CSJ - SL2042-2023

Si República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Sala de Descongestión N. 3 DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ Magistrado ponente SL2042-2023 Radicación n.° 83695 Acta 28 Bogotá, D. C., dieciséis (16) de agosto de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por PRÓSPERO REYES VARGAS, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 7 de febrero de 2018, en el proceso que instauró contra la SOCIEDAD DE SAN PABLO.

I. ANTECEDENTES Próspero Reyes Vargas demandó a la accionada, con el fin de que se condenara a pagarle las primas de servicios, cesantías y sus intereses, las vacaciones por el periodo comprendido entre el 24 de junio de 1994 y el 20 de enero de 2015, las indemnizaciones del artículo 29 de la Ley 789 de 2002 en razón de $335.333 diarios, por despido sin justa

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Radicación n.° 83695 causa del artículo 64 del CST, y por el no pago de intereses a las cesantías, los perjuicios morales, el pago de la pensión sanción, la indexación y lo declarable en uso de las atribuciones extra y ultra petita y las costas procesales. De manera subsidiaria, pidió que se condenara a la encartada al pago de los correspondientes aportes a salud y pensión por el tiempo de su vinculación, los intereses y las multas por lo extemporáneo de las cotizaciones, la

indexación e intereses moratorios. Como fundamento de sus pedimentos, argumentó que empezó a laborar en forma continua, personal y subordinada para la Sociedad de San Pablo desde el 24 de junio de 1994 a través de un «contrato verbal laboral», como constaba en las certificaciones expedidas por la accionada; que su última asignación salarial fue de $10.060.000; que la desvinculación se originó en un requerimiento efectuado por la UGPP y la DIAN; y, que el cargo que ocupó fue el de director financiero desde el 24 de junio de 1994 hasta el 20 de enero de 2015. Describió que sus funciones, estaban delimitadas en el manual corporativo, las que se circunscribían a la atención prioritaria de asuntos cambiarios, monetización de las trasferencias recibidas de los clientes por concepto de exportaciones, compra de divisas para pagos en el exterior por importaciones, pagos y nuevos créditos de instituciones financieras. 2 SCLAJPT-10 V.00 49, Radicación n.° 83695 Señaló que realizó viajes a las empresas de la sociedad en Iberoamérica, para desarrollar funciones como: evaluar, auditar y corregir procesos, que tanto los gastos de los desplazamientos, como manutención y alojamiento eran cubiertos por la convocada. Destacó que ejerció las funciones de revisor fiscal, rol que no le correspondía, pero lo asumió en atención a su estado de vulnerabilidad, como se evidenciaba en los correos adjuntos. Adujo que la convocada solo pagó los siguientes periodos por seguridad social: 1 de febrero de 1995, 12 de

junio de 1995 al 13 de noviembre de 1998, el 10 de marzo de 1999 y el 10 de octubre del 2000, que, en todo caso, los realizados, lo fueron con un salario inferior al que realmente devengaba. Narró que durante el tiempo de su vinculación, la accionada solo pagó las vacaciones por los periodos comprendidos entre el 24 de junio de 1995 y el 24 de junio de 1997, como se verificaba en la solicitud que elevó el 27 de junio de 1997 al Ministerio de Trabajo, en la que pidió autorización para compensarlas. Subrayó que el 1 de junio de 2013, entre las partes acordaron endosar su contrato de trabajo a la sociedad Próspero Reyes Vargas Contador Público SAS, en la que él era el único accionista prorrogado hasta el 20 de enero de 2015; que continuó con las mismas funciones, recibiendo

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Radicación n.° 83695 órdenes como se observaba en los correos electrónicos adjuntos; que durante toda la vigencia de su vinculación se le pagó una remuneración, pero que en la liquidación final no se le reconocieron las primas de servicios, las cesantías sus intereses, las vacaciones ni la seguridad social (f.° 1 a 25, 479 a 483). La Sociedad de San Pablo al contestar, se opuso a las pretensiones; como razones de defensa, argumentó que el accionante era independiente, por lo cual prestaba sus servicios a través de la Sociedad Próspero Reyes Vargas contador público SAS; que no prestó sus servicios de forma ininterrumpida, sino del 24 de junio de 1994 al 30 de

septiembre de 1997, luego, a través de contratos por prestación de servicios, como revisor fiscal en el 2009; que ese acuerdo se le cedió a la sociedad Próspero Reyes Vargas contador público SAS el 21 de noviembre de 2013, y se pactó que se extendería hasta el 20 de octubre de 2014, data en la que se encontraba renovada la personería jurídica, que en todo caso finalizó el 20 de enero de 2015. En cuanto a los hechos, negó que el demandante recibiera un salario de $10.600.000; aseguró que, desde el 10 de septiembre de 1998, aparecían pagos a pensión como independiente, lo que confirmaba que no fue su empleador; no admitió los demás. Arguyó que entre las partes no se dieron los elementos constitutivos de un contrato de trabajo, que no hubo dependencia, tampoco salario, que existió uno de prestación 4

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Radicación n.° 83695 de servicios, que finalizó por mutuo acuerdo. Elevó tacha de falsedad de las documentales presentadas por el accionante. Propuso las excepciones de prescripción, falta de causa y titulo para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas, cobro de lo no debido, buena fe, prescripción, pago y las demás que resulten probadas (f.° 497 a 521, 1159 a 1172).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Treinta y Nueve Laboral del Circuito de Bogotá D.C, mediante sentencia calendada el 14 de julio de 2017 (f.° 1200 y 1201), resolvió,

PRIMERO: Absolver a la Sociedad de San Pablo de las pretensiones incoadas por Próspero Reyes Vargas.

SEGUNDO: Declarar probadas parcialmente las excepciones de inexistencia de la obligación y prescripción, conforme las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERA: Condenar en costas a la parte actora (...)

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., al desatar el recurso de apelación interpuesto por el demandante, profirió sentencia el 7 de febrero de 2018, en la que resolvió, PRIMERO: Revocar la sentencia de primera instancia en su numeral primero para en su lugar declarar que entre el señor Próspero Reyes Vargas y la Sociedad San Pablo, existió un

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Radicación n.° 83695 contrato de trabajo a término indefinido entre el 24 de junio de 1994 y el 31 de julio de 1998.

SEGUNDO: Confirmar el ordinal segundo de la sentencia apelada, únicamente en lo que tiene que ver con la excepción de prescripción.

TERCERO: Condenar a la sociedad demandada a cancelar los aportes al sistema general de seguridad social en pensiones, a favor del demandante, del periodo comprendido del 24 de junio de 1994 al 31 de enero de 1995, junto con los intereses moratorios que equivalen a aquellos que rigen para el impuesto sobre la renta y complementarios, con destino a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, con base en el salario mínimo legal mensual establecido para dichas épocas.

CUARTO: Absolver al extremo accionado de las demás pretensiones incoadas en la demanda.

Indicó que en el plenario se avistaban contratos de prestación de servicios independientes, para el desempeño de revisor fiscal, (...) del 1 de octubre de 2001 al 30 de septiembre 2005, folios 522 cuaderno 1 tomo 2; del 10 octubre del 2005 al 30 de septiembre 2009, folio 522 cuaderno 1 tomo 2; otrosí al contrato de prestación de servicios ampliando el plazo de ejecución del 10 octubre 2009 al 20 enero 2014, folio 552 cuaderno 1 tomo 2; otrosí al contrato de prestación de servicios modificando el contratista, estableciendo que el señor Próspero Reyes actúa en nombre y representación de la firma Próspero Reyes Vargas Contador Público SAS, folio 526 cuaderno 1 tomo 2. De lo anterior coligió, que no era acertada la afirmación del demandante, en cuanto la existencia de un solo contrato de trabajo. Se refirió a los siguientes elementos de prueba, 6 SCLAJPT-10 V.00 t23-k Radicación n.° 83695 (...) Certificaciones laborales en donde la accionada señala que el actor se encuentra laborando en dicha Institución desde el 24 de junio de 94 mediante contrato término indefinido, folio 27 a 32 cuaderno 1 tomo 1; carta expedida por la encartada (22:52) dirigida al Min Trabajo y seguridad social en la que solicita autorización de la compensación en dinero de vacaciones del trabajador, comprendido del 24 de junio del 95 al 24 de junio en

97, folio 34 cuaderno 1 tomo 1; copia de la planilla de autoliquidación mensual de aportes al sistema de seguridad social integral del mes de julio del 98, en dónde se evidencia la novedad de retiro del señor Próspero Reyes en pensión, salud y riesgos profesionales; certificación de la arquidiócesis de Bogotá expedida en los arios 2011 y 2014, donde certifica que el cargo inscrito de revisor fiscal es ejercido por el señor Próspero Reyes, folios 494 cuaderno 1 tomo 2 y folio 232 del cuaderno de anexos. Aludió al interrogatorio de parte del representante legal de la accionada, quien precisó que el demandante fue trabajador de la sociedad de 1994 a julio de 1998, que a partir de 2009 firmó varios contratos de prestación de servicios como revisor fiscal hasta el 2015 y, que no se le pagaron prestaciones sociales al no fungir como trabajador. Se refirió al testimonio rendido por Rafael Castillo Castiblanco, vinculado a la accionada del 1 de noviembre de 1996 al mes de junio de 2013, quien señaló que el accionante fue su jefe, que creía que era el director financiero porque así lo anunciaba en su firma, que era el contador de la empresa, que desconocía la forma en la que fue vinculado incluso si le llamaban la atención; resaltó que en ocasiones se ausentaba porque se dirigía a diversas librerías a realizar inventarios, que también se desplazaba a diferentes ciudades. Siguió con el testimonio de Alba Milena Joaqui quien se

desempeñó en la compañía del 16 de agosto de 1996 al «11

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Radicación n.° 83695 de 2001», en la labor de distribución del café, y manifestó que conoció al accionante como contador, que si bien, era el primero en llegar a la oficina y el último en retirarse, ignoraba cómo se vinculó y si era sujeto de órdenes o amonestaciones. También aludió a los testimonios rendidos por el personal administrativo de la compañía, que si bien fueron objeto de tacha, la misma no salió avante; fueron coincidentes cuando manifestaron que conocieron al accionante, primero como trabajador, luego como revisor fiscal, esta última vinculación por prestación de servicios, aproximadamente durante 1998 y 1999; resaltaron que el cargo de director financiero «no estaba en la comunidad sino que era conocido como la labor desempeñada por el ecónomo». Destacó que, según los deponentes, el actor era independiente, no recibía órdenes, no cumplía horario, tampoco llamados de atención, que conocieron que prestaba sus servicios profesionales a otras personas jurídicas y naturales y que incluso en ocasiones se ausentaba de la empresa en lapsos de 15, 20 días o un mes, esta última situación la ilustró el testigo Camilo Andrés Garcés. Concluyó que, (...) conforme a las pruebas recaudadas en juicio resulta como extremos de la relación laboral vivida entre las partes del 24 de junio del 94 al 31 julio del 98, conclusión arribada (29:34) en virtud de la postura entre otras de la Sala de Casación Laboral

de la Corte Suprema de Justicia (...) 5L905-2013 radicado 37865, en las que se ratifica la postura sentada desde marzo 2006 radicado 2558, consistentes en qué la falta de certeza en los 8

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Radicación n.° 83695 extremos temporales del contrato no puede conllevar a la improcedencia de las pretensiones, pues debe tenerse Como extremos los que se logren acreditar dentro del proceso. Precisó, que aun cuando no obraba constancia de pago de los derechos pretendidos, ninguna condena podía fulminarse por cuanto la accionada propuso la excepción de prescripción; destacó que en todo caso, esta declaración no se extendía a los aportes en seguridad social conforme lo esbozado en la providencia CSJ SL «radicado 35083 del 6 de mayo de 2010». Advirtió que si bien es cierto, que la accionada admitió la prestación de los servicios, también lo es, que desvirtuó la presunción sobre la existencia de un contrato de trabajo con posterioridad a 1999. La anterior conclusión, la apoyó en las cuentas de cobro del 2000 al 2014, las declaraciones en las que se describió que el demandante no cumplía horario impuesto por la sociedad, ni seguía directrices para el desempeño de sus funciones, en ese orden afirmó: «tampoco se encontraron elementos individuales que en suma permitan inferir la presencia de subordinación». Sobre el cumplimiento del horario como elemento de una relación de dependencia, consideró que en ocasiones, era necesario e indispensable para el cumplimiento de ciertas labores como se ha adoctrinado en providencia CSJ

SL11661-2015.

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Radicación n.° 83695 Iteró que entre las partes no se configuró un contrato de trabajo luego de julio de 1998, que si bien en la empresa existía el cargo de director financiero, los testigos ilustraron que lo conocieron como contador y revisor fiscal, pero que en gracia de discusión, hubiere desempeñado esa labor, esto solo pudo extenderse hasta el 31 de mayo de 2013, fecha en la que constituyó una persona jurídica para la prestación de servicios contables; que desde esa última fecha, contaba con la facultad de enviar a cualquier otra persona a desarrollarlas; que se probó que prestaba sus servicios a otras empresas y personas naturales; que al no pactarse una cláusula de exclusividad de los contratos, ello ilustraba su autonomía e independencia en el ejercicio de su profesión. Resaltó que las funciones como director financiero, (...) no pueden extraerse a las impresiones de los correos electrónicos aportados, pues de su simple lectura lo único que se infiere son comunicaciones entre diversos departamentos de la sociedad de San Pablo, poniendo de presente al actor actividades e informaciones de venta, citaciones a reuniones, pagos realizados, entre otros y además de ello no se tiene certeza del origen de dichos correos electrónicos, pues no fueron objeto de reconocimiento a efectos dar seguridad de su autoría, ni obra prueba ni siquiera sumaria que permita establecer con total convencimiento el origen y recepción de dichas comunicaciones, por lo que no pueden ser tomados como plena prueba. Aseveró que tampoco podía tenerse en cuenta la

declaración de parte del demandante, pues ello sería cómo fabricar su propia prueba; destacó que en todo caso, el cargo de revisor fiscal, no podía ser ejercido por alguien vinculado a la sociedad asesorada, conforme el artículo 205 del CCo, citó la providencia CSJ SL19843 -2017. 10 SCLAPT-10 V.00 4) Radicación n.° 83695

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el accionante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Solicita a esta Corporación que case la sentencia impugnada, para en su lugar, revocar la del a quo, (...) DECLARANDO que entre el Demandante, Señor Próspero Reyes Vargas y la SOCIEDAD DE SAN PABLO, existió, en virtud del principio de la realidad sobre la formalidades, un contrato de trabajo a término indefinido, que se prolongó de forma continua e ininterrumpida desde el 24 de junio de 1994 hasta el 20 de enero de 2015, así como se le CONDENE al pago de todos los derechos laborales dejados de percibir a que tenía derecho el Demandante y, como consecuencia de lo anterior, PAGUE a favor del Demandante las sumas correspondientes por concepto de: la prima de servicio, las cesantías, los intereses a las cesantías, la indemnización por el no pago de los intereses a las cesantías, las vacaciones, la indemnización moratoria, la indemnización por despido sin justa causa, el pago de una pensión vitalicia de jubilación, la corrección monetaria sobre la cantidad que saliera a deber, más las costas del proceso de conformidad con las

pretensiones incoadas en la Demanda. Con tal propósito, formula seis cargos por la causal primera de casación, que fueron replicados. Dadas las normas denunciadas, los argumentos en los que se soportan y la unidad de propósito se analizarán de manera conjunta.

VI. CARGO PRIMERO

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Radicación n.° 83695 Señala la censura que la sentencia infringe la ley sustancial, (...) por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida (...) en la medida que dio aplicación indebida al inciso quinto (5°) del artículo 244, el inciso segundo (2°) del artículo 247, inciso primero (1°) artículo 269, así como, el artículo 272 de la Ley 1564 de 2012 "Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones); del CAPITULO XII del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social el cual regula lo relacionado con el tratamiento de las pruebas, así como, también el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia el cual circunscribe el derecho fundamental al debido proceso. Asegura que el Tribunal le dio tratamiento a los correos electrónicos, como si fueran mensajes de datos, lo que es equivocado, máxime cuando no fueron tachados o desconocidos por la contraparte, es decir, se desconoce la presunción de autenticidad de la que gozan los documentos allegados al proceso, de manera oportuna y sin tacha o desconocimiento, conforme lo prevé los artículos 244, 246, 257 del CGP, normas aplicables a esta área en virtud del artículo 145 del CPTSS; resalta qué de los mismos, se puede

dilucidar quién remitió el mensaje, así como las funciones que ejerció como director financiero. Afirma que «no puede menospreciarse la eficacia, la validez ni la fuerza probatoria de dicha información por el hecho de obrar en una impresión de un mensaje de datos, es decir por no haber sido presentada en su original sino en su versión impresa»,c omo apoyo de su aserto cita la providencia CCC-604-2016. 12

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Radicación n.° 83695 Acentúa que, aun cuando el legislador otorgó un tratamiento diferenciado a la valoración de los mensajes de datos en el primer inciso del artículo 247 del CGP,e n relación con la impresión de un mensaje de datos que trata el inciso segundo del mismo artículo, las dos pruebas deben ser apreciadas; que la conducta del juzgador desconoció principios fundantes del ordenamiento jurídico colombiano, como son el principio de justicia material y el de prevalencia del derecho sustancial. Transcribe los artículos 269 y 272 del CGP y memora que la documental tuvo ocasión para ser tachada de falsa o desconocida, que existió la plena oportunidad para la parte afectada de controvertirla y probar la eventual falsedad de la impresión en papel del documento electrónico, mediante confesión, dictámenes, testimonios, cotejo documental, exhibiciones, indicios o cualquier otro medio probatorio idóneo, inclusive la verificación de autenticidad también pudo proceder de oficio, si el juez lo hubiese estimado necesario, sin embargo, no se logró desvirtuar la presunción de autenticidad que gozan los documentos.

Resalta que la libre formación del convencimiento no faculta al juez para negar el alcance de las pruebas documentales, las cuales deben ser analizadas íntegramente, máxime cuando no fueron tachadas de falsedad, ni controvertidas por la contraparte.

VU. RÉPLICA

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Radicación n.° 83695 Sostiene la oposición, que el juzgador aplicó de manera adecuada las normas enlistadas en la proposición jurídica y, que las pruebas fueron analizadas conforme con los principios de la sana crítica, que en ninguna violación se incurrió. Destaca que la orientación por la senda fáctica de la acusación, conlleva que se acepten todos los supuestos probatorios que dio por probados el Tribunal.

VIII. CARGO SEGUNDO Lo propone en los siguientes términos: Se acusa la sentencia emitida por la Sala Laboral del Tribunal

Superior de Bogotá D.C. el siete (07) de febrero del dos mil diez y ocho (2018) (...) de infringir la ley sustancial, por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida, con (...) en la medida que dio aplicación indebida a una norma sustancial cuyo presupuesto de hecho corresponde con el que se ventiló en el recurso de apelación, tergiversando así lo preceptuado por el articulo 26, del Código Sustantivo del Trabajo (...) Transcribe el artículo 26 del CST y afirma, De la citada norma se puede afirmar que la coexistencia de contratos NO desconfigura la existencia de un contrato laboral dado que ello NO significa que la relación laboral en curso hubiese dependido de otra; por el contrario, evidencia que hubo

una coexistencia de contratos distintos y autónomos, lo cual es viable conforme lo establece el articulo 26 del Código Sustantivo del Trabajo y lo ha adoctrinado esta Sala (CSJ SL 6361-2015). Asegura que la existencia de un contrato entre las mismas partes, civil o comercial, no conlleva concluir que en el tiempo no destinado a la ejecución de este vínculo pactado, este vedado ejercer alguna actividad particular, como quiera que ello es plenamente factible bajo la perspectiva del fenómeno de la coexistencia de un contrato civil y otro de 14

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Radicación n.° 83695 trabajo, más aun, en este caso que el cargo fue de director financiero, bajo la continua subordinación de la demandada y esporádicamente, en el cargo de revisor fiscal. Enfatiza que en el presente proceso quedó acreditado, no solo, la falta de exclusividad entre las partes como lo afirmó el ad quern, sino además que el actor estaba sujeto a la disponibilidad, en caso que el empleador lo llegara a requerir en cualquier momento. Expone que el presente asunto, se está ante un error ostensible por parte del Tribunal, que lo llevó, equivocadamente, a ignorar los presupuestos normativos, menospreciando la naturaleza del contrato que realmente regía entre las partes, pues los elementos de juicio mostrados no logran desvirtuar el elemento de subordinación y dependencia que permite tener por probada la existencia de un vínculo de tipo laboral, cita la providencia CSJ SL 26502018.

IX. RÉPLICA La sociedad opositora reitera sus argumentos sobre la falta de técnica en la presentación del recurso, así como la

facultad de la libre formación del convencimiento con la que actuó el juzgador, que en ningún modo se subsume en la comisión de yerros ostensibles o protuberantes.

X. CARGO TERCERO

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Radicación n.° 83695

Lo eleva así: Se acusa la sentencia emitida por la Sala Laboral del Tribunal

Superior de Bogotá D.C. el siete (07) de febrero del dos mil diez y ocho (2018) (...) de infringir la ley sustancial, por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida (...) en la medida que dio aplicación indebida a lo establecido artículos 22 y 23, del Código Sustantivo del Trabajo (...) Argumenta que es evidente el yerro al limitar «la trascendencia que podría tener la imposición de horarios»; que otorgó un indebido alcance a este factor, dado que «se torna en criterio vital de juicio para abstenerse de declarar la relación de trabajo», aplicando indebidamente el artículo 23 del CST. Como apoyo de sus argumentos cita la sentencia

CSJ SL44191-2014.

XI. RÉPLICA Itera la sociedad opositora, que el censor edifica sus argumentos sobre testimonios que no son pruebas aptas para estructurar el yerro ostensible que conlleve la casación de la providencia.

XII. CARGO CUARTO Acusa la sentencia, (...) de infringir la ley sustancial, por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida (...) en la medida que dio aplicación indebida al alcance del artículo 207 del Código de Comercio y los artículos 37 y 38 Ley 222 de 1995, al argumentar

que (...) Luego de copiar el artículo 207 del CCo, señala que los verbos rectores que definen las funciones del revisor fiscal 16 SCLAJPT-1.0 V.00 vk Radicación n.° 83695 son revisar, dictaminar, inspeccionar y autorizar dichas acciones y procesos, las que no se acreditan en las pruebas decretadas y practicadas en el proceso, pues estas dan cuenta de las funciones de director financiero que desempeñó. Advierte que desde los razonamientos del juez de primera instancia, se estableció que quien presentaba los estados financieros era el revisor fiscal; que sus labores conforme con la documental del proceso, eran entre otras, la negociación, la tesorería, las gestiones en: comercio exterior, de préstamos o créditos, en producción, de hipotecas e inmuebles, la producción de informes de presupuesto, ventas y mercadeo, de cartera, en sistemas, de inventarios, la de facturación, contable, la certificación de estados financieros, entre otras; bajo continuas directrices del Sacerdote Director Comercial, el Sacerdote Administrador y el Sacerdote Director General. Refiere que el yerro del Tribunal, es mayor al desconocer que los revisores fiscales no ejercen funciones de asesores económicos ni de dirección en una empresa, su «labor radica en ser garantes del Estado y de los accionistas de una sociedad comercial». Enfatiza que los testimonios aportados por la empresa, «así como el interrogatorio de parte, son incoherentes», ya que en estos se afirma que no existe el cargo de director financiero, cuando el cargo sí está trazado en los organigramas y manuales de la sociedad; que fue el propio

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Radicación n.° 83695 apoderado general de la demandada, quien expresó «la existencia del cargo (Récord: 20:57 de la audiencia de juzgamiento en primera instancia), finalmente el mismo Ecónomo reconoce la existencia del cargo de DIRECTOR FINANCIERO en oficio enviado al MINISTERIO DEL TRABAJO». Resalta que la accionada no presentó pruebas que permitieran desvirtuar la existencia del contrato de trabajo, al contrario, allegó unas nóminas de personal (f.° 44 a 530), que ilustran una remuneración desproporcionada al cargo de revisor fiscal, y, por el contrario, es coherente con el cargo de director financiero; que no es «creíble que una persona que supuestamente se ausenta por semanas tenga una remuneración que triplica la de los trabajadores de la empresa»,; critica que en el interrogatorio de parte realizado al apoderado general sobre la excesiva remuneración al cargo de revisor fiscal, fue evadida, a pesar de que conforme al inciso 3 del artículo 198 del CGP, debió señalar mediante prueba sumaria, el porqué de la «cuantiosa remuneración inmensamente mayor al devengo actual del revisor fiscal de Sociedades San Pablo». Describe que el Tribunal erró en la comprensión del contexto, pues no puede omitirse que los correos electrónicos, son indispensables para el ejercicio de la labor, incluso, para los llamados de atención en cargos como el que ejerció; que de los que obran en el plenario, puede determinarse que eran remitidos por la sociedad San Pablo, que no son un «montaje». 18

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eP Radicación n.° 83695 Copia los artículos 37 y 38 de la Ley 222 de 1995 y, sostiene que, -El ad quem no hizo un proceso de inferencia lógica adecuado, al ser incapaz de subsumir las funciones realizadas por mi poderdante respecto de las precisadas en el artículo 207 del Código de Comercio. -En la medida en la que el Tribunal fue incapaz de establecer una relación entre las situaciones de hecho y de derecho, el mismo no pudo distinguir entre un certificado emitido contador público y un dictamen emitido por un revisor fiscal. Aunado que, en documental, la demandada no presenta siquiera actas u informes que hubiese recibido del demandante, lo cual es inverosímil después de que alguien preste durante arios sus servicios como Revisor Fiscal.

XIII. RÉPLICA Expone la sociedad opositora, que el recurrente incurre en yerros al presentar la acusación y referirse de manera indistinta a temas probatorios; que de manera errada cita los testimonios y la prueba documental.

XIV. CARGO QUINTO Acusa la sentencia de, (...) de infringir la ley sustancial, por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida (...) en la medida que dio aplicación indebida al alcance del parágrafo primero del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y el numeral primero del mismo artículo del al argumentar que (...) Copia el artículo 65 del CST y, asegura que no le asiste razón al ad quem, cuando razonó que el contrato de trabajo finalizó el 31 de enero de 1995, pese a que no mediaba

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Radicación n.° 83695 prueba de que se le hizo entrega de la liquidación; que lo que aconteció, fue una continuada, real y efectiva prestación del servicio. Califica de suspicacia que en las cuentas de cobro aportadas visibles en folios 1 a 243, 527 a 661, se señale un salario que guarda correspondencia con el cargo de director financiero que no, con el de revisor fiscal. Reprocha que el empleador, no le remitió dentro de los 60 días siguientes a la terminación del contrato, el estado de pago de los tres meses anteriores.

XV. RÉPLICA La sociedad opositora le endilga al recurrente, entremezclar argumentos de orden fáctico en la fundamentación del cargo elevado por la senda jurídica.

Indica que no hay lugar a aplicación del artículo 65 en lo que tiene que ver con la sanción moratoria, por no haberse configurado una relación laboral y, en relación con los soportes de pago de aportes a seguridad social, dicha obligación surgió con la Ley 979 de 2003, es decir, de modo posterior al contrato de trabajo declarado en estas diligencias.

1. CARGO SEXTO Lo presenta en los términos siguientes, Se acusa la sentencia emitida por la Sala Laboral del Tribunal

Superior de Bogotá D.C. el siete (07) de febrero del dos mil diez y 20

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Radicación n.° 83695 ocho (2018) (...) de infringir la ley sustancial, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 1, 9,