CSJ - SL2015-2018

República de Colombia cunSeu prdeeJm uas ticia SadleaC asaLcaibóonr al SadleaD esconNg:e4 s tión ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL2015-2018 Radicación n. 56604 º Acta 14 Bogotá, D. C., dieciséis (16) de mayo de dos mil dieciocho (2018). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JOSÉ GUILLERMO MARTÍNEZ MURCIA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. el 31 de octubre de 2011, dentro del proceso adelantado contra el INSTITUTO

DE SEGUROS SOCIALES - hoy COLPENSIONES.

AUTO En atención al memorial visible a folios 25 y 26 del cuaderno de la Corte, téngase como sucesor procesal del Instituto de Seguros Sociales, a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones (art. 60 CGP).

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Radicación n.º 56604 l. ANTECEDENTES José Guillermo Martínez Murcia presentó demanda contra el Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS), con el fin de que le fuera reconocida la pensión legal de invalidez de origen común a partir del 25 de mayo de 2005, siendo esta la fecha en la que se estructuró su pérdida de capacidad laboral. De igual forma, solicitó el pago de los intereses morat orios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y la indexación. Como fundamento de sus pretensiones, en lo que

interesa al recurso de casación, señaló que el 12 de diciembre de 2006, a través de dictamen médico practicado por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 51,95% y con fecha de estructuración el 25 de mayo de 2005. Por lo anterior, requirió ante la entidad accionada el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, la cual le fue negada mediante las Resoluciones n.º 5510 de 2007 y 00279 de 2008. Así las cosas, aseguró, por una parte, que el ISS no tuvo en cuenta que en el sub examine, el artículo 39 de la Ley 100 de 1 993 era la norma aplicable para efectos de determinar si le asistía el derecho a obtener el reconocimiento de la pensión de invalidez, teniendo en cuenta que mediante sentencia CC C-428-2009, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del artículo 1º de la Ley 860 de 2003.

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Radicación n. º 56604 En consecuencia, adujo, por otra parte, que la entidad accionada no dio aplicación al principio de la condición más beneficiosa, pues de haberlo hecho, habría otorgado la prestación pensiona! requerida de conformidad con el artículo 6 ºd el Decreto 7 58 de 1 990, aprobatorio del Acuerdo 049 del mismo año, ya que acreditaba un total de 420, 72 semanas cotizadas antes del 1 ºd e abril de 1994, siendo estas un número superior tanto a las 300 exigidas en cualquier tiempo, como a las 150 dentro de los últimos 6 años

anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Al dar respuesta a la demanda, la accionada se opuso a la prosperidad de las pretensiones. En cuanto a los hechos, no desconoció la fecha de estructuración de la invalidez, así como el porcentaje de pérdida de capacidad laboral acusado. De igual forma, tampoco se opuso al número total de semanas cotizadas en toda su historia laboral ni a los requerimientos administrativos efectuados solicitando el otorgamiento de la pensión, junto con sus correspondientes negativas. Sin embargo, refirió que al haberse estructurado la invalidez del actor el 25 de mayo de 2005, era la Ley 860 de 2003 la norma vigente y aplicable para efectos del reconocimiento pensiona! solicitado; que dicha disposición legal exige un mínimo de 50 semanas cotizadas en los 3 años inmediatamente anteriores a la invalidez, de las cuales el demandante tan sólo acreditó 29, por lo que no era procedente otorgar la pensión en los términos solicitados.

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Radicancº.i5 ó6n6 04 Finalmente, respecto a la inexequibilidad del artículo 1 º de la Ley 860 de 2003, aseveró que ésta recaía solamente respecto del requisito de fidelidad al Sistema, sin que se hubiera visto afectada la exigencia de las 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años anteriores a la invalidez. En su defensa, formuló las excepciones de ausencia de causa para demandar, «imposidbeielln itddeeas de guridad socdiead li spodnepelar t rimdoeln oicsoo adminipsotrr ados

fuerdae l ocsá nonleegsa yl peressc»rip,ci ón. 11.S ENTENCIDAE PRIMERIAN STANCIA El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de !bagué, mediante fallo del 19 de agosto de 2010, absolvió a la demandada de todas las pretensiones elevadas en su contra. 111S.E NTENCIDAE S EGUNDIAN STANCIA Tras apelación presentada por la parte demandante, la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., a través de sentencia del 31 de octubre de 2011, confirmó en su integridad el fallo proferido por el a qua. Para fundamentarla, el Tribunal definió que los problemas jurídicos a resolver consistían en establecer: (i) si al actor le era aplicable la Ley 860 de 2003 o la Ley 100 de 1993 para efectos del reconocimiento de la pensión de invalidez solicitada; y (ii) si era procedente, en virtud de la

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Radicación n. º 56604 aplicación del pnnc1p10 de la condición mas beneficiosa, estudiar el derecho pensiona! de conformidad con lo consagrado en el artículo 6 º del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 7 58 del mismo año. Al respecto, encontró previamente acreditado con suficiencia que el demandante fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 51, 95% y que la estructuración de la invalidez se dio el 25 de mayo de 2005. Así las cosas,

estableció que la disposición normativa que regulaba la presente litis era la Ley 860 de 2003. Por lo tanto, en lo concerniente al primer escenario allí previsto para obtener la pensión, adujo el ad quem que el demandante no contaba con las 50 semanas cotizadas dentro de los 3 años anteriores a la fecha en la que se configuró el hecho generador de la prestación. En cuanto al segundo escenano, previsto en el º parágrafo 2 del artículo 1 º de la Ley 860 de 2003, concluyó que tampoco contaba con el 75% de la densidad de semanas de cotizaciones necesarias para acceder a la pensión de vejez, por lo que resultaba innecesario, a su vez, verificar si tenía 26 semanas entre el 25 de mayo de 2002 y el 25 de mayo de

2005. En ese orden de ideas, el juez colegiado concluyó que el señor Martínez Murcia no cumplió, bajo ninguna circunstancia, con los requisitos previstos en la Ley 860 de

1993. Por último, referente al tema relacionado con la aplicación de la condición más beneficiosa, definió que la

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Radicación n. º 56604 misma no era proceden te en el pre sen te caso, pues el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, no era la norma inmediatamente anterior a la Ley 860 de 2003 y por ello, no era necesario entrar a evaluar, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, s1 el señor Martínez Murcia cumplía con las semanas en éste.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte: f..].c asteo talmleasn etnet ernecciuar dreis deag unidnas tancia profeproierdHl a. T ribudneDalil s tjruidtiodc ei! abla gpuaér,qa u e esHa. C orporjaucdiiócanit arla,vd éess u S alLaa boruanlav, e z constietnus iedddaee i nstanecnli uag,da erfl a lclaos asdeor sirrveav oicnatre graellfma elndlteope r imienrsat adniccitaa do poerlJ uzgaQduoi nLtaob odreaClli rcdueiI tboa gué-Tyoe lni ma, su lugasre disponcgoan denaalrd emandaadlop ago favorabldeemt eondtayes c aduan ad el apsr etensdielo an es demanfd..Ja. .

Con tal propósito formuló un cargo por la causal primera de casación, el cual fue replicado.

VI. ÚNICO CARGO

Acusó la sentencia recurrida de violar: 6 SCLAJPT-10 V.DO Radicación n. º 56604 f. .. } por la vía directa, ya que la decisión acusada infringe directamente (por falta de aplicación, de acuerdo a reiterada jurisprudencia de la H. Corte Constitucional, que constituyen precedentes, los artículos 6 literal b) del acuerdo 049 de 1990,

aprobado por el artículo 1 ºd el Decreto 758 de 1990, en armonía con los artículos 48 y 53 de la C.N ya que de paso aplica indebidamente los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993 y los artículos 4 y 8 de la Ley 153 de 1887, en armonía con los artículos 13 y 230 de la C.N. En la demostración del cargo, el recurrente adujo que el Tribunal se equivocó al haber aplicado la Ley 100 de 19 93, siendo que en virtud del principio de la condición más º beneficiosa debió acudir al artículo 6 del Decreto 758 de 1990, aprobado por el Acuerdo 049 del mismo año, para establecer si el actor acreditó o no el derecho para acceder a la pensión de invalidez. En tal sentido, acusó que, de haber acudido a la norma en comento, habría concluido que el señor Martínez Murcia contaba con una densidad de 300 semanas antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 (1 de abril de º 1994), pues entre 1982 y 1989 reportó un total de 420. 72 semanas. Con lo cual, se encontrarían plenamente satisfleaecsxh iagse qnucdeie ca osn forcmoiendlD a edc reto 758 de 1990, son necesarias para acceder a la prestación pensiona! deprecada. Al respecto, expresamente aseveró el casacionista: Sib ieens c iertcoo,m olo a firmae lH .T ribuneanlo ,t ras

palabrqause e ld erechao l ap ensiódne i nvalihdae zd e definircsoenf ormae lasn ormaexsi stenteense lm omento del ae structuradceli aói nn valid(eazr,t íc3u9ld oe l aL ey º, 100d e1 993m odificpaodrol aL ey8 60 de2 003a rtícu1l o numera1lº )y, e stsae h allavbiag enetnee lm omentdoe l a SCLAJPT-V1.00 0 7 Radicación n. º 56604 estructuradceil óain n valitdaemzb,i eésnc ierqtuoe,f rente a lasp retensidoenm eisp roijhado,a cgoiendyo a plicando lac ondicmiáósnb enfiecioseal,a dq uemd ebiaóp liclaar normativiedsatda bleceinde ala rtícu6º l loi terba dle l Acuerd0o4 9d e 1990a,p robapdoor e lD ecre7t5o8 d el mismoa ño,y a quee staH . Corporacdieó anl zadnao aprec,i óque no obstantlea declaratodrei a inconstitucipoanracliidadella a dL ey8 60d e2 003n umeral 1 y 2,e stsae ntenccoimap ortaebfae ctroest,r ospecot ivos, ultracto isvuoe squ ival[e. ]n..t( .N e egrillas fuera del texto)

VII. RÉPLICA La oposición esgrimió en primer lugar, que el recurso adolecía de errores de técnica los cuales comprometían la viabilidad en su estudio de fondo. Lo anterior, toda vez que,

al haber escogido la vía directa para derruir el fallo del Tribunal, no debió en la demostración del cargo haber aludido a preceptos de tipo fáctico o probatorio. Por lo cual, al haber afirmado que el señor Martínez Murcia cumplía con el número de semanas cotizadas exigido en el Decreto 758 de 1990, significaba una invitación a valorar las pruebas obrantes dentro del proceso. Por lo tanto, acusó una indebida mixtura en las vías permitidas en casación para atacar el fallo de segunda instancia. Ahora bien, concluyó que, de permitirse el análisis de fondo del recurso extraordinario de casación presentado, debería esta Sala llegar a la misma conclusión a la que arribó el adq uetmen,ie ndo en cuenta que le dio un correcto alcance al principio de la condición más beneficiosa. Es decir, que no podía aplicarse el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, pues debió remitirse

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Radicancº.5i 6ó6n0 4 estrictamente a lo norma inmediatamente anterior a la que se encontraba vigente al momento de la estructuración de la invalidez. Lo que significa, que, en caso de aplicar la condición más beneficiosa, había que acudir a la Ley 100 de 1993 y no a la disposición legal acusada en la censura. En ese orden de ideas, señaló: Det aslu erqtueen oe sp osiqbulese e r econolzapc ean sidóen invalaildd eemza ndacnotsneo poerntl ean ormatqiuvesae d ice nof uaep licpaodraq,eu lae d q ueamc teunóc orrespocnodne ncia

lanso rmvaisg enptaeresalm omenetnoq uea la ccionsaeln et e estrucstuiu nrvóa lyi ednec zo nsecuceonnec sitame a rcdoe referdeenbceíixaai lgoirsre quipsairtaaoc sc eadl earp restación reclamada. Finalmdeenbtseee ñalaqrusele a s entenpcrioaf eproirde al Tribusneea nlc uenatjruas taad dear ecdhaod,qo u e alsleí como defienlai óc,tn oorr eúnleor se quilseigtaoclsoe nsc,r etaemle nte númedreos emandaecs o tizaecxiiógnip dolarals e pya rlaaé poca enq ues ec oncrseutd óe rec(h5o0s emaneansl otsr easñ os anterail oarf eescd heae structduerl aaic nivóanl itdayel z ), como sed edudceerl e podrets ee mancaost izayde asps o,tr a mlo tivo ques ep roduljaao b soluac liaeó nnt iddaedm andaDdeat .a l suerqtuene o e sp osiqbulseee r econloazp cean sdieói nn validez ald emandante.

VIII. CONSIDERACIONES Del estudio del único cargo presentado, además de advertirse que el recurrente seleccionó la vía directa para derruir el fallo de segundo grado, encuentra esta Sala que no se controvierten bajo ninguna circunstancia los preceptos de orden fáctico que encontró plenamente acreditados el Tribunal, los cuales son: (i) que el señor Martínez Murcia

estuvo afiliado al ISS; (ii) que fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 51, 95%, con fecha de estructuración del 25 de mayo de 2005; y (iii) que dentro de los últimos 3

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Radicacni.ºó5 n6 604 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, contaba con 29 semanas cotizadas. Así las cosas, es imprescindible partir de la base que, para efectos del reconocimiento de la pensión de invalidez pretendida por el actor, la norma aplicable era la Ley 860 de

2003. Lo anterior, teniendo en cuenta que la contingencia a partir de la cual surge el derecho, a saber, la estructuración de la invalidez, tuvo lugar bajo la vigencia de la precitada normatividad. Con lo cual, el problema jurídico a resolver se circunscribe a determinar si, en virtud del principio de la condición más beneficiosa, procede la aplicación del artículo º 6 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, para efectos de reconocer la prestación pensional deprecada.

Frente a este tema en concreto, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido enfática en establecer que, en virtud de la condición más beneficiosa, es procedente únicamente remitirse a la norma derogada inmediatamente anterior a la que se encuentra vigente y que, además, dependiendo de la fecha de estructuración de la invalidez, se encuentre regulando el caso en concreto. Lo anterior, fue consignado en igual sentido en un fallo de similares contornos (CSJ SL2147-2017), y recientemente

recogido por la sentencia CSJ SL4650-2017, donde en esta última, en lo atinente a la viabilidad en la aplicación únicamente de la normatividad inmediatamente precedente, concretamente se afirmó:

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Radicacni.ºó 5 n6 604 Noe sa dmiseia bdluc, icrompoa rámerot para la aplaicciódnel a condicmiásó nb enficeiao,s cualqieurn oram leagl queh aya regaudloe la sunteon a lúgn momenptroée rittoe nq ues eh a deasrraodloll a vincuacliónd ela persa ocnone lsi stea mdel a segiduard soiacl,sin ol a noram inmeiadtamentaen tieorra la vigenqtuee o rdairianmentree gaurlal elca soE.s d ec, ierlj uze no pueddee spalreu gne ejriccio histiócroa, f in dee ncoanrta lrgua n ota rleisgalciónm,á sa lál dela queha ya prece-dai sduvo e za la nom1a antieorrmendteera odag polra q uevie neal c asop,ar a darle una espedceie efe ct«opsl usauclttir»v, qouser esquajea berlva lor dela seguardijduidriac (sentea CnScJ iSL,d e9ld ed i. 2c008ra,d . 32642). En ese sentido, se tiene que no le asiste razon al recurren te cuando afirma que el juez colegiado interpretó en indebida fonna el principio de la condición 1nás beneficiosa,

pues acertadamente concluyó que no era procedente acudir al Decreto 75 8 de 1990, en aras de estudiar el reconocimiento de la pensión de invalidez pretendida. Lo enunciado en precedente, se deriva justamente de que el señor Martínez Murcia se encontraba cobijado por la Ley 860 de 2003 y que, en virtud de ésta, no cumplió con los requisitos allí exigidos (50 semanas cotizadas dentro de los 3 años in1nediatainente anteriores a la estructuración de la invalidez) y que, en caso de estudiar el reconocüniento del derecho con base en la norma inmediatamente anterior, debió haberse hecho remisión únicamente a la Ley 100 de 1993. Al respecto, esta Sala también ha previsto a través de su jurisprudencia, los escenarios dentro de los cuales se pueden forjar expectativas legítimas en el cainbio normativo de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 y, a su vez, ser objeto de garantías por el principio de la condición más beneficiosa.

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Radicación n. º 56604 Sin embargo, en el suebx ainmeno se presenta tampoco una situación jurídica concreta que permite el reconocimiento del derecho pensional al señor Martínez Murcia en aplicación de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta que para el momento del cambio legislativo, esto es, 29 de enero de 2003, (i) no se encontraba cotizando al Sistema; y (ii) tampoco había aportado 26 semanas o mas dentro del año inmediatamente anterior a la fecha del

tránsito legislativo, o sea, entre el 29 de enero de 2002 y el 29 de enero de 2003. Así se desprende efectivamente del análisis de la historia laboral (folios 242 a 244 del cuaderno principal), como de lo sostenido por el mismo casacionista en la demostración del cargo presentado (folio 19 del cuaderno de la Corte), Por lo tanto, no prosperan los cargos en los términos en que fueron presentados. Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la recurrente, pues su recurso no salió avante y fue replicado. Se fijan como agencias en derecho la suma de tres millones setecientos cincuenta mil pesos ($3. 750.000), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el art. 366 del Código General del Proceso. IX.D ECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre

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Radicancº.5i 6ó6n0 4 de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el treinta y uno (31) de octubre de dos mil once (2011) por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. dentro del proceso ordinario laboral promovido por JOSÉ

GUILLERMO MARTÍNEZ MURCIA contra el INSTITUTO DE

SEGUROS SOCIALES - hoy COLPENSIONES.

Costas como se dispuso en la parte normativa. Notifiquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el

expediente al tribunal de origen.

ÚJJofi ;; a RÍA MUÑOZ SEGURA l-¡. fi)

., JESÚS IttfififiPfifiCuofi RODRÍGUEZ JIMÉNEZ SCLAJPT-10 V.00 fi--- c.a:..n: .....,..,, ...... ....,.,._