CSJ - SL2017-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL2017-2023 Radicación n.° 89979 Acta 24 Bogotá, D. C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por RAÚL ANDRÉS GIRALDO GÓMEZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, el diecinueve (19) de agosto de dos mil veinte (2020), en el proceso que JOSÉ JAIRO RÍOS GRAJALES y MARÍA AMPARO SOTO SALAZAR le instauraron al recurrente y a JOSÉ OMAR OTÁLVARO,

CENELLY CASTAÑO ARENAS y ARACELLY CASTAÑO

BETANCOURT.

I. ANTECEDENTES José Jairo Ríos Grajales y María Amparo Soto Salazar llamaron a juicio a Raúl Andrés Giraldo Gómez, José Omar

Otálvaro, Cenelly Castaño Arenas y Aracelly Castaño

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 89979 Betancourt, para que se declarara: i) que entre el primero de los accionantes y los dos demandados iniciales existió un contrato de trabajo a término indefinido; ii) que aquél ejecutó sus actividades subordinadas del 29 de junio al 12 de agosto de 2015, cuando los empleadores lo terminaron sin justa causa y, iii) que el 3 de julio de ese mismo año, el trabajador sufrió un accidente laboral por culpa patronal.

Solicitaron que, en consecuencia, se condenara a los señores Giraldo y Otálvaro, en sus condiciones de empleador y administrador, respectivamente; así como también, a las señoras Castaño, como propietarias de la finca donde prestaba sus servicios, a que pagaran las indemnizaciones de los artículos 64, 65 y 216 del CST, en el último caso, reparando el lucro cesante y los perjuicios morales (daño moral subjetivado y en la vida de relación). Requirieron, adicionalmente, porque se concediera al demandante «la pensión sanción por invalidez» si su pérdida de capacidad laboral era igual o superior a 50 % o al resarcimiento que el sistema de seguridad social le hubiere concedido de haberse encontrado afiliado a riesgos laborales; el reajuste salarial, las cesantías y sus intereses, vacaciones, primas de servicios por el tiempo laborado; lo que resultare probado y las costas. Narraron que José Jairo Ríos Grajales se vinculó laboralmente el 29 de junio de 2015 con los señores Raúl Andrés Giraldo (dueño de los cultivos) y José Omar Otálvaro (administrador), mediante contrato verbal, para prestar sus

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 89979 servicios en la finca La Rusia ubicada en el Municipio de Filadelfia – Caldas, Vereda La Honda, de propiedad de Cenelly Castaño Arenas y Aracelly Castaño Betancourt. Afirmaron que el trabajador se dedicó a cortar y moler caña; que éste laboraba de lunes a viernes de 6:00 am a 4:00

p.m., más 24 horas el día de la molienda; que devengó como salario mensual «$120.000»; que no fue afiliado al sistema de seguridad social; que no fue capacitado para realizar su actividad; que tampoco le suministraron elementos de protección y, menos aún, le informaron sobre las condiciones de riesgo mecánico y/o el estado de la máquina de labor. Contaron que el 3 de julio de 2015, encontrándose el empleado en sus labores habituales, «[...] Cuando se disponía a bajarse de la […] moledora de caña de azúcar se resbala y al intentar apoyarse, su mano queda atrapada dentro de la máquina [la cual] no fue apagada inmediatamente, toda vez que la única forma de hacerlo es [que otra persona] retirara la banda»; que esa maniobra no se ejecutó inmediatamente, porque solo había otro trabajador en el área. Relataron que el demandante pudo extraer la mano del elemento que lo aprisionaba, pero que no había elementos que permitieran brindarle primeros auxilios; que su extremidad fue cubierta con una bolsa de plástico negra y que fue trasladado por Raúl Andrés Giraldo al hospital municipal; que de allí lo remitieron al Hospital de Caldas; que en ese lugar lo atendieron «a través de la EPS SaludvidaRégimen Subsidiado».

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 89979 Expusieron que a José Jairo Ríos le amputaron la mano derecha; que no recibió pago de incapacidad alguna; que tampoco fue calificada la pérdida de capacidad laboral que sufrió, a pesar de que quedó impedido para realizar las

actividades agrícolas a las que se dedicaba; que, por virtud de lo ocurrido, él y su compañera permanente: María Amparo Soto Salazar, quedaron sin sustento económico alguno. Precisaron que Raúl Andrés Giraldo canceló al trabajador $90.000 semanales hasta mediados de agosto de 2015, cuando culminó la relación laboral; que, aunque aquél le ofreció «donarle un carrito de dulces surtido, para que el pudiera desarrollar algún tipo de actividad», no lo aceptó y que, producto del suceso, como núcleo familiar sufrieron perjuicios económicos, morales y daños en la vida de relación (f.° 3 a 9, cuaderno del juzgado). Raúl Andrés Giraldo se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aclaró que celebró promesa de compraventa con las codemandadas sobre la finca La Rusia; que, por tanto, era su poseedor y que en esa calidad arrendó el terreno a José Omar Otálvaro, quien no era su administrador, sino su arrendatario. Apuntó que conoció que el demandante prestó sus servicios en ese inmueble, pero que no fue con él con quien celebró contrato de trabajo o de prestación de servicios, pues, entregó el goce y explotación del terreno a un tercero. Agregó que se enteró de la ocurrencia del accidente

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 89979 descrito en el gestor, pues se encontraba en el lugar ese día; que, ciertamente, fue quien lo transportó al servicio médico, pero que lo hizo a solicitud de Omar Otálvaro y que el

ofrecimiento del carrito de dulces al lesionado obedeció a «motivos de caridad». Formuló como excepciones de fondo las de inexistencia de la relación laboral; de culpa patronal de su parte; de obligación de pago de indemnización por accidente de trabajo; de pagar pensión sanción de invalidez, prestaciones sociales, descansos remunerados e indemnización por despido injusto; inexistencia de obligación de efectuar reajuste del salario, de reparar perjuicios morales a la señora María Amparo Soto Salazar y de solidaridad del artículo 34 del CST; buena fe y prescripción (f.° 47 a 58, ibidem). José Omar Otálvaro, Cenelly Castaño Arenas y Aracelly Castaño de Betancourt, mediante curador para el litigio se resistieron a las pretensiones. Señalaron que aceptaban los hechos que se pudieran constatar con los documentos anexos a la demanda y que de ellos no era posible advertir la existencia de una relación laboral que implicara su responsabilidad. Propusieron como única excepción, «la genérica» (f.° 111 a 112, ib).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Manizales

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 89979 mediante fallo del 19 de julio de 2019, resolvió: PRIMERO: DECLARAR PROBADAS las excepciones formuladas por el señor Raúl Andrés Giraldo Gómez por las razones expuestas en este proveído.

SEGUNDO: DECLARAR que entre JOSÉ JAIRO RÍOS GRAJALES

y JOSÉ OMAR OTÁLVARO existió un contrato de trabajo a término indefinido entre el 29 de junio y el 3 de julio de 2015.

TERCERO: CONDENAR al señor JOSÉ OMAR OTÁLVARO a pagar a favor del demandante […] las siguientes sumas de dinero:

1. Cesantías: $8.949;

2. Vacaciones: $4.475

3. Prima de servicios $8.94

4. Reajuste salario: $47.392

5. Sanción moratoria art.65 CST $21.478 diarios desde el 4 de junio de 2015 hasta que se verifique el pago total de la obligación ordenada en este proceso.

CUARTO: ABSOLVER al señor JOSÉ OMAR OTÁLVARO de las restantes pretensiones de la demanda instaurada en su contra

[…].

QUINTO: ABSOLVER a los señores RAÚL GIRALDO, CENELLY y ARACELLY CASTAÑO de las pretensiones de la demanda […].

SEXTO: CONDENAR en costas al demandado JOSÉ OMAR OTÁLVARO a favor del demandante. Se fijan como agencias en derecho la suma de $1.500.000 (acta de f.° 152 a 153, en relación con el CD de f.° 156, ib).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, al resolver el recurso de apelación interpuesto por los demandantes, el 19 de agosto de 2020, dispuso: PRIMERO: MODIFICAR parcialmente el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia [de primer grado], en cuanto declaró probadas las excepciones formuladas por el señor Raúl

Andrés Giraldo Gómez, para en su lugar, declarar no probadas

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 89979 las de inexistencia de relación laboral, inexistencia de obligación de pagar prestaciones sociales y descansos remunerados, inexistencia de obligación de efectuar reajuste de salario, prescripción y buena fe, por las razones expuestas en esta audiencia.

SEGUNDO: MODIFICAR parcialmente el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia […], en cuanto declaró que existió un contrato de trabajo entre José Jairo Ríos Grajales y José Omar Otálvaro, para en su lugar, declarar que el contrato de trabajo se presentó entre José Jairo Ríos Grajales, como trabajador, y Raúl Andrés Giraldo Gómez, en calidad de empleador.

TERCERO: MODIFICAR parcialmente el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia de primer nivel, en cuanto condenó al señor José Omar Otálvaro al pago de diversas sumas de dinero, para en su lugar, ABSOLVERLO y condenar al señor Raúl Andrés Giraldo Gómez, a la cancelación de las mismas.

CUARTO: REVOCAR parcialmente el ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, en cuanto absolvió a Raúl Andrés Giraldo Gómez de todas las pretensiones de la demanda, para en su lugar, CONDENARLO a reconocer a pagar a favor del señor José Jairo Ríos Grajales una pensión de invalidez por accidente de trabajo, a partir del 3 de julio de 2015, en cuantía de un salario mínimo mensual legal vigente, a razón

de 13 mesadas anuales. Conforme lo expuesto en esta audiencia, la mesada pensional deberá ser ajustada anualmente con base en el aumento salario mínimo legal mensual. El retroactivo pensional adeudado al 31 de julio de 2020, asciende a la suma de $50.087.004, suma que al momento de su pago deberá indexarse.

QUINTO: AUTORIZAR al señor Raúl Andrés Giraldo Gómez que de la anterior suma de dinero, se descuente la proporción del aporte correspondiente a cargo de la accionante, con destino al subsistema de seguridad social en salud a la EPS que esté afiliado […], conforme lo dispone el artículo 143 de la Ley 100 de 1993.

Al 31 de julio de 2020, dicho descuento equivale a la suma de $5.568.735. La anterior obligación seguirá vigente, con relación a cada una de las mesadas pensionales que en lo sucesivo se le paguen al demandante.

SEXTO: MODIFICAR el ordinal sexto de la parte resolutiva de la sentencia de primer grado, en cuanto condenó en costas de primera instancia al señor Omar Otálvaro, para en su lugar, ABSOLVERLO y condenar al señor Raúl Andrés Giraldo Gómez.

SÉPTIMO: CONFIRMAR la decisión de primer grado en lo demás.

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 89979

OCTAVO: IMPONER costas de segunda instancia de manera parcial, atendiendo la prosperidad del recurso en ese sentido, a favor del señor José Jairo Ríos Grajales y en contra del señor Raúl

Andrés Giraldo Gómez. Dijo que determinaría si el empleador fue José Omar

Otálvaro o Raúl Andrés Giraldo; si el accidente laboral ocurrió por culpa de alguno de éstos y si debían asumir «una eventual pensión de invalidez por la no afiliación del trabajador al sistema de Seguridad Social, a riesgos profesionales y demás pretensiones elevadas derivadas de este aspecto». Explicó lo último en que, [...] según los hechos, pretensiones de la demanda y los argumentos de la apelación, se ha pretendido unas consecuencias de un accidente de trabajo como la pensión de invalidez como sanción por la no afiliación de su empleador a riesgos profesionales, que se denominó impropiamente “pensión sanción”. La anterior interpretación la hace la Colegiatura, con base en la jurisprudencia que sobre asuntos similares ha proferido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al establecer que cuando el escrito inicial del proceso presenta inconsistencias u oscuridades, el juzgador está en la obligación de desentrañar la verdadera intención del peticionario, para evitar vicios en el procedimiento o decisiones inhibitorias

(CSJ SL807-2013).

Puntualizó que no era objeto de discusión que el demandante prestó servicios personales subordinados y remunerados en la finca La Rusia, del 29 de junio de 2015 al 3 de julio de ese mismo año; que sufrió un accidente de trabajo y que no estaba afiliado a riesgos profesionales. Señaló que el reclamante adujo que Omar Otálvaro había sido administrador de Raúl Giraldo y que, por tanto,

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 89979 ambos tenían la condición de patronos; que, respecto de ello, era necesario aclarar que el último suscribió promesa de compraventa con las propietarias del inmueble ubicado en la vereda La Honda de Filadelfia, Caldas, el 7 de junio de 2014 (f.° 12 a 14 y 62 a 66, ibidem) y que, según ese instrumento, la entrega del predio al promitente comprador se realizaba ese mismo día. Aseveró que la existencia del contrato referido, fue aceptada por Raúl Giraldo en su interrogatorio de parte, motivo por el cual era dable inferir que «en principio, [...] era él el destinatario de los servicios que prestó el señor José Jairo en la finca en mención, a menos que demuestre la existencia de un vínculo jurídico con otra persona, que le otorgase a ésta última plena independencia sobre su manejo». Indicó que, con dicha finalidad, ese demandado en la réplica al gestor, manifestó que suscribió contrato de arrendamiento con Omar Otálvaro en el 2015; que, aunque esa atadura civil (f.° 60 a 61, ib) gozaba de autenticidad, pues no había sido tachada o desconocida, «revisada en conjunto con las [demás] pruebas», era dable colegir que tal convenio no le daba al contratista suficiente autonomía, como para inferir que, con ocasión de este vínculo, el último era el empleador. Explicó que Raúl Andrés Giraldo en su interrogatorio acotó: «el pacto consistió en que Omar Otálvaro se encargaría

de hacer labores de corte, mantenimiento, limpia y beneficio de la finca y de conseguir a los trabajadores», lo cual, permitía

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 89979 deducir, que «no se trató en realidad de la entrega del bien para la tenencia de Omar, sino [...] de una asignación de diversas funciones […] típicas de un administrador subordinado». Adujo que, inclusive, esa última conclusión la ratificaba el hecho que, preguntado por el suministro de materiales y herramientas para la molienda de la caña, el declarante dijo que en un inicio «Omar asumía todo», pero que «después le ayudaba “con ACPM y bolsas”, revelando así su notoria injerencia». Destacó que, analizadas las afirmaciones del codemandado, en armonía con lo convenido en el vínculo civil, se advertían serías diferencias; que así, por ejemplo, respecto del pago del canon, aquél expresó que «se pactó que [este] sería en especie y que consistía en el 50 % de la producción de la panela»; mientras que la documental alude a $1.500.000 de contraprestación y, en punto del inicio de la atadura, el contrato da cuenta de haber sido suscrito el 5 de marzo de 2015, pero según los dichos de Raúl Giraldo la relación se convino verbalmente en ese mes y se formalizó en mayo siguiente. Expuso que a esos elementos se unía lo declarado por la única testigo presencial, es decir, Nini Johana Valencia, quien contó que: […] el día en que José Jairo llegó a la clínica por el accidente que

padeció, ella estaba allí y presenció que Raúl Andrés llegó al lugar, le dijo al médico que no se midiera en gastos que él se iba

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 89979 a encargar de lo que pasara y que le dijo a Omar Otálvaro, que viajara con José Jairo a Manizales para que le estuviera indicando cómo se iba dando todo en esa ciudad. Dedujo que, [...] lo que los señores Raúl y Omar suscribieron en su momento no se trató en realidad de un contrato de arrendamiento, y no se acreditó que este último hubiera tenido una autonomía en el disfrute del inmueble, que permitiera desvirtuar la tesis inicial en el sentido que el señor Raúl era el beneficiario de los servicios del demandante. Aclaró que el hecho de que el demandante admitiera en su interrogatorio, que quien lo contrató, le dio órdenes y le pagó fue Omar Otálvaro, no era suficiente para darle calidad de contratista independiente, por cuanto tales situaciones también podían estar presentes en casos de intermediarios o representantes del empleador, al tenor de los artículos 32 y 35 del CST y que, en todo caso, el desempeño de Raúl Andrés Giraldo, en labores políticas, no implicaba de suyo que no hubiera podido fungir como empleador del reclamante. Insistió que, debido a que estaba acreditada la prestación personal del servicio del actor en favor de Raúl Giraldo y que Omar Otálvaro a lo sumo había sido un simple administrador, accedería a lo solicitado en el recurso y

declararía no probadas las excepciones propuestas por aquél, incluida la de prescripción, en tanto que la presentación de la demanda (marzo de 2016), respecto de la terminación del vínculo laboral (3 de julio de 2015), fue oportuna. Anotó, en punto del dictamen de pérdida de capacidad laboral, que ese medio de prueba no fue practicado en

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 89979 primera instancia y que negó la solicitud de llevarla cabo en segundo grado, por no reunir las condiciones indispensables para el efecto; que, sin embargo, la decretó de oficio «al considerarla necesaria»; que recibida la experticia quedó demostrado que el demandante sufrió una pérdida de capacidad laboral del 55,5 %, el día del accidente de trabajo, es decir, el 3 de julio de 2015, por la amputación de su mano derecha. Planteó que, con fundamento en esos supuestos, en la declaratoria del vínculo subordinado y la omisión de afiliación, era necesario aplicar el literal e) del artículo 4° del Decreto 1295 de 1994 y el artículo 7° de la Ley 1562 de 2012, conforme lo explicado en las sentencias CSJ SL913-2013 y CSJ SL19566-2017, es decir, imponer al empleador la obligación de cubrir las prestaciones a las que tendría derecho el trabajador, frente al sistema de seguridad social en riesgos laborales, si hubiere sido afiliado. Estableció que, por tanto, condenaría al señor Raúl Andrés Giraldo a pagar a su subordinado, la pensión de invalidez a partir del 3 de julio de 2015 en cuantía de un

salario mínimo legal mensual vigente, en razón de 13 mesadas anuales, especialmente, porque ninguno de esos créditos se hallaba prescritos, en tanto que la calificación, esto es, el momento a partir del cual cuenta la exigibilidad de esa obligación, se produjo en el transcurso del proceso. Advirtió que el estado de invalidez del demandante debía «revisarse cada tres años», según el artículo 44 de la

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 89979 Ley 100 de 1993 y que, de conformidad con el 143 ibidem, autorizaría al demandado a descontar los aportes con destino al sistema de salud. Consideró, en punto de «la indemnización plena de perjuicios» que, [...] la falta de pruebas testimoniales o documentales que lleven a la convicción acerca de sobre cómo ocurrió el accidente sufrido por el señor Ríos Grajales, cuál fue su causa, y qué injerencia pudo tener en ello la conducta o la omisión de los empleadores, impide despachar favorablemente estas pretensiones (acta de f.° 63 a 648, en relación con el CD de f.° 65, cuaderno del Tribunal).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Raúl Andrés Giraldo Gómez, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte, […] case totalmente [la sentencia recurrida] y en sede de instancia […] confirme la decisión del [Juzgado] en cuanto [absolvió] a Raúl Andrés Giraldo Gómez de las condenas que le fueron impuestas

por la declaración de la relación laboral entre éste y el señor José Jairo Ríos Grajales (sic) [y] en lo referente a la declaración de la existencia de una relación laboral entre […] José Omar Otálvaro y […] José Jairo Ríos Grajales y por consiguiente condene al pago de las obligaciones dinerarias que fueron impuestas a aquél (primer cargo). En subsidio solicita, [...] que se case parcialmente […] y en sede de instancia, revoque la condena impuestas a Raúl Andrés Giraldo de reconocer una

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 89979 pensión de invalidez al [demandante] desde el 3 de julio de 2015 y a razón de 13 mesadas anuales por un monto de un salario mínimo mensual legal vigente (cargo segundo); [lo] absuelva […] de reconocer [dicha prestación] (cargos tercero a quinto) [y] de reconocer la sanción moratoria […] (cargos sexto y séptimo) (f.° 9, 13 vto, 17, 19, 21 vto, 24 y 26 vto, cuaderno de la Corte). Con tal propósito formula siete cargos por la causal primera de casación, que no fueron replicados, los cuales, por su afinidad temática y argumentativa, se analizarán así: i) individualmente: el primero, el segundo, el tercero y, ii) conjuntamente: de un lado, el cuarto y el quinto; de otra parte, el sexto y el séptimo.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de violar la ley por la vía indirecta,

en las modalidades de infracción directa de los artículos 1602, 1973, 1974, 1975 del CC y de aplicación indebida del 22, 23, 34, 35, 47, 65, 127, 189, 306 y 249 del CST; 4° literal e) del Decreto 1295 de 1994 y 7° de la Ley 1562 de 2012. Indica que el colegiado incurrió en los siguientes defectos fácticos: a. No dar por demostrado estándolo que entre […] RAÚL ANDRÉS GIRALDO y […] JOSÉ ÓMAR OTÁLVARO MANRIQUE se celebró un contrato de arrendamiento del predio denominado Finca La Rusia. b. No dar por demostrado estándolo que el señor JOSE ÓMAR OTÁLVARO MANRIQUE tenía plena autonomía e independencia en la explotación económica del predio […]. c. Dar por demostrado, sin estarlo, que entre […] RAÚL ANDRÉS GIRALDO y […] JOSÉ JAIRO RÍOS GRAJALES existió una relación laboral.

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 89979 d. No dar por demostrado estándolo, que […] JOSÉ ÓMAR OTÁLVARO MANRIQUE y […] JOSÉ JAIRO RÍOS GRAJALES existió una relación laboral. e. No dar por demostrado estándolo, que […] RAÚL ANDRÉS GIRALDO para el 2015 ejercía como actividad profesional, el cargo de concejal del Municipio de Aranzazu y adelantado campaña para ser reelegido en dicha dignidad.

Refiere que las siguientes son las pruebas de las que «[...] se desprende la falta de apreciación o la apreciación errónea»:

A. Confesiones judiciales:

[de] JOSÉ ÓMAR OTÁLVARO MANRIQUE, JOSÉ JAIRO RÍOS GRAJALES, MARÍA AMPARO SOTO SALAZAR [y] RAÚL ANDRÉS GIRALDO GÓMEZ [rendidos] en interrogatorio de parte absuelto en audiencia.

B. Documentos auténticos: Contrato de arrendamiento suscrito entre […] RAÚL

ANDRÉS GIRALDO GÓMEZ y JOSÉ ÓMAR OTÁLVARO

MANRIQUE.

Copia de formato E-2 6 emitido por la Registradora General del Estado Civil en el cual consta que el señor RAÚL ANDRÉS GIRALDO GÓMEZ fue elegido como concejal del municipio de Aránzazu - Caldas. Copia de credencial E2 7 emitido por la Registraduría […] en la cual consta que […] RAÚL ANDRÉS GIRALDO GÓMEZ es concejal de [dicho] municipio […].

C. Pruebas no calificadas [...]

Testimonio[s] rendido[s] por […] MARÍA TERESA BEDOYA SOTO;

[…] JULIAN JARAMILLO VÉLEZ y […] NINI JOHANA VALENCIA

SOTO. Asegura que el sentenciador erró en sus conclusiones, al no valorar lo confesado por Omar Otálvaro, quien afirmó i) «que fue la persona encargada de vincular laboralmente [a] RÍOS GRAJALES»; ii) que éste era quien le había solicitado que

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 89979 le concediera trabajo; iii) que, por tanto, «lo puso a maquinar»; iv) que él era el encargado «de contratar a los empleados» y de darles «[...] las órdenes en la finca». Repara que esos dichos coinciden con lo anunciado por los demandantes en el interrogatorio de parte; que tanto José Jairo Ríos como María Amparo Soto, afirmaron que fue ese codemandado quien contrató al reclamante y que también fue quien remuneró al trabajador después del accidente; que, sin embargo, la última declaración no fue observada por el colegiado y la del accionante fue indebidamente apreciada, en especial, porque éste también expresó que Raúl Giraldo «no le daba órdenes». Sostiene que, en ese contexto, los dichos del señor Ríos no permiten inferir, de la manera en que lo adujo el Tribunal, que Omar Otálvaro tuviera la condición de representante del empleador; que dicha conclusión no se infiere tampoco del contrato de arrendamiento de la «Finca La Rusia», apreciado con error por la segunda instancia, entre otras cosas, porque esa documental no se desconoció ni se tachó por los actores. Plantea que se comprendió equivocadamente su propia declaración al derivar de ella la falta de independencia contractual entre él y el señor Otálvaro, respecto de la explotación del predio, por cuanto solo enumeró las gestiones que el arrendatario desplegaba sobre el predio, sin aceptar que las mismas las realizara bajo su subordinación

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 89979 Critica que el Tribunal también dedujo incorrectamente, en contra de los artículos 1495, 1602, 1973, 1974 y 1975 del CC, que el pago del canon de arrendamiento en especie desquiciaba la existencia de un contrato de esa naturaleza, pues dicho razonamiento pasa por alto la libertad de estipulación contractual y el ejercicio de la autonomía de la voluntad para convenir esas contraprestaciones. Argumenta que tampoco podía deducirse de la contradicción de fechas de inicio de la relación civil, expuestas en el interrogatorio de parte y las plasmadas en el contrato, que la vinculación no existía, porque en relación con la autonomía de la voluntad, «no sé le puede restar validez al hecho de que un contrato se pacte de forma verbal y posteriormente se eleve a escrito»; que, en todo caso, en la réplica a la demanda, siempre se asentó que el arrendamiento inició en marzo de 2015. Expone que, en semejante sentido, la segunda sentencia infirió con equívoco que no hubo arrendamiento alguno, porque aceptó entregar «unas bolsas y ACPM» a su arrendatario, en razón a que, «la entrega de una colaboración de algún insumo NO tiene la capacidad de evidenciar la inexistencia de una relación de tipo civil y en momento alguno, ello demuestra una intromisión en el desarrollo del contrato o las actividades o que haya originado un acto de subordinación». Insiste que los planteamientos de la segunda instancia «no ostentan la capacidad de evidencia incontrastablemente,

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 89979 la inexistencia de la ejecución del contrato de arrendamiento

referenciado»; que, por el contrario, las pruebas calificadas anunciadas demuestran que sí existió el aludido contrato de arrendamiento y que el señor Otálvaro «era un contratista independiente y verdadero empleador del señor José Jairo Ríos Grajales»; que, inclusive, no hay medio de convencimiento alguno que dé cuenta de que él hubiere realizado actos de subordinación frente a ninguno de ellos. Dice que el Tribunal no acertó en la valoración de la prueba testimonial, porque si bien Nini Johana Valencia Soto, afirmó que fue él quien pidió atención médica para José Jairo Ríos, ello no demuestra, como aquél lo dedujo, que éste fuera su subordinado; que, por el contrario, lo que prueba es que asistió al trabajador por petición de Omar Otálvaro, lo cual advirtió en su propio interrogatorio de parte, explicando que lo hizo como un acto de solidaridad. Resalta que esa declarante, también anunció que el patrón inmediato del accidentado era Omar Otálvaro; que el mencionado le pagaba el dinero con posterioridad al suceso y que Raúl Andrés Giraldo era concejal del Municipio de Aranzazu; que en idénticos términos lo declaró María Teresa Valencia Soto, testigo no apreciada por el juzgador y Julián Jaramillo Vélez, diciente de oídas. Señala que de esas versiones, así como de las copias del formato E-26 y de la credencial emitidas por la Registraduría, que no observó el Tribunal, quedaba en evidencia que tenía una actividad profesional que «[...] le relegaba la posibilidad

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 89979 de desarrollar otras tareas y por lo que decidió dar en arrendamiento el predio». Considera que las situaciones fácticas descritas deben generar la prosperidad del cargo «y por ende la casación total de la sentencia» impugnada (f.° 9 a13 vto. ibidem).

VII. CONSIDERACIONES La acusación denuncia que el Tribunal valoró con error: i) las confesiones de José Jairo Ríos y de Raúl Andrés Giraldo; ii) el contrato de arrendamiento entre el último y José Omar Otálvaro y, iii) el testimonio de Nini Johana Valencia; así como también; que dejó de apreciar: iv) las confesiones de María Amparo Soto y Omar Otálvaro; v) las Credenciales E-26 y E-27 expedidas por la Registraduría Nacional y, vi) las declaraciones de María Teresa Bedoya Soto

y Julián Jaramillo Vélez. Argumenta que, producto de esas equivocaciones probatorias, el colegiado pasó por alto, que los demandantes aceptaron que quien convino el contrato de trabajo y dio las órdenes a José Jesús Ríos fue José Omar Otálvaro; que el último suscribió un vínculo de arrendamiento, por virtud del cual, éste detentaba y explotaba su inmueble y que, en consecuencia, el arrendatario era un «contratista», no un administrador de su propiedad, entre otras cosas, porque su actividad de concejal «le relegaba de la posibilidad de desarrollar otras tareas».

SCLAJPT-10 V.00 19

Radicación n.° 89979 Agrega que, en aplicación del principio de la autonomía de la voluntad, que rige los acuerdos contractuales, no existían razones para desconocer la validez de la atadura civil en la que trasladó la tenencia de la finca a un tercero, por haberle suministrado insumos o recibido el pago del canon en especie, pues la libertad de los contratantes les permitía definir la forma en la que se cumplirían las contraprestaciones. Memora la Sala el contenido de la impugnación, porque deja ver que se trata de un alegato propio admisible en las instancias en el que se pre