CSJ - SL2036-2023

GERARDO BOTERO ZULUAGA Magistrado ponente SL2036-2023 Radicación n. ° 92421 Acta 23 Tumaco (Nariño), veintiocho (28) de junio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala la revisión que formuló la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 18 de enero de 2017, que modificó y confirmó la dictada por el Juzgado Treinta y Cinco Laboral del Circuito de la misma ciudad, el 20 de octubre de 2015, aclarada en igual fecha, dentro del proceso ordinario que instauró en su contra

RODOLFO DE JESÚS ARRIETA MARTÍNEZ.

I. ANTECEDENTES La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social relató, que Rodolfo de Jesús Arrieta Martínez, laboró

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Radicación n.° 92421 en el Municipio de Sucre del 5 de enero de 1971 al mismo día y mes de 1973, y en la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero del 12 de febrero de 1973 al 15 de noviembre de 1991. Informó, que el último cargo que ocupó el extrabajador fue jefe de cartera, grado 4 en la oficina de Sincé-Sucre; que nació el 2 de enero de 1951, y que se retiró voluntariamente el 15 de noviembre de 1991.

Indicó, que a través de la Resolución 2056 de 3 de agosto de 2011, el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, se inhibió de pronunciase sobre el reconocimiento de una pensión de jubilación, tras considerar que la entidad competente era el ISS, lo que dispuso reponer por Resolución 963 de 2 de abril de 2012 y, en su lugar, iniciar el trámite de otorgamiento de la prestación en los términos de la Ley 33 de 1985. La pensión le fue concedida por acto administrativo 3638 de 11 de octubre de 2012, en cuantía de $722.512,01, efectiva desde el 2 de enero de 2006, en consideración al tiempo antes relacionado. La entidad manifestó, que la prestación fue liquidada conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, y con base en los factores salariales del Decreto 1158 de 1994, con una tasa de remplazo del 75 %. Narró, que Arrieta Martínez promovió proceso ordinario en su contra, para que se le condenara al pago de la pensión de jubilación, y el Juzgado Treinta y Cinco Laboral del Circuito de Bogotá, por sentencia de 20 de octubre de 2015, resolvió:

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Radicación n.° 92421 “PRIMERO: CONDENAR a la demandada Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP a reconocer y pagar al actor (…), pensión restringida de jubilación a partir del 02 de enero de 2011 en cuantía inicial de $1.364.667 pesos, hasta cuando le sea

reconocida pensión de vejez, subsistiendo a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP el mayor valor o la diferencia que eventualmente se presente entre las dos pensiones, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: CONDENAR a la demandada Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, a pagar al actor (…) un retroactivo por mesadas dejadas de cancelar al mes de septiembre de 2015 de $84.872.175, el cual incluye las mesadas adicionales y reajustes anuales. El cual deberá cancelar indexado a la fecha de su pago.

TERCERO: CONDENAR a la demandada Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, a pagar al actor (…) a partir del 1 de octubre de 2015 y en adelante, la mesada debidamente ajustada con los respectivos reajustes legales y por 14 mesadas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: No se efectúa pronunciamiento de excepciones, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

(…)”. En igual fecha, la sentencia fue aclarada, así: “PRIMERO: CONDENAR a la demandada (…) a reconocer y pagar al actor (…) pensión restringida de jubilación a partir del 02 de enero de 2011 en cuantía inicial de $1.364.667 pesos, hasta cuando le sea reconocida la pensión de vejez , subsistiendo cargo

de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP el mayor valor o la diferencia que eventualmente se presente entre las dos pensiones, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

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Radicación n.° 92421

SEGUNDO: CONDENAR a la demandada Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, a pagar al actor (…) un retroactivo por mesadas dejadas de cancelar desde el 18 de julio de 2011 al mes de septiembre de 2015 de $84.872.175, el cual incluye las mesadas adicionales y reajustes anuales, el cual deberá cancelar indexado a la fecha de su pago.

TERECRO: CONDENAR a la demandada Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, a pagarle al actor (…) a partir del 1 de octubre de 2015 y en adelante, la mesada debidamente ajustada con los respectivos reajustes legales y por 14 mesadas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Declarar parcialmente probada la excepción de prescripción propuesta por el Ministerio de la Protección Social propuesta por el Ministerio Público (…).

QUINTO: CONDENAR a la demandada (…) al pago de las costas”.

Mencionó, que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, mediante proveído de 18 de enero de 2017, decidió:

“PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENBTE el numeral primero de la sentencia proferida el 23 de octubre de 2015, por el Juzgado 35 Laboral del Circuito de Bogotá, en el sentido de señalar que la mesada del demandante al 02 de enero de 2011 asciende a la suma de $941.933.25 de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: MODIFICAR PARECIALMENTE el numeral segundo de la sentencia apelada, en el sentido de señalar que el retroactivo a diciembre de 2016 asciende a la suma de $85.771.590 (…) TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. (…) La UGPP señaló, que la anterior providencia quedó ejecutoriada el 18 de enero de 2017, y que dio cumplimiento

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Radicación n.° 92421 a la misma, mediante Resolución RDP 014340 de 24 de abril de 2018; de suerte que reconoció una pensión restringida de jubilación a favor de Rodolfo de Jesús Arrieta, en cuantía de $941.933,25, a partir del 2 de enero de 2011, acto administrativo que revocó en lo concerniente al retroactivo, por Resolución RDP 046657 de 12 de diciembre de 2018. Esgrimió, que pese a que Arrieta Martínez laboró para la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero S.A. desde el 12 de febrero de 1973 hasta el 15 de noviembre de 1991, cuando se retiró voluntariamente, de suerte que cumplió más de 15 años de servicio, para este momento solo acreditaba 40

años de edad, es decir, estaba a 20 años de cumplir la condición para el disfrute del derecho, «lo que impedía el reconocimiento de la pensión de jubilación regulada (…) específicamente en el artículo 8 de la Ley 171 de 1961». Sostuvo, que los jueces de instancia al momento de decidir sobre las pretensiones, erraron en la aplicación de la norma y, adicionalmente, desconocieron la prohibición constitucional y legal de percibir dos asignaciones que provengan del tesoro, pues para el 20 de octubre de 2015, data del fallo de primera instancia, ya se conocía que Rodolfo Arrieta percibía la pensión de jubilación legal reconocida por el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, en los términos del artículo 1 de la Ley 33 de 1985. Resaltó, que con la Resolución RDP 014340 de 24 de abril de 2018, se acató la decisión judicial que dispuso la concesión de una pensión restringida de jubilación a favor

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Radicación n.° 92421 del exservidor, computando los mismos tiempos de servicio tenidos en cuenta para el reconocimiento pensional efectuado en 2012. Aclaró, que de una simple lectura del acto administrativo se extrae, que el lapso trabajado en la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, entre el 12 de febrero de 1973 y el 15 de noviembre de 1991, fue considerado, del mismo modo que el Fondo lo colacionó al emitir la Resolución 3638 de 11 de octubre de 2012, por la cual se otorgó una

«pensión ordinaria», siendo las dos prestaciones de carácter legal, no convencionales, ni producto de acuerdo entre trabajador y empleador, de suerte que, aseveró, «salta a la vista la incompatibilidad pensional deprecada». Expresó, que ante «prestaciones incompatibles» no puede la «administración» desconocer sus obligaciones, a la luz del artículo 4 Constitucional, por lo que resulta imperioso acudir a esta vía extraordinaria en procura del restablecimiento de la legalidad, dado que el cumplimiento de las órdenes judiciales carece de sustento y lesiona el patrimonio del Estado ante la expresa prohibición de la doble erogación del gasto, consagrada en el artículo 128 de la Constitución Política. Agregó, que lo resuelto en el proceso anterior vulnera el principio de sostenibilidad financiera, por manera que se configura la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. En consecuencia, solicitó: PRIMERO: Infirmar la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá-Sala Laboral, de 18 de enero de 2017, y en sustitución de esta, revocar en su totalidad la proferida

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Radicación n.° 92421 por el Juzgado Treinta y Cinco Laboral del Circuito de Bogotá del 23 de octubre de 2015 (sic), dentro del proceso ordinario laboral instaurado por el señor Rodolfo de Jesús Arrieta contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (…).

SEGUNDO: Declarar que al señor Rodolfo de Jesús Arrieta

Martínez no le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación contemplada en el artículo 8 de la Ley 171 de 1961, por cuanto esta prestación resulta incompatible con la pensión de vejez legal reconocida por el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.

TERCERO: Ordénese al señor Rodolfo de Jesús Arrieta Martínez restituirle a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, la totalidad de los dineros percibidos y recibidos demás, como consecuencia de las órdenes impartidas en las sentencias objeto de revisión y en adelante , CUARTO: Ordénese al señor Rodolfo de Jesús Arrieta Martínez, que el pago que efectúe a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, lo haga de forma actualizada e indexada de conformidad con el artículo 187 del C.P.A.C.A., así como los intereses moratorios estipulados en el artículo 192 ibídem, sobre los valores pagados por concepto de indebido reconocimiento pensional.

La revisión fue admitida por esta Sala de la Corte, mediante providencia de 23 de marzo de 2022, y notificada a la demandada el 26 de abril siguiente, en los términos del artículo 8 del Decreto 806 de 2020. Surtido el trámite de rigor, el actor del juicio ordinario no hizo pronunciamiento alguno, de acuerdo con el informe secretarial de 12 de mayo de 2022 (cuaderno de la Corte).

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Radicación n.° 92421

II. CONSIDERACIONES El propósito de la Ley 797 de 2003 y, en particular, de su artículo 20, fue introducir una herramienta procesal eficaz que permitiera hacer frente a graves casos de corrupción que hubieren comprometido el patrimonio del Estado con el reconocimiento irregular de pensiones, o por montos contrarios a la ley.

Se persigue de esa forma, como lo tiene precisado la jurisprudencia de esta Corporación, la defensa de los recursos públicos y el afianzamiento de los principios de moralidad pública e interés general, a partir de una excepción a los efectos de cosa juzgada que cobija las decisiones judiciales, transacciones o conciliaciones, que imponen el pago de sumas periódicas o pensiones a cargo del tesoro público o fondos de naturaleza pública (CSJ SL17741– 2015, SL 351 – 2018, SL226-2021, SL1625-2022). Como de antaño lo indicó esta Sala en la sentencia CSJ SL, 22 abr. 2008, rad. 30517: […] la utilización de estas causales por los legitimados para ello debe ejercitarse dentro de un estricto y responsable marco de autorregulación dentro del cual se armonicen plenamente los intereses públicos y los del demandado, de tal manera que este recurso extraordinario no se distorsione o hipertrofie en casos que no lo ameriten realmente, distrayendo a la Administración de Justicia de su trascendental función, sino que el uso del mismo se ha de limitar a sentencias en las cuales la violación al debido proceso y el exceso y abuso de la normatividad genitora de la prestación concedida judicialmente resulten groseramente evidentes y plenamente manifiestos, estructurando sin lugar a

mayores inferencias conceptuales las dos nuevas causales”.

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Radicación n.° 92421 La norma a que se ha hecho mención, es del siguiente tenor: Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables. (subrayas fuera de texto). Debe agregarse, que el artículo 32 de la Ley 712 de 2001, prevé que la revisión debe formularse en los 5 años siguientes a la ejecutoria de la providencia controvertida. Por

tanto, la que ahora se decide fue presentada en tiempo. La revisión que promueve la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales –UGPP-, tiene que como propósito que se «revoque» la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, el 18 de enero de 2017, y se haga lo propio con la emitida el 20 de octubre de 2015, por el Juzgado 35 Laboral del Circuito de la misma ciudad para,

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Radicación n.° 92421 en cambio, declarar que Rodolfo de Jesús Arrieta Martínez no tiene derecho a la pensión de jubilación del artículo 8 de la Ley 171 de 1961. Como quedó historiado, la recurrente estima que el colegiado de instancia incurrió en la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, como quiera que dispuso el reconocimiento de una pensión restringida de jubilación por retiro voluntario, pese a que el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales, previamente, le había concedido una pensión plena de jubilación a Arrieta Martínez, en consideración a los mismos tiempos, y para cubrir igual riesgo; en esa medida, dice, tal reconocimiento desconoce la prohibición constitucional y legal de percibir dos asignaciones provenientes del tesoro. Para solucionar la problemática planteada, la Sala observa que en el expediente administrativo de Rodolfo de Jesús Arrieta Martínez, aportado por la UGPP, reposan, entre

otros, los siguientes documentos: i) solicitudes de «pensión de jubilación» de 5 de octubre de 2007 (fl. 21), 12 de febrero de 2009 (fls. 38 a 42), y 28 de febrero de 2012 (fls. 101 a 104), con fundamento en el tiempo laborado en el Municipio de Sincé y en la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero; ii) certificado de información laboral - certificación de periodos de vinculación para bonos pensionales y pensiones: Caja Agraria, entre el 12 de febrero de 1973 y el 15 de noviembre de 1991 (fl. 74) y Alcaldía Municipal de Sincé del 5 de enero de 1971 al mismo día y mes de 1973 (fl. 87); iii) Resolución 963 de 2 de abril de 2012 (fls. 108 y 109), por la cual el Fondo

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Radicación n.° 92421 de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia ordenó «iniciar el trámite de reconocimiento de la pensión de jubilación»; iv) Resolución 3638 de 11 de octubre de 2012, por medio de la cual la precitada entidad le otorgó al peticionario pensión de jubilación (fls. 122 y 123); v) historia laboral emanada del ISS, en la que se observan cotizaciones sufragadas por el demandante como trabajador independiente, entre mayo de 2006 y julio de 2007 (fls. 106 y 107) y, vi) acto administrativo 62386 de 15 de abril de 2013, a través del cual Colpensiones

concedió indemnización sustitutiva de pensión de vejez a Arrieta Martínez (fls. 243 a 246). En el último acto administrativo se dispuso: ARTICULO PRIMERO: Reconocer a favor del señor RODOLFO DE JESUS ARRIETA MARTINEZ (…) una pensión de jubilación legal con cuota parte a partir del 02 de enero de 2006, en cuantía de (…) ($722.512,01), la cual, reajustada anualmente con el IPC asciende para el año 2012 a la suma de (…) ($937.701,97). Parágrafo. - Los anteriores valores se encuentran sujetos a los descuentos legales por salud, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 / 93 o norma que la sustituya.

ARTICULO SEGUNDO: Se ordenará al Consorcio FOPEP el pago del retroactivo (…) una vez se verifique que la presente Resolución se encuentra notificada y ejecutoriada.

Parágrafo. - El pago de los valores reconocidos en la presente resolución, quedará sujeto a que la Dirección de Regulación Económica de Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, apruebe el cálculo actuarial de la reserva estimada para pensión de jubilación con cuota parte, y de esta manera, autorice al Consorcio Fopep la inclusión en la nómina de pensionados y el pago de la mesada junto con el retroactivo correspondiente.

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ARTÍCULO TERCERO: En cumplimiento de lo previsto por el

Decreto 255 de 2000, los valores aquí señalados serán asumidos por la Nación (…).

ARTICULO CUARTO: El pago de la pensión estará a cargo de las siguientes entidades y en la proporción que a continuación se

señala: ENTIDAD DIAS % MONTO Alcaldía Municipal de 721 9.65 $69.689.79 Since Sucre Fondo de pasivo Social 6.754 90.35 % $652.822.23

TOTALES 7.475 100,00% $722.512,01

ARTICULO QUINTO: Repetir mensualmente contra las entidades concurrentes por las cuotas partes que les corresponde reembolsar, de acuerdo con los artículos 9 del Decreto 2921 de 1948 y 75 del Decreto 1848 de 1969 y Leyes 33 /85 y 100 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO: La presente pensión está sujeta a las incompatibilidades consagradas en la Constitución Política y la Ley.

ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente resolución estará sujeta a la Revisión de Reconocimiento establecida legalmente.

ARTICULO OCTAVO: El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales o Entidad que haga sus veces, en aplicación de los principios generales de la Seguridad Social, consagrados en el artículo 2º de la Ley 100 de 1993, procederá a compartir las pensiones. Para los afiliados al ISS, se aplicará el artículo 31 de la Ley 100 de 1993 y para los afiliados a las demás entidades administradoras del Sistema General de Pensiones, las normas que para el efecto se expidan.

ARTICULO NOVENO: Una vez reunidos los requisitos

exigidos para la pensión de Vejez establecidos en la ley 100 de 1993 o la norma que la sustituya, el pensionado se obliga inmediatamente a hacer los trámites ante el ISS, o la administradora de pensiones correspondiente, para obtener dicho reconocimiento. En caso de no hacerlo, el Fondo de

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Radicación n.° 92421 Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia o Entidad que haga sus veces, podrá solicitarlo de oficio.

ARTÍCULO DÉCIMO: El pensionado autoriza al Instituto de Seguros Sociales o al Fondo de Pensiones al cual se encuentre afiliado, para que los valores retroactivos de la pensión reconocida, sean girados directamente al Patrimonio Autónomo Pensiones Caja Agraria PAPCAadministrado por la Fiduprevisora S.A o Entidad que haga sus veces. […] El Fondo motivó lo resuelto, en que Rodolfo de Jesús Arrieta laboró en la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, entre 12 de febrero de 1973 y el 15 de noviembre de 1991; es decir, 18 años y 274 días, y en el Municipio de Sincé, desde el 5 de enero de 1971 hasta el 5 de enero de 1973; que arribó a los 55 años el 2 de enero de 2006; que no estaba vinculado laboralmente con el sector público desde el 15 de noviembre de 1991, «y desde esa fecha no percibe pensión».

También dejó claro, que el extrabajador es beneficiario del régimen de transición, y obtuvo el IBL de la prestación, de

conformidad con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, con base en los factores salariales del Decreto 1158 de 1994, y con una tasa de remplazo del 75%. De otra parte, vía judicial (fl. 4 exp. digital), Arrieta Martínez persiguió el reconocimiento y pago de «la pensión legal proporcional, a partir del 02 de enero de 2011, fecha en que cumplió 60 años de edad (…)», con soporte en que «se vinculó a la liquidada Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, mediante contrato de trabajo (…), desde el 12 FEB 1973 hasta el 15 NOV 1991» y que, las partes, de mutuo acuerdo, terminaron el contrato de trabajo,

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Radicación n.° 92421 «a partir del 16 de noviembre de 1991» (negrilla y subrayado fuera del texto). El conocimiento del asunto, correspondió al Juzgado 35 Laboral del Circuito de Bogotá, quien admitió la demanda y dispuso correr traslado (fl. 36); notificada la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, no dio respuesta al escrito inaugural (fl. 38) y, surtido el trámite correspondiente, el 20 de octubre de 2015 (fls. 57 a 59), el a quo condenó a la entidad a reconocer y pagar al actor la pensión restringida de jubilación, a partir del 2 de enero de 2011, en cuantía inicial de $1.364.667, «hasta cuando le sea

reconocida pensión de vejez, subsistiendo a cargo de la (…) UGPP el mayor valor o la diferencia que eventualmente se presente entre las dos pensiones». La demandada apeló, con el argumento de que el convocante del juicio cumplió la edad en vigencia de la Ley 100 de 1993 y del Acto Legislativo 01 de 2005; que el artículo 133 del primer compendio no contempla las pensiones por retiro voluntario. Además, que no hay lugar a la mesada adicional, ni a la indexación. Al resolver el recurso de alzada, mediante providencia de 18 de enero de 2017, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, modificó el monto de la mesada para 2 de enero de 2011, y del retroactivo. Lo demás, fue confirmado (fls. 71 y 72). En suma, estimó: Así entonces, tenemos que el demandante efectivamente demostró los requisitos para causar el derecho pensional pretendido pues

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Radicación n.° 92421 (…) demostró que laboró para la extinta Caja Agraria hasta el 15 de noviembre del 91; que trabajó por un espacio de 18 años 9 meses y 3 días, y se retiró del servicio por acuerdo con la entidad, según los folios 76 a 78, lo cual se asemeja a un retiro voluntario, tal como lo ha considerado la misma Corte Suprema de Justicia en sentencia radicado 38051 del 4 de julio del 2012, y reiterada en la SL 859 del 2013 del 4 de diciembre del 2013, radicado 43701. Por por lo anterior, es procedente reconocer la pensión restringida

de jubilación al demandante, tal como lo ordenó el ad quo, pues el demandante acredita los requisitos exigidos en la ley mencionada. De la documental arrimada aflora, que los operadores judiciales zanjaron la controversia con desconocimiento de una realidad determinante para las resultas del proceso, cual era la existencia de una prestación jubilatoria en cabeza del actor, quien tampoco dio cuenta de ella. En efecto, quedó visto que la enjuicia no contestó la demanda, y en el desarrollo del juicio no comunicó que el actor estuviera recibiendo pensión de jubilación; tal temática tampoco fue punto de apelación; sin embargo, esta Corporación, de manera pacífica, ha considerado que la deficiente defensa de las entidades del Estado que resulten lesionadas con el proceso ordinario, no impide el ejercicio de este mecanismo de reproche contra providencias judiciales (CSJ SL, 10, abr. 2012, rad. 55500 CSJ SL 3452-2022) pues, sabido es, que no en pocos casos, tales perjuicios se causan, justamente, por la desidia o negligencia de los representantes judiciales de los entes públicos, sin que esta circunstancia impida la efectividad de una herramienta cuya finalidad, se insiste, «es la de evitar la expoliación de los recursos públicos, a partir de unas precisas causales que deben ser invocadas dentro de un marco serio y responsable» (CSJ SL12910-2017).

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Radicación n.° 92421 Despejado ese punto, la Sala juzga conveniente remitirse a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 171 de 1961,

que es del siguiente tenor: El trabajador que sin justa causa sea despedido del servicio de una empresa de capital no inferior a ochocientos mil pesos ($800.000.oo) después de haber laborado para la misma, o para sus sucursales o subsidiarias durante más de diez (10) años y menos de quince (15) años, contínuos o discontínuos, anteriores o posteriores a la vigencia de la presente ley, tendrán derecho a que la empresa lo pensione desde la fecha de su despido, si para entonces tiene cumplidos sesenta (60) años de edad, o desde la fecha en que cumpla esa edad con posterioridad al despido. Si el retiro se produjere por despido sin justa causa después de quince (15) años de dichos servicios, la pensión principiará a pagarse cuando el trabajador despedido cumpla los cincuenta (50) años de edad, o desde la fecha del despido, si ya los hubiere cumplido. Si, después del mismo tiempo el trabajador se retira voluntariamente, tendrá derecho a la pensión pero sólo cuando cumpla sesenta (60) años de edad. La cuantía de la pensión será directamente proporcional al tiempo de servicios respecto de la que le habría correspondido al trabajador en caso de reunir todos los requisitos necesarios para gozar de la pensión plena establecida en el artículo 260 del Código Sustantivo de Trabajo, y se liquidará con base en el promedio de los salarios devengados en el último año de servicios. En todos los demás aspectos la pensión aquí prevista se regirá por las normas legales de la pensión vitalicia de jubilación. Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo se aplicará también a los trabajadores ligados por contrato de trabajo con la administración

pública o con los establecimientos públicos descentralizados, en los mismos casos allí previstos y con referencia a la respectiva pensión plena de jubilación oficial. En tratándose del acceso a una pensión, esta Corte ha reiterado que, por regla general, la norma aplicable es la

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Radicación n.° 92421 vigente al momento en que se causa el derecho y, en torno a las pensiones restringidas de jubilación por retiro voluntario, ha asentado que: […] todas aquellas disposiciones, cambios o restricciones en materia de la pensión de vejez, sobre todo aquella que se causa con los requisitos de la Ley 100 de 1993, y sus posteriores modificaciones, no tiene por qué afectar una prestación causada con una norma anterior, como en este caso ocurre con la pensión restringida de jubilación, que desde el momento mismo en que el trabajador se retiró del empleo con el número de años de servicio exigido por la norma, entró a su patrimonio, y por ello, no puede ser desconocida por regulaciones posteriores (CSJ SL26522019). Lo dicho, fue reiterado en el proveído CSJ SL019-2022, que involucraba tiempos servidos a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, como sucede en este caso. Allí se dijo, entonces: […] y en el evento de las pensiones restringidas de jubilación por retiro voluntario, las mismas se consolidan cuando se acrediten los requisitos concernientes al tiempo de servicios y el retiro, en tanto el arribo a la edad solo constituye una condición que permite su exigibilidad (Ver sentencia CSJ SL12422-2017).

De igual forma se ha sostenido, que la mencionada prestación restringida, para los trabajadores oficiales, tuvo vigencia hasta cuando comenzó a regir la Ley 100 de 1993, y en esa medida, la prestación por vejez a cargo de la entidad de seguridad social que surge en virtud de los aportes realizados por el empleador, no la derogó ni la reemplazó, en aquellos eventos en que el trabajador haya cumplido con el tiempo de servicios mínimo que ella prevé, y el retiro del servicio se produzca antes de que la mencionada disposición de seguridad social entrara en vigencia, supuesto fáctico que no es controvertido por la parte recurrente en este asunto; de tal suerte que en estos casos, el riesgo por la contingencia de vejez que asume el ISS, hoy Colpensiones, no tiene incidencia para efectos del otorgamiento de la pensión de jubilación restringida (CSJ SL4374-2020).

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Radicación n.° 92421 Prima facie, conforme a los medios de prueba, Arrieta Martínez causó la pensión del artículo 8 de la Ley 171 de 1961, cuando se retiró voluntariamente de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, con más de 18 años de servicio, de suert