CSJ - SL206-2023

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Sala de Descongestión N. 3 JORGE PRADA SÁNCHEZ Magistrado ponente SL206-2023 Radicación n.° 89839 Acta 4 Bogotá, D. C., quince (15) de febrero de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por MARTHA RODRÍGUEZ VILLARREAL, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C, el 18 de septiembre de 2019, en el proceso que instauró contra DELCOP COLOMBIA SAS.

I. ANTECEDENTES Martha Rodríguez Villarreal llamó a juicio a Delcop Colombia SAS, a fin de obtener el pago de 2 días de salario adeudados, la indemnización por despido sin justa causa, la sanción moratoria y las costas del proceso.

Fundamentó sus pretensiones en que el 1 de junio de 1992 ingresó a laborar a Xerox de Colombia S.A, que fuera

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Radicación n.° 89839 sustituida por Delcop Colombia SAS el 30 de junio de 2010, en donde fungió como Gerente de Talento Humano desde el 1 de abril de 2010 hasta el 3 de agosto de 2017, en la ciudad de Bogotá, cuando presentó renuncia motivada. Narró que en 2014, los dueños de la encausada constituyeron «BIG GROUP SALINAS COLOMBIA SAS)), cuyo objeto era distinto al giro ordinario de Delcop, pues se dedicaba al «estudio, montaje, explotación, conservación, exploración,

industrialización de la actividad minera, entre otros». A partir del 17 de noviembre de 2014, su empleador le ordenó viajar a Manaure, Guajira, a realizar actividades propias de la nueva compañía; puntualmente, ejercer la Gerencia de Talento Humano, en donde su patrono no tenía sede. Informó que en septiembre de 2016, el gerente general de Delcop Colombia SAS, aparentemente, modificó sus funciones para que pudiera trabajar fuera de las instalaciones y nombró a otra persona en ese cargo; sin embargo, en realidad, no fue así, dado que, a partir de diciembre del mismo ario, debió cubrir simultáneamente el cargo de responsabilidad social y talento humano en ambas empresas. Manifestó que las órdenes fueron impartidas por Delcop y BG Salinas, y sus funciones eran paralelas; empero, nunca se reconoció que laboró para la segunda y, menos, que ocupaba el cargo de gerente de responsabilidad social en el municipio de Manaure. Que Delcop, tampoco admitió que

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Radicación n.° 89839 prestaba servicios a una compañía distinta, dado que siguió a cargo del pago de salarios y prestaciones sociales. Añadió que, como efecto de los constantes cambios de funciones y a los desplazamientos a Manaure, debió consultar por psicología; fue diagnosticada con 44Trastorno Emocional, por dificultad en el trabajo desde enero de 2017, trastorno de adaptación depresivo recurrente» y recibió tratamiento psiquiátrico para controlar los estados depresivos; fue incapacitada por 10 días.

Relató que las recomendaciones médicas para no superar la jornada de trabajo legal y evitar desplazamientos fuera de la ciudad, fueron puestas en conocimiento de la encausada el 7 de julio de 2017. Presentó carta de renuncia por causas imputables al empleador el 3 de agosto de 2017, pero sus argumentos fueron rechazados por la demandada ese mismo día (fls. 1 a 41). Delcop Colombia SAS se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y prescripción. Aceptó los extremos temporales de la relación contractual, el cargo de gerente de recursos humanos ocupado por la actora y la variación en sus funciones, que apuntó a mejorar sus condiciones laborales. Aclaró que solo era accionista de ((BIG Group Salinas Colombia SAS», que no propietaria. Adujo que no le constaban las actividades desplegadas por la trabajadora en favor de BG Salinas, toda vez que se

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Radicación n.° 89839 refería a un tercero ajeno al proceso. Expuso que colaboró ocasionalmente con labores sociales con dicha compañía, pero negó que hubiese sido enviada a laborar para aquella. Aseveró que como en ejercicio de su cargo le correspondía «LA ADMINISTRACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES LABORALES», la actora debió advertir oportunamente a su empleadora de cualquier irregularidad u omisión en la ejecución de los contratos de trabajo, incluido el suyo. Negó que aquella hubiera comunicado su estado de salud antes de la dimisión, por manera que se trató de una

renuncia (fls. 159 a 183).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El 16 de julio de 2019, el Juzgado Veinticuatro Laboral

del Circuito de Bogotá D.C, resolvió: Primero: Declarar que entre la demandante Martha Rodríguez Villareal y Delcop Colombia SAS, existió un contrato de trabajo a término indefinido entre el 1 de julio de 1992 y el 3 de agosto de 2017.

Segundo: Condenar a la demandada Delcop Colombia SAS a pagar a favor de la demandante, las siguientes sumas y por los siguientes conceptos debidamente indexados: a) La suma de $189.788 por un día de salario correspondiente al 3 de agosto de 2017. b) La suma de $113.391.531 por indemnización por despido sin justa causa, consagrado en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo.

Tercero: Absuelve a la demandada de las demás pretensiones (...).

Cuarto: Declarar no probada la excepción de prescripción.

Quinto: Condenar en costas a la parte demandada (...).

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver la alzada de ambas partes, el Tribunal resolvió.

PRIMERO: REVOCAR el literal B del numeral 2.° de la sentencia proferida por el Juzgado (...), para en su lugar, absolver a (...) Delcop Colombia S.A.S. de la condena (...) por concepto de indemnización por despido sin justa causa (...).

SEGUNDO: MODIFICAR el literal A del numeral 2.° de la

sentencia recurrida y, en su lugar, condenar a (...) Delcop Colombia S.A.S. al pago de la suma de $376.576 por concepto de los salarios no cancelados correspondientes a los días 2 y 3 de agosto de 2017 (...).

TERCERO: MODIFICAR el numeral 5° de la sentencia apelada para, en su lugar, condenar a (...) Delcop Colombia S.A.S. a pagar las agencias en derecho en la suma de $414.058, en favor de la aquí demandante.

CUARTO: CONFIRMAR (...) en todo lo demás.

QUINTO: Costas. Sin costas en esta instancia. Las de primera como ya se manifestó (...).

En función de dilucidar si se abría paso la condena por indemnización por despido, 2 días de salario y la sanción moratoria, incursionó en el análisis del interrogatorio de parte absuelto por la representante legal de la enjuiciada, dedujo que a la actora se le asignaron nuevas funciones, pero «de igual manera, esta ostentaba el cargo de recursos humanos y que, este cargo, tenía funciones de responsabilidad social». Así mismo, que antes de 2014, Rodríguez Villarreal viajó a la Guajira en 2 oportunidades. Enseguida expuso que, en punto al cargo de gerente de responsabilidad social, la promotora del litigio «debía constituir el perfil del cargo porque esa era su responsabilidad

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Radicación n.° 89839 y por ser la gerente del área, así como el perfil de los demás colaboradores». De cara a la concurrencia de 2 gerentes de recursos humanos, dedujo que la absolvente había explicado

que se dio «una responsabilidad compartida de talento humano nominal por unos trabajos que debían soportar». Respecto de la salud de la demandante, coligió que la deponente no supo sino hasta el 3 de agosto de 2017, a pesar de que su comunicación era fluida; además que, por este aspecto, nunca reclamó ni objetó, y que, de hecho, siempre cumplió las labores asignadas. De lo aseverado por la actora en la declaración de parte que rindió, destacó que había sostenido que las vacaciones fueron hasta el 1 de agosto de 2017 y se presentó a laborar los 2 días siguientes. Que en una reunión con la gerente general, le fueron asignadas funciones de responsabilidad social, «quien le indicó que iba a cambiar su rol por un nuevo proyecto» y que el cargo de responsabilidad social lo desempeñó desde el 16 de octubre de 2016 hasta la culminación del contrato de trabajo. Que si bien, nunca manifestó por escrito su inconformidad, sí informó a la gerente general que tenía mucho trabajo y padecía de ansiedad y estrés por exceso de trabajo; también, que la interrogada manifestó que su cargo siempre fue el de gerente de recursos humanos, «porque aun cuando la nombraron en el otro cargo, continuó prestando sus servicios en esas funciones». En torno a las declaraciones de terceros, dedujo: SCLAJPT-10 V.00 6 ?' Radicación n.° 89839

Nidia Triana Orjuela: analista de recursos humanos desde 2012 hasta noviembre de 2016 y subordinada de la accionante. Expuso que esta desplegaba actividades de selección, contratación, descargos, parte administrativa y,

durante un tiempo, en seguridad y salud en el trabajo; igualmente, que su jefe empezó a viajar en 2014, con responsabilidades en Delcop y Big Salinas Colombia. Que la testigo afirmó que no se trató de un nuevo cargo, «sino de nuevas funciones asignadas al mismo cargo que venía desempeñando». También, que expuso que la carga laboral de la demandante era muy pesada, tanto que «poco a poco la fue deteriorando y se puso depresiva y que, posteriormente, al ser cambiada de oficina, su estado empeoró». Agregó que Rodríguez Villarreal viajaba constantemente a Manaure, donde la demandada no tenía sede, pero sí Big Salinas Colombia. También, relievó que no supo que aquella informara a la gerencia sobre su descontento, «porque ella siempre trabajó con mucha dedicación y nunca presentó reparo por las labores encomendadas».

Emilce Fiallo: laboró para Delcop Colombia desde finales de 2016 hasta febrero de 2017, en programación de nómina y procesos del área de recursos humanos. Aunque expuso que la accionante solo viajó una vez a Manaure, también afirmó que «sus viajes eran por cuestiones de responsabilidad social», por Delcop, que no por Big Salinas Colombia. Que aquella fue cambiada a una oficina más cómoda y que nunca informó a la empresa sobre alguna irregularidad, a más que «siguió cumpliendo parcialmente el cargo de recursos humanos, toda vez que el cargo se

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Radicación n.° 89839 encontraba en transición y que, además, estas labores al ser

tan dispendiosas, se tardaron un tiempo en entregar dicho cargo».

Aída Rocío Guerrero: destacó que la testigo relató que cuando la demandante dejaba de asistir a los comités se debió a que se hallaba en la Guajira y que mientras la actora ejecutó labores en responsabilidad social, Emilce Fiallo se hizo cargo de la gerencia de recursos humanos, «pero que, en realidad, fue la demandante quien continuó con esas funciones». Agregó que la señora Rodríguez sí trabajó el 3 de agosto, porque ese día almorzaron juntas. También, dijo que no le constaba algún reclamo de aquella.

Yesenia Rodríguez: asistente de talento humano en Delcop Colombia, cuya jefe era Emilce Fiallo. Conoció a la promotora del pleito porque era la gerente de recursos humanos saliente y estaba tomando el cargo de responsabilidad social. «En cuanto a que la demandante cumplió con 2 cargos al mismo tiempo, explicó que lo que se presentó fue un apoyo de la señora Rodríguez, por cuanto Emilce Fiallo estuvo porf uera de la empresa». Informó que no recuerda haberla visto trabajando el 2 y 3 de agosto de 2017.

Guillermo Rozo Torres: gerente financiero de la accionada hasta el 30 de abril de 2017. Narró que la actora fungió como gerente de talento humano y en 2014, «comenzó a tomar el tema de responsabilidad social con Big Salinas y viajaba a la ciudad de Manaure, Guajira». Que aunque la señora Fiallo colaboró en recursos humanos, «la gerente de

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B Radicación n.° 89839 recursos humanos siempre fue Martha Rodríguez Villarreal». Que si bien, no se enteró de alguna reclamación de esta por sus funciones, «lo cierto es que se le notaba en su aspecto fisico el deterioro».

John Jairo Gallego: abogado de la convocada al juicio desde febrero de 2015, manifestó que durante el tiempo en que la accionante «estuvo distante del área de recursos humanos, que lof ue aproximadamente 4 o 5 meses, porque se encontraba al frente de las labores de responsabilidad social y que el cargo de recursos humanos quedó a cargo de Emilce Fiallo y Yesenia Rodríguez», según nombramiento que hiciera la gerente general Marly Pico. Finalmente, que el 3 de agosto de 2017, la actora pasó a despedirse.

Tras dejar al margen de la discusión que entre los contendientes existió un contrato de trabajo desde el 1 de julio de 1992 hasta el 3 de agosto de 2017, y que la demandante había puesto fin a la relación laboral «por despido indirecto», mediante comunicación que daba cuenta de las razones de la decisión (fls. 107 a 114), trajo a colación la regla del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, según la cual, el trabajador debe demostrar el despido y el empleador la justa causa en que se apoyó para tomar la decisión, para exonerarse de la condena. Se refirió a las causas de terminación del contrato de trabajo por iniciativa del trabajador, previstas en el literal b) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Precisó que, en los eventos de despido indirecto, el trabajador

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Radicación n.° 89839 soportaba la carga de probar que las razones plasmadas en la carta de dimisión, eran imputables al patrono; de no, se trataba de una renuncia simple (CSJ SL14220-2017). Enseguida, consideró que lo expuesto por la accionante en la carta de terminación del contrato, satisfacía la exigencia de exponer las razones de la decisión; así mismo, que en la respuesta (fl. 121), la demandada «manifestó estar en desacuerdo con sus razones y que nunca antes tuvo conocimiento de estas situaciones sino hasta el día 3 de agosto de 2017,f echa en que presentó la carta de renuncia».

Y disertó: De conformidad con lo anterior, al confrontar esta corporación la norma traída a colación con las pruebas debidamente allegadas al proceso, se observa que las causales en que la demandante fundamenta la terminación del contrato de trabajo por causas imputables al empleador, no se encuentran enlistadas en el artículo 62 literal b) y en los artículos 57 y 59 del Código Sustantivo del Trabajo, como quiera que si bien, a esta le fueron modificadas sus funciones y posteriormente su cargo, lo cierto es que no se encuentra demostrado que dichos cambios hubieran violentado las obligaciones y prohibiciones del empleador.

Así mismo, no se encuentra demostrado que, en alguna oportunidad, la actora haya manifestado descontento alguno u oposición a las nuevas funciones que le fueron asignadas; de hecho, de ninguno de los testimonios recepcionados por el juez (...) se pudo encontrar que la demandante haya dado siquiera un aviso de su estado de salud y de estrés por las altas cargas

laborales; inclusive, los testigos Yesenia Rodríguez y John Jairo Gallego Jiménez indicaron que a la demandante poco a poco se le fue relevando de sus funciones como gerente de recursos humanos para dejarla en cabeza de la señora Emilce Fiallo. Así mismo, es de resaltar que de acuerdo a lo manifestado por los testigos Nidia Triana Orjuela, Aída Rocío Guerrero y Guillermo Roso Torres, la demandante se encontraba en cumplimiento de las funciones de responsabilidad social desde el ario 2014, razón por la que menos aun es de recibo para esta sala (...) que solo hasta el día 3 de agosto de 2017 manifestara su

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Radicación n.° 89839 inconformismo presentado en la carta de terminación imputable al empleador. Frente a esta situación, es menester traer a colación lo manifestado por la (...) Sala de Casación Laboral, entre otras, en la sentencia con radicado SL2412 de 2016 (...), donde manifiesta que para que la modalidad del despido indirecto produzca los efectos legales, no solo es necesario que tal decisión obedezca a los motivos consignados, en principio en la ley, sino que ellos deben ser necesariamente comunicados de manera clara, precisa y por escrito al empleador, que las razones que justifiquen esa terminación deben ser expuestas con la debida oportunidad, a fin de que no haya lugar a duda alguna acerca de las razones que dieron lugar a tal terminación y que la decisión de finiquitar el vinculo contractual en esas condiciones, deben realizarse dentro de un término prudencial razonable, de suerte que no exista duda de que el motivo que se alega como originario del mismo,

en realidad lo es; es decir, que se evidencia el nexo causal entre uno y otro, lo que lógicamente no implica que el despido indirecto deba darse de manera inmediata o coetánea con el hecho generador del mismo y que eventualmente puedan ocurrir situaciones en que resulten imposibles de cumplir con ese postulado del término razonable y, en tales eventos, le corresponderá precisamente al trabajador demostrar que dicha dilación no fue injustificada. Lo anterior, teniendo en cuenta el ius variandi, que es de pleno conocimiento para las partes aquí presentes y de conformidad con lo probado en el juicio y manifestado en la sentencia anteriormente señalada, resulta evidente que en el presente caso la actora no demostró que la renuncia (...) tuvo una directa relación con las situaciones enlistadas en el articulo 62 literal b) del CST y, por lo tanto, se revocará la condena de primera instancia (...). Con base en lo declarado por los testigos, dedujo que la demandante había laborado los días 2 y 3 de agosto, de suerte que había lugar a ordenar el pago de $379.576. Sin embargo, no halló viable imponer la indemnización por falta de pago, en la medida en que encontró demostrada la buena fe del empleador, pues nunca dejó de pagar los derechos causados por la prestación del servicio, al punto que no

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Radicación n.° 89839 demandó la satisfacción de alguna otra acreencia. Enseguida, expuso: [...] se observa a folio 125 del expediente, que en fecha 16 de septiembre de 2017 a la actora le fueron canceladas todas las

prestaciones sociales liquidadas a la finalización de su contrato laboral, encontrándose dentro de un término prudencial, pues apenas tardó poco más del mes en cancelar dichos valores. Conforme a lo anterior, el actuar de la entidad demandada no puede ser constitutivo de mala fe, pues a la terminación del contrato laboral canceló las acreencias laborales reclamadas y no se encuentra que haya incurrido en mora.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte. Se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case la sentencia gravada en cuanto revocó la condena por indemnización por despido. Así mismo, en cuanto modificó el numeral 5.° del fallo de primer grado y le impuso costas; finalmente, en la medida en que confirmó la absolución por indemnización moratoria. Pide que, en sede de instancia, modifique el literal b) del numeral 2.° y, en su lugar, condene al pago de la indemnización por despido conforme lo previsto «en la Ley 50 de 1990, sin la modificación de la Ley 789 de 2002». También, aspira a que confirme el numeral 5.°, revoque el 3.° y, en su lugar, imponga condena a titulo de indemnización moratoria.

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Radicación n.° 89839 Con tal propósito formula 4 cargos, que merecieron réplica. Se estudiarán en conjunto el 1.0 y 2.°, así como el 3.° y 4.°, en tanto denuncian el mismo elenco normativo, se

sirven de argumentos complementarios y persiguen idéntico fin.

VI. CARGO PRIMERO Denuncia violación directa, por interpretación errónea, de los artículos 23, 55, 57 y 62 literal b) y su parágrafo, del Código Sustantivo del Trabajo, que condujo a la infracción directa de los artículos 64 ibídem, 25 y 53 de la Constitución

Política. Recuerda que el Tribunal advirtió que las causales del despido indirecto no se hallan enlistadas en los artículos 57, 59, ni en el literal b) del artículo 62, parágrafo único, del Código Sustantivo de Trabajo. Considera equivocado que, no obstante haber verificado el cambio en el cargo y las funciones, el Tribunal dedujera que ello no comportaba la infracción de las obligaciones del empleador, así como la incursión en las prohibiciones, como lo señaló en la carta dimisoria. Afirma que el juzgador de la alzada entendió inadecuadamente el sentido de la sentencia CSJ SL24122016, en la medida en que exigió que las causas de la terminación fueran dadas a conocer con mediana antelación, que no en la carta de renuncia. Por el contrario, asevera, la Corte ha adoctrinado que, para estos eventos, no existe límite temporal, sino que la misiva debe ser clara y precisa en punto

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Radicación n.° 89839 a los motivos del finiquito, tal cual lo hizo, con base en la inconformidad que se suscitó por el envío a prestar servicios a un empleador distinto, en un lugar diferente al de su

residencia, donde quedaban las instalaciones de B.G. Salinas

(CSJ SL11253-2015).

Aduce que si bien, el empleador puede disponer administrativamente de su personal en beneficio de la empresa, ello no justifica el desmejoramiento de las condiciones laborales, en tanto supera las posibilidades del ius variandi, de suerte que con ello también interpretó con desdén el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo y de paso, arrasó con el «principio constitucional del trabajo en condiciones dignas y justas», de suerte que legitimó «los actos abusivos y transgresores» que propiciaron afectaciones en su salud. Afirma que dicha manifestación del poder subordinante del empleador no es ilimitada, sino que su ejercicio debe obedecer a razones objetivas y válidas, para que pueda justificar la necesidad y pertinencia de las modificaciones, en función de evitar cambios arbitrarios y caprichosos o que, incluso, obedezcan a un acoso laboral en un intento de provocar la renuncia del trabajador (CSJ SL26 jul. 1999, rad. 10969, CSJ SL 26 jun. 2012, rad. 44155). Para cerrar, asegura que la decisión gravada no solo agrede las normas nacionales, sino también los tratados internacionales que imponen el respeto al trabajo en condiciones dignas,j ustas y equitativas (CSJ 5L1682-2019).

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VII. RÉPLICA Sostiene que no se cometieron los desafueros endilgados por la censura pues, como bien coligió el juez de

apelaciones, la empresa solo conoció los padecimientos de la trabajadora cuando decidió renunciar. Agrega que las causales esgrimidas en la carta no se hallan relacionadas en el literal b) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, de suerte que la decisión se ajusta a las previsiones legales.

VIII. CARGO SEGUNDO Por vía indirecta, acusa aplicación indebida de los artículos 23, 55, 57, 59 y 62, literal b), parágrafo único, y 64 del Código Sustantivo del Trabajo; 2 y 7 de la Ley 1010 de 1993 y 25 y 53 de la Constitución Política.

Como errores de hecho, enlista:

1. No dar por demostrado, estándolo, que a pesar de estar probadas las modificaciones en sus condiciones contractuales, tales como nuevo cargo y funciones, no se desconocieron las obligaciones y prohibiciones del demandado.

2. No dar por demostrado, estándolo, que a pesar de estar probadas las modificaciones contractuales a la demandante se le desmejoraron sus condiciones de trabajo, por el cambio aparente de cargo, la asignación de nuevas funciones en Manaure (...), la sobrecarga laboral al tener que asumir las actividades de talento humano para dos compañías, una de ellas diferente a la contratada.

3. No dar por demostrado, estándolo, que, al ordenarle prestar servicios de Talento Humano, asignarle nuevas y más funciones

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Radicación n.° 89839 de responsabilidad social para una empresa diferente a la contratada en Manaure (...), generó carga excesiva de trabajo.

4. No dar por demostrado, estándolo, que la promotora del juicio al realizar el examen de egreso, no fue satisfactorio, precisamente por su patología pediátrica (sic) con ocasión del exceso de trabajo.

5. No dar por demostrado, estándolo, que al realizar trabajo en Manaure la Guajira, en fines de semana, ocasionó un deterioro mental y afectación a las condiciones dignas en el trabajo.

6. Dar por demostrado, sin estarlo, que las causales en que se fundamentó la terminación del contrato de trabajo por causas imputables al empleador, no se encuentran enlistadas en el artículo 62, literal B y en los artículos 57 y 59 del Código

Sustantivo del Trabajo.

7. Dar por demostrado, no estándolo, que la decisión de terminación del contrato, obedeció a una decisión unilateral de la actora.

8. Dar por demostrado, sin estarlo, que los motivos que llevaron a la promotora del juicio a terminar el contrato por causas imputables al empleador, no fueron comunicados de manera oportuna al empleador.

9. No dar por demostrado, estándolo, que las situaciones fácticas y jurídicas, detalladas en la carta de terminación del contrato de trabajo, configuraron justa causa imputable al empleador

(Despido Indirecto).

10. Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandada adujo razones objetivas y válidas, de orden técnico u operativo que lo hagan ineludible o, al menos, justificable la utilización del ius variandi.

11. No dar por demostrado, estándolo, que la actora tiene

derecho al reconocimiento y pago de la indemnización por despido injusto, conforme lo establece la Ley 50 de 1990. Como pruebas mal valoradas, denuncia la demanda inicial (fls. 1 a 41) y su contestación (fls. 159 a 183), la carta de terminación del contrato de trabajo (fls.107 a 114) y su respuesta (fl. 120), el contrato de trabajo y el perfil del cargo (fls. 47 y 52), los correos electrónicos de folios 56 a 62, 70, 71, 81, 82, 87 a94, 115, 118, 186 y 187, las actas de reunión SCLAJPT-10 V.00 16 ji Radicación n.° 89839 de 22 de febrero de 2017 (fl. 85) y de comité general de 29 de noviembre de 2016 (fls. 190 y 191), los tiquetes aéreos (fls. 66 a 68, 75, 84 y 104), los formatos de legalización de gastos de viajes (fls. 63, 68, 74 y 83). También, las autorizaciones de BG Salinas para los trámites relacionados con los aprendices de dicha compañía (fls. 64 y 65), los certificados laborales (fls. 73, 86, 122 y 139), la historia clínica, la incapacidad y la comunicación a la encausada sobre su enfermedad (fls 95 a 105), así como la confesión en el interrogatorio de parte del representante legal (fl. 97) y las declaraciones de Nidia Triana, Emilce Fiallo, Aida Guerrero, Guillermo Rozo y John Jairo Gallego.

Sostiene que si hubiera valorado adecuadamente las pruebas, el Tribunal habría concluido sin dificultad en la existencia de justas causas para poner fin al contrato de trabajo, pues es evidente la violación de las prohibiciones pactadas en dicho documento; puntualmente, la prestación de servicios a otros empleadores (f. 47). Advierte que en las funciones enlistadas en el perfil del cargo (fl. 52), no estaba la «responsabilidad social» a favor de una empresa distinta a Delcop Colombia S.A.S. Por ello, dice, dicha imposición significó un abuso del poder subordinante del patrono, en tanto exigió que continuara ejecutando las funciones de gerente de recursos humanos en su favor. Que así lo confesó el representante legal de la encausada cuando confirmó la «ampliación def unciones» y su ubicación en lugar distinto al convenido inicialmente.

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Radicación n.° 89839 Asevera que el uso inadecuado del ius variandi se torna patente con los correos electrónicos, los tiquetes aéreos, los formatos de legalización de gastos de viaje a Manaure, y las autorizaciones emitidas por BG Salinas, en donde se le ordena «realizar trámites relacionados con los aprendices». Aduce que de dichas pruebas no se extraen razones válidas y objetivas, operacionales o administrativas, para que su empleador hubiera decidido enviarla a trabajar en un sitio distinto al inicialmente convenido, y a favor de una compañía no relacionada directamente con su patrono. Sostiene que por razón del traslado, se desmejoraron sus condiciones de trabajo y se generó un «trastorno

emocional por dificultad en el trabajo, cambios en su entorno laboral por más de 4 años [y] trastorno de adaptación», que la obligó a presentar renuncia motivada. Explica que lo anterior comporta una justa causa, más aún si se tiene en cuenta que informó a Delcop sobre sus padecimientos y este decidió ignorar las recomendaciones médicas. Asevera que de haber valorado correctamente los testimonios de Nidia Triana, Emilce Fiallo, Aida Guerrero, Guillermo Rozo y John Jairo Gallego, el ad quem habría colegido que sus declaraciones coincidieron en afirmar que ella siempre fungió como gerente de talento humano de la encausada y, paralelamente, ejecutó actividades de responsabilidad social en BG Salinas; así mismo, que su jornada superaba las 5 pm y fue enviada a Manaure, donde Delcop Colombia S.A.S. no tenía sede.

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IX. RÉPLICA Se pronuncia en términos similares a los del primer cargo. Añade que no quedó demostrada una desmejora en las condiciones de trabajo de la recurrente, por manera que no se incurrió en los yerros fácticos endilgados.

X. CONSIDERACIONES A pesar de la senda seleccionada para sustentar el segundo cargo, no se encuentra en discusión que la actora laboró para la demandada desde el 1 de julio de 1992, y que presentó renuncia motivada a partir del 3 de agosto de 2017

(fls.107 a 114). Para revocar la condena por indemnización por despido,

el juez de apelaciones consideró que las razones aducidas para poner fin a la relación de trabajo no estaban enlistadas en el literal b) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo y no halló razonable que la trabajadora solo mostrara inconformidad a la fecha del retiro. Además, no encontró probado que el empleador incumpliera sus obligaciones contractuales, ni sobrepasado los límites que el ejercicio ponderado de uno de los atributos que el poder subordinante permite, como es la posibilidad de modificar el lugar donde el trabajador comenzó a prestar el servicio contratado, y la asignación de funciones adicionales.

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