CSJ - SL2037-2023

SL2037-2023 Radicación n.° 94301 Acta 26 Bogotá, D. C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por GILMHAR DE JESÚS HENÁNDEZ MURILLO y VALENTINA HERNÁNDEZ CELIS en su calidad de sucesores procesales de BEATRÍZ CELIS ORREGO (fallecida), contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 10 de marzo de 2021, en el proceso que instauraron contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES Se reconoce personería al doctor JUAN CAMILO CABRERA VALENCIA identificado con la C.C. 1107058014 y T.P. 231435 del C. S. de la J., para actuar en representación de Colpensiones, conforme al poder que reposa en el cuaderno digital de la Corte.

I. ANTECEDENTES

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Radicación n.° 94301 La señora Beatriz Celis Orrego (ya fallecida), llamó a juicio a Colpensiones, con el fin de que se declarara que tiene derecho a que la pensión de invalidez a partir del 8 de febrero de 2016; que se reliquide su mesada con un monto del 72% sobre el IBL de los últimos 10 años; y se le reconozca el retroactivo pensional entre el 8 de febrero de 2016 y febrero de 2017; se le pague los intereses moratorios del artículo 141

de la Ley 100 de 1993, a partir del 11 de febrero de 2017, y las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que reclamó la pensión de invalidez a Colpensiones el 11 de octubre de 2016, la cual fue negada por Resolución GNR359187 de 28 de noviembre de 2016, decisión confirmada por las Resoluciones GNR 393687 de 29 de diciembre de 2016 y VPB 3159 de 25 de enero de 2017; que inconforme con la decisión formuló tutela, mediante la cual obtuvo el amparó al derecho a la seguridad social y al mínimo vital, se le fijó como fecha de estructuración de la invalidez el 8 de febrero de 2016, con fundamento en la primacía de la realidad y, se ordenó a Colpensiones reconocer la prestación, quien dio parcialmente cumplimiento mediante Resolución 4390 de 9 de marzo de 2017, al otorgar la pensión desde el 1° del mismo mes y año, fijando la mesada en $737.717.00, con una tasa de remplazo del 45%. Pues, consideró que se desconoció que, la fecha de estructuración de la invalidez es el 8 de febrero de 2016, por lo que el pago procedía desde entonces; que la prestación debió liquidarse sobre el IBL más favorable, teniendo en

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Radicación n.° 94301 cuenta 1245.43 semanas cotizadas, 33.71 de ellas aportadas en los últimos tres años anteriores a la estructuración de la invalidez, conforme al parágrafo 2° del artículo 39 de la Ley

100 de 1993, modificado por el artículo 1° de la Ley 860 de 2003 (fs. 4 – 8 exp. digital primera instancia). Al dar respuesta a la demanda, Colpensiones se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó que evaluó y calificó el estado de invalidez de la demandante; que fijó como fecha de estructuración el 1° de julio de 2016; que la pensión le fue reconocida en cumplimiento de orden judicial vía tutela, a partir de 1° de marzo de 2017, en proporción al salario mínimo legal y, que aquella peticionó la reliquidación y pago del retroactivo pensional el 28 de septiembre de 2017. Indicó que, las demás afirmaciones constituyen apreciaciones subjetivas que encierran pretensiones. En su defensa, propuso como excepciones, las de inexistencia de la obligación de reliquidación de la pensión, del retroactivo demandado y de pagar intereses moratorios, así como las de improcedencia de la indexación, imposibilidad de condena en costas, buena fe, prescripción y la “innominada” (fs. 148 – 155 exp. digital primera instancia). II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia,

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Radicación n.° 94301 mediante fallo del 9 de septiembre de 2020 (fs. PDF 02 exp. digital primera instancia), resolvió: Primero. Se declara que la fecha de pérdida de capacidad laboral de la señora Beatriz Celis Orrego, cédula de ciudadanía

42.873.833, en grado de invalidez fue el día 08 de febrero de 2016, y que cumplió con la densidad de semanas cotizadas para acceder a la pensión de invalidez, en un monto de $2.414.387. Segundo. Se condena a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, a pagar al señor Gilmhar de Jesús Hernández Murillo y a la joven Valentina Hernández Celis, como sucesores procesales de la señora Celis Orrego las siguientes sumas: $33.435.235 como retroactivo de mesadas pensionales causadas desde el 08 de febrero de 2016 hasta el 28 de febrero de 2017 y la suma de $18.154.970 por concepto de reajuste de la mesada pensional de la señora Celis Orrego desde el 01 de marzo hasta el 30 de noviembre de 2017. Tercero. Se condena a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones a pagar a los sucesores procesales de la señora Celis Orrego, los intereses moratorios de que trata el art. 141 de la ley 100/93 sobre la suma de $33.435.235, desde abril del 2017 hasta cuando cumpla con el pago. Y a indexar anualmente el valor de los reajustes de la pensión de invalidez causados desde el 01 de marzo hasta el 30 de noviembre de 2017. Cuarto. Se condena a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones a reajustar la pensión de sobreviviente reconocidas al señor Gilmhar de Jesús Hernández Murillo y a la joven Valentina Hernández Celis, conforme al monto que

realmente correspondía y así: reajuste de la mesada de diciembre de 2017 $1.676.497, reajuste 2018: $1.876.398 mensual, reajuste 2019: $1.914.037 mensual, y para el 2020 $1.968.552 mensual. Y a continuar pagando a partir de la fecha de esta sentencia como pensión de sobrevivientes la suma de $2.846.355, con sus reajustes anuales de ley. Quinto. Las sumas y valores antes establecidos serán sin perjuicio de la deducción del 12% con destino al sistema de salud. Sexto. Se condena a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones a pagar el valor de cada reajuste de la pensión de sobrevivientes en forma indexada desde su causación hasta cuando se cumpla con el pago del reajuste. […]

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Radicación n.° 94301 III.SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante fallo del 10 de marzo de 2021, al resolver la impugnación formulada por Colpensiones, RESOLVIÓ: PRIMERO: MODIFICAR la decisión de primera instancia, para en su lugar DECLARAR que la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral de la Sra. BEATRIZ CELIS ORREGO, tuvo lugar a partir del 1° de julio de 2016 y no desde el 8 de febrero de la misma anualidad.

SEGUNDO: REVOCAR en todo lo demás, la sentencia emitida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, de

conformidad con lo argumentado en la parte motiva de esta providencia. […] En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró entre los problemas jurídicos a resolver, el determinar si la fecha de estructuración de la invalidez de la señora Beatriz Celis Orrego , lo es a partir del 8 de (fallecida) febrero o del 1° de julio de 2016, y si cumplió los requisitos para causar la pensión de invalidez, bajo los presupuestos de la Ley 860 de 2003. Precisó, que no era objeto de discusión que Colpensiones le calificó con una PCL del 77.62%, y fijó como fecha de estructurada el 1° de julio de 2016; que aquella solicitó pensión de invalidez el 11 de octubre de 2016, la cual le fue negada por Resolución GNR 359187 de 2016.

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Radicación n.° 94301 Indicó, que tampoco es objeto de discusión que la señora Celis Orrego (fallecida) formuló los respectivos recursos con resultados negativos, y que promovió acción de tutela, donde se decidió por el Juzgado Segundo Penal Especializado del Circuito de Medellín: CONCEDER la tutela invocada a través de apoderado por la señora BEATRIZ CELIS ORREGO, […] otorgando primacía a la realidad, para establecer como fecha de estructuración de invalidez el 8 de febrero de 2016 y proteger los derechos a la

SEGURIDAD SOCIAL, MÍNIMO VITAL, VIDA DIGNA y en general

las garantías de las personas con DISCAPACIDAD, ordenándole al representante legal de COLPENSIONES que disponga lo pertinente al interior de la entidad, para que queden sin efecto las resoluciones que negaron la prestación social discutida y en vez de ello, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a reconocer la pensión de invalidez conforme al Decreto 758 de 1990 y proceda a su inclusión en nómina para el mes siguiente. Adujo, que ante el incumpliendo de la orden judicial, aquella promovió incidente de desacato, por lo que Colpensiones reconoció la pensión de invalidez mediante Resolución 4390 de 2017, dando aplicación al “Decreto 758 de 1990”, pagando la prestación a partir del 1° de marzo de 2017; que tal decisión igualmente se atacó por la demandante, mediante incidente de desacato del 21 de marzo de 2017, y a través de la reclamación administrativa del 28 de septiembre de 2017, solicitando la reliquidación, el retroactivo y los intereses moratorios o la indexación. Definido lo anterior, el juez de la alzada manifestó que, analizada la prueba en conjunto, no acogería como fecha de estructuración de la PCL de la actora, el 8 de febrero de 2016, pese a que existía historia clínica que data de esa calenda, por medio de la que se acreditó que su estado de salud estaba

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Radicación n.° 94301 deteriorado, y que consultó debido a cefalea global, diagnosticada una semana antes, como «HIPERTENSIÓN

ESENCIAL (PRIMARIA). CEFALEA Impresión diagnóstica.» y pese a que, igualmente se le había realizado TAC y resonancia magnética, pues el 23 de febrero de 2016, aquella acudió a cita con neurólogo, debido a cuadro sugestivo de gliomatosis cerebro Tipo 1 con un índice de Karnovsky en 80, donde también se diagnosticó tumor maligno de cerebro, excepto lóbulos y ventrículos. Por cuanto advirtió que, en ese examen físico se describió “Paciente en buenas condiciones generales, consciente y orientada en las 3 esferas. Colaboradora. En posición sedente. Cabeza y cuello: Conjuntivas normocrómicas, mucosa rosadas y bien hidratadas, no se palpan ni adenomegalias […]” Y, en la valoración neurológica, igualmente se determinó que, su condición de conciencia era normal, en la evaluación física, solo presentaba hemiparesia facial derecha, incapacidad para movimientos de elevación de hombro y rotación hemicuerpo derecho, sin atrofia muscular de los miembros involucrados, sin apreciación de movimientos involuntarios en sus extremidades. Además de que también en las observaciones de la consulta que reposa a folios 55, se plasman los ingresos a urgencias los días 25 a 27 de noviembre de 2016, con orden de nebulización, terapia física y vacunación antigripal, y el 1° de diciembre de 2016, ingreso para tratamiento con

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valsartanamlodipino, bitartrato de hidrocodona y acetaminofén. Así las cosas, del historial clínico, exámenes y ayuda diagnóstica, concluyó, no existir certeza para considerar que la señora Celis Orrego (ya fallecida), para el 8 de febrero de 2016, contaba con una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, pues según la historia clínica emitida el 23 de febrero de 2016, indicaba que ella estaba en buenas condiciones y, la situación de salud detallada en el examen neurológico era normal. A lo anterior agregó, que lo mismo no se podía predicar del dictamen emitido por Colpensiones y la fecha de estructuración allí establecida, pues se encontraba plenamente justificada y sustentada en la historia clínica comprendida entre el 28 de marzo y agosto de 2016, donde quedó reseñado con relación a los exámenes, que la fecha de estructuración lo era el 1° de julio de 2016, cuando se realizaron las pruebas neurológicas, donde se estableció “trastorno de la función ejecutiva con mayor compromiso de las funciones dorsalaterales y en menor grado las orbitofrontales”. En consecuencia, decidió modificar la fecha de estructuración de la invalidez declarada por el a quo, para en su lugar, mantener la fijada en el dictamen emitido por Colpensiones, y con fundamento en ello, entró a estudiar si había causado el derecho pensional, con base en el parágrafo 2° del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el

artículo 1° de la Ley 860 de 2003, tal como se peticionó.

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Radicación n.° 94301 Resolvió que, si bien la afiliada acreditaba 1245.43 semanas cotizadas en toda su vida, que corresponden al 95% de las requeridas para la pensión de vejez para el 2016, lo cual solo le exigía acreditar 25 semanas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, para causar la pensión de invalidez, solo demostró 16.28 semanas. Luego, estudió la procedencia de la prestación reconocida por el juez constitucional, con base en Acuerdo 049 de 1990, en aplicación a la condición más beneficiosa prevista por los artículos 48 y 53 de la Constitución Política, y el 21 del CSTS, y la jurisprudencia de esta Corte, entre otras, en la sentencia radicado 38674 de 2012, reiterada en las providencias CSJ SL7275-2015, CSJ SL6362-2015, y

CSJ SL9762-2016.

Para ello, precisó que, al analizar el caso con relación a la normatividad anterior a la fecha de estructuración, que sería la Ley 100 de 1993, que exigía para el presente caso, por no estar cotizando la actora al momento de invalidarse, 26 semanas en el año anterior de la entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003, y 26 semanas en el año anterior a la consolidación de la invalidez, se verificaba el primer presupuesto, pero no el segundo. Y, respecto de acoger el criterio de la Corte

Constitucional, plasmado entre otras sentencias en la CC T584/2011, T-228/2014, T-401/2015, T-464/2016, SUSCLAJPT-06 V.00 9 Radicación n.° 94301 442/2016 y SU-556/2019, que admite que se realice el salto normativo de la Ley 860 de 2003 al “Decreto 758 de 1990”, en aquellos eventos en que la persona se encuentra en situación de vulnerabilidad, estimó que no se acreditó en el proceso que la señora Celis Orrego (fallecida), cumpliera a cabalidad con cada uno de los presupuestos del Tes de procedencia, que diera lugar a habilitar dicho principio constitucional y resolver el asunto con base en la citada normativa. En especial, por cuanto no se demostró la afectación a la satisfacción de sus necesidades básicas, tampoco una justificación de su imposibilidad de continuar cotizado para acreditar las semanas exigidas por la ley para causar el derecho a la pensión de invalidez, es decir, la razón de haber cesado de cotizar al sistema desde octubre de 2013. Además, precisó que aún de darse aplicación a lo estipulado en dicho régimen normativo, aquella no tendría derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, por cuanto, si bien acreditaba 150 semanas en los seis años anteriores a la vigencia de la Ley 100 de 1993, y 150 semanas en los seis años anteriores a la estructuración del estado de invalidez, no se cumple con el presupuesto que este último hecho haya acontecido dentro del sexto año de vigencia de la

Ley 100 de 1993, es decir, hasta el 30 de marzo de 2000, tal como lo precisó esta Corte en sentencia CSJ SL, 2006 rad. 28893, reiterada en CSJ SL060-2021; ya que la invalidez tuvo lugar el 1° de julio de 2016.

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Radicación n.° 94301 Finalmente, advirtió el juez de la alzada, que se abstendría de pronunciarse frente a la pensión de invalidez otorgada con ocasión de la sentencia de tutela, por cuanto el reconocimiento se hizo en forma definitiva, lo que impide a cualquier autoridad revocar o confirmar la orden ejecutoriada del amparo constitucional, cuando ha sido objeto de revisión por la Corte Constitucional, como lo ha precisado dicha corporación, al igual que la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en sentencias en la CSJ SL47122019, que reitera lo expuesto en la CSJ SL15882-2017. Así las cosas, procedió a revocar la sentencia de primera instancia, para en su lugar, absolver a Colpensiones de todos los cargos. IV.RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por los sucesores procesales de la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver. V.ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretenden los recurrentes que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, se confirme el proveído del juez de primer grado, en cuanto accedió a las pretensiones de la demanda.

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Radicación n.° 94301 Con tal propósito formuló un cargo, por la causal primera de casación, que fue objeto de réplica, y que se procede a resolver a continuación. VI.CARGO ÚNICO Acusa la sentencia del Tribunal, de violar por la vía indirecta la ley, por aplicación indebida de los artículos 1° de la Ley 860 de 2003; 21, 38, 39, 40, 41 y 141 de la Ley 100 de 1993; 3° del Decreto 1507 de 2014, en relación con los artículos 13, 29, 46, 48 y 53 de la Constitución Política y las Sentencias CSJ SL4712-2019, SL15882-2017, CC T-1042007, SU 121901-2001, SL1683-2022.

Como errores de hecho denuncia: 1.-Dar por demostrado, sin estarlo, que la invalidez de la Señora Beatriz Celis se estructuró el 01 de julio de 2016 y no dar por demostrado, estándolo, que la invalidez de la Señora Beatriz Celis se estructuró el 08 de febrero de 2016 y que a esa fecha contaba con una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. 2.- Dar por demostrado sin estarlo que la señora Beatriz Celis para febrero de 2016 estaba en buenas condiciones y su situación de salud era normal y no dar por demostrado, estándolo, que la afectación de salud o patologías de la demandante fueron de una entidad catastrófica invasiva, crónica e irreversible con evidencia médica desde febrero de 2016 y en

adelante. 3.- Tener por cierto, sin estarlo, que la demandante no cotizó en los 3 años anteriores a su invalidez más de 25 semanas y no dar por demostrado estándolo, que la Señora Beatriz Celis cotizó 33,71 semanas en los 3 años anteriores a su invalidez - (De las 1245,43 semanas en toda su vida laboral - 95,76% para vejez). 4.- No dar por demostrado estándolo, que la Señora Beatriz Celis cumplió con las semanas mínimas requeridas para causar el derecho a la pensión de invalidez conforme el parágrafo 2o del

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Radicación n.° 94301 art. 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 1 de la Ley 860 de 2003. 5.- No dar por demostrado, estándolo, que existió un retardo injustificado en el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. Como pruebas “mal apreciadas”, denuncia las siguientes:

1. Dictamen ASALUD COLPENSIONES 2016173892LL de PCL. fls. 18-24. Mal valorada. Va más allá de lo que demuestra, le da un alcance que no tiene.

2. Historia Laboral de la demandante. fls. 25-36 y 132145. Mal valorada.

3. Documento Historia Clínica - Medicina Interna del 08/02/2016. fls. 37-38. Mal valorada. Dejó de hacer ver lo que la prueba demuestra.

[…]

12. Documento Fallo de Tutela del Juzgado Segundo Penal Especializado del Circuito Medellín del día 16 de

febrero de 2017 que fijó fecha de estructuración y concedió pensión de invalidez. fls. 91-100. Mal valorado. Dejó de hacer ver lo que la prueba demuestra.

13. Registro Civil de defunción de la Señora Beatriz Celis. fl. 161. Mal valorada.

Como pruebas “no valoradas”, imputa las siguientes:

4. Documento TOMOGRAFÍA – TAC DE CRÁNEO SIMPLE practicado el 08/02/2016. fls. 39-40. No valorada.

5. Documento Historia Clínica - Medicina Interna del 10/02/2016. fl. 41. No valorada.

6. Documento RESONANCIA MAGNÉTICA - Estudio RNM de Cerebro Simple practicado el 17/02/2016. fls. 4243. No valorada.

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7. Documento Historia Clínica - Neurología del 23/02/2016. fls. 44-47. Mal valorada. Dejó de hacer ver lo que la prueba demuestra.

8. Documento Historia Clínica - Neurología del 29/02/2016. fls. 48-50. No valorada.

9. Documento Historia Clínica - Oncología del 09/03/2016. fl. 51. No valorada.

10. Documento RESONANCIA MAGNÉTICA RM CEREBRO CONTRASTADO Radiólogo del 30/03/2016. fls. 52-53. No valorado.

11. Documento Historia Clínica Medicina InternaNeurología - Oncología del 14/04/2016. fl. 54. No

valorada. Califica de erróneo el que el Tribunal, no acogiera como fecha de estructuración de la PCL, el 8 de febreror de 2016 y fijara el 1° de julio de 2016, en la medida en que no valoró adecuadamente el fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo Penal Especializado del Circuito de Medellín del 16 de febrero de 2017 (fs. 91-100 Cdno físico), que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, ya que ignoró que en el mismo se fijó de manera inequívoca y definitiva el 8 de febrero de 2016, como fecha de estructuración de la invalidez, tal como se evidencia del numeral primero de la parte resolutiva. Resalta, que la decisión constitucional fue definitiva, en tanto no quedó supeditada a que se acudiera a la justicia ordinaria laboral, por lo cual, afirmó, conforme con lo señalado en sentencias CSJ SL4712-2019, CSJ SL158822017, CC T-104-2007, CC SU-121901 de 2001, era de obligatorio acatamiento por el ad quem, sin embargo, no lo hizo, por la indebida apreciación probatoria referida, por

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Radicación n.° 94301 cuanto de haber valorado acertadamente aquella prueba, el resultado había sido favorable a la actora. Afirma la censura, que igualmente se equivocó en la valoración que hizo de algunos apartes de la historia clínica en la que apoya su tesis, como también, frente a los exámenes de TAC y resonancia magnética practicados el 23

de febrero de 2016, por cuanto desdibujó la gravedad de la enfermedad, al dar mayor credibilidad a la descripción superficial que se realizó en un examen físico rutinario al paciente, plasmado en el historial clínico en la fecha citada, y sobre los resultados de los estudios diagnósticos como el TAC y la resonancia, y minimizó el fatídico resultado arrojado de «Tumor Maligno de Cerebro, excepto lóbulos y ventrículos», que se emitió en dicha consulta. Resalta, que las valoraciones médicas dan cuenta de las lesiones cerebrales objetivas, serias y documentadas, que padecía la señora Celis Orrego para la citada calenda, (fallecida) las cuales son las que constituyen más tarde el objeto de la calificación, pero que de forma manifiesta no fueron bien apreciadas por el fallador de segundo grado. Agrega, que el fallador de la alzada, aun contra la evidencia, además de olvidarse de la orden del juez constitucional, en lo que respecta a la fecha de estructuración de la invalidez, el 8 de febrero de 2016, también desconoció las pruebas documentales que dan cuenta del estado crónico y real de la salud de la actora, para aquella época, al dejar de valorar los documentos de folios

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Radicación n.° 94301 41, 48 a 50, y 51 a 54; y simplemente mencionar sin darle valor alguno, a los que reposan a folios 39 a 40 y 42 a 43; y desdibujar lo que en rigor significan las documentales de

folios 37 a 38 y 44 a 47. Destaca que los medios documentales establecen expresamente: HC-Medicina Interna del 08/02/2016: «paciente evaluada por última vez por Hipertensión Arterial Alta no controlada, que consulta por Cefalea Global la cual empeora (...), visión borrosa, sonofibia y fotofobia, no le permite dormir, ni concentrarse, intensidad moderada a severa, con mareos con cambios de posición y sensación de embotamiento (...)», con un mes y medio de evolución, Dx hipertensión esencial y cefalea (fs. 37-38). Por su parte, el TAC que se ordenó y fue practicado el mismo día, arrojó «Dx 10x HIPERTENSIÓN ESENCIAL (PRIMARIA). Confirmado repetido R51x CEFALEZ. Impresión diagnóstica.» La TOMOGRAFÍA – TAC DE CRÁNEO SIMPLE practicado el 08/02/2016, que reposa a folios 39 a 40, da cuenta de un hallazgo objetivo, «Se observan múltiples hipodensidades en la sustancia blanca de centros semiovales, coronas radiadas y región periventricular por cambios en leucoencefalopatía.», Leucoencefalopatía de origen microangiopático, quiste de retención mocoso en seno maxilar izquierdo, el cual, si bien fue mencionado por el juez, no le dio ninguna relevancia. El documento HC – Medicina Interna del 10/02/2016, folio 41, confirma el diagnóstico de hipertensión, y la médica internista ante los nuevos hallazgos arrojados en la

tomografía TAC – de Cráneo Simple de Leucoencefalopatía de origen microangeopático, recomienda resonancia magnética

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Radicación n.° 94301 complementaria para establecer en mejor medida todos los eventos clínicos que podía presentar la paciente, que no fue valorado por el juez de la alzada. En cuanto a la resonancia magnética – Estudio RNM de Cerebro Simple, practicado el 17/02/2016, folios 42-43, se advierte que, se realizan hallazgos de «lesión infiltrativa difusa en forma bilateral, principalmente en el lado derecho que compromete la sustancia blanca de la región frontoparietotemporal», el cual se indicó, podría provenir de una «gliomatosis cerebro» (tumor primario del sistema nervioso central), lo cual, daba cuenta del grave estado de salud de la paciente, lo que, si bien lo mencionó el Tribunal, no le dio ninguna relevancia. En cuanto a la historia clínica – Neurología del 23/02/2017 de folios 44 a 47, da cuenta del resultado de RMN y se fijó el diagnóstico: C710 TUMOR MALIGNO DE CEREBRO, EXCEPTO LÓBULOS Y VENRÍCULOS, lo cual confirma el grave estado de salud que venía padeciendo la señora Celis Orrego (fallecida), lo que condujo al neurólogo a ordenar RMN de cráneo con espectroscopia bajo sedación. Indica, que aquel documento, igualmente hace referencia a los antecedentes que se reportaban desde el 8 de febrero de 2016 en la HC.

En atención a lo anterior, concluyen ser claro que, para el 23 de febrero de 2016, la demandante estaba en un estado muy grave de salud, momento en el cual, después de todos los diagnósticos y padecimientos de carácter catastrófico e

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Radicación n.° 94301 irreversibles, el ad quem no les dio la relevancia que correspondía, ni fueron evaluados minuciosamente. Sin embargo, el Tribunal minimizó aquella situación, al desconocer los diagnósticos que se describen bajo los numerales VII y XI, los que conforme a lo expuesto en sentencia CC T-066/2012, corresponden a enfermedades ruinosas o catastróficas, de alta complejidad técnica en su manejo, alto costo, y baja efectividad en su tratamiento. Adicional a lo anterior, resaltan cómo en la historia clínica – neurología del 29/02/2016 a folios 48-50, se ratificó el mismo diagnóstico C 710, tumor maligno de cerebro, aspecto que el fallador ni siquiera lo mencionó, no valorando aquella prueba, contrario a lo que juiciosamente ponderó el juez de primer grado de aquel medio probatorio; y lo mismo aconteció, respecto al registro de oncología del 09/03/2016 de folios 51, a la resonancia magnética RM cerebro contrastado del 30/03/2016 de folios 52-53, y el análisis de medicina interna – neurología – oncología del 14/04/2016 de folios 54. Frente al dictamen de Asalud Colpensiones 20161733892LL de PCL, de folios 18-24, señalaron, que en

contraste con todo lo anterior, el fallador de la alzada le dio un alcance más allá de lo que demuestra, como para haber dado como fecha de estructuración la determinada por dicha entidad, incurriendo así en una mala valoración, al partir de una falacia argumentativa, e indicar que allí se tuvo en cuenta la historia clínica desde el 28 de marzo hasta agosto

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Radicación n.° 94301 de 2016, pero no así la anterior al 28 de marzo de aquella anualidad, pues tal como se afirmó en la demanda, aquella fue devuelta por la entidad calificadora, argumentando que no era necesaria. Insisten, en que los antecedentes clínicos demostraban el estado crítico de salud de la demandante, que evidenciaron las patologías por las cuales finalmente Colpensiones le estableció una pérdida de la capacidad laboral del 77.62%. Aducen, que todo ello, deja sin piso el argumento del Tribunal, en cuanto que el 1° de julio de 2016, se realizaron pruebas neurológicas a la paciente, en la que se determinó trastorno de la función ejecutiva con mayor compromiso de las funciones dorsolaterales y en menor grado las orbitofrontales, toda vez que aquella patología no tiene la entidad para ser considerada dentro de las deficiencias calificada en el dictamen. Así las cosas, afirma la censura, que contrario a lo expuesto por el Tribunal, no existe prueba que sustentara la fijación de la fecha de estructuración de la invalidez, el 1° de julio de 2016, más que la coincidencia de la entrega de un examen que no difiere de los demás previamente practicados

a la paciente, y que ya habían dado cuenta de las condiciones de su salud y la evolución de la enfermedad catastrófica padecida. Recordaron, que la jurisprudencia tiene dicho que los dictámenes son prueba que pueden ser revaluadas o

SCLAJPT-06 V.00 19

Radicación n.° 94301 desvirtuadas por el juez, tal como se indicó en sentencias

CSJ SL1683-2022, SL1490-2022, SL1035-2022, SL55832021.

De otro lado, rememoraron lo ensañado por la Corte Constitucional con relación a la fijación de la fecha de estructuración de la invalidez, en providencia CC T327/2012, de la cual igualmente trascribe algunos apartes. Por consiguiente, estiman que, «es evidente y ostensible que los medios de prueba que fueron mal apreciados o que no fueron valorados, demuestran todo lo contrario a lo indicado por el Tribunal (que aquella para entonces se encontraba en buenas condiciones y su situación de salud era normal), porque dan la certeza de que la Sra. Celis para el 8 de febrero de 2016, contaba con una pérdida de la capacidad laboral superior al 50% y que la misma fue evolucionando a tal punto que para el 01 de julio de 2016 ya se situaba en un 77,62% lo cual es una cifra supremamente considerable y delicada a tal punto que conforme el RC de Defunción Fl. 161 su fallecimiento se presentó el día 27 de diciembre de 2017, en una fecha igualmente cercana.» De lo anterior, concluyen, que se dan por demos