dar por probado, a pesar de que lo está, que en la Resolución 01702 de 2015 del Ministerio de Educación solo se suspendieron los pagos de las obligaciones causadas hasta la fecha en se adoptó esa resolución, que lo fue el 10 de febrero de 2015, de suerte que no incluyó las causadas con posterioridad a esa fecha.

7. No dar por establecido, estándolo, que en la Resolución 01702 de 2015 del Ministerio de Educación la suspensión del pago de obligaciones se hizo de conformidad con el numeral 4 del artículo 14 de la Ley 1740 de 2014.

8. Dar por demostrado, sin estarlo, que el contrato de trabajo del demandante terminó el 18 de febrero de 2015 y no dar por probado, aunque lo está que ese contrato terminó el 9 de marzo de 2015.

9. No dar por establecido, estándolo, que el derecho al pago del auxilio de cesantía definitiva del actor se causó el 9 de marzo de

2015.

10. No dar por demostrado, estándolo, que el actor presentó a la demandada una reclamación de pago de prestaciones sociales en desarrollo del llamamiento efectuado por el Ministerio de Educación con base en el Decreto 2070 de 2015.

Desacierto fáctico ostensible presentado respecto de los aportes del demandante a la Seguridad Social.

11. Dar por demostrado, sin estarlo, que lo relativo al pago de aportes a la Seguridad Social no fue debatido en el proceso.

Señala como pruebas erróneamente valoradas el Acuerdo n.° 097 de 2013, la Resolución 01702 de 10 de febrero de 2015 proferida por el Ministerio de Educación Nacional y el escrito de demanda. Y como no apreciadas, la aceptación de la renuncia, la certificación suscrita por la directora de recursos humanos de la demandada visible a folios 370 y 371, la respuesta al requerimiento de la directora de procesos judiciales de Colpensiones, la reclamación de las prestaciones sociales y

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Radicación n.° 88545 la liquidación de estas, las confesiones del representante legal de la demandada en el interrogatorio de parte y el decreto oficio de pruebas por parte del juez en la audiencia que prevé el artículo 80 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En la argumentación, el recurrente señala que el Tribunal erró al valorar el Acuerdo n.º 097 de 2013, pues da cuenta de que la bonificación económica vitalicia tenía relación directa con los servicios prestados, dado que fue concedida por la responsabilidad, profesionalidad y dedicación del causante en el cargo de rector durante más de 24 años. Refiere que el hecho de que su pago no se hiciera de forma habitual o frecuente no significa que no tuviera esa naturaleza, porque esta debe determinarse a partir de las condiciones previstas para su causación y no con su pago efectivo, y el acuerdo en comento concibió la bonificación económica vitalicia con un carácter habitual, tal y como lo señaló el representante legal de la fundación en el interrogatorio de parte, en el cual confesó, entre otras cosas,

que «sí se pagó la bonificación económica vitalicia por unos meses, lo que, indiscutiblemente, le confiere la calidad de pago habitual». Así, afirma que el Tribunal se equivocó al concluir que la bonificación económica vitalicia no es de carácter salarial, toda vez que es retributiva del servicio y se concibió para pagarse habitualmente.

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Radicación n.° 88545 Aduce que también erró al entender que al beneficio en mención le es aplicable el Acto Legislativo 01 de 2005, dado que «es evidente que no se trata de una pensión» que tenga por objeto proteger el riesgo de vejez. Por otra parte, argumenta que el Tribunal se equivocó al concluir que la demandada actuó de buena fe, pues aunque en la Resolución n.º 01702 de 2015 el Ministerio de Educación adoptó medidas de salvamento para afrontar la situación de la institución universitaria demandada, entre ellas, límites en el pago de sus obligaciones, lo cierto es que ello solo incluyó las obligaciones causadas hasta la fecha de su expedición –10 de febrero de 2015– y, por esa razón, los derechos que se originaron después de esa fecha no resultaron afectados con esa medida. En ese contexto, aduce que como la carta de aceptación de su renuncia y la declaración del representante legal de la institución dan cuenta de que la terminación del vínculo ocurrió al finalizar la jornada laboral del 9 de marzo de 2015, el auxilio de cesantías y las demás prestaciones se causaron después del 10 de febrero de 2015, motivo por el cual la

resolución en mención no suspendió su pago y, por esa razón, no es posible considerar que la convocada a juicio actuó de buena fe, pues sí estaba obligada a cancelar sus derechos laborales de acuerdo con lo dispuesto en el punto 6 del artículo 1º de la Resolución n.º 01702 de 2015, que determinó que «la suspensión no cobijaba los pagos de acuerdo con la planeación que hiciera el ministerio de

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Radicación n.° 88545 conformidad con el numeral 4 del artículo 14 de la Ley 1740 de 2014», entre estos, las obligaciones relacionadas con la nómina que deben pagarse durante el proceso de restablecimiento del servicio. Además, señala que la demandada reconoció que el demandante presentó una reclamación para el pago de sus prestaciones en virtud del llamamiento que hizo el Ministerio de Educación mediante Decreto 2070 de 2015, hecho que corrobora que la convocada a juicio no actuó de buena fe; sin embargo, el Tribunal omitió valorar tal circunstancia. Por último, manifiesta que el ad quem se equivocó al considerar que los aportes al sistema de seguridad social no fueron debatidos en el proceso, pues el representante legal de la demandada confesó en el interrogatorio de parte que no afilió al trabajador y tampoco efectuó cotizaciones en favor de este, circunstancia que motivó el decreto oficioso de pruebas por parte del juez de primera instancia relativas a los desprendibles de pago efectuados por la empresa en su favor y la solicitud de historia laboral a Colpensiones, documentos que se aportaron legalmente al proceso.

VII. CARGO SEGUNDO Por la vía directa, acusa la interpretación errónea de los artículos 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 35 de la Ley 712 de 2002, violación medio que condujo a la aplicación indebida de los artículos 20, 21, 22, 23 y 33 de la Ley 100 de 1993.

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Radicación n.° 88545 Afirma que el Tribunal se equivocó al considerar que no podía decidir sobre los aportes al sistema de seguridad social, toda vez que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Sala de la Corte han establecido que los jueces de segunda instancia pueden decidir ultra y extra petita cuando están involucrados derechos mínimos e irrenunciables del trabajador, tal y como ocurre en este caso. En apoyo, citó las sentencias CC C-968-2003, CSJ SL5863-2014 y CSJ SL2808-2018.

VIII. RÉPLICA La fundación se opone a la prosperidad de los cargos y, respecto del primero, aduce que no demuestra los errores de hecho que se atribuyen al Tribunal, por lo que no ataca la firmeza del fallo.

Igualmente, refirió que: (i) la bonificación vitalicia no constituye una contraprestación del servicio, sino una mesada pensional contraria al Acto Legislativo 01 de 2005; que (ii) los aportes al sistema de seguridad social no fueron controvertidos y, por tal razón, el Tribunal no estaba facultado para resolver tal asunto, y que (iii) la indemnización moratoria no es procedente debido a que las medidas de

salvamento adoptadas por el Ministerio de Educación justifican la imposibilidad de atender sus obligaciones posteriores al 10 de febrero de 2015.

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Radicación n.° 88545 Respecto al segundo cargo, reitera que el ad quem no estaba facultado para resolver aspectos que no se mencionaron en la demanda o durante el juicio, ni fueron probados por el demandante, pese a que era su responsabilidad.

IX. CONSIDERACIONES Sea lo primero indicar que la opositora no tiene razón en el reparo que le atribuye al primer cargo, toda vez que la censura identificó con claridad los errores manifiestos de hecho endilgados al Tribunal.

Claro lo anterior, en el proceso no se discute que: (i) entre Jaime Villamizar Lamus y la Fundación Universitaria San Martín existió una relación laboral entre el 18 de noviembre de 1989 y el 18 de febrero de 2015, lapso en el que aquel desempeñó el cargo de rector; (ii) en vigencia de la relación la demandada no pagó las prestaciones y vacaciones, y (iii) a través de Resolución n.° 01702 del 10 de febrero de 2015 el Ministerio de Educación dispuso medidas de salvamento en favor de aquella institución educativa para afrontar su difícil situación económica y académica. Así, conforme a la argumentación de los cargos, la Corte debe dilucidar si el Tribunal se equivocó al considerar que (i) la «bonificación económica vitalicia mensual» establecida en el Acuerdo n.º 097 de 2013 no es de carácter salarial; (ii) no procede la indemnización moratoria solicitada y (iii) no es

posible pronunciarse acerca de los aportes al sistema de

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Radicación n.° 88545 seguridad social por ser un asunto que no se solicitó en la demanda, como tampoco se discutió en las instancias. Respecto a la primera problemática, debe destacarse que un error de hecho en casación se configura cuando es manifiesto o evidente, lo que se advierte cuando el Tribunal le hace decir a la prueba lo que no indica o ignora apreciar una que era a todas luces relevante para la definición fáctica del litigio, con plena incidencia en la aplicación indebida de la norma sustancial que regula el asunto en concreto. Además, tales desafueros probatorios deben provenir de medios de convicción calificados, estos son, el documento, la confesión judicial e inspección judicial -artículo 7.º de la Ley 16 de 1969-, y solo si se acredita un error fáctico en estos, es viable abordar los que no tienen ese carácter. Claro lo anterior y de acuerdo con la orientación del cargo, la Corte procede a analizar las pruebas calificadas acusadas como erróneamente valoradas y dejadas de apreciar por el Tribunal, y advierte lo siguiente: El Acuerdo n.º 097 de 30 de noviembre de 2013 (f.° 34 a 36), cuya equivocada apreciación plantea la censura, prueba que el «plénum» de la Fundación Universitaria San Martín acordó: ARTÍCULO PRIMERO: El Plénum de la Fundación Universitaria San Martín aprueba por unanimidad y sin que esta determinación pueda ser derogada en el futuro, reconocer una

bonificación económica vitalicia en cuantía de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000,oo) mensuales, la que se incrementara

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Radicación n.° 88545 (sic) con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que el gobierno nacional adopte cada año; y hasta cuando la misma cese a favor del Doctor Jaime Villamizar Lamus.

PARÁGRAFO: Si el beneficiario de esta bonificación económica vitalicia Dr. Jaime Villamizar Lamus falleciere, esta bonificación se reconocerá a favor y se le pagará a su señora esposa doctora Mercedes Bonilla de Villamizar (…) de manera indefinida y hasta su fallecimiento.

Igualmente, el documento en mención acredita que tal determinación obedeció a que: (…) Jaime Villamizar Lamus (…) Rector de la Fundación Universitaria San Martín, ha desempeñado dicha calidad con probidad, responsabilidad, altura profesional y personal, reconocidas por los estamentos universitarios por más de veinticuatro años. Que esta responsabilidad y valiosa colaboración ha sido cumplida en beneficio de la educación, capacitación y aprendizaje universitarios, habiendo logrado con su concurso el posicionamiento académico de la Institución en el plano Nacional e Internacional (…). Del texto transcrito la Corte no extrae nada distinto a lo que concluyó el Tribunal, esto es, que el beneficio otorgado a Jaime Villamizar Lamus no es de carácter salarial, justamente porque su naturaleza vitalicia descarta de plano que corresponda a una compensación directa del servicio de la cual se derive el poder subordinante del empleador en los términos establecidos en el artículo 127 del Código

Sustantivo del Trabajo. Además, nótese que el empleador concedió esa bonificación al trabajador de forma unilateral y por mera liberalidad por su buena gestión en la dirección de la institución durante más de 24 años de servicio, a fin de que

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Radicación n.° 88545 disfrutara de la misma de forma vitalicia y eventualmente su cónyuge en caso de que falleciera, aspectos que evidencian una clara proyección futura del beneficio y, sobre todo, se reitera, desligada de una prestación efectiva del servicio, lo que descarta una suma de carácter salarial, esto es, un pago que «se recibe como contrapartida del trabajo subordinado o, dicho de otro modo, la prestación básica correlativa al servicio prestado u ofrecido» (CSJ SL5159-2018 y CSJ SL5146-2020, entre otras). Ahora, si bien el trabajo que Jaime Villamizar prestó es lo que hace que sea acreedor del beneficio económico que le ofrece el empleador, ello no significa por sí mismo que tenga una naturaleza salarial, precisamente porque de la redacción del Acuerdo n.º 097 de 30 de noviembre de 2013 se infiere sin equívocos que la bonificación económica vitalicia no se estableció con el fin de compensar directamente las funciones que desarrollaba en vigencia de la relación laboral, como ocurre con el cumplimiento de metas particulares o la acreditación de resultados en virtud de las órdenes impartidas por el empleador, entre otros (CSJ SL12220-2017, CSJ SL2852-2018, CSJ SL1437-2018 y CSJ SL1993-2019), sino su

destacado servicio en el cargo de rector de la fundación. Cabe resaltar que lo importante para determinar si un pago es o no salario no pende de que se reclame en vigencia de la relación laboral como lo concluyó el Tribunal, sino de que en virtud del principio de la realidad salarial se demuestre materialmente que la asignación respectiva compensa o retribuye directamente las funciones

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