CSJ - SL2069-2020

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL2069-2020 Radicación n.° 80066 Acta 23 Estudiado, discutido y aprobado en sala virtual. Bogotá, D. C., primero (1°) de julio de dos mil veinte (2020). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 5 de octubre de 2017, en el proceso ordinario laboral que instauró JESÚS EMILIO SIERRA HOYOS y RUBIELA DE JESÚS JIMÉNEZ DE SIERRA contra la sociedad recurrente, al que fue vinculado YEISON ARLEY SIERRA ROJAS como interviniente ad excludendum.

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I. ANTECEDENTES Jesús Emilio Sierra Hoyos y Rubiela de Jesús Jiménez de Sierra demandaron a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., con el fin de que sea condenada al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, causada con ocasión del fallecimiento de su hijo Jesús Ernesto Sierra Jiménez, a partir del 4 de febrero de 2014, fecha de su deceso; los intereses moratorios; lo que resulte probado ultra o extra petita; y las costas.

Como fundamento de sus peticiones, manifestaron que su hijo Jesús Ernesto Sierra Jiménez falleció el 4 de febrero de 2014, quien se encontraba afiliado a la entidad

demandada; que para el momento de su deceso no tenía cónyuge, hijos menores o inválidos a su cargo; y que si bien el finado tenía un hijo, este es mayor de edad y se encontraba laborando «situación que de hecho hizo conocer a la [a]seguradora por medio de declaración escrita aportada a la investigación realizada por la AFP». Dijeron que vivían con el causante y dependían económicamente de éste, quien sufragaba casi en su totalidad los gastos del hogar; que el 1º de agosto de 2014, como únicos beneficiarios, solicitaron la pensión de sobrevivientes; que dicha prestación les fue negada mediante comunicaciones del 19 y 20 de enero y del 3 de febrero de 2015, en las que se adujo que no dependían del afiliado; y que el señor Sierra Jiménez cotizó 163 semanas en materia

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Radicación n.° 80066 pensional, de la cuales 64,28 lo fueron en los tres años anteriores al deceso. La accionada, en su contestación a la demanda, se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó que el señor Jesús Ernesto Sierra Jiménez estaba afiliado a esa AFP, que los demandantes reclamaron la pensión de sobrevivientes y que dicha prestación les fue negada; y de los restantes dijo que no le constaban o que no eran ciertos. Propuso la excepción previa de falta de integración de la litis por activa; y como de fondo las que denominó: falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas,

inexistencia de beneficiarios, buena fe y prescripción. Como razones de su defensa, expresó que el causante tenía un hijo «quien no ha presentado reclamación de la pensión de sobrevivientes», pero de demostrarse su calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, excluiría el derecho pretendido por los demandantes como padres, quienes de todas formas no son beneficiarios, por cuanto no dependían económicamente del afiliado. Y añadió que: Si bien es cierto el señor JESUS ERNESTO SIERRA JIMENEZ estaba afiliado a la seguridad social en pensiones a través de la AFP de PORVENIR S.A. y al momento de su óbito, sus cotizaciones, eran suficiente para dar cumplimiento al requisito de densidad de aportes establecido en el artículo 12 de la ley 797 de 2003 para generar la prestación por sobrevivencia, también lo es, que el señor SIERRA JIMENEZ no dejó beneficiarios de dicha prestación, en los términos del artículo 13 de la misma preceptiva, por cuanto existe un hijo del causante mayor de edad, no estudia y no dependía económicamente del demandante así como tampoco los hoy demandantes con respecto a su hijo.

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Radicación n.° 80066 El despacho de conocimiento, en audiencia celebrada el 28 de junio de 2016, ordenó citar en calidad de intervinientes ad excludendum al hijo Yeison Arley Sierra Rojas, quien fue notificado de tal decisión y no elevó súplica alguna (f.o 115 a 116).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia proferida el 8 de mayo de 2017, resolvió: PRIMERO: Se DECLARA que a la señora RUBIELA DE JESÚS JIMÉNEZ DE SIERRA, identificada con la C.C. N° 21.861.613, y al señor JESÚS EMILIO SIERRA HOYOS, con cédula número 3.548.811, les asiste derecho a percibir la PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES causada por su hijo JESÚS ERNESTO SIERRA JIMÉNEZ, quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía 70.927.230, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: Se CONDENA a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., representada legalmente por Dr. MIGUEL LARGACHA MARTÍNEZ, a reconocer y pagar a la señora RUBIELA DE JESÚS JIMÉNEZ DE SIERRA, identificada con la C.C. N° 21.861.613, y al señor JESÚS EMILIO SIERRA HOYOS, identificado con cédula número 3.548.811, la suma $27.620.733 por concepto de retroactivo de la pensión de sobrevivientes causado entre el 4 de febrero de 2014 y el 30 de abril de 2017, en 50% para cada uno. A partir del 1° de mayo de 2017 la entidad demandada seguirá reconociendo a los demandantes una mesada pensional equivalente al salario mínimo legal vigente en cada anualidad, de conformidad con la

parte considerativa de esta sentencia.

TERCERO: Se CONDENA a PORVENIR S.A. a pagar a los demandantes, los intereses moratorios a que hace referencia el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 a partir del 02/10/2014 sobre las mesadas adeudadas y causadas hasta el momento de la inclusión en nómina de pensionados, atendiendo la causación de cada una ellas a la tasa máxima de interés moratorio vigente al momento del pago, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO: Se DECLARA NO PROBADA la excepción de PRESCRIPCIÓN, las demás excepciones propuestas por el apoderado de la parte accionada quedan implícitamente resueltas con los fundamentos de la decisión.

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QUINTO: Se CONDENA en costas a cargo de la demandada y a favor de los demandantes, por haber resultado vencida en juicio, se fijan agencias en derecho, en la suma de $5.164.019, de acuerdo con la parte motiva.

(Negrillas propias del texto).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la sociedad demandada, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante fallo del 5 de octubre de 2017 confirmó la decisión de primer grado.

Impuso costas en la segunda instancia a cargo de la AFP recurrente. En lo que interesa al recurso extraordinario, el ad quem manifestó que en el plenario no era objeto de discusión lo siguiente: i) que Jesús Ernesto Sierra Jiménez falleció el 4 de

febrero de 2014 y; ii) que los demandantes ostentan la calidad de padres del difunto afiliado. Adujo que las disposiciones que rigen la pensión de sobrevivientes son los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003; y que en el plenario estaba acreditado que el causante cotizó el número de semanas exigidas a efectos de que sus beneficiarios, en caso de existir, accedieran a la pensión solicitada, toda vez que de la historia laboral obrante a folios 22 a 26 del plenario se desprendía que aportó un total de 170.8 semanas, de las cuales 82,72 lo fueron en los tres años anteriores al deceso.

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Radicación n.° 80066 Expresó que los promotores del proceso reclamaron la pensión de sobrevivientes el 1º de agosto de 2014 (f.o 27 y 84 a 90), la que les fue negada mediante comunicación del 19 de enero de 2015, en la cual se adujo que los padres no acreditaron la dependencia económica con el causante y que la devolución de saldos se entregaría al hijo del finado como eventual heredero; negativa que fue reiterada el 20 de enero y el 3 de febrero de 2015 (f.o 20 y 29 a 32). Resaltó el Tribunal, que si bien en primer orden de beneficiarios están los hijos del finado, en este caso el descendiente del afiliado fallecido era mayor de edad y no se encontraba estudiando, requisito necesario para acceder a la pensión hasta los 25 años de edad. Definido lo anterior, se ocupó de verificar si los

accionantes en calidad de progenitores acreditaron el requisito de la dependencia económica para acceder a la prestación reclamada. En dicho sentido, después de aludir a una sentencia de la Corte Constitucional, a pruebas de carácter testimonial, entre ellas la declaración del hijo de afiliado fallecido, Yeison Arley Sierra Rojas, a los interrogatorios de parte practicados y a la documental allegada, como lo fue la investigación administrativa, en la cual se dejó sentado que «el hijo del fallecido tenía 24 años de edad y no estudiaba» sino que trabajaba; coligió que estaba debidamente acreditado que los accionantes dependían económicamente de Jesús Ernesto

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Radicación n.° 80066 Sierra Jiménez, de modo que era menester confirmar el fallo apelado que fue condenatorio. Finalmente, respecto a los intereses moratorios, el ad quem adujo que no era «real» el argumento de la recurrente, consistente en que el derecho pensional se negó por la existencia de un hijo del causante quien, en principio, tenía mejor derecho y, por tanto, que era necesaria su presencia en el proceso, situaciones que para la AFP ponían de presente que no hubo omisión. Al respecto, el colegiado sostuvo que la negativa de la pensión de sobrevivientes a los aquí accionantes, se fundó fue en que no se había acreditado la dependencia económica de los progenitores, tal como se desprendía de las comunicaciones obrantes a folios 29 a 32 del plenario. Destacó a su vez que la misma demandada «ya conocía de la situación del hijo fallecido», en razón a que en la

investigación administrativa realizada por la AFP (f.o 93), se dejó constancia de que Yeison Arley Sierra Rojas tenía 24 años de edad para la data del fallecimiento de su padre, que no estudiaba y, por tanto, no era beneficiario de la prestación. Circunstancias que a juicio del Tribunal mostraban que los argumentos de la demandada eran infundados. Añadió que habiéndose solicitado la pensión el 1º de agosto de 2014, la AFP tenía dos meses para reconocer el derecho, lo cual no hizo, de allí que debía confirmarse la

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Radicación n.° 80066 decisión de primer grado en cuanto condenó a los intereses moratorios.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la parte recurrente lo siguiente: […] que la H. Sala case parcialmente la sentencia del fallador ad quem en cuanto confirmó la condena impartida contra Porvenir S.A. a pagar desde el 2 de octubre de 2014 intereses moratorios sobre las sumas adeudadas. Luego, se pide que revoque de manera parcial la condena impuesta por la juez a quo en lo relativo al reconocimiento de intereses de mora a partir del 2 de octubre de 2014 y, en sede de instancia, absuelva a la Administradora de todo lo impetrado en materia de intereses moratorios.

También se busca que case parcialmente el fallo del juez colegiado

en cuanto no autorizó a la entidad a descontar las partidas correspondientes a los aportes al sistema de seguridad social en salud y a cargo exclusivo de los beneficiarios de la pensión; después, se pide que revoque parcialmente la sentencia de la jueza de primera instancia en el mismo sentido, es decir, por no haber facultado a la Administradora a retener lo correspondiente a aportes al sistema de seguridad social en salud y a cargo de los favorecidos con la prestación y, en sede de instancia, imponga a Porvenir S.A. la obligación de realizar tales deducciones y trasladarlas a la EPS pertinente. Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación laboral, que fueron replicados por los demandantes.

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VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia por vulnerar la ley sustancial por la vía indirecta y por aplicación indebida del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; e infracción directa de los artículos 19 del CST; 1608 del CC; 8 de la Ley 153 de 1987; 164 y 167 del CGP; 60 y 61 del CPTSS; 29 y 230 de la CN.

Expone que el Tribunal incurrió en el siguiente yerro fáctico: […] no dar por demostrado, estándolo, que cuando Porvenir S.A. se negó a reconocer la pensión de sobrevivientes que le fuera reclamada por los señores Sierra Jiménez, lo hizo válidamente amparada en que tenía conocimiento de la existencia de un hijo del causante, Yeison Arley Sierra Rojas, y quien eventualmente podría tener un mejor derecho que ellos para acceder a la pensión

de sobrevivientes impetrada, de manera que si la entidad, por ella misma, no podía determinar quién o quiénes eran beneficiarios de la prestación deprecada evidentemente no estaba obligada a otorgarla hasta tanto un juez no lo definiera, y menos aún era susceptible de tener que responder por el pago de unos intereses de mora derivados de un deber que no existía al momento en que se le presentó la solicitud de reconocimiento de la prestación y que sólo surgió con las condenas impuestas en las instancias. Aduce que tal equivocación fue producto de la errada valoración de la carta dirigida por Porvenir S.A. a la señora Rubiela de Jesús Jiménez (f.o 29 y 30); de las siguientes piezas del proceso: la demanda inicial y el escrito de respuesta al libelo genitor; y de la «Audiencia celebraba por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín (fs.107, 106 y 117 -discos compactos-, c. I)» En la demostración del cargo, la censura comienza por transcribir los artículos 141 de la Ley 100 de 1993 y 1608

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Radicación n.° 80066 del CC; y expresa que según consta en el libelo genitor, en particular en el hecho tercero, la parte accionante admitió la existencia de un hijo del causante, y que de ello conocía la demandada. Indica que la entidad convocada a juicio les manifestó a los promotores del proceso que: […] ellos no tenían derecho a acceder a tal prestación por no depender económicamente del difunto y que quien estaba eventualmente llamado a recibir una devolución de saldos era el

mencionado señor Sierra Rojas, tal y como puede constatarse con la carta de fecha 15 de enero de 2015 dirigida por la Administradora a la señora Rubiela de Jesús Jiménez (fs.29 y 30, c.1), lo que pone de manifiesto que ya desde ese momento la entidad sabía de la existencia de otra persona, distinta de los ahora demandantes, como posible beneficiaria de los derechos derivados de la muerte del señor Jesús Ernesto Sierra Jiménez y así se los hizo saber a ellos. Por otra parte, afirma que en la respuesta a la demanda introductoria se dejó expuesto en los hechos, fundamentos y razones de defensa, que a esa entidad no le resultaba posible el otorgamiento de la prestación en «habida consideración de que pudiera haber alguien con un mejor derecho, como lo era el hijo del occiso, a ellos automáticamente les quedaba vedado el pretender favorecerse con la multicitada prestación, situación que debía ser dirimida por los jueces». Señala que resulta tan evidente lo anterior, que el juzgado de conocimiento declaró probada la excepción previa propuesta por la accionada y ordenó que compareciera al proceso Yeison Arley Sierra Rojas, como interviniente ad

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Radicación n.° 80066 excludendum, según consta en la actuación que milita a folio 117; y a renglón seguido dice que: […] 3En ese orden de ideas, es palmario que cuando los señores Sierra-Jiménez le pidieron a la Administradora que les concediese la prestación derivada del deceso de su vástago ésta fundadamente se negó a conferirla en la medida en que era

consciente de la existencia de otra persona que potencialmente podía resultar favorecida con la plurimencionada prestaciónYeison Arbey Sierra Rojas-, de manera que estaba impedida para otorgarla sin que previamente se definiese si había lugar a concederla y se determinara quién era el que podía entrar a disfrutarla, tesis de Porvenir S.A. que fue confirmada a cabalidad por la jueza a quo con el llamamiento que hizo al señor Yeison Arbey Sierra para que participara dentro del juicio en calidad de interviniente ad excludendum. Finalmente, en apoyo a sus manifestaciones, transcribe algunos pasajes de las sentencias CSJ SL, 6 nov. 2013, rad. 43602 y CSJ SL6326-2016.

VII. LA RÉPLICA Los demandantes, en su condición de opositores, se oponen a la prosperidad del cargo, exponen que se no se cometió algún yerro con el carácter de evidente y que los intereses moratorios proceden sin necesidad de verificar la buena o mala fe de la obligada.

VIII. CONSIDERACIONES El tema sometido a consideración de la Corte, consiste en determinar, desde el punto de vista fáctico, sí el Tribunal se equivocó al confirmar la decisión del a quo que condenó a la sociedad demandada, aquí recurrente, al pago de los

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Radicación n.° 80066 intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; o si por el contrario, le asiste razón a la censura en su reproche consistente en que tales intereses no tenían cabida en el presente asunto, pues la entidad de seguridad

social obró con apego a la ley, en razón a que la negativa del pago de la pensión de sobrevivientes a los aquí demandantes, en condición de padres del afiliado fallecido, se sustentó en la existencia de otro potencial beneficiario de la prestación, esto es, el hijo; y, por consiguiente, no se podría hablar de retardo o mora en el cumplimiento de la obligación, pues no estaba en el deber de reconocer la prestación hasta tanto «un juez no lo definiera». Como se recuerda, en este punto en particular, el juez de apelaciones consideró en su decisión que no era cierto que la negativa de la entidad demandada para reconocer la pensión de sobrevivientes a los aquí accionantes estuviera fundada en la existencia un posible beneficiario con mejor derecho, conclusión que soportó bajo dos argumentos a saber, el primero, que en el plenario estaba acreditado que la AFP accionada negó la prestación solicitada pero por considerar que los padres del afiliado fallecido no probaron la dependencia económica, para lo cual se remitió a las probanzas obrantes a folios 29 a 32 y, en segundo lugar, que la misma accionada conocía que el hijo fallecido no tenía vocación de beneficiario de la prestación, pues en la investigación administrativa realizada (f.o 93), se dejó sentado que Yeison Arley Sierra Rojas tenía 24 años de edad para la data del fallecimiento de su padre, además que no estudiaba y, por tanto, no era beneficiario de la prestación

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Radicación n.° 80066 Previo a efectuar el análisis de los medios de convicción y piezas procesales denuncias por la censura, es pertinente

recordar que el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, que acusa el cargo como aplicado indebidamente por el Tribunal, establece la obligación de cancelar intereses de mora por el retardo en el reconocimiento y pago de pensiones, y es del siguiente tenor: A partir del 1º de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago. Al respecto, debe recordarse, que desde tiempo atrás esta Corporación ha sostenido que los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en principio y por regla general, proceden en caso de retardo en el pago de las mesadas pensionales, sin hacer distinción alguna en relación con la clase, fuente u otras calidades de la pensión que haya lugar a otorgar. Así se dejó sentado desde la sentencia CSJ SL, 29 may. 2003 rad 18.789, reiterada, entre otras, en la CSJ SL, 12 dic. 2007, rad. 32003 y recientemente en las decisiones CSJ SL6662-2018 y CSJ SL1440-2018, la cual puntualmente adoctrinó: […] es que el concepto de buena o mala fe o las circunstancias particulares que hayan conducido a la discusión del derecho pensional no pueden ser considerados para establecer la procedencia de los intereses de mora de que trata el artículo 141

de la Ley 100 de 1993, tal y como reiteradamente lo ha expuesto la jurisprudencia de esta Sala. En efecto, así dijo la Corte en sentencia de 23 de septiembre de 2002 (Radicación 18.512). “Ahora bien, de acuerdo con el artículo 141 de la Ley 100 de 1993

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Radicación n.° 80066 ‘A partir del 1º de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés, moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago’. “Del texto transcrito se desprende que el legislador previó el pago de intereses moratorios en caso de retardo en el pago de las mesadas pensionales, sin hacer distinción alguna en relación con la clase, fuente u otras calidades de la pensión, siendo irrelevante que el derecho en cuestión hubiese sido controvertido por la parte obligada a su pago. Aceptar lo contrario podría hacer nugatorio el derecho del pensionado a ser resarcido por la mora en el pago de su derecho pensional, pues bastaría que el obligado a su reconocimiento simplemente discuta el derecho en cuestión para que quede eximido de los intereses moratorios. Nótese además que a diferencia de la indemnización moratoria regulada en el artículo 65 del código sustantivo del trabajo, la propia Ley 100 de 1993 se apartó de esa terminología y denominó al beneficio en cuestión ‘intereses de mora’, con lo que se ve con claridad la naturaleza que

le asignó, descartando en todo caso el carácter de sanción o de indemnización. Y tal diferenciación no sólo es terminológica sino también respecto del distinto tratamiento que le otorga el artículo 141 citado a los intereses de mora en cuanto a su contenido y alcance, muy diferentes de los denominados por la doctrina ‘salarios caídos’, los cuales sí tienen un carácter sancionatorio”. (Subraya la Sala). En el mismo sentido, es pertinente memorar que esta Corporación ya había definido, que si bien la cancelación de los referidos intereses moratorios se encuentra supeditada a que exista mora o retardo en el pago de la prestación pensional a la que se tiene derecho, en todo caso, la naturaleza de dichos intereses es resarcitoria, pues el legislador diseñó aquellos intereses fue con miras a reparar el pago tardío de la pensión a que había lugar y no como una mera sanción al deudor. Así lo dijo la Sala en la sentencia CSJ SL 23 sep. 2002, rad. 18512. De suerte que, la Sala de Casación Laboral ha precisado que los intereses moratorios deben ser impuestos con

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Radicación n.° 80066 independencia de la buena o mala fe en el comportamiento en que haya incurrido el deudor, siempre y cuando, se demuestre el retardo injustificado en la cancelación de la prestación pensional, en cuanto se trata simplemente del resarcimiento económico encaminado a aminorar los efectos adversos que produce al acreedor la mora del deudor en el cumplimiento de las obligaciones (sentencias CSJ SL133882014 y CSJ SL7893-2015). No obstante, la Corte también ha dicho que no en todos los casos es imperativo condenar a los intereses moratorios, por ende, ha definido una serie de circunstancias en que se exceptúa su pago, por ejemplo, cuando las actuaciones de las administradoras de pensiones públicas o privadas al no reconocer o sufragar las prestaciones periódicas a su cargo, tienen plena justificación porque encuentran respaldo normativo o su postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances o efectos que en un momento dado pueda darle la jurisprudencia (sentencia CSJ SL704-2013), o como también cuando hay serias dudas sobre quién es el titular del derecho pensional, al presentarse controversias entre sus beneficiarios y se ve obligada la entidad a suspender el reconocimiento hasta tanto la justicia ordinaria laboral defina a quien le asiste el derecho a la luz del ordenamiento jurídico, tal como se dejó expuesto en la sentencia CSJ SL14528-2014, en la cual se dijo: Sin embargo, esta Corporación, en atención a situaciones excepcionales y particulares que la han llevado a reflexionar sobre la referida doctrina y a adoptar decisiones conducentes a atenuar sus alcances, ha estimado que los intereses moratorios del art. 141 de la L. 100/1993, no proceden en los eventos en que la entidad de

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Radicación n.° 80066 seguridad social tenga serias dudas acerca de quién es el titular de un derecho pensional, por existir controversias entre los beneficiarios, y por ello, suspenda el trámite de reconocimiento de la

prestación hasta tanto la jurisdicción ordinaria laboral decida mediante sentencia ejecutoriada a qué persona o personas corresponde el derecho. Por ejemplo, sobre el tema, en la sentencia CSJ, SL, 21 ago. 2010, rad. 33399, la Sala dijo: Es cierto que esta Sala de la Corte ha considerado que los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 no tienen carácter de sanción, de modo que para su imposición basta la mora en el pago de las mesadas pensionales, sin miramientos o análisis de responsabilidad, buena fe, cumplimiento condicionado o eventuales circunstancias, de ahí que no sea necesario analizar si en la conducta de la demandada hubo o no buena fe. En aplicación de ese criterio ha entendido que la obligación del reconocimiento de dichos intereses surgía aun en el evento de que la entidad de seguridad social tuviera dudas sobre el beneficiario de la prestación, pues, en ese evento podía proceder al pago por consignación de lo que creyera deber. (…) Sin embargo, con posterioridad, y al analizar nuevamente el surgimiento de la obligación de reconocimiento de los intereses moratorios en el caso de controversias entre beneficiarios sobre el derecho al pago de una pensión, tuvo la Sala oportunidad de revisar el discernimiento contenido en la sentencia antes trascrita y fijar su nuevo criterio sobre el tema, considerando que en situaciones excepcionales en las que existe un real motivo de duda sobre el beneficiario a la prestación, el hecho de que no se reconozca, en espera de que la justicia defina quien es el titular del derecho, es razón para que no proceda la imposición de los

intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Así lo explicó en la sentencia del 14 de agosto de 2007, radicado 28910, en la que dijo… (…) Por lo tanto, mutatis mutandis, el discernimiento jurídico expuesto en la sentencia memorada en precedencia es aplicable al presente asunto, en el que existían serias dudas sobre las beneficiarias de la pensión de sobrevivientes, pues se observa que en la sentencia acusada se partió del hecho, no controvertido por las partes, referente a que la entidad demandada suspendió el pago de la pensión de sobrevivientes que venía haciendo a la esposa y a la compañera permanente del causante, por improcedente, es decir, que se abstuvo de verificar el pago, ante la incertidumbre surgida respecto a quién es la verdadera titular de ese derecho, lo que en modo alguno significa que se haya sustraído de cumplir esa obligación”.

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Radicación n.° 80066 Efectuadas las anteriores y necesarias precisiones, la Corte encuentra que el cargo no tiene vocación de prosperidad, tal como se pasa a explicar a continuación:

1. El casacionista no cumple con la carga ineludible propia de este tipo de acusación, consistente en controvertir todas las pruebas en que se funda el Tribunal y, por ende, dejó libre de cuestionamiento los razonamientos que derivó de la probanza obrante a folio 93 consistente en la investigación administrativa realizada directamente por la demandada.

En efecto, el sentenciador de alzada expuso que no era cierto que el motivo que tuvo la demandada para negar la

pensión a los padres Jesús Emilio Sierra Hoyos y Rubiela de Jesús Jiménez de Sierra, consistiera en que había un posible beneficiario con mejor derecho a la pensión de sobrevivientes; en tanto la verdadera razón en que se basó tal negativa estribó en que, a juicio de esa AFP, no cumplían los progenitores con la dependencia económica exigida por la ley, razonamiento este al que arribó a partir de los citados elementos probatorios obrantes a folios 29 a 32. A lo anterior agregó que incluso la existencia de ese posible beneficiario ya estaba descartada desde la investigación administrativa, pues allí se dejó plasmado que si bien el finado tenía un hijo, este era mayor de edad y no estudiaba, sino que trabajaba, y en tales condiciones, se itera, ese no fue el motivo para denegar la prestación económica, que de alguna manera se tuviera como una controversia entre

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Radicación n.° 80066 beneficiarios que exonerara de los intereses moratorios. Como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Sala, si el recurrente no denuncia la totalidad de las pruebas, los asertos que el fallador de segundo grado infirió del medio de convicción no atacado, tienen la virtualidad, como se dijo, de mantener inalterable la decisión recurrida. Igualmente resulta imperioso señalar que las acusaciones exiguas o parciales son insuficientes para quebrar una sentencia en el ámbito de la casación del trabajo y de la seguridad social, por cuanto dejan subsistiendo sus fundamentos sustanciales y, por tanto, nada consigue el censor si se ocupa de combatir razones distintas a las

aducidas por el juzgador o cuando no ataca todos los pilares y pruebas en que se fundó la alzada, porque, en tal caso, así tenga razón en la critica que formula, la decisión sigue soportada en las inferencias que dejó libres de ataque. Al respecto, en sentencia CSJ