CSJ - SL2050-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL2050-2023 Radicación n.° 96151 Acta 30 Bogotá, D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA PENSIONESCOLPENSIONES contra la sentencia proferida el 11 de noviembre de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario laboral seguido por ALFONSO DE JESÚS OSSA DURÁN, representado por su curadora AMPARO OSSA DURÁN, contra la entidad recurrente.

I. ANTECEDENTES Alfonso de Jesús Ossa Durán representado por su curadora Amparo Ossa Durán, llamó a juicio a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones para que fuera condenada al reconocimiento y pago de la

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Radicación n.° 96151 pensión de invalidez desde la fecha de estructuración, esto es, el 7 de septiembre de 1990, junto con el retroactivo pensional, las mesadas adicionales, los reajustes anuales, los intereses moratorios, la indexación y las costas del proceso. En sustento de tales pretensiones, la citada curadora narró que Jesús Ossa Durán laboró como trabajador dependiente al servicio de varios empleadores, razón por la que cotizó en pensiones por espacio de seis años y que se había vinculado al Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, como Soldado Regular, en el período comprendido entre el «30 de noviembre de 1979 hasta el 30 de junio de

1981». Puso de presente que su hermano el 7 de septiembre de 1990, mientras se encontraba laborando para la empresa Palmirana de Transportes Ltda. y afiliado al entonces Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, acudió al servicio de urgencias de la clínica de la ciudad de Palmira por un dolor abdominal, cuyo diagnóstico fue apendicitis, pero de manera inexplicable, por una dosis excesiva de anestesia que le fue aplicada, le desencadenó un estado de «cuadriplejia con daño cerebral irreversible». Expuso que al ser valorado el afiliado por la Junta Regional de Calificación del Valle del Cauca, se le determinó una pérdida de la capacidad laboral del 92%, estructurada el 7 de septiembre de 1990, motivo por el cual, en su nombre se solicitó el reconocimiento de la pensión de invalidez, que

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Radicación n.° 96151 le fue negada mediante Resolución 01289 del 16 de abril de 1991, aduciendo que no contaba con el número mínimo de semanas cotizadas para acceder a esa prestación; decisión que fue confirmada mediante el acto administrativo 006264 del 27 de septiembre de 1991. Finalmente, refirió que mediante providencia dictada por el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Tuluá Valle, el 12 de junio de 2006, confirmada por el Tribunal Superior de Buga el 26 de septiembre de esa misma anualidad, se declaró su estado de interdicción judicial, nombrando como curadora a su señora madre Blanca Inés Durán Poveda y, en razón a su fallecimiento posterior, su

hermana Amparo Ossa Durán fue aceptada en la misma calidad. La Administradora Colombiana de PensionesColpensiones al dar respuesta a la demanda, se opuso a las pretensiones formuladas en su contra. En cuanto a los hechos relatados en la demanda inicial, aceptó los referidos a la afiliación de Alfonso de Jesús Ossa Durán a dicha entidad para el cubrimiento de los riesgos de invalidez, vejez y muerte, la estructuración de su estado de invalidez ocurrida el 7 de septiembre de 1990, la reclamación pensional que hizo a través de su progenitora en 1991 y la determinación negativa de la entidad para acceder a esa prestación. Respecto de los demás supuestos fácticos, dijo que no eran ciertos o simplemente no le constaban.

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Radicación n.° 96151 En su defensa, señaló que, si bien a la parte demandante le era aplicable el artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de esa misma anualidad, lo cierto era que el afiliado no reunía la densidad de tiempo mínimo para concederle la prestación por invalidez, esto es, las 150 semanas en los seis últimos años anteriores a la estructuración del estado de invalidez ni tampoco las 300 semanas en cualquier época; por lo tanto, debían desestimarse los pedimentos de la demanda inicial. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, prescripción, buena fe, cobro de lo no debido, imposibilidad jurídica para cumplir lo pretendido, ausencia de causa para demandar y la innominada.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Cali, a quien le correspondió dirimir la primera instancia, mediante sentencia del 27 de mayo de 2021, resolvió: PRIMERO: DECLARAR PARCIALMENTE probada la excepción de prescripción propuesta por COLPENSIONES.

SEGUNDO: CONDENAR a COLPENSIONES, al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a AMPARO OSSA DURÁN como curadora de ALFONSO DE JESÚS OSSA DURÁN a que tiene derecho a partir del 27 de febrero de 2015, en cuantía de un SMLMV generando un retroactivo al 31 de mayo de 2021 por valor de $66.881.671,33.

TERCERO: ORDENAR A COLPENSIONES el pago de las mesadas pensionales ordinarias y adicionales, en monto de un salario mínimo legal vigente para cada anualidad, en forma vitalicia, a favor AMPARO OSSA DURÁN como curadora de

ALFONSO DE JESÚS OSSA DURÁN, con los respectivos

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Radicación n.° 96151 incrementos de Ley, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: ORDENAR a COLPENSIONES; el reconocimiento y pago de los intereses moratorios causados, a partir del 27 de febrero de 2018, por mora en el pago de mesadas pensionales a su cargo, a la tasa máxima de interés vigente al momento en que se efectúe el pago, en favor AMPARO OSSA DURÁN como

curadora de ALFONSO DE JESÚS OSSA DURÁN.

QUINTO: AUTORIZAR a COLPENSIONES para que, del retroactivo a pagar, descuente lo que corresponde por salud, como lo ordena la ley 100 del 93.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la parte actora, de la entidad demandada y en virtud del grado jurisdiccional de consulta que también operaba en favor de Colpensiones, conoció el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el cual, con sentencia del 11 de noviembre de 2021, decidió: PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia número 93 del 27 de mayo de 2021, proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Cali, objeto de apelación y consulta, el cual quedará así: DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción respecto a las mesadas pensionales por invalidez causadas antes del 12 de junio de 2003.

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia número 93 del 27 de mayo de 2021, proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Cali, objeto de apelación y consulta, el cual quedará así: a) DECLARAR que el señor ALFONSO DE JESÚS OSSA DURÁN tiene derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez a partir del 07 de septiembre de 1990, de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año. De conformidad con las consideraciones vertidas en precedencia. b) CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES a reconocer y pagar al señor

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Radicación n.° 96151 ALFONSO DE JESÚS OSSA DURÁN, por intermedio de la curadora, señora AMPARO OSSA DURÁN, la suma de $151.412.134, que corresponde al retroactivo pensional causado del 12 de junio de 2003 al 31 de octubre de 2021. Incluidas las dos mesadas adicionales anuales a las que tiene derecho.

TERCERO: MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia número 93 del 27 de mayo de 2021, proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Cali, objeto de apelación y consulta, el cual quedará así: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES a pagar al señor ALFONSO DE JESÚS OSSA DURÁN, por intermedio de la curadora, señora AMPARO OSSA DURÁN, el valor del retroactivo pensional causado hasta la ejecutoria de esta providencia debidamente indexado y de esa data en adelante, reconocerá y pagará los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de

1993.

CUARTO: MODIFICAR el numeral quinto de la sentencia número 93 del 27 de mayo de 2021, proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Cali, objeto de apelación y consulta, el cual quedará así: AUTORIZAR a COLPENSIONES para que, del retroactivo a pagar por concepto de mesadas ordinarias, realice el descuento por aportes en salud y del valor reconocido por concepto de indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez,

debidamente indexado de conformidad con la Resolución número 012331 de 2007.

QUINTO: CONFIRMAR en lo restante la sentencia número 93 del 27 de mayo de 2021, proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Cali, objeto de apelación y consulta.

SEXTO: COSTAS en esta instancia, a cargo de la entidad demandada y a favor de la parte actora. Fíjese como agencias en derecho que corresponden a esta instancia el equivalente tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para tomar su decisión, el juez plural comenzó por precisar que teniendo en cuenta los recursos de apelación formulados por las partes y en virtud del grado jurisdiccional de consulta, que también operaba en favor de Colpensiones, le correspondía establecer si era o no procedente el reconocimiento de la pensión de invalidez de origen común reclamada por la parte actora y, en caso de ser afirmativa la respuesta, si debía establecer desde cuándo se debe otorgar

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Radicación n.° 96151 tal prestación, el valor de la mesada, su retroactivo, la prescripción de las mesadas y el reconocimiento de los intereses moratorios. Para definir lo anterior, recalcó que no existía discusión respecto de los siguientes aspectos: i) Que Alfonso de Jesús Ossa Durán fue calificado por la Junta de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca el 10 de febrero de 2005, entidad que determinó que presentaba una pérdida de la capacidad laboral del 92%, estructurada el 7 de septiembre de 1990, de origen común. ii) Que mediante providencia del 12 de junio de 2006 el

Juzgado Primero de Familia del Circuito de Tuluá, Valle, declaró su estado de interdicción judicial, nombrando como curadora inicialmente a su señora madre Blanca Inés Durán Poveda y, en razón al fallecimiento de ésta, fue designada su hermana Amparo Ossa Durán. iii) Que la solicitud de reconocimiento de la pensión de invalidez le fue negada a través de la Resolución 006264 de 1991 y que mediante el acto administrativo 012331 de 2007 le fue otorgada la indemnización sustitutiva en cuantía de $205.125. Reiteró que la enfermedad padecida por el afiliado era de origen «común», dado que, conforme al dictamen de la citada Junta de Calificación de Invalidez, el diagnóstico es el de «cuadriplejia por daño cerebral severo secundario hipoxia

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Radicación n.° 96151 cerebral a paro cardio respiratorio»; patología en la que se indicó que necesitaba de ayuda de terceros y que requiere de curador. Por consiguiente, el demandante presentaba una «gran invalidez». Indicó que el artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990, establecía como requisitos para conceder la pensión de invalidez «haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época con anterioridad al estado de invalidez». Refirió que, para contabilizar la densidad de semanas

exigidas por la citada disposición, en el expediente obraba certificación laboral la cual informaba que el señor Ossa Durán prestó el servicio militar como soldado regular en el período del 14 de noviembre de 1979 al 30 de junio de 1981, tiempo que debía computarse de acuerdo con el artículo 40 de la Ley 48 de 1993. Igualmente, evidenció que la historia laboral aportada por Colpensiones informaba que el demandante cotizó de manera interrumpida ante esa entidad 268 semanas que corresponden al período del 10 de julio de 1981 al 19 de mayo de 1993. Precisado ello, consideró: De acuerdo con el conteo de las semanas que realiza la Sala, encuentra que el señor ALFONSO DE JESÚS OSSA DURÁN al 07

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Radicación n.° 96151 de septiembre de 1990, data en que se estructura la invalidez no presenta 300 semanas cotizadas, ni tampoco tiene 150 semanas cotizadas dentro de los 6 años anteriores, porque para ese período solo se acreditan 52.71 semanas cotizadas. Por consiguiente, bajo la normatividad vigente a la fecha de estructuración no se genera la prestación reclamada. No obstante, el colegiado estimó que no se podía omitir que el derecho a la seguridad social es irrenunciable, como lo dispone el artículo 48 de la CP y para lo cual citó apartes de la sentencia CC SU313-2020, de ahí que, cuando se hace la reclamación de un derecho fundamental, más exactamente, la pensión de invalidez, corresponde al

operador judicial realizar un análisis con apoyo de otras fuentes del derecho, como lo dispone el artículo 48 del CPTSS, en armonía con lo dicho por la CC C836-2001 y CC T175-2014, de las que transcribió varios apartes. Luego de ello consideró que acogiendo los precedentes antes citados y al revisar la historia laboral allegada al plenario, se tiene que el señor Alfonso de Jesús Ossa Durán cotizó a pensión en el RPM hasta el 19 de mayo de 1993, un total de 268 semanas y como quiera que en ese reporte no se incluyó el tiempo del servicio militar, que corresponde al período del 14 de noviembre de 1979 al 30 de junio de 1981, esto es 85 semanas; al sumarse y totalizarse con las cotizaciones, tenía un gran total de 353 semanas efectivas para pensión. Esgrimió que como el señor Ossa Durán nació el 2 de noviembre de 1961, al momento de la estructuración de su invalidez, el 7 de septiembre de 1990, contaba con 28 años

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Radicación n.° 96151 de edad. Por consiguiente, era dable concluir que con las 353 semanas cotizadas podía acceder al reconocimiento de la prestación, bajo los requisitos del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, «dado que acredita más de 300 semanas cotizadas Durante toda su vida laboral y todas ellas antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, norma que entró en vigencia el 1º de abril de 1994». Puntualizó que el reconocimiento de la pensión de

invalidez debía realizarse desde el 7 de septiembre de 1990, esto es, a partir de la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral, tal como lo ha precisado la sentencia

CC SU313-2020.

Dilucidado lo anterior, se adentró en examinar lo referido a la prescripción de las mesadas pensionales, esto es, si estaban afectadas por ese fenómeno extintivo las causadas con anterioridad al 27 de febrero de 2015, como lo determinó el a quo, o si la fecha de prescripción era muy diferente en razón a ser una «persona incapaz», como lo sostenía la accionante. Para esclarecer lo anterior, comenzó por reproducir apartes de la sentencia CSJ SL3422-2020; luego recordó que el demandante fue calificado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle el 10 de febrero de 2005, por tanto, solo a partir de esa data la curadora podía reclamar la pensión de invalidez.

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Radicación n.° 96151 De otro lado, puso de presente que la progenitora del señor Alfonso de Jesús Ossa Durán, formuló demanda en proceso de jurisdicción voluntaria, persiguiendo la declaración de interdicción por demencia del señor Ossa Durán, trámite procesal que culminó con la sentencia número 202 del 12 de junio de 2006, emitida por el Juzgado Primero de Familia, momento desde el cual se suspendió la prescripción; por lo tanto, se debía modificar la decisión del a quo en este sentido, con el objetivo de declarar la prescripción sobre las mesadas causadas con anterioridad al

12 de junio de 2003. En concordancia con lo anterior, precisó que al cuantificar el retroactivo pensional causado entre el 12 de junio de 2003 y el 31 de octubre de 2021, incluyendo las 14 mesadas, en tanto para fecha de causación no había entrado a regir el Acto Legislativo 01 de 2005, ascendía a la suma de $151.412.134. Enseguida, se ocupó de la condena por intereses moratorios, sobre los que consideró que en este asunto la decisión de no conceder la pensión de invalidez al señor Ossa Durán no fue por un capricho de la demandada, sino que atendiendo la literalidad de la norma y «habiendo sido necesario un análisis más profundo sobre los supuestos fácticos y jurídicos», así como aplicando precedentes de la Corte Constitucional, dijo que no se impondrían los intereses moratorios desde la fecha de presentación de la demanda como lo ordenó la a quo, sino a partir de la ejecutoria de «esta providencia» en adelante, por lo que hasta esta data concedió

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Radicación n.° 96151 la indexación de las mesadas causadas. En este, sentido, también advirtió la modificación de la sentencia de primera instancia. Finalmente mantuvo la autorización dada por el a quo a la demandada de efectuar los descuentos del retroactivo pensional por mesadas ordinarias por concepto de aportes en salud, como lo dispone el artículo 143 de la Ley 100 de 1993 y ordenó que del retroactivo pensional se haga el descuento del valor reconocido por concepto de indemnización

sustitutiva de la pensión de invalidez, debidamente indexado. En los anteriores términos desató la alzada y el grado jurisdiccional de consulta.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Colpensiones, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que esta corporación case la sentencia recurrida, para que, una vez constituida en sede de instancia, revoque la decisión de primer grado y, en su lugar, la absuelva de todas y cada una de las pretensiones formuladas en su contra en la demanda inaugural.

Con tal propósito, formula dos cargos que no son replicados por la parte actora, los que se estudiarán de

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Radicación n.° 96151 manera conjunta, en tanto ambos están dirigidos por la vía directa, acusan similar elenco normativo y se complementan en su desarrollo.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida de los siguientes artículos: […] 6 del Acuerdo 049 de 1990 reglamentado por el Decreto 758 de 1990, en relación con los artículos 101 del Decreto 1950/73, 40 de la ley 48/93, 45 de la ley 1861/17, literal f) del artículo 13 de la ley 100/93; 16 del CST; 48, 53, 230 de la C.N.

En el desarrollo del ataque, comienza por reproducir varios apartes de la decisión recurrida, para luego sostener que en este asunto el ad quem aplicó indebidamente el

artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de esa misma anualidad, pues a pesar de tener claridad que el demandante para el 7 de septiembre de 1990 no contaba con las 150 semanas cotizadas dentro de los seis años anteriores a la invalidez o 300 semanas cotizadas en cualquier época, sin fundamento alguno decidió sumar «el tiempo servido como soldado del ejército nacional con las cotizadas en el RPM» para con ello otorgar la prestación pensional de invalidez, al entender superadas las 300 semanas exigidas. Resalta que, si bien los artículos 101 del Decreto 1950 de 1973; 40 de la Ley 48 de 1993 y 45 de la Ley 1861 de 2017 disponen la contabilización del tiempo prestado como

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Radicación n.° 96151 servicio militar en calidad de soldado del ejército nacional con el cotizado en los fondos de pensiones; lo cierto era que, ello solamente resultaba posible para efectos de obtener la pensión de jubilación o vejez, mas no para la de invalidez; de tal manera que, de conformidad con lo allí dispuesto, queda en evidencia que el Tribunal se equivocó al condenar a Colpensiones a reconocer y pagar a la parte demandante la prestación solicitada. En todo caso, manifiesta que en el caso hipotético de reconocer que las semanas del servicio militar son susceptibles de acumulación con las semanas exigidas, tampoco resultarían suficientes para el reconocimiento pensional, dado que en realidad el actor acreditaría «212,29

semanas, las cuales no son suficientes para cumplir el requisito exigido por la Ley». Expresa que los criterios expuestos en las sentencias de la Corte Constitucional traídas a colación por el ad quem para conceder la pensión de invalidez, no son aplicables al presente caso, porque se ocupan de temas diferentes y además fueron proferidas con posterioridad al 7 de septiembre de 1990, fecha de estructuración de la invalidez, de manera que no configuran un precedente jurisprudencial. Por todo ello, afirma que el cargo debe prosperar.

VII. CARGO SEGUNDO Denuncia la sentencia fustigada de ser violatoria de la

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Radicación n.° 96151 ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de los siguientes artículos: […] 5 y 6 del Acuerdo 049 de 1990, en relación con el artículo 101 del Decreto 1950/73, 40 de la ley 48/93, 45 de la ley 1861/17, literal f) del artículo 13 de la ley 100/93; 16, 389 del CST; 48, 53, 230 de la C.P., 60, 61, 145, 151 CPT y SS, En el desarrollo de la acusación, refiere que, en este asunto no existe cuestionamiento frente a los siguientes presupuestos fácticos, que textualmente los describe en los siguientes términos: i) que el afiliado Alfonso de Jesús Ossa Durán falleció el 20 de abril de 1989; ii) «que cotizó en el ISS un total de 255,14 semanas sin acreditar 150 semanas para los riesgos de IVM dentro de los

seis años anteriores a la invalidez o 300 semanas de cotización en cualquier época y iii) que únicamente cotizó 29,14 semanas en los seis años anteriores a la muerte entre el 20 de abril de 1983 y el 20 de abril de 1989, no cumpliendo el requisito del artículo 5 del Acuerdo 224/66 aprobado por el Decreto 232/84 modificado por el literal b) del artículo 1 del Acuerdo 019/83 aprobado por el Decreto 232/84 que exige tener acreditadas el número de semanas en los períodos arriba indicados. (Subraya la Sala). Luego de lo anterior, expone que el punto de discordia con la sentencia impugnada estriba en que el fallador de segundo grado le dio una lectura errada a las sentencias traídas a colación en su decisión, en donde se reconoce que a pesar de no existir norma que disponga la sumatoria del tiempo prestado en el servicio militar obligatorio, con las semanas cotizadas en el régimen pensional, era procedente su cómputo para la concesión de la pensión en cualquiera de sus modalidades, «porque desconocer esa tarea encomiable ejecutada por los ciudadanos al prestar ese servicio, sería

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Radicación n.° 96151 reñir con el principio de solidaridad que debe regir el derecho a la seguridad social». Insiste que el ad quem interpretó erradamente el artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990, específicamente, al no entender el sentido de los pronunciamientos jurisprudenciales en el cual se apoyó y colegir que «procedía

la sumatoria del tiempo de servicio prestado como soldado del Ejército Nacional»; pues, además de ello, el juez plural adicionó semanas con posterioridad a la invalidez para causar el derecho pensional, con lo cual queda demostrado el error jurídico que se le atribuye y, por tanto, procede el quebrantamiento de la sentencia acusada.

Finalmente adujo que: No siendo suficientes los desatinos en cuanto al reconocimiento pensional, incurre igualmente en error el Tribunal a la hora de establecer la fecha de disfrute o efectividad del derecho pues interpreta de manera extraña el fenómeno de la prescripción y el agotamiento de la vía gubernativa, pues establece que la misma operó desde el 12 de junio de 2003 sin sustento legal o reparo alguno, pues pasa por alto que aun adoptando las tesis que plantea respecto a la interrupción de la prescripción en casos de invalidez y dictámenes de pérdida de capacidad laboral y aun dando por probado en su propia providencia que la vía gubernativa quedó agotada en el año 2007, mediante resolución 12331 del 24 de agosto de 2007, hecho que igualmente fue confesado en la demanda al señalar que contra dicha resolución no se promovieron recursos, insiste el Tribunal en establecer que

la prescripción operó el 12 de junio de 2003 y no 3 años antes de la presentación de la demanda, en el año 2018 como lo entendió el a quo, evidencian la flagrante violación a la Ley sustancial en que incurrió el Tribunal.

VIII. CONSIDERACIONES La Corte comienza por precisar que la censura en los

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Radicación n.° 96151 dos ataques, dirigidos por la vía directa, introduce aspectos fácticos, los que no serán estudiados por la Sala en razón a que la acusación no está orientada por la senda de los hechos. En efecto, la recurrente en el primer cargo señala que en el «caso hipotético de reconocer que las semanas del servicio militar son susceptibles de acumulación, tampoco serían suficientes para el reconocimiento pensional pues acreditaría 212.29 semanas, las cuales no son suficientes para cumplir el requisito exigido por la Ley» y reunir la densidad total requerida para acceder al derecho pensional; esto es, lo que propone la censura, es invitar a la Corte a apreciar las pruebas allegadas al proceso, para con ello poder contabilizar el número de semanas que se dice cotizó el actor, aspecto que, se reitera, es puramente fáctico y no jurídico. Adicionalmente, la parte recurrente alude a que para efectos de la prescripción de las mesadas pensionales, el Tribunal debía tener en cuenta tres años atrás a partir de la fecha de presentación de la demanda inaugural, hecho ocurrido el 27 de febrero de 2018, esto en razón a que quedó agotada la vía gubernativa en el año 2007, como «fue confesado en la demanda al señalar que contra dicha resolución no se promovieron recursos», punto que solo sería posible dilucidarlo si el ataque se hubiese encaminado por el sendero de los hechos, toda vez que para verificar ello resulta imperioso descender al estudio de la citada pieza procesal con la cual se dio inicio al proceso.

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Radicación n.° 96151 Además, en punto a la prescripción, la parte recurrente pasa por alto que, tal como quedo visto al historiar el proceso, el colegiado para concluir que las mesadas causadas con anterioridad al 12 de junio de 2003 estaban prescritas, acudió a la línea de pensamiento de esta corporación alusiva a la suspensión de la prescripción en caso de personas con discapacidad, posición que ha sido reiterada por esta Sala en la sentencia CSJ SL3422-2020, sobre lo cual nada dice la censura; de ahí que este soporte, que en definitiva no fue atacado, tiene la virtualidad de mantener inalterable la decisión impugnada respecto de la aludida suspensión de la prescripción en caso de las citadas personas de especial protección constitucional y legal, precisamente por gozar de la doble presunción de acierto y legalidad de las que están cobijadas las decisiones judiciales. De otra parte, en el segundo de los cargos, la censura edifica su inconformidad en un supuesto fáctico equivocado, al considerar textualmente que el «[…] afiliado ALFONSO DE JESÚS OSSA DURÁN falleció el 20 de abril de 1989» (subraya la Sala), de ahí que, según su decir, es esta fecha la que marca el hito para contabilizar las 150 semanas en los seis años anteriores o las 300 en cualquier época, lo cual es errado, pues el actor no ha muerto y reclama para sí, a través de la curadora, la pensión de invalidez a partir del 7 de septiembre de 1990, data de estructuración de la invalidez.

No obstante, haciendo abstracción de las glosas anteriores, que no se analizarán en razón a que el recurso de casación es eminentemente rogado y porque los dos cargos

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Radicación n.° 96151 están dirigidos por la vía directa, la Sala procede a dilucidar la controversia puramente jurídica que está contenida en ellos, consistente en esclarecer si el Tribunal se equivocó al concluir que es viable computar el tiempo del servicio militar obligatorio prestado por el demandante entre el 14 de noviembre de 1979 y el 30 de junio de 1981 y, además, si erró al aplicar el artículo 40 de la Ley 48 de 1993, en razón a que la invalidez del aquí demandante se estructuró antes, esto es, el 7 de septiembre de 1990. Pues bien, para dar respuesta a tal cuestionamiento, es importante señalar que en la actualidad es pacífica la posición de la Corte referida a que el tiempo de servicio militar obligatorio es computable para obtener la densidad de semanas exigidas para causar las prestaciones pensionales contempladas en el Sistema de Seguridad Social, no solo como lo sugiere la censura respecto de la de jubilación o vejez, sino que también se incluye la prestación de invalidez. Sobre el particular en la sentencia CSJ SL11188-2016 reiterada, entre otras, en la decisión CSJ SL3110-2020, se precisó: (1) El tiempo de servicio militar obligatorio en el sistema general de pensiones […] Con la intención de estimular e incentivar el cumplimiento del deber ciudadano de prestar el servicio militar obligatorio, la L.

48/1993 estableció una serie de beneficios y privilegios en favor de los jóvenes que prestaran este servicio. Dentro de estas ventajas, se dispuso en el literal a) del art. 40 de esta ley que el

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Radicación n.° 96151 tiempo de servicio militar obligatorio sería computado para efectos de la «pensión de jubilación de vejez». La anterior previsión no genera mayores discusiones en la jurisprudencia del trabajo, en tratándose de pensiones de jubilación o de vejez, al punto que esta Corporación ha aceptado que el tiempo del servicio militar obligatorio debe tenerse en cuenta para las pensiones de jubilación de las leyes 33/1985 y 71/1998. De igual modo, su convalidación ha sido admitida para la pensión de vejez de la L. 100/1993, en el entendido que el sistema integral de seguridad social posibilita «que ese tiempo sea computado en cualquiera de los dos regímenes previstos en la Ley 100, siendo de cargo de la entidad pública respectiva o de la Nación seg