CSJ - SL2019-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL2019-2023 Radicación n.° 96331 Acta 24 Bogotá, D. C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por OCTAVIO ROMERO BLANDÓN, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que le instauró a la

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA.

I. ANTECEDENTES Octavio Romero Blandón demandó a la Pontificia Universidad Javeriana para que se declarara que existió un contrato de trabajo del 12 de enero de 1988 al 2 de diciembre de 2011, el cual terminó sin justa causa por decisión de la empleadora; que no fue afiliado a seguridad social ni se le notificó dentro de los 60 días siguientes a la extinción del

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Radicación n.° 96331 vínculo, las entidades en que se realizaron las cotizaciones a los subsistemas de salud, pensiones y parafiscales; que se le adeudan acreencias laborales. Pidió que, en consecuencia, se la condenara al pago de la pensión vitalicia de jubilación en cuantía de $2.437.000, a partir del 3 de diciembre de 2011, junto con las mesadas retroactivas debidamente indexadas o, en subsidio, el cálculo actuarial a favor de Colpensiones durante todo el tiempo de

relación contractual, más la indemnización por despido sin justa causa. Así mismo, que se ordenara la cancelación de las cesantías, sus intereses y las vacaciones del periodo del 1° de enero al 2 de diciembre de 2011; las primas del último semestre de labores y la sanción moratoria del 65 del CST. Relató que el 12 de enero de 1988 inició a laborar para la Pontificia Universidad Javeriana como profesor de medio tiempo; que el 12 de enero 1990 fue nombrado como docente de tiempo completo; que fue sacerdote de la Compañía de Jesús hasta el 2011, fecha en la que decidió conformar una familia; que, tras solicitar su dispensa sacerdotal, la demandada le canceló las clases del período académico 2012, terminando tácitamente su contrato sin justa causa. Contó que se desempeñó como docente de las facultades de arquitectura y teología, dictando diferentes asignaturas; que durante los 23 años, 10 meses y 21 días de labores, recibió órdenes, cumplió un horario de trabajo y

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Radicación n.° 96331 percibió un salario mensual sobre el cual se hacían deducciones con destino a la Compañía de Jesús; que su remuneración en el 2010, correspondió a $3.250.300. Expuso que no fue afiliado a seguridad social en pensiones; que no le fueron cancelados los créditos laborales que reclama, por lo que su empleadora se encuentra en mora; que, a pesar de presentar reclamación ante la institución

educativa, ha sido negada argumentándosele que no existió una relación contractual laboral con él (f.° 2 a 17, cuaderno n.° 1 del juzgado). La accionada se opuso a las pretensiones. Negó los hechos, con excepción del referente a la dispensa sacerdotal del accionante, del cual afirmó no constarle, por ser ajeno a ella.

Argumentó: i) Que no sostuvo relación laboral con el reclamante, pues celebró un Convenio de Cooperación con la Compañía de Jesús, para que sus integrantes realizaran actividades de apostolado al interior de la comunidad académica, administrativa y en el medio universitario, excluyendo de manera expresa ese tipo de vinculación contractual, en razón a que aquellos servicios se ejecutaban en ejercicio de los derechos constitucionales de culto y asociación, conforme a su opción de vida de los religiosos pertenecientes a la referida congregación, atendiendo sus votos de pobreza y obediencia. ii) Que, por tanto, la labor del señor Romero Blandón

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Radicación n.° 96331 fue en virtud de su apostolado, sin ánimo remuneratorio y sin que hubiese estado sujeto a subordinación laboral, por lo que no incurrió en omisión. Propuso en su defensa las excepciones perentorias de: inexistencia de las obligaciones demandadas, falta de título y causa en el demandante, cobro de lo no debido, pago, compensación, buena fe, prescripción y genérica (f.° 97 a 25, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Proferida por el Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá, el 25 de septiembre de 2019, resolvió: PRIMERO: Declarar probadas las excepciones propuestas por la pasiva que denominó inexistencia de las obligaciones demandadas, cobro de lo no debido y falta de título y causa en el demandante, todo conforme a las consideraciones dadas en antelación; SEGUNDO: ABSOLVER a la demandada Pontificia Universidad Javeriana de todas y cada una las pretensiones incoadas en su contra en el libelo introductorio conforme a las consideraciones dadas en precedencia; TERCERO: Las costas de esta instancia estarán a cargo del demandante, señalándose como agencias en derecho la suma de trescientos mil pesos ($300,000); y CUARTO: En caso de no ser apelada la presente decisión deberá consultarse con el superior como quiera que le resultó totalmente adversa a los intereses del aquí demandante (acta de f.° 243 a 244 en relación con el CD de f.° 242, ib).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del

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Radicación n.° 96331 Distrito Judicial de Bogotá, el 29 de octubre de 2021, confirmó la de primera. Dijo que determinaría si entre las partes existió un contrato de trabajo y, de ser así, si había lugar a reconocer al reclamante las prestaciones, vacaciones y pensión solicitadas. Señaló que se acreditó que el actor prestó servicios personales como docente en la institución educativa

demandada, en la facultad de teología, durante el segundo semestre de 1976 y desde el 1° de enero de 1989 al 30 de diciembre de 2011; que su labor la desarrolló por «disposición de la Compañía de Jesús, en su condición de miembro perteneciente a la misma, quien lo asignó para ser su apostolado en las instalaciones de dicha Universidad». Lo anterior, conforme fue señalado en la demanda y su contestación y lo demuestra la Certificación del 18 de febrero de 1998, suscrita por el secretario académico en la que se lee: Que el PADRE OCTAVIO ROMERO BLANDÓN, S.J. es profesor de la Facultad de Teología en Zas cátedras de PSICOLOGÍA Y PASTORAL de tiempo completo (f.° 22), la ubicación en la categoría de Profesor Asistente del Escalafón a partir del 22 de julio de 1999 (f.° 23) y la colaboración en diciembre de 2006 para la evaluación de obras de producción intelectual por encargo del padre rector (f.° 24 a 25). Manifestó que los artículos 22 y 23 del CST definían el contrato de trabajo y sus elementos y, el 24, ibidem, previó una presunción legal sobre su existencia, una vez que

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Radicación n.° 96331 acreditada la prestación personal del servicio; que esto se traducía en una ventaja probatoria para el pretenso trabajador, que debía ser desvirtuada por la empleadora, según la sentencia CSJ SL362-2018; que al haberse demostrado ese primer elemento por parte del accionante,

analizaría si la convocada desvirtuó la naturaleza laboral de la relación. Afirmó que la certificación laboral de folio 91 del cuaderno n.° 1 del expediente, daba cuenta de la prestación de los servicios del reclamante como profesor, sus extremos y el tiempo de dedicación; que, aunque por regla general debía tenerse por cierto su contenido, el análisis conjunto de: […] la FE DE ERRATAS […] (f.° 140 a 142), los Estatutos de la Universidad (f.° 144 a 192), el Convenio de Cooperación entre la Provincia Colombiana de Compañía de Jesús y la Pontificia Universidad Javeriana, sus otrosí y nuevos convenios (f.° 198 a 208, 134), la certificación expedida el 18 de noviembre de 2019 por el Vice - Provincial de la Compañía de Jesús en Colombia, la fórmula de votos del gremio con la solicitud de permiso de ausencia elaboradas por el demandante y la dispensa del celibato sacerdotal (f.° 126 a 131 y 193 a 195), así como por lo aceptado expresamente por [éste] al absolver interrogatorio de parte […] Daba cuenta de que la ejecución de tales servicios, tuvieron una motivación u origen de índole netamente religioso, pues los estatutos de la Universidad la definían como […] una institución de utilidad común, sin ánimo de lucro, de carácter privado, organizada como fundación y regentada por la Compañía de Jesús. Fundada en 1623 por la Compañía de Jesús y restablecida en 1930. Como parte de la Iglesia local, en el ejercicio de su pastoral universitaria está sujeta a las

disposiciones del ordinario del lugar y establecerá, de acuerdo con él, líneas de evangelización, buscando una continua

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Radicación n.° 96331 adaptación de la misma a las características peculiares de su medio y dentro de una pastoral de conjunto en el ámbito universitario, como Universidad Jesuítica ha desarrollado, la Universidad participa de (Capítulo I # 1, 5, 15). Explica que, atendida aquella naturaleza, no resultaba extraña la suscripción del Convenio de Cooperación con la Provincia Colombiana de la Compañía de Jesús, en virtud del cual se asignaron algunos de sus miembros para el trabajo universitario en los campos académico, administrativo y del medio universitario, con la finalidad que esa institución pudiera cumplir con sus objetivos, pero entendiendo […] que no exist[ía] una relación laboral alguna ya que el personal asignado por la Compañía, se vincula[ba] a la obra en ejercicio de sus derechos constitucionales de culto y asociación, conforme a su opción de vida en calidad de religioso, entre otras razones por los votos de pobreza y obediencia que han profesado, sin desconocer que por tales servicios la comunidad recibe un reconocimiento económico debiendo en todo caso, por disposición legal, cumplir con la obligación de garantizar que todos sus miembros enviados están cubiertos de manera directa a la seguridad social (subrayado y negrilla de la Corte). Indicó que el actor era miembro de la Compañía de Jesús, según colegía de la Fórmula de Votos suscrita el 8 de diciembre de 1967, en la que se comprometió a vincularse a

través de los de pobreza, castidad y obediencia, a los que también se refería el Compromiso del 7 de mayo de 1982. Aseveró que, por tanto, «no resulta[ba] ajeno que fuera a través de la Comunidad religiosa que se le asignara en la Universidad Javeriana», como lo señaló el señor Gerardo Remolina, S. J. Provincial en el Comunicado del 31 de enero de 1990, en el que le indicó que luego constatarse su éxito «en la facultad un año atrás, podría realizar un buen trabajo

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Radicación n.° 96331 apostólico ayudando a desarrollar el área de psicología y de sus relaciones con la teología, destinándolo de igual manera a la comunidad de padres y hermanos del Colegio Máximo». Afirmó que el convocante aceptó en su interrogatorio de parte que «[…] no suscribió contrato con la Universidad»; que «fue miembro de la Compañía de Jesús por 47 años, asumió un voto de pobreza en el año 1967 el cual mantuvo hasta el año 2011, la Comunidad fue quien lo envió a trabajar dando clases en la facultad de teología y en otras facultades de la [institución]»; que recibió una remuneración de la cual se le descontaba un porcentaje para la orden religiosa; que era evaluado cada semestre en su labor y debía aceptar las mejoras y lo requerido por los decanos, directores de carrera; que estaba escalonado y le permitían ascender recibiendo el dinero de acuerdo al escalafón; que la comunidad se sostenía desde 1964 con el trabajo de cada uno de sus integrantes y

no con limosnas. Así mismo, dijo: que firmaba cada semestre las evaluaciones y toda la carga académica; que era psicólogo y «en ese momento era el único en la comunidad que podía hacer ese trabajo en la Universidad»; que «sólo recibió directamente dinero de algunos cursos que hizo ya que el resto se lo daban a la comunidad quien le daba una mesada, la cual también [se la entregaban a] los que no trabajaban igual, aunque todos los de la comunidad tenían un cargo en la Universidad». Expresó que eso demostraba que la vinculación del demandante como docente y asesor comunidad, estuvo

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Radicación n.° 96331 precedida del cumplimiento de los votos profesado por él a la comunidad religiosa (pobreza, obediencia, entre otros), los cuales, según informó, acató hasta su retiro, de manera que «ni él ni la demandada admitieron haber efectuado una retribución directa de manera permanente, sino que siempre lo fue a través de la Comunidad religiosa y no en una suma individual sino total respecto de todos los miembros, quien era la que su ocupaba de atender sus necesidades». Sostuvo que, «aun cuando la Fe de Erratas no [tenía] la virtualidad por sí sola de eximir a la Universidad del contenido de la certificación por ella expedida», la última era contradictoria con lo probado, pues los medios de convicción analizados en contexto y atendiendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjeron los hechos, daban cuenta de una relación no laboral entre las partes. Razonó que, si bien no se desconocían las actividades personales del reclamante, quien se sujetó a las directrices

impartidas por el establecimiento educativo y la comunidad religiosa, todo ello fue en condición de religioso, calidad que detentó hasta finales del 2011, lo que significa que su ejercicio no fue en procura de un beneficio individual sino del colectivo del cual era miembro, «esto es, para atender sus obligaciones religiosas». Arguyó que el artículo 53 de la CP, no resultaba vulnerado con la no declaratoria del contrato de trabajo, pues el convocante fue quien optó por hacer uso de los derechos constitucionales de libertad de conciencia y culto, así como

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Radicación n.° 96331 de escoger la profesión u oficio, conforme a los artículos 18, 19 y 26, ib, optando por la vida religiosa y acogiéndose a la comunidad seleccionada, lo que de desvirtuaba cualquier ineficacia del convenio celebrado. Aseveró que a lo anterior se sumaba que el accionante no reclamó el pago de salarios, prestaciones o aportes a seguridad social en el tiempo de ejecución de su labor, lo que evidenciaba la aceptación de las condiciones en las que realizó las labores asignadas, que no eran ajenas a la comunidad. Agregó que la Corte en el fallo CSJ SL, 4 nov. 2004, rad. 20852, se pronunció frente a este tipo de conflictos, por lo que se remitía a lo allí señalado, en el sentido que […] de cara a la eventual responsabilidad por la afiliación al sistema general de seguridad social, el pago de los aportes a seguridad social o el reconocimiento pensional del actor con

ocasión a su labor como docente, aun cuando prima facie correspondería a la comunidad religiosa de la cual era miembro «ello ante la ausencia de vinculación de éste con la aquí demandada y en los precisos términos del Decreto 3615 de 2005, modificado por los Decretos 2313 de 2006, 2172 de 2009 y 692 de 2010, que regula la afiliación de los miembros de las comunidades y congregaciones religiosas como trabajadores independientes, los que en virtud del artículo 15 de la Ley 100 de 1993 (modificado por la Ley 797 de 2003) se entienden como afiliados obligatorios al Sistema General de Pensiones, sin que ello pueda significar la existencia de una relación de carácter laboral» dado que la misma no fue convocada a esta actuación judicial ningún pronunciamiento podía realizarse respecto a ella, como acertadamente lo concluyera el A quo (f.° 254 a 259, cuaderno n.° 1).

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Sala case la sentencia impugnada,para que, en sede de instancia, revoque la primera y, en su lugar, conceda sus pretensiones (f.° 4, cuaderno de la Corte).

Con tal propósito formula dos cargos por la causal

primera de casación, que fueron replicados.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la providencia de segundo grado de violar por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, […] los artículos 23, 24, 25, 27, 47, 57, 62, 64, 65, 102, 127, 129, 139, 249, 260, 267 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y […] 2°, 4°, 5°, 25, 48, 53 y 94 de la Constitución Política, […] 4° del convenio 95 de la OTI, […] 1519 y 1523 del CC, […] 11, 15, 17, 18, 33 y 133 de la Ley 100 de 1993; […] 60, 61 ss del Código de Procedimiento

Laboral. Dice que el colegiado incurrió en los siguientes errores de hecho: […] No dar por probado, estándolo, que el 01 de septiembre de 1994 las partes suscribieron un contrato a término fijo por 10 meses, el cuál iba desde el 01 de septiembre de 1994 al 30 de junio de 1995.

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1. No dar por probado, estándolo, que entre el señor Octavio Romero Blandón y la Universidad Javeriana existió una relación laboral.

2. No dar por probado, estándolo, que la relación laboral se ejecutó desde el 01 de enero de 1988 hasta el 30 de diciembre de

2011.

3. Dar por cierto que las actividades desarrolladas por el demandante se dieron en el marco misión pastoral.

4. No dar por probado, estándolo, que paralelamente a la misión religiosa apostólica el demandante fungía como docente y asesor psicológico en la Universidad Javeriana.

5. No Dar por probado, estándolo, que las partes ejecutaron un contrato de trabajo a término indefinido.

6. No dar por probado, estándolo, que la relación laboral se terminó por causa imputable al empleador.

7. No dar por probado, estándolo, que el empleador no afilió al demandante al Sistema General de Pensiones.

8. No dar por probado, estándolo, que durante la relación laboral no se hicieron los aportes al sistema de seguridad social.

9. No dar por probado, estándolo, que el empleador incurrió en mora por no consignación al fondo de cesantías, en el plazo legal, el auxilio a las cesantías causadas desde 1990 hasta la fecha de terminación de la relación laboral.

10. No dar por demostrado, estándolo, que a la terminación de la relación laboral se adeudaba a mi mandante el auxilio de las cesantías causado durante esta estuvo vigente.

11. No dar por demostrado, estándolo, que el empleador adeuda el valor del auxilio de las cesantías.

12. No dar por probado, estándolo, que el empleador adeuda el monto de la pensión de jubilación vitalicia a mi mandante.

Expresa que tales yerros fueron consecuencia de la apreciación errónea de los documentos de folios 19 y 140 del cuaderno n.° 1 y su declaración de parte, así como la omisión

de valoración de: […] la prueba documental estado de profesores, visible a folio 31; la carta del 01 de diciembre de 2006, visible a folio 24;

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Radicación n.° 96331 igualmente, […] otros documentos como el carnet de profesor, visible a folio 28; la hoja de vida oficial publicada por la oficina de registro de la javeriana, visibles a folio 31; el correo electrónico del 21 de noviembre de 2011 y la hoja de vida del profesor elaborada por la oficina de registro académico folio 39 y 40; […] los testimonios rendidos por Martha Yadith Parra Arévalo, Jorge Castro Hernández y Leonardo Rojas Maya. Además, […] principalmente porque se valoró de forma errónea la Certifican CE-1432-2016 del 24 de mayo de 2016 y […] la Fe de Errata visible a folio 140; y por la falta de valoración de otros documentos como: la misiva del 22 de julio de 1999, folio 23; la comunicación del 01 de diciembre de 2006 folio 24; el estado de profesor visible a folio 31; la comunicación del 3 de febrero de 2010 folio 29; el comprobante de sueldo a folio 30; la carta del 21 de noviembre de 2011; la misiva del 05 de febrero de 2012folio 34; la hoja de vida, folio 39 a 40, la misiva del 14 de febrero de 2005, folio 103. Aduce que el fallador de alzada distorsionó el sentido y expresión de las documentales, pues de las piezas procesales se colige que prestó sus servicios personales de manera

directa a la Pontificia Universidad Javeriana, a cambio de una remuneración. Asegura que el documento de folio 31, ib, evidencia que fue profesor de tiempo completo del departamento de teología; que estaba inscrito en el escalafón grado 12; que obtuvo 344 puntos para el ascenso, 180 por la evaluación académica y 164 para producción intelectual válidos para obtener el pago la bonificación; que dicho medio de convicción «se ve reflejado el ID de empleado, ósea el número de empleado, el cual es el 0010052017», con la precisión de que el centro de costo era el departamento de teología, por lo que fue un empleado más.

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Radicación n.° 96331 Afirma que ese contenido pone en evidencia que su desempeño era determinante para su categorización, la cual fijaba el valor del estipendio económico que recibía y que se incrementaba por la producción intelectual, con el pago de una bonificación; que «según el documento analizado, por el libro Colombia: Conflicto armado y desarrollo humano le asignaron 120, por el manual universitario práctica docente en discernimiento para su comprensión y transformación, se le asignó 20 puntos y por el artículo el Misterio y la palabra se le asignó 24 puntos», lo que se traduce en que su trabajo individual era valorado y esto determinaba su remuneración. Sostiene que si no hubiese estado vinculado directamente a la institución «no estaría inscrito en el escalafón en categoría 12, ni se le acumularían los puntos de producción intelectual para el pago de la bonificación», dado que lo primero es un sistema de clasificación que tiene por «propósito establecer y regular la escala salarial de los

docentes de acuerdo con su formación, experiencia y desempeño». Razona que se ignoró la Carta del 1° de diciembre de 2006 (f.° 24, ibidem), a través de la cual el vicerrector académico le dio indicaciones precisas para evaluar el trabajo intelectual de la profesora «Li Mizar Salamanca», denotando la condición de subordinación y dependencia frente a los directivos de la universidad, que también se acredita con la Comunicación del 21 de noviembre de 2011 (no apreciada), mediante la cual se le dieron instrucciones respecto las calificaciones de los estudiantes.

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Radicación n.° 96331 Precisa que igualmente se omitió la hoja de vida de folio 39, ib, en la cual se indica su categoría del profesor, su formación académica, su producción intelectual y su calificación, ratificando el segundo elemento del contrato de trabajo, pues fue «calificado» desde 2001 a 2009 de forma continua. Manifiesta que la «Carta del 22 de julio de 1999» (f.° 23, ibidem), dice que fue inscrito en la categoría de profesor asistente y recibió la remuneración que correspondía a esa escala desde el 22 de julio de 1999; que tampoco se apreció la del 14 de febrero de 2005 de folio 103, ibidem, que indica que a «los jesuitas que se encontraban vinculados en dicha institución causaban una remuneración que se fija de acuerdo a la escala salarial que se encuentre cada jesuita», omisión trascendente, pues pone de presente que «el estipendio era

fijado de forma individual y personal». Arguye que «se omitió valorar la misiva del 01 de diciembre de 2010 de la cual se infiere que la laboral desarrollada por [él] si tenía ánimo lucrativo, pues cuando pretendieron reducir la remuneración causada por su labor se opuso y propuso un plan de trabajo para justificar el tiempo completo», por lo que la institución «giraba a la compañía de Jesús un valor determinado por cada jesuita»; que, además, «le entregaban parte de los recursos y la universidad le pagó algunos cursos». Insiste en que se ignoró el Escrito del 3 de febrero de 2010, que «exaltó [su] disponibilidad […] en la prestación del

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Radicación n.° 96331 servicio» y prueba «la formación de consentimiento, pues se alude a la disposición de seguir prestando los servicios como profesor en la facultad de teología», con la precisión de que su vinculación se originó en «el llamado que hiciera el decano de la facultad de teología y en virtud de sus condiciones profesionales y personales», no solo por su vocación espiritual, como se reafirma con la evaluación constante de su desempeño, no de su condición religiosa y su hoja de vida. Sostiene que tampoco se apreció la certificación de folio 30, ibidem, que evidencia un pago como profesor docente de $3.250.300; que en «parte esos recursos eran entregados a la comunidad y parte de los mismos eran entregados a la provincia», lo que daba cuenta de la remuneración de su

actividad docente. Explica que los medios de convicción arriba señalados prueban los tres elementos del contrato de trabajo; sin embargo, el Tribunal no hizo ningún razonamiento respecto de los mismos y «solo se circunscribió a indicar que conforme a los otros medios de pruebas allegados al proceso, […] [sus servicios] tenía una motivación religiosa», con lo cual obvió el trabajo que desempeñó en forma individual y específica, así como la remuneración que percibió, pasando por alto que su relación laboral con la institución educativa fue simultánea a la actividad pastoral que ejerció, la cual no impedía la configuración de lo primero. Refiere que «la sentencia apelada también omitió valorar»: i) el Acta de Mejoramiento de abril de 2002, visible

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Radicación n.° 96331 folio 41, ibidem, a través del cual el director del departamento de teología calificó su desempeño como bueno, haciéndole algunas recomendaciones; ii) la de mayo de 2004, mediante la cual se reitera la calificación del primer periodo de 2002 al tercer periodo de 2003 y se establecen compromisos (folio 42, ib) y, iii) la de mejoramiento de folio 44, ibidem, del primer periodo 2006 al tercer periodo de 2007, que reitera lo anterior, muestran la relación «intuitu personae», pues a partir de su desempeño se pactaban ciertos compromisos, denotando, insiste, su condición de subordinación; que, por ende, «no podría el Tribunal restarle eficacia jurídica a la certificación CE 14322016 del 24 de mayo de 2016, pues la

misma refleja [su] realidad laboral», esto es, que trabajó por más de 24 años en la Pontificia Universidad Javeriana, recibiendo como remuneración mensual de $3.250.300. Plantea que debió restarse credibilidad a la «Fe de Errata, visible a folio 140, pues la misma no concuerda con la realidad»; que carece de eficacia y validez jurídica, pues no le fue comunicada, siendo un «documento ilegítimo»; que su empleadora no le manifestó la «sustitución del [mismo]», que fue elaborado seis meses después de la Constancia de Servicio del 24 de mayo de 2016, para ser utilizado subrepticiamente, siendo enviado a una dirección diferente a la suya; que, por ende, debe darse prevalencia a la realidad sobre la forma contenida en el mencionado medio de convicción. Denota que

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Radicación n.° 96331 […] Los otros medios de pruebas valorados por el juez de segunda instancia, no tienen la virtualidad de quitarle la eficacia probatoria a la certificación número CE 14322016 del 24 de mayo de 2016, pues tanto los estatutos de la universidad como el convenio celebrado con la universidad no son razón suficiente para negar la realidad jurídica acaecía durante la relación laboral. Expresa que fue errónea la apreciación de los referidos documentos, por contener cláusulas ineficaces que «cercenan el derecho de quienes […] prestan de forma paralela a la vida religiosa, sus servicios laborales a la universidad». Agrega que el Convenio mencionado tiene fecha del 1°

de julio de 2005, esto es, luego de transcurrir quince años de prestar sus servicios como docente, lo que significa que tenía una situación laboral consolidada; que en su cláusula 3°, se indica que «la Universidad Javeriana concede mensualmente a la compañía de Jesús por cada jesuita una remuneración mensual igual al salario y prestaciones reconocido a los laicos que se encuentren en la misma categoría docentes», demostrando la contraprestación del servicio, que se calculaba de acuerdo a las condiciones particulares de cada empleado. Dice que también erró el fallador al apreciar sus votos, pues a través de ellos se comprometió a renunciar a todos sus bienes y a obedecer a la orden y a sus superiores, más no a no trabajar, lo que en nada se opone a que sus servicios fueran lucrativos. Resalta que

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Radicación n.° 96331 […] El régimen de la vocación religiosa está orientado a la administración de las parroquias, el culto, la espiritualidad, los sacramentos, la pastoral y la evangelización, por lo que los sacerdotes también pueden ejercer una profesión para derivar el sustento suyo y el de la comunidad. Máxime cuando la profesión docente no tiene una conexión directa con la evangelización ni con la vida espiritual, pues se refiere más bien a la formación del individual, para lo cual se necesitan habilidades pedagógicas que permitan el desarrollo de las clases, y las labores y disciplinas estudiantiles. Manifiesta que, aunque la universidad no le giraba directamente su pago, ello no desquiciaba que lo percibiera como remuneración mensual por su trabajo, toda vez que

[…] la vida espiritual no suprime la vigencia de la relación laboral en sí, por el simple hecho que se hayan ofrecido los votos de pobreza no implica que se haya perdido la capacidad de laborar, pues, estos implican solamente que las rentas de trabajo serán percibidas por la comunidad religiosa, más no que no se puede trabajar. Aduce que se tergiversó su declaración, ya que a pesar de aceptar que no suscribió un contrato de trabajo, dijo que prestó un servicio subordinado a cambio de un salario, los cuales no podían ser prestados por otro sacerdote porque no había más psicólogos, siendo vinculado a cumplir una función específica; que puntualmente dijo: […] Preguntado: indíquele al Despacho como es cierto, sí o no, que usted nunca suscribió contrato de trabajo con la Pontificia Universidad Javeriana. Contestado: Eso es cierto y ac