CSJ - SL2053-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL2053-2023 Radicación n.° 96514 Acta 030 Bogotá, D. C., veintidós (22) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por FELIPE MEJÍA ESCOBAR, contra la sentencia proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 15 de junio de 2022, en el proceso que instauró contra la CAJA DE COMPENSACIÓN

FAMILIAR DE ANTIOQUIA – COMFAMA.

I. ANTECEDENTES Felipe Mejía Escobar llamó a juicio a la Caja de Compensación Familiar de Antioquia (en adelante Comfama), con el propósito de que se declarara que la terminación unilateral del contrato de trabajo a término indefinido, suscrito con la demandada, se produjo de manera infundada y sin mediar una justa causa.

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Radicación n.° 96514 En tal virtud, solicitó que se condenara a la parte accionada al pago de la indemnización por despido injusto, debidamente indexada. Como fundamento de sus pretensiones expuso, básicamente, que existió una relación de índole laboral con la convocada a la litis a través de un contrato de trabajo a término indefinido, a partir del 17 de mayo de 1994; época en la que desempeñó la ocupación de jefe del Departamento de Desarrollo de Proyectos. Manifestó que, el 12 de agosto de 2014, fue citado a

diligencia de descargos por parte del asesor externo y del jefe de personal de la pasiva, en la que le fue endilgado un supuesto conflicto de intereses y un comportamiento considerado como desleal con la institución, al haber brindado su asesoría a la Caja de Compensación Familiar del Departamento del Cauca – Comfacauca, durante el interregno comprendido entre los años 2013 y 2014. Relató que, como resultado del aludido procedimiento disciplinario, el 29 de agosto siguiente, feneció el vínculo contractual por decisión unilateral de su empleador, momento en el que ejercía el cargo de subdirector de servicios sociales y devengaba un salario de $26.101.648. Al dar respuesta a la demanda, la enjuiciada se opuso a la prosperidad de las pretensiones impetradas. Respecto de los planteamientos fácticos, aceptó los atinentes a la existencia del nexo empleaticio y su modalidad contractual;

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Radicación n.° 96514 los extremos temporales en que se desarrolló; la citación del actor a la diligencia de descargos; los empleos de nivel directivo desempeñados por el iniciador de la contienda, y el valor de la última remuneración que percibió. Frente a los demás precisó que no eran ciertos. Explicó que al promotor de la lid le fueron puestas en conocimiento las razones fundadas que condujeron a la ruptura del ligamen contractual, de manera unilateral, a través de la misiva adiada a 29 de agosto de 2014. Por consiguiente, arguyó que no era dable asentir que el

despido suscitado fue injustificado e ilegal. Precisó que al accionante se le garantizó el debido proceso y el derecho de defensa durante el curso del trámite disciplinario, hasta arribar a su culminación. Como enervantes de mérito, propuso las que denominó despido por justa causa; violación de obligaciones y prohibiciones y del deber de lealtad y fidelidad por parte del demandante; competencia desleal o el competir de alguna manera con el empleador constituyen faltas graves que fundamentan la terminación del contrato por justa causa; prescripción y buena fe.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, mediante decisión del 17 de junio de 2019, absolvió a la demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al resolver el recurso de apelación impetrado por la parte vencida, mediante fallo del 15 de junio de 2022, confirmó en su integridad la decisión de primer grado.

En lo que interesa al recurso extraordinario, estableció el ad quem como problemas jurídicos los siguientes: (i) Analizar si la Caja de Compensación Familiar de AntioquiaComfama demostró la ocurrencia de las faltas atribuidas al señor Felipe Mejía Escobar en la carta de terminación del contrato de trabajo, como violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades; (ii) si era condición la existencia de una

cláusula de exclusividad para con la demandada, y (iii) si se debió demostrar que las asesorías brindadas por el ex trabajador a Comfacauca, generaron un perjuicio real o potencial a Comfama. Para resolverlos, ab initio, abordó el estudio relativo a la extinción del vínculo subordinado; con tal objeto, citó el contenido de los artículos 62 y 66 del Código Sustantivo del Trabajo, alusivos a las justas causas invocadas por el empleador para dar por finalizado el vínculo laboral y su deber de manifestar el motivo de la decisión adoptada. También hizo uso, tácitamente, del artículo 26 de la misma codificación. A continuación, en apoyo de las sentencias CSJ SL064-2020, CSJ SL5374-2019, CSJ SL4547-2018, CSJ SL1511-2020, CSJ SL525-2020 y CSJ SL5374-2019, enfatizó que el dador del laborío asume la responsabilidad de

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Radicación n.° 96514 exponer, de manera detallada, los supuestos fácticos que lo llevaron a tomar la determinación de finiquitar el ligamen; y después de ello, memoró que las circunstancias modales que condujeron a esa decisión son inalterables. Como consecuencia de lo anterior, refirió que si el trabajador estima que su despido carece de justificación y pretende obtener la correspondiente indemnización, le incumbe demostrar estrictamente la finalización del vínculo, lo cual traslada al extremo contratante la responsabilidad de probar su justeza.

De otro lado, citó los proveídos CSJ SL1679-2020, CSJ SL, 10 mar. 2003, rad. 35105, CSJ SL2342-2019, CSJ SL, 20 oct. 2009, rad. 36558 y CSJ SL, 16 oct. 2008, rad. 35545; y enfatizó que incurrir en una falta calificada como grave en «pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos», implica la transgresión directa de los actos mencionados. Por lo tanto, constituye una circunstancia que configura una justa causa válida para finalizar la relación laboral. Sentado lo anterior, para soportar su decisión, el fallador de alzada dejó por fuera de discusión que:

1. El señor Felipe Mejía Escobar y la Caja de Compensación Familiar de Antioquia – Comfama, suscribieron un contrato de trabajo a término indefinido, para desempeñarse en el oficio de jefe del Departamento Desarrollo de Proyectos, con fecha de inicio el 17 de mayo de 1994, acordando la remuneración mediante salario integral (01/págs.11-12).

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2. El contrato fue terminado en forma unilateral por la entidad demandada, mediante comunicación de fecha 29 de agosto de 2014 (01/págs.18-20 y 198-200).

3. Durante la vinculación del señor Felipe Mejía Escobar a la Caja de Compensación Familiar de Antioquia – Comfama se desempeñó como jefe del Departamento de Proyectos, jefe de la

Unidad Estratégica de Salud, Subdirector de Salud, Asistente de la Dirección Administrativa y Subdirector de Servicios Sociales, del 23 de marzo de 2012 al 29 de agosto de 2014 (01/pág.85). Bajo ese panorama, luego de realizar un análisis frente a los medios de prueba obrantes en el expediente, el juez plural encontró acreditado que las acciones realizadas por el gestor de la lid constituyeron una infracción grave al deber de fidelidad y reserva, en relación con su empleador, dado que ejecutó actos de negligencia importantes que derivaron en el incumplimiento de las disposiciones que le correspondía acatar, entre ellas, las descritas en el reglamento interno de trabajo de Comfama y el Código de Ética y Buen Gobierno Corporativo. Al respecto, refirió: […] el demandante dio asesoría a Comfacauca, en horario laboral, por medio del computador entregado por Comfama, se encontraron cuentas de cobro a Comfacauca, correos electrónicos; concluye que se trató de una debida recolección de datos evidenciando que los hallazgos clasificados por el perito, son fuente jurídica que se traducen en el incumplimiento a lo ordenado por el Código Sustantivo de Trabajo, el contrato de trabajo, reglamento interno de trabajo y código de buen gobierno (sic), vulnerados por el demandante, en desempeño de su actividad como Subdirector al servicio de Comfama. Sumado a lo anterior, los resultados contenidos en el informe rendido por el Perito Forense Informático al que acudió Comfama, dan cuenta de la existencia de archivos tipo documentos, hojas de

cálculo y presentaciones producto de consultorías a nombre del demandante, hacia la Caja de Compensación Familiar Comfacauca, entre ellos, cuentas de cobro. Que el demandante creó, accedió y modificó parte de esa información durante su jornada de trabajo, en el computador asignado para su labor (folio 466 vuelto) y estos resultados, lo que hacen es corroborar y brindar detalles sobre una información que ya se conocía, pues previamente, en diligencia de descargos, el señor Felipe Mejía

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Radicación n.° 96514 Escobar había reconocido las asesorías brindadas a Comfacauca, por las que había recibido unos dineros, mientras se desempeñaba como empleado de Comfama. Con posterioridad, verificó que las circunstancias fácticas reseñadas en líneas precedentes fueron expresamente plasmadas en la misiva que comunicó la terminación del vínculo laboral y que, a su vez, fueron reconocidas por el demandante en la diligencia de descargos. Comportamientos que, a su juicio, logró catalogar como actos en los que se vio inmerso un conflicto de interés entre un trabajador de nivel directivo y su empleador, al haber ofrecido «servicios particulares de asesoría y consultoría a otra caja de compensación familiar, en este caso Comfacauca, servicios por los cuales presentó cuenta de cobro y recibió pagos; a sabiendas de que Comfama también prestaba ese tipo de asesorías». Conductas que señaló como contraventoras de los principios orientadores establecidos en los mencionados cuerpos normativos. En punto a la eventual materialización de un perjuicio

en contra de Comfama, como consecuencia de las asesorías ofrecidas por el iniciador de la contienda a Comfacauca, acotó: […] es pertinente citar Sentencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia SL3760 del 28 de agosto de 2019, Magistrada Ponente doctora Ana María Muñoz Segura, donde explicó que para que se configure la falta grave o, la grave negligencia, no es necesario que se cause efectivamente el daño o perjuicio, basta con que se presente la conducta que genere el riesgo.

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Radicación n.° 96514 De conformidad con las consideraciones que anteceden, coligió el ad quem que estuvo acorde la decisión adoptada por el juez cognoscente, en razón a que, con el dossier probatorio militante en el expediente, encontró plenamente acreditada la motivación legítima que evocó el empleador para dar por fenecida la relación laboral que lo unía con el accionante.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Felipe Mejía Escobar, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, revoque la proferida por el a quo, y en su lugar, conceda las pretensiones del escrito genitor, ordenándose «a la demandada Caja de Compensación Familiar de Antioquia -Comfama, al pago de las pretensiones allí esgrimidas a favor del demandante,

señor Felipe Mejía Escobar».

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que son objeto de réplica y se resuelven de manera conjunta, pues pese a dirigirse por diferentes vías, acusan análogos grupos normativos, el sustento es similar y merecen idéntica solución.

VI. CARGO PRIMERO

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Radicación n.° 96514 Embiste la decisión definitiva de segunda instancia por violar directamente, en la modalidad de infracción directa, el «artículo 26 del código sustantivo del trabajo (sic), norma que específicamente se refiere a la cláusula de exclusividad en los contratos de trabajo, y que en este caso se constituye en la columna vertebral del litigio». Asevera que el ad quem incurrió en la infracción endilgada por la vía directa al inaplicar la norma en comento, y adicionalmente, señala que ignoró el hecho de que, en el vínculo laboral firmado entre las partes, no se incluyó un precepto restrictivo. Circunstancia que, alega, le permite la posibilidad de trabajar con otros empleadores y brindar asesoramiento a otras entidades del gremio, tal como ocurrió con Comfacauca, que opera en un ámbito geográfico y de actuación diferente al de Comfama. Seguidamente, hace referencia a lo dispuesto en el artículo 2.4.2. de la orden administrativa 138, proferida por la caja de compensación convocada, relativa al régimen de inhabilidades que cobija a sus trabajadores, para advertir que en el mentado cuerpo normativo no se encuentra vetada la viabilidad de celebrar nuevos vínculos de trabajo con otras

entidades. En este sentido, invoca el proveído CSJ SL979-2020 que expone los presupuestos necesarios para acreditar un despido por justa causa, cimentado en la transgresión a la

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Radicación n.° 96514 exclusividad laboral. Entre ellos, menciona: (i) que las partes así lo estipulen; y (ii) que «pese al pacto, el trabajador preste servicios a otro empleador de la misma especie de los que ejecuta a aquél con quien convino la exclusividad». Para finalizar, el promotor del juicio asegura que: […] ni violó el código de ética (sic), ni el contrato de trabajo al asesorar a otra institución porque en dicho documento la cláusula de exclusividad fue ajena a dicha contratación, y es claro que dicha cláusula para que tenga validez debe pactarse siempre por escrito, lo que nunca ocurrió. La exclusividad no se presume, por lo que debe ser acordada expresamente, y la mejor forma de hacerlo es por escrito. La exclusividad, al no estar considerada por la ley laboral como norma general de la relación laboral, debe ser fijada contractualmente de forma clara y precisa. Frente a esto las partes tienen libertad para fijar las condiciones. La exclusividad puede impedir que el trabajador no firme otro contrato de trabajo, ni ningún otro tipo de contrato, como el de prestación de servicios, relacionado con la actividad para la que fue contratado. La cláusula de exclusividad implica una prohibición para el trabajador, de manera que, si el empleado hace algo que expresamente se le ha prohibido hacer, se puede configurar una

justa causa para la terminación del contrato de trabajo. Si el trabajador acordó exclusividad laboral y trabaja para otro empleador estándole prohibido, incurre en un grave incumplimiento suficiente para despedirlo con justa causa. […] En consecuencia, el ad quem debió considerar los parámetros establecidos en el art. 26 del Código Sustantivo del Trabajo para determinar en el caso concreto que nos ocupa, si quedó inmerso en una causal de terminación unilateral con justa causa por parte del empleador.

VII. CARGO SEGUNDO

Frente al fallo impugnado, declara:

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Radicación n.° 96514 […] ACUSO AL FALLO POR LA VÍA INDIRECTA – Dado que el ad quem hizo una apreciación errónea y además omitió apreciar determinadas pruebas como se pasará a detallar, de tal manera que incurrió en errores de hecho y obviamente en errores de derecho; por consiguiente, a la Corte le es dado corregir las conclusiones probatorias equivocadas en que se fundamenta la sentencia del Tribunal Superior de Medellín; lo que daremos censura con la debida carga argumentativa plasmada en la foliatura tendiente a demostrar que el sentenciador de segunda instancia omitió cumplir los criterios de racionalidad que la ley le impone observar. (CSJ SL2049-2018). Le enrostra al juzgador plural de alzada los siguientes yerros fácticos:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante fue despedido con justa causa.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante incurrió

en violación al reglamento interno de trabajo y código de buen gobierno (sic).

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que la asesoría brindada constituye violación al deber de lealtad y confidencialidad y que violó su obligación de informar a su jefe superior sobre dichas asesorías.

4. Dar por demostrado, sin estarlo, que el señor Felipe Mejía cometió actos de negligencia grave y de vulneración de normas al transmitir o recibir documentos en la red privada de

Comfama.

5. Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante incurrió en conflicto de intereses.

6. Dar por demostrado, sin estarlo, que la parte demandante obró de mala fe.

7. Dar por demostrado, sin estarlo, que los hechos aducidos por la demandada en la carta de terminación del vínculo laboral fueron expresamente reconocidos por el demandante en diligencia de descargos.

8. Dar por demostrado, sin estarlo, que Felipe Mejía Escobar haya participado en un proceso de contratación.

9. Dar por demostrado, sin estarlo, que la asesoría prestada a Comfacauca también la prestaba Comfama a través de su área de Cooperación Nacional e Internacional y podría haber cobrado por dichos servicios.

En la demostración, sostiene que la asesoría contratada con Comfacauca se brindó sobre asuntos en los que no estuvo de por medio la información de tipo confidencial o

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Radicación n.° 96514 reservada de Comfama. Aunado a que, se fundamentó, esencialmente, en los «conocimientos objetivos y académicos

que adquirió a través del bagaje profesional y su actividad laboral». Precisa que la asesoría ejecutada por fuera de la órbita contractual de Comfama, no le ocasionó un perjuicio a esta entidad en la forma como lo sostuvo el fallador de segundo grado. Por consiguiente, arguye que consideró innecesario poner en conocimiento a su superior inmediato acerca de las actividades ocupacionales externas perpetradas con otra organización de bienestar social, en razón a que nunca percibió una eventual situación de conflicto de intereses respecto de su rol como directivo de Comfama; así como tampoco consideró a Comfacauca como una caja de compensación competidora. Manifiesta que es desacertado lo colegido por el Tribunal en torno a la vulneración de las disposiciones internas establecidas por el extremo contratante, al compartir o recibir documentos dispuestos en la red empresarial privada. Al respecto, alude: De la revisión que hizo el perito contratado por Comfama de todos los archivos y correos que tenía Felipe Mejía en su Computador, los cuales en sus 20 años de trabajo podían sumar más de 120.000, solo encontraron “19 registros” y/o correos que aportaron como evidencia para demostrar que Felipe Mejía realizaba actividades de asesoría en su horario laboral y/o que utilizaba los recursos de Comfama para estas actividades. Cabe aclarar que Comfama tiene una VPN (Virtual Private Network), red privada virtual, que les permitía a los directivos y a algunos funcionarios estratégicos conectarse a la red de Comfama en tiempo laboral y no laboral, desde su lugar de residencia o desde

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Radicación n.° 96514 sitios externos a las instalaciones de Comfama, para revisar y responder correos electrónicos y para revisar documentos. Esta VPN permitía también sincronizar los computadores personales que tenían los funcionarios autorizados con sus computadores corporativos, de tal manera que el disco duro de ambos era como espejos, es decir que en los dos equipos estaba almacenada la misma información. Felipe Mejía tenía un computador portátil que él había comprado, que era muy pequeño y liviano, más cómodo de transportar y que era el que utilizaba incluso en las reuniones de Comfama y particularmente en las del Comité de Dirección. El equipo entregado como dotación de trabajo, que también era un portátil, pero más grande y pesado, Felipe Mejía lo utilizaba como un computador de escritorio. Ambos computadores estaban sincronizados en todo momento, por lo cual la información que tenía Felipe Mejía en su computador personal también estaba en el computador entregado por Comfama como dotación y viceversa. Por esta razón, en el computador analizado por los peritos contratados por Comfama se encontraban archivos y documentos personales de Felipe Mejía y la explicación técnica es porque estaba sincronizado con el computador portátil personal que él utilizaba, precisamente para poder trabajar desde su casa en las noches y los fines de semana a través de la VPN. Finalmente, invoca el artículo 55 del Código Sustantivo del Trabajo y expresa que no incurrió en actos de mala fe. Sobre este tópico, asegura que: […] fue uno de los ejecutivos que mientras estuvo laborando para Comfama, fue diligente, eficiente y defendió los principios misionales de dicha institución, así lo acreditan varias

felicitaciones que en su momento obtuvo de sus superiores, de tal manera que fue un empleado que se entregó cabalmente al ejercicio de sus funciones. El hecho de que justamente por su conocimiento profesional fuera contratado por una institución similar como lo fue Comfacauca, no podría aducirse que en su actuar obró de mala fe.

VIII. RÉPLICA Comfama advierte que al enfilar un cargo por la vía indirecta se deben expresar, en forma detallada, las razones tendientes a demostrar los yerros fácticos evidentes,

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Radicación n.° 96514 ostensibles y protuberantes, cometidos por el sentenciador colegiado en el fallo recurrido. Asimismo, aduce que se torna imprescindible estipular si las falencias de hecho increpadas provienen de la equivocada apreciación o de la falta de valoración de los medios de prueba calificados en casación. Aunado a ello, frente a la postura adoptada por el casacionista, señala que: El hecho de no compartir el recurrente la razonable, juiciosa y acertada estimación efectuada a las pruebas existentes en el proceso judicial por parte del Tribunal Superior de Medellín, no constituye necesariamente un yerro ostensible que permita casar la providencia que se está atacando. Lo anterior es así, toda vez que al interior del proceso se acreditó a través de un perito informático que el demandante soslayó de manera grave las normas que componían el Código de Ética y Buen Gobierno de Comfama, así como su reglamento interno de trabajo donde están consignadas taxativamente una serie de prescripciones y prohibiciones a sus trabajadores por dar

asesoría irregular a otra caja de compensación familiar en ejercicio de su actividad, en horario laboral y a través del computador entregado por su propio empleador, donde se evidenció adicionalmente cuentas de cobro realizadas a distinta entidad que presta servicios similares y conexos como es Comfacauca; lo cual constituye sistemáticamente una violación al deber de lealtad y confidencialidad con mi poderdante. Sentado lo anterior, refiere que las conductas ejecutadas por el recurrente son censurables y transgreden el Código de Ética y Buen Gobierno Corporativo. Asimismo, manifiesta que en el modo de proceder del actor se encuadra la justa causa legal de terminación contractual por parte del empleador, contenida en el numeral 6.º del literal a) del artículo 62 del CST. Por consiguiente, expone que no se puede calificar como desacertado el análisis probatorio realizado por el operador judicial de segundo grado, menos

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Radicación n.° 96514 aún, atribuirle un error en su apreciación, toda vez que aquél tuvo «plena libertad para formar su convencimiento a la luz de la sana crítica del conocimiento». Finalmente, reprocha la línea de argumentación empleada por la censura, al endilgar la apreciación inadecuada del acervo probatorio como un error de derecho y, a su vez, de hecho. Motivación sobre la que advierte, denota la falta de técnica aplicada en los planteamientos esbozados en el libelo casacional.

IX. CONSIDERACIONES Sea lo primero indicar que la sentencia impugnada viene precedida de la doble presunción de acierto y legalidad,

propia de este tipo de providencias. Esta se basa en la necesidad social de que imperen los principios de certeza y confianza legítima que generan las decisiones tomadas por un funcionario público investido de jurisdicción y competencia, en ejercicio de las facultades y deberes de orden legal y constitucional. Sin embargo, dicha inferencia puede ser derruida por la parte que esté asistida del interés jurídico económico para que se le conceda el recurso, siempre que acierte en el planteamiento y en la demostración de sus inconformidades. A tal efecto, su tarea parte de la identificación de los pilares sobre los que está construido el pronunciamiento que se propone combatir, de lo cual dependerán la vía y la

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Radicación n.° 96514 modalidad de ataque que deba seleccionar, dada la exigencia del numeral 5.º del artículo 90 del CPTSS. En el recurso extraordinario de casación se enjuicia la sentencia gravada para establecer si, al dictarla, el Tribunal observó los preceptos propios del sistema normativo que estaba obligado a aplicar para solucionar rectamente el conflicto, mantener el imperio e integridad del ordenamiento jurídico y proteger los derechos de las partes. Por ello, en esta sede se confrontan, directa o indirectamente, las normas pertinentes al caso y la sentencia emitida por el juez colegiado y, excepcionalmente, la del sentenciador unipersonal. Por el contrario, no se ventila el litigio entre quienes actúan como partes opuestas en las instancias. En efecto, memórese que en sentencia CSJ SL43152019 se precisó: […] en casación se ha venido aceptando su existencia como géneros de violación, donde el primero de ellos, el directo, comprende los tres conceptos o sub motivos de trasgresión de la Ley sustantiva denominados: infracción directa, aplicación indebida e interpretación errónea; mientras que el indirecto en el cual no tiene cabida la interpretación equivocada de la Ley, se orienta a la cuestión meramente probatoria, que encierra lo relativo a la segunda parte de la causal primera, esto es, la violación de la Ley proveniente de la apreciación errónea o de la inestimación de determinada prueba, donde ha de demostrarse que se incurrió en un error de hecho o uno de derecho (sentencia CSJ SL, del 25 de may. 2004, rad. 22.543). 2.1 Vía directa En la vía directa, el fallador puede vulnerar la ley de tres maneras posibles: a) la inaplica por ignorancia o rebeldía (infracción directa), b) la interpreta erróneamente (interpretación errónea), o c) la utiliza indebidamente (aplicación indebida). Doctrina y jurisprudencia han precisado los alcances de cada una de dichas

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Radicación n.° 96514 expresiones. La transgresión por la vía directa implica llegar a decisiones distanciadas de la ley sustancial de alcance nacional, por dislates exclusivamente jurídicos; lo que significa que, en dicho nivel, el juzgador obtiene una conclusión específica mediante la aplicación, inaplicación o interpretación de una determinada norma jurídica, quedando por fuera de su razonamiento todo lo

relativo a las pruebas del proceso o aspectos netamente fácticos. Así las cosas, quien elige este sendero de ataque debe estar conforme con todos los soportes de hecho en que el juzgador de la alzada fundó su decisión, que para el caso de autos sería que entre el actor y Concentrados del Norte hubo varias relaciones de trabajo, interrumpidas, algunas de ellas como trabajador en misión de Ultra Limitada y de Tempo Limitada, pero no un contrato único sin solución de continuidad dentro de los extremos temporales que se indican en la demanda, y que la última relación culminó por la renuncia del trabajador; así mismo que entre la fecha del último contrato con la directa empleadora y la de presentación de la demanda transcurrieron más de 3 años, por lo que cualquier obligación está prescrita; precisiones todas que impedirían la prosperidad del cargo, por cuanto como bien lo anotó la réplica, tales pilares se dejan indemnes, lo que hace que la providencia continúe adosada de la doble presunción de acierto y legalidad. 2.2 Vía indirecta A su turno, se violará la ley sustancial de alcance nacional por la vía indirecta, cuando el sentenciador estime erróneamente, o deje de contemplar algún medio de prueba. Tal proceder lo conducirá a incurrir en errores de hecho o de derecho, consistentes ambos, en tener por probado dentro del proceso algo que realmente no lo está, o, en no tener por acreditado lo que realmente sí lo está; los primeros, (conocidos como «de hecho»), se cometen –en la casación del trabajosolo respecto de las pruebas calificadas,

estas son, la confesión judicial, la inspección judicial o el documento auténtico y, los segundos (llamados «de derecho»), sobre las pruebas solemnes. Ha dicho la Corte que cuando la acusación se enderece formalmente por la vía indirecta, le corresponde al censor cumplir los siguientes requisitos elementales: precisar los errores fácticos, que deben ser evidentes; mencionar cuáles elementos de convicción no fueron apreciados por el juzgador y en cuáles cometió errónea estimación, demostrando en qué consistió esta última; explicar cómo la falta o la defectuosa valoración probatoria, lo condujo a los desatinos que tienen esa calidad y determinar en forma clara lo que la prueba en verdad acredita. Dicho en otras palabras, cuando de error de hecho se trata, es deber del impugnante en primer lugar precisar o determinar los

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Radicación n.° 96514 errores y posteriormente demostrar la ostensible contradicción entre el defecto valorativo de la prueba y la realidad procesal, sirviéndose para ello de las pruebas que considere dejadas de valorar o erróneamente apreciadas (sentencia CSJ SL, 23 de mar. 2001, rad. 15148). Es decir, en los cargos ha debido quedar claro qué es lo que la prueba, hábil en casación, acredita, cuál es el mérito que le reconoce la ley, y cuál hubiese sido la dec