CSJ - SL203-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL203-2023 Radicación n.° 90726 Acta 04 Bogotá, D.C., catorce (14) de febrero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por JOSÉ EUGENIO HERNÁNDEZ SARMIENTO contra la sentencia proferida el 31 de agosto de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente contra ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES y la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE

FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

Se reconoce personería para actuar dentro del proceso de la referencia, al abogado Rafael Plata Mendoza, identificado con la cédula de ciudadanía número 84.104.546 y tarjeta profesional 107.775 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones, en los términos y

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Radicación n.° 90726 para los fines del poder que le fue conferido. También se reconoce personería al doctor Gustavo José Gnecco Mendoza, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.431.641 y tarjeta profesional 44.192 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de Porvenir S.A. en los términos y para los efectos del poder conferido.

I. ANTECEDENTES José Eugenio Hernández Sarmiento convocó a juicio a las referidas administradoras, con el propósito que se declare

«nulo e ineficiente» el traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida – RPMal Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad – RAIS-, el cual realizó a través de la AFP Porvenir S.A. Como consecuencia, solicitó que se condene a la Sociedad Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. a devolver a Colpensiones todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación, tales como cotizaciones aportes para pensión, bonos pensionales, sumas adicionales, con todos sus frutos, rendimientos e intereses y que, a su vez, Colpensiones reciba esos valores, para el posterior estudio de la pensión de vejez, conforme a la Ley 797 de 2003. Adicionalmente, peticionó intereses moratorios, la indexación de los valores adeudados, lo que resulte probado ultra o extra petita y las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que nació

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Radicación n.° 90726 el 18 de marzo de 1956; que laboró de forma interrumpida para diversas entidades privadas, desde el 20 de octubre de 1997 hasta el 31 de agosto de 2017, para un total de 944 semanas; que inicialmente cotizó al ISS, hoy Colpensiones, pero que el 9 de noviembre de 1998, la AFP Porvenir «sin verificar su historial pensional y sus significativos aportes, hizo afiliar al demandante a dicho fondo», haciéndole creer que era más favorable. Señaló que la AFP le indicó que recibiría una pensión más alta que la del RPM, pues «tendría una tasa de reemplazo

mayor», que podía pensionarse anticipadamente o incluso a cualquier edad, sin prevenirle «de las consecuencias jurídicas que afectarían su derecho pensional»; que previa solicitud, el 23 de abril del 2018, Porvenir S.A. le entregó una proyección de la pensión con un valor aproximado de $1.250.900 y, al darse cuenta del daño monetario grave que se generaba con dicho monto, el 18 de septiembre de 2018 solicitó la nulidad de la afiliación ante la AFP y que en esa misma data peticionó ante Colpensiones el retorno al RPM, pero ambas súplicas le fueron negadas. Refirió que al realizar un cálculo sobre los aportes realizados en los 10 últimos años de cotización y el valor del IPC su mesada pensional arrojaría la cantidad de $6.000.000, una vez cumplidos los 62 años. Al dar respuesta a la demanda, la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensionesse opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó la data de

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Radicación n.° 90726 nacimiento del accionante, la solicitud de retorno al RPM que presentó y su respuesta negativa; de los demás supuestos fácticos dijo que no le constaban. Como razones de defensa, arguyó que no era procedente la declaración de nulidad de traslado, ya que según las pruebas allegadas la afiliación al RAIS fue válida, toda vez que se suscribió el formulario de afiliación de forma voluntaria, consciente y sin presiones de acuerdo con el derecho a la libre escogencia del régimen en materia

pensional, lo que implica la aceptación de las condiciones de cada uno, sin que el desconocimiento de aquellas sea argumento suficiente para aducir la nulidad del traslado. Adicionalmente, sostuvo que el 18 de septiembre de 2018, fecha en la que el actor solicitó el retorno al RPM, ya contaba con 62 años de edad, encontrándose en una causal de prohibición consagrada en el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, habida consideración que solo reunía 386,25 semanas de cotización para el 1 de abril de 1994, de acuerdo a la historia laboral, siendo improcedente su traslado. Propuso como excepciones de mérito la inexistencia de la obligación, inexistencia del derecho al reconocimiento de una pensión de vejez, improcedencia de intereses moratorios e indexación, error de derecho no vicia el consentimiento, buena fe, prescripción y la innominada o genérica. A su turno, la Sociedad Administradora de Fondos de

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Radicación n.° 90726 Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., al contestar el escrito inaugural, también se opuso a la totalidad de las súplicas. Respecto de los hechos, aceptó la data de nacimiento del demandante, el número de semanas cotizadas, su afiliación al ISS, la información suministrada referente a la posibilidad de pensionarse a cualquier edad, la proyección realizada el 23 de abril de 2018, la solicitud de nulidad de la afiliación que formuló y la respuesta desfavorable. De los demás supuestos fácticos, dijo que no le constaban o no eran ciertos.

En su defensa, argumentó que la afiliación al RAIS se hizo de forma libre, espontánea y sin presiones, ya que se brindó la información suficiente sobre las condiciones del régimen; que además al suscribir el formulario de afiliación expresó su voluntad de traslado, así como al firmar la entrevista de conocimiento sobre los beneficios, características y condiciones del régimen, documento que debe entenderse como una ratificación. Por último, alegó: i) la capacidad suficiente del demandante para dar su consentimiento en la vinculación; ii) que la omisión de información afecta el consentimiento, solo si se prueba que se haya causado perjuicio claro, cierto y determinable en el afiliado, el cual no puede evidenciarse con la sola diferencia eventual entre montos de prestaciones; iii) que el demandante también tiene la obligación de informarse, haciéndose responsable de sus asuntos personales y de su familia, deber que no se puede descargar únicamente en la AFP; y iv) que el actor contó con varias

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Radicación n.° 90726 oportunidades de revertir su decisión y no lo hizo, manteniendo el interés de afiliación en el RAIS. Propuso como excepciones de fondo las que denominó: prescripción de los derechos demandados, prescripción de la acción de nulidad, cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación y buena fe.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia,

mediante fallo del 17 de junio de 2020 resolvió:

PRIMERO: DECLARAR la ineficacia del traslado de régimen pensional efectuado por el señor JOSÉ EUGENIO HERNÁNDEZ SARMIENTO al régimen de ahorro individual el 9 de noviembre de 1998 y con fecho de efectividad a partir del 1° de enero de 1999, por intermedio de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., y, en consecuencia, declarar como afiliación válida la del régimen de prima media con prestación definida, administrado por COLPENSIONES, tal como se dijo en lo parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. a trasladar a COLPENSIONES todos los aportes pensionales, cotizaciones o bonos pensiónales, con todos sus frutos e intereses, sin deducción de gastos de administración y de traslado contenidos en la cuenta de ahorro individual del señor JOSÉ EUGENIO HERNÁNDEZ SARMIENTO. Para ello se le concede el término de un (1) mes.

TERCERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES a activar la afiliación del demandante en el régimen de prima media con prestación definida y a actualizar su historia laboral.

CUARTO: DECLARAR no probados las excepciones propuestas por las entidades demandadas conforme a lo motivado, a excepción de la excepción de IMPROCEDENCIA DE LOS

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INTERESES MORATORIOS E INDEXACIÓN propuesta por COLPENSIONES, la cual se declara probada.

QUINTO: ABSOLVER a las demandadas de las demás pretensiones incoadas en su contra.

SEXTO: COSTAS DE ESTA INSTANCIA a cargo de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA PORVENIR S.A., fijando como agencias en derecho la suma de $1.200.000. Sin costas en contra de COLPENSIONES.

SEPTIMO: Esta decisión deberá CONSULTARSE CON EL SUPERIOR, por ser adversa a los intereses de COLPENSIONES.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al decidir los recursos de apelación formulados por las demandadas Colpensiones y la AFP Porvenir S.A. y conocer en grado jurisdiccional de consulta a favor de la primera entidad, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 31 de agosto de 2020, revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, absolvió a las demandadas de las súplicas incoadas en su contra. No condenó en costas de la alzada y las de primera instancia las impuso a cargo de la parte vencida que lo era el demandante.

El colegiado tuvo como problema jurídico determinar si era procedente la declaratoria de ineficacia del traslado al RAIS y, en consecuencia, el retorno del accionante al RPM. Consideró como medios de prueba relevantes: la cédula de ciudadanía del promotor del proceso, su historia laboral, la solicitud de vinculación o traslado a Porvenir S.A., las reclamaciones administrativas y sus respuestas y el

interrogatorio de parte del promotor del proceso.

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Radicación n.° 90726 El juez plural señaló que las pruebas acreditaban que el actor se trasladó al RAIS cuando tenía 42 años de edad y 547 semanas cotizadas al ISS; que en ese momento no se encontraba incurso en alguna causal que prohibiera el cambio de régimen pensional, ya que no contaba con 55 años de edad ni gozaba de pensión de invalidez; que además había suscrito la vinculación al RAIS de manera libre, espontánea y sin presiones, tal como constaba en el formulario de traslado, lo cual se había corroborado con el interrogatorio de parte que absolvió. Aseveró el ad quem que en este asunto se habían cumplido los requisitos de validez que estipulaba el artículo 11 del Decreto 692 de 1994, el cual permitía la manifestación de voluntad informada por medio de formatos preimpresos, que, junto con el interrogatorio de parte del afiliado y el escrito inaugural permitían colegir que existió una selección informada de cambio de régimen, se itera, de forma libre, espontánea y sin presiones, pues el accionante admitió que fue informado «sobre el Fondo» y en los hechos de la demanda inicial dijo que fue ilustrado respecto de las características propias del RAIS. Explicó que si en gracia de discusión se aceptara que el demandante incurrió en error para la toma de su decisión, por el desconocimiento de las implicaciones jurídicas del traslado, se trataría de un yerro de derecho que no viciaba el consentimiento, toda vez que el desconocimiento de la ley no

servía de excusa, de conformidad con el artículo 9 del CC, aunado a que tal desconocimiento no puede alegarse como

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Radicación n.° 90726 pretexto «para afectar de vicios el consentimiento», máxime que en el sub judice no se demostró ni se alegó dolo o fuerza. Agregó que la sanción consagrada en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 no le competía a la jurisdicción ordinaria laboral, sino al Ministerio de Trabajo o de Salud; que igual sucedía con el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 97 del Decreto 663 de 1993, que pudo ser sancionado por la entidad de vigilancia conforme al artículo 211 ibídem, por lo que tampoco sería la justicia laboral la encargada de imponerla. Afirmó que, según reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la carga de la prueba sobre la información brindada al promotor del proceso recaía en la respectiva AFP, pero que esa información debía ser valorada por el juzgador conforme con las leyes vigentes al momento de traslado, sin efectos retroactivos. Dijo que la causal de ineficacia del acto de traslado, por incumplimiento al deber de información, no se encontraba consignada en una norma legal, «porque se reitera las conductas referidas al artículo 271 de la Ley 100 de 1993 no se alegan en el presente caso y en gracia de discusión no le compete a la jurisprudencia definir sobre su ocurrencia o no». Insistió que en este caso se descartaba la inexistencia

del acto del traslado, porque de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, esta se presentaba «cuando los requisitos y condiciones de existencia de un acto jurídico no se configuran, como por ejemplo cuando falta la

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Radicación n.° 90726 voluntad, no concurre un elemento de la esencia de determinado acto, o no se cumple un requisito para su existencia», y que en este asunto la manifestación de voluntad del asegurado se encontraba plasmada en el formulario y reconocida en el interrogatorio de parte; que además el traslado cumplió con los requisitos de la ley vigente para la época en que el mismo ocurrió. Añadió que tampoco se presentaba nulidad relativa o absoluta, habida consideración que no se configuró ningún vicio en el consentimiento. Refirió que si se analizara la causal de ineficacia del traslado, por incumplimiento del deber de información asignado a las administradoras de pensiones, se encontraría que la carga de la prueba bajo la responsabilidad de los fondos fue cumplida, ya que todos los elementos que obraban en el proceso, tales como el escrito de demanda inicial en la que se señala que recibió información sobre la rentabilidad financiera y la posibilidad de pensionarse antes de la edad; el interrogatorio de parte en el que confesó las circunstancias en que se desarrolló la reunión, «los aportes voluntarios que además son excluyentes del Régimen de Prima Media»; y el formulario de afiliación; pruebas todas que demostraban que en este caso se cumplió con el deber de información.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el

Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que esta corporación case la sentencia acusada, para que, en sede de instancia, confirme el fallo de primer grado.

Con tal propósito, formula un cargo por la causal primera de casación que obtiene réplica, el cual se pasa a estudiar.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 1502, 1510, 1511, 1603, 1604 y 1746 del CC; 167 del CGP «(aplicable por remisión expresa del artículo 145 del C.P.T y S.S.)»; 13 literal b), 97, 114 y 297 de la Ley 100 de 1993; 2 de la Ley 797 de 2003; Decreto Ley 663 de 1993; 4, 14 y 15 del Decreto 656 de 1994; 3 del Decreto 692 de 1994; 1, 10 y 12 del Decreto 720 de 2004.

Enlista como errores de hecho cometidos por el

Tribunal los siguientes:

1. Dar por demostrado, contra la evidencia, que el señor JOSÉ EUGENIO HERNÁNDEZ SARMIENTO con sólo “su interrogatorio” adujo haber recibido “toda” la información sobre el fondo.

2. No dar por demostrado, por el contrario, que lo realmente manifestado por el demandante en su interrogatorio sobre este punto fue haber recibido información general del fondo

por parte de un Asesor Comercial, al manifestar puntualmente lo siguiente: “(…) que estaba ofreciendo el

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Radicación n.° 90726 cambio del Instituto del Seguro Social en ese momento para que nos trasladáramos a Porvenir, que Porvenir era el futuro que el Instituto de Seguros Sociales, que el Gobierno no iba a poder con las mesadas, y eso fue efectivamente lo único que nos comentó a nosotros, porque creímos que era buena voluntad, que nos estaba diciendo eso, nos faltó que me entregara mayor información respecto a mi historia laboral y al fin a lo que yo había hecho mis aportes, eso fue todo lo que le puedo decir (…)”.

3. No dar por demostrado, contra la evidencia, que el demandante fue enterado de toda la información en una “charla informativa” de un Asesor Comercial de PORVENIR, donde quedó claro que el traslado al fondo privado simplemente le era favorable a futuro en términos generales, más no suficiente ya que el mismo demandante respondió en el interrogatorio no haberla recibido en el momento de afiliarse.

4. No dar por demostrado, estándolo, que la información recibida del Asesor Comercial de PORVENIR fue una corta charla grupal con cierta “información general” más no específica, clara y detallada, durante la cual sólo le entregó únicamente el formulario de afiliación para su firma.

5. No dar por demostrado, estándolo, que POVENIR reconoció al contestar los hechos de la demanda como cierto que la persona que le brindó la asesoría al señor JOSE EUGENIO HERNÁNDEZ SARMIENTO no era un profesional idóneo en

aspectos económicos, financieros o actuarios, cuando en su manifestación dada durante el interrogatorio especificó claramente: “(…) es que no me dio información, me dijo simplemente que era lo que en el futuro iba a ser bueno (…)”.

6. Dar por demostrado, sin estarlo, que PORVENIR al contestar la demanda respecto a los hechos que los Asesores Comerciales son las personas que cuentan con preparación e idoneidad para brindar asesoría suficiente, clara, veraz y completa a las personas interesadas en vincularse al Régimen

de Ahorro Individual.

7. No dar por demostrado, contra la evidencia, que PORVENIR no prestó al señor JOSÉ EUGENIO HERNÁNDEZ SARMIENTO, como persona interesada en vincularse a ese Administradora de Pensiones, una asesoría suficiente, clara, veraz y completa a través de un profesional calificado, sino que lo hizo en una charla con un “Asesor Comercial”.

8. Dar por demostrado, sin estarlo, que la sola firma del señor JOSÉ EUGENIO HERNÁNDEZ SARMIENTO estampada en el Formulario de Afiliación a PORVENIR, (que reposa en el expediente) es suficiente soporte para presumir que el Asesor Comercial de PORVENIR, prestó al demandante una asesoría

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Radicación n.° 90726 suficiente, clara, veraz y completa sobre las implicaciones del traslado de su pensión a ese fondo privado.

9. Dar por demostrado, sin estarlo que, de acuerdo con los hechos de la demanda y el material probatorio recaudado, en

particular el interrogatorio de parte, al demandante “se le dio información sobre la rentabilidad financiera, la posibilidad de pensionarse antes de la edad, así como la realización de aportes voluntarios”, equiparándola a una asesoría suficiente, clara, veraz y completa sobre las implicaciones en especial con una proyección económica detallada.

10. Dar por demostrado, sin estarlo, que del interrogatorio de parte surtido por el demandante, se demostró a manera de “confesión” sobre el alcance, efectos, riesgos y suficiencia en la información en el traslado de régimen pensional, cuando del mismo sólo se desprende confirmar cierta información general del fondo, asumiendo el hecho de haber manifestado que conocía de la posibilidad de realizar aportes voluntarios y que estos le generaban unos rendimientos, pero a su vez aclaró que los mismos en su momento se efectuaron para compensar efectos tributarios en la declaración de renta.

11. No dar por demostrado, estándolo, que al REVOCAR la sentencia proferida por el Juez Veintiuno (21) Laboral del Circuito de Bogotá, en las consideraciones expuestas en esa decisión, justificó con sus argumentos la omisión de PORVENIR en haberle dado al señor JOSÉ EUGENIO HERNÁNDEZ SARMIENTO una ilustración suficiente, sobre las implicaciones de su traslado de régimen pensional, máxime cuando la Administradora en su defensa no corroboró haber cumplido con su obligación de brindar información completa, detallada, comprensible, objetiva, suficiente, determinante y oportuna que previniera advertir las consecuencias jurídicas y económicas por trasladarse de

régimen. Asegura que los citados yerros fácticos se generaron por la equivocada apreciación del interrogatorio de parte absuelto por el demandante, las contestaciones de la demanda presentadas por Porvenir S.A. y Colpensiones (f.° 54 a 68y 112 a 131); y el formulario de afiliación del promotor del proceso a Porvenir S.A. (f.°136). En la demostración del cargo, el censor insiste en que la conclusión a la que arribó el Tribunal no corresponde con

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Radicación n.° 90726 lo dicho por el demandante en el interrogatorio de parte, toda vez que él no aceptó haber recibido «información completa, detallada, comprensible, objetiva, suficiente, determinante y oportuna», que le permitiera advertir las consecuencias jurídicas y económicas de trasladarse de régimen. Aduce que a la única conclusión a la que pudo haber llegado el ad quem es que en la corta reunión adelantada con el asesor comercial de la AFP entregó el formulario de afiliación para su firma y una «información general» del RAIS. Expone que no hay elemento probatorio alguno que permita inferir que el actor recibió información suficiente, clara, veraz y detallada, pues lo que hubo fue una charla comercial; por ende, no deja de sorprender que el colegiado hubiera considerado, de manera equivocada, como suficiente prueba sobre esa supuesta ilustración, además «lo manifestado por el demandante en el desarrollo de su interrogatorio de parte, asumiendo su práctica a manera de confesión, cuando la carga de la prueba realmente le correspondía probar a la Administradora demandada».

Indica que el sentenciador de segunda instancia igualmente erró al inferir que constituía suficiente prueba de asesoramiento el hecho de haber firmado el formulario de afiliación, y que tampoco lo era la información general brindada por un asesor comercial, que se enfatizó únicamente sobre algunas ventajas de los servicios que prestaba la AFP Porvenir S.A.

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Radicación n.° 90726 Concluye que el juez de alzada incurrió en los yerros endilgados, pues hubo deficiente información, lo cual tiene como consecuencia la ineficacia del traslado al RAIS, ya que para que sea válido dicho cambio, debe estar precedido de una información «completa, clara, comprensible, objetiva, suficiente, determinante y oportuna acerca de las consecuencias que le traería el cambio de régimen pensional y las reales implicaciones de abandonar el régimen de prima media y sus posibles consecuencias futuras», lo que en este asunto no se cumplió, de ahí que debe casarse la sentencia impugnada y procederse como se solicita en el alcance de la impugnación. Termina transcribiendo algunos pasajes de la sentencia CSJ SL1452-2019, con el fin de destacar los parámetros establecidos jurisprudencialmente para declarar la ineficacia del cambio de modelo pensional.

VII. LA RÉPLICA La opositora Colpensiones expresa que el cargo contiene yerros de técnica, toda vez que las normas adjetivas deben denunciarse como violación medio, aspecto que no fue acatado por la censura; que lo anterior se magnifica si se tiene en cuenta que tampoco se cumple con el deber de

demostrar la incidencia que pudo tener la supuesta aplicación indebida de las disposiciones instrumentales sobre las de carácter sustancial que gobiernan el asunto. Señala que, en todo caso, el Tribunal no incurrió en

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Radicación n.° 90726 yerro alguno, pues según los elementos probatorios, entre ellos, el formulario de afiliación suscrito por las partes, concluyó la ausencia de vicios del consentimiento del recurrente al momento del traslado de régimen. Advierte que, si bien la regulación sobre el deber de información se ha vuelto más exigente con el devenir del tiempo, cada caso debe valorarse conforme a las reglas vigentes al momento del traslado. Por su parte, Porvenir S.A. en el escrito de oposición aduce que no se le puede endilgar la responsabilidad en el suministro de la información sobre los regímenes pensionales, exclusivamente a las administradoras que recibieron a los afiliados provenientes del RPM, puesto que debieron ser suficientemente informados por quien administraba ese régimen y los mantuvo vinculados por largo tiempo. Dice que si se considera que esa obligación no existía respecto del ISS, es porque se parte del supuesto de que quienes estaban afiliados al mismo y decidieron mantener su vinculación el 1 de abril de 1994 no necesitaban de una ilustración sobre las características del RPM, pues lo conocían suficientemente y que «En tal caso, no hay ninguna razón para exigirles a las administradoras del RAIS dar, a quienes se trasladaron de régimen pensional, una información que ya conocían, o que la ley no consideró necesario que se les

diera por quien manejaba el régimen de pensiones al que se hallaban vinculados».

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Radicación n.° 90726 Por último, refiere que, en caso de declarar nulidad o ineficacia del traslado no es viable la restitución de los gastos de administración ni los pagos hechos a primas de seguro previsional.

VIII. CONSIDERACIONES En primera lugar, la Sala advierte que le asiste razón a la opositora Colpensiones en cuanto a la impropiedad técnica que le endilga a la demanda de casación, relativa a que las normas procesales solo pueden ser denunciadas como violación medio; sin embargo, ello no impide que la Corte resuelva de fondo, habida consideración que también se denuncian como quebrantadas varias normas sustantivas de carácter nacional, lo que resulta suficiente para concluir que está debidamente integrada la proposición jurídica.

Puntualizado lo anterior, cumple decir que el juez plural basó su decisión fundamentalmente en que en el sub judice no procedía la ineficacia del traslado, por cuanto el formulario de vinculación al RAIS suscrito por el actor, así como lo dicho al absolver el interrogatorio de parte y lo narrado en la demanda inaugural, acreditan que la decisión de cambio de régimen fue de manera libre, voluntaria y sin presiones; que además se le informó al afiliado sobre la rentabilidad financiera, la posibilidad de pensionarse antes de la edad requerida y los aportes voluntarios en el RAIS; que igualmente para el momento del traslado no se encontraba el accionante incurso en alguna causal que prohibiera el cambio de modelo

pensional, ya que «no contaba con 55 años de edad ni gozaba

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Radicación n.° 90726 de pensión de invalidez»; y que el desconocimiento de la ley no puede alegarse como pretexto para afectar de vicios el consentimiento, máxime que en el sub examine no se demostraron ni se alegó dolo o fuerza. La censura formula once yerros fácticos que apuntan a demostrar que el juez plural se equivocó al inferir que la demandante, previo al traslado, recibió información completa, detallada, comprensible, objetiva, suficiente, determinante y oportuna sobre las consecuencias que su decisión acarrearía; situación que no se podía colegir de la firma del formulario de traslado de régimen ni de lo dicho en el interrogatorio de parte y que, en tales yerros incurrió por la errónea apreciación de unas pruebas. De tal modo, el problema jurídico a dilucidar consiste en determinar, desde la órbita de lo fáctico, si el Tribunal erró al no acceder a declarar la ineficacia del traslado al RAIS del accionante y considerar que esa decisión se tomó con consentimiento informado. Así las cosas, la Sala analizará los elementos de persuasión que se denuncian, de cara a determinar si el operador judicial de segundo grado incurrió en los equívocos fácticos que se le endilgan.

1. Formularios de afiliación a Porvenir S.A. (f.° 136).

Este documento se denuncia como erróneamente apreciado y del mismo el juez de alzada dijo que acreditaba

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Radicación n.° 90726 que había existido una selección informada de régimen pensional libre, espontánea y sin presiones. El aludido formulario es de fecha 9 de noviembre de 1998 y contiene los datos del afiliado, de sus beneficiarios e información del vínculo laboral que tenía en ese momento, así mismo, trae una casilla que refiere a la voluntad de la afiliación, en la que se dice textualmente:

HAGO CONSTAR QUE REALIZO DE FORMA LIBRE,

ESPONTÁNEA Y SIN PRESIONES, LA ESCOGENCIA DEL

RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD, ASÍ

COMO LA SELECCIÓN DE LA ADMINISTRADORA DE FONDOS

DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR PARA QUE SEA LA

ÚNICA QUE ADMINISTRE LOS APORTES PENSIONALES.

TAMBIÉN DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN

ESTA SOLICITUD SON VERDADEROS.

De lo reseñado, surge evidente el equívoco valorativo por parte del fallador de segundo grado, en la medida que las expresiones vertidas en los formularios, en el sentido de que la vinculación fue libre y voluntaria, no demuestran el cumplimiento del deber de información por parte de las accionadas, pues como lo tiene establecido esta corporación, esas afirmaciones preimpresas «no son suficientes para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acreditan un consentimiento, pero no informado» (CSJ SL1688-2019). En efecto, la Corte tiene adoctrinado que el simple consentimiento expresado en el formulario de vinculación no genera la eficacia del traslado, a menos que el mismo sea

informado. Al respecto, en la sentencia antes referida, se precisó:

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